Prensa 23 noviembre

TEMARIO: 1. INMIGRACIÓN: SIN OPCIÓN CON TRUMP Y BREXIT, POBRES DEL CONTINENTE SE VIENEN A CHILE 2. LO QUE LOS INMIGRANTES SIENTEN Y PIENSAN DE SU EXPERIENCIA EN CHILE 3. INE: MUJERES DESTINAN TRES HORAS MÁS QUE LOS HOMBRES A ACTIVIDADES DE TRABAJO NO REMUNERADO 4. CALAMA Y ÑUÑOA SUMAN DOS NUEVOS FEMICIDIOS Y CIFRA AUMENTA A 34 CASOS EN 2016 5. LLAMADO CONJUNTO DE LA RELATORA ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y TODOS LOS MECANISMOS INTERNACIONALES Y REGIONALES PARA TERMINAR LOS FEMINICIDIOS Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO 6. ANAMURI: “LAS MUJERES MAPUCHE VIVEN AMEDRENTADAS” 7. CÓMO LA MUTILACIÓN FEMENINA SE SIGUE PRACTICANDO EN UNA SOCIEDAD MODERNA Y COSMOPOLITA 8. HERALDO MUÑOZ CONTRA FAMILIA DE LA PINTANA ANTE LA CIDH 9. CIDH PRESENTA CASO SOBRE PERÚ ANTE LA CORTE IDH 10. CÁMARA APROBÓ REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS DE PINOCHET PERO AÚN ESTÁ LEJOS DE SER DERECHO HUMANO Y BIEN PÚBLICO 11. MÁS DEMOCRACIA PARA MAYOR EQUIDAD AMBIENTAL. OPINIÓN: Pablo Badenier: Biólogo marino. Ministro del Medio Ambiente.

12. ¿DERECHO A MORIR DE HAMBRE? JUEZ ACEPTA QUE MUJER CON ANOREXIA NO SEA ALIMENTADA A LA FUERZA 13. OSSANDÓN SINCERA SU PROPUESTA DE QUE PRESOS TRABAJEN: “LO IMPORTANTE ERA GENERAR POLÉMICA” 14. JOSÉ ANTONIO KAST PIDIÓ LA CENSURA DE CAMILA VALLEJO POR NO INICIAR SESIÓN “EN NOMBRE DE DIOS” 15. LA MAFIA DE POBRES QUE (REPORTAJE EXTENSO)

DESANGRA A EL

SALVADOR.

INMIGRACIÓN: SIN OPCIÓN CON TRUMP Y BREXIT, POBRES DEL CONTINENTE SE VIENEN A CHILE EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/mercados/2016/11/22/inmigracion-en-chile-sin-opcion-con-trump-ybrexit-pobres-del-continente-se-vienen-a-chile-y-podria-desatar-el-populismo/

Mientras los Estados Unidos y el Reino Unido se vuelven en contra de los inmigrantes, un país latinoamericano mantiene su puerta abierta a los pobres del continente, y el rostro del país está cambiando.

Más de 34.400 haitianos llegaron a Chile en los primeros meses de este año, y la afluencia crece cada mes, según el departamento de policía. Junto a colombianos, peruanos, dominicanos y

venezolanos, Chile está recibiendo ahora inmigrantes a un ritmo similar al del Reino Unido, en relación con sus poblaciones.

Este podría ser solo el comienzo. En tanto aumenta la probabilidad de que Europa y los Estados Unidos se vuelvan más hostiles hacia la inmigración, y sin una fuerte política migratoria, el país más rico de Sudamérica se convertirá en un imán aún mayor para quienes buscan empleos y una vida mejor, dijo el sociólogo Cristián Doña. Si bien hasta el momento hay pocos signos de una reacción adversa, las cifras avanzan rápido a medida que el desempleo aumenta y el crecimiento de los salarios disminuye.

“Existe un riesgo de racismo activo en las calles”, señaló Doña, investigador asociado del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social en Santiago. “Me preocupa que, sin políticas claras, cualquier populista o demagogo pueda impulsar ataques racistas”. Por ahora, pocos políticos chilenos ven el avance de los inmigrantes como un problema.

La ley que regula la inmigración tiene 40 años, y es poco probable que los planes de reformar el sistema avancen antes de la próxima elección de noviembre de 2017. Los flujos futuros dependerán más de las oportunidades económicas que de la política gubernamental.

Hasta la última hora Sentado en una obra en construcción en el barrio adinerado de Las Condes, Matial Estime dice que trabaja hasta la última hora que puede para enviarle dinero a su esposa en Haití, y mantiene la cabeza baja para evitar problemas con la gente del lugar.

Llegó al país porque un primo le recomendó Chile y cruzó Los Andes en agosto de 2015. Mudarse no fue un problema. Como la mayoría de los haitianos, ingresó como turista, esperando encontrar un empleador que lo ayudara a obtener un permiso de trabajo y una visa de residente.

“Pasé meses trabajando sin contrato”, contó Estime. “Me resultó muy difícil encontrar alguien que me lo consiguiera y, cada vez que lo pedía, el empleo desaparecía”. Transcurrido un año, invierte la mitad de su salario de US$600 mensuales en pagar el alquiler y envía aproximadamente un tercio a su esposa en Haití. También ayudó a venir a sus dos hermanos, uno de los cuales está pensando en traer a su hijo mayor. La ola de inmigración no muestra indicios de ceder.

“Nuestro país se ha vuelto cada vez más atractivo para los haitianos”, dijo Cristóbal Gamboni, economista de BBVA Chile. “Han formado una comunidad que crece y que apoya a los que van llegando”, añadió.

Los haitianos continúan arribando pese a la persistente debilidad del mercado de trabajo y la creación de empleos. Chile está soportando su tercer año de crecimiento económico flojo y un desempleo que alcanzó casi un máximo en seis años de 7,1 por ciento en julio. Desde entonces, cayó hasta 6,8 por ciento.

“Chile necesita inmigración por razones económicas y demográficas”, sostuvo Rodrigo Sandoval, responsable del Departamento de Extranjería y Migración estatal. “Pero la capacidad de la economía para procesarla es limitada. Ya se ven algunas áreas de Santiago donde el número de haitianos supera lo que la economía puede tolerar”, añadió.

Aun así, el flujo de migrantes que llegan a Chile podría disminuir por sí mismo a medida que las oportunidades económicas se agotan. Muchos haitianos han dejado a sus familias y podrían fácilmente mudarse si las perspectivas son mejores en otro lugar.

Más aún, mientras la Alianza del Pacífico ha consagrado el libre movimiento de bienes y servicios, podrían pasar años antes de que el libre movimiento de mano de obra se convierta en realidad. El tema apenas fue mencionado en la última cumbre de la Alianza del Pacífico que se celebró en julio.

México tiene una población de 122 millones, Colombia tiene 47 millones y Perú tiene 30 millones.

Todos ellos mayores que la población de Chile de 17 millones, mientras que su ingreso per cápita es más del doble que el del Perú y 40 por ciento más que el de México.

Invadido Algunos políticos en Chile están empezando a acelerar la retórica, pareciendo similar a los partidos antiinmigrantes en Europa.

"Algunas regiones de nuestro país están siendo invadidas por personas que vienen de fuera de Chile y que no vienen a trabajar ni a contribuir", dijo la semana pasada Issa Kort, legisladora de la derecha de la Unión Democrática Independiente. "Mucha gente está siendo afectada por el crimen y el narcotráfico", puntualizó.

Proyecto de ley de migración La legislación chilena sobre inmigración data de 1975, apenas dos años después del comienzo de la dictadura de Augusto Pinochet, época en la que más chilenos abandonaban el país que los extranjeros que llegaban. La decisión de permitir que alguien entre en el país sigue siendo dejada a discreción de los oficiales de policía en las fronteras.

Por ahora, el tema apenas está en la agenda. Si se permite que el flujo de entrada no sea controlado y no se regula, hay espacio para el populismo.

"No sé si todavía tenemos tiempo para hacer algo", advirtió Sandoval. El Estado no "entiende que esto es urgente. Los pecados de la inmigración se pagan en cinco, diez años", concluyó.

LO QUE LOS INMIGRANTES SIENTEN Y PIENSAN DE SU EXPERIENCIA EN CHILE EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/vida-en-linea/2016/11/23/lo-que-los-inmigrantes-sienten-ypiensan-de-su-experiencia-en-chile/ Se han escrito muchos textos sobre migración en Chile, pero pocos se detienen a reflexionar respecto de lo que significa migrar. Como por ejemplo, la nostalgia que se experimenta por estar lejos del país y de los seres queridos, y los estereotipos y prejuicios que se debe enfrentar.

Un texto que describe y explica de forma magistral el fenómeno humano del desplazamiento y los efectos que conlleva su masividad, es "Migraciones, un mundo en movimiento", de editorial Santillana y que será lanzado este jueves 24 de noviembre a las 19:00 horas en Fundación La Fuente.

El texto diseñado y escrito por Claudia Silva, jefa de Estudios del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, y Sofía Montenegro, licenciada en Letras Hispánicas de la UC, que cuenta con ilustraciones de Laura Sepúlveda, comienza explicando que la migración no es solo un impulso natural de las personas, sino que también es un derecho que tenemos todos y todas.

Según el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos tenemos derecho a migrar, es decir, a circular libremente y a elegir nuestro lugar de residencia en el territorio de un Estado.

Así también, tenemos derecho a entrar o salir de cualquier país, incluyendo el propio. Pero no todos los países reconocen realmente el derecho a migrar de las personas y, por ende, tampoco reconocen los derechos que tenemos como migrantes al momento de cruzar las fronteras.

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares nos recuerda que los derechos humanos no desaparecen cuando cruzamos un límite territorial, legal o cultural, pues estos son inamovibles y debemos hacer lo posible para que sean respetados.

"No importa si somos mujeres u hombres, nuestra edad, profesión u oficio, nuestro color de piel, sexo, religión, pensamiento político o nacionalidad, pues al migrar todos y todas tenemos derecho", recalcan las autoras en el libro.

Luego, hacen la distinción entre migrante y refugiado. Al respecto, aclaran que "un refugiado es un migrante que ha debido salir de su país forzadamente porque su vida corre peligro y que es reconocido por el derecho internacional como una persona a la que hay que proteger. Es decir, hay una diferencia jurídica fundamental entre los dos. Los refugiados tienen derecho a recibir asilo porque no pueden retornar a sus hogares y necesitan un lugar seguro donde vivir".

Por su parte, un migrante es cualquier persona que se está desplazando o que se ha desplazado lejos de su habitual lugar de residencia a través de una frontera internacional o dentro de su mismo país. Esto, sin importar su estatus legal, si el movimiento es voluntario o involuntario, las causas para su desplazamiento y la duración de su estadía, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Llevando la cuenta El texto además entrega estadísticas actualizada sobre la migración en Chile y el mundo.

En 2015, el número de migrantes internacionales llegó a 244 millones, 71 millones más que en el año 2000. Un número alto, pero no tan elevado si consideramos que la población mundial en 2015 llegó a 7.349.472.000.

Solo el 15 % de los que migraron en 2015 son menores de 20 años, 177 millones de migrantes tienen entre 20 y 64 años y la edad promedio es de 39 años.

¿Cuáles son los continentes con más migración? Asia: 75 millones; Oceanía: 8 millones; Europa: 76 millones; y África: 21 millones.

Y el 48 % de los migrantes son mujeres, es decir, casi migran por partes iguales.

Preguntas y opiniones

¿Qué es lo que más extrañas de tu país de origen?

-"A mi familia, pero más a mi padre. Quisiera estar al lado de mi papá y de mi abuela, daría todo por estar con ellos". Deysi (Perú, 13 años) -"La música, “El chamaquito” y las habichuelas". Enyel (República Dominicana, 9 años) -"A mis cuatro hijos". Cecilia (Bolivia, 40 años) -"La playa caribeña, el agua de coco y los quesos frescos". Micaela (Venezuela, 25 años) -"La comida, el caldo y la ropa que es más colorida". Deivid (Colombia, 10 años) -"A mis amigos, la forma en la que me tratan mis familiares y el clima". Luis (Perú, 16 años) -"A mi familia, a mis amigos, salir a todos lados, las calles, las fiestas… extraño todo lo que es de mi país". Ashley (Perú, 12 años) ** Según datos de 2015, la inmigración internacional se concentraba en la Región Metropolitana con el 61,5 % del total nacional, y un 3,5 % de la población de esta región correspondía a inmigrantes internacionales.

Aunque no hay cifras oficiales, la inmigración interna también es alta. De los más de 6 millones de personas que viven en el Área Metropolitana, muchas han llegado desde otras regiones del país. ** ¿Qué es lo que no te gusta de Chile?

-"La inmensa brecha que existe entre ricos y pobres es algo muy notorio y triste; pero en general me gusta todo, ya que Chile es mi hogar". (Gustavo, Ecuador, 45 años) -"Su comida". Niurka (Perú, 12 años) -"El aire en el invierno. Y lo lejos que está de todo el mundo". Chris (EEUU, 38 años) -"El sistema de salud de Chile (las isapres), que es muy angustiante para alguien que siempre ha conocido el estado de bienestar". Jeanne (Francia, 38 años) -"La educación y que haya tantas marchas". Mustafá (Marruecos, 31 años) -"Que hablen mal de mi país, que discriminen a mi país". Emmily (Bolivia, 9 años) -"Los temblores y terremotos". Elio (Bolivia, 36 años) -"Que en las calles hay mucha basura". Yan Fang He (China, 14 años) -"Que las personas se drogan mucho y que discriminan a las personas por su forma de ser". Milagros (Perú, 12 años) -"Cuando hay mucha contaminación en Santiago, porque mis niños no pueden hacer los deportes que les gustan". Jeanne (Canadá)

-"La mentalidad de algunas personas que son muy agresivas; les daría más solidaridad y empatía".

Juanita (Colombia, 14 años) -"Como en todos lados, hay gente buena y mala, pero hay muchos que son racistas y te discriminan, te hacen sentir que no perteneces". Cecilia (Bolivia, 40 años) -"El transporte público". Ha Yeon (Corea) -"La inseguridad y que no se pueden hacer fiestas en la casa porque todos son muy serios y callados".

Fabiola (Perú, 13 años) -"La falta de justicia y el frío". Enyel (República Dominicana, 9 años) ¿Qué es lo que más te gusta de Chile?

-"El sol y que uno siempre está relativamente cerca de la playa. La familia que he construido junto con mi marido y mis dos niños". Justa (Polonia, 32 años) -"Que acá me siento más seguro que en mi país y que fueron simpáticos en mi salón cuando llegué".

Deivid (Colombia, 10 años) -"Las personas que son buenas y cariñosas, y la comida que también es rica". Yan Fang He (China, 14 años) -"La cazuela y la gente que es buena onda". Elio (Bolivia, 36 años) -"Todo ahora, porque ya me acostumbré. La ciudad que más me gusta es Concepción". Lindia (Perú, 51 años) -"La ropa y los completos". Leslie (Perú, 14 años) -"La amistad". Jonhslo (Haití, 14 años) -"Que la vida es más liberal y que hay menos control sobre lo que uno hace. También la tranquilidad y la economía, que es mejor que en mi país". Mustafá (Marruecos, 31 años) -"Hay grandes oportunidades de trabajo y la vida es más tranquila que en Colombia; además, las personas son muy abiertas". Luis (Colombia) -"Los asados. Mi familia y amigos. Los veranos sin lluvia. La cordillera. Los más de 4.000 km de costa.

El sur". Chris (EEUU, 38 años)

INE: MUJERES DESTINAN TRES HORAS MÁS QUE LOS HOMBRES A ACTIVIDADES DE TRABAJO NO REMUNERADO EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/22/ine-mujeres-destinan-tres-horas-masque-los-hombres-a-actividades-de-trabajo-no-remunerado/ El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) entregó los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), realizada entre septiembre y diciembre de 2015. Abarcó 118 comunas del país -11.623 viviendas- lo que implica el 85% de la población nacional.

El principal resultado arrojado fue que en un día tipo, en promedio, las mujeres destinan tres horas más que los hombres a todas las actividades de trabajo no remunerado. Esto incluye trabajos domésticos, cuidados a integrantes del hogar y trabajo no remunerado para otros hogares, comunidad y voluntario. En esta línea, las mayores diferencias entre hombres y mujeres se producen en los tramos de edad intermedios de 25-45 y 46-65 años.

En el caso de regiones, Arica y Parinacota es la región donde menos personas realizan trabajo no remunerado, destinando 4,26 horas en promedio; mientras que las regiones que presentan mayor proporción de la población que realiza trabajo no remunerado son Los Ríos y Libertador Bernardo O’Higgins se destina en promedio 4,68 horas y 5,20 horas, respectivamente, al trabajo no remunerado.

Al comparar el trabajo doméstico no remunerado para el hogar, se presentan diferencias significativas por sexo, ya que un 97,3% de las mujeres realiza este tipo de trabajo, y destinan en promedio 3,84 horas al trabajo doméstico; mientras que un 92,2% de los hombres realiza este tipo de trabajo, y con 1,83 horas promedio.

De acuerdo a la encuesta elaborada por el INE, al desagregar por tipo de actividades de trabajo doméstico, se evidencia y cuantifica que hay actividades socialmente feminizadas y otras masculinizadas: las mujeres tienen mayor participación en tareas como la limpieza de ropa y calzado (70,4%) y en preparación de comidas (59%). En el caso de los hombres, su mayor participación se registra en reparaciones menores para el hogar (80,3%) y compras para el hogar (45,9%).

A nivel regional, los hombres de la región del Maule son los que menos tiempo destinan al trabajo doméstico no remunerado, con sólo 1,24 horas en promedio, mientras que los hombres de la Región de Los Ríos son quienes destinan más tiempo a este tipo de trabajo, con 2,31 horas promedio. A su vez, las mujeres de Arica y Parinacota y de La Araucanía son quienes menos tiempo destinan al trabajo doméstico no remunerado, con 3,33 horas en promedio. En la región de Los Ríos, al contrario, ellas son las que más destinan tiempo a este tipo de actividades, con 4,6 horas en un día tipo.

En cuanto al trabajo de cuidados no remunerado a integrantes del hogar; y actividad no remunerada para otros hogares, comunidad y voluntario las mayores tasas de participación se registran en las mujeres, con un 51,9% y 18,2%, respectivamente.

CALAMA Y ÑUÑOA SUMAN DOS NUEVOS FEMICIDIOS Y CIFRA AUMENTA A 34 CASOS EN 2016 EL MOSTRADOR http://m.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/22/calama-y-nunoa-suman-dos-nuevos-femicidiosy-cifra-aumenta-a-34-casos-en-2016/ Sin embargo, las cifras oficiales que maneja el ministerio de la Mujer y Equidad de Género contrastan con las de la Red chilena contra la violencia hacia las mujeres, que registra 52 muertes por esta razón en lo que va del año.

La asesora del hogar de una pareja de ancianos en Ñuñoa encontró a la mujer de 78 años con dos puñaladas dadas por su esposo de 85. Ella fue la única testigo de los ataques en el tórax y el abdomen. El hombre se auto infirió heridas y fue trasladado de urgencia hasta el hospital El Salvador donde se encuentra con riesgo vital.

Pese a que no había denuncias previas por violencia intrafamiliar, la asesora del hogar aseguró que él tenía problemas psiquiátricos.

En Calama, durante esta madrugada un hombre dio dos balazos a su pareja, en la casa que ambos compartían. Él luego se suicidó y ella falleció en camino al hospital. Uno de los hijos llegó al lugar pero fue amenazado de muerte por el sujeto si es que entraba. Él sí tenía antecedentes en los últimos tres meses por violencia intrafamiliar.

Ambos casos vienen a alargar la lista de femicidios que han ocurrido en el país este 2016. Según las cifras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ya son 34 las mujeres que han muerto por esta razón en lo que va del año, y suman 109 casos no consumados.

Por otro lado, los números que maneja la Red chilena contra la violencia hacia las mujeres alcanzan los 52 femicidios en 2016 y son siete los frustrados.

LLAMADO CONJUNTO DE LA RELATORA ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y TODOS LOS MECANISMOS INTERNACIONALES Y REGIONALES PARA TERMINAR LOS FEMINICIDIOS Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN DE LA CIDH http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/172.asp Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer - 25 de noviembre En vista del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Relatora especial sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre los Derechos de las mujeres en África, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, el Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), y el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (GREVIO),* como mecanismos expertos claves a nivel mundial y regional en derechos de las mujeres, hacen un llamado conjunto para intensificar los esfuerzos internacionales, regionales y nacionales para la prevención de los feminicidios y la violencia de género.

La violencia contra la mujer tiene sus raíces en las desigualdades y la discriminación contra las mujeres, y su prevención y erradicación debe basarse en alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

La violencia contra la mujer, como forma de discriminación contra las mujeres y violación de los derechos humanos, está prohibida por los instrumentos internacionales de derechos humanos tales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer - así como por tratados regionales como la Convención de Belém do Pará, el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de las Mujeres en África (Protocolo de Maputo) y la Convención de Estambul.

La labor de seguimiento a nivel internacional y regional ha demostrado que: 

Los feminicidios u asesinatos de mujeres por razones de género, las violaciones, la violencia sexual y otras formas de violencia de género contra las mujeres y las niñas, son violaciones generalizadas y persistentes de los derechos humanos.



Existe una impunidad generalizada debido a la falta de implementación de los instrumentos internacionales y regionales sobre los derechos de las mujeres y la violencia contra las mujeres, además del fracaso en convertir estos instrumentos en una protección verdadera de cada mujer y de cada niña.



Existen importantes brechas y deficiencias en la legislación nacional y en los sistemas de prevención, a menudo combinadas con la tolerancia a dicha violencia, exacerbadas por la falta de datos fiables y desagregados, la ausencia de evaluaciones adecuadas de los riesgos, y el encubrimiento y la falta de denuncias de asesinatos por razones de género, violaciones y otras formas de violencia de género contra las mujeres.

Todos los Estados deben, con carácter de urgencia y en colaboración con la sociedad civil y otras partes interesadas, intensificar sus esfuerzos para prevenir y erradicar los feminicidios, las violaciones y otras formas de violencia de género contra las mujeres y las niñas.

Se insta a todas las partes interesadas a garantizar a todas y cada una de las mujeres y niñas una vida libre de violencia mediante la aplicación de políticas holísticas integradas en: 

PREVENCIÓN: respaldar, incorporar e implementar plenamente los tratados internacionales y regionales sobre los derechos de las mujeres y la violencia contra las mujeres (CEDAW y su Protocolo Facultativo, Convención de Belém do Pará, Protocolo de Maputo y Convención de Estambul);



PROTECCIÓN: proporcionar refugios y lugares seguros, centros de crisis, órdenes de protección y otros servicios para las mujeres y sus hijos sobrevivientes de la violencia.

Además, integrar la perspectiva de género en el trabajo realizado por profesionales jurídicos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tratan asuntos relacionados con la violencia contra las mujeres;



ENJUICIAMIENTO, incluyendo sanciones a los perpetradores y proporcionar indemnización y reparación a las víctimas y a sus familias.

Los/as expertos/as también acogen con beneplácito el llamado de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, para establecer un "Observatorio contra los

Asesinatos de Mujeres por razones de género (Feminicidio)" y publicar cada año en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de Noviembre) el número de feminicidios o de asesinatos de mujeres por motivos de género, desagregado por edad y sexo de los autores, la relación entre el autor y la víctima(s), así como información sobre el enjuiciamiento y el castigo de los autores.

El establecimiento de un "Observatorio contra los Feminicidios" para recopilar, analizar y revisar datos a nivel nacional, regional y mundial, pondrá más énfasis en su prevención. Cada feminicidio debe ser examinado cuidadosamente para identificar cualquier falla en la protección, con el fin de mejorar y seguir desarrollando medidas preventivas. Adicionalmente, un "Observatorio contra los Feminicidios", por su mera existencia, aumentaría la conciencia sobre el feminicidio y otras formas de violencia de género contra las mujeres, además de impulsar acciones para su prevención. Los Estados deberían intensificar sus esfuerzos para utilizar todos los instrumentos y mecanismos de expertos internacionales y regionales disponibles sobre los derechos humanos de las mujeres, para establecer sistemas eficaces que prevengan y pongan fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

ANAMURI: “LAS MUJERES MAPUCHE VIVEN AMEDRENTADAS”

http://radio.uchile.cl/2016/11/22/anamuri-las-mujeres-mapuche-viven-amedrentadas/

El Tribunal Ético sesionó en Cañete, lugar donde fue reprimida la última marcha del pueblo mapuche. En los relatos recogidos por la instancia liderada por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas se da cuenta del ensañamiento policial contra las mujeres: golpes, perdigones, persecución, violencia sexual y muerte forma parte del testimonio de cientos de compatriotas que no pueden vivir en paz.

“Las mujeres mapuche viven amedrentadas. No duermen tranquilas”, así describe la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), la violencia a la que a diario son sometidas cientos de madres, abuelas, esposas y niñas.

Los vejámenes son diversos. Se inician con la irrupción repentina en comunidades y casas destruyendo todo a su paso y acaban en la cárcel, con “tocaciones” y abusos sexuales tal como hace 30 años denunciaran las mujeres presas en dictadura.

Alicia Muñoz Toledo, dirigenta de la Organización, relató testimonios recogidos durante la cita del Tribunal Ético que sesionó en Cañete la semana pasada, después de la marcha que terminó con acusaciones por fuerte represión policial. En la reunión se llegó a la conclusión que el Estado se ensaña con todo el pueblo mapuche, pero con las mujeres la crueldad es aún mayor.

Entre las conclusiones se describe que “la violencia se inicia con el mal llamado proceso de pacificación de La Araucanía, pero continúa hoy con un sistema político, ideológico, cultural y económico neoliberal que prolifera a través de la instalación de empresas forestales e hidroeléctricas”.

Además se sancionan “situaciones gravísimas de violencia contra las mujeres ejercidas por agentes estatales que vulneran las obligaciones que el Estado Chileno ha asumido en materia de prevención, investigación y sanción, así como de protección y reparación”.

Los testimonios lo evidencian, las palabras de Alicia Muñoz, lo refuerzan: “A nivel de derechos humanos queremos pelear el tema de las revisiones. Por qué te tienen que revisar hombres, por qué te tienen que revisar hasta los calzones, abrirte el poto para ver si tienes metralletas. Esas cuestionen viven las mujeres que toman presas, esas son las denuncias que hicieron ante el Tribunal de Ética. En dictadura vivimos eso. Ahí nos metieron ratas en la vagina, pero hoy, en esta pseudo democracia y con una Presidenta mujer ¿cómo es posible que la policía haga lo que quiera?”.

A la violencia sexual se suma la simbólica, esa que señala el abogado Jaime López en el material audiovisual registrado por Anamuri; “A la machi Francisca Linconao se la castiga como símbolo del pueblo mapuche, de la mujer mapuche. (El Estado dice) A este símbolo del pueblo mapuche lo vamos a tildar de terrorista y así impactan en el resto de la comunidad”.

El caso de Lorenza Cayuhán, la mujer mapuche encarcelada que dio a luz engrillada, solo se suma a la extensa lista de denuncias. La violencia relatada no termina ahí, “Muchos vimos caminar con algo de dificultad a la lamgmien Rut, luego nos enteramos que la educadora llevaba dos perdigones alojados en su pierna y disparados a quema ropa por carabineros mientras iba con su familia camino a casa, frente a sus hijos”, cuenta una joven de 23 años que vive en la comunidad de Temucuicui.

Alicia Muñoz agrega que “esto lo venimos denunciando hace muchos años. Al intendente Tohá en Concepción, muchos años atrás, le dijimos que había violencia. Que las mujeres se quedaban solas en las casas, que las violaban. Hay un temor permanente. Día y noche ellas viven asustadas”.

El ataque no solo es por parte de fuerzas policiales o el empresariado; también lo viven a manos de los grandes medios de comunicación que invisibilizan los ataques en contra de las comunidades: “Las mujeres indígenas tenemos claro que los grandes medios sirven al empresariado. Por eso nuestro desafío es hablar, hablar a toda costa, en todo lugar. Que el mundo escuche lo que pasa en Chile, como se violan los Derechos Humanos”.

En ese sentido, el Tribunal aseguró que los mensajes están orientados a desinformar y sembrar el temor hacia el mundo mapuche.

Los jueces tampoco les hacen fácil la tarea. La denuncia de Alicia Muñoz es que se trastocan sentencias, por ejemplo, la del asesinato de Macarena Valdés, mujer muerta por oponerse a una minicentral de paso, que evidencia la violencia empresarial apoyada por fuerzas policiales y ocultada por el Estado a través de la tramitación de un caso por suicidio ante la justicia.

Los caminos son variados. El primero es agotar las instancias locales para llevar estos casos a los tribunales internacionales. Además, exploran la posibilidad de constituir un Observatorio de la Violencia, con el fin de dejar testimonio de todos los vejámenes que a la luz de los relatos, parecen cuentos de otro tiempo, de uno que duró 17 años y que forma parte de las historias de horror del Estado de Chile, capítulo que aseguran se engrosará con la sangre del pueblo mapuche.

CÓMO LA MUTILACIÓN FEMENINA SE SIGUE PRACTICANDO EN UNA SOCIEDAD MODERNA Y COSMOPOLITA BBC MUNDO http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/11/23/como-la-mutilacion-femenina-sesigue-practicando-en-una-sociedad-moderna-y-cosmopolita/

La mutilación genital femenina es practicada por comunidades de todo el mundo. Y aunque no es asociada comúnmente con la moderna y cosmopolita Singapur, allí sucede todo el tiempo, en silencio.

Zarifah Anuar no supo que se le había practicado una ablación de clítoris hasta que tuvo 23 años.

Con solo dos semanas de nacida, su madre la entregó a su partera para cortarle una parte del clítoris.

Años después, una colega le preguntó si se le había practicado el procedimiento. "Le contesté, convencida, que yo lo sabría si así fuera", dice Zarifah. "'Deberías preguntarle a tu madre', contestó mi colega".

Y ella lo hizo.

"Lo que era un tono relajado y feliz, se tornó amargo y antagónico con rapidez", expresa Zarifah. "'¿Lloré? ¿Estaba dormida? ¿Me desperté?', le pregunté a mi madre. Ella no respondió y me dijo que la conversación había terminado.

La mayoría de los singapurenses no tienen mucha idea de la existencia de esta práctica en la ciudadestado asiática.

Sin embargo, es relativamente frecuente entre la comunidad musulmana proveniente de Malasia, la cual representa alrededor del 13% de la población residente en Singapur.

El Sunat Perempuan, como se le conoce en malayo, es usualmente llevado a cabo en niñas menores de dos años, quienes terminan con un corte en la punta del clítoris o a veces con un pequeño pedazo de piel extirpado.

Las intervenciones pueden ir desde un corte parcial hasta la eliminación total del clítoris o la costura de los labios vaginales.

"A muchas de mis amigas indias musulmanas no se lo hicieron y les resultó chocante saber que este tipo de prácticas todavía existieran en la comunidad musulmana de Malasia", comenta Filzah Sumartono, quien en su adolescencia se enteró que fue sometida a una ablación siendo bebé.

En Singapur no existe ningún instrumento legal contra la mutilación genital femenina, pero a la mayoría de los musulmanes les sirve de guía el Consejo Religioso Islámico de Singapur (MUIS, por sus siglas en inglés), el cual brinda asesoría en asuntos religiosos.

Ibrahim Sawifi, del MUIS, ha dicho que la organización "no tolera ningún procedimiento que dañe a los individuos" y agrega que el consejo "siempre ha mantenido su posición: la mutilación genital femenina debe ser evitada".

Pero muchos musulmanes malasios, especialmente los mayores, creen que la ablación reduce el deseo sexual de la mujer y, por lo tanto, el riesgo de que mantengan relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Otros creen que es una parte obligatoria de la ley islámica, a pesar de que no aparece como tal en el Corán.

"Yo tuve que hacerlo, mi hija tuvo que hacerlo, y definitivamente me gustaría que mi nieta lo haga también", dijo una mujer malasia musulmana a la BBC. "Es algo obligatorio para nosotros en el Islam".

Hazlo primero, pregunta después "Si se realiza, se recibe un mérito extra; si no, no es considerado un pecado ni va contra los preceptos del Islam", argumenta el Dr. Maznah Mohamad del Departamento de Estudios Malasios en la Universidad Nacional de Singapur.

"Hay una parte de mí que se arrepiente de haber preguntado porque ahora sé hasta qué punto mi cuerpo no es mío", expresa Zarifah.

"Sin embargo, la gente aún teme que iría en contra del Islam si su hija pequeña no sigue el procedimiento".

No es en la mutilación como tal que muchos encuentran la falta, sino en la falta de consentimiento al realizarla.

"Empezamos a controlar los cuerpos de las mujeres desde la infancia. Es la primera señal que recibe una niña diciendo que su cuerpo no es de ella, sino de la comunidad", explica Filzah, quien coordina un proyecto dentro del grupo Aware, el cual trabaja por alcanzar la equidad de género.

"Un bebé de dos semanas no sabe nada. ¿Cómo podría consentirlo?", añade Zarifah.

Según ella, todas las muchachas malasias musulmanas que conoce en Singapur han sido sometidas a la intervención. Todas ignoraban ese hecho hasta que le preguntaron a sus padres.

La mayoría de los singapurenses no tienen mucha idea de la existencia de esta práctica en la ciudadestado asiática.

"Los padres deberían ser responsables de la seguridad y el bienestar de sus hijos. Esta práctica va completamente en contra de eso. Hay una parte de mí que se arrepiente de haber preguntado porque ahora sé hasta qué punto mi cuerpo no es mío", declara.

Pero no todo el mundo está de acuerdo con esta opinión.

"Hay muchas cosas que los padres hacen sin el consentimiento de los niños, con amor y velando por sus intereses", señala la funcionaria civil de 28 años Siti (cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su privacidad), a quien también le practicaron la ablación siendo una bebé. "¿Qué padre pondría en peligro a su hijo intencionalmente?"

"No tengo conocimientos sobre la diferencia entre las cosas que se sienten con o sin [el procedimiento], pero yo siento lo que necesito sentir", asegura Siti. "Eso no me hace menos mujer".

La Organización Mundial de la Salud estima que más de 200 millones de mujeres y niñas alrededor del mundo han sido mutiladas.

En lo que todas las mujeres sí coinciden es en la necesidad de más información y conciencia en torno al tema.

"La comunidad está dividida", continúa Siti.

"El MUIS tiene que generar un diálogo sobre este tema para ayudar a que la comunidad continúe evolucionando y equipar a los padres jóvenes con el conocimiento que necesitan para tomar una decisión informada".

"La comunidad musulmana malasia necesita hablar del tema para entender y aceptar que va contra los derechos humanos de las mujeres", expone Zarifah.

"Me niego a aceptar que esta conversación ha terminado".

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HERALDO MUÑOZ CONTRA FAMILIA DE LA PINTANA ANTE LA CIDH EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/sin-editar/2016/11/21/heraldo-munoz-contra-familia-dela-pintana-ante-la-cidh/

Cinco agentes designó el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, para enfrentar una demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile por la familia de Vinicio Poblete, un hombre cuya muerte dejó al descubierto la precaria situación de salud que viven las personas con menos recursos en Chile.

La semana pasada, el secretario de Estado determinó que para hacer frente al litigio, acreditó como agentes del Estado a Hernán Quezada Cabrera, Óscar Alcamán Riffo y Diana Maquilón Tamayo. Y como agentes alternas, a Beatriz Contreras e Isidora Rojas Fermandois.

El año 2001, la muerte de Vinicio Poblete Vilches golpeó a una familia completa. Lo dieron de alta sin hablarles a sus hijos y a su esposa de la gravedad de sus heridas. Lo operaron sin consentimiento y les entregaron seis diagnósticos distintos. Lo mismo pasó con su causa de muerte.

Es por ello que la familia recurrió a la Comisión Interamericana de DD.HH., que en junio entregó recomendaciones al Estado chileno que, entre otras cosas, indicaban disponer de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias para que nadie volviera a pasar por lo que los Poblete soportaron. Sin embargo, no hubo respuesta para estas sugerencias.

El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia en la que podría transformarse en un emblema de la situación que viven millones de personas en el país.

CIDH PRESENTA CASO SOBRE PERÚ ANTE LA CORTE IDH OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN DE LA CIDH http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/174.asp La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) los casos acumulados 11.053, 11.054, 12.224, 12.225 y 12.823 – Wilfredo Terrones Silva, Teresa Díaz Aparicio, Santiago Antezana Cueto, Néstor Rojas Medina y Cory Clodolia Tenicela Tello, respecto de Perú.

Los casos se relacionan con las desapariciones forzadas de Wilfredo Terrones Silva (desde el 26 de agosto de 1992), Teresa Díaz Aparicio (desde el 19 de agosto de 1992), Santiago Antezana Cueto (desde el 7 de mayo de 1984), Néstor Rojas Medina (desde el 26 de enero de 1991) y Cory Clodolia Tenicela Tello (desde el 2 de octubre de 1992). Lo anterior tuvo lugar en el contexto de la práctica sistemática y generalizada de la desaparición forzada en el marco de la lucha antiterrorista por parte del Estado peruano, con especial incidencia en dichos años. El Estado no aportó información sobre hipótesis alternativas a la desaparición forzada de personas y la mayoría de los casos se encuentra en situación de impunidad total. A la fecha no se conoce el destino o paradero de ninguna de las víctimas, por lo que su desaparición forzada continúa cometiéndose.

En el Informe de Fondo, la Comisión recomendó al Estado investigar de manera completa, imparcial y efectiva el paradero de Wilfredo Terrones Silva, Teresa Díaz Aparicio, Santiago Antezana Cueto, Néstor Rojas Medina y Cory Clodolia Tenicela Tello y, de ser el caso, adoptar las medidas necesarias para identificar y entregar a sus familiares, según sus deseos, los restos mortales. Asimismo, Perú debe conducir los procesos correspondientes por el delito de desaparición forzada de las cuatro víctimas; y por los delitos de tortura y desaparición forzada de Santiago Antezana Cueto; de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a todos los responsables e imponer las sanciones que correspondan. El Estado debe asimismo reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos, tanto en el aspecto material como moral, incluyendo una justa compensación, el establecimiento y difusión de la verdad histórica de los hechos y la implementación de un programa adecuado de atención a los familiares, en consulta con ellos y conforme a sus necesidades específicas.

La Comisión determinó adicionalmente que el Estado peruano debe adoptar medidas de no repetición necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares. En particular, fortalecer la capacidad institucional para investigar casos desaparición forzada de personas ocurridas en el marco del conflicto armado interno, a fin de asegurar que las mismas sean investigadas con la debida diligencia, en un plazo razonable y que tome en cuenta el contexto en que tuvieron lugar así como los patrones delictivos y modus operandi específicos que los caracterizaron. La CIDH solicitó también al Estado reformar la legislación penal a fin de que la tipificación del delito de desaparición forzada de personas se ajuste a los estándares interamericanos. Tanto la Comisión y la Corte han requerido en múltiples oportunidades la adecuación de dicho tipo penal, sin que el Estado haya dado cumplimiento.

La Comisión Interamericana sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 9 de noviembre de 2016, porque consideró que Perú no cumplió con las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo.

El caso le permitirá a la Corte seguir profundizando su jurisprudencia en casos de desaparición forzada de personas y la respuesta investigativa y de reparación que debe tener un Estado, particularmente cuando la misma tuvo lugar como consecuencia de una práctica sistemática y generalizada. Dada la relevancia del contexto en el presente caso para efectos probatorios respecto de la desaparición forzada, la Comisión considera que el caso podría favorecer el desarrollo de jurisprudencia en esa materia. Asimismo tomando en cuenta la ausencia de información concreta sobre un plan de búsqueda de las víctimas, el caso también ofrece una oportunidad para que la Corte tome en cuenta los estándares internacionales concretamente en dicha materia.

CÁMARA APROBÓ REFORMA AL CÓDIGO DE AGUAS DE PINOCHET PERO AÚN ESTÁ LEJOS DE SER DERECHO HUMANO Y BIEN PÚBLICO EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/22/camara-aprobo-reforma-al-codigo-deaguas-de-pinochet-pero-aun-esta-lejos-de-ser-derecho-humano-y-bien-publico/

Tras cinco años de tramitación y el paso por tres comisiones de la Cámara, la Reforma al Código de Aguas superó su primer trámite constitucional, y fue aprobada con 63 votos a favor y 32 en contra, en la Cámara de Diputados.

La iniciativa, que fue propuesta inicialmente por una serie de parlamentarios en 2011 y luego reformulada por el Gobierno de Michelle Bachelet en 2014, toca un tema sensible para el sector productivo, industrial y agrícola del país: el objetivo de los derechos de agua que aún permanecen como de libre disposición en el territorio nacional.

El proyecto, que tiene como principal objetivo reforzar el carácter de uso público del vital elemento, ha tenido un complejo proceso de discusión en la Cámara, según parlamentarios de la Nueva Mayoría, debido a que “toca intereses del sector privado”.

El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, explicó que la iniciativa tiene varios principios fundamentales: el uso prioritario del agua para uso humano; también “que aquellos que utilizan bien sus derechos los mantienen en el tiempo”; y, además, establece que en caso de que haya acaparamiento de los derechos de aguas, los “titulares” los perderán. “Esos derechos se extinguen, caducan y vuelven a la cuenca para que lo usen aquellos que sí lo necesitan”, indicó el ministro.

La iniciativa pasó por un largo camino antes de llegar a la Cámara: fue tramitada en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, luego por la Comisión de Agricultura y, finalmente, por Hacienda, proceso que fue dirigido principalmente por el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, junto al Director General de Aguas, Carlos Estévez.

El proyecto ha contado con una férrea oposición de los sectores cercanos al mundo agrícola de Chile Vamos, además de “todos los gremios, las empresas agrícolas, el sector minero, las empresas de generación energética y en menor medida las sanitarias”, señala un parlamentario de la Nueva Mayoría.

Una de las críticas al Ejecutivo fue el no paso de la iniciativa por la Comisión de Constitución, es más, el diputado independiente René Saffirio pidió un plazo especial para que la comisión enviará un informe a todos los parlamentarios, lo que debido a la suma urgencia del proyecto no era viable.

Esta jugada del Gobierno dejó un flanco abierto tradicionalmente usado por la oposición. Los diputados de la Nueva Mayoría hicieron una observación de constitucionalidad a una serie de artículos que hacen referencia principalmente a cambiar el concepto de “titular”, por “dueño”. Este cambio es tratado como “cosmético e insuficiente” por algunos sectores más progresistas de la Nueva Mayoría.

En su intervención, el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, advirtió que casi el 80% del agua dulce del país termina en mar abierto, además aseguró que la concesión de aguas termina con la “certeza jurídica para la inversión”. Y es que, además de cambiar la denominación de “titular” por “dueño”, el proceso de asignación de los derechos de agua encontrada, dependen de una aprobación expresa por parte de la Dirección General de Aguas.

Por su parte, el diputado independiente Vlado Mirosec, señaló que “hay que entender que estamos en una situación de sequía generalizada. No sé si tenemos conciencia real de este cambio”, y agregó que la baja en la abundancia de las aguas es preocupante. “Pero que el hecho de que tengamos ríos

y glaciares en el sur no significa que sean eternos”, puntualizó Mirosevic. “Las mineras no pueden tener un privilegio adicional a los del resto de los chilenos”, sentenció.

Al contrario, para el diputado, Juan Antonio Coloma (UDI), la Reforma al Código de Aguas es una “expropiación encubierta”, que se realizaría por la vía administrativa. Explicó que ya existe una ley que establece la devolución de derechos en no uso, que aumenta los impuestos para aquellos propietarios que no hacen uso del agua. Misma línea que sigue el diputado, Ernesto Silva, quien criticó el cambio en el carácter perpetuo de los derechos de aguas, pues aseguró que “debilita las asociaciones de usuarios”, y entrega la administración del agua al Estado, a través de la DGA. “Yo me quedo con lo que señaló el subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, en la Comisión de Hacienda (...) que en el proyecto hay problemas de constitucionalidad y que se va a revisar caducidad”, agregó el diputado. Es por esta razón que los parlamentarios de Chile Vamos rechazaron cada iniciativa que no se remitiera a solo “respaldar las indicaciones que están a favor del uso humano”.

Para distintas organizaciones en defensa del agua, esta reforma no es suficiente, precisamente porque mantiene el carácter privatizado de las aguas, aunque dicha propiedad tenga un tiempo de caducidad. “Si la reforma no es capaz de modificar la esencia de la actual legislación, que superpone el lucro y el derecho de propiedad sobre las aguas por encima del derecho humano y el bien común, entonces, la reforma que se vota sigue favoreciendo a quienes controlan el mercado de las aguas y, por lo tanto, consagra la desigualdad”.

El ítem sobre la recuperación de los derechos de aguas que no son usados y pueden abrir el camino para la “especulación”, es de suma relevancia para la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, quien durante su intervención expresó que la reforma no es “suficiente”, pero sí marca un avance, ya que toca 55 puntos del Código de Aguas, y busca terminar con la especulación. Según la diputada, las 9.180 patentes que no hacen uso del agua que han adquirido pertenecen a grandes empresas, entre ellas a la Sociedad Agrícola, Minera, Centrales Hidroeléctricas y de la industria del Gas. Para el diputado DC Fuad Chahin, la oposición y el mundo gremial han levantado una “campaña del terror en contra del proyecto”, que solo busca “fortalecer el carácter público del agua y terminar con la especulación del agua. Quienes destinan el agua a actividades productivas no tienen nada que temer”, indicó, ya que aquellos grupos agrícolas que no hayan inscrito el derecho de agua tienen un plazo de cinco años para hacerlo.

De la propiedad privada Uno de los principales flancos de críticas al proyecto, sobre todo desde los sectores organizados por la defensa del agua, apunta a que pese a que en la reforma se consagra al agua como “un bien de uso público”, en el 90% de sus derechos de uso –que ya han sido asignados– se mantiene la figura de la propiedad privada, esto aunque en una serie de artículos se modifique el concepto de “titularidad” por “dueño”.

Ante esta situación, el ministro de Obras Públicas señaló que “el régimen de derechos que tenemos en Chile se sujeta al derecho de propiedad. Sin embargo, quienes no utilicen esos derechos se extinguen, o caducan, para los nuevos, y también para los antiguos”, de esta forma se elimina el carácter irrevocable de los derechos de agua, pero se mantiene su propiedad privada.

Tras la aprobación, el ministro Undurraga recalcó lo histórico de la instancia en la cámara, para el proyecto que lleva cinco años en tramitación. Asimismo, desmintió el carácter “estatizador” de la iniciativa y recalcó que los cambios en la legislación apuntan a que “el agua debe ser bien invertida en distintos sectores productivos”.

Pero para distintas organizaciones en defensa del agua esta reforma no es suficiente, precisamente porque mantiene el carácter privatizado de las aguas, aunque dicha propiedad tenga un tiempo de caducidad. “Si la reforma no es capaz de modificar la esencia de la actual legislación, que superpone el lucro y el derecho de propiedad sobre las aguas por encima del derecho humano y el bien común, entonces, la reforma que se vota sigue favoreciendo a quienes controlan el mercado de las aguas y, por lo tanto, consagra la desigualdad”, señalaron a El Mostrador desde Movimiento por la Defensa del agua (Modatima).

El diputado radical, Marcos Espinosa, concuerda con esta línea y, a pesar de que reconoce el valor de la aprobación de este proyecto, explica que no apoyó “las indicaciones que limitan la protección de los caudales de alto valor ecológico y las que permiten constituir derechos de aprovechamiento de aguas a particulares”, esto debido a que no se regula correctamente el uso del agua por parte de las empresas que actualmente explotan este recurso para funcionar, como las de la gran minería.

Finalmente, el parlamentario afirmó que “ya es tiempo que dejemos a un lado la idea de que nuestro país solo es exportador de materias primas y otorga privilegios desmedidos a las empresas para que dichas actividades se desarrollen sin ninguna responsabilidad con las necesidades humanas de subsistencia y desarrollo”.

El proyecto que busca reformar el Código de Aguas ahora debe pasar a tramitación al Senado. Desde la oposición ya anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional si la iniciativa es aprobada en la Cámara Alta, pero varios diputados del oficialismo temen que el proyecto se pueda estancar en el Senado, o ser fuertemente modificado, como ocurrió con otras reformas, por ejemplo, la Tributaria.

MÁS DEMOCRACIA PARA MAYOR EQUIDAD AMBIENTAL EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/11/22/mas-democracia-para-mayorequidad-ambiental/

Pablo Badenier: Biólogo marino. Ministro del Medio Ambiente.

Esta semana, en la sede de la CEPAL en Santiago, iniciamos una nueva ronda de negociaciones para un acuerdo regional para la aplicación efectiva del denominado “Principio 10 de la Declaración de Río”, sobre derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, en el que

participan delegaciones de las 22 naciones de América Latina y el Caribe que adhieren a esta iniciativa.

Creemos que una verdadera democracia debe garantizar la participación informada en la toma de decisiones ambientales, porque ello no solo mejora la calidad de vida de las comunidades y de las futuras generaciones, sino porque contribuye de manera sustancial a la equidad ambiental.

Esta iniciativa surge como una propuesta de Chile, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), con el objetivo de crear un instrumento regional que apoye el fortalecimiento de la democracia ambiental en Latinoamérica y el Caribe.

En Río+20 eran cuatro países los que impulsaban esta instancia: Chile, Costa Rica, Jamaica y Perú.

Hoy somos 22, lo que significa que más de la mitad de la región ha respondido al llamado de Chile y se tiene la oportunidad de beneficiar a más de 500 millones de personas. Y en cada una de nuestras naciones, más y más organizaciones ciudadanas se han ido involucrando, contribuyendo con sus aportes al texto de la negociación.

Hoy la ciudadanía es más activa, más crítica y demandante respecto del estado de su entorno, y de sus efectos en la calidad de vida. En los encuentros locales realizados en nuestro país en el marco del proceso constitucional, cuando se pregunta por los valores y principios más importantes que debe preservar la Constitución, el respeto y conservación de la naturaleza o del medio ambiente ocupan un lugar relevante de las preferencias manifestadas por los ciudadanos.

Muchos de los países que iniciamos esta semana la negociación en Santiago, apoyamos que el mecanismo o instrumento que finalmente acordemos tenga un carácter vinculante. No solo impulsamos un convenio que recopile y recomiende buenas prácticas, sino que este además tenga un contenido ambicioso y transformador, porque tenemos el desafío de garantizar a nuestra ciudadanía mayores grados de injerencia sobre aquellos asuntos ambientales que les afectan.

Un mayor y mejor acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental, redundará en una mayor legitimidad del sistema de gestión ambiental en cada país y de sus decisiones, ayudará a anticipar y prevenir los conflictos ambientales, y facilitará una gestión más eficiente de proyectos y programas, ya sean públicos o privados, incrementando así el nivel de protección de los recursos naturales y el patrimonio ambiental.

Esto ayuda también a profundizar la democracia y la cohesión social. Una mayor injerencia de la ciudadanía sobre aquello que la afecta en materia ambiental ayuda a un mejor desarrollo de nuestro territorio y disminuir los conflictos. Según PNUMA, al menos el 40% de los conflictos violentos en los últimos 60 años han estado vinculados a los recursos naturales, y nuestra región tiene el triste récord de la mayor cantidad de ataques a defensores ambientales. Y en un contexto de cambio climático y aumento de desastres naturales, estos riesgos se acrecientan.

Hoy la ciudadanía es más activa, más crítica y demandante respecto del estado de su entorno, y de sus efectos en la calidad de vida. En los encuentros locales realizados en nuestro país en el marco del proceso constitucional, cuando se pregunta por los valores y principios más importantes que debe preservar la Constitución, el respeto y conservación de la naturaleza o del medio ambiente ocupan un lugar relevante de las preferencias manifestadas por los ciudadanos.

En este acuerdo que estamos impulsando en Santiago, resaltamos la importancia de la educación, la formación, la sensibilización y participación de la comunidad con sus múltiples expresiones, el acceso público a la información y la transparencia; todos, aspectos claves para una democracia ambiental, y para un desarrollo más sustentable y equitativo.

¿DERECHO A MORIR DE HAMBRE? JUEZ ACEPTA QUE MUJER CON ANOREXIA NO SEA ALIMENTADA A LA FUERZA EMOL.COM http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2016/11/22/832336/Derecho-a-morir-de-hambreJuez-acepta-que-mujer-con-anorexia-no-sea-alimentada-a-la-fuerza.html

Tiene 29 años, pesa 31 kilos y sus huesos tienen la densidad equivalente a una persona de 92 años.

Se trata de una mujer estadounidense que la mayor parte de su vida ha luchado contra la anorexia y que a comienzos de noviembre simplemente se dio por vencida: pidió no recibir más agua ni alimento y solo ser tratada con cuidados paliativos.

Desde 2014 la mujer, quien ha sido identificada solo con las iniciales A.G., está internada en un hospital psiquiátrico de Nueva Jersey, donde lleva un régimen alimenticio basado en bebidas dietéticas, café negro y bocados ocasionales de comida. Y aunque los médicos le diagnosticaron una depresión crónica y alcoholismo, un juez determinó que tiene la capacidad mental para elegir no ser alimentada a la fuerza.

Según han publicado diversos medios estadounidenses, A.G. está consciente de que su decisión la llevará a la muerte, momento para el cual dice estar preparada. Y argumenta que la alimentación forzosa solo la llevará a estar gorda. Por su parte, Joshua Braun, su psiquiatra, ha señalado que alimentarla a la fuerza, es decir, a través de un tubo insertado en su nariz, sería "cruel y tortuoso".

En la vereda opuesta, el estado -administrador del hospital en el que está internada A.G.- ha afirmado que con el retiro de la alimentación forzosa, la corte esencialmente le está permitiendo su suicidio pasivo. A su juicio, la medida más indicada para ella es alimentarla a través de una sonda nasogástrica, administrarle medicamentos experimentales para la depresión, y aumentar el tiempo que pasa junto a su familia y mascotas.

En tanto, los padres de la mujer afirmaron que durante más de 10 años han hecho todo lo que han podido para tratar la anorexia de su hija. Sin embargo, señalaron que aceptan su decisión de recibir únicamente cuidados paliativos porque A.G. ha sido incapaz de salir adelante con los tratamientos a los que ha sido sometida. "Ella no tiene paz (...) Nunca ha tenido un momento de relajo. Está atormentada", declaró su madre al periódico Daily Record. Si los abogados del estado no apelan a la decisión del juez, A.G. comenzará a recibir drogas para aliviar su dolor y tener una muerte tranquila.

OSSANDÓN SINCERA SU PROPUESTA DE QUE PRESOS TRABAJEN: “LO IMPORTANTE ERA GENERAR POLÉMICA” EL DÍNAMO http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/11/22/ossandon-sincera-su-propuesta-de-que-presostrabajen-lo-importante-era-generar-polemica/

El senador Manuel José Ossandón fue el centro de la discusión al asegurar en su Facebook que en caso de convertirse en Presidente hará trabajar a los presos, tildando las cárceles como “hoteles estatales gratuitos”.

En vista de esto fue entrevistado por radio ADN, apuntando que “hace años que llevamos tapando la realidad con un dedo y nos hacemos los lesos de temas que son súper importantes”.

Consultado sobre si calificar a las cárceles como “hoteles gratuitos” era un comentario desafortunado, el otrora militante de RN reconoció que “lo importante es generar polémica, para que hablemos de este tema y busquemos una solución”.

“No es ofensivo lo que estoy diciendo, en el fondo, es que nosotros le estamos financiando a personas que han delinquido la vida, la comida, el alojamiento en malas condiciones”, trató de explicarse.

Junto con ello, criticó que “al Estado de Chile le cuesta casi 600 mil pesos mantener un preso y la subvención para educar a un niño es de 90 mil pesos, este tema pasa porque primero ellos se reinserten que es lo que más me importa”.

Sin embargo, luego apuntó que “¿ustedes creen que vamos a solucionar el problema de la delincuencia sin inversión pública? ¿Qué van a venir los angelitos a solucionar el problema? Yo aquí estoy tirando una idea que se puede hacer”

JOSÉ ANTONIO KAST PIDIÓ LA CENSURA DE CAMILA VALLEJO POR NO INICIAR SESIÓN “EN NOMBRE DE DIOS” EL DÍNAMO http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/11/22/jose-antonio-kast-pidio-la-censura-de-camilavallejo-por-no-iniciar-sesion-en-nombre-de-dios/

En octubre pasado la diputada PC Camila Vallejo anunció la presentación de un proyecto de ley para eliminar la frase “en el nombre de Dios” de cada inicio de sesión en la Cámara Baja.

Y es que como explicó en su momento la parlamentaria, esto atenta la libertad de conciencia, por lo que proponía reemplazarla por “en representación del pueblo de Chile, se abre la sesión”.

“No puede ser que siendo Chile un Estado laico, definido como tal hace más de un siglo, nos obliguen a todos los parlamentarios a abrir las sesiones en nombre de Dios, siendo que muchos no profesamos la fe o tenemos creencias de religiones distintas”, argumentó.

Pero si hubo alguien a quien no le gustó para nada esta iniciativa fue al diputado José Antonio Kast, quien criticó a Vallejo por iniciar la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, de la cual es presidenta, sin encomendarse a Dios.

Es por ello que concretó un voto de censura contra la ex dirigente estudiantil, la cual será revisada este miércoles por la misma instancia parlamentaria.

LA MAFIA DE POBRES QUE DESANGRA A EL SALVADOR NYTIMES http://www.nytimes.com/es/2016/11/21/la-mafia-de-pobres-que-desangra-el-salvador/ Las pandillas que han convertido a El Salvador en la capital mundial del homicidio no son sofisticados carteles internacionales. Cálculos basados en cifras oficiales llevan a concluir que los millones que acumulan esas organizaciones no alcanzan ni para que coman todos sus miembros.

Una noche sofocante a finales de julio, las autoridades salvadoreñas lanzaron su primer ataque contra lo que llamaron la cúpula financiera de la Mara Salvatrucha, o MS-13, la más grande de las implacables pandillas que han convertido a El Salvador en la capital mundial del homicidio.

Hasta ese momento, la Policía Nacional Civil había seguido una rutina casi coreografiada, una y otra vez, en su esfuerzo por neutralizar la actividad de las pandillas. En medio de la noche, a menudo acompañados por cámaras de televisión, los policías derribaban puertas de viviendas destartaladas en comunidades marginales y después exhibían a un puñado de hombres tatuados y semidesnudos calificados como extorsionadores.

El monto total confiscado a pandillas en esos operativos antiextorsión entre 2012 y 2015 fue de 34.664,75 dólares; una suma absurdamente pequeña si se considera que la MS-13 ha sido identificada por Estados Unidos como una organización criminal global a la altura de los Zetas en México o los Yakuza en Japón.

El 27 de julio, sin embargo, en un operativo bautizado como Operación Jaque, las autoridades desplegaron a 1127 oficiales de policía para llevar a cabo redadas en un montón de supuestas fachadas de la Mara Salvatrucha, desde concesionarios de autos y bares hasta moteles y prostíbulos.

Líderes de la MS-13 en la prisión Ciudad Barrios en 2012. El supuesto “CEO” de la mara, Marvin Ramos Quintanilla, está al fondo a la derecha. El Diablito, Borromeo Henríquez Solórzano, que ocupa el lugar más alto de la jerarquía según la policía, está sentado al centro, con gorra negra.

Al día siguiente, las autoridades presentaron ante los medios filas y filas de autobuses y automóviles confiscados y a 77 sospechosos identificados como los operadores financieros de la MS-13 y sus colaboradores. Entre ellos estaba el supuesto “CEO” de la mara, Marvin Ramos Quintanilla, y otros dos líderes presentados como si manejaran millones y poseyeran lujos inimaginables para los miembros de la pandilla que estaban por debajo de ellos.

Pero la presentación era un poco extremista, al igual que muchas caracterizaciones oficiales de las maras, cuya sofisticación criminal y alcance global tienden a ser exagerados por las autoridades, frustradas por no poder vencerlas. El supuesto cerebro financiero, por ejemplo, Marvin Ramos Quintanilla, estaba lejos de vivir como un capo: alquilaba una casa de cemento con techo de lámina corrugada en un barrio donde un alquiler raramente llega a los 400 dólares. Usaba un Honda Civic modelo 2004 y una furgoneta Nissan color gris.

En colaboración con The New York Times, El Faro, un periódico digital en San Salvador, procuró penetrar el secretismo que rodea las finanzas de las pandillas que aterrorizan a El Salvador, un país

que experimenta un nivel de violencia sin paralelo fuera de zonas de guerra, con una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes el año pasado.

Las pandillas, cuyos miembros se calculan en 60.000 en un país de 6,5 millones de habitantes, tienen un poder desproporcionado en comparación con sus cifras. Mantienen una presencia amenazadora en 247 de los 262 municipios del país. Extorsionan a cerca del 70 por ciento de los comercios.

Desplazan a comunidades enteras de sus hogares y empujan a miles de salvadoreños a embarcarse en viajes peligrosos para cruzar la frontera de Estados Unidos. Su violencia le cuesta a El Salvador cuatro mil millones de dólares al año, según un estudio del Banco Central de Reserva del país.

Aun así, la investigación determinó que la MS-13 y las pandillas rivales en El Salvador no son empresas transnacionales sofisticadas. Ni siquiera pertenecen a la misma liga financiera que las multimillonarias mafias mexicanas, japonesas y rusas con las que han sido equiparadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Si son mafias, son mafias de pobres. El Salvador ha sido puesto de rodillas por un ejército de moscas.

Los ingresos anuales de la Mara Salvatrucha parecen rondar los 31,2 millones de dólares. Esta estimación se basa en la información del expediente de 1355 páginas de la Operación Jaque, al cual El Faro tuvo acceso exclusivo. Conversaciones intervenidas revelan que el 11 de abril de 2016 la cúpula nacional de la mara ordenó a sus 49 “programas” entregar todo el dinero que habían ganado en una semana. Reunieron 600.852 dólares.

Suena a mucho dinero, pero si se divide por partes iguales entre los 40.000 miembros que se estima tiene la MS-13, cada pandillero recibiría 15 dólares a la semana y alrededor de 64 dólares al mes.

Eso es la mitad del salario mínimo de un jornalero del campo.

Y las pandillas —la MS-13 y sus principales rivales, las facciones Sureños y Revolucionarios, del Barrio 18— no distribuyen sus ganancias equitativamente. Las usan para pagar servicios funerarios y abogados, comprar armas y municiones, y mantener a aquellos que están cumpliendo largas sentencias de prisión y a sus familias. Su economía es de subsistencia delictiva; muchos de sus líderes apenas logran sobrevivir.

“Si las autoridades dicen que los pandilleros son empresarios, significa que la inteligencia que tienen es nula o es bastante burda”, explicó Rolando Monroy, un ex fiscal salvadoreño que supervisó investigaciones de lavado de dinero hasta 2013. “Los pandilleros son un hormiguero. Todos van por un fin común: conseguir algo para consumo”.

A diferencia de otros grupos considerados mafias de crimen organizado a nivel global, las pandillas salvadoreñas no se mantienen del tráfico internacional de cocaína, armas ni personas. Aunque incursionan en el tráfico de drogas, la venta de armas y la prostitución, se dedican principalmente a un solo delito que cometen una y otra vez dentro del país: la extorsión.

Dentro de El Salvador, mantienen las riendas del poder en gran medida debido a una exigencia aterradora que se repite —o está implícita— a diario en todo el país: paga o muere.

“Vaya, mira, la onda es que no estamos bromeando”, decía una amenaza escrita que recibió el propietario de un microbús hace poco. “Pónganse en algo. Si no, les vamos a quemar un micro de esos nuevos”. Estaba firmada por una de las pandillas: “18 te saluda”.

Una amenaza que recibió el propietario de un microbús hace poco

‘No tenés opción’ A las 4 de la tarde de un día de junio de 2015, dos jóvenes pandilleros interceptaron a un empresario que regresaba del trabajo. “Tengo hijos, cálmate, por favor”, atinó a decir antes de que los jóvenes lo agarraran, lo tiraran al piso y le dispararan en el hombro, el estómago y dos veces en la cara.

Estaban entregando un mensaje escrito con plomo.

“Fue por la extorsión, no fue por otra cosa”, dijo el hijo de aquel hombre.

El hombre era propietario de un microbús. Su hijo, que también tenía un microbús, dijo que su padre, cansado de las extorsiones, había dejado de hacer el pago de un dólar diario a la mara tres semanas antes de su muerte. Lo asesinaron por 21 dólares.

Entre las empresas salvadoreñas, las compañías de transporte —cuyos vehículos atraviesan el territorio de las pandillas— son particularmente vulnerables a la extorsión. En El Salvador es más peligroso conducir un bus que luchar contra las pandillas: en los últimos cinco años los pandilleros han asesinado a 692 trabajadores de transporte y a 93 policías (esto de acuerdo con un análisis de información oficial interna que, como la mayoría de los datos en este artículo, no se consideran información pública pero El Faro pudo acceder a ellos).

Genaro Ramírez, un ex diputado del Partido de Conciliación Nacional y dueño de una importante flota de buses que cubren varias rutas, calcula que ha entregado más de 500.000 dólares en pagos de extorsión a las maras en los últimos 19 años. “Es una cuestión de supervivencia; cuando te dicen que te van a matar, no tenés opción”, explicó.

Entre 2013 y 2015, la Policía Nacional recibió 7506 denuncias de extorsión. Según las autoridades son solo una pequeña fracción del total. En el mismo periodo, unos 424 pandilleros fueron sentenciados por este delito; la mayoría de ellos pertenecen a los niveles más bajos de la mara y son quienes hacen la colecta del dinero y a los que se atrapó con el efectivo.

El pago de extorsiones por parte de empresas de transporte es tan común que algunas tienen empleados cuya principal función es negociar con las pandillas, que continuamente aumentan sus cuotas y exigen pagos adicionales, como bonos navideños o microbuses para que los lleven a la playa o a funerales de otros pandilleros.

El único dueño de una empresa de transporte que se ha negado a ser extorsionado —y ha hecho pública su negativa— es Catalino Miranda. Miranda es propietario de una flota que cuenta con varios cientos de microbuses.

Desde 2004, las pandillas han asesinado a 26 de sus empleados, pero él se niega a cambiar su postura.

“Como le dije a uno de ellos”, señaló, refiriéndose a un pandillero, “que los maten, que esto no iba a durar toda la vida”.

Miranda estaba en su oficina, con un revólver de nueve milímetros encima de un revoltijo de papeles sobre su escritorio y una pila de rifles y chalecos antibalas amontonados en una esquina. Gasta 30.000 dólares al mes en seguridad. Puso cámaras en todos sus autobuses y estaciones y ocho guardias de seguridad patrullan las zonas de las pandillas a bordo de los autobuses, armados con rifles de asalto.

Cuando alguno de sus empleados es asesinado, contrata detectives privados para que investiguen el caso, porque “el Estado no tiene capacidad de dar protección al testigo. Te usan y te abandonan”.

Oponer resistencia a las pandillas no es una opción para los pequeños empresarios. Muchos de ellos viven en barrios controlados por las pandillas y no pueden escapar a la presión de pagar. Esa fue la situación del propietario del microbús asesinado en junio de 2015.

El hijo del propietario del autobús, de 38 años, habló de la muerte de su padre en un restaurante al aire libre al lado de la Autopista Panamericana. Un hombre corpulento, llevaba consigo un arma — siempre tenía una a mano, hasta cuando dormía, dijo— y se sentaba mirando hacia la entrada, dando la espalda al barranco, para poder ver quién entraba y quién salía.

Como la mayoría de los empresarios que relataron sus experiencias, el hombre habló a condición de que su identidad permaneciera anónima. Su padre fue uno de los 154 trabajadores de transporte que perdieron la vida en 2015 a causa de las bandas de extorsionadores que comandan las pandillas.

Hablar es arriesgarse a formar parte de las estadísticas.

Todo comenzó una tarde de 2004, relató, cuando un par de mareros adolescentes abordaron un autobús en su ruta. Los jóvenes exigieron ver la licencia del conductor y el registro del vehículo, revisaron los documentos y le entregaron al chofer un teléfono portátil de prepago antes de bajarse.

Catalino Miranda, presidente de la cooperativa de microbuses Acostes de R. L., posa con su pistola 9 milímetros en su oficina. Es el único dueño de una empresa de transporte que se ha negado a ser extorsionado y ha hecho pública su negativa. Desde 2004, las pandillas han asesinado a 26 de sus empleados.

Después de que el conmocionado chofer regresara a la terminal, el teléfono sonó. La voz en el otro extremo le hizo saber los términos de su nueva relación: 10 dólares a la semana no solo por ese autobús, sino por cada uno de los diez autobuses de la ruta.

El hombre, su padre, y los demás propietarios de autobuses convocaron a una reunión de emergencia para discutir si debían denunciar o no el incidente a la policía.

Muchas víctimas no se toman la molestia. Las investigaciones de extorsión requieren que ellos hagan pagos a las pandillas mientras la policía observa y reúne evidencia. Pero las pandillas siempre acaban enterándose y la víctima es amenazada o asesinada antes de que la investigación termine.

Aun así, los hombres decidieron llamar a la policía. Pronto dos detectives se ubicaron dentro de la terminal y, haciéndose pasar por propietarios de autobuses, negociaron una tarifa con la mara: un dólar al día por vehículo.

Durante los tres años siguientes, la policía arrestó a tres líderes de la pandilla, incluyendo a uno que vivía en la casa de al lado del hombre asesinado. La investigación se expandió a otros delitos y continuó. Los propietarios siguieron pagando la extorsión.

La situación empeoró. Entre 2004 y 2012, miembros de la MS-13 mataron a cinco choferes de su ruta y a uno de los investigadores de policía asignados a su caso. En 2012 trataron de matar al hombre y rodearon su casa, contó su hijo en el restaurante.

Después del asesinato de su padre, la pandilla aumentó la cuota de extorsión en su ruta a 1,50 dólares al día.

El hombre vendió su microbús.

Los ‘lujos’ de las maras Cuando las autoridades salvadoreñas trazan un esquema con la estructura de la Mara Salvatrucha, siempre colocan a la cabeza una fotografía policial del Diablito de Hollywood.

El Diablito, Borromeo Henríquez Solórzano, de 38 años, ocupa el lugar más alto de la jerarquía según la policía, aunque la MS-13 no tiene una cúpula con un solo líder, sino que se conduce con una dinámica asamblearia. Si los líderes de las pandillas se enriquecen a costa de los de abajo, Henríquez debería ser uno de los jefes más ricos, y no es así.

Entre finales de 1970 y principios de 1980, Henríquez y su familia huyeron de la guerra civil salvadoreña junto con otros compatriotas que se establecieron en barrios de Los Ángeles dominados por pandillas mexicanas. Ahí fue donde nació la Mara Salvatrucha.

A finales de los noventa, como parte de una ofensiva antipandillas y una política de mano dura con los “inmigrantes delincuentes”, Estados Unidos envió de regreso a El Salvador y a otros países centroamericanos aviones repletos de pandilleros formados en EE. UU. El Diablito regresó a su ciudad natal en una de esas deportaciones.

Era apenas un adolescente, pero en aquella época venir de Los Ángeles era un símbolo de estatus en la rama de la Mara Salvatrucha que había surgido en El Salvador (ahora existen otras células — clicas— mayormente autónomas en otros países centroamericanos y en áreas de Estados Unidos fuera de California). Era como llegar con un sello de “producto original” y el Diablito, astuto y charlatán, rápidamente se valió de eso para hacerse de una posición de poder.

La cárcel, donde fue a parar en 1998 después de ser sentenciado a 30 años por homicidio, solo consolidó su estatus.

Poco después de su primer encierro en la cárcel, Henríquez convocó al líder de una de las clicas más poderosas de la Mara Salvatrucha para que lo visitara en prisión, contó el líder en una entrevista.

En aquella época la pandilla no tenía ningún flujo de ingresos confiable, aunque los pandilleros vendían drogas en las esquinas, cometían robos menores y exigían pequeñas cantidades a los choferes de buses y microbuses. Henríquez tenía un plan para hacer dinero, le dijo.

El Diablito le dijo que quería institucionalizar la extorsión en todo el país. Insistió en que el líder de la clica aceptara al plan o renunciara: la MS-13 no toleraría disidentes. El líder comunicó la nueva directriz a sus tropas. Unos años más tarde, el hombre renunció y se fue a vivir a Washington D. C., donde ahora es propietario de un pequeño negocio en un barrio salvadoreño.

Al igual que el Diablito, la mayoría de los líderes de las pandillas en el país operan tras las rejas. Sin embargo, con un acceso fácil a teléfonos móviles y visitas privadas de abogados, mantienen un control estricto de sus organizaciones, el dinero que ganan y el caos que generan.

El funeral en septiembre de Ricardo Amador, un chofer de microbús asesinado en San Salvador.

Durante los últimos cinco años las pandillas han asesinado a 692 trabajadores de transporte.

Esto se hizo más que evidente en 2012, cuando el gobierno estaba negociando una tregua con las pandillas y Henríquez apareció ante la mirada pública como vocero de la MS-13. Los líderes emitieron una orden desde las cárceles: alto a los asesinatos. De un día para otro, los homicidios disminuyeron un 60 por ciento, a un nivel que, con pequeñas variaciones, se mantuvo hasta que las negociaciones del gobierno con las pandillas, que eran muy impopulares, terminaron dos años después.

Durante la tregua pactada entre el gobierno y las pandillas, se le permitió a un equipo de El Faro entrevistar a los líderes en la prisión de Ciudad Barrios, que estaba bajo el dominio de la MS-13. Por más de una década, las pandillas habían estado separadas dentro de las cárceles para reducir la guerra interna, lo cual ha tenido el efecto contrario de fortalecerlos; los terminó uniendo en vez de dispersar su liderazgo.

Vestido con ropa suelta de color negro, Henríquez insistió en que él había sobrevivido con el dinero que le habían enviado familiares en Estados Unidos y un hermano que vendía autos usados en El Salvador. “¿No te das cuenta de que es difícil creer que uno de los líderes más visibles de la MS-13 no obtiene un centavo de sus ingresos de actividades ilícitas?”, le preguntó uno de los periodistas de El Faro.

Henríquez hizo una pausa y después respondió: “Mi dinero no proviene de la extorsión”. ¿Qué dices de las actividades ilegales en general?, lo presionó el reportero. El Diablito respondió con una sonrisa cínica: “No proviene de la extorsión”. El resto de los líderes de las pandillas se rieron crípticamente.

Aquel año, 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró que la MS-13 era una organización delictiva transnacional, junto con otras cuatro mafias: los Zetas, los Yakuza, el Círculo de la Hermandad rusa y la Camorra italiana. Fue la primera pandilla callejera en la historia en recibir una designación así.

Al año siguiente, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra Henríquez, lo que impedía a los estadounidenses hacer negocios con él y autorizó a los investigadores federales a congelar sus activos financieros. No ha surgido evidencia de que Henríquez tuviera bienes o activos que congelar en Estados Unidos.

La esposa del Diablito, Jenny Judith Corado, también fue incluida individualmente en la lista del Tesoro. El gobierno salvadoreño la arrestó en 2013 y la acusó de pertenecer a una banda de extorsionadores de la Mara Salvatrucha. Sin embargo, al no poder comprobar su conexión con la banda, fue liberada y la obligaron a entregar una suma de dinero cuya procedencia no pudo justificar: eran 50 dólares.

Ahora, Jenny Corado no parece estar disfrutando una vida de lujos, ni siquiera de comodidades. Con sus hijos al lado, pasa sus días vendiendo ropa usada y lencería en un puesto hecho de lámina en el ajetreado mercado público de San Salvador.

En la conferencia de prensa en la que se anunció la Operación Jaque, las autoridades hablaron de los “lujos”, las “inversiones” y los “varios millones de dólares” de los líderes de las pandillas.

“Estos líderes viven una vida diferente a la de los miembros de las pandillas que están abajo de ellos”, dijo Douglas Meléndez, fiscal general del país. “Lo deben saber los pandilleros de abajo”, agregó.

Era un mensaje dirigido a la calle, a esos pandilleros en la base que arriesgan la vida por una recompensa apenas tangible: mientras sus líderes predicaban una doctrina de hermandad, se estaban enriqueciendo en secreto a costa de sus hermanos, sus soldados, sus homies.

Los lujos, en todo caso, consistían en 22 automóviles importados pero usados, los más caros de ellos valuados en no más de 8000 dólares. El efectivo incautado sumaba 34.500 dólares. Las inversiones mencionadas eran tres: una taquería y bar en Soyapango, una comunidad de la clase trabajadora en el área metropolitana de San Salvador; un puesto de verduras en un mercado rural, y un restaurante carretero que está decorado con la cabeza de un venado, tiene karaoke y tres meseras que principalmente venden cubetas de botellas de cerveza.

El credo de fraternidad e igualdad de las pandillas no permite que nadie se beneficie a costa de la hermandad y al menos en teoría lo hacen cumplir sin compasión: “El que se haga rico a costillas del Barrio se va a morir”, dijo en una entrevista uno de los principales líderes del Barrio 18.

Las escuchas en el archivo de Operación Jaque revelan que algunos líderes de pandillas llegaron al extremo de pagar cuotas de extorsión a sus propias pandillas por sus negocios privados a fin de ocultar su participación.

Howard Cotto, director general de la Policía Nacional, calculó en una entrevista que entre 50 y 70 líderes de pandillas, incluyendo a Henríquez, habían acumulado algo de dinero o intereses comerciales. No obstante, dijo, es apenas lo suficiente para que sus familias puedan escapar de “condiciones de pobreza, hacinamiento, insalubridad y champas de lámina” y puedan tener alguna oportunidad a futuro.

“No puedo decir que vivan en lugares de lujo”, reconoció.

De hecho, se espera que la mayoría de los líderes pasen el resto de su vida en prisión, ya sea en aislamiento o en celdas malolientes que comparten con decenas de prisioneros.

Negocios insignificantes Un día de 2014, un líder de Barrio 18 que se hace llamar Chiki estaba dando instrucciones desde la prisión a un pandillero de base llamado Shaggy.

Chiki, quien cumplía una condena por extorsión, hablaba por teléfono desde la penitenciaría de Izalco y le ordenó a Shaggy ir a recoger un cobro. Se trataba de 100 dólares de una operación en la colonia Rubio, en el departamento de La Unión. Aunque Shaggy se arriesgaba a pasar 20 años en prisión si lo arrestaban, el encargo tenía algo especial para él, dijo Chiki.

“Agarrá dos dólares para algo de comer”, le ordenó Chiki, en una conversación que fue intervenida.

“Y dile al Demente que te dé algunas cremas para el morrito”, agregó.

Chiki, cuyo verdadero nombre es José Luis Guzmán, fue el tercero a cargo de la sección de los Sureños de Barrio 18 en el oriente de El Salvador. Otra grabación de una llamada intervenida en la prisión revelaba a un líder de Barrio 18 de más alto rango, Carlos Ernesto Mojica, involucrado en negociaciones con un vendedor de pollo que quería reducir el pago mensual de extorsión de 400 a 200 dólares.

El hecho de que estos líderes estuvieran supervisando operaciones de tan poca monta ejemplifica lo insignificante que son los negocios de las pandillas. Mientras que los funcionarios describen a las pandillas como organizaciones criminales internacionales y narcotraficantes, los registros y datos judiciales narran una historia muy distinta, al igual que algunas autoridades cuando hablan en privado o se entrevistan con alguien.

En los cuatro años previos a la Operación Jaque, la mayor suma confiscada en un operativo policial contra la extorsión fue de 6377 dólares, y en algunas redadas el monto fue de solo cinco dólares.

“Nunca he tenido un caso que involucre una cantidad de dinero como para mantener al crimen organizado”, confesó Nora Montoya, jueza que ha manejado casos de extorsión durante décadas.

Las autoridades salvadoreñas en reiteradas ocasiones han hablado de “narcopandillas”. Cotto, el jefe policial, explicó que el término “narcopandilla” era sensacionalismo y podía malinterpretarse como si las pandillas salvadoreñas trabajaran directamente con el Cartel del Golfo o los Zetas en el tráfico de drogas desde Sudamérica a Estados Unidos. “Y no es así, definitivamente, no es así”, dijo.

Aunque las pandillas de El Salvador sí venden drogas, son simples vendedores callejeros, sin operativos internacionales. De 2011 a 2015, la Policía Nacional confiscó a las maras 13,9 kilogramos de cocaína, menos del uno por ciento del total incautado. Tres cuartas partes de los miembros de las pandillas procesados por narcotráfico en los últimos años fueron acusadas por tenencia y posesión de cantidades menores a dos gramos.

Un veterano traficante de cocaína en San Salvador dijo que las organizaciones de narcotráfico serias no tenían nada que ver con las maras, que se consideran volátiles y poco confiables.

“Los mayoristas con los que trabajo no le venderían a los pandilleros. No confían en ellos”, comentó.

En 2004, la policía confiscó un libro contable de José Luis Mendoza Figueroa, fundador de la MS-13, que no contenía evidencia de asuntos relativos al narcotráfico. En cambio mostraba recibos semanales de las 19 clicas que controlaba —de 14 dólares en promedio— y desembolsos sin importancia para balas (8 dólares), taxis (25 dólares), cenas navideñas, alcohol y “50 dólares para los homies en prisión”.

Diez años después, en 2014, agentes policiales confiscaron un libro contable similar del tesorero de la clica de los Locos de Park View de la MS-13 en Usulután, al sureste de El Salvador. Un registro de los gastos del día decía: 30 para un chip de teléfono móvil, 10 para la “mujer del jefe”, 35 para “otra mujer” y 10 para comida. Como saldo quedaban 29 dólares.

El cuaderno también contenía las reflexiones del pandillero: “El día que me muera quiero ser recordado como un soldado callejero fuerte, un delincuente comprometido y a la hora en la que suenen los balazos, quiero que se diga ‘presente’”.

‘Si me atrapan, no me van a dejar vivo’ Según un código interno, solo los líderes pueden hablar a nombre de Barrio 18. Sin embargo, en el departamento rural de La Paz, uno de los más violentos de El Salvador, un pandillero de 15 años se levantó de un viejo colchón sobre el piso de tierra de una casa de adobe para desafiar esa regla.

Aceptó darnos una entrevista con dos condiciones: que protegiéramos su identidad y le pagáramos el desayuno.

Un pandillero de 15 años en una casa en La Paz, en julio.

El chico es un miembro novato de los Revolucionarios de Barrio 18 y trabaja como extorsionador callejero de bajo nivel. Cobra 15 dólares mensuales a cada una de las tres camionetas de comida que retumban por su distrito repartiendo chicles, Pepsi y pan Bimbo. Después entrega el fruto de la extorsión al líder de su clica, como se les conoce a las unidades más pequeñas de la pandilla.

“El pisto siempre lo ocupan en armas”, dijo el joven, a quien le habían entregado un revólver 9 milímetros que muchas noches lleva consigo para “patrullar”.

Al igual que muchos jóvenes reclutas, el adolescente es un soldado obediente que arriesga su vida para proteger su territorio sin ganar un centavo de su organización. Es una ganga para los líderes de la pandilla que administran las finanzas: decenas de miles de obreros que, en la mayoría de los casos, no buscan ganancias económicas personales, solo respeto y un sentimiento de pertenencia.

El chico, uno de 14 hermanos, nunca fue a la escuela y no sabe leer ni escribir. Probablemente habría encontrado trabajo en los campos de caña de azúcar cercanos, donde, incluso en condiciones miserables, habría ganado 100 dólares al mes. Sin embargo, sintiéndose acosado y vulnerable a los 13 años, participar en la pandilla le dio algo menos tangible pero más valioso a esa edad.

“Yo estaba morro. Pendejada de uno”, dijo. “Me agarraban de base un vergo de locos. Me puse a pensar: ‘Ya me tienen harto’. Me jodían porque estaba morrito, me daban grandes coshcos. Desde que entré nadie me jode”.

El departamento de La Paz, con toda su producción de caña de azúcar, es bastante lucrativo para las pandillas. La Federación de Asociaciones de Productores de Caña de Azúcar declaró en junio que sus miembros habían pagado 1,5 millones de dólares en extorsiones en un periodo reciente de cinco meses.

Sin embargo, nada de eso llega a las bases. Así que para sobrevivir, los chicos dirigen sus propias operaciones de extorsión a menor escala, que llaman “extorsión privada”. Esta clica en particular prohíbe a sus miembros extorsionar a sus vecinos. En cambio, cobra y se embolsa “rentas” de unos cuantos negocios pobres en la periferia de su zona.

El pandillero dijo que ganaba 40 dólares netos al mes: “Solo para comer”. A pesar de su edad, básicamente tiene que vérselas por sí mismo con una madre que tiene demasiadas bocas que alimentar.

Mientras el pandillero adolescente hablaba, tres de sus pequeños hermanos daban vueltas alrededor del desayuno —huevos revueltos, frijoles y plátanos fritos— que esperaba en el piso. A su hermano menor le dio permiso de abrir un envase de cartón. El pequeño, de cabello enmarañado y apelmazado y cara sucia, gritó de alegría y procedió a comer con las manos.

En dos años de vida como pandillero, el adolescente ya había presenciado y participado en dos derramamientos de sangre significativos. Dijo que había participado en dos “homicidios colectivos”.

En ambos casos, los miembros de una banda rival se habían atrevido a cruzar la frontera invisible que delimitaba el territorio de la MS-13 y la Barrio 18. Uno había querido comprar marihuana; el otro se había adentrado en el territorio para conocer chicas en una feria del pueblo. Ambos fueron asesinados por su rebeldía.

En la primavera, el líder de 26 años de la clica de adolescentes, a quien conocían como Shadow, murió en lo que la policía describió como un enfrentamiento entre autoridades y pandilleros. El chico no estaba presente, pero había sido testigo de las muertes de otros tres miembros de la clica en febrero, en incidentes que también fueron registrados oficialmente como enfrentamientos, dijo.

El muchacho dijo que ninguno de sus compañeros portaba armas aquel día. Escondido tras una pila de basura, observó cómo la policía mató a sus amigos, adolescentes como él, y después, dijo, colocaron armas junto a sus cuerpos para dar la impresión de que habían caído en un fuego cruzado.

Dos vecinos que no son pandilleros respaldaron su versión de los hechos en entrevistas. No es algo descabellado: la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador tiene 31 casos abiertos contra la policía por presuntas ejecuciones sumarias de 100 pandilleros durante el último año y medio.

El día de la entrevista y en conversaciones siguientes durante el verano, el chico dejó claro que le daba miedo la policía. Desde febrero, oficiales habían pasado por su casa de vez en cuando, y él había pasado bastante tiempo escondiéndose de ellos en las montañas. “Necesito ahorrar dinero para salir de aquí”, dijo. “Si me atrapan, no me van a dejar vivo”.

En octubre lo atraparon y lo arrestaron por una extorsión de 40 dólares, su extorsión privada, a un comerciante local. Fue encarcelado y ahora enfrenta la posibilidad de una condena de hasta 15 años de prisión.

Una muestra de fuerza implacable Cuando la violencia llegó a su punto más alto en 2015, alcanzando niveles inéditos desde la larga y brutal guerra civil de El Salvador, comunidades enteras abandonaron sus hogares por las amenazas de las pandillas. Se volvió un fenómeno tan recurrente que los canales de televisión interrumpían su programación para transmitir en vivo el preciso momento en que decenas de familias huían, a pie o en camionetas llenas de maletas, colchones y, a veces, pollos y cerdos.

Habiendo fracasado en garantizar la seguridad diaria a los ciudadanos, la policía sí supervisaba su mudanza. Pedro González, jefe de la unidad antipandillas, se presentó personalmente durante el éxodo masivo de habitantes de un edificio de condominios en los suburbios de San Salvador.

Después de implorar en vano a los residentes que se quedaran, los terminó acompañando, como reacción alternativa.

“Sin importar quién aquí es católico o evangélico, permítannos elevar una plegaria, que es lo más importante… volvamos los rostros hacia Dios”, pidió a los residentes que se disponían a marcharse.

A lo largo de los años, las autoridades salvadoreñas han intentado acabar con las pandillas con fuerza militar hasta hacerlos desaparecer, desterrarlos con largas sentencias y, brevemente, negociar con ellos, un diálogo corrompido por, entre otras cosas, los esfuerzos secretos de dos importantes partidos políticos que al mismo tiempo buscaban el apoyo electoral de los líderes de las pandillas.

El Ejército de El Salvador ofrece transporte al público, en julio.

Cuando el gobierno intensificó su política de “mano dura” el año pasado, tres pandillas, trabajando de manera coordinada, respondieron con una exhibición de poder. Un domingo por la noche distribuyeron mensajes escritos y orales a los propietarios y empleados de microbuses: “El que saque un vehículo mañana va a acabar pegado al volante’’. Para subrayar su seriedad, mataron a un chofer y quemaron tres microbuses como advertencia.

Al día siguiente, seis choferes que desobedecieron la orden fueron asesinados. Las autoridades enviaron soldados y tanques a las calles y desplegaron vehículos gubernamentales para remplazar a los microbuses, pero las pandillas lograron casi paralizar el sistema de transporte de San Salvador durante cuatro días. Cerca de 1,3 millones de salvadoreños se vieron afectados; muchas escuelas secundarias y universidades suspendieron las clases; la economía sufrió pérdidas de 80 millones de dólares según la Cámara de Comercio. Fue una muestra de fuerza implacable.

Este año, con la Operación Jaque, el gobierno llevó a cabo uno de sus esfuerzos más profesionales por hacer cumplir la ley hasta ahora y declaraciones de algunos altos funcionarios sugirieron una nueva voluntad de aproximarse a las pandillas como un fenómeno complejo que tiene raíces profundas en la enorme inequidad de un país donde una tercera parte de la población vive en la pobreza.

Sin embargo, al promocionar sus hallazgos, el gobierno continuó malinterpretando a las pandillas como organizaciones criminales impulsadas por una sed de lucro financiero. Aunque en la Operación Jaque las autoridades reconocieron que había diferencias entre la responsabilidad de los líderes y la de los pandilleros de las bases, esa distinción no se reflejó en la manera en que las autoridades ejecutan sus estrategias: han continuado tratando a todos los pandilleros como enemigos a muerte y han duplicado su uso de la fuerza. Hasta mediados de septiembre, 424 pandilleros habían muerto durante 2016 en 459 enfrentamientos con la policía.

“Si el uso de la fuerza no es el camino correcto en esta etapa, en este momento, ¿entonces cuándo?”, preguntó el vicepresidente del país, Óscar Ortiz, a finales de octubre.

El gobierno menciona como prueba de su éxito la reciente disminución en los homicidios: 4431 para mediados de octubre, en comparación con los 5363 en el mismo mes de 2015. Sin embargo, sigue siendo la segunda tasa más alta desde 1995.

Con la Operación Jaque, el gobierno buscó sembrar desacuerdos entre las filas de las maras al afirmar que los líderes de la MS-13 se servían de la pandilla para sus propios intereses.

Posteriormente, un mensaje enviado desde una prisión dominada por la Mara Salvatrucha exigía que la “justicia” también llegara a aquellos que según la Operación Jaque traicionaron a la pandilla, de acuerdo con un funcionario estadounidense que monitorea a las pandillas en El Salvador que monitorea a las pandillas.

Pero hasta ahora parece que no ha habido ajustes de cuentas, purgas internas ni deserciones masivas.

Para un pandillero cansado de esa vida, en cualquier caso, no hay adónde ir. Aquellos que están presos están marcados de por vida, literalmente, debido a sus tatuajes. No hay centros de rehabilitación donde puedan buscar refugio, no hay programas para reincorporarlos a la sociedad ni iniciativas de prevención para evitar que los jóvenes en riesgo se unan a las pandillas.

Atrapados en su propia espiral de violencia y de miseria económica, las únicas alternativas para los pandilleros en El Salvador parecen ser las que ellos mismos grafitean desde hace años en las paredes de todo el país: “Cárcel o cementerio”.