TEMARIO: 1. LORENA FRIES: "HAY QUE REFORMAR CÓMO SE TRABAJA EN TORNO A LOS INFORMES DE GENDARMERÍA" 2. PRESOS QUE DEBÍAN ESTAR LIBRES: ACONSEJAN REEVALUAR SISTEMA CARCELARIO 3. LIBERTAD CONDICIONAL: ANÁLISIS ANTE LAS FALENCIAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO 4. FEMICIDIOS Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: LA ESTRUCTURA QUE PROTEGE A LAS MUJERES EN CHILE
DÉBIL
5. ABOGADA ESPECIALISTA EN ABORDAR VIOLENCIA DE GÉNERO: "ES EL ÚNICO DELITO EN CHILE QUE HAY QUE COMETERLO VARIAS VECES PARA QUE SE CONSIDERE" 6. CASI 100 BANDERAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL ONDEARÁN EN INSTITUCIONES DE TODO EL PAÍS 7. NUEVO ACUERDO CON LAS FARC PERMITIRÁ LA SALIDA DE NIÑOS MENORES DE 15 AÑOS DE LOS CAMPAMENTOS GUERRILLEROS 8. DECRETO DE MADURO ARRIESGA "YA FRÁGIL" SITUACIÓN DERECHOS HUMANOS, SEGÚN AI
LORENA FRIES: "HAY QUE REFORMAR CÓMO SE TRABAJA EN TORNO A LOS INFORMES DE GENDARMERÍA" LA TERCERA http://www.latercera.com/noticia/nacional/2016/05/680-680496-9-lorena-fries-hay-quereformar-como-se-trabaja-en-torno-a-los-informes-de.shtml La abogada criticó que internos de Punta Peuco sean medidos bajo el mismo criterio de los reos condenados por delitos comunes a la hora de pedir beneficios.
Un llamado a distinguir los criterios de conducta para reos por delitos comunes y condenados por violaciones a los derechos humanos a la hora de solicitar la libertad condicional, hizo la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries, quien además criticó la aprobación del control preventivo de identidad en la Comisión Mixta. ¿Qué le parece la decisión de la Suprema de cuestionar los informes de Gendarmería en casos de reos de Punta Peuco? Lo que pasa hoy día en Chile es que criminales de lesa humanidad reciben el mismo tratamiento en el cumplimiento de la pena que los delincuentes comunes. Yo, en lo personal, cuestiono que reciban el mismo tratamiento. Y también acusa recibo el gobierno cuando dicta un decreto que hace más altos los umbrales para obtener beneficios cuando se trata de criminales de este tipo. Esa distinción no se hizo respecto a la libertad condicional y podría hacerse con una ley. ¿Qué precedente genera esa resolución en el caso de los posibles beneficios a condenados por violaciones de los derechos humanos? No nos regimos por precedentes en Chile. Por lo tanto esto no genera precedentes. Lo que digo es que perfectamente puede haber un trato diferenciado de los criminales de lesa humanidad, pero ese trato no puede ser arbitrario, tiene que ser normado y reglamentado. ¿La edad de los sentenciados debe ser un factor a considerar para otorgar el beneficio? Eso ya no entra dentro del parámetro de los estándares de derechos humanos. Eso, más bien, tiene relación a si la sociedad chilena está dispuesta, en el caso de las personas privadas de libertad, a asumir una medida humanitaria respecto de aquellos que tienen enfermedades terminales o son mayores de edad. Me parece que las medidas humanitarias siempre tienen espacio, pero respecto a los condenados por delitos de lesa humanidad, esperaría que fuera una materia que pudiésemos verla a la luz del tipo de delitos que se cometieron y sobre todo respecto de la cooperación que han hecho a la justicia con la entrega de información. No ha habido, salvo en contadas ocasiones, arrepentimiento eficaz por parte de los condenados. Gendarmería también entregó informes desfavorables a internos por delitos comunes que accedieron al beneficio ¿Qué les parece esa situación? Me parece que esta discusión es un poco ficticia. Parece que aquí se está cuestionando la libertad condicional como una institución. Desde el punto de vista de los derechos humanos y el derecho penal, esta medida es una forma de cumplimiento de pena que además cumple con otra de las finalidades de la pena que es la reinserción en la sociedad. Quizás donde está la discusión es en cómo se evalúa la conducta de las personas que están privadas de libertad. En ese sentido puede haber avances en la evaluación de riesgo de reincidencia. ¿Hay que profesionalizar los informes de Gendarmería? Hay que reformar y revisar el cómo se trabaja en torno a los informes de Gendarmería. Hay que hacerlos más rigurosos y objetivos. Hay una demanda que es de más largo aliento sobre la profesionalización de Gendarmería en el sentido de que estamos hablando de una formación de un año y nada más. El que sea acreditado por el Ministerio de Educación son elementos que llevan a profesionalizar su trabajo y no creo que sea mal recibido por el Ministerio de Justicia.
Control preventivo ¿Qué opinión le merece la aprobación de esta medida? Lo que salió es algo menos invasivo. No estamos de acuerdo, pero yo diría que lo que salió hoy día es totalmente ineficaz y nos vamos a quedar con la aplicación del artículo 85 que establece el control identidad. Esta no va a ser la herramienta que disminuya la delincuencia y tampoco creo que baje la percepción sobre la delincuencia que hay en el país. En este ejercicio han primado voces más moderadas y acordes con estándares internacionales. Vamos a monitorear su aplicación para que no se generen abusos. Lo que hubiésemos esperado es que los controles (a la labor policial) que se mantuvieron, que son los que se trabajaron en el Senado, hubiesen sido los de la Cámara de Diputados, que eran mucho más duros respecto de Carabineros.
PRESOS QUE DEBÍAN ESTAR LIBRES: ACONSEJAN REEVALUAR SISTEMA CARCELARIO LA SEGUNDA http://impresa.lasegunda.com/2016/05/16/A/fullpage#slider-12
"Esto es de extrema gravedad", dice el académico UDP, Mauricio Duce, al referirse a un número aún indeterminado de gente que estaba presa y que acaba de salir en libertad. La polémica estalló luego de que se detectara un aumento inusual en las libertades condicionales otorgadas en la V Región, donde trascendió que de los 875 beneficios otorgados por la comisión del Poder Judicial, 528 venían con recomendación negativa por parte de Gendarmería. Tras ello, El Mercurio reveló que esa comisión encontró casos de presos que ya habían cumplido su condena; el ejemplo de una persona absuelta, pero que estaba en la cárcel e informes contradictorios, pues al tiempo que recomendaban la reinserción escalonada de algunos internos, Gendarmería no había otorgado los beneficios que decía que podían recibir. "Defectos de coordinación" "Un estado democrático de derecho no se puede dar el lujo de mantener gente presa que debe estar en libertad", comenta Duce. "Que exista gente presa, que debe estar en libertad, porque ya cumplió su pena e incluso porque fue absuelta, es decir, porque era inocente es un problema importantísimo, que es anterior al debate respecto de las libertades condicionales y los requisitos que se deben cumplir para otorgarlas", añade.
¿Por qué sucede algo así? —El sistema está mostrando defectos de coordinación y de información que son básicos. Por lo tanto, debemos reexaminar las capacidades básicas de los organismos del sistema carcelario. Evidentemente, hay que estudiar qué pasa en Gendarmería, donde hay problemas básicos de capacidades, pero también tenemos que ver qué pasa con las comunicaciones que hacen los tribunales, porque ¿le está llegando la información a Gendarmería con precisión y con claridad? ¿Y quién recibe esa información y qué hace con ella?
"En resumen —agrega— hay que estudiar a fondo qué hace que una decisión tomada no se ejecute: una cosa es debatir sobre las restricciones para otorgar la libertad condicional, lo que es legítimo, pero otra cosa es que existan presos cuando el legislador dice que no deben estarlo. Eso es de extrema gravedad".
LIBERTAD CONDICIONAL: ANÁLISIS ANTE LAS FALENCIAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/05/17/libertad-condicional-analisis-ante-lasfalencias-del-sistema-penitenciario/ Opinión por Luis Vergara y Mauricio Sánchez 17 mayo 2016 Durante los últimos días, el tema de la ejecución penal ha captado la atención del debate público dado el incremento exponencial de concesiones de libertades condicionales que ha tenido lugar en nuestro país, lo cual ha significado la liberación de casi 2.000 reclusos en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Coquimbo, Tarapacá, Bío Bío y Magallanes.
La opinión que más redunda, dentro del sinfín de políticos, académicos y ‘expertos’, es que este aumento de personas liberadas sería un error de las Comisiones de Libertad Condicional, argumentando que la medida generaría un aumento de la percepción de inseguridad en el país y un fuerte riesgo para la seguridad de la población, pues se prevé como altamente probable que muchos de los reclusos liberados puedan volver a delinquir. En razón de ello se han generado múltiples imputaciones cruzadas, intentando determinar cuál de los actores institucionales sería el culpable de tal desacierto, reduciendo el debate a la gestión del temor ciudadano respecto de quienes egresan de la cárcel. Pese a la relevancia que se ha dado a esta discusión, lo cierto es que ella nos conduce a un esfuerzo vano si queremos discutir en serio la problemática penitenciaria que actualmente existe a nivel nacional. Si así fuere, entonces podemos ocupar este problema coyuntural, observarlo y tomar distancia de los argumentos ventilados para generar un análisis más profundo respecto de la Libertad Condicional como mecanismo dispuesto para la promoción de la reinserción social, principal función del sistema penitenciario. Dicho esto, lo primero es determinar cómo se articula la Libertad Condicional dentro del sistema de ejecución penal imperante en nuestro país. En este sentido, la normativa, especialmente el Decreto Ley 321, nos indica que este instituto es un medio de prueba “de que el delincuente condenado a una pena privativa de libertad y a quien se le concede, se encuentra corregido y rehabilitado para la vida social” (art. 1), concediéndose bajo la lógica premial de un sistema progresivo de tratamiento, normado por el Decreto Supremo 518 que contiene el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. A partir de esto, no solo es posible determinar que la Libertar Condicional configura un instrumento normativo dispuesto para el apoyo y favorecimiento de la reinserción social de las personas privadas de libertad, sino también advertir un importante letargo del Estado en materia normativa penitenciaria, dado que dicho instituto está regulado en un Decreto Ley que data de 1925 (con sus modificaciones), complementando un sistema de tratamiento establecido en un Decreto Supremo y no en una Ley de Ejecución penal que garantice la legalidad en esta etapa. Tal situación nos lleva a plantear un par de interrogantes clave en relación con la actual situación de nuestro sistema penitenciario y las funciones que se le encomiendan: ¿tenemos un sistema de tratamiento penitenciario que favorezca efectivamente la reintegración a la sociedad de quienes han sido condenados(as)?, ¿se han instalado en el país las herramientas técnicas necesarias para desarrollar una adecuada intervención de nuestra población penal? Ocuparnos de la criminalidad implica mucho más que solo protegernos frente al delincuente aumentando nuestras medidas de seguridad, importa también utilizar con audacia y preeminencia, eficientes políticas públicas que permitan a muchos superar el estado de exclusión en el que se encuentran, racionalizar el uso de la cárcel y dotar al sistema de cumplimiento de todas las herramientas necesarias para que realice sus fines, incluido el estándar legal mínimo que como garantía exige un Estado de derecho. Como se advertirá, el análisis de estas interrogantes no entrega un resultado particularmente auspicioso. Si bien en la actualidad existen destacadas y muy valorables iniciativas de tratamiento penitenciario a lo largo del país, el sistema aún está lejos de poseer un modelo de intervención
integrado, sustentado sobre la evidencia criminológica contemporánea, y que disponga de una estructura técnica que asegure su adecuado funcionamiento. Esto implica, entre otras cosas, que el seguimiento de las personas que son puestas en libertad producto de la obtención de algún tipo de salida anticipada, en la mayoría de los casos, continúe siendo un simple procedimiento de firma mensual en dependencias de Gendarmería de Chile, algo claramente insuficiente para los fines de reinserción que se persiguen. Entonces, ante un escenario tan complejo como el que se describe, las reacciones suscitadas a partir del alza en el otorgamiento de libertades condicionales no deberían constituir un cuestionamiento al proceso de otorgamiento de este beneficio sino en realidad una alarma ante los insuficientes resultados que el sistema penitenciario nacional está arrojando en materia de reinserción social. El temor a la reincidencia delictiva, tanto del ciudadano como de las autoridades, no solo evidencia una negativa percepción respecto al trabajo de las instituciones vinculadas a estas materias, sino también una deficiente comprensión de la eficacia que pueden alcanzar ciertos instrumentos favorecedores de la reinserción, al ser dotados de suficientes herramientas y estrategias en la fase ejecutiva. Ocuparnos de la criminalidad implica mucho más que solo protegernos frente al delincuente aumentando nuestras medidas de seguridad, importa también utilizar con audacia y preeminencia, eficientes políticas públicas que permitan a muchos superar el estado de exclusión en el que se encuentran, racionalizar el uso de la cárcel y dotar al sistema de cumplimiento de todas las herramientas necesarias para que realice sus fines, incluido el estándar legal mínimo que como garantía exige un Estado de derecho. Para que en Chile la Libertad Condicional y el sistema penitenciario cumplan sus objetivos, no solo se necesitan modificaciones en el plano normativo específico, sino alcanzar los acuerdos transversales que permitan la dictación de una Ley de Ejecución Penal, que se instaure un juez especializado que dirima los conflictos suscitados en esta fase y se establezca tanto un modelo de tratamiento penitenciario como una institucionalidad idónea para garantizar una efectiva reinserción social del condenado. En definitiva, debemos ser conscientes de que si seguimos manteniendo las mismas condiciones de precariedad jurídica, ética y material en nuestras cárceles, no solo estaremos perpetuando el miedo a quienes egresan de ellas sino también fallando en la promoción de un país con mayores oportunidades para todos quienes lo conforman.
FEMICIDIOS Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: LA DÉBIL ESTRUCTURA QUE PROTEGE A LAS MUJERES EN CHILE EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/17/femicidios-y-violencia-intrafamiliar-ladebil-estructura-que-protege-a-las-mujeres-en-chile/ OPINIÓN POR VALENTINA ARAYA Y ALEJANDRA CARMONA
La brutal agresión que sufrió Nabila Rifo en Coyhaique nos enfrentó una vez más a la violencia de género. En lo que va de este año, se han producido 14 femicidios y casos brutales, como prender fuego a mujeres o arrebatarles los ojos, ya aparecen más de una vez en la escena. ¿Por qué las cifras disminuyen tan poco? Las críticas apuntan a la falta de una respuesta estatal que involucre
activamente a diferentes organismos, mucho más que solo al Servicio Nacional de la Mujer, a pesar de que el organismo defiende el avance del programa trazado a comienzos del Gobierno. A Nabila Rifo (28) la encontraron tendida en la vía pública. Con el cuerpo hipotérmico, azotado por los 9 grados y el viento de Coyhaique. Esa madrugada del 14 de mayo, le faltaban piezas dentales, tenía fracturas de cráneo. Le habían arrancado los ojos. Su cuerpo abandonado en la calle, abultaba una cifra negra en la región. La tasa de casos policiales por violencia intrafamiliar, es decir, el número de casos con ese motivo por cada 100 mil habitantes, es la cifra que la Subsecretaría de Prevención del Delito usa para comparar regiones entre sí. En 2005 –a nivel país– se registraron 587 casos vinculados a violencia dentro de las familias por cada 100 mil habitantes. El mismo indicador en 2015 arrojó 682,4. En Aysén la cifra fue de 1.053 casos, muy superior al promedio nacional. En lo que va de este año, se han producido 14 femicidios. ¿Qué hace que el problema de fondo no se detenga, que no exista una cultura diferente respecto a la violencia de género, que los medios aún cometamos el error de decir que una mujer es asesinada por celos o por amor? Para quienes trabajan en el tema hace años, la red que ha tejido políticas públicas para proteger a las mujeres sigue siendo un hilo –siempre– a punto de cortarse. Las críticas al sistema Si se analiza el presupuesto que el Servicio Nacional de la Mujer destina a la Violencia contra la mujer, nos encontramos con esto: el año 2014 se entregaban para este ítem 9.086.749 (en miles de millones de pesos). El año 2015 fue de 12.328.558 (también en miles de milllones). Si se trata de analizar las cifras, Thelma Gálvez, economista especialista en temas de género, revisa las partidas presupuestarias entre los años 2012 y 2016: “Dentro de los gastos presupuestados por el servicio para la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, las transferencias que se hicieron en 2012 al sector privado fueron de $6.889.591. En 2013 y 2014 el presupuesto se mantuvo estable cerca de los $7 millones y medio y en 2015 hubo un gran salto que superó los $11 millones. En 2016 los traspasos realizados por el mismo concepto ascendieron a $12.411.587”, detalla. Dentro de la misma glosa –prevención y atención de la violencia de género– se indica que en 2012 las trasferencias al sector público fueron de $834.267 y en 2016 de $938.000. Thelma Gálvez destaca el notable aumento en las transferencias al sector privado y que los montos anuales aumentaron en términos reales –es decir, más que el IPC– mientras que los traspasos al sector público fueron muy pequeños y no aumentaron en términos reales. “Es positivo que haya aumentado el dinero para el sector privado, porque la mayoría de las entidades que se hacen cargo del problema son ONG”, explica Gálvez. Sin embargo, las críticas, que tienen distintos orígenes, estriban en que al momento de hablar de presupuesto, el cambio de escenario no puede ser sostenido solamente desde un servicio. La economista asegura que los casos que atiende el Sernam son solo una parte pequeña de lo que ocurre en violencia. “Una mujer golpeada va al sistema de salud, recibe apoyo de Carabineros, y
todo eso no pasa por el Sernam. Cuando una denuncia pasa por el sistema judicial y llega a Carabineros que atiende a la mujer violentada, lo hace con plata de su propio presupuesto, con dineros que no están destinados específicamente a atender casos de violencia intrafamiliar”, señala Gálvez, quien también señala que muchas de las mujeres que son apremiadas, por miedo o vergüenza, no denuncian a sus agresores. La economista agrega que debería existir en el presupuesto de las instituciones que apoyan la prevención y atención de la violencia intrafamiliar un ítem específico para ello, por ejemplo, en los casos de Carabineros, la PDI y el Poder Judicial. “A veces Carabineros debe hacerse cargo de que se cumpla una orden de restricción por agresiones, pero no tiene los recursos suficientes para hacerlo”, explica. De acuerdo a un estudio hecho por DOMOS para el Sernam en 2010, el presupuesto del servicio en violencia ese año era el 20% de la estimación hecha para el gasto total por el sector público en el tema. Así, distintos organismos públicos hacen aportes para combatir la violencia, pero no están dentro del presupuesto del Sernam. El problema, según Camila Maturana, abogada de la Corporación Humanas, es por qué, si los recursos vía Sernam parecen haber aumentado, “no están siendo eficaces”. De acuerdo a datos del Servicio Nacional de la Mujer, en 2008 en Chile se registraron 59 femicidios. En 2011, cuando se registró el número más alto de casos policiales contra la mujer en Chile, se registraron 40 asesinatos a mujeres. En 2015, 45 y en lo que va de 2016, 14. Las tasas de casos policiales por violencia intrafamiliar demostraron este panorama en el país: las regiones de Arica, Tarapacá, Atacama, O’Higgins, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén estaban –a diciembre de 2015– todas por sobre el promedio nacional. Maturana cree que los recursos no están siendo útiles porque hay algo dentro de esta espiral de violencia que se mantiene intacto. “El Ministerio del Interior no es consistente con los derechos fundamentales en juego. Frente a una percepción de inseguridad por portonazos, la reacción es enorme, pero frente a un femicidio o a un ataque como el de Coyhaique es de un mutismo... Y estamos viendo que no solo se trata de femicidios, esto está escalando a crímenes de odio contra las mujeres. Están quemando los cuerpos, mutilándolos y ese es un mensaje para todas las mujeres, es decir, tú eres de mi propiedad, y el Estado no está respondiendo frente a esa inseguridad”.
Las tareas pendientes La reacción, tanto del Sernam como de la propia Presidenta Michelle Bachelet, por el criminal ataque a Nabila, llegó a tiempo. "En Chile ya no hay espacio para los cobardes que atacan a las mujeres", dijo la Mandataria. La imagen contrasta con lo vivido en ocasiones anteriores, ya que la evaluación por parte de organismos de derechos humanos es que las autoridades en general llegan tarde, “no solo porque no son reactivas a la coyuntura, sino por la mirada a corto plazo”. En el Gobierno explican que el tema del femicidio es de alta sensibilidad, puntualmente para la ministra Claudia Pascual y que su decisión de no ser tan mediática en este tema se debe a esquivar
salir en la prensa dando cuñas al respecto –salvo casos muy específicos– y eso responde a un diseño interno que busca evitar la"revictimizacion" de las mujeres afectadas. "Ella tomó la decisión de que el Sernam sea más efectivo que efectista en este tema", puntualizan. En el Gobierno explican que existe un plan a mediano plazo que apunta a dar un giro al tratamiento del tema, que sea más efectiva la prevención y que como Estado se pueda ir más allá de la mera condena pública. A eso apunta el Proyecto de Violencia Intrafamiliar, que personalmente está trabajando la ministra Pascual, ya que su objetivo es que no solo se considere violencia contra la mujer aquella que sucede bajo el techo común, sino que cubra y penalice el maltrato en todo tipo de relaciones. Esta iniciativa, explicaron en el Ejecutivo, es parte de los ejes centrales de la gestión de Pascual, junto a la creación del ministerio, la despenalización del aborto y el proyecto de sociedad conyugal que pretende sacar la obligación de la autorización del marido para la administración de los bienes. El proyecto de violencia intrafamiliar se trabaja en coordinación directa con el Ministerio de Justicia. Desde el Gobierno reconocen que hasta ahora uno de los principales escollos a sortear es la "falta de sensibilidad de género entre los abogados", porque muchos no consideran necesaria la existencia de una Ley de Femicidio, si ya existe el homicidio como delito. "Esa es la pelea que está dando el Sernam a mediano plazo", afirmaron en La Moneda. A más de dos años del Gobierno de Bachelet, el retraso en las promesas contenidas en el programa gubernamental molesta a quienes buscan disminuir a cero las cifras de violencia contra la mujer. Se prometió llegar a 48 casas de acogida para las víctimas de violencia grave y sus hijos(as). También, crear al interior de 150 comisarías del país las denominadas salas de familia, “que serán atendidas por funcionarios llamados al servicio, de modo de no afectar el desvío de personal activo policial, destinadas a la atención de casos de violencia intrafamiliar y temas de niños, niñas y adolescentes como programa 24 horas”. El programa también señalaba que se realizaría capacitación a policías, Poder Judicial y al sector salud "en la sensibilización de la problemática de la violencia de género para mejorar la eficiencia, eficacia y acogida de las familias”. Desde el Sernam señalan que durante el 2015 se crearon 8 nuevas casas de acogida, en Vallenar, Ovalle, Rancagua, Victoria, Puerto Natales, Peñaflor, Los Ángeles y Río Bueno, con lo que, sumando las 4 casas inauguradas en 2014, se ha logrado llegar a 12 de las 25 casas “que inauguraremos en estos 4 años de Gobierno”. En el Servicio Nacional de la Mujer también señalan que han laborado con sectores estratégicos que trabajan con las mujeres que viven violencia en distintos momentos. “Así se capacitó a más de 9 mil personas de sectores prioritarios como educación, salud, justicia y las policías en talleres presenciales donde estos funcionarios y funcionarias conocieron los conceptos de violencia contra las mujeres, cómo identificar la violencia y cómo actuar frente a ella”. Además, el año pasado realizaron un piloto de una capacitación e-learning denominado "Herramientas para el abordaje de la violencia contra las mujeres", donde 125 funcionarios y funcionarias se capacitaron. Se proyecta que este año se incremente esa participación. “Además, hace solo un par de semanas lanzamos el Decálogo de los derechos de las mujeres que viven proceso de violencia de género, que es un afiche de gran tamaño que estará instalado en todas las salas de atención de público de instituciones como Carabineros, PDI, juzgados, Corte Suprema,
Sernam y otros servicios públicos que atienden a mujeres. Con esto, además de informar a las mujeres en sus derechos, estamos sensibilizando a diario y de manera constante a los y las funcionarias que deben atender a las mujeres que han vivido violencia”, manifiestan en el Sernam, donde también defienden que este año se aumentó a 103 el número de Centros de la Mujer a nivel nacional, con 6 nuevos, en el marco de un sistema que llega más de 33 mil mujeres de todo el país. A pesar de esto, Camila Maturana retruca que el programa de Gobierno apunta a materias que se mantienen retrasadas. “La violencia contra las mujeres es un tema de Estado. La comunidad internacional ha señalado que constituye una violación a los Derechos Humanos y el Estado de Chile es parte, por lo tanto, no se trata de evaluar el desempeño de un servicio público. Todos los organismos están involucrados en esto y es esa respuesta estatal la que hace falta. Que involucre a todos los poderes del Estado”, concluye Maturana. ABOGADA ESPECIALISTA EN ABORDAR VIOLENCIA DE GÉNERO: "ES EL ÚNICO DELITO EN CHILE QUE HAY QUE COMETERLO VARIAS VECES PARA QUE SE CONSIDERE" EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/16/abogada-especialista-en-abordarviolencia-de-genero-es-el-unico-delito-en-chile-que-hay-que-cometerlo-varias-veces-para-quese-considere/
En el contexto de la brutal agresión sufrida por Nabila Rifo, de 28 años, ocurrida en Coyhaique, y a causa de la cual resultó con una fractura de cráneo y el desprendimiento de sus globos oculares, la abogada de la red "No más violencia contra la mujer", Lorena Astudillo, abordó el problema de fondo para impedir que estos casos sigan sucediendo. "La sociedad no le ha tomado el peso a lo que implica y tenemos que llegar a casos tan terribles, tan impactantes como lo que pasó en Coyhaique, para removernos un poco", dijo Astudillo a Radio Cooperativa. "Para que la violencia contra la mujer en una relación de pareja sea considerada delito tiene que ocurrir varias veces, no solo una vez. Es el único delito en Chile que hay que cometerlo varias veces para que se considere delito", explicó. La abogada lo comparó con el tratamiento que se les da a otros ilícitos. "Si a ti te roban la cartera en el Paseo Ahumada pasa inmediatamente al Ministerio Público como un delito, pero si tu pareja te da una cachetada, no es delito, es una falta", aseguró. Astudillo dijo que en el caso de Nabila Rifo, su pareja la había amenazado hace un año ingresando a su casa con un hacha. "El Ministerio Público lo tipificó como violación de morada y amenaza simple", concluyó.
CASI 100 BANDERAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL ONDEARÁN EN INSTITUCIONES DE TODO EL PAÍS EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/05/16/286973/casi-100-banderas-de-la-diversidad-sexualondearan-en-instituciones-de-todo-el-pais/ La Moneda se convertirá en la segunda sede gubernamental que proyectará los colores del arco iris, después de la Casa Blanca. Un centenar de instituciones lucirán mañana la bandera de la diversidad social para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. En total, serán 45 municipios, 8 embajadas, 35 organizaciones gubernamentales y 4 partidos políticos -Evópoli, Renovación Nacional, Partido Humanista y Amplitud- los que mantendrán izados los colores del arco iris para apoyar la campaña del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
Municipalidad de Providencia izó bandera en apoyo a la diversidad sexual.
NUEVO ACUERDO CON LAS FARC PERMITIRÁ LA SALIDA DE NIÑOS MENORES DE 15 AÑOS DE LOS CAMPAMENTOS GUERRILLEROS THE CLINIC ONLINE http://www.theclinic.cl/2016/05/17/nuevo-acuerdo-con-las-farc-permitira-la-salida-de-ninosmenores-de-15-anos-de-los-campamentos-guerrilleros/ El acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC, anunciado ayer en La Habana como parte de las negociaciones que buscan poner fin a más de 50 años de conflicto armado, incluye elaborar una “hoja de ruta” para desmovilizar progresivamente de esa guerrilla a todos los menores de edad.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, destacó hoy el acuerdo alcanzado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que permite la salida de los menores de 15 años de los campamentos guerrilleros, algo en lo que venía insistiendo el Ejecutivo desde tiempo atrás. “No conozco ningún acuerdo de paz en el que un Gobierno y una guerrilla hayan logrado esto antes de la firma del acuerdo final”, dijo el jefe de Estado en una alocución televisada. Este acuerdo es un “paso especialmente importante porque este proceso de paz lo estamos haciendo, precisamente, por nuestros niños, por asegurar su futuro”, señaló Santos. Asimismo, el gobernante dijo que sacar a los niños de la guerra es otra muestra de que “pronto terminará este capítulo doloroso” de la historia colombiana y “comenzará uno nuevo”.
Diversos sectores nacionales e internacionales han expresado su complacencia con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las FARC para desvincular a los menores del conflicto. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) calificó de “histórico” el acuerdo, mientras la Defensoría del Pueblo de Colombia expresó su “beneplácito” y ofreció “toda su disposición y experiencia (…) para avanzar en la construcción de la hoja de ruta requerida para propiciar el regreso” de los menores a la sociedad.
DECRETO DE MADURO ARRIESGA "YA FRÁGIL" SITUACIÓN DERECHOS HUMANOS, SEGÚN AI TERRA http://noticias.terra.cl/mundo/europa/decreto-de-maduro-arriesga-ya-fragil-situacion-derechoshumanos-segun-ai,c7381f32152332b191eb80ef5c3fd4d9o3hhksbl.html La organización Amnistía Internacional (AI) alertó hoy de que el estado de excepción y de emergencia económica firmado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "pone en mayor riesgo la ya frágil situación de derechos humanos" en el país. El director ejecutivo de AI Venezuela, Marcos Gómez, expresó en un comunicado que "el catálogo de abusos a los derechos humanos que se han registrado en el contexto de operativos de seguridad y orden público durante estados de excepción en Venezuela en el pasado han sentado un precedente alarmante".
Maduro firmó el 13 de mayo el decreto de estado de excepción y emergencia económica que le daría "el poder suficiente" para, entre otros asuntos, hacer frente a un supuesto golpe de Estado contra él. Este sábado, además, el gobernante anunció su decisión de iniciar ejercicios militares de la Fuerza Armada venezolana (FANB) para prepararse para "cualquier escenario", luego de informar de unos supuestos planes de intervención planeados en el extranjero. Amnistía Internacional recuerda que Venezuela atraviesa una grave crisis que afecta los derechos de la población, caracterizada por el desabastecimiento de medicinas y alimentos, los altos índices de homicidios y violencia, y el bajo nivel de generación eléctrica. La organización no gubernamental advierte en su nota de que las medidas derivadas del estado de excepción no deben ser usadas para reprimir las manifestaciones pacíficas, en especial aquellas que tengan que ver con reclamos por derechos sociales, económicos y políticos y que, de ninguna forma, sirvan para justificar la detención arbitraria de quienes participen en estas. "El gobierno de Venezuela debe recordar que los estados de excepción no derogan ni suspenden el ordenamiento jurídico nacional e internacional, de manera que los cuerpos de seguridad y los funcionarios siguen siendo responsables por sus actuaciones u omisiones e, igualmente, que tampoco suspende el ejercicio de las acciones judiciales necesarias para la protección de los derechos humanos", resaltó Marcos Gómez. AI recuerda que en Venezuela los estados de excepción "tienen penosos antecedentes", y cita "violaciones de los derechos humanos" en los años 1989, 1992 y 1999.
Menciona también que entre agosto y septiembre de 2015 el gobierno adoptó una serie de decretos que afectaron a un grupo de municipios en las zonas fronterizas con Colombia por los cuales se militarizaron dichas zonas. La ONG señala que ante los operativos bajo estos decretos de estado de excepción se recibieron y documentaron denuncias de deportaciones, desalojos y detenciones presuntamente arbitrarias, así como tratos crueles y discriminatorios contra ciudadanos de nacionalidad colombiana, incluida la separación de familias, expulsión de refugiados y solicitantes de asilo entre otras graves violaciones de derechos humanos.