TEMARIO:
1. CÁTEDRA DE DERECHOS HUMANOS DE LA U. DE CHILE PIDE QUE IMPLICADOS EN PERSECUCIÓN POLÍTICA EN DICTADURA ASUMAN RESPONSABILIDADES 2. ¿BASTARÁ CON SÓLO PEDIR PERDÓN? COLUMNA: Luis Enrique Soler Milla 3. EXPERTOS CIDH DICEN POCO AVANCE EN CASO 43 ESTUDIANTES MEXICANOS POR OBSTRUCCIÓN DE GOBIERNO 4. SUIZA Y SUS EXTRANJEROS: PRAGMATISMO ANTE TODO 5. UE Y TURQUÍA: CONFORMIDAD CON ACUERDO PARA DEPORTAR A REFUGIADOS 6. EN TURQUÍA, MERKEL BUSCA SALVAR EL ACUERDO MIGRATORIO 7. HISTÓRICO: 175 PAÍSES FIRMAN ACUERDO DE CAMBIO CLIMÁTICO 8. DIGNIDAD DE DISCAPACITADOS. OPINIÓN Paula Silva Barroilhet
CÁTEDRA DE DERECHOS HUMANOS DE LA U. DE CHILE PIDE QUE IMPLICADOS EN PERSECUCIÓN POLÍTICA EN DICTADURA ASUMAN RESPONSABILIDADES EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/04/24/279099/catedra-de-jderechos-humanos-de-la-u-de-chilepide-que-implicados-en-persecucion-politica-en-dictadura-asuman-responsabilidades/
En texto firmado por el Consejo Directivo de la Cátedra -creada por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones-, convoca a reflexionar sobre el rol de la Institución en el régimen dictatorial y pide que exista una identificación de las responsabilidades individuales en la persecución a miembros de la comunidad universitaria. El texto está firmado por personas vinculadas al tema de los DD.HH, entre ellos, Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El profesor de la Facultad de Derecho y coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, es claro respecto al proceso que ha sucedido a la apertura de un conjunto de documentos de la Casa de Bello que datan del periodo de la dictadura militar, material que está siendo digitalizado para el acceso público por el trabajo del Archivo Central Andrés Bello, perteneciente a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. En los documentos se encuentran procedimientos administrativos cotidianos, actas de la Junta Directiva y sumarios a los que se vieron sometidos integrantes de la comunidad universitaria durante la dictadura que no habían sido conocidos hasta el presente y que podrán ser utilizados para la reconstitución de la memoria histórica de la Universidad de Chile.
Según una declaración pública firmada por el Consejo Directivo de la Cátedra de DD.HH. “lo que ha hecho el Archivo Central Andrés Bello, es un aporte evidente al cumplimiento de la Universidad de Chile a la obligación de reparación por medio de la preservación de la memoria”, por lo que instan a que la comunidad universitaria, a través de las autoridades pertinentes, “pida perdón a quienes sufrieron persecución en su interior en tiempos de la dictadura militar. Asimismo, esperamos que quienes fueron parte de estos actos y siguen perteneciendo a la Universidad, asuman su responsabilidad personal y actúen en consecuencia”, según indica el punto sexto de la declaración. “Tras el primer paso que significó la transferencia de la custodia de estos archivos pertenecientes a la Dirección Jurídica al Archivo Central Andrés Bello para su público conocimiento, la Universidad de Chile debe continuar en el proceso de reconstruir su memoria histórica, avanzando esta vez al reconocer las responsabilidad institucionales y personales implicadas en este oscuro periodo, especialmente de quienes aún se encuentran al interior de la comunidad universitaria. Esta es una forma de construir el futuro de nuestra Universidad como institución pública: de cara a la ciudadanía y sin pactos de omisiones o silencios”, señaló la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran, sobre este proceso. Según Nash, “como Cátedra, queremos llamar la atención sobre la importancia de conocer la historia de nuestra Universidad, por dolorosa que sea. Nos parece importante que se reconozcan las responsabilidades, institucionales y personales. También es importante que se hagan gestos concretos como la petición de perdón por parte autoridades y gestos personales”. La declaración también indica que “para que la Universidad de Chile se reconstruya como comunidad es importante que se reconozca institucionalmente -como se está haciendo con la apertura de estos documentos del Archivo Central- que aquí se desarrolló una política sistemática de persecución por razones ideológicas durante toda la intervención militar; que hubo miembros de la comunidad que fueron parte activa de esta persecución; y que, como consecuencia, muchos de sus hombres y mujeres vieron quebrados sus proyectos de vida por estos actos perpetrados, en muchos casos, por sus propios pares”. Estos “actos de persecución y delación son moralmente condenables e inaceptables en una comunidad universitaria”, puntualizó el profesor Nash dado que “las responsabilidades no son solo las legales. También son morales e históricas, ambas fundamentales para la convivencia universitaria”. Material de carácter histórico a disposición de la ciudadanía La profesora Azún Candina, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades y encargada de la investigación sobre estos documentos por parte del Archivo Central Andrés Bello, indicó que “este es un trabajo en pos de la recuperación, la restauración y el uso público para la investigación de los expedientes de sumarios y lo que nosotros calificamos como ‘la universidad intervenida’. Es del año 1973 en adelante hasta la década de los 80’s que la universidad sufrió un proceso de intervención dictatorial, donde lo más conocido son los rectores delegados, pero que es mucho más profundo que eso”. Es por ello que, explicó Candina, este archivo se constituye en “un material que puede ser físicamente consultado acá en el Archivo y que en términos de archivo digital puede ser pedido por
Ley de Transparencia a la Universidad, y pueden recibir la copia digital completa de los expedientes que pidan”. La académica indicó que los archivos “son valiosos como patrimonio de la Universidad de Chile, pero también para la historia del país” porque lo que ocurre con la Casa de Bello “con esta intervención directa de autoridades militares y cívico-militares no sólo ocurre acá, e involucra la persecución política, pero también la construcción de un nuevo país. La evidencia física directa está”, dijo también haciendo referencia al proceso de separación de las sedes regionales de la U. de Chile, lo que también está documentado. “En estos documentos no sólo se observan los procesos administrativos llevados a cabo, sino que también las respuestas de las personas en las investigaciones. Ahí queda claro que, pese a que había gente que acusaba a otra, también eran muchos más los que defendían a sus pares, algo muy valiente si pensamos que hay sumarios del año ’75 o ’78, cuando ya se sabía lo que estaba pasando”, agregó la investigadora que dice que el proceso de fichaje y catalogación del material de estos documentos ya alcanza a mediados de la década de los ‘80s y que pronto estará disponible todo el material que aún falta por clasificar, siendo este uno de los archivos más completos de lo ocurrido con una de las instituciones más importantes del país en tiempos de dictadura. Los primeros pasos de la desclasificación El 11 de septiembre del 2015, en la conmemoración de los 42 años del Golpe de Estado, la Universidad de Chile dio el primer paso en la desclasificación de estos archivos de la Dirección Jurídica. En dicha ceremonia la directora del Archivo Central Andrés Bello, Alejandra Araya, dio a conocer a la comunidad universitaria este proyecto de conservación y difusión de este material guardado por décadas en las bodegas de nuestra Universidad, ocasión en la que la comunidad pudo escuchar un radioteatro del Sumario N° 001729, realizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen. Este proceso, acontecido en 1977, fue traído al presente con la finalidad de recrear el ambiente del periodo y de los acontecimientos que rodearon la vida universitaria de esos años. Este sumario consta de la amonestación en contra de los estudiantes Juan Carlos Rozas, Juan Carlos Reyes y Rodolfo Fortunatti, proceso a cargo del fiscal Juan Vergara. Cartas al Director ¿BASTARÁ CON SÓLO PEDIR PERDÓN? LA NACIÓN http://blog.lanacion.cl/2016/04/25/bastara-con-solo-pedir-perdon/ Luis Enrique Soler Milla Estimado Director: Entre los discursos que se escucharon en las exequias del ex Presidente Patricio Aylwin estuvo el de la senadora Carolina Goic quien ostenta el cargo de presidenta de la Democracia Cristiana, tras la renuncia de Jorge Pizarro.
En parte de su alocución, la parlamentaria llamó a los políticos a pedir perdón, por no haber actuado a tiempo, por los abusos de poder, por las faltas de ética, por haber traicionado la confianza de quienes representan, por servir a otros intereses y no a chilenas y chilenos. Todo, con el propósito de recuperar la confianza de la gente en la política y de quienes la ejercen, porque han sido innumerables los hechos, profusamente explicitados por todos los medios, que han salpicado transversalmente a toda la Familia Política & Asociados. En todos sus niveles, las encuestas muestran semana a semana las exiguas cifras de aprobación y credibilidad de los políticos, situación que se ve agravada por la continua aparición de nuevos casos que traen aparejados más involucrados o la reconfirmación de otros ya imputados. Palabras más palabras menos, la gran interrogante es si bastará con una solicitud de perdón, de verdad, no sólo para las cámaras, para dar vuelta la hoja y volver a “contigo, pan y cebolla”, como era tan sólo hace unos años la relación de la Familia Política & Asociados y la ciudadanía, con cero cuestionamientos. Sí, bastaría con pedir perdón, pero sólo después que la justicia haya concluido todos los juicios en trámite y los que se inicien, con las debidas sentencias. Sólo en ese momento el perdón germinará en un Chile fértil, de lo contrario sólo serán palabras al viento, las mismas que hoy agotaron la paciencia de los chilenos… EXPERTOS CIDH DICEN POCO AVANCE EN CASO 43 ESTUDIANTES MEXICANOS POR OBSTRUCCIÓN DE GOBIERNO DIARIO SUIZO EN ESPAÑOL http://www.swissinfo.ch/spa/expertos-cidh-dicen-poco-avance-en-caso-43-estudiantesmexicanos-por-obstrucci%C3%B3n-de-gobierno/42110356 Expertos internacionales dijeron el domingo que no lograron establecer cuál fue el destino de 43 estudiantes desaparecidos y posiblemente masacrados en 2014 en México debido en gran medida a fallas y demoras de las autoridades, al tiempo que expusieron más irregularidades de la investigación. El llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su informe final tras 14 meses de dar asistencia técnica a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) debido a los problemas para resolver un caso que dejó en evidencia las grietas del sistema de justicia y la crisis de derechos humanos que vive el país. En el informe final de su investigación, los expertos denunciaron obstáculos tales como que no pudieron volver a entrevistar a detenidos, obtener declaraciones de líderes políticos ni ex altos funcionarios o que la fiscalía ahondara en líneas de investigación que le propusieron. "El no suministro de información por parte de las autoridades y por las entidades de gobierno puede generar en términos claves y categóricos una posible obstrucción de información", dijo la ex fiscal colombiana Ángela Buitrago, parte del grupo que no seguirá trabajando en el caso porque el Gobierno mexicano dijo que su participación ya no es necesaria.
Esas dificultades "no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales", señalaron en el informe, sugiriendo que no hubo voluntad política del Gobierno de Enrique Peña Nieto para avanzar en las investigaciones. “! No se vayan, no se vayan!", coreaban familiares de los desaparecidos durante la presentación del reporte, al que acudieron más de mil personas. No llegaron al evento representantes del Gobierno pero el presidente Enrique Peña Nieto agradeció en su cuenta de Twitter las recomendaciones del grupo y dijo que la fiscalía analizará el informe y "seguirá trabajando para que haya justicia". Los expertos advirtieron que varios cuerpos policiales, como la Policía Federal, policías del estado de Guerrero y distintos municipales pudieron tener participación en los ataques, que habrían abarcado un amplio radio de acción más allá de la ciudad de Iguala, donde comenzó cuando los jóvenes llegaron a tomar autobuses para participar en una protesta. Allí, la noche del 24 de septiembre del 2014 cerca de 100 estudiantes de la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa, en el empobrecido estado de Guerrero, fueron atacados con armas de fuego por policías municipales y supuestos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, en un caso que dejó patente la complicidad entre autoridades y cárteles del narcotráfico. En los ataques murieron tres estudiantes y tres personas de un equipo de fútbol que no tenían que ver con los incidentes. INVESTIGACIÓN CON FRENOS Y SOSPECHAS En su primer informe de septiembre del año pasado el grupo, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puso en tela de juicio la investigación del ex fiscal Jesús Murillo Karam, hombre cercano a Peña Nieto quien había dicho que los estudiantes fueron masacrados y quemados en un basurero de Cocula, un pueblo cercano a Iguala.
Esta pesquisa señaló que los restos fueron tirados a un río cercano de donde se recuperaron partes trituradas en bolsas, de las cuales sólo fue identificado el estudiante Alexander Mora por un pequeño fragmento óseo. Los expertos abrieron más interrogantes el domingo en torno a ese resto al presentar un video que muestra a Tomás Zerón, jefe de la investigación en los primeros meses, en el río el 28 de octubre con funcionarios forenses, un día antes del establecido en el expediente como el día que hallaron los restos, desatando sospechas de que el hueso de Mora fue colocado. Pese al malestar que le causó el primer informe de los expertos, el Gobierno accedió a extender su mandato y en noviembre del año pasado inició una nueva fase en la investigación que marchó bien durante los primeros dos meses. Pero a partir de enero de este año se frenaron un amplio número de diligencias solicitadas por el grupo, tales como ahondar en la posibilidad de que los ataques contra los estudiantes se hubieran desatado porque éstos tomaron un autobús que podría contener un cargamento de droga. CONFIRMAN TORTURAS Cerca de 65 solicitudes de declaraciones que fueron pedidas a la PGR en su mayoría en noviembre del 2015 recién se realizaron a mediados de abril, cuando los expertos estaban concluyendo su informe y ya casi no tenían tiempo de analizarlas, señalaron. Los expertos dijeron que para ellos sigue sin haber un solo indicio de que los estudiantes hayan sido quemados en el basurero de Cocula, que un nuevo peritaje ordenado por la fiscalía carece de rigor científico y que los detenidos que confesaron la versión inicial fueron en su mayoría torturados. Además, el grupo señaló otras fallas en la investigación, como el hecho de que los teléfonos de los estudiantes estuvieron activos por horas y hasta por semanas después de su desaparición, lo cual indica que podrían haber sido ubicados si esa información hubiera sido analizada de manera expedita. La versión que presentó Murillo Karam en enero del 2015 indicaba que todos los celulares de los jóvenes habían sido destruidos después de la medianoche. El grupo lamentó que el Gobierno le haya negado entrevistas a decenas de militares que estuvieron presentes esa noche en distintos puntos de Iguala y que no los haya presionado para entregar fotografías y videos que hubieran ayudado a resolver el complejo caso. Activistas, así como representantes de familiares de los desaparecidos, creen que la complicidad con Guerreros Unidos no se circunscribía solamente a las fuerzas municipales y hablan de un contexto de "macrocriminalidad", donde participaron distintas cuerpos de seguridad, incluido el Ejército. El presidente de la CIDH, James Cavallaro, les prometió que el organismo no dejará el caso aunque los expertos ya no estén. Los familiares y sus abogados dijeron semanas atrás que no confiarán en ninguna investigación que no esté monitoreada internacionalmente.
SUIZA Y SUS EXTRANJEROS: PRAGMATISMO ANTE TODO SWISSINFO.CH Más de dos años después del referéndum del 9 de febrero de 2014, Suiza se pregunta todavía cómo va a conciliar las cuotas requeridas con la libre circulación. Mientras las negociaciones con la UE están en punto muerto, veamos qué ha pasado en un siglo de inmigración en un país donde el buen extranjero es ante todo el extranjero útil.
Los inmigrantes han contribuido ampliamente a la construcción de la Suiza moderna. En 1914 constituyen el 15% de la población. Llegan principalmente de Francia, Alemania e Italia. Algunos son banqueros o dirigentes empresariales, pero la mayoría trabaja en el campo, en fábricas o en la construcción de la red ferroviaria. Durante la Primera Guerra Mundial, las tensiones internas son fuertes entre los que apoyan a Alemania y aquellos cuyo corazón se inclina hacia Francia. Con la crisis económica que sobreviene surge el miedo a la ‘Überfremdung’, el desbordamiento de esos extranjeros vistos como una amenaza a la cohesión nacional. En ese clima el Consejo Federal (Gobierno) elabora en 1931 la primera Ley de Extranjería. “Contiene la idea de que Suiza no es un país de inmigración y que los extranjeros solamente pueden realizar estancias temporales. Ahí está el origen del famoso estatuto de temporero”, señala Etienne Piguet, profesor de Geografía Humana de la Universidad de Neuchâtel y autor en 2013 de ‘La inmigración en Suiza, 60 años de entre apertura’.
Al final de la Segunda Guerra Mundial, Suiza necesita brazos. Abre las puertas a la inmigración, y cuando la economía se desacelera y sus necesidades disminuyen, las cierra un poco. Es el caso en 1963, cuando el Consejo Federal introduce por primera vez una cuota máxima de temporeros por cantón. “En esos tiempos, la preferencia nacional es vista como algo completamente normal”, precisa Etienne Piguet. “La idea que prevalece es que Suiza ofrece trabajo, y aquellos que quieren tomarlo solamente pueden sentirse felices. Luego pueden volver a su casa con sus ahorros y reasentarse en su país”. El largo camino hacia la integración ‘Gastarbeiter’ (trabajadores invitados), ‘Fremdarbeiter’ (trabajadores extranjeros): la terminología es clara. El extranjero -sobre todo el italiano en ese momento- es bienvenido para trabajar, pero no más. En Roma, sin embargo, no lo ven de esa manera. En 1964, cediendo a la presión constante de Italia, Suiza concede finalmente la posibilidad de transformar, al cabo de cinco años, el permiso de temporero en permiso anual. Les concede también el derecho que hasta entonces se les había negado de reagrupar a la familia. El mismo año lanzan en Zúrich la primera iniciativa popular “contra el control extranjero”, que será retirada antes de ser sometida a votación. La segunda llega en 1970, en la mano del diputado de Acción Nacional, James Schwarzenbach. Busca limitar el número de extranjeros en 10%. Será rechazada con 54% de los votos. Y las siguientes (1974 y 1977) lo serán de manera aún más contundente. Mientras tanto, el Gobierno establece una Comisión Federal para los Extranjeros que promueve la integración y la naturalización aceleradas. “Empezamos a reconocer que esas personas forman parte de nuestra sociedad, que no se van y que está naciendo una segunda generación. Es realmente el punto de partida de la política de integración”, señala Sandro Cattacin, sociólogo de la Universidad de Ginebra especializado en la temática de la migración. Después de la ola xenófoba de los años 70, la izquierda contraataca con una propuesta para suprimir el estatuto de temporero, que considera inhumano. Pero su iniciativa, denominada ‘Ser solidarios’, es rechazada en 1981 por casi el 84% de los votantes. Hay que esperar hasta 2002 y la entrada en vigor del acuerdo de libre circulación de personas entre Suiza y la UE para ver desaparecer el
permiso de trabajo de temporada. En 1985, 1993 y 1995, los suizos rechazan aún tres iniciativas destinadas directamente a limitar la inmigración. “Entreapertura” “Podemos decir que en ese periodo ninguna iniciativa verdaderamente restrictiva fue aceptada”, resume Piguet. “Pero, simétricamente, ninguna iniciativa proinmigrantes fue aceptada”. Se quiso inmigración, se reclutó, en gran parte por razones económicas, pero al mismo tiempo, siempre se quiso frenarla. “Por eso hablo de ‘entreapertura’”. Para Cattacin, si ahora la mayoría de la Suiza urbana parece vivir bien con la inmigración, hay todavía una franja poblacional que aún cultiva el reflejo de la cerrazón. Sin embargo, este último ha evolucionado a lo largo de las décadas: “Los discursos xenófobos de los años 60-70 no se apoyaban, como ahora, en las culturas, sino en el mantenimiento de lo que hace la belleza del país. Schwarzenbach era un romántico, un verde, muy orientado a la naturaleza. Y en su tiempo, Suiza experimentó un acelerado crecimiento de la mancha urbana, un poco como sucede hoy en los países del Este de Europa. Y cuando se va demasiado rápido, se crean problemas de orientación en la gente que despiertan los reflejos conservadores”. Una primicia Entonces, ¿cómo explicar el voto del 9 de febrero de 2014? Ese día, los suizos aceptan (por poco) la iniciativa de la UDC (derecha conservadora) contra la inmigración masiva, la cual prescribe introducir cuotas de inmigración, en detrimento de los acuerdos concluidos con la Unión Europea sobre la libre circulación. “Un caso interesante”, analiza Cattacin. “La mayoría de las iniciativas precedentes, que eran abiertamente xenófobas, tuvieron más o menos el mismo marcador: 60-40 a favor del no. Pero hay un 20% del electorado que está dispuesto a orientarse a la xenofobia si eso no afecta su bienestar o su billetera. Lo vimos con la prohibición de los minaretes, y vamos a ver lo mismo con la prohibición de la burka”. Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook “De manera contraria, la iniciativa del 9 de febrero tiene importantes consecuencias económicas y, sin embargo, logró reunir a parte de ese 20%”, continúa el sociólogo. “Eso proviene de una confusión en la mente de las personas que no sabían bien qué se votaba realmente. Vimos, por ejemplo, a los Verdes del Tesino apoyar la iniciativa, animados por un reflejo ecológico antieuropeo. Y eso fue suficiente para inclinar la balanza hacia el sí y crear estos problemas, de los que no sabemos cómo salir”. Tampoco Piguet tiene la solución milagrosa para resolver la contradicción entre las cuotas y la libre circulación. Pero para él, la limitación puede asumir “una forma extremadamente ligera, como una cláusula de salvaguardia, destinada a no ser activada”, en todo caso, para la inmigración europea. De manera contraria, prevé restricciones más severas para los ciudadanos del resto del mundo, y especialmente para los solicitantes de asilo. “Así que, básicamente, Suiza tratará de conservar la mayor libertad posible con respecto a la UE, y fortalecer los otros canales de entrada”, advierte el geógrafo. Para él, el principio dominante de la
política migratoria suiza es el mismo: “Permitir a la economía encontrar mano de obra lo más fácil posible”. Campeón mundial de inmigración Durante los últimos 60 años se estima en más de 6 millones el número de inmigrantes llegados a Suiza. Muchos se fueron pero, en relación con su tamaño, la Confederación ha tenido una inmigración duradera mucho más alta que la mayoría de los países del mundo. A finales de 2014, Suiza tenía casi 2 millones de extranjeros y 8,2 millones de habitantes. La mayoría de la población extranjera residente en Suiza es de origen europeo y, en particular, está compuesta por ciudadanos italianos (15,3%), alemanes (14,9%), portugueses (13,1%) y franceses (5,8 %), de acuerdo con cifras de 2014 de la Oficina Federal de Estadística. Más de la mitad de los europeos que emigraron a Suiza merced a la libre circulación de personas poseen una educación superior. Pero muchos trabajan también en empleos poco calificados en la construcción, el turismo y la salud. A excepción de casos muy particulares, como las monarquías petroleras del Golfo, pequeños países de acogida masiva de refugiados (Jordania, Líbano) o ciudades-Estado como Singapur o Luxemburgo, Suiza encabeza, según cifras de la OCDE (2005-2009), a los países de inmigración, con 16,5 entradas anuales por cada 1 000 habitantes. Liberalismo y fronteras Defender la economía y pretender limitar la inmigración cuando la economía la necesita: ¿no es contradictoria la política de la derecha conservadora? No para el diputado de la Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora) Yves Nidegger, quien recuerda que “entre los adeptos a la economía liberal, en este país ha habido siempre dos derechas, una que ama a los campesinos y a las fronteras, y otra que ama a la industria de la exportación y no a las fronteras. Desde hace 100 años están en el punto de ruptura cuando se habla de las fronteras, pero se entienden muy bien cuando se trata de contrarrestar la sovietización de la legislación suiza deseada por la izquierda. Entonces se puede muy bien ser adepto al liberalismo y amar las fronteras”. En cuanto al éxito de la iniciativa del 9 de febrero de 2014, el legislador explica que en las ocasiones anteriores el voto se produjo “en la época de los contingentes, mientras que ahora estamos en régimen de libre circulación, y la gente vio lo que nunca antes. Con los contingentes, la gente solamente venía a trabajar. Ahora vienen con su familia y esto hace dos veces más de gente”. (Fuente: ‘Inmigración e integración en Suiza desde 1945: principales tendencias’, Etienne Piguet, Universidad de Neuchâtel / Oficina Federal de Estadística)
UE Y TURQUÍA: CONFORMIDAD CON ACUERDO PARA DEPORTAR A REFUGIADOS TERRA http://noticias.terra.cl/ue-y-turquia-conformidad-con-acuerdo-para-deportar-arefugiados,ad191591ab750e29ded1b74f5667a001x3y6k4bt.html La UE y Turquía coincidieron hoy (23.04.2016) en mostrar su satisfacción por el acuerdo alcanzado para deportar refugiados desde Europa a suelo turco y que ambas partes defendieron al considerar que ha cumplido el objetivo de que lleguen menos emigrantes. La satisfacción y la buena sintonía se escenificaron en la visita que realizaron a varios centros de refugiados en el sur de Turquía la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Los tres mandatarios europeos fueron recibidos por el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, que aseguró que Turquía está cumpliendo su parte del acuerdo. En noviembre todavía cruzaban a diario unos 6.000 refugiados el Egeo rumbo a la UE, dijo Davutoglu tras una reunión celebrada este sábado con la canciller alemana Angela Merkel en la ciudad de Gaziantep, en el sudeste del país. Este número entrentanto se redujo a 130. "Incluso ha pasado que algunos días no hay ningún migrante que cruce el mar", hizo notar el jefe de gobierno turco. "Hemos cumplido nuestras tareas" Davutoglu dijo que la meta es que "no mueran más niños" en el Egeo. Turquía, Alemania y la UE deben abordar de forma conjunta la crisis migratoria. "No es factible que Turquía o la UE puedan superarlo en soledad". "Hemos cumplido nuestras tareas", recalcó el primer ministro turco en referencia a su país. Por lo tanto, espera que la UE emprenda los pasos necesarios para el levantamiento de la obligatoriedad del visado para los turcos. "Esto es esencial para Turquía", subrayó. Davutoglu rechazó las acusaciones de organizaciones defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), que apuntan que los turcos expulsan a sirios a zona de guerra. "Quiero subrayar aquí que ni una sola persona fue enviada de regreso a Siria contra su voluntad. Eso no lo hacemos". "Informarse de primera mano" El encuentro de los cuatro políticos en el sur de Turquía sirvió para "informarse de primera mano" sobre las necesidades de los refugiados sirios en Turquía, a los que la UE dedicará en los próximos tres años 6.000 millones de euros, dijo Merkel en la rueda de prensa posterior. Timmermans anunció que a finales de julio se habrán asignado ya mil millones de euros a diversos proyectos en Turquía, inicialmente consensuados con Unicef o el Programa Mundial de Alimentos, aunque también se prevé coordinar estos gastos directamente con las autoridades turcas, agregó. Merkel alabó que gracias al apoyo financiero de la UE, pactado en marzo, Turquía "ha concedido el permiso de trabajo a los refugiados sirios", algo que calificó de "gigantesco paso adelante". "No sólo queremos frenar la migración ilegal, impedir que las personas tomen caminos peligrosos, sino también darles más opciones de vivir cerca de su patria", agregó.
Davutoglu, en cambio, se pronunció a favor de "reemplazar la migración ilegal por una legal" para "acabar con el negocio de los traficantes" y recordó que en el marco de pacto con Bruselas ya se han enviado 105 refugiados sirios a los países europeos. EN TURQUÍA, MERKEL BUSCA SALVAR EL ACUERDO MIGRATORIO LA NACIÓN (ARGENTINA) http://www.lanacion.com.ar/1892241-en-turquia-merkel-busca-salvar-el-acuerdo-migratorio
Las imágenes del primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, con sonrisa de satisfacción, y la de las chicas con ramos de flores que recibieron a Angela Merkel en el aeropuerto no engañaron a nadie: el viaje de la canciller alemana a un campo de refugiados en la localidad de Gaziantep, cerca de la frontera con Siria, fue más un ejercicio de equilibrismo diplomático que una visita de cortesía. "Solidaridad con los migrantes. Estamos orgullosos de nuestra canciller Angela Merkel y del primer ministro Ahmet Davutoglu", decía un enorme cartel en alemán desplegado en esa ciudad del sur de Turquía, acosada permanentemente por los cohetes de la organización jihadista Estado Islámico (EI). Abierto en 2013, el campo Nizip 2 recibe en construcciones prefabricadas a unos 5000 refugiados sirios, entre los cuales hay unos 2000 chicos, según cifras del gobierno turco.
Acompañada por el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, en todo caso Merkel llegó a Gaziantep con un objetivo preciso: salvar el polémico acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Turquía para controlar el flujo migratorio, que Ankara amenaza con dejar de respetar. Defendido con ahínco por la dirigente alemana, ese acuerdo, firmado hace tres semanas y simultáneo al cierre de numerosas fronteras internas en Europa, impidió a los traficantes hacer llegar a los refugiados al norte del continente. Sobre todo consiguió, en un primer momento, reducir sensiblemente las llegadas a las islas griegas. Sin embargo, en los últimos días, volvieron a aparecer los botes inflables que transportaban unas 150 personas por día. Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), esto indica que parece haber terminado el "cierre hermético" de la ruta desde Turquía. Para los dirigentes europeos, que no lo dicen abiertamente, es un auténtico chantaje de parte de las autoridades turcas. Mediante ese acuerdo, firmado para disuadir los ingresos clandestinos a Europa, que enfrenta la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial, Turquía se comprometió a aceptar a todos los candidatos entrados en forma ilegal a Grecia desde el 20 de marzo. Ese plan prevé además que, por cada asilado sirio enviado a Turquía, otro será "reinstalado" en un país europeo, hasta una cifra máxima de 72.000 por año. En contrapartida, los europeos aceptaron otorgar hasta 6000 millones de euros, reactivar las negociaciones sobre el ingreso de Turquía a la UE y acelerar el proceso de liberalización de visas para los turcos. Para los dirigentes turcos, que prometieron a sus 79 millones de ciudadanos una excepción de visa antes de fines de junio, esta última es una condición sine qua non. De modo que, ante la lentitud de la decisión por parte de Bruselas, esta semana Ankara aumentó la presión amenazando con dejar de respetar el acuerdo si la UE no cumple su palabra. La CE indicó que presentará un informe el 4 de mayo, pero son muchos los dirigentes europeos que no quieren saber nada con esa medida. El primer ministro húngaro, el populista Vikton Orban, estimó por ejemplo que la UE "se entregó" a Turquía con consecuencias "imposibles de prever". Y no es el único. Para la opinión pública alemana, este viaje confirma la importancia asumida por Turquía en la política de la canciller. Según un sondeo publicado anteayer por la cadena de televisión ZDF, 80% de sus conciudadanos dudan de que Turquía sea un socio confiable. Asimismo, 80% de alemanes juzgan que Merkel hace demasiadas concesiones al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Por otra parte, este viaje se produjo además en momentos en que la canciller es blanco de durísimas críticas en su propio país por haber autorizado la posibilidad de enjuiciar a un humorista alemán que trató a Erdogan de "perverso, pulguiento y zoófilo". Para un gobierno acostumbrado a reprimir la libertad de expresión, ese juicio se transformó en exigencia. Pero la decisión de Merkel provocó una condena unánime en Alemania. Por primera vez desde la formación de la coalición que dirige el país, en diciembre de 2013, los ministros socialdemócratas
se desmarcaron de la canciller, mientras un sondeo demostró el desacuerdo de 62% de los alemanes. "Nuestras libertades, incluida la libertad de expresión, no serán objeto de ninguna negociación política con nadie", señaló Tusk, solidario con la canciller, en una columna publicada en varios diarios europeos. Marcha contra un tratado Unas 35.000 personas protestaron ayer contra el tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (TTIP) en Hannover, Alemania, adonde llegará hoy el presidente norteamericano, Barack Obama. Las organizaciones afirman que el acuerdo dañará las condiciones laborales alemanas. HISTÓRICO: 175 PAÍSES FIRMAN ACUERDO DE CAMBIO CLIMÁTICO LA HORA (ECUADOR) http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101937614#.Vx4UR-ZTLUg
REUNIÓN. El presidente de Francia, François Hollande, firma el Acuerdo de París contra el cambio climático. Un récord de 175 países, entre estos los dos más grandes emisores de gases de efecto invernadero Estados Unidos y China, firmaron ayer en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el histórico acuerdo para combatir el calentamiento global, con la esperanza de mantener el impulso de la conferencia de París de diciembre pasado. Más de 60 jefes de Estado y de Gobierno participaron en la ceremonia que se llevó a cabo en Nueva York. “Nunca antes un número tan grande de naciones había firmado un acuerdo internacional en un solo día”, dijo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
Entre los presentes estuvo la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien denunció el “grave momento” que vive su territorio y aseguró que el pueblo “sabrá impedir cualquier retroceso” democrático, en referencia al proceso de destitución que está a punto de sacarla del poder. Además de Rousseff estuvieron el presidente francés François Hollande, el viceprimer ministro chino Zhang Gaoli, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el primer ministro italiano Matteo Renzi y el secretario de Estado estadounidense John Kerry, quien llevó al podio a su nieta de 2 años Isabelle, desatando una ovación. Hollande fue el primero en firmar el documento. El anterior récord de países firmantes de un tratado internacional en un día databa de 1982, cuando 119 naciones suscribieron la Convención de la ONU sobre derecho marítimo. Un primer paso El acuerdo sobre cambio climático alcanzado en París compromete a sus firmantes a limitar el aumento de la temperatura “bien por debajo de 2°C” y a “continuar sus esfuerzos” para limitar esta alza a 1,5°C. La firma del acuerdo, en el Día Mundial de la Tierra, fue solo un primer paso, puesto que luego será el momento de la ratificación en función de las reglas nacionales (votación por el Parlamento, decreto...). Además, y para entrar formalmente en vigencia, el acuerdo de París tiene que ser ratificado por 55 países que representen el 55% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. En ese sentido, Hollande instó ayer a los miembros de la Unión Europa (UE) a ratificar este año el acuerdo. “La Unión Europea debe dar el ejemplo”, indicó. DiCaprio se pronuncia Hasta horas de la tarde de ayer, 15 países, la mayoría de ellos pequeñas islas, ratificaron el texto, según la ONU. En un discurso ante el pleno, el actor y militante Leonardo DiCaprio afirmó que “llegó la hora de un acción audaz. “Nuestro planeta no podrá ser salvado si no abandonamos las energías fósiles”, sostuvo el actor recientemente ganador del premio Oscar, levantando una ola de aplausos. Columna del día DIGNIDAD DE DISCAPACITADOS EL MERCURIO http://www.elmercurio.com/blogs/2016/04/25/41242/Dignidad-de-discapacitados.aspx Paula Silva Barroilhet Mientras escribía, mi hijo Felipe me preguntó si lo hacía sobre él, de cuando fue al colegio y como ahora trabaja y anda solo en micro y tiene su cuenta bancaria donde le depositan su sueldo. Y usted dirá qué tiene eso de particular. Bueno, lo común es a veces especial cuando la persona de quien hablamos es diferente. Felipe tiene 23 años y síndrome de Down y pertenece a esa generación que
pudo integrarse al colegio y usted ya está viendo en sus trabajos y en la calle, educada bajo una nueva mirada de la discapacidad, centrada en la persona y sus capacidades, obviamente con sus dificultades. Así que escribo sobre él, y los demás como él, porque los niños crecen. Las personas adultas con síndrome de Down son, valga la redundancia, adultas, aunque tengan gustos infantiles. ¿Y quién no? Son grandes y quieren hacer cosas de grandes, lo mismo que sus hermanos o primos, cosas que son muy normales, como tener su grupo de amigos y salir con ellos, estudiar o trabajar, comprar cosas o planificar gastos o inversiones con su dinero, algunos piensan en vivir con amigos o la polola con la cual se quieren casar. Ellos están preparados o preparándose, pero la sociedad (y todavía algunos padres), tal vez por temor y desconocimiento, y sobre todo la legislación, que en este caso está llamada a hacer cambios relevantes, no lo están. Debemos admitir su autonomía, y más aún, su autodeterminación. Chile suscribió en 2008 la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU 2006), un tratado de derechos humanos que reconoce a las personas con discapacidad los mismos derechos que toda persona y da herramientas para que los estados, superando el modelo médicorehabilitador, paternalista y asistencialista, adapten sus legislaciones conforme el modelo social y de derechos, garantizando la plena participación. La Ley de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad N° 20.422 de 2010 es un avance en este sentido. Pero insuficiente. La Convención reconoce a las personas con discapacidad, sin distinción de si esta es física, sensorial o mental (sea intelectual o psíquica), como sujetos de derecho, es decir, titulares del goce y ejercicio de sus derechos. Es más, reconoce la plena capacidad jurídica y llama a establecer un sistema de toma de decisiones mediante apoyos, reconociendo su voluntad. Chile conserva vigente en el Código Civil las figuras de la interdicción por demencia -utilizada para las personas con discapacidad mental incluidos los mayores- y la interdicción de las personas sordas que no pueden darse a entender claramente. La interdicción no solo las despoja del derecho a tomar decisiones en temas que les afectan, patrimoniales, personales, incluso derechos civiles, sino que les priva de participar y siquiera opinar en la toma de tales decisiones o saber de ellas, ya que un curador las sustituye completamente. Nuestro país fue a Ginebra a fines de marzo recién pasado a dar examen de su cumplimiento de la Convención, y en materia de capacidad jurídica no nos fue bien. Avanzar en este tema es urgente; no podemos perder de vista que se trata de la dignidad de las personas con discapacidad. Las personas adultas con síndrome de Down son, valga la redundancia, adultas, aunque tengan gustos infantiles. ¿Y quién no?