TEMARIO: 1. INCENDIO EN LA CÁRCEL DE SAN MIGUEL: DETECTIVE DECLARÓ RECIBIR INSTRUCCIONES PARA NO INVESTIGAR A CÚPULA DE GENDARMERÍA 2. FORMALIZAN A GENDARME DEL PENAL BÍOBÍO POR LESIONES GRAVES A INTERNO 3. PADRE DE JOVEN MAPUCHE TORTURADO: “VER A TUS HIJOS GOLPEADOS TE QUIEBRA EL ALMA” 4. EL EMPLEO FEMENINO EN EL SECTOR PÚBLICO. Opinión: Recaredo Gálvez, administrador público de Fundación SOL. 5. EXILIO Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL: UN CASO EJEMPLAR. Opinión MARIANA ZEGERS
INCENDIO EN LA CÁRCEL DE SAN MIGUEL: DETECTIVE DECLARÓ RECIBIR INSTRUCCIONES PARA NO INVESTIGAR A CÚPULA DE GENDARMERÍA EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/18/incendio-en-la-carcel-de-san-migueldetective-declaro-recibir-instrucciones-para-no-investigar-a-cupula-de-gendarmeria/
El 30 de abril de 2014, después de varios meses de juicio oral, el Sexto Tribunal Oral entregó en su fallo una convicción: “Que la tragedia acaecida en la Cárcel de San Miguel al interior de la caseta (torre) cinco, piso cuatro, tiene responsables, pero en caso alguno corresponden a quienes hoy ostentan la condición de imputados”.
La Fiscalía pedía cinco años de cárcel para los centinelas Fernando Andrés Orrego Galarce, Francisco Javier Riquelme Lagos y José Francisco Poblete Valverde. También, solicitaba siete años de presidio para el coronel Carlos Enrique Bustos Hoffman, ex director regional de Gendarmería; el teniente coronel Jaime Ernesto San Martín Vergara, asesor de la dirección regional de Gendarmería; el coronel Segundo Arnoldo Sanzana Barría, alcaide de la Cárcel de San Miguel; el teniente coronel Patricio Alex Campos Tapia, jefe de régimen interno en la Cárcel de San Miguel, y el subteniente José Alexis Hormazábal Sánchez, jefe de turno. Cualquier diligencia implicaba no llegar más arriba que la dirección regional. A seis años del incendio que costó la vida a 81 personas la madrugada del 8 de diciembre de 2010, al leer el fallo emitido por los jueces, llama la atención la declaración de uno de los detectives que participó en la investigación. Junto con la decisión de abril de 2014, la Corte también calificó de desprolija la relación de hechos contenida en la acusación. En esa negligencia, señalaba como un elemento importante la declaración del policía Óscar Maureira en la audiencia, quien aseguró que “no recibió instrucción de la Fiscalía de investigar más allá que el director regional Carlos Bustos Hoffman”. Más de dos años después de la resolución del tribunal, uno de los tres jueces que absolvió a los imputados, Alejandro Huberman, vuelve sobre este punto en el libro Incendio en la Torre 5. Las 81 muertes que Gendarmería quiere olvidar, publicado recientemente por la periodista Tania Tamayo (Ediciones B). “Esto no quería decir que mandos superiores sean culpables, sino que llama la atención que el Ministerio Público al inicio de la investigación haya delimitado solo hasta el director regional”, cuenta Huberman a la periodista. Asimismo, en su libro consigna que Huberman señaló que la decisión de Tribunales de absolver al director de Gendarmería de ese entonces, Luis Masferrer (RN), se sustentó en que las políticas de preparación de los gendarmes para eventos de este tipo (protocolo, manejo de equipamiento, etcétera), eran políticas nacionales y dependían directamente del presupuesto que asigna la Dirección Nacional. “Lo que pasaba, por ejemplo, con útiles de alimentación y el hecho de que se permitiera el ingreso de balones de gas tampoco era una política regional, eran políticas nacionales. Entonces no se entendía lo de limitar la responsabilidad hasta el director regional. Independiente de lo que se pudiese haber concluido al final, nos referíamos a por qué la fiscalía había decidido delimitar hasta el funcionario de ese rango”, cierra Huberman en la investigación periodística. Llamas sin red “El funcionario Ramírez despliega las mangueras desde el pasillo sur hacia la tercera reja, donde se encuentra la red seca. Luego va en busca de la caja de la llave de la misma red. El oficial nocturno solicita que se dé el agua. Esto, según registros de Gendarmería, ocurrió entre las 5.49.10 y las 5.49.29, minuto y medio después de que un interno del penal hiciera contacto con la Compañía de Bomberos avisando lo que ocurría dentro del piso cuatro de la torre cinco de la cárcel de San Miguel...”.
Líneas más adelante, el relato continúa así: “Ramírez llegó hasta la caja de la red para conectar la manguera y lanzar agua hacia donde se veía fuego. En ese momento, 5.50.30, los funcionarios ya listos se dan cuenta de que no era posible conectarse, pues la red no funcionaba”, relata el libro de Tamayo, dando cuenta de una de las situaciones más complicadas al interior de la cárcel y que hizo mucho más difícil terminar con el fuego. No solo se trataba de una situación conocida incluso por la Dirección Nacional, los mismos bomberos, al llegar al lugar, se conectaron a un grifo porque tenían claridad respecto al estado de la red seca. De hecho, una semana después de la tragedia, José Maldonado, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, denunció públicamente que desde el año 2005 se manejan antecedentes de problemas en la red seca y húmeda de la Cárcel de San Miguel. “Gendarmería tenía conocimiento de esto a través de la Dirección Regional Metropolitana, se elevaron los antecedentes a la Dirección Nacional para que los departamentos administrativos hicieran los gastos que corresponden. O sea, hay que preguntar a ese nivel, porque los recursos de la institución están a cargo de la subdirección de administración y finanzas”, dijo Maldonado entonces. El libro de Tania Tamayo suma más antecedentes a esta situación y revela que, pese a que al interior de la comisión parlamentaria que investigó el hecho se habló de esta materia, no hubo responsabilidades políticas. Incluso, se determinó que el 28 de mayo de 2008, más de dos años antes del incendio, el entonces director nacional de Gendarmería, Alejandro Jiménez, adjudicó la propuesta de mejoramiento de redes contra incendios en distintas unidades penales a la empresa San Martín S.A.; el acta de recepción provisoria de las obras –fechada el 16 de octubre de ese mismo año, señala claramente que la comisión receptora “se limitó a recibir únicamente los trabajos realizados por el contratista, sin avalar el funcionamiento, estado y características de las redes secas”. A lo anterior se suma que en 2009 se notificaron filtraciones y mal funcionamiento de la red. Pese a ello, las autoridades aprobaron la recepción provisoria. Eran 42 millones de pesos de inversión que no sirvieron de nada el día del incendio. No solo la administración de Jiménez cometió errores. El 9 de septiembre de 2010, Esteffan Codoceo, subdirector administrativo durante la gestión de Masferrer, firmó la recepción final de las obras. Esto, pese a que una empresa del Cuerpo de Bomberos de Santiago había recomendado un estudio completo, “cuya ingeniería permita contar con sistemas como la red húmeda y red seca prácticos y funcionales”. La investigación también deja en claro que parte importante de los involucrados de más alto rango no solo no enfrentaron a sanciones, sino que siguieron en distintas instituciones vinculadas. Es el caso, por ejemplo, del coronel (r) Patricio Campos, jefe interno de la cárcel al momento del incendio –imputado y absuelto–, quien se acogió a retiro en diciembre del año pasado con una abultada pensión y el 1 de enero comenzó a trabajar como asesor de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco. Alejandro Jiménez –director de la institución antes del incendio– es director de la Corporación de Asistencia Judicial.
“Hay un caso más emblemático –dice Tania Tamayo–. Una persona que, por cumplir el rol de testigo, no fue imputado. Se trata del Jefe Operativo de la cárcel de San Miguel, Cristián Alveal, quien después se desempeñaría como jefe de gabinete del siguiente director nacional, luego como director de la Escuela de Gendarmería y ahora es director regional del Bío Bío”, cierra Tania.
FORMALIZAN A GENDARME DEL PENAL BÍOBÍO POR LESIONES GRAVES A INTERNO RADIO BÍOBÍO http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/11/18/formalizan-agendarme-del-penal-bio-bio-por-lesiones-graves-a-interno.shtml Un gendarme del Penal BíoBío fue formalizado por apremios ilegítimos en contra de un interno, arriesgando una pena de 3 años de cárcel. Tras entregar los antecedentes del caso, la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado -parte en el caso- pidieron como medida cautelar que el funcionario no se acerque a su víctima. Tras una breve audiencia en el Juzgado de Garantía de Concepción, el Ministerio Público imputó al gendarme Charles Troncoso por una golpiza que el año pasado dejó a un preso de la principal cárcel penquista con una fractura de costillas. Lo que sería un nuevo hecho de violencia de parte de un funcionario penitenciario en contra de una persona privada de libertad. El afectado fue Luis Morales Caro, quien en 2013 había sido blanco de igual tipo de maltratos físicos. Caso por el que otros cuatro gendarmes fueron formalizados, aunque después la Fiscalía aplicó la suspensión condicional del procedimiento, poniendo fin a la investigación. Sin embargo, en esta ocasión es poco probable que el Ministerio Público pueda aplicar una salida similar respecto de Troncoso, ante el carácter grave de las lesiones ocasionadas a la víctima, quien presentaría una compleja conducta, y de allí parte de los argumentos de la defensa, a cargo del abogado Gastón Barril. En caso de ser llevado a juicio oral y ser declarado culpable, el funcionario podría enfrentar 5 años y 1 día de cárcel. Aunque, debido a la colaboración que ha prestado durante la investigación, además de su irreprochable conducta anterior, la sanción podría ser rebajada a 3 años y 1 día, pena que sin embargo- obligaría a Gendarmería a cursar su baja de la institución. En la causa es parte del Consejo de Defensa del Estado, como querellante, que se adhirió a la solicitud de medida cautelar de la Fiscalía. Esto es, que el gendarme no se acerque a Morales Caro mientras se desarrolla la investigación, que tiene un plazo de cuatro meses para su cierre. Este artículo describe un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (Artículo 4 del Código Procesal Penal)
PADRE DE JOVEN MAPUCHE TORTURADO: “VER A TUS HIJOS GOLPEADOS TE QUIEBRA EL ALMA”
http://radio.uchile.cl/2016/11/17/padre-de-joven-mapuche-agredido-ver-a-tus-hijosgolpeados-te-quiebra-el-alma/
Eran cinco jóvenes mapuche quienes la madrugada del domingo, después de celebrar una fiesta en casa de una amiga en Ercilla, fueron interceptados por policías de civil, quienes detuvieron a las víctimas. La denuncia habla de agresiones, torturas y tratos xenófobos. Las víctimas: Máximo Queipul, Danilo Nahuelpi, Antü Llanca, Boris Llanca y Fabián Llanca, quien sacó la peor parte. El saldo, Fabián Llanca en estado grave, internado en el hospital de Temuco. Los otros sufriendo el dolor de golpes incesantes, y el nulo pronunciamiento de la autoridad, frente a un suceso que se suma al largo expediente de hechos abusivos cometidos por la policía y que son denunciados por parte de personas de origen mapuche. El padre de aquel joven internado, José Mariano Llanca, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile acerca de un hecho que no sólo ha consternado a la comunidad Autónoma Temucuicui, sino que a todo el pueblo mapuche. ¿Cuál es la situación actual de Fabián, quien es el joven que quedó más grave? Mi hijo Fabián de 21 años está internado en el hospital de Temuco. Tuvo un derrame cerebral por la golpiza y la contusión que tenía en la cabeza. Evolucionó bien de la operación. Hoy se encuentra en neurocirugía en Temuco, pero dentro de la gravedad está normal. Está evolucionando bien.
¿Cuáles son los hechos que le relataron, tanto sus hijos como su sobrino, en detalle de lo que sucedió el domingo en la madrugada? Ellos fueron invitados a una fiesta de una amiga que tenía el Fabián en Ercilla. En un lugar que yo no conozco, pero ellos fueron invitados por una amiga. Y creo que de ahí se retiraron entre tres y media y cuatro. Se retiraron del lugar, y en ese momento son interceptados por policías civiles. ¿Y después que fueron interceptados por policías civiles? El testimonio de Máximo Queipul dice que los llevaron y les pegaron. Pero, ¿tiene detalles de este procedimiento irregular que hizo Carabineros? Es que es demasiado evidente que es irregular, porque cómo carabineros detienen a personas jóvenes, les hace una detención y no les hace un documento que significa “el parte” que hacen ellos, y los (debían) llevar a constatar lesiones, y sin embargo no lo hacen. Ese fue un gran error de carabineros, si es que ellos tienen mala intención con mi hijo en este caso. ¿Por qué no hacen el procedimiento adecuado que ellos como ley y autoridad tienen que hacer? ¿A qué hora tuvo usted noticia de su hijo ese día? Como siete y media, un cuarto para las ocho (de la mañana). Este es un hecho dentro de una serie de persecuciones que ustedes viven sistemáticamente. ¿Puede describir cómo viven con eso para poder entenderlo en su contexto? Mire, lo que pasa es que yo he vivido persecución desde el año 2012, como persona. No como papá de Fabián u otra persona. Yo he vivido persecución desde 2012 por la policía. Y lo otro es que qué hacemos, si vivimos perseguidos y reprimidos por carabineros. Ese es el mayor contexto que tiene esta cuestión. Aparte de estas situaciones de hecho como estas agresiones, ¿viven otro tipo de amedrentamiento en su vida diaria, en sus terrenos, amenazas u otro tipo de hechos similares? Sí, nosotros vivimos amedrentados por carabineros, por la PDI. Es la misma cuestión. Pero la mayor parte la llevamos de carabineros de civil, porque la señora supuestamente Presidenta de Chile ha puesto hasta cabros chicos de carabineros para que nos vigilen a nosotros. Qué les hemos hecho nosotros todavía, nada. La comunidad en la que ustedes viven ¿cómo reaccionó? ¿Cuál es el sentimiento que recogen de lo que ha pasado y la serie de amedrentamientos y torturas que viven? En cuanto a la comunidad, como persona y como padre de Fabián, mis compañeros que hoy somos varios, estamos súper mal como comunidad y esperando que el Fabián vuelva. En eso estamos, pero nosotros queremos llegar hasta el fondo con este tema porque hemos hablado con Derechos Humanos, hemos hablado con varias instancias correspondientes. Y también llevándolo con ley, no es sobrepasando nada. Pero igual, por ejemplo los muchachos, aparte de Fabián que está en el hospital, los muchachos que fueron golpeados, porque el Boris tiene 16 años, el Máximo 19, el Danilo 14 años, que fueron torturados, ellos están súper mal psicológicamente y mentalmente. No duermen, andan adoloridos, no caminan bien, todos golpeados. Entonces es muy malo. Verlos así es como quebrantarse en la vida.
¿Frente a este hecho ustedes están organizándose para interponer acciones legales? ¿Alguna querella, algún tipo de denuncia? Exactamente. Con respecto a Derechos Humanos y respecto al Sename, nosotros vamos a iniciar acciones. De hecho se están iniciando acciones legales contra Carabineros. Porque una, que Carabineros no respondió bien a sus procedimientos, por ejemplo de llevarlos a constatar lesiones, y de por qué los detuvieron. Si esa es la otra pregunta, por qué Carabineros detuvo a los jóvenes siendo que ellos venían saliendo de una fiesta. Los Carabineros tienen que tener un argumento de por qué detuvieron a los jóvenes, porque tiene que hacer un procedimiento, no sé, un parte. Si estaban tomando en la vía pública, desorden público, como le ponen ellos; tiene que haber un parte, no hay ningún parte de eso. No hay nada. ¿Es efectivo que a Antü Llanca lo llevaron a Collipulli para golpearlo? Eso efectivamente fue así. Porque al Antü creo que lo sacaron primero que los otros y le dijeron que lo iban a llevar a Collipulli a constatar lesiones. A constatar lesiones y resulta que ni siquiera lo llevaron a un centro asistencial en Collipulli, porque en Ercilla el Cesfam estaba en paro, en Collipulli había urgencias más accesibles y ni siquiera le hicieron constatación de lesiones ni nada. Él dice que lo único que le hicieron fue que lo metieron a una pieza, y Carabineros le pegó, le pegó y le pegó y después al tiro lo trajeron y no le hicieron nada en cuanto a constatación de lesiones. Nada. Lo llevaron a puro golpearlo no más. ¿Ninguna autoridad se ha acercado a darle una explicación de lo que pasó? A mí, como papá, no se ha acercado nadie a decirme “oye, por qué “, no, nadie. Y ahora mismo hace un rato hablé con Fabián, mi hijo, por teléfono y resulta que Policía de Investigaciones ya anda preguntándole al Fabián qué le pasó ¿Y por qué ahora? Hace como 20 minutos acabo de hablar con el Fabián por teléfono, por eso mi intención de ir y llegar allá, y me dice que la Policía de Investigaciones anda investigando esto ¿Y por qué ahora? No está claro si están investigando la golpiza que sufrió él u otra cosa. Es que exactamente, pero ¿Por qué ahora?, ¿por qué no lo hicieron cuando debía haberlo hecho? Y por qué no han pedido explicaciones ni han dado explicaciones a los familiares ni a nadie. Inclusive el hospital me negó la visita de mi hijo, el domingo, lunes y martes no me dejaron ni verlo. ¿Y qué motivo le dieron para no ver a su hijo? Que estaba en coma, que después le había dado un derrame cerebral, que las visitas eran restringidas, una serie de inconvenientes siendo yo el padre. Ni siquiera dieron la posibilidad de verlo, nada. O sea, solamente se tuvo que enterar por los partes médicos y creer en ellos… Claro, nada más. Uno tiene que creer en ellos, ellos son parte del Estado y uno no tiene que hacer nada. Y yo, por respeto también y no querer pasar a llevar a nadie, no actúo. Pero eso indigna, causa una indignación el sistema público de Chile, hablando de cierto modo. ¿Cuál es su reflexión acerca del rol del Estado en este conflicto, porque este es un punto álgido en la violencia entre el pueblo de ustedes y un Estado que no los reconoce?
Una, el Estado nunca ha tenido intención de reconocernos a nosotros. Nosotros no somos un pueblo originario, somos dueños de Chile. Nosotros fuimos los creadores del pueblo chileno y que el Estado chileno no nos reconozca como tal, es una mala envergadura de ellos mismos hacia nosotros. Y nosotros no estamos reclamando que seamos dueños de Chile, pero estamos reclamando un derecho, que nosotros hoy tenemos. Y esa cuestión debería haber sido ley, hoy en día, y nadie lo ha querido reconocer por nada. ¿Hay alguna forma de solucionar el tema de la violencia? Retirando los carabineros del territorio mapuche, de parte de nosotros. Retirar a los carabineros, porque si no, los carabineros nos van a salir matando a nosotros. Y frente a eso ¿Qué vamos a hacer?
EL EMPLEO FEMENINO EN EL SECTOR PÚBLICO
http://radio.uchile.cl/2016/11/16/el-empleo-femenino-en-el-sector-publico/
Recaredo Gálvez: administrador público de Fundación SOL. Tomando en cuenta los microdatos de la CASEN 2015, podemos realizar una mirada al empleo en el sector público. A partir de esto, resulta posible analizar la distribución nacional de empleados públicos y aproximar algunas conclusiones respecto de su composición y salarios según sexo. Este ejercicio se desarrolla con profundidad en un reciente documento de trabajo de la serie Ideas para el Buen Vivir de Fundación SOL. A continuación, se presentarán algunos resultados de la indagación antes mencionada, haciendo énfasis en la realidad de las mujeres que trabajan en el sector público y pertenecen al gobierno central o municipal. Hablar especialmente de las mujeres que laboran en el sector público no es para nada antojadizo, esto tiene especial relevancia a la luz de las cifras de distribución por sexo de quienes trabajan en el Estado, según lo cual un 61,86 por ciento corresponde a mujeres. Este porcentaje equivale a 366.038 personas del sexo femenino, de las cuales el 19,73 por ciento se concentra en la Región Metropolitana, la cual acumula el porcentaje más alto dentro de la distribución nacional para el género. Por otro lado, las regiones de Tarapacá, Aysén y Magallanes son las que presentan el menor número de mujeres laborando en el sector público, llegando a un 0,89 por ciento, 0,86 pro ciento y 0,56 por ciento respectivamente, en relación al total nacional de mujeres. Respecto a los salarios de las mujeres trabajando en el sector público, es posible señalar que a nivel nacional 1 de cada 2 trabajadoras recibe un ingreso que no supera los $400.000 líquidos al mes. Esta situación se vuelve todavía más delicada si observamos las regiones de Coquimbo, Maule y Araucanía donde la mediana salarial alcanza los $350.000 en los dos primeros casos y los $360.000
en la última región mencionada. Estas tres regiones suman un total de 67.467 trabajadoras del sector público. Un análisis de percentiles nos permite observar cómo se comportan los datos dentro de la distribución general en partes iguales, esto nos permite ir más allá del promedio, el cual actúa como medida de tendencia central, es decir, en torno al cual se ordena la mayoría de los datos, pero ocultando implícitamente aquellos valores más altos o bajos. Los percentiles ayudarán a ver qué ocurre si miramos secciones exactas de la distribución de datos, en este caso abordaremos la mediana, que corresponde a la mitad de los datos o menos y el percentil 60, que equivale al 60 por ciento de los datos de empleo femenino o menos. En relación a los ingresos de hombres y mujeres del sector público, una primera señal que arrojan los datos es que las mujeres reciben en promedio hasta $194.013 (36,3 por ciento de diferencia) menos que los hombres. Si observamos la mediana salarial, es decir lo que reciben el 50 por ciento de mujeres y hombres, la diferencia se estrecha a $100.000 (25 por ciento de diferencia). Con ambas medidas, las mujeres resultan ser las que reciben salarios relativamente más bajos. Resulta importante tener en cuenta estos datos a la luz de la distribución por sexo mencionada más arriba, pues, si bien los salarios masculinos son relativamente más altos que los femeninos dentro del sector público, son estos últimos los que podríamos señalar como los más representativos del sector, ya que corresponden a prácticamente 61 de cada 100 trabajadores públicos. Las regiones que presentan los salarios más altos para mujeres del sector en análisis son Tarapacá, Aysén y Magallanes, alcanzando ingresos de hasta $700.000 para el percentil 60 de la distribución, es decir, tan solo 4 de cada 10 mujeres ganarían por sobre esa cifra, en las regiones señaladas. Cabe recordar que dichos territorios son además los que presentan la menor cantidad de mujeres trabajando dentro del gobierno central o municipal, salvo Tarapacá que representan el 1,11 por ciento del total nacional de mujeres, lo que la deja como la cuarta región con menor incidencia femenina en el empleo público a nivel nacional. Para este análisis, se ha dejado fuera a quienes trabajan bajo el régimen de honorarios en el sector público, esto considerando que las estadísticas disponibles son de baja calidad, lo que podría inducir a interpretaciones que no sean del todo representativas. No obstante, resulta necesario profundizar estas indagaciones y tener una radiografía aún más compleja del empleo público, para esto es el Estado el primer actor implicado para asumir una responsabilidad en torno a las formas de precarización del empleo que se presentan en su estructura. De todos modos, las indagaciones aquí presentadas logran abordar la realidad de 591.706 trabajadores del sector público y dejan abierta la invitación a nuevas perspectivas y debates en torno a la realidad del empleo público y del Estado como empleador en el capitalismo de este siglo, donde al igual que en siglos anteriores siguen siendo las mujeres las más perjudicadas.
EXILIO Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL: UN CASO EJEMPLAR
http://radio.uchile.cl/2016/11/16/exilio-y-solidaridad-internacional-un-caso-ejemplar/
MARIANA ZEGERS Durante la dictadura en Chile, se forjaron fuertes lazos de solidaridad, tanto en el ámbito nacional como internacional. Sus procedencias y fines fueron diversos. Se instauraron organizaciones ecuménicas, como FASIC y la Vicaría de la Solidaridad; agrupaciones de familiares de presos, ejecutados y desaparecidos. Existieron también personas memorables, recordables en el sentido etimológico de la palabra; que nos traslada a un lugar afectivo, representado en el simbolismo que entraña esa idea de volver a pasar por el corazón. No puedo aquí sino detenerme y volver a pasar por mi corazón a Roberto Kozak, quien salvó la vida de mi madre y de miles de personas durante la dictadura, sacándolos del país como director del CIME, Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas. En este contexto, hoy queremos recordar el rol que jugó en Chile el World University Service (WUS), organismo internacional no gubernamental que apoyó a académicos, estudiantes y profesionales que debieron abandonar sus respectivos países por razones humanitarias. Esta entidad tendió una mano a los exiliados chilenos, mediante becas y programas de integración y capacitación. WUS fue una pequeña organización conocida por otorgar becas para refugiados de Hungría y Checoslovaquia a fines de la década del 50 y durante los años 60, y por combatir la discriminación a nivel educacional y el apartheid en África del Sur. Este organismo se involucró con Chile en octubre de 1973, cuando Alan Angell se acercó al Secretario General de WUS, Alan Phillips, en nombre del grupo Académicos por Chile, y le sugirió que WUS podría implementar un sistema de becas para los docentes y estudiantes de nuestro país, recientemente impactado por un violento Golpe de Estado. En noviembre de 1973, el WUS aceptó promover el programa de becas para refugiados chilenos y puso en marcha una campaña con la agrupación Academics For Chile, tanto para becas como para la exención de tasas y alojamiento en residencia (fuente: Universidad de Warwick). El World University Service fue una expresión de estos lazos de solidaridad internacional. Un lazo que se extendió desde el mundo académico británico al mundo académico chileno, en favor del desarrollo de aquellos estudiantes, académicos y profesionales que partieron al exilio. Este programa, que funcionó de 1973 a 1985, asistió a más de 900 refugiados para completar sus estudios en el Reino Unido. La ayuda conferida durante el exilio también se proveyó al momento de retornar. De este modo, WUS colaboró en el retorno de sus becarios a Chile, cuando fuese seguro,
con la aspiración de que pudieran contribuir a su desarrollo, llegada la democracia (fuente: Universidad de Warwick). Profesionales de diversas áreas fueron beneficiados. En la dramaturgia, Ramón Griffero; en Historia, Gabriel Salazar y Francisco Estévez, actual director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; en la política, el Ex Presidente Ricardo Lagos (sólo por mencionar algunos nombres que resuenan en la actualidad). Recientemente, se realizó el Taller Internacional: Diálogo sobre Exilio, Memoria y Derechos Humanos. Allí se recordó esta experiencia de solidaridad particular, con el objetivo de enriquecer el acervo histórico sobre nuestro pasado reciente, mediante la realización de ejercicios de memoria in situ que, por la vía del diálogo, motiven reflexiones intergeneracionales. Como es la memoria, estos ejercicios colectivos de memoria no solo miran al pasado; buscan instalarse en el futuro con el fruto de ese ejercicio de conocer y reconocer el pasado. En este caso, dicho aprendizaje nos señala la importancia de tejer redes solidarias con el fin de ayudarnos, de cuidarnos, de proteger y defender los derechos humanos de otros; aunque seamos diferentes, y no compartamos la misma lengua, la misma cultura e ideas.