TEMARIO:
1. EX DETECTIVE DENUNCIA CLASES DE TORTURA EN LA ESCUELA DE INVESTIGACIONES
2. REPORTAJE DE REUTERS AFIRMA QUE "GRUPOS INDÍGENAS REBELDES AMENAZAN A LA INDUSTRIA FORESTAL CHILENA"
3. DENUNCIAN BRUTAL GOLPIZA DE CARABINEROS CONTRA MIGRANTES COLOMBIANOS
4. EL IMPRESENTABLE MENSAJE CONTRA LOS INMIGRANTES QUE CIRCULA EN EL TRANSANTIAGO
5. "LA GENTE DEMANDA CASTIGO": EL INQUIETANTE AUMENTO DE LOS LINCHAMIENTOS EN AMÉRICA LATINA
6. EL NEGOCIO DE LAS CÁRCELES PARA MIGRANTES EN EEUU
EX DETECTIVE DENUNCIA CLASES DE TORTURA EN LA ESCUELA DE INVESTIGACIONES EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/06/22/299902/ex-detective-denuncia-clases-de-tortura-en-laescuela-de-investigaciones22/ En 2015, el ex policía Ricardo Bopp Negrete decidió contar su historia a la justicia. Habló de hechos ocurridos en 1982, protagonizados por un profesor de la Escuela de Investigaciones que enseñaba a torturar y convertía a sus alumnos en verdaderos conejillos de indias.
La aplicación de corriente aparece retratada más de una vez en expedientes que recogen los horrores de la dictadura de Pinochet. Fue usada por agentes de la DINA pero también dentro de cuarteles policiales, no sólo para combatir a “subversivos”, sino a delincuentes comunes. En el proceso de la Operación Colombo, el ex agente civil de inteligencia y otrora dirigente poblacional Osvaldo Romo, habla de un grupo integrado por cuatro detectives que se hacía llamar “Los Papis”. En la década de los ’70 dicha célula interrogó a presos políticos en una parrilla, conectada a un magneto con dos cables y dos llaves simples de casa en los extremos, distribuidas en el cuerpo de los detenidos.
“Yo la vi hasta en el culo”, dijo el ex policía Carlos Larrocau cerca de Chillán cuando El Ciudadano indagaba la querella presentada por el ex detective Ricardo Bopp al ministro Mario Carroza. Ella sostiene que un instructor de la Escuela de Investigaciones de nombre Miguel Bravo Boado, tildado por sus estudiantes como “Loco Bravo”, sacaba una máquina denominada “Lora” envuelta en paños terciopelados y aplicaba electricidad a algunos aspirantes. Ricardo es hijo de Raúl Bopp Blu, un ingeniero de la Dirección de Riego de Mulchén que fue interrogado en dictadura por agentes del Centro de Inteligencia Regional (CIRE). Cuando éste murió sumido en la depresión, Ricardo ingresó a la policía civil marcado por el fallecimiento de dicho sostén familiar, sin saber que allí, en la academia que posteriormente llevaría el nombre de Arturo Alessandri, encontraría a Osvaldo Harnisch Salazar, ex miembro del ente represor que había flagelado a su padre en la Región del Biobío. Harnisch, quien participó en la desaparición forzada del militante del MIR Rudy Cárcamo, según estableció el ministro Carlos Aldana en 2010, era en ese tiempo jefe de la Segunda Compañía de la Escuela ubicada en Ñuñoa. Más abajo estaba el inspector Juan Saldías Valdés, ayudante de la CNI a cargo del curso de Bopp en la Sección “D”. Ambos superiores, y especialmente Miguel Bravo, tomaron atención cuando Bopp realizó una breve exposición de sus antecedentes personales, sin dejar de mencionar a su figura paterna. Según relata Bopp, ese día marcó el inicio de los acosos. En público, Bravo lo humillaba con castigos de tres horas frente a un muro o con golpes de regla en sus nalgas, manos o pies. No le permitía comer y lo encerraba con llave en el pañol deportivo, obligándolo a trotar de madrugada con un pie descalzo. Agrega que el maestro acostumbraba a poner en su sien, con la bala pasada, una pistola Browning de 9 milímetros y recitaba frente a todo el curso: “las armas las carga el diablo y se le disparan a los huevones”. Eso antes de enchufar la mentada “Lora” en su piel. CERRANDO HERIDAS “Creo que los alumnos destacados en el aprendizaje del correcto uso de la ‘Lora’ fueron víctimas de las malas prácticas y enseñanzas de un tipo sin apego a los valores. Pero hubo casos en que se aplicó tortura con electricidad e intencionalmente se llegó a la muerte”, destacó el ex detective Bopp en junio de 2016 cuando visitó Chile para velar a su fallecida madre. La desaparición de un delincuente apodado “El Alano” y el deceso de un sujeto llamado Anderson García Bugueño son dos casos que Bopp menciona para explicar por qué solicitó su retiro temporal voluntario de la policía en 1984, lo cual hizo tras poner en conocimiento del entonces director Fernando Paredes la vinculación de esos detenidos con la aplicación excesiva de corriente por quienes fueron sus compañeros en Calama.
Ricardo vive hace más de 20 años en Estados Unidos. Cuando finalmente concedió una entrevista, la pena lo consumía tanto como la esperanza de encontrar a alguien que valore su historia. Sabe que en el fondo muchos colegas activos y en retiro lo odiarán, y comprende que ese es el motivo por el cual muchos testigos no han querido aparecer. Aclara que no es un ataque a la institución: simplemente busca cerrar sus heridas y motivar un reconocimiento público sobre las clases de tortura impartidas en la Escuela de Investigaciones. Dice que le ha costado entender lo que él llama un manto de protección sobre la figura del “Loco Bravo”. En 1989, siete años después del egreso de Bopp, la mano de la justicia cayó sobre el instructor, aunque suavemente, cuando en un confuso incidente facilitó el arma usada en la muerte del aspirante Alberto Villagra Tapia, según documentos sumariales que El Ciudadano revisó. Quien disparó a Villagra en el tórax fue el ahijado de confirmación de Bravo, José Torres Garrido, mientras jugaba empuñando la misma Browning que es mencionada en el relato de Bopp. “Cuando le facilité el arma (guardada en una sobaquera) al aspirante Torres, yo salí de mi oficina hasta la antesala, y sin que se percatara el público que atendía procedí a sacármela del cuerpo para entregársela a él”, declaró Bravo al fiscal administrativo Renato Picero Salazar. En el mismo testimonio reconoció que “en una o dos oportunidades” le prestó su pistola a dicho estudiante para que también la usara en el polígono de tiro. La primera decisión del fiscal fue decretar varios días de permanencia en el cuartel para Bravo. Sin embargo, una supuesta anotación firmada por el director Paredes solicitó reabrir el expediente y hacer que la sanción propuesta fuera “significativamente menor”. Con ello, la carrera del controvertido tutor siguió adelante y en 1998, el subdirector de la Escuela bajo la administración que investigó el deceso del aspirante Villagra, Nelson Mery, colocó a Bravo en la Jefatura Nacional de Inteligencia, llegando éste al grado de prefecto inspector.
“En el desarrollo de las clases, (Bravo) pedía voluntarios entre los alumnos para hacer las veces de detenidos y torturadores, y en el caso que nadie quisiera participar, los obligaba… ante mi reticencia, me dijo que era un ‘comunista’, un ‘chueco’, que ‘atornillaba al revés’”, explicó Bopp en el libelo presentado al juez Carroza. Afirma que con ocasión del rechazo indicado, un grupo de alumnos dirigido por Bravo lo redujo. “Me tiraron al suelo y mientras era sujetado fuertemente por ellos me levantaron las bastillas del pantalón para colocarme entre mis calcetines y tobillos las llaves envueltas en género, las que estaban mojadas, por lo que de inmediato sentí el golpe de electricidad en mis pies, percatándome que quien movía la manivela de la ‘Lora’ era el instructor Bravo’”, aseveró. Las personas que identifica como supuestos agresores son: Hernán Urzúa Jil, Héctor Ulloa Valle, Jorge Loyola Maulén y Luis Sandoval Monteiro. Todos ellos están en retiro, aunque el último de la lista sigue trabajando para Investigaciones como “asesor”. JUEGOS DE GUERRA En mayo de 1992, el detective Juan Barja Flores se convirtió en mártir. De acuerdo a la edición especial “Héroes” de la revista institucional de la PDI, dos antisociales dispararon a Barja a escasa distancia de su casa en Recoleta. Bopp conoció a Barja como un buen policía cuando ambos eran compañeros de promoción. “Una víctima de Bravo”, enfatiza el ahora denunciante de torturas. Cuenta que poco antes de morir, Barja le confesó que la metodología usada por el instructor Miguel Bravo fue copiada por sus alumnos. Y citó un ejemplo concreto: los tormentos que él mismo infligió a un aspirante de primer año llamado Mauricio Flores Rodríguez. Gracias a la Ley de Transparencia, El Ciudadano pudo acceder a la investigación interna del incidente ocurrido en abril de 1988 y descubrir los nombres de altos oficiales de la PDI que prestaron colaboración durante el secuestro.
Una noche cuatro alumnos sacaron a Flores de su dormitorio, taparon su boca con tela adhesiva, cubrieron sus ojos con una capucha y esposaron sus manos. Fue subido a un vehículo y cambiado a otro, de ahí amarrado a una silla en una habitación e interrogado. Lo llevaron a las duchas de la escuela, lo mojaron y lo devolvieron a la sala, exhibiéndole un papel con las iniciales “F.M.R.” (Frente Manuel Rodríguez), cuya autoría nunca se aclaró. “Al llegar al lugar indicado, continúe amarrado a la misma silla y alguien me bajó los pantalones del pijama hasta la altura de los muslos, quedando al descubierto mis órganos genitales. En este sentido prosiguió el interrogatorio del mismo tenor que el anterior, recordando que alguien decía ‘habla cabro’. También escuché que alguien dijo ‘hay que traer la maquinita’”, relató Flores en su declaración.
Fue en ese instante cuando sintió “cuatro o cinco golpes de corriente eléctrica de regular intensidad en la región abdominal y antebrazo derecho”. El detective Juan Barja reconoció lo ocurrido y habló de una “clase teórico práctica” enmarcada en una operación castrense que denominó “juego de guerra” para capturar de forma encubierta a un “extremista o delincuente (de) tipo político”. Negó en todo momento la responsabilidad de mandos superiores, alegando que el subdirector de la Escuela y posterior director de la institución, Nelson Mery, desconocía la planificación del secuestro, pese a estar presente en el edificio. El alumno y ahora subprefecto Sandro Gaete, emblemático detective que realizó allanamientos en Colonia Dignidad, atestiguó en el proceso que el instructor le encargó a él “conseguir vendas, tela adhesiva y una sala con llave”.
“Fui designado como jefe del Grupo Rayo, por ser el más antiguo y estaría a cargo del material… Opté por retirarme, debido a que estimé que dicho interrogatorio nada aportaba al conocimiento de mi carrera”, señaló Gaete. Otro que aparece en el expediente es Daniel Cancino Cornejo, hijo de un ex agente de la DINA y enlace con “La Oficina” que estuvo prófugo en 2015. Quien también fue vinculado sentimentalmente a una asesora del Ministerio del Interior de Bachelet dijo que “formé parte de un grupo de trabajo, cuya misión era evitar que aspirantes de otros cursos tomaran conocimiento (de la clase)”. Participaron además los siguientes funcionarios activos: el jefe de la Prefectura Nueva Esperanza, José Cabrera, quien leyó un cuestionario a Flores pero abandonó la sala tras ver que el aspirante sufría con el contacto de los cables en su piel; el jefe de la Prefectura Metropolitana Sur, Iván Villanueva, quien rechazó ver a Flores con sus genitales expuestos en el interrogatorio; el jefe de la Bicrim San Bernando, Nelson Hermosilla, quien admitió haber mojado a Flores en el baño; y el jefe de la Prefectura de Arica, Claudio González, quien reconoció haber mentido en una cuenta escrita donde señaló que él, y no Flores, había sido el alumno torturado, ya que así Barja lo ordenó. LA TORTURA ES UN MENSAJE Para el historiador Cristian Gutiérrez, “el uso de la tortura adquiere en dictadura un carácter más sistemático y forma parte de una maquinaria que está dispuesta racionalmente para la aniquilación de un enemigo”. Gutiérrez manifestó que esa lógica sigue presente en el actuar de Fuerzas Especiales de Carabineros. “Se utiliza como un amplificador. La persona torturada transmite el miedo de la violencia, ya sea verbalmente o porque desaparece de su grupo social y comienza un trastorno de la personalidad y se sume en depresiones. El efecto social es lo paralizante del miedo”, explicó. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), lamentó que en el presente haya “poca investigación” para casos de tortura. Consultada su opinión acerca de los antecedentes ya relatados, la activista de DDHH señaló que la tortura “es condenable para todo ser humano, sea la víctima un común ciudadano o de un policía que se lo hace a otro”.
“Primero se discutió que la tortura, a estos años, era difícil de probar por daños corporales o físicos, pero los hechos hablan por sí mismos, las historias y la coincidencia de personas en su testimonio. Por lo tanto, ahora que hay muchas querellas, los jueces van a tener que aplicar con convicción lo que significa la tortura”, agregó Lira. En la causa del ex policía Ricardo Bopp, la Brigada de DDHH de la PDI no empadronó a las personas acusadas en la querella y sólo entrevistó a dos testigos: los ex detectives Ricardo Cari y Víctor Troncoso. Ambos dijeron al subcomisario Roberto Gaete que Bopp era constantemente hostigado en la Escuela y que existía el comentario general de que el instructor Miguel Bravo solía cargar una máquina de tipo magneto. Gaete luego devolvió la orden y el ministro Carroza, en base a un peritaje del SML que trató a Bopp de “obsesivo y narcisista”, cerró la investigación. Dicho informe sostiene que no se pesquisaron “elementos sugerentes de daños emocional”, pero también precisó que eso “no descarta ni confirma la ocurrencia de los hechos denunciados”. Bopp pretende reabrir su causa y ha puesto a los abogados Luis Toro y Rubén Jerez a trabajar en el caso. “Espero que el gobierno, a través de sus organismos especializados, tome mi mala experiencia vivida en la Policía de Investigaciones como una denuncia seria y que los detectives aprendan que los derechos humanos no sólo son parte de un protocolo de buenas intenciones, sino el pilar fundamental del respeto a todos los ciudadanos, sin importar su condición”, puntualizó. El Ciudadano pidió una entrevista con el ministro Mario Carroza pero no hubo respuesta.
REPORTAJE DE REUTERS AFIRMA QUE "GRUPOS INDÍGENAS REBELDES AMENAZAN A LA INDUSTRIA FORESTAL CHILENA" EL MOSTRADOR MERCADOS http://www.elmostrador.cl/mercados/2016/06/23/reportaje-de-reuters-afirma-que-gruposindigenas-rebeldes-amenazan-a-la-industria-forestal-chilena/
Un extenso reportaje de la influyente agencia de noticias Reuters afirma que el conflicto Mapuche está comenzando a golpear la economía. La nota dice que "grupos indígenas rebeldes amenazan a la industria forestal chilena". Los ataques se han hecho más frecuentes y elevan los costos operativos de las empresas, afirma Reuters, "y podrían poner en riesgo proyectos de firmas del sector forestal, que contribuye con el 10 por ciento de las exportaciones chilenas".
De acuerdo al reportaje, los daños suman $ 9.000 millones de pesos, el triple del año pasado y 13 veces más que en 2014. La principal afectada por la violencia es CMPC, controlada por el grupo Matte y Copec, parte del holding del grupo Angelini. Cabe recordar que la industria de la madera, celulosa y papel, constituye el segundo mayor sector exportador de Chile, detrás de la minería del cobre. Según la nota, el Gobierno ha tomado nota del problema y prepara medidas para frenar la escalada de estos episodios. Las fuerzas de seguridad, madereros y políticos son citados por Reuters asegurando que son dos pequeños grupos indígenas los que exigen un Estado mapuche autónomo y que culpan a las empresas forestales de causar problemas ambientales en sus tierras ancestrales. "Los sabotajes –sobre todo incendios– se multiplicaron en el último año y medio y hubo más de dos decenas de ataques en los primeros cinco meses del 2016, según el gremio de subcontratistas forestales Acoforag, responsable del 50 por ciento de la producción de madera en Chile", dice Reuters. El argumento de los grupos de indígenas que han participado en los ataques es que la introducción de pino radiata y eucalipto por parte de las forestales ha venido dañando, desde la década del 80, los ecosistemas "y dificultado la agricultura al secar la tierra y las napas". Un gerente de CMPC, que pidió no ser identificado, dijo que equipos de subcontratistas por 4.000 millones de pesos habían sido quemados deliberadamente en 19 ataques entre enero y mayo de 2016. Eso se compara con 16 ataques en todo 2015. CMPC, Arauco y Masisa –tres de las grandes empresas madereras de Chile– no quisieron hacer comentarios oficiales. El reportaje explica que alrededor de 600.000 mapuches viven en Chile, principalmente en La Araucanía y Biobío. Las autoridades señalan que el aumento de la violencia es responsabilidad de dos grupos, con unos 60 miembros en total: la Coordinadora Arauco-Malleco y el recién formado Weichan Auka Mapu – que en la lengua mapuche significa "Lucha del territorio rebelde"–. Los líderes mapuches dicen que se sienten frustrados, porque los ataques los han puesto bajo un mayor escrutinio. Las autoridades prometen más seguridad. A los pequeños grupos de policías asentados en zonas más conflictivas, se han sumado en los últimos meses destacamentos fuertemente armados y señales, a lo largo de la carretera principal de las regiones afectadas, en las cuales se advierte que la ruta es vigilada por video.
DENUNCIAN BRUTAL GOLPIZA DE CARABINEROS CONTRA MIGRANTES COLOMBIANOS EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/06/22/299896/denuncian-brutal-golpiza-de-carabineros-contramigrantes-colombianos-en-arica2016/
La “Agrupación de colombianos y migrantes unidos en Arica y Chile” ha denunciado un caso de violencia policial ocurrido en la ciudad nortina el pasado sábado 18 de junio, en el que resultaron agredidas por parte de funcionarios de Carabineros cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, tres de ellos colombianos. Amira Lecompte León, presidenta de la organización y quien ha acompañado a los afectados en el proceso de denuncia, relata que el hecho se produjo la madrugada de ese día en la población Cerro El Chuño, luego del partido de la Copa América entre Colombia con Perú. Todo comenzó a eso de las 3 de la mañana cuando frente a una discusión de una pareja formada por un colombiano y una
chilena, un vecino decidió llamar a carabineros. Al llegar al lugar, dice la dirigenta, los policías “se bajan del vehículo sin preguntar nada” y esposan al colombiano y a otro hombre de la misma nacionalidad que había intervenido para calmar la discusión. “Con las esposas puestas, (los carabineros) comenzaron a golpearlos”, explica Lecompte, frente a lo cual las parejas de ambos se fueron encima de la policía “defendiendo a sus maridos”. Amira agrega que los uniformados realizaron disparos al aire y que a uno de ellos hasta se le cayó una vainilla con 6 balas completas, la que fue guardada por los vecinos para mostrarla luego como evidencia y entregarla al Instituto de Derechos Humanos, junto con aquellas detonadas, que también -asegurafueron 6. “Hay una persona a la que le fracturaron dos costillas, a la esposa del colombiano, que es chilena, le dieron con un bolillo (luma), le hicieron un cototo bien grande en la rodilla, le partieron la cabeza; les pusieron corriente, están quemados; los lanzaron contra las puertas del vehículo”, detalla la dirigenta de los migrantes, quien suma que al ciudadano colombiano que intervino en la discusión inicial entre la pareja “lo arrastraron, estaba todo sucio” y a su señora -también originaria de ese país- “le volaron dos dientes y los que tiene delanteros -ahora que la trajimos al dentista- parece que los va a perder igual”.
Luego de eso se llevaron a los hombres a la comisaría y posteriormente a la posta. “Ahí duraron 15 minutos y se les dijo que todas las lesiones eran leves”, asegura Amira. La mañana del sábado fueron trasladados ante un tribunal en donde fueron formalizados por “agresión a carabineros”. Para describir el estado en que terminaron los detenidos, Lecompte relata que cuando estaban allí “uno de los gendarmes se dio cuenta de la condición en que venía el esposo de la chilena y lo devolvió al hospital”, por lo que debió ser formalizado el día domingo. Tras realizar una nueva constatación de lesiones -para acreditar efectivamente la pérdida de piezas dentales, la rotura de costillas y las marcas de las descargas eléctricas- los afectados interpusieron una denuncia en la PDI, acompañados de la agrupación que dirige Amira y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, sede Arica.
“El mando de Carabineros tiene la responsabilidad de evitar que situaciones se sigan produciendo” El abogado Rodolfo Noriega, presidente del Comité de refugiados peruanos en Chile y secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, se ha sumado a la denuncia pública de este hecho. Asegura que situaciones así “son reiteradas” y que si bien la institución de Carabineros no tendría esta política de abusos, el tema pasa por la responsabilidad que le cabe al no hacer frente a ellas. “Si la institución no actúa, si sigue ignorando este tipo de situaciones, tratando de exculpar a sus efectivos, lo único que va a hacer es que esta situación se generalice y Chile va a ser condenado a nivel internacional por estas prácticas”, sostiene, planteando que “el mando tiene la responsabilidad de evitar que estas situaciones se sigan produciendo”. Noriega plantea que están solicitando la intervención de parlamentarios, del ministerio del Interior y de Justicia para generar un sistema de registro de los extranjeros para que -indistintamente de su
situación migratoria, de si tienen visa o no- puedan tener una identidad que portar. “No tenemos miedo a portar una identidad ni que esta se fiscalice; el problema es que la gente carece de esta identidad y eso justifica muchos abusos”, dice el abogado, recordando, entre otros, el caso de la ciudadana peruana agredida por una carabinera en la Plaza Yungay. “Podríamos evitar esta situación o evitarla en la medida que la gente pueda tener un documento de identidad”, señala.
EL IMPRESENTABLE MENSAJE CONTRA LOS INMIGRANTES QUE CIRCULA EN EL TRANSANTIAGO
http://www.eldinamo.cl/tech/2016/06/21/el-impresentable-mensaje-contra-los-inmigrantes-quecircula-en-el-transantiago/?rel=sociales
Un usuario del Transantiago, del recorrido 423, hizo una denuncia a través de su cuenta en Facebook, tras encontrar un letrero pegado en el respaldo del asiento del bus con un mensaje en contra de los inmigrantes en nuestro país. “No puedo creer que en una ciudad tan grande y diversa como Santiago exista gente tan ignorante”, publicó junto a una fotografía del mensaje y agregó: “¿Basta de delincuencia? Sólo el 0,36% de los extranjeros residentes en Chile se ve involucrado en delitos. Los delincuentes de este país no son inmigrantes, son chilenos. Son los chilenos que se coluden para subir los precios de los medicamentos, son los que roban las pensiones de los adultos mayores, son los senadores y diputados que votan influenciados por empresas, son los que roban plata de nuestras instituciones, son los que evaden impuestos off-shore. ¡Esos son los delincuentes de este país!”. Lee la declaración completa, a continuación: http://www.eldinamo.cl/tech/2016/06/21/el-impresentable-mensaje-contra-los-inmigrantes-quecircula-en-el-transantiago/?rel=sociales
Hoy, a eso de las 6:45 p.m iba hacia mi casa en Maipú a bordo de una 423, cuando vi este papel pegado en un asiento. Se me apretó el pecho y atiné a sacarlo rápido, antes de que alguien lo viera, antes de que alguno de los 4 hombres negros que había cerca mío lo vieran. Quienes son estas personas que se sienten con la autoridad de increpar a alguien por su etnia* o estatus migratorio? No puedo creer que en una ciudad tan grande y diversa como Santiago exista gente tan ignora... Ver más
"LA GENTE DEMANDA CASTIGO": EL INQUIETANTE AUMENTO DE LOS LINCHAMIENTOS EN AMÉRICA LATINA BBC http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-36496161 El pueblo linchó a dos y el pueblo ahora no quiere hablar. Una especie de omertá recorre a la localidad de Santiago Atlatongo. Aquí nadie vio nada, había salido, trabajaba en otro lugar, justo ese día no estaba. Ese día era 24 de mayo y unas 600 personas de una población de 5.000 participaron del linchamiento de dos presuntos secuestradores, un hombre y una mujer. Ambos murieron y otro hombre resultó herido. A dos semanas del incidente, cuando BBC Mundo visitó el lugar, la desconfianza reinaba en este pueblo del municipio de Teotihuacán, una hora al norte de Ciudad de México. El delegado local me sugirió no hacer muchas preguntas. Y los pocos que se atrevieron a hablar no quisieron dar sus nombres. Antes de hacer algo así hay que pensarlo dos veces, no es fácil cargar con una cosa así, pero si reaccionamos así es porque estamos cansados" Residente de Santiago Atlatongo Me dijeron que se estaban protegiendo de represalias y que aunque el linchamiento no era justificable, era una forma de defenderse ante la falta de acción de las autoridades. Y de advertir a los delincuentes. Me explicaron que había un "código de silencio". Y me advirtieron que un hecho así se puede repetir.
Linchamientos en la región El fenómeno de los linchamientos, el acto de ejecutar a alguien por parte de una multitud y sin mediar un proceso legal, no es nuevo pero está en ascenso en México y otros países de América Latina. Aunque las cifras son por lo general difíciles de contrastar, Venezuela, sumida en una crisis económica y social sin precedentes, ha visto una cantidad récord en los últimos meses. Y Guatemala y Bolivia, históricamente, han sido dos de los países donde más común es que ocurran actos de este tipo. Linchamientos en América Latina
56 casos en México en 2015
40 promedio anual de muertos en Guatemala
37 muertos en Venezuela de enero a abril
30 promedio anual de muertos en Bolivia
Las motivos de fondo que llevan a una sociedad a tomar la justicia en sus propios manos se repiten a lo largo de los distintos países: falta de confianza en la policía y en el sistema judicial, sumada a la ineficiencia, corrupción o al poco alcance del Estado en algunas zonas. Raúl Rodríguez Guillén, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien lleva dos décadas estudiando el fenómeno en México, señala que el aumento se debe al "crecimiento sin límite de la delincuencia, la inacción y poca eficacia de la autoridad y el hartazgo de la sociedad". "Lo más grave que va sucediendo es que se va erosionando la autoridad", le dice a BBC Mundo, "y eso a largo plazo creo que es de mayor gravedad que el crecimiento de la delincuencia". La llegada del "delito amateur" En Venezuela, dos tercios de la población justifican los linchamientos, señala Roberto Briceño León, presidente de la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Quizá el caso reciente que más repercusión ha tenido fue el de Roberto Bernal, un chef de 42 años, linchado en abril en Caracas. Lo golpearon, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Bernal terminó con quemaduras de segundo grado en 70% de su cuerpo y falleció hospitalizado dos días después. Tras el incidente se supo que había sido atacado por intentar ayudar a una víctima de robo y ser confundido con un delincuente. Los rumores y los malentendidos que dan pie a estos actos de violencia en masa no son inusuales y en no pocos casos se termina castigando a inocentes.
"La gente puede no estar de acuerdo pero la necesidad de castigo en la sociedad es tan grande y la impunidad es tan sostenida en el tiempo, entonces la gente demanda castigo", explica Briceño León. "El linchamiento", apunta, "tiene un efecto catártico en la sociedad". El investigador no ve un vínculo tan directo entre los linchamientos y la situación del país, aquejado por una de las tasas de inflación más altas del mundo, la escasez de alimentos y medicinas en medio de la continua división política y social. Pero sí advierte de un aumento del "delito amateur" vinculado a la situación de escasez y de pobreza. "Entró el delincuente 'no profesional' a actuar, es el que es fácil linchar, el que no sabe robar", señala, "no tiene experiencia, no es un asesino; el otro, que es un asesino, saca una pistola y mata a los que lo intentan agredir". Cambio en la sociedad Tras un caso en la ciudad de Maracaibo, recuerda Briceño León, llegó una ambulancia pero la gente "trancó el paso para que no se llevaran a la persona y muriera ahí. Decían que si la curaban después iba a volver a vengarse". Tras entrevistar a vecinos en Caracas que participaron de un intento de linchamiento, Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), afirma que ha cambiado la mirada de parte de la sociedad. "Decían que sentían que estaban haciendo justicia porque muchos vecinos habían sido víctimas de robos. Lo interesante es que ciudadanos comunes, profesionales, realizan este tipo de actos y no sienten que cometen un delito". En este escenario, el gobierno reconoció que entre enero y abril había realizado 74 investigaciones por linchamientos, que dejaron 37 muertos y 37 lesionados. Las cifras de esos meses ya duplican lo ocurrido el año pasado. El "telón de fondo cultural" Si en el caso de Venezuela, la explosión de linchamientos se relaciona con el deterioro de la situación social y económica, en Guatemala y Bolivia el origen se encuentra más lejano en el tiempo. Se suele decir en Guatemala -que probablemente sea el país que más casos registra en América Latina- que el germen de esta práctica se encuentra en la Guerra Civil que atravesó entre 1960 y 1996. Nunca dejará de sorprenderme la indiferencia de la gente, porque al final es difícil saber dónde está la línea divisoria entre esa indiferencia y la participación" María Antonia Reyes Prado, oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala "En este fenómeno confluyen varias cosas, incluso las prácticas del conflicto armado, las secuelas, que no había ninguna justicia, que había ejecuciones arbitrarias por la sospecha de estar vinculado
a sectores insurgentes", le asegura a BBC Mundo María Antonia Reyes Prado, directora de Investigación en Derechos Humanos de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Aunque décadas atrás el fenómeno quizá estaba más extendido en comunidades indígenas, la ONU realizó en el año 2000 un estudio donde desacreditó la extendida opinión del vínculo entre linchamientos y el derecho indígena en Guatemala. En el caso de Bolivia, donde se estima que en promedio entre 25 y 30 personas mueren por linchamientos cada año, también se han vinculado ambos elementos. En el país, explica Gregorio Lanza, quien desde 2012 y hasta hace unas semanas dirigió la Unidad de Resolución de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, hay un "telón de fondo cultural" que complica las cosas. Existen comunidades de El Alto, una ciudad que forma parte del área metropolitana de La Paz, que aplican un castigo de 20 latigazos a quien vulnera los códigos y recuerda una reunión con indígenas de la Amazonía donde se quejaban de no poder aplicar ese tipo de justicia a un violador. Pero rechaza que la justicia comunitaria, reconocida en la Constitución desde 2010 y que da a los pueblos indígenas el derecho a administrar justicia según sus costumbres, haya incitado o avalado de alguna forma los linchamientos. Sin embargo, admite que "se utiliza el argumento de la justicia comunitaria para tratar de encubrir, evitar ser encontrados o que los agresores sean juzgados, pero en realidad el linchamiento como tal no existe en la justicia comunitaria". Con el correr de los años las cifras de casos en Guatemala se han mantenido constantes. En promedio 40 personas murieron anualmente en linchamientos en los últimos cinco años, de acuerdo a la ONG Grupo de Apoyo Mutuo (GAM). Datos de la ONU dicen que el promedio entre 1996 y el 2000 fue de 37 muertos. En los últimos ocho años 305 personas fallecieron en linchamientos y 1.062 resultaron heridas. La última muerte en un caso notorio se dio en octubre pasado, cuando una turba quemó vivo a un alcalde. Lorenzo Sequec se vio involucrado de forma indirecta en ese hecho. El alcalde de Concepción, Basilio Jucarán, fue linchado en represalia por un ataque contra Sequec, en el que murieron su hija y una prima. "Es muy lamentable, repudio lo que le sucedió a él, no es la forma de solucionar las diferencias", le dice a BBC Mundo Sequec había perdido las elecciones semanas antes contra Jucarán, reelecto en el cargo y contra quien había denunciado irregularidades y actos de corrupción.
Rechaza las acusaciones de haber ordenado el ataque contra el alcalde y señala que "esto pasa porque las autoridades no actúan a tiempo, lo que pasa es que las autoridades se dejan corromper". BBC Mundo intentó comunicarse con familiares de Jucarán pero no estaban dispuestos a ser entrevistados. ________________ Creciente apoyo de la población La "justicia por mano propia" recibió en 2014 el máximo nivel de apoyo de los últimos diez años de acuerdo a un estudio publicado el año pasado por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Vanderbilt (Estados Unidos). "Siento que cada vez más hay en la sociedad una capacidad de sentir empatía por estas personas que cometen un linchamiento por este grado de desesperación con respecto a la impunidad y la corrupción", le asegura a BBC Mundo Daniel Zizumbo-Colunga, investigador-asociado del Lapop y profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en México. El grado de apoyo social en una escala del 0 al 100 era de 29 puntos en 2014 y alcanzó las 32 unidades una década más tarde. ________________ Los encuestadores confundidos con secuestradores El caso que más ha sacudido a México en el último tiempo fue el de dos hermanos linchados en octubre en Ajalpan, estado de Puebla. Uno de ellos fue el de David, de 38 años, y José Copado, de 30, quienes realizaban encuestas sobre el consumo infantil de tortillas para una agencia de mercadotecnia. Tras días de rumores y comentarios en redes sociales alertando sobre la presencia de secuestradores y extraños, la ciudad estaba en alerta. Así que apenas los vieron haciendo preguntas, comenzaron a sospechar y los acusaron de haber venido para cometer un secuestro. Se les pidió que se identificaran y aun así la policía los debió resguardar en una comisaría. Ni la protección de las autoridades fue suficiente. Una turba irrumpió y se los llevó a la plaza, donde fueron quemados vivos. "Es un poco por la ignorancia, la población se deja llevar por rumores en Facebook", asegura su hermano Pablo en conversación con BBC Mundo. "La verdad es que estamos sufriendo una situación tremenda en el país", agrega, hay una mala capacitación de la policía y el gobierno no tiene autoridad sobre las personas". "Y cosas así van a seguir ocurriendo".
EL NEGOCIO DE LAS CÁRCELES PARA MIGRANTES EN EEUU EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/06/22/299892/el-negocio-de-las-carceles-para-migrantes-eneeuu243/ El 93% de las personas que están presas en Estados Unidos, cumpliendo la cantidad mínima legal que se requiere para satisfacer las leyes de violación migratoria, son internos de cárceles privadas con fines de lucro, poseídas por corporaciones que financian a importantes políticos. La cifra fue entregada por el Centro de Derechos Constitucionales de EEUU el 20 de junio, en un estudio titulado “Banking on Detention: Local Lockup Quotas and the Inmigrant Dragnet”, según reporta Eric Zuesse. Ghita Schwartz, abogada de la entidad, señaló que esta situación favorece ampliamente a aquellas dependencias que se relacionan con el mundo privado, “y el ICE (Inmigration and Customs Enforcement) colabora activamente para mantener en secreto los detalles de sus contratos”. En abril del año pasado, The Washington Post reveló que numerosos parlamentarios estadounidenses recibieron cuantiosas donaciones de empresas vinculadas al negocio de las cárceles, siendo uno de los mayores beneficiados el senador y ex precandidato republicano Marco Rubio. Sin embargo, el periódico omitió que la nominada demócrata Hillary Clinton es otra persona que se lleva parte de la torta. Así lo dio a conocer Vice News en octubre de 2015, señalando que la ex primera dama aparece bastante arriba en la lista de receptores de fondos provenientes de la Corrections Corporation of America, incluyendo en la nómina a Marco Rubio, quien los obtiene de GEO Group. Como planteara el periodista Robert M. Morgenthau en agosto de 2014, esto permitiría entender por qué EEUU mantiene detenidos a 34 mil inmigrantes con el sólo objeto de “cumplir una cuota”.