TEMARIO:
1. LAS FILTRACIONES Y EL CLASISMO DEL SISTEMA PENAL CHILENO
2. INDH INAUGURA OFICIALMENTE SU SEDE REGIONAL DEL BIOBÍO
3. EEUU: TRASLADAN A DOCE PRESOS DE GUANTÁNAMO HACIA PAÍSES NO ESPECIFICADOS
4. UN JOVEN MILITANTE FUE SECUESTRADO Y TORTURADO POR LA POLICÍA BONAERENSE
LAS FILTRACIONES Y EL CLASISMO DEL SISTEMA PENAL CHILENO EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/01/las-filtraciones-y-el-clasismo-delsistema-penal-chileno/
Siempre ha existido el adagio de que la justicia no es igual para pobres que para ricos, especialmente en una región del planeta como América Latina marcada por la desigualdad, la que va asociada a factores étnicos, culturales y educativos, generando el llamado círculo vicioso de la delincuencia. La pobreza reproduce delincuencia y la delincuencia, como no existe reinserción, reproduce pobreza, y el pobre no tiene igual acceso a la justicia que el rico. En el caso particular de Chile, la ola de casos de corrupción asociados a platas políticas y colusión de empresas no solo genera desconfianza hacia las instituciones políticoeconómicas, sino también hacia la justicia. El único condenado hasta ahora –más allá de las clases de ética para los dueños de las farmacias– es el ex senador UDI Jovino Novoa, y lo fue a pena remitida.
La polémica indicación al artículo 184 del Código Penal enviada por el ministro Jorge Burgos y los fiscales Abbott y Montes al Congreso, estableciendo penas de cárcel para quienes filtren información de las investigaciones llevadas por el Ministerio Público, ha vuelto a reavivar el debate de si en Chile la justicia es realmente igual para todos. Las críticas apuntan al hecho de que la modificación legal se ve como hecha a medida de los políticos y empresarios investigados por casos de corrupción, para frenar los escándalos, evitar el juicio público y, eventualmente, poder llegar a acuerdos de tipo político “bajo la mesa” entre autoridades e imputados, cosa mucho más complicada si la opinión pública está al tanto de los avances de los procesos judiciales, generando la correspondiente indignación. La medida está inserta en la agenda corta antidelincuencia –algo difícil de entender, dado que no tiene absolutamente nada que ver con los llamados delitos de alta connotación social– y busca ampliar el marco de reserva de los actuales 40 días a 90, además de fijar penas de presidio entre 61 y 541 días para quienes filtren aspectos de las investigaciones. La principal justificación para la indicación pasa por cuidar el derecho a la presunción de inocencia y evitar que las filtraciones exacerben el clima de crispación ciudadana. Iguales ante la ley, diferentes para su aplicación Como toda democracia liberal moderna, Chile establece como principio básico en su Constitución la igualdad de las personas ante la ley a partir del momento de su nacimiento. Además, como república, todas las instituciones del país deben respetar y operar bajo esa directriz de la igualdad de los ciudadanos. Al menos en teoría, no pueden existir privilegios arbitrarios por nacimiento, origen, condición socioeconómica, religión, sexo, etc. Sin embargo, es obvio que este concepto, que viene de los tiempos de la Ilustración, no siempre se ha puesto correctamente en práctica. La mayoría de los países del mundo establecen la igualdad ante la ley de sus habitantes, pero muy pocos logran cumplir eso efectivamente, ya sea por la inherente dificultad para aterrizar a la realidad una idea abstracta, o porque simplemente no se ha querido hacer. De este modo, hay opiniones en el sentido de que en Chile sí existe igualdad de los ciudadanos en cuanto a la formulación de las leyes penales, pero no respecto a su aplicación. Esta idea es defendida por el abogado penalista y doctor en derecho Miguel Soto Piñeiro. “Hay que distinguir dos niveles: el del sistema normativo y el de su operatividad real. Normalmente permanecen separados en el sentido de que la operatividad del sistema es clasista al momento de la aplicación de una normativa que no necesariamente lo es”, señala el profesional. Efectivamente, los delitos más comunes en Chile son aquellos contra la propiedad –robos, robos no violentos y otros–, los cuales no solo son efectuados por personas de niveles socioeconómicos bajos, sino que también afectan mayormente a los sectores medio y bajo de la sociedad. Por ejemplo, el año pasado Lo Espejo fue la comuna del país donde más aumentó el robo en lugar habitado, de acuerdo con la Plataforma de Análisis Civil Integrado de Carabineros.
No es novedad tampoco que los presos por delitos comunes registran menores niveles de escolaridad y mayores de desempleo y consumo de alcohol y drogas. Otra vez el círculo vicioso. A esto hay que agregar que el sistema penal chileno es eminentemente castigador y no rehabilitador, vale decir, que está diseñado para garantizar que los delitos se paguen, no para que además de eso el delincuente se reintegre a la sociedad una vez cumplida su pena. En ese sentido estamos más cerca –para mal– de sistemas como el estadounidense que de los exitosos modelos penales de la Unión Europea”. Soto Piñeiro apunta enfáticamente a que la indicación enviada por el Ejecutivo obedece a una reacción de protección por parte de un grupo privilegiado. “Incidentalmente los planos normativo y de operatividad se confunden. Eso es lo que ocurre cuando frente a hechos que afectan a los poderosos se altera la legislación con el claro propósito de resguardarlos. La indicación del Gobierno aprobada por el Senado es un claro ejemplo en que la involucración en criminalidad de poderosos determinó una modificación de la ley”. En definitiva, para Soto Piñeiro se trata de que, si los políticos y los empresarios están implicados, se cambia la ley. Esto es algo relativamente inédito en Chile, dado que no obedece únicamente a modificaciones en la aplicación de la legislación que pueden quedar a criterio de un juez, sino que se trata de cambiar la ley. El arma de los poderosos César Pizarro es el presidente de 81 Razones, la agrupación que reúne a los familiares del incendio a la cárcel de San Miguel en 2010, lo que él derechamente define como masacre. Tiene una visión profundamente crítica y contestataria respecto al sistema penal en su conjunto: “La justicia penal chilena es directamente un arma, el arma de los poderosos contra los pobres y contra todo el que se quiera rebelar. Es un arma legal implementada para poder ajusticiar a la gente que se quiere rebelar contra el sistema de una u otra manera”, sentencia. Agrega también el aspecto de la nula reinserción: “Lamentablemente el Estado no invierte en poder subsanar las carencias de la gente, los problemas sociales, la salud, la educación”, y a renglón seguido apunta al modelo de las cárceles concesionadas. “Está todo programado para encarcelar y lucrar con los presos, porque el negocio penal es el gran negocio del siglo”. Pizarro alega que la misma justicia que ahora se muestra tan minuciosa en el cumplimiento de los procedimientos, al punto de mandar a la cárcel a quienes filtren información de casos de corrupción, no fue igual de dura al momento de esclarecer lo que pasó con los 81 de San Miguel. “Ellos pagaron el precio alto simplemente porque alguien no quiso abrir una puerta. Y con eso la justicia no fue implacable. Ahí la justicia no se parapetó. Si los 81 hubieran estado presos por los delitos de los políticos ninguno estaría muerto, no se habrían muerto en un incendio. En Punta Peuco no muere nadie quemado. Ellos son implacables cuando les toca a ellos, pero cuando nosotros necesitamos a la justicia no está”, manifiesta Pizarro. Su alusión a Punta Peuco no es casual. Es uno más de los privilegios existentes en la aplicación del derecho penal en Chile, y eso que antes era peor. Existía Cordillera, también para condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, pero además estaba
Capuchinos, una prisión de lujo destinada para “presos vip”, gente de la alta sociedad, delincuentes de cuello y corbata, o profesionales que habían cometido delitos no violentos. El Anexo Cárcel Capuchinos era una casona amplia de tres pisos, con teléfono público, quiosco para comprar diarios, cigarrillos, y golosinas, una cancha de baby fútbol, gimnasio y piscina. Eso sí, había que pagar por estar ahí y no a cualquiera se le admitía. Para Pizarro es inconcebible que se quiera sancionar con cárcel a quienes filtren informaciones de los casos de platas políticas, evitando que la prensa tenga acceso a ellas bajo la excusa de resguardar la presunción de inocencia, mientras que incluso existen programas de televisión abierta en horario prime donde se muestra a descubierto el rostro en primer plano de personas que no han sido condenadas, y ni siquiera juzgadas por los presuntos delitos que han cometido. “Esto lo ocupan para taparse ellos mismos. Hoy pillan a un político robando millones de dólares, que es plata de todos, plata fiscal, y queda con arresto domiciliario, y lo protegen con no sé cuántas leyes. Es un eslabón más de la cadena”, sentencia. CONVOCAN A CONCENTRACIÓN MASIVA EN CONTRA DE MILITARIZACIÓN Y LA VIOLENCIA HACIA EL PUEBLO MAPUCHE
LA
EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/03/31/270685/convocan-a-concentracion-masiva-encontra-de-la-militarizacion-y-la-violencia-hacia-el-pueblo-mapuche/ El encuentro nace desde la motivación por visibilizar hechos de violencia y militarización en contra del pueblo mapuche, además de poner un freno al arresto de autoridades ancestrales en base a pruebas poco claras y allanamientos sorpresivos en los territorios bajo conflictos.
La madrugada del 30 de marzo, una Machi junto a diez mapuche fueron detenidos en un operativo violento y desmedido por la Policía de Investigaciones, en donde los investigados fueron formalizados por el delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista, esto en el marco del caso Luchsinger-Mackay. Entre los reclusos se encuentran comuneros del Lof Yeupeko, el hermano del Machi Celestino Córdova y la Machi Francisca Linconao. Además, en medio del proceso judicial, Alejandro Peralino, el hermano de José Peralino, manifestó que en su momento recibió amenazas por parte de la PDI para inculpar a los demás, lo que más tarde sería confirmado por Peralino a las afueras de los tribunales de Temuco. La Federación Mapuche de Estudiantes (Femae) hace el llamado a una concentración para repudiar la criminalización y los montajes en contra del pueblo mapuche, esto frente a los actos consecutivos de violencia evidenciados diariamente en la región de La Araucanía. “Esta acción por parte aparato estatal y sus agentes represivos, muestran claramente, una vez más, la intención de criminalizar en base a los MONTAJES, una vez más a nuestros peñi y lamngen que hoy se levantan junto con la fuerza de nuestros kuifi kecheyem”. El llamado es a reunirse el día miércoles 06 de abril a las 18:30 horas en Plaza Italia, en paralelo a la jornada de protesta convocada en Temuco en la entrada de la Intendencia regional. Cristian Antimilla, Coordinador de la Federación Mapuche de Estudiantes y alumnos de la Universidad Católica de Temuco, conversó con El Ciudadano y recalcó que el mensaje es para que todas aquellas personas, agrupaciones e individualidades que se sientan convocadas y de alguna manera se sientan afectados al ver todo este tipo de vejámenes en contra de las autoridades mayores, de los peñis y lamien que están conscientes y luchando contra actos represivos “en donde obviamente hay que encarcelar a la gente que parece peligrosa para que el resto no se atreva, pero nosotros decimos que no tenemos miedo. Por eso la convocatoria, desde una transparencia y las ganas de no ocultar nada. Sin temores de salir a las calles, porque nosotros no somos ese pueblo belicoso que nos quieren hacer ver y por lo mismo saldremos a manifestarnos con los hermanos mapuche y chilenos que se sientan representados bajo esa concepción”. NUEVAS BASES DE MILITARIZACIÓN La militarización del territorio mapuche (Wallmapu) se expresa, entre otros formatos, a través del terrorismo de Estado, el hostigamiento policial, el control social permanente, el espionaje, la inteligencia policial, la intervención política en las comunidades, persecuciones, montajes y otros crímenes evidentes que a diario se viven en la zona. A todo esto se le suma que en la mitad del período de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el ministro del interior, Jorge Burgos (DC), anunció que en Lanco, en la Región de Valdivia, se abriría una Unidad de Fuerzas Especiales, que se extendería en relación a las custodias bélicas a la Región de los Ríos, para proteger los intereses de la empresa Forestal Arauco.
Cuando ya las imágenes y el centro de conflicto continuaban empeorando, el escenario se agudizó con el descubrimiento de la instalación de una base militar en el sector de Pailahueque, una localidad ubicada en la comuna de Ercilla, en la Región de La Araucanía. Finalmente este hecho se tradujo en un incremento de la violación de los derechos humanos que sufre el pueblo mapuche. En base a esta circunstancia, Antimilla manifestó que la militarización tiene que ver con la introducción de armamento y de personal especializado en represión de la gente local, “porque no necesariamente tiene que estar el Ejército de Chile en las calles para que exista, pero sí tiene que haber un contingente represivo por parte del brazo armado del Estado que en este caso está representado por las fuerzas de seguridad que es Carabineros”. El Coordinador de la Femae también recalcó que Carabineros posee una dotación policial encargada de ejecutar allanamientos y actuar con violencia frente a distintos casos, “están preparados y han sido entrenados con esos fines, tienen armamento de guerra, tienen munición y vehículos. Con esos elementos ya se puede estar hablando de militarización y es lo que nosotros queremos visibilizar, por eso también se han estado viendo las bases militares que se ubican en las cercanías de Lanco, en una escuela de origen católico, comandada por Stegmeier (Obispo titular de la Diócesis de Villarrica) que arrastra una historia bien cruel en lo que es el territorio mapuche -hay varios registros que muestran cómo su familia arrebató tierras-. Entonces creemos que es una historia que se está repitiendo y lo mismo pasa con la base militar de Carabineros que está en el sector Pailahueque. Por otro lado pero bajo la misma mirada, la Coordinadora en Defensa de los Territorios de La Araucanía, anunció que el Estado ha tenido un despilfarro de recursos para fines bélicos en unidades policiales, con el fin de controlar los procesos de reivindicaciones de tierras, principalmente sobre aquellos que involucran los intereses de empresas forestales. Finalmente, Antimilla reiteró el llamado a movilizarse el miércoles 06 de abril a las 11 horas, tanto en la Intendencia regional de Temuco como en Plaza Italia, en favor de visibilizar un hecho coyuntural que tiene que ver con la detención de una Machi, en donde hechos como ese se han venido repitiendo otras veces con otros peñi y lamien. “Creemos que esto ya no debe tener mayores repercusiones, por eso nos manifestamos, porque no podemos mantenernos ajenos mientras nuestras autoridades ancestrales están siendo encarceladas y están sufriendo este tipo de vejámenes”.
INDH INAUGURA OFICIALMENTE SU SEDE REGIONAL DEL BIOBÍO EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/03/31/270626/indh-inaugura-oficialmente-su-sederegional-del-biobio/ El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó en Concepción, este jueves 31 de marzo, su Sede Regional de la VIII Región. La ceremonia contó con la presencia de la Directora del INDH, Lorena Fries y de la Jefa Regional, Carolina Chang. Además participaron del acto autoridades del Estado, representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y organizaciones de la sociedad civil.
Durante la ceremonia de presentación, Lorena Fries, valoró la apertura de esta nueva sede que viene a apoyar el cumplimiento de mandato legal del INDH de proteger y promover los derechos humanos de todos/as quienes habitan el territorio de Chile. “Esta nueva oficina abre las puertas para que ciudadanos y ciudadanas puedan recurrir al Instituto frente a afectaciones de sus derechos y, por otro lado, nos permite a nosotros conocer la realidad de los territorios, que no es la que se ve desde Santiago”, afirmó Fries. En tanto, la jefa regional Carolina Chang expresó: “La tarea que hemos de asumir no es sencilla ni irrelevante. Contamos con un equipo de trabajo de cinco personas con un alto compromiso por la misión institucional asignada. Sabemos que parte de nuestra labor será la de promover con entusiasmo y defender con firmeza la plena vigencia de los derechos
humanos en Chile. Esperamos en base a un trabajo basado en la autonomía, la independencia y la rigurosidad estar a la altura de la labor que se nos ha encomendado”. La Sede Regional del Biobío es la quinta en ser inaugurada, tras las presentaciones oficiales de las oficinas de Los Lagos, La Araucanía, Valparaíso y Antofagasta. La expansión del Instituto continuará con la apertura de la oficina de Arica y Parinacota. Además, durante 2016 se abrirán oficinas en otras cuatro regiones del país. Conflicto intercultural En este contexto, Lorena Fries se refirió respecto al conflicto intercultural que se suscita en algunos territorios del Biobío y La Araucanía, sobre lo que señaló que para la protección de las comunidades mapuche ante eventuales abusos policiales, el INDH tiene desde 2011 un programa sobre orden público y derechos humanos. “Estamos siempre preocupados de la situación de las personas que pudiesen verse afectadas”, señaló Fries. La Directora del Instituto se refirió también sobre la situación de las personas víctimas de hechos de violencia, respecto de quienes aseguró: “Estamos haciendo un trabajo con las personas, hace dos semanas estuve en Malleco con víctimas de atentados incendiarios y nos hemos dado cuenta de que no hay una acción estatal dirigida a repararlos”. “Estamos hablando de pequeños propietarios, adultos mayores con dificultades de desplazamiento y que sin embargo no han tenido acceso a una vivienda o al equivalente de lo que perdieron. Muchas veces tienen problemas de agua, no han tenido atención sicológica y están afectados por el hostigamiento que reciben de algunas comunidades mapuche”, agregó la personera del Instituto. EEUU: TRASLADAN A DOCE PRESOS DE GUANTÁNAMO HACIA PAÍSES NO ESPECIFICADOS EL CIUDADANO El Departamento de Defensa de Estados Unidos trasladará en las próximas semanas a una docena de presos de la cárcel de Guantánamo (Cuba) a dos países no especificados.
Este proceso se da en un contexto en el que el presidente estadounidense, Barack Obama, anunció durante su visita a Cuba el deseo de desocupar el recinto penitenciario antes de que termine su segundo y último período presidencial. El cierre de este penal fue una de las promesas de Obama durante su candidatura a la presidencia, y tras siete años, cuando falta poco para que culmine su mandato en la nación norteamericana, se da inicio a este proceso con el traslado de un número no muy elevado de reos.
La ley estadounidense establece que el Pentágono debe avisar al aparato legislativo, sobre este tipo de operaciones, con 30 días de antelación.
La fuente no identificada no especificó el día exacto en el que los presos abandonarán la nación caribeña, sin embargo, destacó que “en los próximos días” se espera el traslado del primer privado de libertad. Guantánamo, alberga actualmente unos 91 presos, de los cuales 37 han recibido la aprobación para ser enviados a otros países o a cárceles dentro del territorio estadounidense. De los restantes 54, 10 afrontan cargos o han sido condenados en procesos ante comisiones militares y los demás son considerados demasiado peligrosos para salir en libertad o ser transferidos. El nuevo plan elaborado por el Pentágono considera 13 localizaciones diferentes en territorio estadounidense para ubicar a entre 30 y 60 presos de Guantánamo. UN JOVEN MILITANTE FUE SECUESTRADO Y TORTURADO POR LA POLICÍA BONAERENSE EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/04/01/270741/un-joven-militante-fue-secuestrado-ytorturado-por-la-policia-bonaerense/ Lautaro Blengio vive en Miramar. Tiene 17 años, es presidente del centro de estudiantes de la Escuela Media N.º 1 Rodolfo Walsh. Es activista gay y fue uno de los organizadores de la primera Marcha del Orgullo LGBTIQ en su ciudad natal el pasado mes de febrero. Lautaro está terminando la secundaria, y cuenta su mamá, Patricia Cachenelensson, que esto viene
pasando desde hace más de dos meses. «Esto» es el hostigamiento policial cotidiano al que Lautaro, en tanto que activista visible, está expuesto.
La policía suele detenerlo, le revisa la mochila, se burla de su cresta, de su cuerpo, de que es «maricón». «Sabemos cómo son los pibes como vos», le dijeron en uno de esas tantas requisas que tuvieron lugar después de realizada la marcha. ¿Cómo son? El lunes 14 de marzo dos policías de civil lo llevaron al vivero dunícola Florentino Ameghino, donde lo torturaron y amenazaron de muerte. El día anterior, siete policías detuvieron y requisaron, sin motivos, a Lautaro y sus amigos, cuando volvían de bailar. Lautaro les dijo que él conocía sus derechos y que no podían tratar de esa forma a un grupo de menores. La reacción de uno de los oficiales fue agarrarlo del cuello, golpearle la cara contra uno de los patrulleros, mientras le decía «Pendejo, te voy a desfigurar la cara a piñas y te voy a tirar en el vivero». Al día siguiente, el policía cumplió con su amenaza. Mientras Lautaro volvía de la escuela, desde un auto, dos policías de civil le apuntaron con un arma, lo obligaron a subir y, encapuchado, lo llevaron al bosque. Ahí lo golpearon, le apagaron cigarrillos en el cuerpo y lo cortaron con una navaja. Uno de ellos le cortó una cruz en el pecho y le dijo «ahí te voy a fusilar». Tras aproximadamente una hora, le pegaron reiteradas veces en el estómago, hasta que cayó al piso. Le apagaron un último cigarrillo en la frente y se fueron. Esa misma tarde, Lautaro se presentó en la fiscalía de Miramar, junto con sus padres. Realizó la denuncia por privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales.
La fiscal ordenó una custodia de prefectura naval para Lautaro y su familia, quienes ya habían presentado dos Hábeas Corpus, porque desde el verano pasado el joven era perseguido por la policía. Ambos habían sido rechazados por «inconsistentes». Por miedo a represalias por parte de la policía bonaerense, la familia considera mudarse fuera de Miramar.