TEMARIO:
1. LAS ESCANDALOSAS DENUNCIAS CONTRA CARABINEROS QUE INDAGA LA FISCALÍA MILITAR DE COYHAIQUE 2. DISCIPLINA DE LOS JUECES EN LAS ANTÍPODAS DEL DEBIDO PROCESO. OPINIÓN: ÁLVARO FLORES M. 3. DICTAN ACUSACIÓN CONTRA KRASSNOFF, BASCLAY ZAPATA, ITURRIAGA NEUMANN Y 8 AGENTES MÁS POR CASO LONDRES 38 4. COMUNIDAD JUDÍA EN CHILE INTENTA CENSURAR A LA FEDERACIÓN PALESTINA 5. BRASIL: AMNISTÍA INTERNACIONAL ADVIERTE DE VIOLENCIA POLICIAL DURANTE JJOO
6. EL CASO DE LEONEL RETAMAL: BRUTALIDAD POLICIAL DE CHILE EN LA MIRA MUNDIAL
LAS ESCANDALOSAS DENUNCIAS CONTRA CARABINEROS QUE INDAGA LA FISCALÍA MILITAR DE COYHAIQUE EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/08/23/318124/las-escandalosas-denuncias-contra-carabinerosque-indaga-la-fiscalia-militar-de-coyhaique363252/
La Fiscalía Militar de Coyhaique investiga por cuerda separada la presunta participación de oficiales de Carabineros en los delitos de prevaricación, falsificación de documentos y detención ilegal, denunciados por un ex funcionario de la institución desde 2015. Los antecedentes fueron aportados por el sargento segundo Miguel Riveros Maldonado, quien vestía uniforme hasta julio del año pasado. De momento, el uniformado está imposibilitado de volver a las filas. Ello mientras no se tome la decisión de sancionar a personal de mayor rango involucrado en el procedimiento que motivó su irregular salida ante un supuesto accidente que protagonizó en estado de ebriedad.
En marzo de 2016, el Ministerio Público cerró dicha causa por falta de evidencias, sin aclarar la identidad de la persona que aparentemente sustrajo el vehículo desde la vivienda de Riveros y lo impactó en las rejas del Gimnasio Municipal coyhaiquino. El resultado preliminar de la investigación que se instruyó para aclarar qué sucedió esa noche genera incomodidad en la XI Zona. Según documentos obtenidos en exclusiva por El Ciudadano, esto ocurre porque el expediente destapó una serie de contradicciones y faltas administrativas de altos funcionarios, quienes privaron de libertad al sargento sin pruebas ni orden judicial. GESTICULACIONES AUTORITARIAS De acuerdo a las fuentes policiales que El Ciudadano consultó en un viaje efectuado a la Región de Aysén, el sargento Miguel Riveros comenzó a “pisar callos” en 2013, cuando se negó a dar de baja a un colega que trabajaba en Fuerzas Especiales, en plena vía pública.
Su nombre era José Martínez, quien tiempo antes había denunciado un complot urdido por agentes con placa para exculpar al comandante Victor Follert por los disparos que dejaron sin visión de un ojo al pescador Teófilo Haro en el contexto de las protestas del movimiento “Aysén, tu problema es mi problema”, ocurridas en 2012. Luego de ser citado a declarar por el Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique para atestiguar sobre las presiones y hostigamientos alegados por el sargento Martínez, Riveros comenzó a ser víctima de maltratos similares. Fue en ese contexto que acusó al teniente Nicolás Calderón, encargado en esa fecha de la Subcomisaría de Fuerzas Especiales, por “recargar sus turnos” y “ser indiferente” con la situación económica que enfrentaba su familia, específicamente los problemas de salud que padecía su hijo. Uno de los hechos que contó fue que el superior había rechazado sumarle cinco días de feriado para
viajar a la ciudad de Comodoro Rivadavia, Argentina, con el propósito de tratar a su pequeño por astigmatismo y otras dolencias. La Prefectura Aysén abrió un sumario que dio espacio a Calderón para defenderse. En primer lugar, el teniente negó que hubiere una “mala intención” hacia Riveros, argumentando que los servicios nocturnos habían sido ordenados para responder a una contingencia relacionada con el robo de cajas fuertes. Por otra parte, aseguró que nunca se había referido en malos términos al suboficial. “No sé de qué materia versaba la conversación, pero en un momento determinado mi teniente Calderón ordenó a dicho sargento 2º (Riveros) que se retirara de su presencia. En lo personal, puedo decir que la forma en que lo hizo resultó déspota e irrespetuosa en contra de un subalterno, ya que eso fue acompañado con gesticulaciones verbales autoritarias”, declaró en cambio el sargento Bernardo Schoenfeldt. Lo que complicó al teniente Calderón fue la insistencia de Riveros en poner ojo a las tablas que disponían los respectivos servicios. Algo extraño había. LAS PLATAS PERDÍDAS “A este respecto cabe agregar que la profesional que suscribe no se encuentra totalmente conteste con la diligencia realizada por la teniente Daniela Rojas, ya que no indica si efectivamente visualizó las tablas de servicio en original, que deben encontrarse en un archivador con una antigüedad de dos años… o si (en) el formato digital al que hace mención, se encuentran los originales de las tablas escaneados”, observó en marzo de 2014 la asesora jurídica Vanesa Vásquez. Mediante el Oficio Nº 78 de la Prefectura Aysén, que constituía una revisión de la investigación que se desarrolló para ahondar en los dichos del sargento Riveros, la abogada cuestionaba la claridad de las diligencias realizadas en la carpeta por la hija del general (r) Jorge Rojas Langer, ex director de Logística que hoy es indagado penalmente por los recintos policiales defectuosos de la Constructora CGM en Aysén. Tuvo que pasar más de un año para que los antecedentes de las tablas fueran enviados a la Justicia Militar. Así quedó estampado en el Oficio Nº 169 de la Fiscalía Administrativa Aysén, de fecha 8 de abril de 2015, suscrito por la capitán Marioli Fortunatti, quien luego de enumerar los tropiezos de sus predecesores, entre ellos la capitán Rojas, efectuó una comparación acabada de los documentos. Fue de esta manera que la rubia oficial constató la existencia de un “desorden administrativo, reflejado en una variación de los antecedentes proporcionados por la referida Unidad Especializada (de Fuerzas Especiales), con la finalidad de ser insertos en la pieza investigativa, detectando además una alteración de las firmas y pie de firma en las Tablas de Servicio, ya que al comparar los antecedentes requeridos en tres oportunidades por parte de esta Fiscalía Administrativa, sumado a la última diligencia de inspección ocular, éstos no son coincidentes entre sí”. En conversación con El Ciudadano, el procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Aysén, Carlo Montti Merino, señaló que la entidad no se ha hecho parte en la causa que actualmente sustancia la Fiscalía Militar sobre estos hechos, y que tampoco ha mirado el expediente.
Teniente Nicolás Calderón. Por su parte, el juez militar subrogante, coronel de Ejército Alberto Rivera, confirmó que de aparecer antecedentes que apunten a una eventual malversación de fondos públicos, el fiscal debiese abrir una causa nueva, cosa que hasta el momento no ha ocurrido. Funcionarios policiales que hablaron con este medio ratifican que hubo dinero pagado en exceso por asignaciones de rancho (alimentación) producto de las tablas que fueron adulteradas. Esto sin duda comprometería recursos del erario fiscal. De igual forma mencionaron asados y fiestas privadas de algunos oficiales que habrían usado esos fondos de manera indebida, exhibiendo numerosas fotografías colgadas en Facebook. LA INTERVENCIÓN DEL PREFECTO Eran cerca de las 3:00 AM cuando la cabo Nicole Beltrán recibió un llamado del sargento Miguel Riveros a la CENCO, alertando sobre la desaparición de una camioneta negra de su propiedad que había estacionado esa tarde en las afueras de su casa, en la villa Mutucar de Coyhaique. Lo que partió inicialmente como una denuncia por robo se convirtió en algo más truculento, con ribetes de montaje. A esas horas, el teniente Diego Maturana controlaba a un taxista pirata cuando se escuchó por radio el encargo del vehículo emitido por la cabo Beltrán. De acuerdo a la versión que el oficial entregó en el proceso interno que se abrió para investigar el procedimiento, el conductor del taxi oyó la
descripción del automóvil de Riveros e inmediatamente recordó haber visto colisionar a un sujeto montado en un carro de esas características en las rejas de un gimnasio. Presuntamente agregó que, por versión de un tercero, se trataba de un “carabinero”. La capitán Soledad Escobar, esposa del encargado de Finanzas de la misma Prefectura y actual jefa de la Sección de Inteligencia local (Sipolcar) de Aysén, se constituyó en el lugar como oficial de ronda y tomó contacto inmediato con el prefecto Sergio Alarcón Torreblanca. Hoy Alarcón está en Santiago, encabezando el cuestionado Departamento de Cuarteles. “Mi capitán Escobar me informó telefónicamente que por orden de mi Coronel se dispusiera la concurrencia de la SIP (Sección de Investigaciones Policiales), y eso fue cuando ella se encontraba en el sitio del suceso donde estaba el vehículo del ex sargento Riveros, y este aún en su domicilio”, declaró el suboficial José Rivera en el sumario. Como se lee en los archivos, el prefecto Alarcón no contaba con ninguna autorización de la Fiscalía para disponer la intervención de unidades especializadas. La cabo primero Carolina Norambuena, integrante de la SIP, no tuvo más opción que cumplir lo dispuesto primeramente. Sin embargo, la molestia fue evidente. Según lo declarado por la cabo en el proceso interno, la capitán Escobar le ordenó revisar las cámaras del Hotel Dreams de Coyhaique a fin de “poder ver o establecer desde éstas si mi sargento Riveros se encontraba transitando por el exterior del casino”. Escobar admitiría más tarde que recién “llamaría al fiscal para ponerlo en conocimiento de todas estas diligencias que se estaban realizando, quedándome claro que con esto se judicializarían nuestras actuaciones”. La cabo Norambuena señaló además que el teniente Maturana, en presencia del prefecto Alarcón, le ordenó sacar fotografías a las vestimentas de Riveros para ubicar al testigo que supuestamente había visto el choque y exhibirle las imágenes. Ante eso, precisó, “me negué a dar cumplimiento… en razón a que me encontraba imposibilitada de realizar este tipo de diligenciamientos sin una orden previa emanada del juez de garantía”.
Coronel Sergio Alarcón.
SÓLO POR TELÉFONO “Ni en los momentos de acogerle la denuncia (del robo de la camioneta) ni después de ésta percibí olor a alcohol en mi sargento Riveros”, testificó el suboficial Cristian Iturra, dando a entender que la privación de libertad a la que posteriormente fue sometido su compañero de armas no tenía justificación. Lo anterior adquiere mayor fuerza si se toma en cuenta que la alcoholemia que se le practicó a Riveros arrojó sólo 0,23 gramos de alcohol, es decir, no se cumplían los supuestos necesarios para disponer su detención bajo la hipótesis de flagrancia. Pese a esto, Riveros fue detenido esa madrugada.
Capitán Soledad Escobar.
Según lo señalado en la carpeta por el teniente Diego Maturana, la capitán Escobar dispuso la aprehensión del sargento porque así lo había ordenado el fiscal de turno. Sin embargo en el expediente, en un hecho sin precedentes, también se le tomó declaración al persecutor José Moris, quien señaló que éste nunca ordenó la detención de Riveros porque carecía de facultades, y que nadie le informó si el resultado de la prueba respiratoria había confirmado la presunta ebriedad aludida por Carabineros.
Instada a aclarar estos puntos, la capitán Escobar manifestó que el entonces prefecto Sergio Alarcón estuvo informado de todo, y que incluso la instó a que “los comunicados fueran de forma telefónica y no radiales, para mantener la reserva del procedimiento”. De hecho, algunas fuentes apuntan a que llegó a las 6 de la mañana de ese día a la comisaría, cosa totalmente fuera de lo normal. Según el abogado Lorenzo Avilés, la clara intervención del prefecto Alarcón y la aparente predisposición a hallar culpable a Riveros tiene una sola explicación: que al sargento “le querían pasar la cuenta”. “En algún momento, él denunció a un teniente (Nicolás Calderón) por una falsificación de tablas de servicios, teniente que era del círculo inmediato del coronel, de sus favoritos. Cuando lo afectaron, se generaron todas estas cosas”, planteó el ex fiscal en una entrevista que dio a El Ciudadano respondiendo a una carta enviada a este medio por el ex jefe de Prefectura. En Aysén ubicamos a la asesora jurídica Vanesa Vásquez, quien representa a Alarcón ante la Fiscalía Militar. No obstante, la abogada se abstuvo de emitir declaraciones en defensa del coronel. Información extraoficial apunta a que Alarcón ya presentó voluntariamente su expediente de retiro. También marcamos directamente el anexo telefónico de la Sección de Inteligencia para ubicar a la capitán Soledad Escobar y dejamos nuestros datos de contacto con su cónyuge, el mayor de finanzas Hans Picón. Sin embargo, no obtuvimos respuesta alguna para obtener su versión. “HEMOS SUFRIDO COMO FAMILIA” El Ciudadano intentó ubicar el sargento Miguel Riveros, pero sólo fue posible conversar con su esposa. “Creo en las instancias reglamentarias que tiene Carabineros, pero ha sido una espera larga para que esto se resuelva. A mi esposo lo están dando de baja injustamente”, señaló Marisol Puentes. En el breve contacto, la mujer dijo que la irregular detención del uniformado ocurrió muy cerca del fallecimiento de su madre, y que pese a ello, “no hubo respeto, no me aplicaron ninguna red de apoyo, no fue la asistente social ni nada a la casa”. “Hemos sufrido como familia, yo personalmente he tenido crisis de pánico. Mi marido lleva un año sin goce de sueldo. Él quiso servir a la comunidad y fueron indiferentes con él. Ni siquiera le permitieron velar a mi madre. El general director (Bruno Villalobos) no debe estar enterado de todo nuestro problema. Yo sólo espero que se haga justicia”, concluyó.
DISCIPLINA DE LOS JUECES EN LAS ANTÍPODAS DEL DEBIDO PROCESO EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/08/24/disciplina-de-los-jueces-en-lasantipodas-del-debido-proceso/ OPINIÓN: ÁLVARO FLORES M.
Los jueces son funcionarios públicos vinculados al derecho y ejercen una función estatal de primera importancia. Deben responder a tan elevada responsabilidad con sentencias bien motivadas y estrictamente apegadas a las normas aplicables al caso. En lo que dice relación con la conducta de los jueces, se ha hecho común que con cierta frecuencia algunos medios de prensa expongan un catastro de las sanciones aplicadas y de las conductas infractoras. Estas van desde decisiones estrictamente jurisdiccionales, que por estimarse “abusivas” gatillan los mecanismos de represión disciplinaria, hasta otras más cercanas a conductas periféricas a la función, pasando por algunas que se sitúan derechamente en la esfera privada. No debiera discutirse que un régimen jurídico de responsabilidad disciplinaria de los jueces es indispensable en un sistema democrático, como no debiera ponerse en duda tampoco que tal sistema ha de ajustarse a los estándares de debido proceso disciplinario. Esa garantía no existe en Chile, pues el Código Orgánico de Tribunales (un cuerpo de normas del siglo XIX inspirado en patrones de organización judicial que vienen desde el régimen colonial) resume en unas pocas normas todo lo que los manuales de derecho administrativo y constitucional consideran en las antípodas del debido proceso. Y no es extraño que lo haga, porque, conforme a su cuño histórico, responde a una lógica diametralmente opuesta a la que debiera inspirar la función judicial en el orden democrático y a la forma de hacer efectiva su responsabilidad disciplinaria. Por ello no es extraño que un documento de trabajo de 2015, presentado por un destacado especialista en el ámbito del derecho administrativo a la Corte Suprema, indicara con claridad que “las condiciones de ejercicio del régimen disciplinario descansan en un sistema discrecional, en base a la ausencia de tipificaciones que pueden afectar la independencia judicial al utilizar un régimen excepcional de comportamiento funcionario en un régimen de control de su función jurisdiccional”. Los especialistas señalan con claridad lo que la Asociación de Magistrados viene constatando hace mucho tiempo: el sistema para investigar las conductas incorrectas de los jueces es nefasto para la democracia y contrario al Estado de Derecho; se impone su pronta sustitución, al tiempo que debe descartarse cualquier acomodo o maquillaje al margen de una reforma constitucional y legal integral. La jurisdicción necesita ser independiente, encontrarse vinculada única y exclusivamente al derecho vigente aplicable al caso concreto. Un adecuado régimen disciplinario permite garantizar –junto a otros institutos– esa independencia, desactivando su uso desviado como herramienta de control funcionario. Un juez amenazado o sometido a proceso disciplinario por una decisión que ha dictado en el ámbito de su poder jurisdiccional, por ejemplo (cuestión que en cualquier ordenamiento democrático comparado es una aberración), es finalmente un juez que no podrá cautelar los derechos conforme a la ley vigente, porque ve peligrar su propia estabilidad en el cargo y vive bajo un anatema permanente. Una maldición que recae sobre el juez, pero, ante todo, en las personas que acceden al sistema de justicia en busca del reconocimiento de sus derechos. Es indispensable enfatizar que, al hablar de jurisdicción independiente, no se alude con ello a una granjería personal de los jueces, a un estatuto privilegiado, ni menos a una vindicación corporativa,
sino a una condición esencial para que se realice en cada proceso el derecho ciudadano a un juicio justo. Esta garantía entonces corresponde a las personas que recurren a los tribunales y resulta indispensable que sea comprendida en su íntima vinculación con la vigencia y realización del régimen democrático. Un juez amenazado o sometido a proceso disciplinario por una decisión que ha dictado en el ámbito de su poder jurisdiccional, por ejemplo (cuestión que en cualquier ordenamiento democrático comparado es una aberración), es finalmente un juez que no podrá cautelar los derechos conforme a la ley vigente, porque ve peligrar su propia estabilidad en el cargo y vive bajo un anatema permanente. Una maldición que recae sobre el juez, pero, ante todo, en las personas que acceden al sistema de justicia en busca del reconocimiento de sus derechos. De este tipo de casos hay muchos y son expresión de una impronta inquisitorial modelada por normas que incentivan la discrecionalidad en el ámbito disciplinario. El antimodelo disciplinario no opera como único mecanismo de control. En efecto, en el modelo general de organización de la magistratura, el régimen disciplinario es apenas uno de los pilares del control interno y actúa en una poderosa imbricación con el modelo de carrera, las calificaciones y el mecanismo de visitas, como herramientas singulares y combinadas de afectación a la independencia interna de los jueces. Aquella que se afecta intramuros de la organización, de manera sistemática, con más frecuencia de la que se cree, mucho menos advertida para actores externos al Poder Judicial y no por ello menos grave en sus perniciosos efectos sobre el derecho ciudadano a un juicio racional y justo. El proceso disciplinario, en acendrada relación con esos otros mecanismos de sujeción, opera siempre como amenaza y se activa ocasionalmente para cumplir con la finalidad de control, para reproducir en unos pocos casos el ritual que lo consolida como coacción superior suficiente, precipitando en diversos grados de intensidad el temor jerárquico y su principal forma de expresión en el ámbito de la carrera judicial: la sumisión, tantas veces confundida con el respeto al superior, en una línea divisoria difícil de trazar. El modelo disciplinario, desplegado en un escenario de máxima discrecionalidad, es eficaz al control así descrito, pero inútil a los fines propios de un mecanismo disciplinario en forma, desde que es incapaz de proveer de respuestas uniformes y mucho menos de aplicar, con la proporcionalidad debida, sanciones graduadas para un catálogo igualmente escalonado de conductas predeterminadas, que van desde la sanción conservativa, en casos de menor entidad, hasta exclusión, en casos muy graves. Las Cortes de Apelaciones, verdaderas intendencias en el ámbito disciplinario, desarrollan prácticas que transitan desde una mayor autocontención de la discrecionalidad –con intentos de ajustarse a unas deficitarias normas reglamentarias internas– hasta otras en las que impera un ejercicio sin diques de las potestades punitivas, con prácticas absolutamente irrespetuosas de la dignidad de los jueces. Esta afirmación no es ligera ni menos irresponsable, desde que fluye desde un verdadero panóptico que provee el ejercicio cautelar que ejerce la Asociación de Magistrados, especialmente a través del mecanismo del amparo gremial para proteger esa independencia y la dignidad de la función pública de los ataques internos.
Hoy, fruto de esa acción gremial, hay dos procesos disciplinarios paralizados por el Tribunal Constitucional, en los que se ha alegado la vulneración del derecho al debido proceso e impugnado la constitucionalidad del Auto Acordado que desarrolla el actual disciplinario, al margen de la garantía tantas veces aludida. La Asociación de Magistrados, en una comparecencia inédita, será escuchada en calidad de Amicus Curiae. Es posible afirmar que la consciencia jurídica de buena parte de la magistratura ha ido evolucionando críticamente frente a esta potestad que se ejerce sin un marco legal razonable y que configura la paradoja evidente de que en el mundo del derecho no hay reglas para los jueces. El clásico “en casa de herrero…”. Pero el espíritu inquisidor sigue predominando sin mayores cuestionamientos, sacrificando un bien altamente relevante para la democracia. Por ello es indispensable terminar con toda Superintendencia de la Corte Suprema y con las intendencias regionales, toda vez que la única relación jerárquica entre jueces y tribunales ha de estar definida exclusivamente por aquella diferenciación de grados que determina que unos deban revisar jurisdiccionalmente las resoluciones de otros.
DICTAN ACUSACIÓN CONTRA KRASSNOFF, BASCLAY ZAPATA, ITURRIAGA NEUMANN Y 8 AGENTES MÁS POR CASO LONDRES 38 EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/08/24/319012/dictan-acusacion-contra-krassnoff-basclayzapata-iturriaga-neumann-y-8-agentes-mas-por-caso-londres-382016/
Miguel Krassnoff
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó acusación en contra de 11 agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) María Inés Alvarado y Martín Elgueta, ilícitos perpetrados a partir de julio de 1974. En la resolución, el ministro de fuero acusó como autores del delito a los ex agentes Miguel Krassnoff, Basclay Zapata, César Manríquez, Sergio Castillo, Nelson Paz Bustamante, Jorge Yévenes, Osvaldo Pulgar y Risiere Altez. En tanto, los agentes Orlando Manzo, Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann fueron responsabilizados como cómplices. Además, Krassnoff, Zapata y Altez enfrentan acusación como autores del delito de detención ilegal. En la etapa de investigación, el ministro Llanos logró determinar que María Inés Alvarado (21), secretaria, militante del MIR, fue detenida el 15 de julio de 1974 por agentes de la DINA en la vía pública, sin orden judicial alguna, siendo trasladada al recinto DINA de Londres 38, lugar donde fue vista por testigos. “Los días 17, 18 y 25 de julio del mismo año, María Inés fue sacada del lugar, en dirección a la casa de su madre y otros domicilios de sus familiares, custodiada por agentes de civil, oportunidades en que pueden ver a María Inés en pésimas condiciones físicas, decaída, desaseada, con sus piernas y frente quemadas. Posteriormente fue dejada en el cuartel de Londres 38, en donde nuevamente es vista por testigos que también permanecían detenidos en el lugar, sin que haya vuelto a tomar contacto con sus familiares, ni realizado gestiones ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción”, detalla el fallo.
Raúl Iturriaga Neumann
En el caso de Martín Elgueta Pinto, se estableció que el joven (21), estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile, militante del MIR, fue detenido el 15 de julio de 1974 por agentes de la DINA, siendo trasladado al recinto DINA de Londres 38, lugar donde fue visto por testigos. “Fue sacado los días 17 y 25 de julio del mismo año, en la primera oportunidad llevado a la casa de María Cheuquemán, quien trabajaba para su familia, y en la segunda ocasión a la casa de los padres de María Inés Alvarado Borgel, donde fueron vistos por familiares, custodiado por agentes de civil”, señala la resolución. Elgueta fue visto en Londres 38, pero también en Cuatro Álamos, desde donde se pierde su rastro. “Por testigos y otros antecedentes se ha establecido que este fue llevado en algunas ocasiones a Villa Grimaldi, centro de detención donde fue interrogado y sometido a apremios físicos, sin que haya vuelto a tomar contacto con sus familiares, ni realizado gestiones ante organismos del Estado, sin registrar entradas o salidas del país, sin que conste, tampoco, su defunción”, añade el fallo.
COMUNIDAD JUDÍA EN CHILE INTENTA CENSURAR A LA FEDERACIÓN PALESTINA EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/08/24/319060/comunidad-judia-en-chile-intenta-censurar-ala-federacion-palestina/
La Comunidad Judía[1], apoyada por el Centro Simon Wiesenthal envió una carta a la Presidenta Michelle Bachelet con el fin de “suspender” las actividades de la Federación Palestina de Chile, justificando que nuestra organización política “importa el odio y la hostilidad contra los judíos”. La molestia surge luego de la publicación en la cual el periodista Pablo Jofré Leal, rechaza y denuncia las tácticas sionistas y sus mentiras impunes tras haber recientemente visitado Palestina Ocupada. Dicha publicación iba acompañada de una caricatura en donde la estrella de David está hiriendo a un niño palestino. A partir de eso, dicha comunidad comenzó por medio de redes sociales a denunciar por antisemitismo a la Federación Palestina de Chile, luego el Centro Simon Wiesenthal en su sitio de Facebook señala que dicha caricatura “parece una rémora del tabloide nazi alemán Der Stürmer y apela, sin dudas, a los chilenos simpatizantes de dicho régimen”, agregando que “es especialmente ultrajante que el sitio web oficial de la Federación Palestina de Chile sirva como tribuna de odio nazi”. Resulta menester recordar a la Comunidad Sionista de Chile, que en nuestro país, a diferencia de Israel, existe la Libertad de Expresión y que acusaciones como las que han hecho no buscan más que callar las voces de aquellos defensores de la Causa Palestina y su Pueblo por la paz, igualdad y libertad. La misma táctica ya ha sido utilizada por el Sr. Rafael Eldad, embajador de Israel en Chile. Suelen confundir a la opinión pública, equiparando toda crítica al Estado de Israel a un supuesto rechazo religioso, racista y de incitación al odio, desviando en este caso la atención acerca del verdadero alcance de las denuncias contra las políticas homicidas de Israel. Aseveramos asimismo, que dichas intervenciones no buscan más que hacernos callar y desprestigiar el trabajo constante en defensa de la justa Causa del Pueblo Palestino que realiza nuestra Federación. No nos extraña en absoluto la mencionada reacción: cuando no se cuenta con argumentos que oponer y, además, se habla en representación de un Estado que goza de total impunidad para violar a su amaño el orden jurídico internacional, la prepotencia y la soberbia se dan por añadidura. Por este motivo, que los argumentos esgrimidos estén constituidos solamente por descalificaciones y agravios, configurando un claro propósito y resultado de difamación. La Federación Palestina no cesará sus actividades de difusión y denuncia en contra la limpieza étnica, apropiación de tierras de manera ilegal y régimen de apartheid que perpetúa Israel. En efecto, todas nuestras sentencias están enfocadas en contra del Sionismo y las políticas de Israel y en ningún caso contra el Judaísmo ni la Comunidad Judía de nuestro país.
[1] En estricto se debe hablar de la Comunidad Sionista de Chile, pues utilizar el nombre de Comunidad Judía de Chile, tiende a confundir puesto que de ser así corresponderían a un grupo religioso. Judaísmo es la religión, mientras Sionismo es la ideología que motiva la creación de Israel y sus actuales políticas. Redactado por Federación Palestina
BRASIL: AMNISTÍA INTERNACIONAL ADVIERTE DE VIOLENCIA POLICIAL DURANTE JJOO EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/08/23/318738/brasil-amnistia-internacional-advierte-deviolencia-policial-durante-jjoo2016/ La organización Amnistía Internacional difundió hoy un comunicado en el que revela que durante los Juegos Olímpicos de Río 2016 al menos ocho personas murieron en operaciones policiales realizadas en la ciudad, así como “una represión feroz de las manifestaciones pacíficas”. “Brasil ha perdido la medalla más importante que se disputaba en Río 2016: la oportunidad de convertirse en abanderado de los derechos humanos”, ha afirmado Atila Roque, director ejecutivo de Amnistía Internacional Brasil.
La organización alertó del número de personas fallecidas a manos de la policía. Según el Instituto de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro, la policía desplegada en la ciudad mató a 35 personas en abril, 40 en mayo y 49 en junio: un promedio de más de una persona al día. Según la ONG, durante la celebración de los Juegos (del 5 al 21 de agosto), la policía llevó a cabo “constantes y violentas operaciones en varias zonas periféricas de Río de Janeiro”. En esas operaciones se registraron, al menos, ocho personas muertas, aunque -asegura- la cifra podría aumentar ya que aún no se han confirmado los datos sobre víctimas mortales en dos favelas. Asimismo, señaló que en la primera semana del evento deportivo se registraron 59 tiroteos en el área metropolitana de Río de Janeiro, con un “escalofriante” promedio de 8,4 al día (casi el doble que la semana anterior, que había habido 32 tiroteos, una media de 4,5 tiroteos al día).
La organización internacional también puso el enfoque en la “represión feroz” a los manifestantes, tanto dentro como fuera de los espacios deportivos, que “fueron contestadas con violencia policial, incluido el uso de armas menos letales, como el gas lacrimógeno o las granadas paralizantes; varias personas fueron detenidas”. Y agregó: “Varias más fueron expulsadas de las zonas de competición por exhibir pancartas o llevar camisetas con mensajes de protesta, lo que vulneró su derecho a la libertad de expresión”. Temer promociona campaña para fomentar negocios La recuperación de la imagen internacional de Brasil tras los Juegos Olímpicos de Río dieron el impulso para que el gobierno del presidente interino Michel Temer lanzara una una campaña de reposicionamiento estratégico del país en el exterior. “Be Brasil” (Sea Brasil) es el lema de la nueva estrategia de promoción de los negocios brasileños presentada este lunes por la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil) y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Conceptos como la creatividad y la diversidad de recursos naturales están detrás de la campaña que pretende destacar las cualidades de los empresarios locales alrededor de cinco características: “sea sustentable”, “creativo”, “innovador”, “bonito” y “agronegocios”.
EL CASO DE LEONEL RETAMAL: BRUTALIDAD POLICIAL DE CHILE EN LA MIRA MUNDIAL EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/08/13/315927/el-caso-de-leonel-retamal-brutalidad-policial-dechile-en-la-mira-mundial1/
Alejandro Kirk Corresponsal HispanTV Chile
Al joven periodista Leonel Retamal, corresponsal de la cadena HispanTV, Carabineros de Chile (policía militarizada) lo acusa no sólo de agresión, sino también de una imbecilidad extrema, suicida. Y de seguir prosperando la acusación, Carabineros tomaría por imbéciles también a la Fiscalía, los abogados, los jueces, los periodistas, el Gobierno, los organismos de derechos humanos y el público de todo el planeta. He aquí por qué: Retamal, –dice la denuncia–, se abalanzó velozmente –en solitario y en medio de una manifestación estudiantil– sobre un grupo de efectivos de Fuerzas Especiales, para golpear con un “bastón” (léase monópode) al capitán Nelson Bersezio Toro en el pecho…¡tres veces! El uso de la palabra “bastón” no es casual: equipara un instrumento de trabajo periodístico de material ligero con el garrote que usa la policía. La denuncia es del propio capitán, que incluye unas “fotos” –capturas de video– que impresionaron este viernes 29 a la jueza Ely Cecilia Rothfeld, tanto como para avalar la detención y formalización del periodista en medio de la incredulidad de decenas de colegas, familiares y amigos reunidos en el Centro de Justicia de Santiago. Repitamos: La denuncia del capitán Bersezio no habla de sacudidas, tirones ni forcejeos durante un arresto. No dice eso. Dice que Retamal, quien usa anteojos, sobrepasó deliberadamente a un pelotón de Fuerzas Especiales (equipados con cascos, corazas, escudos, garrotes y armas de fuego), con el propósito de propinar tres certeros golpes en el pecho del oficial, sin que éste, ni sus subordinados alcanzaran a reaccionar. Si esto es cierto, quiere decir en primer lugar que el capitán Bersezio Toro no tiene siquiera los reflejos más básicos, y que sus hombres no están entrenados. ¿Y cuál fue el daño que habría producido este Bruce Lee del siglo XXI? Las sujeciones de una cámara GoPro, que el capitán avaluó en 30 mil pesos (46 dólares). Una suma ridícula, pero que –como veremos más adelante– no es porque sí. O sea, Retamal con un monópode rompió a golpes sujeciones presumiblemente de material textil o plástico, pero no la cámara, que es lo más frágil y prominente en el pecho de estos sujetos, y por tanto lo más fácil de destruir. Todo indica que en el proceso aparecerán unas huinchas rotas, o algún anillo plástico quebrado como “evidencia”, porque sería bastante más riesgoso destruir una cámara de 500 dólares sólo para joder a Leonel Retamal, con la certeza de que después en el proceso se demuestre el montaje, como ha ocurrido ya varias veces y en casos mucho más complejos. Que es lo que seguramente ocurrirá, pues hay testigos y videos –incluido el de la propia policía– que evidencian la farsa. Lo sintomático es que el episodio del arresto había sido precedido por golpes y jalones al camarógrafo de HispanTV, Hugo Fuentes, quien estaba grabando la detención de un joven que tomaba fotografías de la represión (y que le lanzó la cámara a un amigo, quien escapó corriendo). Como suelen hacerlo, con sus escudos los policías golpearon la cámara y empujaron a Fuentes. En el video de HispanTV, y en el propio video policial, aparece el camarógrafo mostrando sus credenciales y se escucha a un carabinero gritando “no me interesa”. Más tarde, los mismos policías se burlarían de Fuentes con frases misóginas como “¡Ay, ella, la prensa...!” Toda la diligencia judicial fue una película de los Tres Chiflados. La fiscal Ximena Cocca abrió la carpeta y comenzó a balbucear la acusación, delatando así que ni siquiera la había revisado antes de sentarse a acusar penalmente a un ciudadano. Cuando mencionó los 30 mil pesos, la jueza abrió
los ojos y le preguntó si esa suma era delito o simple falta. La fiscal pasó entonces varios tensos minutos buscando en el código penal, hasta que fue interrumpida por la jueza, quien había encontrado en su computador que esa suma –los 30 mil– es el mínimo para imputar un delito. Hubo risas en el público. Más tarde la fiscal encontró la “foto”, que impresionó a la jueza más que un video que claramente muestra a Retamal aplastado debajo de un ramillete de cascos verdes. Habían pasado ya 24 horas desde la detención. El jueves, tras el arresto, el periodista fue conducido a la Tercera comisaría, junto a otros detenidos, la mayoría estudiantes secundarios. El abogado Cristián Cruz se presentó a la comisaría, y allí negaron que estuviese o hubiese estado. No hay registros tampoco de su paso por el lugar en el libro de partes, pero muchos testigos lo habían visto. Una dirigente de Corpade (Corporación de Padres y Apoderados) le había prestado el teléfono, y el propio Retamal logró enviar una foto del grupo. Pero los carabineros negaban. Un escolar recién liberado y que había escuchado conversaciones de los policías nos dijo: “al periodista se lo quieren cargar”. Olor a dictadura Un tufo a dictadura y desaparecido empezó a inundar las puertas del cuartel, y se activó una búsqueda. En la sección de prensa internacional de la Secretaría General de Gobierno (donde estamos acreditados como corresponsales extranjeros) manifestaron sorpresa, comprensión y simpatía, pero dejaron claro que nada podían hacer. Elaboramos una declaración y carta al ministro Marcelo Díaz, que suscribieron todos los organismos gremiales, movimos contactos, la noticia salió en radios y portales, y los estudiantes que iban saliendo nos informaban de la agitación que iba cundiendo entre los Carabineros por “el periodista”. Pero nadie pudo decirnos donde estaba preso Retamal, y en qué estado. Varias horas después, tras una llamada de la Presidencia a la comisaría, y otras averiguaciones informales, más el instinto –clave– de los observadores de derechos humanos, nos enteramos extraoficialmente de que Retamal había sido llevado a “constatar lesiones” y luego trasladado a la decimonovena comisaría de Providencia. Pero a los abogados, y a la prensa, les seguían negando toda información. Un abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos logró entrevistarse con Retamal en el cuartel, ya en la noche. Y allí comenzó una nueva batalla del absurdo, esta vez para hacerle llegar unos antibióticos que el preso debía tomar para combatir una quemadura infectada. Más tarde vino un fiscal, quien determinó que debía quedarse detenido toda la noche, para presentarse al día siguiente en el Centro de Justicia, hasta donde llegó esposado y con un chaleco amarillo de “imputado”. Exactamente igual que Miguel Krassnoff dos días antes en un procedimiento judicial, un sanguinario oficial que lleva acumulados 380 años de prisión por sus atrocidades.
Es el reglamento, dirán, pero no se entiende. El fiscal no identificado que fue al cuartel no vio, no habló, no interrogó a Retamal, no le preguntó qué había pasado. Se basó en la “prueba” del monópode y la versión del capitán, y se hizo así parte del baile de máscaras. Después se habrá ido probablemente a su casa a cenar y ver tele al lado de la estufa, con su familia. La farsa se había convertido ya en una pequeña tragedia, que todos pensábamos terminaría con lo más lógico y racional: que la jueza descartase las acusaciones absurdas y liberara sin cargos a Retamal. Pero no: la “foto” sacada de un video en que Retamal tiene el monópode en la mano (aprisionado de ambos brazos por dos robocops) –dijo la jueza Rothfeld con aire de profundo compromiso con la justicia y la ley– “es un argumento muy sólido”. Y procedieron a formalizar a Bruce Lee Retamal Muñoz. Ya a estas alturas, la noticia había dado la vuelta al mundo. Amigos de Europa y América Latina nos contactaron para preguntar por Retamal. Se habían interesado por el caso, además de los medios locales y organismos gremiales y profesionales, la Relatoría de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Amnesty International y Reporteros Sin Fronteras. Carabineros de Chile –a través de la conjura mediocre de un obscuro capitán– había logrado, una vez más, poner a Chile y su “democracia plena” en la mirilla mundial. Porque la pregunta es ¿quién manda realmente a Carabineros? ¿Sobre qué doctrina consideran ellos a los estudiantes, periodistas, manifestantes, pobres, flaites o vendedores ambulantes como sus enemigos? ¿Qué hace que cualquier carabinero se considere con derecho a gritonear y abusar de cualquier civil, en cualquier situación? Gestiones de alto nivel ante la Segegob y el ministerio del Interior en la noche del arresto no lograron mover una sola pieza para sacar a Retamal de su celda. Presumimos que nadie se arriesgaría a pedir una excarcelación basada en la ridiculez del “delito” y encontrarse con un fiscal como Ximena Cocca, o un capitán como Bersezio que sencillamente dice no y buenas noches. Dirán, seguramente, que eso demuestra que “las instituciones funcionan”, y que los poderes del Estado son independientes. Moraleja Toda esta historia –una más, en realidad– no es sobre si Retamal pasó frío en la celda de la comisaría. Hay quienes lo pasan peor, en celdas peores, y por muchos años. Es sobre el ejercicio del periodismo, primero, y más allá, sobre la democracia y la libertad. Si el arresto de un periodista despierta una preocupación internacional y aun así se le somete impunemente a toda clase de maltratos y acusaciones absurdas, ¿qué le espera, por ejemplo, a un estudiante secundario de un barrio popular, o a esa chica de 14 años que detuvieron por venderle cuchuflíes a los manifestantes? Si un periodista graduado en una universidad importante, con acreditación del Colegio Nacional de Periodistas y del Gobierno es sometido a estos maltratos, ¿qué le espera al comunicador popular de
una radio comunitaria? Pía Matta, la presidente de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, nos decía que los periodistas de esas radios ya no van a cubrir las marchas, porque siempre los golpean, maltratan y detienen. Los periodistas que cubrimos las marchas ya hemos incorporado como normal que seremos golpeados, insultados, amenazados, mojados, que se burlarán de nuestras credenciales de prensa. Que incluso –como nos ocurrió una vez– seremos acusados de “obstrucción a la labor de carabineros” por escondernos del chorro del ‘guanaco’ (carro lanza-aguas) detrás de un árbol. O de “agresión” por protegernos de un bastonazo o de los empujones arbitrarios. Es el maltrato convertido en hábito. Aquello que hace normal que una ciudad esté llena de vallas por todos lados, que se estacionen buses verdes, guanacos, zorrrillos (carros lanza-gases) en las calles, pelotones de policías con armadura en las esquinas, y que todo eso a nadie le extrañe (salvo a los turistas). Que para desalojar a niños de un liceo se corte una calle, se movilicen FFEE y unidades de comandos con armas largas y blindajes, y que busquen con perros a los alumnos escondidos en entretechos o pasajes de los colegios. Los periodistas debemos convertir el juicio contra Retamal en una épica para cambiar las reglas. Que policías furiosos no tengan poderes omnímodos para amedrentar y golpear a quien se les ocurra, incluidos niños, censurar a la prensa, burlarse de sus credenciales. O sea, violar su propio juramento profesional, y con él todos los derechos civiles, todas las leyes y convenios internacionales firmados por Chile. El capitán Bersezio y el inmenso y desconocido aparato de las FFEE debieran estar cuidando ciudadanos, no persiguiendo niños ni gastando recursos del Estado en manipular –mal, además– los videos para tratar de inculpar a un periodista. Parece simple, bastaría una orden de la Presidenta o de su ministro del Interior, pero no lo es, porque detrás de este obscuro capitán y su fuerza hay una doctrina institucional jamás derogada o repudiada: la del “enemigo interno”, que en algún momento incluye a cualquiera que se tome en serio esto de la democracia. Ya hubo un Presidente asesinado por eso y hasta ahora nadie ha pedido perdón por el crimen.