TEMARIO:
1. 21 DE MAYO: COMISIÓN DE DD.HH DE LA CÁMARA EXIGE A POLICÍAS SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS 2. CONTROL DE IDENTIDAD GENERA ENCONTRÓN ENTRE BURGOS Y DIPUTADO CASTRO (PS) 3. FIAN INTERNACIONAL: “LOS DERECHOS HUMANOS TIENEN UN SESGO URBANO” 4. A PROPÓSITO DE LA CONCESIÓN DE LIBERTAD CONDICIONAL DE REOS EN CHILE 5. POR DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ESTUDIOS AURORA 20 MAYO 2016
PENALES,
CENTRO
DE
6. ENDA COLOMBIA: “EL MEDIO AMBIENTE ES FUNDAMENTAL PARA EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS” 7. BAN KI-MOON: “LAS LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SON UNA TRABA PARA EL PROGRESO” 8. 10 FRASES QUE LOS MEXICANOS USAN TODOS LOS DÍAS… Y NO SABEN QUE SON RACISTAS
21 DE MAYO: COMISIÓN DE DD.HH DE LA CÁMARA EXIGE A POLICÍAS SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/19/21-de-mayo-comision-de-dd-hh-de-lacamara-exige-policias-sigan-los-procedimientos-establecidos/
Además, señalan que de forma unánime sus miembros condenan "los hechos de violencia policial perpetrados en la ciudad de Antofagasta en el marco de las protestas de solidaridad por la crisis socioambiental que se vive en Chiloé". Según el comunicado la jefa regional del INDH, señora Fernanda Torres Villarrubia y la profesional de las ciencias sociales de la sede regional de dicho instituto, señora Karen Lagües Farías fueron agredidas por la policía.
La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados presentó un comunicado a los funcionarios y funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la opinión pública, en el que señalan que de forma unánime sus miembros condenan "los hechos de violencia policial perpetrados en la ciudad de Antofagasta en el marco de las protestas de solidaridad por la crisis socioambiental que se vive en Chiloé". Según el comunicado la jefa regional del INDH, señora Fernanda Torres Villarrubia y la profesional de las ciencias sociales de la sede regional de dicho instituto, señora Karen Lagües Farías fueron agredidas por la policía. "Nos preocupa especialmente los obstáculos que Carabineros le impone al INDH para cumplir con su mandato legal, en particular la facultad de ingresar a cualquier recinto en que pudieren encontrarse personas privadas de libertad, y hacemos un llamado a Carabineros y al Ministerio del Interior, como su responsable político, a subsanar de inmediato esta situación y, por cierto, a dar explicaciones por lo sucedido en Antofagasta", indica la comisión. Finalmente señalaron que "ad portas de un nuevo 21 de mayo, y a un año de los hechos de represión que pusieron en riesgo la vida de Rodrigo Avilés, exigimos que las fuerzas policiales actúen en el marco de sus procedimientos y con pleno respeto a la ley vigente.
CONTROL DE IDENTIDAD GENERA ENCONTRÓN ENTRE BURGOS Y DIPUTADO CASTRO (PS) LA NACIÓN http://www.lanacion.cl/noticias/pais/politica/control-de-identidad-genera-encontron-entreburgos-y-diputado-castro-ps/2016-05-19/143213.html La decisión de la bancada de diputados del Partido Socialista de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para dejar sin efecto el control de identidad preventivo, sacó chispas en el oficialismo y enfrascó en una discusión mediática al ministro del Interior, Jorge Burgos, con el jefe de la instancia, Juan Luis Castro. “No suena muy bien que una bancada oficialista o un grupo de una bancada oficialista lleve al Tribunal Constitucional un proyecto de su Gobierno, para qué engañarnos. No suena bien”, manifestó el jefe del Gabinete frente a la determinación, aunque precisó que “todo el mundo tiene derecho a recurrir” al organismo. Sin embargo, la autoridad recordó que los mismos diputados quienes semanas atrás criticaron la vigencia del TC, luego que éste declarara inconstitucional el corazón de la reforma laboral, como la (falla de la página)
“MÁS CONSECUENCIA” A su turno el legislador aludido refutó esos dichos afirmando que “es una decisión adoptada y que vamos a llevar adelante” porque en su opinión la medida que es parte de la agenda corta antidelincuencia provocaría “discriminación” hacia personas de menores recursos o inmigrantes. Otros de los puntos que cuestionan son la posibilidad de que se realicen juicios en ausencia y allanamientos “sin una orden judicial”. Consultado sobre las declaraciones del secretario de Estado, Castro replicó que “le quiero recordar al ministro que él se desmarcó de la línea de la Presidenta (Bachelet) cuando le restó validez a la tercera causal del aborto” en referencia a la violación. “Yo le pido al ministro que haya más coherencia y menos comentarios de lo que hace otro Poder del Estado”, concluyó.
FIAN INTERNACIONAL: “LOS DERECHOS HUMANOS TIENEN UN SESGO URBANO” http://panorama.ridh.org/ http://panorama.ridh.org/author/carmen_lucia_castano/
Estas fueron las palabras de Sofía Monsalve, secretaria general de FIAN Internacional, quien se encuentra en Ginebra para participar en la tercera sesión del grupo de trabajo que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó en 2012 para "negociar, finalizar y presentar" un proyecto de declaración sobre los derechos de los campesinos. Hablamos con ella de la relevancia de dicha declaración, la especificidad de los derechos de las mujeres campesinas y el estado actual de las negociaciones que tienen lugar entre el 17 y el 20 de mayo en Ginebra. ¿Qué importancia tiene la aprobación de una declaración de los derechos de los campesinos? El sistema internacional de derechos humanos no le ha dado suficiente atención a los derechos de las personas que viven en el campo. Es importante ser honestos y reconocer que los derechos, como se han desarrollado hasta ahora, tienen un sesgo urbano: todavía no tenemos un entendimiento lo suficientemente profundo de la relación entre la dignidad humana y la naturaleza. Para cualquier campesina es evidente que sin sus semillas o sin su tierra, ella no sería quien es. Una mujer que es criadora de cabras, de vacas, de ovejas, de camellos, dependiendo del país en el que viva, no sería ella misma sin sus animales. Para los campesinos eso es evidente. Para nosotros, que vivimos en las ciudades, no lo es. Estamos en un mundo en el que la mercantilización de la naturaleza y los recursos está atacando muy fuertemente a las comunidades rurales con el despojo de sus tierras, sus ríos, sus lagos… Pero llegó el momento de que la comunidad internacional reconozca que estos son sus derechos. Y no solo por la dignidad de las personas que viven en el campo, sino por la supervivencia de toda la humanidad. La destrucción del planeta nos está poniendo a todos contra la pared. Si lo vemos en esa perspectiva, no hay cómo destacar de manera suficiente el significado histórico que va a tener esta declaración. ¿Por qué es necesario incluir un artículo específico sobre los derechos de las mujeres campesinas en la declaración? Las mujeres rurales están sometidas a múltiples formas de discriminación: además de ser discriminadas por ser campesinas, indígenas, pescadoras, pastoras o recolectoras, padecen la discriminación por causa de género. Es un fenómeno específico que debe ser abordado en el contexto de lo que implica para una mujer en el campo. Esta declaración utiliza la doble estrategia de tener un artículo extenso que va a proteger los derechos de las mujeres rurales, al mismo tiempo que aborda la perspectiva de género en todos los otros artículos. De esta manera refuerza la importancia que tienen las mujeres como productoras de alimentos y como guardianas de la naturaleza. La protección de los derechos de las mujeres es fundamental en la declaración y está estrechamente ligada con la visión de la soberanía alimentaria, para la que es fundamental su su derecho a decidir, a participar por cuenta propia y a controlar los recursos productivos por sí misma.
El argumento de varios estados que se oponen a la declaración es que repite derechos ya consagrados en la Convención sobre los derechos de la Mujer. ¿Cuál es su respuesta? Con respecto a los derechos de las mujeres, la declaración es un desarrollo y no una repetición de la Convención, que es un documento que existe, es vinculante y de gran trascendencia. Justamente, el Comité que vela por la aplicación de las disposiciones de la Convención acaba de emitir una recomendación general en la que interpreta y especifica el significado del artículo 14 del instrumento, que se refiere específicamente a las mujeres rurales. Este trabajo interpretativo recoge puntos fundamentales del proyecto de declaración de los derechos de los campesinos que nos concierne. Un ejemplo: allí aparece, por segunda o tercera vez en un documento de derechos humanos de Naciones Unidas, una referencia a la soberanía alimentaria. Igualmente, tiene un reconocimiento claro al derecho de las mujeres a la tierra. Lo dicen así, y eso no está en la Convención, que reconoce el derecho a la propiedad, pero eso es otra cosa. También contiene el derecho a las semillas, a la protección de los saberes tradicionales… Lo que destaco es que, aun cuando la declaración todavía está en discusión, ya empieza a tener impacto en otros órganos del sistema. ¿Cuál es su balance de las negociaciones de la declaración de los derechos de los campesinos hasta ahora? El proceso ha sido muy atacado desde sus inicios por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países industrializados. Para ellos, estos temas no deberían ser tratados por el Consejo de Derechos Humanos, sino por agencias más técnicas como la FAO. Otro de sus argumentos es que los derechos humanos son universales y que una declaración de derechos campesinos terminaría otorgando algo así como privilegios a un sector, lo que rompería la lógica de la universalidad. También alegan que se trata de centrarse en implementar los estándares existentes y no en crear nuevas normas y fragmentar el sistema. Pienso que esos argumentos todavía están sobre la mesa. Esos países los siguen empleando, pero al mismo tiempo se consolida el apoyo de otros estados de todas las regiones. Latinoamérica está muy fuerte a favor de la declaración: la presidenta del grupo de trabajo es la embajadora boliviana y ha logrado el apoyo de toda la región. África está también a favor del proceso y sus países son conscientes de que grandes sectores de la población local son campesinos, labradores, pastores y que en ese sentido la declaración es relevante para ellos. De igual manera, los grandes países asiáticos, como India o China, están también trabajando constructivamente en la declaración. Ahora, esta gran mayoría de países que están a favor empieza a discutir los detalles de la declaración. Por ejemplo, algunos todavía no tienen muy claro el derecho a la soberanía alimentaria o a las semillas. Para los países islámicos resulta problemática, por razones culturales, la afirmación fuerte de género que contiene la declaración.
¿Cuáles son las perspectivas? Estamos avanzando, pero seguimos al principio del proceso. Espero que al final de esta sesión tengamos más claridad sobre dónde están los consensos y los disensos para acercar posiciones. La embajadora boliviana tiene ya establecido un mandato para la próxima sesión del grupo de trabajo, que será el próximo año. Seguramente, ella va a presentar un nuevo texto basado en los comentarios que va a recibir en esta sesión, que está siendo muy importante para obtener comentarios más elaborados de los estados sobre los contenidos del proyecto. Todavía no estamos en la fase de negociar la formulación exacta de los artículos, sino de consolidar los contenidos de la declaración y esperamos que el próximo año ya haya una discusión más específica sobre el texto. En su opinión, ¿estamos todavía lejos de tener una declaración de los derechos de los campesinos? Depende. Creo que fue Mao Tse-tung el que dijo, cuando le preguntaron por la influencia de la Revolución Francesa, que todavía era muy temprano para comentar… Es cuestión de perspectiva. De alguna manera, si esto sale en cinco años va a ser muy rápido: la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas tardó treinta años. Entonces es incierto. Pero, quizás, en cinco años… No lo sabemos en este momento.
A PROPÓSITO DE LA CONCESIÓN DE LIBERTAD CONDICIONAL DE REOS EN CHILE POR DEPARTAMENTO DE CIENCIAS PENALES, CENTRO DE ESTUDIOS AURORA 20 MAYO 2016 EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/05/20/a-proposito-de-la-concesion-delibertad-condicional-de-reos-en-chile/ Señor Director: La delincuencia es un problema, nadie puede negarlo, es un problema que afecta a todos por igual, pero más crudamente a las familias pobres de nuestro país. Sin embargo, hemos de aceptar una realidad: no existe sociedad en la que no se cometan delitos. No existió, ni existe sociedad en la que no se cometan delitos. Entonces, la pregunta no es “cómo erradicamos el delito”, sino, “cómo disminuimos las tasas de delitos que se cometen”. Ante esa pregunta, hace más de 30 años que en nuestro país la respuesta tradicional es una sola: “mano dura contra la delincuencia”. Esto se traduce en aumentos en la duración de las penas, excesivo hacinamiento debido a la falta de interés en la inyección de recursos y el consecutivo aumento de la población penal, disminución de las garantías para los imputados, etc. Con todo, frente a estas medidas, el problema sigue existiendo, y no parece disminuir. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice que, al parecer, la mano dura no es eficaz en la disminución de la delincuencia. Y es así, subir las penas no va a solucionar el problema de la delincuencia, el
derecho penal no lo va a solucionar. ¿Por qué? Porque el derecho penal siempre va a llegar tarde: llega cuando la persona ya está muerta, cuando la casa ya fue robada, cuando la persona ya fue abusada. Y mientras sigamos pidiendo más “mano dura”, seguiremos eludiendo el problema de fondo, y seguiremos con las mismas tasas de delincuencia. Cualquier estudio serio sobre la materia indica que la total desvinculación del "delincuente" de su medio social; es decir, tomar al “delincuente” y ponerlo en la cárcel, no hace sino acrecentar el problema: las tasas de reincidencia, una vez cumplida la pena, se disparan, siendo, en la mayoría de los casos, los años de cárcel directamente proporcionales a la probabilidad de reincidir. Cuestión distinta es la que sucede cuando se permite a la persona, cumpliendo una pena, no desconectarse totalmente de su medio: la tasa de reincidencia baja considerablemente. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con la libertad condicional. Muchos han salido a criticar la medida, pues, a las pocas horas de ser liberado, uno de los beneficiados reincidió. Sin embargo, ¿qué ocurre con la otra mayoría de beneficiados? No conocemos a esas personas, pero aun así las prejuzgamos, somos irremediablemente duros con ellas, con su vida, con sus malas decisiones. Nos alzamos desde nuestro podio para apuntarlas con el dedo, sin siquiera saber si están cometiendo delitos o si están en su casa reencontrándose con su familia, pero suponemos lo primero. Vemos con preocupación cómo cada vez toleramos menos que las personas se equivoquen, no permitimos segundas oportunidades. Pues claro, nadie se pone en el caso en que sea uno mismo quien se equivoque y necesite una segunda oportunidad, pues los que erran siempre son “los otros”, “ellos”, “los delincuentes”. Jamás nos ponemos en el supuesto de que seamos nosotros o nuestros amigos y familiares quienes vayan a cometer un delito (o, incluso, a ser acusados injustamente de cometer uno) quienes vayan a tener que pasar por ese absoluto juicio ciudadano. Probablemente todos quienes estén leyendo esto alguna vez hayan mentido, pero porque alguien mintió una vez no se nos ocurriría decir “anda un mentiroso suelto por la ciudad, no hablen con él porque les va a mentir, no le crean nada de lo que dice”. Lo mismo sucede con las personas que han cometido un delito: si robaron una vez, ya son unos “ladrones”, unos “delincuentes”, que ojalá pasen el resto de sus días estar encerrado en una isla rodeada de tiburones. También nos preocupa el tratamiento que los medios de comunicación le han dado al tema, cuestión que viene siendo ya muy propia de estas instituciones en materia penal. Sin ningún argumento, estudio ni experto que los avale, se han dedicado a afianzar los prejuicios de las personas, con el sólo afán de buscar la atención de las mismas, la cual redunda, por supuesto, en ganancias económicas. La falta de rigor periodístico en el tratamiento de los temas penales es un verdadero cáncer que ha provocado funestas consecuencias: personas que no tienen ni auto, ni portón, viven atemorizadas por los “portonazos”, pues muestran cinco delitos ocurridos en algunas comunas de Santiago, o bien un puñado de resoluciones judiciales donde “dejan libre a un delincuente”, creando la sensación de que esa es la realidad que ocurre en cada rincón de nuestro país. Para qué hablar de ciertos políticos (la mayoría de ellos). Nos prometen solucionar la delincuencia aumentando el número de personas en la cárcel, aumentando la duración de las penas, aumentando
la cantidad de delitos e inmiscuyéndose en nuestras libertades (con el control preventivo de identidad, entre otras medidas). No mencionan siquiera políticas de resocialización o aumento de funcionarios carcelarios (gendarmes) ni mucho menos políticas públicas de fondo, como la mejora en la educación pública escolar y preescolar, en el SENAME, el transporte, la vivienda, las condiciones de trabajo, entre tantos otros asuntos que constituyen una "agenda larga" contra la delincuencia. Esto tiene una explicación clara: No hay nada más barato para el Estado, para los políticos, que aumentar las penas. Nos mandan un mensaje ficticio, “estamos trabajando para solucionar sus problemas, queremos acabar con la delincuencia”. Es lo más fácil, además de tener una grandísima aceptación de los ciudadanos, que siempre felicitan y agradecen estas medidas. Y mientras todos estamos embobados pidiendo mano dura contra el que hurta víveres en el supermercado o ropa en las multitiendas, los delitos de cuello y corbata son prácticamente impunes en nuestro país. Las penas del hurto, robo y receptación no han hecho más que subir, llegando al absurdo de que el robo por sorpresa (o lanzazo) puede llegar a tener penas de varios años de cárcel, mientras que el coludirse con la competencia para subir arbitrariamente los precios, lapidando silenciosamente nuestros bolsillos, no es siquiera delito. Y claro, mientras nosotros reclamamos porque le suban las penas al “hurto hormiga”, los ricos que cometen delitos nos observan cómodamente desde su sitial privilegiado, donde el derecho penal, la cárcel, la miseria y la violencia no llegan. Esa es la realidad del derecho penal en nuestro país. Ahora, la pregunta es, ¿vas a seguir perpetuando el discurso? Departamento de Ciencias Penales – Centro de Estudios Aurora
ENDA COLOMBIA: “EL MEDIO AMBIENTE ES FUNDAMENTAL PARA EL DISFRUTE DE LOS DERECHOS HUMANOS” RIDH | Panorama Periodismo sobre América Latina y el sistema de derechos humanos de la ONU http://panorama.ridh.org/author/carmen_lucia_castano/
Andreiev Pinzón, coordinador de proyectos de la organización no gubernamental ENDA Colombia, habló con Panorama de la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país suramericano. Entrevista. Por: Carmen Lucía Castaño El Comité de la ONU sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinará por sexta vez a Colombia a más tardar en 2017. Para hacer el examen, los 18 expertos del Comité utilizan como insumos los reportes que presentan tanto el Estado como las ONG. Estos últimos, conocidos como “informes sombra”, suelen contrastar la versión oficial sobre la situación de derechos humanos. Andreiev Pinzón, coordinador de proyectos de ENDA Colombia, organización especializada en medio ambiente y desarrollo, estuvo en Ginebra en el marco de la preparación del informe sombra que ENDA presentará al Comité en coalición con otras organizaciones colombianas. Panorama habló con él. ¿Por qué incluir los ambientales en los derechos económicos, sociales y culturales? Porque la calidad de vida y el derecho al medio ambiente tienen todo que ver con el pleno disfrute de los demás derechos. Por eso hablamos de los “DESCA”, por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Cuál es la situación de estos derechos en Colombia? Por un lado, en el papel, hay unos logros importantes que ha hecho el Estado, como la reducción monetaria de la pobreza. Nosotros cuestionamos esos avances porque son parciales ya que las mediciones en las que se basan son muy arbitrarias. Un ejemplo concreto: si una persona ha tenido trabajo tres meses, en las estadísticas se le considera empleada.
Andreiev Pinzón Además, los subsidios que recibe la población marginalizada se suman en esa metodología de agregados de superación de la pobreza, cosa que es muy grave porque el resultado disfraza la realidad. Sin embargo, hay un consenso entre los organismos multilaterales y el Estado sobre la validez de esta metodología para la construcción de estadísticas.
Hay, por otro lado, retrocesos que terminan siendo casos aberrantes: aunque el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo diga que Colombia ha sido un caso excepcional en superación de la pobreza monetaria, el estado ambiental del país es alarmante. La misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que no se caracteriza por su altruismo, ha regañado al director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, por los costos que está trayendo el modelo extractivista al Estado, pues genera unos impactos ambientales muy fuertes. En ese caso, la cura sale más cara que la enfermedad y se traduce en una violación sistemática de los derechos humanos. ¿Como cuáles? En principio, el derecho al agua: el acceso, la calidad y la cantidad suficiente que deben tener tanto familias rurales como urbanas, generalmente las más pobres. En Colombia, el acceso al agua potable alcanza en las ciudades el 97 %, pero en zonas rurales llega a ser inferior al 50 %. Hay departamentos, como el Chocó, en los que una de cada dos personas tiene agua potable en los centros urbanos, pero en el campo dos de cada tres no la tiene. “Por la minería de oro, las fuentes de agua están contaminadas con mercurio en vastas zonas del país.” También la seguridad alimentaria que, además de la afectación en términos ambientales, se deteriora por el impacto de algunos tratados de libre comercio que crean dependencia frente a los mercados internacionales. Hoy por hoy, con la subida del dólar, hay una crisis evidente en la capacidad adquisitiva de los colombianos que no pueden acceder a algunos de los productos básicos de la canasta familiar. En 2010 anotábamos que el 42.7 % de los hogares en Colombia presentaban inseguridad alimentaria, es decir, casi la mitad de la población colombiana. Hoy a esto se le suman dos factores: la externalidad, que es la divisa, y la dependencia de la importación de cereales que Colombia podría producir. El panorama es más grave aún por el deterioro de la calidad de las fuentes de agua: hay contaminación por mercurio derivada de la minería de oro en vastas zonas del país. En el Amazonas, por ejemplo, un estudio comprobó que las comunidades indígenas presentan altos niveles de mercurio en la sangre por vertimientos a cuerpos de agua. Recientemente la Corte Constitucional avanzó en la prohibición de minería en páramos porque son la fuente privilegiada del agua en Colombia, además de ser ecosistemas endémicos de solamente cuatro o cinco países en el mundo. A eso hay que sumarle la precariedad del empleo, que supera el 60 %. El Estado colombiano no tiene una política laboral: se desentiende de su responsabilidad social y se la traslada al individuo. El caso de la vivienda es grosero: no hay una política pública al respecto. Es uno de los temas en los que hay una mayor regresividad porque la especulación y la plusvalía del suelo es un monopolio, casi que una mafia, de los constructores privados. En general es un panorama de regresividad muy fuerte.
Usted es enfático al señalar que el derecho al agua está siendo vulnerado en Colombia. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Lo que está pasando en el país es que se están preservando algunas zonas que tienen una producción de agua de excelente calidad y donde intervienen las empresas multinacionales. CocaCola, por ejemplo, viene haciendo concesiones en las mejores fuentes de agua en el páramo de Chingaza, cerca de Bogotá, para venderla embotellada. “Defender el agua por encima de los intereses corporativos es un deber moral y ético.” Pero para garantizar que el agua se compre en bloque o en botella se descuida la calidad ambiental de otras fuentes de agua. Es una ecuación perversa: las empresas no se apropian solo de los huevos de oro, sino que además quieren la gallina. Se trata de un confinamiento sutil del acceso al agua. Esa tendencia a la privatización y al acaparamiento del agua está siendo un fenómeno recurrente en los países del Sur y creo que debe considerarse como una gran amenaza para los derechos humanos en general. Ahora, el lobby corporativo internacional es muy fuerte porque es más rentable vender agua que gasolina. Además, es un asunto de múltiple espectro capaz de revivir debates que se han querido evitar durante mucho tiempo: cuando se toca el tema del agua, se toca el tema de la pobreza. Por eso es tan importante hablar de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y de derechos colectivos: porque el agua no solamente es un bien común ligado a la vida humana, sino a la existencia de todo lo vivo en el planeta. Defender el agua por encima de los intereses corporativos es un deber moral y ético. ¿Cómo reacciona la sociedad civil ante esta situación? El agua es un tema que logra aglutinar sectores que tienen contradicciones fundamentales, incluso en un país tan politizado como Colombia. Esto pasa porque es un bien indispensable independientemente de si se es rico, pobre, blanco o negro. Hoy, por ejemplo, en el departamento de la Guajira, la empresa Cerrejón quiere desviar el arroyo Bruno para extraer el carbón que está debajo. Esto ha convocado la solidaridad tanto de ambientalistas y militantes por el derecho al agua como de actores de televisión y pobladores urbanos de estratos altos. Esta confluencia genera una agenda muy interesante sobre los mínimos que se deberían cumplir en materia ambiental y de derechos económicos, sociales y culturales. Más importante todavía: pone de relieve que la pobreza no es un problema de los excluidos, sino un asunto de política pública, de la concepción que el Estado tiene de lo social y de la lectura crítica que la sociedad puede hacer de los derechos. ¿Qué significa, en la práctica, ese cambio de paradigma? Significa que hay una apropiación social del derecho. La confluencia de sectores en torno al agua logra, por un lado, cohesionar socialmente a partir de la solidaridad y la defensa, en este caso, del
agua, los ríos, las lagunas… Y, por otro lado, lleva a que la gente eleve el nivel de exigibilidad en materia de derechos humanos sin que sea estigmatizada como enemiga del Estado. La Corte Constitucional no se hubiera pronunciado sobre la explotación minera en los páramos si esta amalgama de solidaridad que atraviesa todos los estratos no hubiera surtido efecto, porque los derechos dependen en gran medida de cómo la sociedad logra negociarlos con el Estado. A propósito de esa negociación, ¿cuál es la situación actual de los defensores de derechos humanos en Colombia? Ha habido un cambio en el patrón de los ataques a defensores de derechos humanos. En Colombia, históricamente se perseguía a los abogados litigantes en casos de los derechos civiles y políticos y a la oposición, hasta llegar al genocidio de la Unión Patriótica, que ya es conocido mundialmente. Pero hemos visto, no solo en el país sino en Latinoamérica, un ataque sistemático a defensores del agua, del medio ambiente y los derechos económicos, sociales y culturales. Estamos alarmados con toda la serie de amenazas y asesinatos que hay a líderes de restitución de tierras, a los garantes y defensores del agua y a quienes se oponen a operaciones inconsultas de las multinacionales en los territorios. Es una tendencia nueva que el Estado conoce, pero no ha logrado entender. “Los defensores de derechos ambientales requieren medidas de protección colectiva.” ENDA ha participado, como vocero nacional de la Plataforma de derechos humanos, en conversaciones de muy alto nivel con el ministro del Interior y el de Posconflicto. Inclusive hemos pedido cita con el presidente de la República. Consideramos que en este caso no se requieren esquemas de seguridad duros para proteger a los defensores, sino medidas de protección colectiva que permitan a las comunidades blindar sus espacios territoriales y les den plenas garantías de asociación, participación y oposición política frente a la intervención de empresas, megaproyectos o infraestructuras que impacten fuertemente su territorio. ¿Cómo se relacionan esos ataques a los defensores con el conflicto armado? El desmonte del paramilitarismo es muy cuestionable porque el fenómeno está vivo y rampante. Detrás de las empresas llegan a las regiones las amenazas, la ocupación territorial y el accionar paramilitar.
“El paramilitarismo en Colombia está vivo y rampante”: Andreiev Pinzón. Además, en el contexto del proceso de negociación de paz con las FARC hay una disputa territorial por los posibles vacíos que va a generar la eventual entrega de armas. Creemos que esta es una oportunidad para garantizar una paz sostenible y el respeto de los derechos humanos en las comunidades es clave para lograrlo. Se requiere una muy fuerte presencia del Estado en lo local, y un control matemático de las operaciones del paramilitarismo y de lo que implica su desmantelamiento en lo regional: los vínculos con la economía, el poder local y la fuerza pública. ¿Cómo están elaborando el informe sombra que van a presentar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Una de las razones de mi visita a Ginebra es precisamente comenzar los acercamientos con Naciones Unidas para precisar fechas y conocer el informe que Colombia entregó para el examen. Tenemos planteada una fase de construcción que comienza con un encuentro nacional de unas 100 organizaciones que conocen la dinámica de elaboración del informe alterno y pueden entrelazar las realidades locales con las obligaciones nacionales e internacionales del Estado. Después viene una fase de recolección de información secundaria y de análisis de la estadística oficial. “En el informe que presentaremos al Comité haremos énfasis en la relación del agua con los derechos económicos, sociales y culturales.” Posteriormente siguen los procesos locales: vamos a ir a tres regiones en donde hay casos emblemáticos de violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales, y que van a ser muy problemáticas en el posconflicto porque han sido afectadas por la guerra, las actividades extractivas, la pobreza y la contaminación: me refiero a los departamentos de Arauca, Chocó y parte del Tolima. La idea es construir el informe en respuesta a lo que reporta el Estado, claro, pero nosotros siempre vamos más allá y hacemos análisis desagregados por grupos poblacionales y por derechos.
¿Cuál va a ser el enfoque del reporte? En este informe vamos a hacer énfasis en la relación del agua con los derechos económicos, sociales y culturales. Haremos, de aquí a diciembre, un proyecto piloto en tres regiones del país para establecer la situación del agua con el fin de determinar las amenazas externas, los potenciales riesgos y los impactos en la economía campesina familiar, en el consumo de pequeños cascos municipales y en las implicaciones que tienen en la salud, educación, en la vivienda… es un reto muy importante.
BAN KI-MOON: “LAS LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SON UNA TRABA PARA EL PROGRESO” RIDH | Panorama Periodismo sobre América Latina y el sistema de derechos humanos de la ONU http://panorama.ridh.org/ban-ki-moon-las-limitaciones-a-la-libertad-de-expresion-son-una-trabapara-el-progreso/ En el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa se pronunciaron el secretario general y expertos de la ONU. La situación en América Latina es preocupante. Por: Equipo de redacción Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, declaró que los derechos humanos, el avance de las sociedades democráticas y el desarrollo sostenible “dependen de la libre circulación de la información. Y el derecho a la información depende de la libertad de prensa”. Por esa razón, Ban instó a los gobiernos, políticos, empresas y ciudadanos a “proteger e impulsar la independencia de los medios y honrar a los periodistas” quienes “arriesgan e incluso pierden la vida en el ejercicio de su profesión”.
David Kaye, Relator Especial de la ONU sobre la libertad de expresión, advirtió por su parte que la lucha contra el terrorismo puede ser “la excusa perfecta” para que gobiernos, tanto democráticos como autoritarios, restrinjan la libertad de expresión y busquen controlar el acceso a la información. “Algunos gobiernos etiquetan como ‘extremistas’ o ‘terroristas’ a periodistas, blogueros, disidentes políticos y defensores de derechos humanos”, declaró Kaye. “La libertad de expresión desempeña un papel clave en la promoción de la igualdad y en el combate de la intolerancia”, añadió antes de concluir que limitar el espacio de la libertad de prensa y expresión solo juega en favor de quienes sí promueven el terrorismo y la violencia. El Día Mundial para la Libertad de Prensa se celebra el 3 de mayo desde 1993, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas eligió esta fecha para evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo, celebrar sus principios fundamentales, defender la independencia de los medios de comunicación y rendir homenaje a los periodistas asesinados en el ejercicio de su profesión. Este año, el evento central de la conmemoración tiene lugar en Helsinki, Finlandia, en donde la periodista azerbaiyana Khadija Ismayilova, detenida desde 2014 y condenada a siete años y medio de prisión, fue elegida como ganadora del Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO-Guillermo Cano 2016.
La situación en América Latina Informes de diversas ONG dan cuenta de las violaciones de los derechos humanos de los periodistas en todo el mundo. Según un reporte publicado en diciembre pasado por Campaña Emblema de Prensa, un total de 128 periodistas fueron asesinados en 31 países durante 2015. Datos de la misma organización indican que los países más peligrosos para ejercer el periodismo son Siria, con once asesinatos de comunicadores, y México e Irán, con diez cada uno. Artículo 19, organización no gubernamental especializada en la defensa de la libertad de expresión, reportó, el pasado 25 de abril, que Francisco Pacheco Beltrán era el cuarto periodista asesinado en lo corrido de 2016 en México. En 2015, la ONG documentó 56 ataques a periodistas en el estado de Guerrero, donde fue asesinado Pacheco.
Otros informes, como los producidos por Freedom House o Reporteros sin Fronteras, coinciden en señalar el momento crítico que viven los periodistas en México y alertan respecto de la situación que los trabajadores de los medios de comunicación viven en otros países latinoamericanos como Honduras, Venezuela, Colombia y Cuba. Precisamente, esta última ONG llamó la atención con respecto al deterioro de la libertad de prensa en América Latina y lanzó una campaña, en octubre de 2015, con el fin de establecer un nuevo mandato en las Naciones Unidas: se trataría del representante especial del secretario general de la ONU para la seguridad de los periodistas. Entre las diferentes organizaciones que se han sumado a la campaña están Human Rights Watch (HRW), Committee to Protect Journalists (CPJ), James W. Foley Legacy Foundation, International Women’s Media Foundation (IWMF), World Association of Newspaper and News Publishers (Wan Ifra), United Nations Correspondents Association (UNCA) y Rory Peck Trust.
10 FRASES QUE LOS MEXICANOS USAN TODOS LOS DÍAS… Y NO SABEN QUE SON RACISTAS EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/05/20/288342/10-frases-que-los-mexicanos-usan-todos-losdias-y-no-saben-que-son-racistas/ Es un tema que a muchos mexicanos les cuesta reconocer: el país tiene un añejo problema de racismo y discriminación que no ha logrado erradicarse.
Según el gubernamental Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), seis de cada diez personas reconocen que se les insulta por el color de su piel. Además, un 40% cree que es excluido de empleos o al solicitar un servicio por el hecho de ser morenos.
Los más afectados son los pueblos indígenas, que se encuentran también en las franjas de mayor pobreza en el país. Pero, recientemente, el gobierno de Ciudad de México emprendió la campaña “Encara al Racismo”. El objetivo es fomentar la conciencia sobre “los prejuicios, estigmas y estereotipos que impiden ver el valor real de cada persona”, señala el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la capital mexicana. Sin embargo, el problema no se queda sólo en las actitudes. En su lenguaje cotidiano los mexicanos utilizan frases que en sentido estricto son discriminatorias. Y muchos, coinciden especialistas, no están conscientes de ello pues forman parte de sus conversaciones de todos los días. BBC Mundo le presenta 10 frases de uso común en México, y que contienen algunos elementos de racismo: “Cásate con un güero para mejorar la raza” En México un güero es una persona rubia o de tez blanca. Y la frase revela la creencia de que quienes son morenos pertenecen a un estrato social más bajo. Algunos historiadores ubican su origen en los tiempos de la Colonia, cuando la sociedad se dividía en castas. Los españoles peninsulares y criollos nacidos en la Nueva España se ubicaban en la escala social y económica más alta. En los museos y archivos históricos existen documentos que muestran la división de castas que existía en esa época. “Trabajo como negro para vivir como blanco” Quien menciona esta frase pretende mostrar que su jornada laboral es excesiva y que el salario obtenido es apenas suficiente para una vida modesta. Sin embargo el origen del comentario se remite a la época de la esclavitud, no sólo en México sino en el resto de América, cuando el trabajo de las personas de piel negra sostenía la economía de muchas regiones. Hace tres años, por cierto, en Uruguay surgió una campaña por internet para solicitar a la Real Academia de la Lengua Española elimine la expresión “trabajar como negro”. “Nunca falta un prietito en el arroz” La idea es evidenciar que aún en las mejores circunstancias es frecuente que algo sale mal. Pero en el origen la frase también señala que en un entorno de personas blancas desentona la presencia de un “prieto”, es decir, alguien de piel morena.
“No tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre” Es una expresión cotidiana para subrayar que la culpa por un error no es sólo de quien lo comete, sino también de quien le asignó esa responsabilidad. La frase, sin embargo, parte de la idea de que los indígenas son personas incapaces o con escasas habilidades para alguna tarea complicada. Como otras expresiones el origen se remonta a la época del dominio de los españoles en lo que hoy es México, cuando se consideraba que los pueblos originarios no formaban parte de la sociedad. De hecho durante siglos fueron asignados a la protección de “encomenderos”, personas responsables de su cuidado y seguridad pero que sólo se aprovecharon de los recursos y de su trabajo. ¡Ah, como eres indio!” Quien dice estas palabras pretende advertir a otra persona que no sea tonta, o subrayar que ha cometido un error. Pero la frase implica que los indígenas son ignorantes. Así, comparar a alguien con ellos se considera un insulto. El comentario es más frecuente en estados del norte y el occidente de México, aunque también se escucha entre personas de clase media alta o adineradas. “Se fue como las chachas” En México “chacha” es una forma despectiva de llamar a las empleadas domésticas, a quienes en muchos grupos sociales que las contratan les dicen “muchachas”. La frase se utiliza cuando alguien abandona un empleo sin avisar, o se va sin despedirse de alguna relación o encuentro. Algunos también la usan para señalar que una persona se va por la puerta trasera de un lugar, o es despedido con deshonra. En todo caso la expresión alude a una supuesta condición inferior de las trabajadoras de los hogares, quienes por lo general pertenecen a grupos con un mayor porcentaje de sangre indígena que sus patrones. “Se viste como las gatas” La expresión pretende señalar que una mujer viste ropa barata o la usa de forma que no le favorece. Pero también contiene un sentido de desprecio: en México la palabra gata es sinónimo de servidumbre, y muchos llaman así a las empleadas domésticas. La frase entonces significa que la ropa de estas personas es ridícula o de mal gusto. “Me engañaron como a un chino” Muchos la utilizan para decir que fue ingenuo o que cayó fácilmente en una trampa.
En el fondo la frase infiere que los chinos son personas a quienes fácilmente se les puede engañar. La expresión viene de los tiempos en que llegaron los primeros emigrantes de China sin hablar español, y que sufrieron abusos o engaños por parte de empleadores mexicanos. “El niño es morenito, pero está bonito” Muchos usan la frase como una broma, pero no por eso pierde su sentido original: Quien la dice lamenta que un recién nacido no tenga la piel blanca, y surge del prejuicio de que las personas morenas son feas. BBC