TEMARIO: 1. EL MILLONARIO SUELDO DE LA MANO DERECHA DEL DIRECTOR DE GENDARMERÍA QUE GENERA POLÉMICA EN LA INSTITUCIÓN 2. GENDARMES MOVILIZADOS AMENAZAN NO DEJAR SALIR NI REGRESAR INTERNOS 3. ORDENAN SUMARIO POR REO QUE ESTUVO PRESO POR CASI UN AÑO MÁS DE CONDENA 4. ¿QUIÉN MATÓ A EDUARDO LARA? 5. INDH CONDENA HECHOS DE VIOLENCIA EN MANIFESTACIONES DEL 21 DE MAYO 6. MARIELLA VALDÉS: “15 MINUTOS ANTES Y ÉL SE SALVABA, YO PELIÉ MÁS DE 1/2 HORA PARA QUE ME CREYERAN QUE ÉL ESTABA AHÍ” (SECRETARIA MUNICIPAL) 7. OFICIAN A MINISTRO DEL INTERIOR PARA QUE SE INVESTIGUE AGRESIÓN DE CARABINEROS A FUNCIONARIAS DEL INDH 8. LAS REDES POLÍTICAS TRAS LOS CUESTIONADOS CENTROS DEL SENAME 9. FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA RECIBIERON HERRAMIENTAS SOBRE DERECHOS HUMANOS 10. LA ONU EXIGE QUE SE INVESTIGUE AL ALTO MANDO POR LA MATANZA DE TLATLAYA
EL MILLONARIO SUELDO DE LA MANO DERECHA DEL DIRECTOR DE GENDARMERÍA QUE GENERA POLÉMICA EN LA INSTITUCIÓN EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/05/20/288441/el-millonario-sueldo-de-la-mano-derecha-deldirector-de-gendarmeria-que-genera-polemica-en-la-institucion/
Funcionarios pertenecientes a la Asociación Nacional de Suboficiales Gendarmería de Chile (ANSOG) y la Asociación de Gendarmería de Chile (AGECH) iniciaron una huelga de hambre de carácter indefinido en la Región Metropolitana para demandar mejoras laborales. La movilización ocurre en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión del director nacional Tulio Arce y su círculo de hierro. No sólo ha sido cuestionado él sino su jefe de gabinete, Patricio Torres (foto arriba), pariente de dos oficiales involucrados en una investigación que detectó faltas a la probidad y que sin embargo no fueron sancionados. Fuentes de El Ciudadano apuntaron a la abultada remuneración percibida por Torres a inicios de este año, la cual ha sido objeto de queja por funcionarios de alto rango de la institución.
Lo que genera suspicacia y polémica es el criterio usado para la concesión de asignaciones críticas a cargos sin responsabilidad de mando de línea como el de jefe de gabinete, que percibe un 39,38% de asignación, o el de inspector operativo Maurice Grimalt, con un 35,34%. Una revisión a los antecedentes de la Dotación de Planta de Gendarmería, alojados en el portal Gobierno Transparente, permite constatar que el coronel Patricio Torres, con calificación profesional de administrador público, recibió en marzo de 2016 una remuneración bruta mensualizada de $9.163.947, superior a la dieta de un parlamentario. La misma inquietud existe sobre el presunto aumento irregular de la pensión de retiro del ex oficial Patricio Campos, quien trabaja como “asesor” en el Ministerio de Justicia y goza de buenas relaciones con la titular de esa cartera, Javiera Blanco.
GENDARMES MOVILIZADOS AMENAZAN NO DEJAR SALIR NI REGRESAR INTERNOS EL PINGÜINO http://elpinguino.com/noticia/2016/05/22/gendarmes-movilizados-amenazan-no-dejar-salir-niregresar-internos De las cuatro asociaciones de gendarmes, en esta movilización se encuentra plegadas la Ansog y la Asociación de Gendarmería de Chile (Agech), donde la principal demanda es la carrera funcionaria, que los ascensos no sean por méritos, ya que indican que hay funcionarios con más de 15 años en la institución con el mismo grado. Ayer, los funcionarios de Gendarmería movilizados nuevamente, se colocaron con sus pancartas en el ingreso de la Cárcel de Punta Arenas, a la espera que se resuelvan sus demandas por el Gobierno. Entre las medidas que tomarán los dirigentes sindicales, señalaron que mañana no dejarían ingresar ni salir del recinto penal a los internos. Así lo confirmó Ronald Zúñiga, presidente regional de la Asociación Nacional de Suboficiales Gendarmería de Chile (Ansog): “Seguimos siendo desplazados por este Gobierno como institución, los derechos de los funcionarios están siendo vulnerados con esta huelga de hambre en todo el país. Nosotros no descartamos que alguno de nuestros dirigentes se sume a esta huelga de hambre en Punta Arenas. Acá en la región las primeras medidas que tomaremos son la no salida de internos a los tribunales y tampoco el ingreso a la cárcel. Si no existe solución el lunes, estas medidas se endurecerán en un paro nacional”. De las cuatro asociaciones de gendarmes, en esta movilización se encuentra plegadas la Ansog y la Asociación de Gendarmería de Chile (Agech), donde la principal demanda es la carrera funcionaria, que los ascensos no sean por méritos, ya que indican que hay funcionarios con más de 15 años en la institución con el mismo grado.
ORDENAN SUMARIO POR REO QUE ESTUVO PRESO POR CASI UN AÑO MÁS DE CONDENA EL MERCURIO
http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=254284 Denuncia surgió a la luz de nota de "El Mercurio" sobre Comisión de Libertades Condicionales de Valparaíso. Gendarmería ordenó un sumario administrativo para investigar las eventuales responsabilidades funcionarias en el caso de un reo de la cárcel de Valparaíso, que estuvo preso casi un año más del tiempo que le correspondía. Su situación quedó al descubierto cuando la comisión de jueces que resolvió las libertades condicionales revisaba su postulación. Así lo comunicó ayer dicha institución en una declaración pública en que se refirió al artículo que publicó el 15 de mayo "El Mercurio" sobre lo que sucedió al interior de la Comisión de Libertades Condicionales de Valparaíso. En el artículo se informó que la comisión había detectado cinco errores relacionados con las fechas en que debían acceder a la libertad los presos. Y que el caso más grave, según los jueces de la comisión, era el de un condenado por desacato (541 días de pena) y amenaza (61 días de prisión) que fue absuelto por el primer delito y solo debía permanecer privado de libertad durante 61 días, pero fue dejado encarcelado por casi un año. Declaración pública El comunicado de la institución señala textualmente: "Gendarmería de Chile analizó los antecedentes sobre los cinco casos aparecidos en el diario "El Mercurio" respecto del proceso de postulación a libertad condicional. Tras dicho análisis, se logró determinar que cuatro de los cinco casos conocidos por la opinión pública se ajustan a la normativa vigente. Solo en uno de los casos, en tanto, se detectó que el postulante egresó con posterioridad al tiempo que establecía la condena. Ante esta situación, Gendarmería, a través de la Dirección Regional de Valparaíso, instruyó la realización de un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades funcionarias en ese hecho. Gendarmería reitera su compromiso con la reinserción de las personas privadas de libertad, entendiendo ese objetivo como una forma concreta de aportar a la seguridad pública del país".
Consultada la institución cuál era "la normativa vigente" para calcular los plazos de los reos en prisión, no hubo respuesta. El Ministerio de Justicia, en tanto, indicó que en relación a cuatro de los casos dan el tema por superado, sin perjuicio que esperarán los resultados del sumario administrativo del último hecho. "El Mercurio" adelantó el miércoles el resultado que dio a conocer ayer Gendarmería, en una crónica donde el defensor regional porteño, Claudio Pérez, detalló la historia del hombre absuelto que estuvo casi un año preso aunque Gendarmería tenía la sentencia. En un recuadro del artículo se señala que "sobre los otros errores detectados en la Comisión de Libertades Condicionales, trascendió en Gendarmería que habrían fundamentado las salidas supuestamente atrasadas señalando que calcularon las fechas de cumplimiento de la pena de modo distinto al que lo hizo la comisión. Pero no habría explicación aún para el caso de Hernández Díaz". Los otros hechos detectados por la comisión -e informados por "El Mercurio"- aludían a un reo que cumplió el 22 de febrero y lo pusieron en libertad el 26 de abril; otro que terminaba el 18 de abril y lo egresaron el 21, uno que cumplía el 3 de abril y lo egresaron el 11, y otro que cumplía el 15 de abril y lo egresaron el 18. Según trascendió, en uno de ellos la explicación fue que "el decreto de reducción de condena les había llegado tarde". Ministerio Sobre cuatro casos, Justicia da por superado el tema, en espera del sumario.
¿QUIÉN MATÓ A EDUARDO LARA? EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/05/23/288981/quien-mato-a-eduardo-lara/
La principal conclusión ciudadana tras la cuenta pública que este 21 de mayo rindió la Presidenta de la República frente al Congreso Pleno, no hay que buscarla en su discurso de una hora y media. Ni siquiera hay que buscarla en las reacciones posteriores verbalizadas por sus adherentes y detractores. Tampoco es aquella que asegura que la cuenta pública y la conmemoración de las Glorias Navales deben diferirse. Por desgracia, tal como en su versión anterior, este año las palabras de la Mandataria también se las llevará el viento. Igual que en 2015, otro hecho desafortunado desplazó de su centro la atención mediática sobre aquello que debiese ser lo fundamental, como es el mensaje que la primera autoridad dirige a la Nación, dando cuenta del estado de la marcha del país y sus proyecciones El 21 de mayo de 2015 la alevosa agresión sufrida por el estudiante universitario Rodrigo Avilés, a manos de un pitonero del guanaco de Carabineros, en avenida Pedro Montt, en pleno centro de Valparaíso, se convirtió en la única imagen que se recuerda de esa jornada, tanto en el Salón de Honor del Congreso, como en las calles porteñas. Este 21 de mayo, la muerte de Eduardo Lara ocupará en la memoria colectiva el espacio destinado a las desgracias porteñas. Su deceso no hará olvidar la casi muerte de Rodrigo Avilés, un año antes, sobre la misma avenida; por el contrario, ella se sumará a ese sino trágico de una ciudad fatalizada por el abandono y la indiferencia del centralismo, que año a año, cada 21 de mayo, va sirviendo de escenario a la ira desatada de quienes sienten que el sistema, el maldito sistema, los excluyó de toda oportunidad. Un sábado infeliz, este 21 de mayo, que ya a las seis y media de la mañana anunciaba la desgracia. A esa hora, un repentino aguacero se dejaba caer sobre la ciudad sitiada desde la noche anterior por un inusitado cerco de seguridad policial. Una seguridad desplegada no para proteger a los ciudadanos, sino a las visitas, empezando por la Presidenta Bachelet. El diluvio de la madrugada hacía presagiar algo terrible. Eduardo lo presintió. Antes de salir de su casa le advirtió su preocupación a su familia. Temía que pudiese suceder algo malo. Y sucedió. Por desgracia, Eduardo no alcanzó a darse cuenta que tras el furioso aguacero, la ciudad volvió a brillar bajo el sol radiante del otoño. Tras los graves incidentes que incluyeron el atentado incendiario contra la farmacia Ahumada ubicada en las esquina de avenida Pedro Montt con Las Heras, en los bajos del edificio del concejo municipal, donde Eduardo encontró la muerte en su puesto de trabajo como guardia, la policía detuvo a 37 personas, de las cuales 24 fueron formalizadas por la fiscalía, la que decretó su libertad, dejando solo a un estudiante de 24 años con arresto domiciliario nocturno. ¿Quién mató a Eduardo Lara? No obstante la nitidez y elocuencia de las imágenes proporcionadas por la televisión, así como las capturadas por una cincuentena de reporteros gráficos, aún no es posible determinar quién inició el incendio de la farmacia Ahumada, ni cómo se expandieron el fuego y el humo que hizo colapsar el tercer piso del inmueble donde Eduardo luchaba por su vida, cuidando los secretos del concejo municipal. A contar de ahora será el Ministerio Público el que realice la investigación que dé con los responsables del atentado que acabó con la vida de un inocente trabajador, un chileno que a sus 71
años aún debía trabajar para llevar dinero a su casa, mientras sus pares europeos a esa misma edad, suelen llegar como turistas a Valparaíso.
Edificio donde funcionaba el Concejo Municipal de Valparaíso, en Pedro Montt esquina Las Heras.
A Eduardo no lo mató solo el humo del incendio, ni el ‘terrorismo urbano’, ni la falta de coordinación logística del aparato municipal, que no supo discernir si él estaba o no en el interior del edificio siniestrado; a Eduardo lo mató el sistema. Es el vergonzoso e insostenible sistema de distribución de la riqueza el que destruye la justicia. Sin justicia no hay democracia posible. Es la injusticia la que está destruyendo la democracia, la precaria y tutelada democracia, hecha de más quebrantos que de aciertos en estos últimos 26 años, donde la desigualdad ha modelado la vida de la mayor parte de los chilenos. La delincuencia es el resultado, no la causa. Asegurar, como lo hicieron ministros y parlamentarios en la escalinatas del Congreso, una vez conocida la muerte de Eduardo, en el sentido de que las manifestaciones que desencadenaron el incendio de la farmacia, no eran genuina expresión de descontento político, sino solo delincuencia, y de paso, homologando toda disidencia a acciones vandálicas, es reduccionista. Ello es la forma más simplona de entender la realidad, de aproximarse a ella. Asegurar que detrás de la mano que lanza una bomba incendiaria solo se oculta el deseo de destruir la propiedad privada, es evadir el fondo del problema. Quien lanza una bomba incendiaria, o se enfrenta con la policía, es una persona frustrada, alguien que ha sido derrotado por las reglas del mercado, que se resiste a sus designios; alguien que se siente llamado a derrotar a ese Goliat que lo abusa. El o los que incendiaron la farmacia el sábado, no buscaban asesinar a un trabajador, que no tenían cómo saber que estaba en los altos del edificio; su rabia estaba dirigida contra la colusión de las farmacias, contra los abusos hacia los enfermos.
Este fenómeno de la ‘delincuencia’ es propio de los pueblos oprimidos, de las sociedades fundadas en la desigualdad y la injusticia; es inherente a los pueblos subdesarrollados y empobrecidos. ¿Acaso este ‘vandalismo’ se da en Luxemburgo, o en Suiza? En ese tipo de sociedad desarrollada, sépanlo señores del establishment, el chancho está mejor pelado. Por esos lares, la cosa es más o menos así: no hay pobreza porque gracias a la buena y oportuna educación, sus habitantes acceden a niveles de desarrollo igualitario; y, tome señor senador Espina, por las Europas, fíjese, les ha dado por cerrar cárceles, porque, según se han percatado, la delincuencia ha disminuido al mínimo, tanto, que ya nadie quiere estar preso. Antes de afanarse en la misma obstinación de don Otto, de echarle la culpa al sofá, insistiendo en la idea de cambiar la fecha y el lugar de la cuenta pública presidencial, lo que las autoridades debiesen hacer con urgencia es asumir que el sistema de distribución del ingreso colapsó, que ya no es posible perseverar en la doctrina que las leyes del mercado son suficientes para modelar la sociedad; no solo de pan vive el hombre; también vive de valores y subjetividades; de sentimientos y esperanzas… A través de unas palabras que tal vez pasaron desapercibidas, y sin imaginar que mientras ella hablaba en el Congreso, la vida de Eduardo se extinguía a ocho cuadras de ahí, la propia Presidenta Bachelet esbozó en su discurso su preocupación por lo que está sucediendo en Chile: “Si no hacemos los cambios todos juntos y ahora, las tensiones y obstáculos crecerán y frustraremos nuestra oportunidad de progreso”.
INDH CONDENA HECHOS DE VIOLENCIA EN MANIFESTACIONES DEL 21 DE MAYO EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/22/indh-condena-hechos-de-violencia-enmanifestaciones-del-21-de-mayo/
"Nos parece lamentable que haya personas que bajo el pretexto de manifestarse públicamente cometan actos delictivos, esta vez con consecuencias trágicas como la muerte de un trabajador”, dijo la directora Lorena Fries. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, condenó los hechos de violencia ocurridos este 21 de mayo en Valparaíso, en medio de las manifestaciones simultáneas a la cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet. “Quiero expresar mi más enérgico y rotundo rechazo a los actos violentos que hemos visto en Valparaíso. Nos parece lamentable que haya personas que bajo el pretexto de manifestarse públicamente cometan actos delictivos, esta vez con consecuencias trágicas como la muerte de un trabajador”, dijo. Agregó que "las personas tienen derecho a manifestarse y eso está garantizado por las leyes y por los tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo estos mismos instrumentos señalan que estas manifestaciones deben ser pacíficas. No existe justificación alguna para un hecho como este, que no sólo atenta contra la vida de una persona, lo que es gravísimo, sino que además termina dañando la imagen de agrupaciones y personas individuales que legítimamente buscan expresarse”. Fries también manifestó que la muerte del trabajador debe ser oportunamente investigada, para que se establezcan responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan. De paso, recordó las palabras del Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Maina Kiai, quien visitó Chile en septiembre del año pasado y expresó su preocupación por la dificultad para enfrentar la violencia en las manifestaciones. “Estos elementos violentos se deberían aislar de la protesta y ser tratados acorde al estado de derecho. De hecho, el fracaso persistente en lidiar con estas pocas personas violentas plantea interrogantes acerca de las razones de la inacción de parte de la policía debido a que estos manifestantes violentos perjudican la imagen y la eficacia de las manifestaciones públicas”, señaló Maina Kiai en un comunicado al finalizar su visita en 2015. http://www.radiovillafrancia.cl/mariella-valdes-15-minutos-antes-y-el-se-salvaba-yo-pelie-masde-12-hora-para-que-me-creyeran-que-el-estaba-ahi
MARIELLA VALDÉS: “15 MINUTOS ANTES Y ÉL SE SALVABA, YO PELIÉ MÁS DE 1/2 HORA PARA QUE ME CREYERAN QUE ÉL ESTABA AHÍ” RADIO VILLA FRANCIA http://www.radiovillafrancia.cl/mariella-valdes-15-minutos-antes-y-el-se-salvaba-yo-pelie-masde-12-hora-para-que-me-creyeran-que-el-estaba-ahi Mariella Valdés es la Secretaria del Concejo Municipal de Valparaíso y esta mañana, al enterarse que había un incendio en el edificio de calle Las Heras con Avenida Pedro Montt, pensó en Eduardo Lara (72), quien trabajaba hace más de 10 años como guardia municipal del inmueble en donde precisamente funcionaba el Concejo Municipal y donde también tenían sus oficinas algunos concejales.
Saber que don Eduardo podía estar en peligro, le provocó una desesperación que le hizo correr hasta el lugar. Allí constató que nadie se había percatado que don Eduardo estaba aún en el edificio. Según su relato, fue en ese momento cuando comenzó a discutir con gente en el exterior. Bomberos le dijo que las autoridades municipales habían asegurado que el edificio estaba deshabitado, a lo que ella replicó que no era cierto, que don Eduardo estaba ahí. Finalmente Bomberos, en un acto heroico, logró rescatar a Eduardo, pero fue tarde, lo ocurrido en esas horas se transformó en una tragedia. Transcurridas unas horas desde el fallecimiento del trabajador, Mariella, aun con la voz quebrada, decidió conceder una entrevista a Radio Villa Francia. A continuación se entrega su relato íntegro: El relato de Mariella:
“El día anterior, me avisaron del departamento de logística que el 21 de mayo iban a estar cerradas esas dependencias, que se quedarían tres guardias en el interior, para cuidar y que el edificio estaría cerrado, que taparían las ventanas con madera para que no quebraran los vidrios y que ningún funcionario municipal podía entrar. Yo vivo en un edificio en la Avenida Alemania y desde ahí se veía el humo del incendio, bajé para saber lo que estaba pasando y un compañero me avisó que se estaba quemando nuestro edificio. Yo sabía que don Eduardo estaba ahí porque le tocaba el turno de la mañana, comencé a llamarlo al citófono pero no me respondió, entonces me fui corriendo hasta Las Heras. Cuando llegué me encontré con que estaba todo el mundo ahí, bomberos, la Onemi y los funcionarios municipales. Comencé a gritar y a decirles que don Eduardo estaba adentro pero nadie me hacía caso, todos los municipales me escuchaban y miraban como si estuviera loca.
Estuve media hora gritando, pidiéndoles que entraran a sacar a don Eduardo, pero bomberos y la gente de la Onemi me decían que el encargado de seguridad del municipio había informado que el edificio estaba vacío. Delante de ellos llamé al departamento de logística y la persona que me respondió dijo que don Eduardo se había contactado hace unas horas para informar que había humo y que ellos le dijeron que esperara a que llegara personal municipal y se fuera para la casa, si hubiera salido, estaría aquí con nosotros les dije y ahí recién me creyeron. Entraron los bomberos y lo encontraron tirado, ahogado con el humo, todavía estaba con vida pero murió camino al hospital, me dijeron que si lo hubieran sacado quince minutos antes se habría salvado, yo estuve media hora peleando para que lo fueran a ver. Primero no quise hablar, pero cuando comencé a escuchar a todo el mundo dando entrevistas y culpando al lumpen por lo que había pasado no aguanté. Efectivamente, Mariella se acercó -a eso de las 14:59 horas- a un periodista de Chilevisión y dio su versión de los hechos, el que quedó registrado en cámara (ver video). Pero en esta entrevista quiso precisar hechos y descargar su impotencia. Lo de la quema del edificio es una cosa, es un acto criminal que hay que perseguir, pero la muerte de don Eduardo tiene que ver con la negligencia que hay en el municipio, con la anarquía que hay en la municipalidad. ¿Cómo es posible que el encargado de emergencia, Ricardo Álvarez, no haya sabido que había un trabajador adentro? ¿Cómo es posible que el encargado de logística Roberto Torres, tampoco lo supiera? Yo no era la encargada de la seguridad, no sabía a quienes habían designado para quedarse cuidando, pero sí tenía claro que a don Eduardo le tocaba el turno del sábado, de 07:00 a 14:00 horas, él no era un funcionario externo, estaba contratado por el municipio y llevaba muchos años trabajando con nosotros. Era una persona muy responsable y comprometida, si le daban una orden se aseguraba de cumplirla a cabalidad. Me preguntas por qué no se comunicó con alguien más y la respuesta es que era una persona muy humilde, que no tenía ni teléfono y la municipalidad tampoco se preocupa de las medidas de seguridad de los trabajadores, no hay cámaras, no les pasa teléfonos ni radios. La única forma que don Eduardo tenía de comunicarse con alguien era a través de un citófono que hay en el edifico y que conecta con las oficinas de logística que están en Avenida Argentina y Avenida Condell, y que fue el que usó para avisar que había humo; los bomberos me dijeron que temprano la gente había visto a una persona con una bandera en la ventana pidiendo ayuda, pero que pensaron que ya había salido, porque el encargado de seguridad del municipio dijo que no quedaba nadie adentro. Hay más de mil quinientos funcionarios municipales que trabajan a lo largo de toda la comuna, cuarenta en el edificio que se quemó y todos están a mi cargo, soy abogada y la secretaria municipal. Llevo mucho tiempo insistiendo y denunciando que los funcionarios están en peligro porque no se trabaja con medidas de seguridad, he ido a las reuniones del consejo a exponerlo, está todo gravado, les dije que si no se hacía algo iba a terminar muerto algún trabajador, se los advertí. A principios del año pasado se metieron a robar a esas mismas oficinas, justo el día en que el encargado de logística y el encargado del departamento de Administración y Finanzas, Carlos Soto, que también dirige logística, decidieron que no hubiera guardias por esa noche porque había un
desorden financiero. Se robaron los computadores y registraron toda la oficina y nunca se supo quién fue porque no había cámaras y hasta el día de hoy no las hay, no hay forma de saber lo que está ocurriendo adentro. Hace un rato me llegó una carta de la dirección del trabajo, citándome junto a otros funcionarios, guardias incluidos y a la fiscal municipal, para que vayamos a medio día a entregar antecedentes sobre las condiciones de seguridad en las que se trabaja, tenía que pasar esto para que por fin alguien se preocupara de los trabajadores, me alegra que la dirección del trabajo haya reaccionado.
OFICIAN A MINISTRO DEL INTERIOR PARA QUE SE INVESTIGUE AGRESIÓN DE CARABINEROS A FUNCIONARIAS DEL INDH EL CIUDADANO
El Vicepresidente de la Cámara de Diputados, Marcos Espinosa, ofició al Ministro del Interior, Jorge Burgos, para que se investigue la agresión de la que fueron víctimas dos funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la ciudad de Antofagasta, el pasado 13 de mayo. De acuerdo al relato de las profesionales, ambas fueron en calidad de veedoras a la manifestación convocada por organizaciones sociales a favor de las demandas de los pescadores del sur de Chile afectados por la marea roja. El oficio enviado por el diputado Espinosa al Gobierno detalla que fue en ese contexto y “en cumplimiento de sus funciones profesionales, y en el marco del mandato otorgado por la ley al INDH, que dos funcionarias de la oficina regional de Antofagasta se constituyeron en la 3ª Comisaría de la misma ciudad, con el objeto de verificar el estado de las personas detenidas. En el lugar antes mencionado, fueron detenidas ilegalmente y agredidas por funcionarios de Carabineros de Chile, a pesar de que estaban debidamente identificadas y siguiendo los protocolos establecidos para el ejercicio de sus funciones”. El objetivo de este oficio es que el Ministerio del Interior instruya a Carabineros realizar una profunda investigación interna, que determine los hechos y se sancione a los responsables, porque
a juicio del diputado Espinosa, representante de la región de Antofagasta, “se trata de una evidente vulneración de derechos y se pasa a llevar a funcionarias amparadas en su labor por nuestra legislación”. Fuente: pjud.cl
LAS REDES POLÍTICAS TRAS LOS CUESTIONADOS CENTROS DEL SENAME EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/23/las-redes-politicas-tras-los-cuestionadoscentros-del-sename/
La muerte de Lissette motivó que la Cámara de Diputados volviera a poner sus ojos sobre el Servicio Nacional de Menores. Hace unas semanas, se creó la Comisión Sename 2, que –entre otras tareas– revisará los subsidios que entrega el servicio a los centros que casi en su totalidad son privados. Un informe de Contraloría del año pasado, da cuenta de las irregularidades y negligencias que aún persisten en estos. A pesar del último anuncio presidencial sobre reformular el Sename, los cuestionamientos apuntan a que existe un círculo continuo de ineficiencia, donde el cuoteo político impide avances. El diputado René Saffirio (DC) –uno de los impulsores de la Comisión Investigadora Sename 2–, revela una historia que podría graficar aspectos importantes de la forma en que ha operado el sistema de protección de los niños vulnerables en Chile:
“Cuando solicité las firmas que se necesitaban para la creación de esta nueva comisión investigadora, la mayoría de los diputados de mi partido se negaron. ¿Quiere saber la razón?", dice indignado y acto seguido explica: "Consideraban que era negar la posibilidad de una próxima candidatura parlamentaria de la ex directora del organismo, Marcela Labraña (DC). ¡Mayoritariamente mi bancada puso el interés de una militante por sobre la preocupación de los niños y niñas del Sename! Esa nunca puede ser la forma en que un partido aborde una política pública”. Para Saffirio, lo mismo que para los trabajadores del organismo, que el servicio se transformara en un rincón acomodado para algún partido del Gobierno de turno, ha sido uno de los escollos principales para lograr que cumpla el objetivo para el que fue levantado. Cuando a Marcela Labraña le pidieron dejar su puesto –después de sus desafortunadas declaraciones tras la muerte de Lissette en uno de los centros del Sename–, el equipo que la apoyaba –la mayoría vinculado a la DC– continuó en sus puestos: Hugo Herrera, actual director, abogado, fue jefe de gabinete de Marcela Labraña por 20 meses y, antes de sucederla en su cargo, fue Jefe del Departamento de Justicia Juvenil; Camila Avilés, enfermera, se ha desempeñado como asesora del director(a) desde que ingresó al servicio el 31 de marzo de 2014; María Gabriela Pinochet, abogada, sigue siendo asesora; Patricio Mercado Covarrubias es asesor y, aunque estudió Administración Pública, no se tituló. Todos ganan entre $2.900.000 y $4.294.904 brutos mensuales (contando bonos y asignaciones). El único que dejó su puesto junto con Labraña fue Gabriel Madrid Gutiérrez, quien desde diciembre era jefe de Gabinete de la cuestionada directora. La crítica de Saffirio es directa: “El Sename es una parcela que ha sido entregada a la DC y el trabajo se ha hecho mal”. Lo mismo piensan los trabajadores del organismo, quienes tienen que lidiar día a día con las deficiencias y la precariedad. Bernardo Neira, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sename, cree que hay un monopolio en cuanto al posicionamiento real de la DC en todos los puestos en el Sename: “Estamos hablando de su dirección nacional, sus asesores directos, de los directores de la mayoría de los centros a nivel del país. También hay que mencionar que en algunas regiones importantes hay fuerte influencia de los diputados para que se coloquen militantes del partido en las direcciones regionales del Sename. Hay un monopolio de un partido y el servicio ha entrado en la lógica del cuoteo político. Por supuesto que esto redunda en los cambios, avances, en las contrataciones, en mejorar el servicio, finalmente”, señala Bernardo. Una oferta privada La ley 20.032 es la que establece el sistema de atención a través de la red de organismos colaboradores del Sename y su régimen de subvención. La oferta es amplia y, de estos, 282 se dedican al área de protección con programas ambulatorios o residencias (centros). Más del 90% corresponde a organismos privados. En algunos directorios de las fundaciones que reciben las subvenciones más importantes se pueden leer los nombres de emblemáticas figuras de la Concertación.
Entre las fundaciones que más subvención reciben está Mi Casa. Según el presupuesto 2015, esa institución recibió $6.828.367.891. Entre sus directores están María Josefina Bilbao, ex ministra del Sernam cercana a la DC; Enrique Correa, reconocido lobbista que fue DC y Mapu; Loreto Ditzel, DC cercana a Soledad Alvear, quien era jefa de Protección del Sename cuando estalló el caso Spiniak. En tanto, la gerenta general es Delia del Gatto, quien a un mes de dejar la dirección del Sename, en mayo de 2006, llegó a ocupar ese cargo. Otra de las fundaciones que cuenta con importantes recursos desde el Sename es León Bloy, que el año pasado recibió más de $2.900.000.000. Entre los directores figura el abogado Juan Alberto Rabah Cahbar. Rabah iba a ser director ejecutivo del Instituto de Estudios Religiosos de la Universidad Miguel de Cervantes –donde es rector Gutenberg Martínez–, pero el centro no prosperó. Rabah en cambio sí fue uno de los siete directores del Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH), el desaparecido think thank de la falange. A pesar de esto, Rabah dice que asociarlo con alguna vinculación partidista es mezclar peras con manzanas. “Yo nunca he tenido ningún vínculo con la DC”, afirma. Mucho más abajo en la lista de quienes reciben mayores subsidios, está la Fundación Rodelillo, que en 2015 recibió $126.086.520. En su directorio, también aparecen nombres vinculados a la DC, como Tomás Walker Prieto (secretario). Entre los nombres de las instituciones que reciben dinero de subvenciones del Sename están también diversos organismos cristianos y católicos, desde algunos que dependen de congregaciones hasta otros relacionados con obispados. El año 2013 y después que se conociera el Informe Jeldres –un documento del Poder Judicial y Unicef que revelaba la situación de los niños en residencias del Sename–, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, fue llamado a declarar a la Comisión Investigadora Sename 1. Las acusaciones que cayeron en ese minuto sobre las residencias enfurecieron al sacerdote. “Un 40 a 45 % de los menores que declaran en el llamado Informe Jeldres, decían haber sido abusados sexualmente en centros ligados a la Iglesia”, señaló entonces quien presidía la comisión, René Saffirio. Bernardo Neira, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sename, cree que hay un monopolio en cuanto al posicionamiento real de la DC en todos los puestos en el Sename: “Estamos hablando de su dirección nacional, sus asesores directos, de los directores de la mayoría de los centros a nivel del país. También hay que mencionar que en algunas regiones importantes hay fuerte influencia de los diputados para que se coloquen militantes del partido en las direcciones regionales del Sename". Después de haberse negado a la primera invitación, Ezzati sí asistió a la segunda invitación de la comisión. Dijo desconocer las cifras mencionadas y emplazó al diputado Saffirio a aclararlas. Si bien no se trata de fundaciones que dependan de la Arquidiócesis de Santiago propiamente tal, el hecho de que se trate de fundaciones ligadas a congregaciones hacía necesario algún tipo de declaración por parte de esa institución. Para este reportaje, el Arzobispado de Santiago tampoco quiso referirse al tema.
Del Sename a los municipios La Ley 20.032 indica también que el Servicio Nacional de Menores puede subvencionar, entre otras, las actividades de colaboradores acreditados relativas a Oficinas de Protección de Derechos, OPD, que tienen regímenes de codependencia respecto del Sename y el municipio del cual son parte. Para transferir las subvenciones, el Sename llama a concurso de proyectos relativos a sus distintas líneas de acción. Luego deben quedar definidos los montos a depositar, los plazos de duración de los convenios, los objetivos específicos y resultados esperados por los proyectos presentados por los colaboradores, entre otros. Los convenios tienen plazos máximos de duración de 3 años en el caso de las OPD y Diagnósticos, y 5 años para Centros Residenciales y Programas. Las OPD fueron puestas en marcha en el año 2001. En 2014 había 125 en todo el país y año a año aumentan. Encargadas de ejecutar políticas locales de protección de la infancia, atienden ambulatoriamente a niños, niñas y adolescentes entregando orientación y apoyo psicológico, social y legal a los menores y sus familias, en coordinación con las escuelas, consultorios, organizaciones comunitarias, policías, fiscalías, etc. Las oficinas tienen doble dependencia respecto del Sename y los municipios de los cuales son parte, así, reciben dinero de ambos en distintas proporciones. Fondos que son destinados a la realización de los programas por los que se ganaron la licitación y todo lo que ellos implican, entre otros aspectos, los sueldos de los funcionarios empleados por la municipalidad para ejecutar los proyectos. Una de las principales críticas sobre estas oficinas, es que el dinero del Sename ingresa y muchas veces los alcaldes ejecutan los proyectos como si se tratara de un “dinero de libre disposición. Hay comunas donde esa plata puede ser utilizada también para seguridad ciudadana”, señala una concejala de una comuna del sur de Santiago. La normativa vigente dispone que cada colaborador acreditado debe mantener una cuenta corriente exclusiva por proyecto, a su nombre y asociada al Rut del mismo. Es decir, las subvenciones del Sename deben entrar a cuentas diferenciadas de las que el municipio tenga para donaciones, aportes propios y otros. “No hay contratos, todos los trabajadores de las OPD son a honorarios, terminas siendo un funcionario municipal”, cuenta un ex trabajador de la red de colaboradores de Puente Alto en la época en que Manuel José Ossandón era alcalde de la comuna, y agrega que el municipio selecciona a todos los trabajadores en un proceso en que el Sename no tiene participación. “Los equipos de las OPD hacen una evaluación anual, pero son datos que están súper manejados”, explica el ex funcionario. En el caso de Puente Alto, relata, se ocupaba la OPD para promocionar los lineamientos valóricos del municipio. Luego, asegura que la presencia de carteles con publicidad religiosa o contra el aborto eran recurrentes en las oficinas que día a día eran concurridas por niños y adolescentes vulnerados en sus derechos. “A los trabajadores nos invitaban a participar de las campañas electorales. Nos decían que sabían dónde estábamos inscritos para votar, que nos tenían monitoreados y que teníamos que reflexionar sobre quién nos daba trabajo y cambiarnos de registro. Era el último período de Ossandón, que iba a ser senador y después Presidente, decían, y querían que le hiciéramos campaña a Codina”, detalla
el ex funcionario de Puente Alto y concluye agregando que en reiteradas ocasiones les dijeron que “Ossandón es muy generoso de tenerlos acá y deberían colaborar con la continuidad del proyecto, ayudando a Codina. Te meten en un rollo político súper heavy”. Christian Arzola, encargado actual del Departamento de Familia de la municipalidad de Puente Alto, explica que la OPD de esa comuna comenzó a funcionar en 2004 y tiene 18 trabajadores. Los fondos transferidos por el Sename, dice, se destinan al pago de honorarios del equipo y sus traslados, y el resto de los ingresos de la oficina son aportes municipales. Arzola agrega que los trabajadores de la OPD son funcionarios municipales, ya que es el municipio el ente encargado de ejecutar el proyecto. Además agrega que sólo realizan las funciones para las cuales se les contrata. “Dentro de nuestras funciones no está hacer campañas políticas, que no es propio de la labor municipal, lo que está sancionado por la normativa vigente”, dice y agrega que cualquier funcionario que quiera participar de actividades políticas debe hacerlo fuera de su horario de trabajo y sin destinar recursos municipales a ello. Asegura también que nunca se les ha solicitado a los empleados de la oficina de Puente Alto trabajar por un candidato. El encargado del Departamento de Familia explica también que los funcionarios de la OPD trabajan a honorarios, “ya que la planta municipal es reducida” y agrega que es la misma realidad de todos los organismos del Estado, donde “más del 80% de los trabajadores son a honorarios”. Consultado sobre el cumplimiento de la normativa que establece que los colabores del Sename deben tener una cuenta corriente única para que el servicio les traspase las subvenciones, Arzola explica que las OPD “están obligadas, según bases técnicas y convenio con Sename, a contar con una cuenta corriente exclusiva para el manejo de los fondos, lo cual se cumple según el convenio vigente”. Al codepender del Sename y las municipalidades, el color político de la alcaldía no es un dato menor. De la lista de municipalidades asociadas a la red de colaboradores del Sename a lo largo de todo Chile, actualmente 37 están en manos de alcaldes democratacristianos, 19 RN, 20 PPD, 18 UDI y el mismo número de socialistas. 11 radicales, 4 militantes del PRO, 4 comunistas, 1 alcalde del MAS, otro de Evópoli y un regionalista, sumados a los 49 municipios encabezados por jefes comunales independientes simpatizantes de distintas tendencias, reciben dinero del Sename en sus cajas todos los años. De acuerdo al listado de traspasos hechos por el Sename a sus organismos colaboradores entre enero y diciembre de 2015, revisado por la Contraloría General de la República y disponible en la página web del servicio, la municipalidad a la cual se destinaron más aportes en ese período fue La Granja. Con más de 130 mil habitantes, recibió $478.864.947. En segundo lugar, con $260.918.127 transferidos y una población de más de 209 mil personas, aparece La Pintana. Las primeras comunas son seguidas por Calbuco, con $206.111.042; Collipulli, con $190.315.917; Lebu y Angol, ambas con más de $180 millones; Valdivia y Punta Arenas, con alrededor de $180 millones y $170 millones, respectivamente. El alcalde de Calbuco es el Radical Raúl Cárdenas; el de Collipulli, el socialista Leopoldo Rosales; el de Lebu, el falangista –hasta 2006– Cristián Peña; el de Angol, el DC Obdulio Valdebenito; el de
Valdivia, el independiente pro Chile Vamos, Omar Sabat; y el de Punta Arenas, el PPD Emilio Boccazzi. El alcalde de La Granja, Felipe Delpín, es democratacristiano. Jaime Pavéz, el jefe comunal de La Pintana, milita en el PPD. El Sename según Contraloría El 2 de diciembre de 2015 la división de Auditoría Administrativa de la Contraloría General de la República remitió a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, el informe final de la auditoría que practicó a los centros colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename) y su régimen de subvención. De los 326 centros habilitados cooperadores de la función del Sename, 89 fueron seleccionados para la auditoría que consideró la totalidad de los fondos recibidos por esos recintos en 2013. El programa de auditoría de la Contraloría consideró la emisión de 14 informes finales entre el 3 de septiembre y el 26 de diciembre de 2014. La normativa vigente dispone que cada colaborador del servicio debe tener una cuenta corriente exclusiva a su nombre y asociada a su Rut, en la cual el Sename pueda depositar las subvenciones correspondientes a cada mes. El Hogar ACJ Rengo, el Centro Residencia para Lactantes y Preescolares, el Hogar Los Aromos de la Región de Biobío, el centro Mi Casa de Valdivia y el Hogar Maruri de la Región Metropolitana, manejaban –al momento de la auditoría– en una sola cuenta corriente la subvención del Sename y otros ingresos que percibían, tales como donaciones y aportes propios. El Hogar Maruri, además, utilizaba una misma cuenta corriente para administrar los fondos provenientes de trasferencias del Sename destinados a distintos programas. Por otra parte, las auditorías constataron que el Sename incurrió en diversos atrasos, tanto en la Región Metropolitana como en la del Biobío, en el traspaso de subvenciones. En los centros correspondientes a ocho regiones: Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Biobío, Los Ríos, Aysén y Metropolitana, no existían los certificados de antecedentes ni las declaraciones juradas simples que evidenciaran que sus empleados no estuvieran procesados o formalizados por crímenes o delitos. En el caso de existir esos documentos, no se encontraban actualizados. Al Hogar Pequeño Cottolengo Don Orione de la Región Metropolitana, el 2 de mayo de 1998 se incorporó el menor Daniel Z. P. La operación se hizo por solicitud directa de su padre, Marcelo Z. C., que en esa época se desempeñaba como director regional del servicio. Así, la derivación del niño no se hizo por orden de una autoridad judicial, infringiendo el artículo 19 de la Ley 20.032. Por otra parte, la residencia Aldeas Infantiles S.O.S de Antofagasta, Manantial de Copiapó, Ayún de Chañaral y Hagámoslo Juntos de la Región Metropolitana, carecían de un protocolo de acogida y contención de los menores, en casos de ingresos programados y también en casos de emergencia. Los beneficiarios de la residencia Aldeas Infantiles de Antofagasta, Manantial de Copiapó, Ayún de Chañaral, Aldeas Infantiles de Chaimávida, Aldeas S.O.S de Bulnes, San Pedro Armengol 1 y 2, y Francisco Valdés de Temuco, Casa de Laura, San Arnoldo, Residencia Reloncaví y Vicente Pérez
Rosales de Los Lagos, Residencia San Juan y Hogar del Niño Miraflores de Magallanes, Residencia Renuevo y Hogar Casa de Laura de la Región Metropolitana, y Hogar Padre Pienovi, San Francisco de Borja, Anunciación y Hogar Casa de la Providencia de Valparaíso, no tenían los Planes de Intervención Individual (PII) de los menores en sus respectivas carpetas. En algunas ocasiones los PII examinados en los mismos centros no fueron emitidos oportunamente, alcanzando una demora de hasta 339 días desde la fecha de ingreso del menor. En la Casa de Acogida La Esperanza, de la Región Metropolitana, no existía al momento de la auditoría un libro de visitas que diera cuenta del contacto permanente de los menores con sus familias o referentes significativos, sin restricciones del tribunal. En la Residencia Manantial de Copiapó, en la Región de Atacama, se constató que el certificado de título de asistente social de su directora, emitido por el instituto IPLACEX, exhibía como fecha de titulación el 18 de enero de 2013, fecha posterior a la aprobación de la subvención de su proyecto, vulnerando lo establecido en la resolución N°765 de 2011 del Sename, que establece que el director de la residencia debe contar con un título profesional del área de las ciencias sociales y tener experiencia en trabajo con infancia gravemente vulnerada. Las residencias Hogar Los Aromos y Centro Residencia para Lactantes y Preescolares de la Región de Biobío, Francisco Valdés de Temuco, Hogar Aldea Mis Amigos y Los Ceibos de la Región Metropolitana y Hogar Santa Cecilia, Santa teresita de Lisieux y Hogar Vengan A Mí de Valparaíso, no contaban con la dotación exigida para el desarrollo del proyecto, que establece que la proporción mínima de estos sea de un profesional en jornada completa por cada 20 a 25 niños o adolescentes. En 46 centros colaboradores del Sename –de los 89 auditados por la Contraloría de un total de 326 a nivel país– se detectó que el personal que se desempeñaba como educador de trato directo con los niños y adolescentes, no cumplía con los requisitos académicos ni la experiencia laboral necesaria para cumplir la labor que se les encomendó. Entre los requisitos vulnerados se encuentra tener un título técnico de auxiliar social o educador especializado, con experiencia en atención de graves vulneraciones en derechos de la infancia y adolescencia. En 62 de los recintos fiscalizados se evidenció que no existía una planificación de la alimentación otorgada a los residentes, vulnerando la normativa que indica que los hogares deben llevar una programación de los menús mostrando variedad y pertinencia alimenticia y proporcionar cuatro comidas diarias: desayuno, almuerzo, once y cena, además de una colación. En los centros colaboradores Centro Residencial de Protección Ovalle en Coquimbo, Aldeas Infantiles S.O.S de Chaimávida y Concepción y Aldeas S.O.S de Bulnes, Residencia Francisco Valdés de Temuco, Casa de Laura y Residencia Reloncaví de Los Lagos, Residencia Mi Casa Valdivia y Residencia Al Makoo de Los Ríos, el Hogar del Niño Miraflores de Magallanes y los hogares San Francisco de Borja, Manuel de Tezanos Pinto y Enrique Callejas Noemí de Valparaíso, había servicios higiénicos insuficientes en relación con la cantidad de usuarios, no diferenciados por sexo, y duchas y baños no separados en cubículos o con puertas. A lo anterior se sumó que las dependencias se encontraban en mal estado, tanto en lo relativo al aseo como al funcionamiento. En los hogares de la Región del Biobío, Aldeas Infantiles S.O.S Concepción, Buen Pastor de la misma ciudad y Aldeas S.O.S de Bulnes, se observó que los dormitorios eran ocupados por personas de diferentes sexos y edades que fluctuaban entre los 4 y los 21 años.
En la Residencia San Pedro Armengol 2 y Vicente Pérez Rosales de La Araucanía y Los Lagos, se detectaron habitaciones con más de tres camas, en circunstancias que la normativa vigente estipula que ese es el máximo por dormitorio, diferenciadas por sexo. 13 centros de distintas regiones no contaban con espacios multiuso destinados a la realización de talleres o reuniones y/o una sala habilitada para la recepción de visitas, lo cual impedía cumplir con la finalidad de dichas residencias. También en 13 centros, algunos de los cuales no tenían espacios multiuso, se descubrieron muebles deteriorados, vidrios quebrados, puertas dañadas, techos en mal estado, jardines y áreas verdes también en mal estado y otros, que denotaban falta de medidas de seguridad y limpieza. Por otra parte, se detectó que en los baños de la residencia Ainilebu de la Región de Los Ríos no había jabón, toallas ni papel higiénico, sumado a que las niñas no contaban con cepillos de dientes ni pasta dental. Los centros Acógeme, Los Ceibos y Hagámoslo Juntos de la Región Metropolitana no contaban con el convenio y/o proyecto presentado al Sename por el cual se adjudicaron la subvención del servicio. En el Hogar Betania de la Región de Aysén se observó durante la inspección que una menor residente del centro se encontraba limpiando el exterior de los vidrios del segundo piso, para lo cual se ubicó en la techumbre del primer nivel, con evidente riesgo de sufrir un accidente. Dicha acción no fue corregida por ningún adulto responsable del organismo colaborador. No pudo constatarse, a través de los antecedentes de la auditoría, que distintas incorporaciones y permanencias de niños en los hogares Estrella de Belén y María Ayuda entre 2012 y 2013, fueron efectivamente pagadas por el Sename. Al revisar las cartolas bancarias de sus cuentas corrientes, la Contraloría detectó que tampoco existía evidencia de la existencia de depósitos por dicho concepto a los hogares. En el proyecto RSP-Casa de Laura, no se había efectuado la sanitización de los servicios higiénicos, la desratización del área de lavandería y bodega de alimentos y desinsectación de las habitaciones, desde octubre de 2011. De la inspección efectuada en abril de 2014 al proyecto CPE-San Arnoldo, se pudo constatar que el 20 de febrero del mismo año, el hogar recibió el reporte de supervisión técnica de la dirección regional de Los Lagos del Sename, en el cual se exponían situaciones constitutivas de eventuales malos tratos hacia menores de 2 y 5 años al interior del establecimiento, por parte de educadoras de trato directo. El 15 de julio de 2013 la dirección del proyecto CPE-San Arnoldo solicitó al Juzgado de Familia de Puerto Varas gestionar una evaluación en el Servicio Médico Legal a la niña de iniciales V.V.C, para descartar o confirmar si había sido vulnerada en su intimidad sexual antes de su ingreso al centro. Sin perjuicio de las gestiones del hogar, la respuesta del juzgado no perseveró. Además, no se advirtió que se hubiera notificado de esta situación a la dirección regional del Sename de Los Lagos. De la visita de abril de 2014 al proyecto RPM Reloncaví, la Contraloría tomó conocimiento de que el 11 de diciembre de 2013 la dirección del hogar recibió la denuncia de I.S.S. por una situación de connotación sexual que sufrió por parte de otro interno dentro del recinto. Lo anterior sucedía,
según el menor, desde octubre de 2011. El director de la residencia informó a la dirección regional del Sename las medidas adoptadas al respecto, entre las que contaba la derivación del presunto agresor, también menor, junto a su madre, con permiso de su familia. No quedó ninguna constancia de ese acercamiento y se verificó que la institución no dio aviso ni envió la solicitud al Juzgado de Familia de Puerto Varas para que decretara la autorización correspondiente. Sumado a lo anterior, no había evidencia de que la residencia hubiera iniciado un proceso de investigación interna a raíz del abuso. En la inspección realizada al proyecto RSP Casa de Laura en la Región de Los Lagos en abril de 2014, se comprobó que durante el primer trimestre de ese año, 5 de las 11 residentes activas en la entidad se habían fugado. Varias de ellas presentaban múltiples abandonos del recinto, permaneciendo, en algunos casos, hasta dos meses fuera de él. El servicio efectuó ante los Tribunales de Familia el requerimiento de búsqueda de solo 4 de las menores fugadas. El informe final de la Contraloría concluye diciendo que “cabe consignar que en las direcciones regionales del Sename de Atacama, Coquimbo, Los Ríos y Metropolitana se advirtieron numerosas deficiencias en los organismos colaboradores, que evidencian la carencia de supervisión por parte de los funcionarios del servicio, acorde a los dispuesto en la ley N°20.032 (…) razón por la cual esta Contraloría General ordenó la instrucción de los respectivos procesos disciplinarios, con el objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas”. Las residencias Mi Casa Valdivia y Al Makoo de la Región de Los Ríos fueron objetadas en el informe por no contar con servicios higiénicos suficientes y porque los baños no estaban separados por sexo y carecían de puerta y no se hallaban diferenciados por cubículos. La residencia Francisco Valdés de Temuco fue cuestionada por no tener los PII de sus internos en las carpetas correspondientes, poseer una dotación de profesionales menor a la mínima exigida y no contar con baños separados por sexo y tampoco con puertas o cubículos. Al igual que los recintos Mi Casa Valdivia y Al Makoo, la residencial figuraban hasta entonces como propiedad de Fundación Mi Casa. Según Fundación Mi Casa, la residencia Mi Casa Valdivia fue cerrada en 2014, mientras que Al Makoo y Francisco Valdés “subsanaron las deficiencias”. Consultado por El Mostrador, el Sename no quiso entregar declaraciones para este reportaje.
FUNCIONARIOS DE GENDARMERÍA RECIBIERON HERRAMIENTAS SOBRE DERECHOS HUMANOS EL LONGINO http://diariolongino.cl/wp-content/uploads/2016/05/longinoiqqmayo22.pdf Una capacitación sobre derechos humanos entregaron los componentes de la Unidad de Derechos Humanos de la Dirección Nacional de Gendarmería, a funcionarios del CIP CRC y del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Iquique, que tiene contacto directo con la población penal. La actividad estuvo a cargo de la sub-jefa de esa unidad, mayor Vivian Pincheira y los profesionales, Juan Cabello y Fernando Flores, quienes a través de un ameno y entretenido método dieron a conocer los conceptos de tortura, uso de la fuerza, uso del arma de servicio, entre otros.
“El uso de la fuerza se debe cumplir con honestidad, responsabilidad y solo en las instancias cuando ello lo amerita y se justifica, cuando la persona atente contra su vida. Más, el uso de arma, se debe cumplir con estricta proporcionalidad”, expresó la mayor Pincheira. Por otra parte se dijo que el hablar de derechos humanos, es hablar de uno mismo, de todas las personas. “Todos tenemos derechos. El primer responsable de sus derechos es uno mismo. El llegar a las unidades de la región es entregar en el lugar de trabajo la información y las herramientas necesarias para aplicarlas de mejor manera en el trabajo diario”, apuntó Juan Cabello. Mientras que Fernando Flores, expresó que a partir de ahora se habla de tortura. “Quien la ejerce es el reemplazante del Estado, por el hecho de ser funcionario público y el vulnerar los derechos humanos, eso es tortura y los elementos que la constituyen es la acción intencional, contra otra persona, que sea suficientemente grave, que provoque un carácter de maltrato y que sea cometido por un funcionario público", acotó.
LA ONU EXIGE QUE SE INVESTIGUE AL ALTO MANDO POR LA MATANZA DE TLATLAYA EL PAÍS http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/20/actualidad/1463775895_978509.html
La bodega donde tuvo lugar la matanza
La credibilidad de México anda por los suelos. Naciones Unidas, por segunda vez en un mes, ha lanzado una advertencia contra el país por su incapacidad para imponer la justicia en asuntos de derechos humanos. Si en abril le llegó un varapalo por su gestión de Iguala, ahora le ha tocado el turno a la matanza de Tlatlaya. La reciente exoneración de los militares implicados en la supuesta “ejecución extrajudicial” de al menos 12 civiles ha llevado al Alto Comisionado de Naciones Unidas a declararse “profundamente preocupado” por la “impunidad” y a tocar la fibra más sensible del Estado mexicano: las Fuerzas Armadas. En una inhabitual declaración, la ONU exige que se investigue a los “altos mandos” por su posible participación en las muertes y su encubrimiento. El golpe de la ONU ha retumbado en México. El caso Tlatlaya ha puesto en cuestión el papel del Ejército en la lucha contra el narco y, a la par, la capacidad de las autoridades para someter al mando militar. Con 50.000 soldados destinados al combate del crimen organizado, las fuerzas armadas se han convertido en la piedra angular de la estrategia de seguridad, pero también, como ha denunciado reiteradas veces Naciones Unidas, en una fuente inagotable de abusos. Pese a ello, son extraordinariamente escasos los sumarios abiertos contra miembros del alto mando. La actual polémica se remonta a la madrugada del 1 de julio de 2014, en Tlatlaya, en el Estado de México. Esa noche 22 civiles, en su mayoría supuestos integrantes de la narco, murieron a manos de los militares. Extrañamente ningún soldado cayó. En un primer momento, la versión oficial señaló que se había tratado de un enfrentamiento y que el Ejército simplemente había respondido al ataque de los sicarios. A los tres meses, la declaración de una superviviente, madre de una de las víctimas, señaló que los militares habían asesinado a gran parte de los narcos a sangre fría. Una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que, tras rendirse, entre 12 y 15 civiles habían sido ultimados por los soldados. La Procuraduría General de la República, después de un accidentado proceso, acusó a tres soldados de homicidio, encubrimiento y de haber alterado la escena del crimen. El viernes de la semana pasada, el juez federal que instruía el caso exoneró a los implicados por falta de pruebas incriminatorias. La decisión judicial volvió a abrir el abanico de la desconfianza. Los abogados acusadores señalaron que el juez había desestimado los testimonios de los testigos por contradicciones menores. A sus quejas se ha sumado ahora la ONU. El Alto Comisionado de Derechos Humanos hace en su declaración un llamamiento a que se “asegure una investigación rigurosa, efectiva, imparcial, independiente y rápida”. En este punto, una obviedad para cualquier Estado democrático, es donde Naciones Unidas asesta la estocada más dolorosa para el Gobierno mexicano y apunta directamente a la jerarquía militar. “Las investigaciones deben ser ampliadas para abarcar a todos aquellos que resulten responsables, incluyendo a altos mandos militares que pueden haber tenido responsabilidad de mando, así como a aquellos que habrían alterado la escena del crimen o hubieran ordenado esa alteración”. La advertencia llega en un momento especialmente delicado para las Fuerzas Armadas. Las continuas de denuncias de abusos y la proliferación de vídeos en los que se aprecian torturas perpetradas por militares, han puesto al alto mando contra las cuerdas hasta el punto de que en abril pasado, el propio secretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, pidió disculpas públicas y prometió perseguirlos implacablemente. Un cambio de rumbo inédito que ahora vuelve a ponerse a prueba con el caso Tlatlaya.