TEMARIO:
1. DIRIGENTE SECUNDARIO DENUNCIA QUE FUE OBLIGADO A DESNUDARSE, GOLPEADO E INSULTADO POR FFEE
2. CONGRESO APRUEBA AGENDA CORTA ANTIDELINCUENCIA
3. “LA TELETÓN HA PERMITIDO EL ENFOQUE CARITATIVO Y ASISTENCIALISTA POR SOBRE DEL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS”
4. BERTA ZÚÑIGA CÁCERES: “HONDURAS ES RESPONSABLE DE LA MUERTE DE MI MADRE”
5. AMNISTÍA PRESENTA 11 MIL FIRMAS EN LA MONEDA PARA QUE CASOS DE DERECHOS HUMANOS NO SEAN VISTOS EN LA JUSTICIA MILITAR
DIRIGENTE SECUNDARIO DENUNCIA QUE FUE OBLIGADO A DESNUDARSE, GOLPEADO E INSULTADO POR FFEE EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/05/18/287721/dirigente-secundario-denuncia-que-fue-obligadoa-desnudarse-golpeado-e-insultado-porffee75645/?utm_source=single&utm_medium=link&utm_campaign=portada
A través de su cuenta de Facebook, Roberto Zambrano, presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional y militante del Fel, denunció a Fuerzas Especiales por haberle propinado una golpiza, además de haberlo desnudado, en el marco de la represión vivida tras la marcha convocada para este martes 17 de mayo en Santiago. “Fuimos testigos de una cruda violencia ejercida por parte de Carabineros”, señaló el estudiante, quien agregó: “Lo viví en carne propia”. Zambrano relató que tras ser detenido fue llevado a un calabozo de la Tercera Comisaría, donde lo aislaron. “Me desnudaron y obligaron hacer sentadillas y flexiones, mientras me golpeaban
‘charchetazos’ y combos”, detalla el secundario, agregando que “los pies de dos sujetos de verde iban constantemente directos a mis costillas”.
Junto con ello, cuenta que los policías se rieron y burlaron de él, diciéndole: “No te gusta ser Presidente del Nacional cabro conchetumadre!”. Treinta minutos dice que duró la pesadilla que también incluyó que debiera caminar a pie pelado por toda la comisaría. “El sentimiento de humillación y rabia era lo que más sentía en ese momento”, explica. “Quiero decirles de forma enfática que aquí se sigue torturando”, termina diciendo Zambrano. No obstante, el estudiante sostiene que a pesar de estas formas de represión “jamás podrán detener la fuerza de las ideas ni la convicción clara por cambiar nuestra educación y realidad”.
CONGRESO APRUEBA AGENDA CORTA ANTIDELINCUENCIA EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/05/19/287866/congreso-aprueba-agenda-cortaantidelincuencia/
Mientras que los diputados aprobaron el informe de la Comisión Mixta por 69 votos a favor, 34 en contra y cinco abstenciones, sus colegas senadores lo hicieron por 29 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. De este modo, el proyecto de ley quedó en condiciones de ser promulgado por la Presidenta Michelle Bachelet. El proyecto incrementa las sanciones aplicables a quienes sean culpables de los delitos contra la propiedad de mayor connotación social, como robo con violencia o intimidación; eleva de 15 a 40 años de prisión efectiva, el rango de las penas a quien, con motivo del robo, cometa además los delitos de homicidio o violación. Si la víctima sufre castración, mutilaciones o lesiones graves que ocasionen incapacidad absoluta para trabajar, entonces la pena máxima será de presidio perpetuo simple. Del mismo modo, la iniciativa aprobada por ambas cámaras restringe el efecto de la aplicación de las atenuantes y se elevan las sanciones en los casos de reincidencia en los delitos de hurto y robo; y crea un Banco Unificado de Datos para facilitar una labor coordinada de las instituciones involucradas en la persecución del delito.
En tanto, el control de identidad excluirá a los menores de 18 años y se estableció que se podrá controlar la identidad in situ; no se podrá extender el procedimiento por más de una hora y se podrá exhibir cualquier documento oficial en el cual conste la identidad de la persona requerida, tales como: cédula de identidad, licencia de conducir, pasaporte o tarjeta nacional estudiantil. En caso que la persona controlada se niega a acreditar su identidad, la oculta o proporciona una identidad falsa, quedará citada a la Fiscalía, para lo que podrá ser conducida al recinto policial. Si la persona tiene una o más órdenes de detención pendientes, la policía procederá a su detención. Los funcionarios policiales deberán exhibir su placa y señalar su nombre, grado y dotación, respetando siempre la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria. Por último, la Comisión Mixta rechazó la polémica norma que sancionaba las filtraciones judiciales, por lo que esto quedó excluido del proyecto. Socialistas irán al Tribunal Constitucional Una vez realizada la votación en el hemiciclo de la Cámara el diputado socialista Leonardo Soto manifestó la decisión de su partido de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la aprobación del control preventivo de identidad, en el marco de la agenda corta antidelincuencia. Soto dijo la aprobación de control preventivo de identidad es una violación a las garantías constitucionales de todos los chilenos, “por eso los socialistas estamos preparando un requerimiento; vamos a dar la pelea en el Tribunal Constitucional por los derechos de los ciudadanos, y de ser necesario en las instancias internacionales que correspondan; creemos que hay que agotar todos los recursos cuando una norma es antidemocrática y tenemos la certeza de que va a causar daño a los chilenos y chilenas”. El parlamentario sostuvo que la norma aprobada “se trata además de una norma inútil que según todos los expertos no tendrá ningún impacto en bajar la delincuencia, pero sí en producir situaciones de discriminación y restricción de libertades; por ejemplo, va a permitir que la policía ingrese a las universidades, al Metro y los buses, seleccione a personas sin ningún motivo o expresión de causa y las mantenga inmovilizadas durante una hora”. El diputado que representa al distrito 30, que agrupa a las comunas de San Bernardo, Buin, Calera de Tango y Paine, manifestó su mayor aprensión frente al proyecto que quedó en condiciones de ser promulgado por el Ejecutivo: “Creemos que eso (la facultad otorgada a las policías) sin duda es una restricción de la libertad de tránsito y la justificación que se ha esgrimido no es valedera”, finalizó. Presidenta del PS: “No estoy de acuerdo que vayan al TC” Consultada, minutos previos a la votación del proyecto en la Sala del Senado, sobre la decisión anunciada por los diputados de su partido, la presidenta de la colectividad, Isabel Allende, manifestó su oposición frente a la idea expuesta por el diputado Leonardo Soto de recurrir al TC por la aprobación del control preventivo de identidad. “No estoy de acuerdo que vayan al Tribunal Constitucional, evidentemente pueden ejercer su derecho; nosotros mismos hemos cuestionado varias cosas con respecto al TC. Queremos decirles (a los diputados) que en ese sentido los senadores tenemos una posición diferente: vamos a votar
a favor porque creemos que gracias a que nos opusimos tenazmente a lo que hasta ese momento se conocía de la norma sobre control preventivo de identidad, gracias a nuestra posición, cambió; hoy día estamos contestes que este cambio significa que estamos en condiciones de aprobarlo”, sostuvo la senadora a la entrada de la Sala. Respecto a eventuales costos políticos que podría pagar la Nueva Mayoría debido a la discrepancia sobre el particular con los diputados socialistas, Allende le restó importancia. “Uno siempre quisiera ver a su coalición ordenada, y con mayor razón, yo como presidenta de partido quisiera ver a todas las bancadas más ordenadas, sean de diputados o de senadores. Me hago la crítica de no haber dialogado más con los diputados”.
“LA TELETÓN HA PERMITIDO EL ENFOQUE CARITATIVO Y ASISTENCIALISTA POR SOBRE DEL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS” EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/05/18/287765/la-teleton-ha-permitido-el-enfoque-caritativo-yasistencialista-por-sobre-del-enfoque-de-derechos-humanos/ Este martes se dieron a conocer los resultados y principales conclusiones del Estudio exploratorio de violencia contra mujeres con discapacidad en tres países de América Latina y el Caribe: Chile, Costa Rica y Uruguay – 2016, el que contó el apoyo de ONU Mujeres y que fue posible gracias a la iniciativa liderada por el Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad de Chile (CIMUNIDIS). La investigación busca aumentar el nivel de información disponible sobre la problemática en la región, para visibilizarla y sensibilizar a la opinión pública, además de entregar argumentos fundados que contribuyan al desarrollo de mejores políticas públicas en la materia. Para conocer los resultados de la pesquisa y sus implicancias, El Ciudadano conversó con la presidenta del CIMUNIDIS, Marcela Benavides.
El estudio menciona que una de las principales deficiencias constatadas es la falta de estadísticas concretas sobre violencia contra mujeres con discapacidad. ¿Qué provoca este déficit y a que se atribuye? La falta de estadísticas concretas sobre violencia contra mujeres con discapacidad no ha permitido dimensionar la magnitud del problema a pesar de que existen algunos índices del año 2012, de un seminario que se hizo en España, donde se estableció que la violencia hacia las mujeres con discapacidad es cuatro veces mayor que en la población general. Esto significa una catástrofe humanitaria global en un grupo tan importante como el 15% de la población mundial. La imposibilidad de dimensionar la discapacidad ha impedido visibilizar a la población con discapacidad. Otro de los mayores problemas para trabajar con discapacidad es establecer la magnitud porque ni los instrumentos ni los resultados no son comparables. "La violencia hacia las mujeres con discapacidad es cuatro veces mayor que en la población general" En el caso concreto de Chile, la primera encuesta nacional de discapacidad, que se realizó en 2004, determinó que cerca del 60% de la población con discapacidad son mujeres. Costó mucho elaborar la segunda encuesta nacional de discapacidad, en 2015, donde se estableció que hay alrededor de un 16% de personas con discapacidad en Chile, y la mayor prevalencia siguen siendo mujeres. El informe revela que las mujeres con discapacidad sufren varios tipos de violencia: abandono, abuso sexual, burlas, exclusión laboral, maltrato del sistema de salud, etc. Y a la vez explica que tanto la sociedad en general como las mismas mujeres naturalizan o legitiman determinados tipos de violencia. ¿Cómo prevenir o revertir esa aceptación de la violencia? Hay variables estructurales que desde una política pública con enfoque de Derechos Humanos podrían ser abordadas con bastante precisión y eficacia. Lo que puede hacer el Estado para intervenir en la situación de discriminación y violencia de la población con discapacidad es irremplazable, por mucho que haya prevalecido el enfoque de la caridad, de la solidaridad. El enfoque de Derechos es el modelo que prevalece en el mundo para abordar de forma positiva y eficaz el deber de los estados. Ha costado mucho levantar este modelo porque han sido muchos siglos de operar con el modelo biomédico, rehabilitador o de caridad. "El enfoque de Derechos es el modelo que prevalece en el mundo para abordar de forma positiva y eficaz el deber de los estados" En Chile, hubo una comisión asesora presidencial que sesionó desde 2014 hasta la fecha. Esperamos que el 21 de mayo la presidenta mencione en su Cuenta Pública los resultados de esta comisión con respecto a las propuestas del Plan Nacional de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. Esperamos que apruebe esto y que lance el proyecto de Subsecretaría de la Discapacidad que nació de este programa de Gobierno de la Nueva Mayoría.
¿Cuáles han sido las principales tareas de esta comisión? Tuvo una primera fase -hasta marzo de 2015- durante la cual se elaboraron diez medidas irrenunciables y posteriormente volvió a sesionar en agosto hasta abril 2016, donde elaboraron una serie de propuestas para abordar aspectos trascendentales en el derecho internacional de las personas con discapacidad y también aspectos que tienen que ver con derechos específicos de esta minoría. ¿Cuáles son los mayores retos que el Estado chileno aún tiene en materia de discapacidad, en general, y de violencia con mujeres con discapacidad, en particular? El mayor problema es que el Código Civil no está actualizado. Esto es lo más importante porque sin capacidad jurídica no hay derechos humanos. Estas personas no tienen derecho a la sucesión, no hay derecho al matrimonio civil, ni a la adopción, ni a tener vida política. A las mujeres se las priva de sus derechos sexuales y reproductivos, de su derecho a la maternidad, etc. Hay una notoria naturalización de la sociedad de institucionalizar el privar de libertad a las personas con discapacidad, incluso desde la primera infancia. Los mayores retos pasan por reconocer constitucionalmente a las personas con discapacidad, reformar y modificar el Código Civil, la ley de Derechos y Deberes en Salud, derogar la Ley 18.600, recuperar a las mujeres con discapacidad e incluirlas a la ley de violencia contra la mujer, y regular el acceso a la justicia por parte de las personas con discapacidad, que hoy no tienen derecho a un debido proceso y que son internados en hospitales psiquiátricos y asilos por órdenes judiciales que nunca son revisadas. "Hay una notoria naturalización de la sociedad de institucionalizar el privar de libertad a las personas con discapacidad" Son muchas las asignaturas pendientes. ¿Cómo ha gestionado Chile la atención a las personas con discapacidad? El mayor impacto que ha tenido ha sido durante los 40 años de la Teletón. Sin embargo, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad [Naciones Unidas] ha criticado negativamente su política asistencialista y caritativa. No quiere decir que la Teletón tenga una función social incorrecta, sino que ese ha permitido que prevalezca el enfoque caritativo y asistencialista por sobre del enfoque de Derechos Humanos y eso significa que no se han tomado las medidas que al Estado le corresponden, algunas de interés político. Es evidente que otro de los puntos pendientes pasa por la inclusión. ¿Qué políticas deberían de fomentarse en este sentido? Hay que abordar políticas que no solo tengan que ver con Derechos Humanos esenciales, sino también que impliquen educación inclusiva, a una vida independiente y de la forma más autónoma posible, aunque sea con apoyos de distinto grado de acuerdo a los requerimientos de la persona. Pero lo que debe prevalecer es el ejercicio de la voluntad y preferencia de las personas con discapacidad con respecto a su derecho a decidir cómo quieren vivir, con quién quieren vivir, qué formación quieren tener o con quién quieren casarse.
BERTA ZÚÑIGA CÁCERES: “HONDURAS ES RESPONSABLE DE LA MUERTE DE MI MADRE” EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/05/19/287887/berta-zuniga-caceres-honduras-esresponsable-de-la-muerte-de-mi-madre/ Hija de la 'Nobel Verde' Berta Cáceres, asesinada en marzo, denuncia el atropello a los derechos humanos en Honduras y reivindica una investigación independiente por el crimen de su progenitora. Con el mismo nombre y el entusiasmo de mantener viva la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, Berta Zúñiga Cáceres (25 años), hija de la activista medioambiental asesinada hace poco más de dos meses, aterriza exhausta en Madrid. En la capital española puso el pasado viernes el cierre a una gira europea en la que ha recorrido cinco países para denunciar ante sus instituciones y sociedades el atropello a los derechos humanos que se vive en Honduras. Un periplo que iba a ser realizado por su madre, como líder y fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), pero que no pudo ser por su asesinato a tiros en la ciudad de La Esperanza donde residía. En su lugar recibió esta semana el Premio del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente (Ecozine), en Zaragoza, compareció ante el Parlamento Europeo y visitó la sede de la alcaldía de Madrid.
Tras su encuentro con Mauricio Valiente, tercer teniente de Alcalde de Madrid, y antes de la charla -ante una sala abarrotada- ‘Luchas y resistencias en Honduras’, en el Consejo de la Abogacía Española, recibe a EL MUNDO con el fin de recordar que no quede impune el homicidio de su “mami”. Precisamente, el pasado lunes se conocía la noticia de la detención de cuatro personas sospechosas de participar en el asesinato de Berta Cáceres. Según informaron medios locales, una de ellas era Sergio Rodríguez Orellana, un empleado de Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA), la constructora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra el que luchó la activista. “Ya sabíamos que el asesinato
de mi ‘mami’ se trataba de un caso típico de sicarios, pero que la responsable era la empresa, porque siempre fue la fuente principal de amenazas a su vida”, explica una de las hijas de la medioambientalista, que ayer regresó a Honduras, a pesar de las intimidaciones que sufren todos los miembros de su familia. Berta Cáceres llegó a presentar hasta 33 denuncias por amenazas, de las que era consciente el Estado de Honduras, y todas ellas vinculadas a dicha compañía. “Nunca se investigaron, responsabilizamos al Gobierno de Honduras por omisión en la investigación y por haberle brindado unas medidas cautelares totalmente ineficientes“, añade una de las herederas del legado de la líder indígena. Para Berta Zúñiga, licenciada en Educación y miembro del equipo de apoyo del COPINH, con las detenciones queda demostrada la participación en el asesinato de miembros de la empresa a los que la activista ya había denunciado en anteriores ocasiones de manera infructuosa y que también están implicados “agentes estatales, presuntos responsables del asesinato”. Por todo ello, el principal reclamo del COPINH y todos los que buscan justicia por el asesinato de Berta Cáceres es la creación de una comisión independiente que investigue el suceso. “Por una parte, porque hemos sido excluidos [en referencia a la familia de la premio Goldman 2015] del proceso de investigación al decretarlo en secreto y excluyendo a las víctimas, cosa que no es posible bajo ningún respaldo jurídico en Honduras; pero también porque pensamos que la autoría intelectual del crimen no ha sido agotada, que los detenidos son personas que se han sacrificado, pero que hay muchas más implicadas”, argumenta la joven activista hondureña.
AMNISTÍA PRESENTA 11 MIL FIRMAS EN LA MONEDA PARA QUE CASOS DE DERECHOS HUMANOS NO SEAN VISTOS EN LA JUSTICIA MILITAR EL CIUDADANO
Amnistía Internacional entregó hoy en La Moneda más de 11.000 firmas que piden que Chile reforme la Jurisdicción Militar. Miles de personas se sumaron a la campaña para exigir que casos de violaciones a los derechos humanos jamás sean vistos en este injusto sistema, pues dada la
composición de los tribunales militares- principalmente miembros de mandos militares sujetos a jerarquía institucional- no presentan ni siquiera el grado más básico de independencia e imparcialidad. El informe presentado por Amnistía Internacional en abril pasado “No sabía que existían dos justicias” Jurisdicción militar y violencia policial en Chile revela que, de manera habitual, los tribunales militares que conocen casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, no abren investigaciones ni procesamientos contra los agentes sospechosos de haber cometido un delito. En la práctica, pareciera ser que Carabineros se permite golpear, maltratar y, en algunos casos, incluso matar, pues saben que, al ser juzgados en la Jurisdicción Militar, es muy probable que los casos se cierren o, a lo mucho, reciban una pena mínima. “Cuando partimos con la campaña muchas personas no sabían que en Chile existían dos justicias. Luego, el asombro y la indignación afloraron cuando se enteraron de las brutales cifras de impunidad que esconde la Justicia Militar. Menos del 1% de los casos vistos allí reciben sentencia, eso es totalmente violento para la sociedad”, menciona Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Chile. Es sabido que en los últimos años se han intensificado las manifestaciones sociales en todo Chile, y también lo ha hecho la violencia policial. Amnistía Internacional ha registrado casos en los que Carabineros han golpeado a manifestantes y han utilizado indiscriminadamente gas lacrimógeno y cañones de agua. Varias personas, entre ellas manifestantes pacíficos y simples transeúntes, han resultado heridas e incluso algunas lamentablemente han muerto. Esta preocupación también aplica al contexto mapuche. Miembros de las comunidades han denunciado que a propósito de los múltiples allanamientos policiales han sido objetos de malos tratos, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, y que los efectos impactan a toda la comunidad, incluyendo niñas y niños. “El llamado de Amnistía Internacional es que todos los casos de abuso policial sean debidamente investigados de forma pronta, exhaustiva e independiente ante tribunales ordinarios y que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia sin demora alguna”, menciona Roberto Morales, Presidente de Amnistía Internacional Chile. Por lo demás, diversos organismos internacionales de derechos humanos han instado al Estado de Chile a reformar la jurisdicción militar. Hace más de 10 años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó, entre otras cosas, al Estado de Chile que reforme la Jurisdicción Militar para limitar su alcance y asegurar que bajo ninguna circunstancia un civil sea sometido a esta jurisdicción. Recientemente el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura y el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, han hecho un imperioso llamado al Estado chileno a que en ninguna circunstancia se utilice la Jurisdicción Militar para sancionar las violaciones a los derechos humanos. La presidenta Michelle Bachelet manifestó en su programa de gobierno la intención de reformar la Jurisdicción Militar, para asegurar que las violaciones a los derechos humanos sean conocidas por tribunales ordinarios. Asimismo, en 2014, el Ministerio de Defensa hizo público el anuncio de que se estaba trabajando en un anteproyecto de ley. Sin embargo, a la fecha, dicha reforma no ha tenido lugar. Por lo anterior, Amnistía Internacional solicitó hoy una audiencia con el Ministro Secretario
General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, quien tiene la responsabilidad de gestionar la agenda legislativa. El propósito es reunirse con él para exponerle la preocupación sobre este asunto, puesto que la reforma legal a la Justicia Militar no ha aparecido en las prioridades del gobierno para este periodo. “Esperamos que este 21 de mayo la presidenta Bachelet reafirme su compromiso de reformar la Jurisdicción Militar, pues el actual sistema es totalmente absurdo y lleva demasiado tiempo impidiendo a muchos chilenos y chilenas acceder verdaderamente a la justicia”, concluye Ana Piquer.