Prensa 26 diciembre

TEMARIO: 1. PUNTA PEUCO: GOBIERNO RECHAZA EL INDULTO PRESIDENCIAL A CONDENADOS POR VIOLAR DDHH 2. EL SILENCIO DE BACHELET FRENTE A PUNTA PEUCO 3. LA POTENTE CARTA DE CARMEN GLORIA QUINTANA SOBRE EL PERDÓN DE LOS PRESOS DEL PUNTA PEUCO 4. ITURRIAGA NEUMANN, EL GENERAL QUE ESTUVO FUGADO Y QUE PIDIÓ PERDÓN EN PUNTA PEUCO 5. PUNTA PEUCO Y EL PERDÓN 6. HERMANO DEL MINISTRO DE JUSTICIA ES ACUSADO DE VIOLAR DD.HH. 7. EZZATI POR MISA EN PUNTA PEUCO: “EL PERDÓN NUNCA ELIMINA LA JUSTICIA” 8. CONDENADOS EN PUNTA PEUCO UTILIZAN LA ESTRATEGIA DE PINOCHET PARA EVADIR A LA JUSTICIA 9. EL PERDÓN DE PUNTA PEUCO 10. LEGUA EMERGENCIA: COMITÉ DE DDHH PRESENTÓ ESTUDIO SOBRE ABUSOS POLICIALES 11. EL “MANTO POLÍTICO DE INMUNIDAD” QUE CUBRE A LAS POLICÍAS EN CHILE 12. ADVIERTEN FRACASO LUCHSINGER-MACKAY

DEL

MINISTERIO

PÚBLICO

EN CASO

13. MULTIGREMIAL ASEGURA QUE HAY PRESIÓN DEL GOBIERNO PARA CAMBIAR SITUACIÓN DE MACHI LINCONAO

14. ANDRÓNICO LUKSIC ELIGE A LA PRENSA ALEMANA PARA ENTRAR AL TEMA DE LA INMIGRACIÓN: "UN PAÍS NO PUEDE RECIBIR A TODOS LOS QUE VIENEN" 15. EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE MIGRAR Y BECA MIGRANTE 16. LOS CRUDOS RELATOS DE MARÍA CANIULEN, LA NANA DISCRIMINADA PORQUE SU HIJA USÓ UNA PISCINA EN ÑUÑOA

PUNTA PEUCO: GOBIERNO RECHAZA EL INDULTO PRESIDENCIAL A CONDENADOS POR VIOLAR DDHH EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/12/25/punta-peuco-gobierno-rechaza-elindulto-presidencial-a-condenados-por-violar-ddhh/

El subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, aseguró que el Gobierno no accederá a la petición de indulto presidencial para al menos cuatro reos acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Mena dijo a los periodistas que el Ejecutivo no está por la impunidad de los condenados por violación a los derechos humanos, en alusión a la demanda de libertad un grupo de reos del Penal Punta Peuco, donde 120 internos en total purgan condenas por estos delitos.

Diez ex agentes de Augusto Pinochet condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1990) pidieron perdón el pasado viernes en una ceremonia ecuménica celebrada en la cárcel en la que cumplen sus sentencias.

Todos ellos cumplen condena en la cárcel especial de Punta Peuco, una prisión que acoge exclusivamente a condenados por asesinatos cometidos durante el régimen militar.

Mena aclaró que "ni el Ministerio de Justicia ni el Gobierno están ni por indulto ni por impunidad respecto a personas que están cumpliendo condenas".

Este sábado, el arzobispo de Santiago Ricardo Ezatti, afirmó que "hay que atender con atención, sobre todo a aquellos que no tienen ninguna posibilidad de nada (enfermos de alzheimer), que puedan morir en la paz de sus familias".

Entre los presos que pidieron perdón estuvieron el general Raúl Iturriaga Neumann, ex subdirector de la DINA, la policía secreta de Pinochet, condenado a cadena perpetua y otras penas en varias causas por violaciones a los derechos humanos; Claudio Salazar, Basclay Zapata, Enrique Ruiz, Pedro Hormazábal, Marcelo Castro y Miguel Estay.

Punta Peuco fue construido en 1995 en el municipio de Tiltil, a 35 kilómetros al norte de Santiago, y cuenta con instalaciones especiales como canchas de tenis, terrazas para hacer asados y amplios comedores, motivo por el cual ha sido duramente criticado por las organizaciones de familiares de víctimas de la dictadura.

Alrededor de 3.200 chilenos murieron a manos de los represores durante el régimen militar, según un informe oficial.

Además, 1.192 figuran como detenidos aún desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.

EL SILENCIO DE BACHELET FRENTE A PUNTA PEUCO

http://radio.uchile.cl/2016/12/26/el-silencio-de-bachelet-frente-a-punta-peuco/

El programa de gobierno que Michelle Bachelet y su equipo presentaron a fines de 2013 en medio de la campaña presidencial era más bien escuálido en materia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura cívico-militar. Sin embargo, contenía algunos puntos interesantes, como era el de revisar el secreto de 50 años que rige para los testimonios de aquellos que declararon durante la década pasada para la Comisión Valech I y II acerca de la tortura y prisión política que habían sufrido. Se trataba de casi 40 mil testimonios aceptados como válidos por la comisión.

Y poco después de asumir, la mandataria prometió en un acto de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) que bajo su mandato pensaba clausurar el penal de Punta Peuco, que otorga privilegios carcelarios especiales a los militares condenados por la justicia, que no tienen los reos comunes del país, como aquellos calcinados en el incendio de la cárcel de San Miguel en 2010.

Hasta ahora, Bachelet no ha cumplido con ninguna de estas dos promesas.

Ciertamente, el caso Caval descarriló a su gobierno y el ataque constante de la derecha y sus ayudantes de la prensa tradicional han tenido en jaque a su programa de reformas desde el principio. Pero nada de ello es excusa para que una Presidenta, que vivió en carne propia los vejámenes de la Dictadura, no alce su voz en estos temas. ¿Qué opina nuestra Presidenta de la reciente misa en la que un puñado de militares y agentes de la dictadura pidió perdón por sus crímenes? Nadie lo sabe. ¿Qué opina nuestra Presidenta de las cuatro mociones parlamentarias que, de formas distintas, piden que se libera de sus penas a reos de edad avanzada o gravemente enfermos? Nadie lo sabe aún.

Esa medida, tener misericordia por condenados ancianos y gravemente enfermos, ¿se aplicará sólo a los militares o también a los presos comunes? ¿Se podrían beneficiar también de esta medida en un futuro cercano Cupertino Andaur, el asesino y violador convicto del niño Víctor Zamorano Jones, o Julio Pérez Silva, el llamado “psicópata de Alto Hospicio?

La misa reciente en la que unos pocos violadores a los derechos humanos pidieron perdón, tras meditar, se supone, unos 40 años, es un eslabón más en una campaña comunicacional que busca privilegios especiales para los condenados que alguna vez vistieron uniforme o estuvieron al servicio de los aparatos represivos de la dictadura.

Se trata de una campaña comunicacional que hace sólo pocos meses levantó el cuerpo editorial de El Mercurio, auxiliado por representantes de la jerarquía de la Iglesia Católica. El perdón de lágrimas de cocodrilo de los represores condenados por la justicia va justamente en esa línea: agregar “momentum” a la idea de que todos sean liberados.

Nuevamente, ¿y qué opina nuestra Presidenta Bachelet de ello? No lo sabemos, nadie lo sabe. La mandataria ha mantenido hasta ahora un silencio férreo frente a un tema en el cual, por razones biográficas, debería en realidad llevar la batuta, pero no lo hace.

Claramente, estos temas la incomodan. Es imposible saber lo que pasa en su fuero interno, pero sus actuaciones como política, tanto como ministra de Defensa de Ricardo Lagos, como presidenta de 2006 a 2010, y ahora de 2014 a 2018, muestran que, en caso de dudas, siempre prefiere optar por la llamada “familia militar”, una estirpe de la cual ella misma es un vástago.

Así, cuando los historiadores del futuro escriban sobre nuestra época, Michelle Bachelet –una víctima de la dictadura que, sin embargo, trataba de “tío” al general de la Fach Fernando Matthei, quien traicionó a su padre y compañero de armas Alberto Bachelet- no entrará a los libros de historia como una líder que contribuyó de manera decisiva al “Nunca Más”.

Y la razón es simple. Enfrentada a momentos cruciales de la historia, momentos en los que la contingencia pasa a un segundo plano, nuestra Presidenta optó por seguir la corriente o guardar silencio.

LA POTENTE CARTA DE CARMEN GLORIA QUINTANA SOBRE EL PERDÓN DE LOS PRESOS DEL PUNTA PEUCO THE CLINIC ONLINE http://www.theclinic.cl/2016/12/25/la-potente-carta-de-carmen-gloria-quintana-sobre-elperdon-de-los-presos-del-punta-peuco/

El viernes pasado, un grupo de 10 presos del penal Punta Peuco pidieron perdón en una ceremonia ecuménica al interior del recinto, por todos los daños ocasionados durante ejercicio en plena dictadura del tirano.

Fue por este motivo que la psicóloga y sobreviviente de las profundas quemaduras que le ocasionaron agentes de Pinochet en 1986, Carmen Gloria Quintana, decidió escribir una potente y clara misiva donde explica con manzanitas por qué a ella le resulta imposible perdonar, sin que antes haya un genuino arrepentimiento y una fuerte colaboración de la justicia para que las familias de una buena vez sepan el paradero de sus seres queridos que desaparecieron en ese fatal periodo.

A continuación, la carta íntegra de Quintana: “Cada vez que me hablan de perdón, la rabia me toma. Sí, la rabia, pues cómo me gustaría perdonar genuinamente a tantos que nos causaron tanto daño. Pero no puedo, a pesar de que fui educada en la doctrina de la iglesia católica y no soy mala persona, ni estoy llena de rencor ni de anhelos de venganza, como algunos tratan de estigmatizar a los que fuimos víctimas de la dictadura cívico militar chilena. Es más, soy una mujer, esposa, madre de 3 hijas y profesional, que a pesar de todo esto, contenta de estar viva!

Hago un poco de memoria para entender mi proceso personal y social hacia la reconciliación que todos deseamos. A los 5 años de edad sin darme cuenta el Estado ya no me cuidaba, pues se había instalado un dictador por la fuerza de las armas derrocando al Presidente Constitucional Salvador Allende. Aprendí que no debía hablar en el colegio, a no confiar, hay sapos en todas partes-me decían mis padres. Ya el Estado no estaba para proteger, ni cuidar, ni brindar justicia a sus ciudadanos. Había que callar, callar la impotencia de crecer con la censura, con asesinatos de opositores al gobierno, sufrir allanamientos en las poblaciones como Nogales donde yo vivía, callar extraños enfrentamientos que encubrían masacres, presos políticos, torturados y mucha gente saliendo al exilio. Todos opositores a Pinochet. Esto es lo que los tratados internacionales llaman genocidio o crímenes contra la humanidad. Cuando es el Estado, que usando la fuerza de las armas arremete contra sus propios ciudadanos sea por pensar distinto, por raza o creencia.

A los 18 años de edad, siendo estudiante de la USACH, fui golpeada, rociada con bencina y quemada viva por militares chilenos, a plena luz del día en una jornada de paro nacional. Mi compañero en esos momentos, Rodrigo Rojas, no sobrevivió. Yo resulté con el 65% de mi cuerpo quemado y deformado de por vida.

Tuve que iniciar un camino de reconstrucción personal, donde lo más difícil fue tratar de entender cómo el Estado a través de sus agentes fue capaz de quemar dos personas vivas en pleno siglo XX. Personalmente era incapaz de asimilarlo y esto se me hacía explícito cada vez que un niño me preguntaba ¿qué le pasó señora? Y mi repuesta era tan dolorosa para mí, como para el niño que la escuchaba. Entonces muchas veces cambiaba de tema.

Me tuve que someter a más de 40 operaciones con anestesia total, muchas terapias de rehabilitación física interminables, psicoterapias psicológicas para aceptar mi cuerpo dañado y tratar de perdonarme a mí misma por salir ese día 2 de julio a protestar por un Chile para todos y exponerme al riesgo con los resultados que tuve. También perdonar mi sentimiento de culpa de haber causado tanto dolor a toda mi familia. ¡Me sentía culpable por protestar! Me costó entender en mi terapia, que es el Estado el responsable de los crímenes de DDHH, que nadie debe ser sometido a ningún trato inhumano por oponerse o pensar distinto. Tengo que perdonar a muchos que en la época decían «en algo habrá andado» ¡como si protestar fuera un crimen! ¿Cuánto nos deben ellos a los que fuimos jóvenes de los 80 que salimos en masa a protestar por el fin de la dictadura, para que tengan los espacios de libertad que hoy gozan?

Tengo que perdonar porque me vi obligada a salir del país, a Canadá, para continuar mi recuperación médica en un hospital que ofrecía el tratamiento para grandes quemados, sin costo alguno y Canadá ofrecía asilo a toda mi familia que éramos 8. Salimos al exilio, enfrentados al desarraigo, a otra cultura, a otra lengua y a otras costumbres. ¡Uff no fue fácil!! Hoy unos estamos en Canadá, otros en Chile, nuestra familia nunca más volvió a estar toda junta. Mis padres anhelan pasar una Navidad junto a sus 6 hijos y 16 nietos antes de morir.

Debo perdonar a los tribunales, pues debí declarar en los tribunales militares infinitas veces, por largas horas. Esos mismos tribunales que incomunicaron en prisión a los testigos claves, entre ellos a mi hermana. Esos tribunales cómplices de los asesinos que se hicieron parte de la versión de los militares, donde me acusaban a mí misma de haber causado el fuego que produjo la muerte de Rodrigo y mis lesiones y que por razones humanitarias no se querellaban en mi contra. Tribunales de justicia que en mi caso por 30 años han denegado la verdad y la justicia. Tribunales en que la

impunidad era sinónimo de Justicia. Y vuelta a revivir todo nuevamente hace un año, cuando un militar que integraba la patrulla que nos quemó no soporto más y develó la verdad, ratificando mis dichos y además develó los pactos de silencio que existen hasta el día de hoy al interior de las FFAA. Debo perdonar al Banco de Chile por despedir a mi marido por casarse conmigo en el año 1993.

Debo perdonar a Enrique Correa cuando al inicio de la transición, me dice en mi cara, que me olvide, que solo habrá justicia en los casos «emblemáticos». Perdonar cuando me entero que fui engañada por la Comisión de Prisión Política y Tortura o Comisión Valech que nunca me informó, que pesaría un secreto sobre las declaraciones allí consignadas! Todo esto es descrito en psicología y se llama retraumatizar a la víctima!! Pero esto no ha sido todo.

Muchos en Chile no se enteran de la diferencia entre un crimen o delito común y un crimen contra la humanidad, la humanidad es el bien que se protege en este último. El ministro de Justicia considera conveniente legislar en orden a otorgar beneficios a delincuentes condenados, que han atentado contra los DDHH. Delincuentes que para estar privados de libertad hubo que hacerles una cárcel especial, para que aceptaran ir presos. En circunstancias que en Chile solo un porcentaje mínimo de victimarios cumple pena efectiva. Muchos cumplen penas extra carcelarias. ¿Cómo es posible que se piense en perdonar a criminales contra la humanidad que nunca se han arrepentido?

Ni hablar de colaboración activa con la entrega de información sobre los crímenes cometidos por ellos. No resulta entendible cuando el ministro de Defensa les pide información a través de su exjuez encargado de solicitarla y no hay colaboración alguna! o la que envían es inconsistente, es más bien una burla. ¿En una institución como las FF.AA. jerárquica no hay información? Se ríen en nuestra cara.

Consideración se debería tener con los familiares de detenidos desaparecidos que son revictimizados por la impunidad biológica. Mueren sin saber la verdad del destino de sus esposos, hijos o hermanos. En una larga agonía de lucha y búsqueda de la verdad. ¿Por qué los gobiernos no han exigido la entrega de toda la información? No se entiende que las FF.AA., que deberían estar subordinadas al poder civil, en la práctica hacen lo que quieren. Incluso se malgastan la plata de todos los chilenos.

Tengo que perdonarme por tratar de reconstruir mi vida después de todo y por no luchar todos los días por la verdad, la justicia. Porque las agrupaciones de familiares y ex presos políticos han quedado solos por muchos años en esta lucha. Son ellas y ellos las que han tenido el tema en la palestra y han obtenido los pocos logros que hemos tenido en verdad y justicia.

Cada vez que me hablan de perdón pienso cómo me gustaría perdonar genuinamente a tantos que nos causaron tanto daño, pero no puedo.

Hay valores que no son transables, nos interesa como sociedad que una tragedia así nunca más vuelva a suceder. Por ello, antes de pensar en perdonar, los victimarios deben hacerse responsables de sus actos, de sus omisiones, arrepentirse genuinamente del daño causado. Entregar información de manera activa de manera de comenzar a reparar el daño. Debemos como sociedad establecer la verdad completa y toda la justicia, nada más y nada menos. Aunque esto implique que las penas sean efectivas de acuerdo a los estándares internacionales de respeto a los DD. HH. Para vivir en un país donde todos podamos ejercer nuestros derechos y obligaciones por igual, donde la Justicia

no sea sólo una palabra, donde cada cual tenga lo que le corresponde, con el objeto de restaurar el orden social. Solo así habrá reconciliación.

Porque el perdón es cuestión individual, de cada persona que vivió el daño. A mí no me lo pidan, mientras no se cumplan requisitos mínimos como sociedad. Y pueda descansar pensando que el Chile que le entreguemos a las futuras generaciones nunca más vivirá el horror de una dictadura!”.

ITURRIAGA NEUMANN, EL GENERAL QUE ESTUVO FUGADO Y QUE PIDIÓ PERDÓN EN PUNTA PEUCO

http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161223/pags/20161223165156.html Se trata de oficial retirado de más alta graduación y que está detrás de la ceremonia en que 10 condenados por violaciones a los derechos humanos. Estuvo fugado de la justicia por casi dos meses en 2007, cuando se dictó la primera sentencia en su contra. En 2008 publicó sus memorias, en ellas apunta a quienes son los responsables de la caricatura sobre su persona y cómo las organizaciones de DD.HH solo buscan venganza, según su prisma.

43 años tuvieron que pasar desde el golpe militar para que se escuchara un "perdón" de quienes fueron parte del momento más oscuro en la historia reciente de Chile. Fueron solo 10 los condenados en la cárcel de Punta Peuco los que en una ceremonia ecuménica leyeron una carta en que hablan sobre los crímenes de la dictadura.

El acto no fue bien recibido por las organizaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, quienes acusan que el gesto es un paso más en la búsqueda de la impunidad.

Detrás del polémico acto está el mayor general del Ejército, Eduardo Iturriaga Neumann (78), ex director asistente de la DINA, cercano a Manuel Contreras y condenado por los crímenes de Carlos

Prats y su esposa Sofía Cuthbert, además de acusaciones de más de 40 secuestros calificados. Inició su pena en 2007.

Se trata del mismo militar que reunió a 10 uniformados que cumplen condenas en Punta Peuco para pedir perdón y que en 2009 publicó sus memorias "En las alas del cóndor" y en que deja ver sus lineamientos y su visión de la justicia durante la dictadura y en democracia.

Iturriaga Neumann recuerda las conclusiones del Informe Rettig y que da cuenta de al menos 3.195 muertos durante el "gobierno militar". El uniformado aduce que la cuenta es errada aludiendo a que no se enumeran correctamente a los militares que murieron durante protestas. Además, pone en duda los resultados de "estas comisiones en el establecimiento de ciertas cifras y una supuesta «verdad», sesgada y parcial, muy lejana de la realidad de nuestro país".

"Todos los muertos son importantes. Un solo muerto es importante y no solo para sus familiares.

Hablamos de alrededor de tres mil muertos durante el Gobierno Militar en Chile. Cómo no van a ser importantes para los familiares y el mundo los muertos por la represión del comunismo de influencia soviética, que era la alternativa que tenía el país".

Iturriaga Neumann explica en su libro que "las mayores violaciones a los derechos humanos, se llevaron a cabo en el período de 1968-1973 y fueron ampliamente conocidas y repudiadas en cada ocasión, tanto durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva como en el de Salvador Allende".

Agregando que "no hay comparación" entre lo ocurrido antes del golpe y durante el "Gobierno militar".

Finalmente, el uniformado acusa que el Informe Rettig no funcionó como instrumento de reconciliación, sino que "incentivó el odio entre los chilenos. No hubo verdad, ni justicia, ni reconciliación. Ni siquiera el asomo de ellas".

Más adelante, sobre las acusaciones sobre haber sido jefe de Michel Townley en la DINA, de organizar el atentado en contra del ex canciller Orlando Letelier y que incluso el agente estuvo oculto en su casa, el mayor dice que con esto "gana la propaganda de desinformación, nacional e internacional, en contra del gobierno militar y los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden... ¡Gana el lavado de cerebros, nacional e internacional! No hay «perdón y olvido» para aquellos que derrotaron en Chile a un nefasto gobierno marxista".

El ex uniformado fue condenado y se dio a la fuga. Estuvo casi dos meses en la clandestinidad con ayuda de su "amigo secreto" del que ni siquiera su familia conoce la identidad. Desde su refugio en Viña del Mar, el militar difundió un video en que se "declaraba rebelde ante la justicia".

Iturriaga Neumann cumple condena en Punta Peuco. A su haber hay historias de secuestros y desapariciones de los que él niega responsabilidad. Acusa a la prensa de ser responsable de crear una imagen suya que favorece a la creada por la izquierda.

Lo cierto es que finalmente pide perdón por los mismos hechos que dice no conocer.

PUNTA PEUCO Y EL PERDÓN

http://www.elmercurio.com/blogs/2016/12/25/47592/Punta-Peuco-y-el-perdon.aspx

Carlos Peña Este viernes se vio a un grupo de criminales recluidos en Punta Peuco pidiendo perdón en un acto ecuménico.

Mientras esos criminales lo solicitaban, las víctimas, quienes habían perdido a sus padres, sus hermanos, sus hijos, protestaban en las afueras del penal. ¿Cómo esos reclusos infames podían reclamar el perdón -se preguntaban- frente a sus crímenes atroces?

Para analizar este problema, es imprescindible preguntar ¿qué es el perdón?

Quien ha descrito con mayor lucidez el problema que plantea el perdón no es un sacerdote ni un teólogo ni un moralista.

Es un filósofo que suele ser críptico, pero que en este tema no lo es.

Jacques Derrida ha recordado que el perdón pertenece a la tradición abrahámica -la de los judíos, los cristianos, los musulmanes- y que él está preso de una suerte de paradoja casi insalvable, de un misterio que solo el fondo insobornable de la voluntad puede superar: el perdón tiene sentido solo cuando se trata de perdonar lo imperdonable. El pecado venial, las transgresiones mínimas, los errores, incluso cuando son graves, se disculpan, y no plantean problema alguno. La verdadera urgencia del perdón, y su misterio, surge frente a lo que, paradójicamente, es imperdonable. Es lo que hace difícil, y a la vez magnífico e incomprensible, el perdón: solo se perdona aquello que es imperdonable.

Por eso el perdón no puede ser hecho, ni solicitado, en base a cálculos políticos o utilitarios. Si así fuera (si, por ejemplo, el perdón se solicitara en atención a la paz social o la cohesión), equivaldría a una medida o un instrumento de política social. Así concebido, se le devaluaría, se le degradaría.

El perdón es un acto gratuito e incomprensible que no puede ser solicitado -tampoco ofrecido- a cambio de información o de reparación. Por eso el cura Puga se equivoca cuando reclama, para conceder el perdón, un acto de reparación: eso equivale a concebir el perdón como un acto de intercambio. ¿Qué valor tendría perdonar si el perdón fuera un objeto de intercambio? ¿Qué honestidad tendría ofrecer reparación como una mercancía para obtener el perdón? El perdón, como el amor evangélico, es un acto gratuito que se da; pero que no puede ser reclamado, ni ofrecido, como un acto de intercambio.

Por eso el perdón es hasta cierto punto opuesto a la justicia.

La justicia tiene por objeto la reparación (justicia correctiva, la llamó Aristóteles): corregir lo que el acto lesivo e ilícito alteró. A esto los penalistas llaman la función retributiva de la pena. Pero además la pena se justifica porque crea condiciones que desincentivan la ejecución de los crímenes. Esta es la función preventiva de la pena. Tanto desde el punto de vista preventivo como retributivo, los condenados de Punta Peuco no tienen salida. Ellos merecen que se les inflija un mal similar al que causaron (función retributiva de la pena), y la sociedad requiere que haya castigos que desincentiven en el futuro la comisión de crímenes semejantes (función preventiva de la pena).

Pero todo eso, nada tiene que ver con el perdón.

El perdón no tiene nada que ver con la justicia.

Se trata, simplemente -pero a la vez incomprensiblemente-, de un acto gratuito que exige un acto hasta cierto punto irracional que, justo porque es irracional, no es exigible a nadie; pero su dignidad radica justamente en que no es exigible y se da, cuando se da, sin que nada compela a darlo.

En muchos casos de los que hay en Punta Peuco, el destino ya derrotó a la justicia. Los criminales están dementes o ya comenzaron el descenso al precipicio. Y en esos casos ya no es asunto ni de la justicia ni del perdón.

Pero quienes rezaron en el acto ecuménico de Punta Peuco aún no están derrotados por el destino.

Y por eso piden el incomprensible perdón.

HERMANO DEL MINISTRO DE JUSTICIA ES ACUSADO DE VIOLAR DD.HH.

http://radio.uchile.cl/2016/12/25/hermano-del-ministro-de-justicia-es-acusado-de-violar-ddhh/

Luego de las polémicas declaraciones del ministro de Justicia, Jaime Campos, quien se manifestó partidario de otorgar beneficios carcelarios a condenados con enfermedades terminales, incluyendo a los criminales de la dictadura, el pasado jueves se conoció que el hermano del secretario de Estado, Ángel Campos, fue un teniente de la FACH acusado de crímenes de lesa humanidad.

Una información que dio a conocer el diputado Hugo Gutiérrez, quien junto a víctimas y abogados de Derechos Humanos, aseguró que Campos estuvo involucrado en la muerte de 3 militantes del Partido Comunista y uno del MIR. Además, el parlamentario indicó que más de 30 víctimas de tortura en la ciudad de Temuco identificaron al hermano del titular de Justicia como su torturador.

En ese sentido, el diputado enfatizó que la autoridad debió haber omitido sus comentarios respecto de posibles beneficios a violadores de los Derechos Humanos.

Además, el legislador realizó un llamado a la Presidenta Michelle Bachelet que lo remueva de su cargo, enfatizando que su permanencia en el gabinete es insostenible.

“Instamos a la Presidenta de la República con todos estos antecedentes que se han reunido en que el hermano del ministro de Justicia, fue un asesino, un torturador, integró comandos que allanaban casas, detenían personas, posteriormente las torturaban, las asesinaban, las hacían desaparecer.

Creo que él estaba en conocimiento de todas estas circunstancias, él debió haber omitido pronunciamiento en pro de aquellos que como su hermano violaron los Derechos Humanos”, dijo.

Por su parte, la abogada de Derechos Humanos que lleva causas en Temuco, Magdalena Garcés indicó que en los expedientes de diversas causas por detenidos desaparecidos, aparece el nombre del hermano de Jaime Campos.

“En muchas causas aparecen mencionados una serie de tenientes que participaron activamente en allanamientos e interrogatorios, entre esos tenientes que aparecen reiteradamente mencionados, se encuentra el teniente Ángel Campos Quiroga. Ha sido mencionado este oficial de la FACH de manera expresa como integrante del grupo dedicado a la persecución política y como interrogador y torturador”, señaló la jurista.

Cabe señalar que el pasado 30 de noviembre se dio a conocer un auto de procesamiento en donde en uno de sus párrafos se indica que “muchos de estos detenidos permanecieron recluidos en la base Maquehue por un periodo no inferior a una semana, tiempo durante el cual fueron interrogados y torturados por los oficiales y suboficiales que formaban parte del grupo de inteligencia especialmente formado para tales fines entre los que se cuanta al segundo comandante Benjamín Hernández Hernández, y al teniente Ángel Campos Quiroga”, hermano del ministro de Justicia.

EZZATI POR MISA EN PUNTA PEUCO: “EL PERDÓN NUNCA ELIMINA LA JUSTICIA” LA NACIÓN http://www.lanacion.cl/noticias/pais/iglesia/ezzati-por-misa-en-punta-peuco-el-perdon-nuncaelimina-la-justicia/2016-12-24/170456.html

En el marco de una celebración navideña en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, el cardenal de Santiago, Ricardo Ezzati, se refirió a la misa ecuménica en Punta Peuco en que 10 reclusos acusados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, pidieron perdón por sus delitos.

"El perdón nunca elimina la justicia y, por consiguiente, las personas que tiene conciencia de algo que pueda ser de solución para los problemas de los detenidos desaparecidos, tienen la obligación moral de hacerlo", señaló la autoridad eclesiástica.

En la ceremonia efectuada en el penal en que los militares cumplen condena por delitos relacionados con los derechos humanos, los reclusos Raúl Iturriaga Neumann, Claudio Salazar, Carlos Herrera, Basclay Zapata, Enrique Ruiz, Pedro Hormazábal, Marcelo Castro, Manuel Carevic,

Miguel Estay (más conocido como El Fanta) y José Zara pidieron perdón por sus actos durante la dictadura del dictador Augusto Pinochet Ugarte. Al acto asistieron los sacerdotes Fernando Montes y Mariano Puga, quien reconoció este sábado ser llamado “traidor” por asistir al acto que duró una hora 40 minutos.

Por otra parte, en la misa liderada por Ezzati en el Centro Penitenciario Femenino, unas 250 mujeres asistieron al acto. En la oportunidad, el cardenal de Santiago pidió a las condenadas que “brote una esperanza firme. Dios ha puesto en su corazón, no solamente cualidades humanas, no solamente la posibilidad de recuperarse y encaminarse en una vida nueva, Dios ha puesto en su corazón a su propio hijo, a Jesús que quiere nacer solidario con su situación y en el corazón de cada una de ustedes, esa es la buena noticia”.

En este sentido, el cardenal, culminada la ceremonia indicó que “la idea de celebrar la eucaristía en este lugar es anunciar la buena nueva a quienes la necesitan. Tenemos un redentor que viene a salvarnos a todos, tanto a los que están en un recinto penitenciario como aquellos que estamos fuera, pero que también necesitamos de la alegría del Señor. Es tremenda la alegría y el gozo con el que han participado estas mujeres. Creo que es una de las ceremonias de navidad más bonitas que uno puede experimentar”.

CONDENADOS EN PUNTA PEUCO UTILIZAN LA ESTRATEGIA DE PINOCHET PARA EVADIR A LA JUSTICIA EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/12/25/347238/condenados-en-punta-peuco-utilizan-laestrategia-de-pinochet-para-evadir-a-la-justicia1/

La petición de perdón de diez condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura es el último paso de una articulada estrategia para consagrar la impunidad. Liderados por Raúl Iturriaga Neumann, ex subdirector de la DINA, este fin de semana convocaron a dos curas y a la prensa para mostrarse como ancianos arrepentidos que ya han cumplido parte de su condena. El mismo Iturriaga debe cumplir condena hasta 2037, luego que la Corte Suprema revocara recientemente el beneficio de libertad condicional.

Entre los otros firmantes figura Manuel Carevic Cubillos, segundo hombre de la sangrienta Brigada Purén, encargada de la represión contra el Partido Socialista. Se hizo fama de cruel torturador en los interrogatorios, estando comprobada su participación en las sesiones de tortura a la ex agente Luz Arce y en la desaparición del conscripto de la FACH Rodolfo González Pérez. En la década de los ’80 continuó sus ‘labores’ en la CNI. También figura Basclay Zapata, quien desde 1974 se desempeñó en la Agrupación Halcón I de la DINA, dedicada a la represión del MIR, bajo las órdenes de Miguel Krassnoff y la compañía de Osvaldo Romo. Torturador agresivo y brutal, se le recuerda como el Troglo por su costumbre de violar a las detenidas. Zapata participó en la captura de Diana Arón Svigilisky, a quien embarazada disparó por la espalda, y comparte con Romo la responsabilidad en la desaparición de Alfonso Chanfreau Oyarce. En su prontuario figuran más de seis secuestros y varios procesos pendientes.

A grandes rasgos así es el prontuario de los presos de Punta Peuco, la mayoría de los cuales evadieron por décadas a la justicia, no han prestado colaboración alguna para determinar qué pasó con las 3.186 personas desaparecidas y ejecutadas durante la dictadura de Pinochet. Otros 33 mil chilenos fueron torturados y encarcelados.

Un cálculo de El Desconcierto da cuenta que de los 1.193 casos de personas detenidas desaparecidas, sólo han sido encontradas e identificadas 148. Es decir, menos de un diez por ciento. A la par, el mismo medio da cuenta que de los 1.373 ex agentes el régimen, apenas 126 están cumpliendo condena de presidio efectivo. De los 116 que están en Punta Peuco, apenas dos tienen problemas cognitivos y no es pública la información sobre cuántos tienen enfermedades terminales.

LA ESTRATEGIA DE PINOCHET Una imagen pendiente en la memoria de los chilenos es cuando Augusto Pinochet tras descender del avión que lo trajo desde Londres, cercado por la justicia internacional, se paró de la silla de ruedas, levantó el bastón sonriente y se puso a caminar. Todo el mundo asistió atónito aquella vez para ver como uno de los dictadores más sangrientos de América Latina se burlaba de los derechos humanos.

Pese a que la justicia inglesa había dado el vamos a su extradición para ser juzgado por Baltazar Garzón, exámenes médicos acusando demencia senil y otras complicaciones junto a la presión de los gobiernos chilenos de la postdictadura (Eduardo Frei y Ricardo Lagos que hicieron llegar documentos médicos falsos acusando un delicado estado de salud del ex dictador), provocaron que Jack Straw pasara por sobre la justicia y liberase a Pinochet por razones humanitarias.

Era marzo de 2000 y el hecho abriría en Chile la posibilidad de juzgar a Pinochet. Lo cierto es que el anciano dictador aprovechó al máximo laudos médicos para acusar demencia senil y así terminó muriendo lejos del brazo de la justicia.

La reciente ‘celebración ecuménica’ realizada en la cárcel de Punta Peuco apunta a la misma estrategia de Pinochet para escapar de Londres para consagrar la impunidad. Tras décadas de evadir la justicia por el asesinato de sus compatriotas, jerarcas y militares que integraron la policía secreta de la dictadura hoy se exhiben como ancianos profundamente arrepentidos.

Por décadas dichos agentes se protegieron en las instituciones armadas y en pactos de silencio que aún operan. Cuando en 1998 la justicia chilena se abrió a perseguir los culpables de las violaciones a los derechos humanos en dictadura, la respuesta de quienes hoy piden perdón fue la de negar todo, echar la culpa a agentes muertos o dar información falsa. Apenas a partir de 2002 que los tribunales chilenos dejaron de aplicar la Ley de Amnistía de la dictadura y se produjeron las primeras condenas.

Uno de los jueces que investigó muchos de estos casos, entrevistado por Ciper Chile, cuenta que era común que “los militares acusados llegaban a tribunales altaneros porque no creían que iban a ser juzgados”.

Erika Hennings, directora del sitio de memoria Londres 38, ex prisionera política y esposa de Alfonso Chanfreau (DD), contó a El Desconcierto, que “en juicios he estado frente a Miguel Krassnoff, Gerardo Godoy, agentes de grupos operativos de la DINA, directivos y de lo más bajo. Ninguno de ellos reconoce nada, excepto haber sido analistas, a lo más haber ido hasta la puerta de Londres 38 a dejar algo. No sólo eso: hablan con mucha soberbia y con mucha rabia de estar enfrentando la justicia. En los careos me tratan de ‘esta mujer’. Soy una convencida de la vigencia del pacto de silencio y de que, ideológicamente, siguen creyendo que lo que hicieron está bien” LA ESTRATEGIA DE LA IMPUNIDAD La operación por la impunidad ha implicado el concurso de varios actores. Las mismas Fuerzas Armadas, la iglesia católica, el diario El Mercurio y hasta sectores del gobierno de Bachelet operan orquestadamente para instalar la imagen de pobres ancianos que ya cumplieron parte de su pena y merecen irse a morir a sus casas tranquilos.

El lobby fue iniciado por la Multigremial de las Fuerzas Armadas, integrada por viudos del ex dictador y familiares de ex militares torturadores y asesinos. Dicho grupo ha buscado apoyo en sectores de la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas y miembros de la Comisión de Defensa del Senado para conseguir la liberación de sus camaradas condenados.

El escenario que han pintado es que se trata de ancianos que ya pagaron algo de sus culpas, perseguidos más por odio y deseos de venganza de personas que no quieren perdonar. ‘Dejen de reclamar y olvídense’ es la recomendación. Un discurso que no es nuevo. Desde fines de la década de los setenta, cuando los familiares se encadenaban ante los tribunales de justicia por exigir saber sobre sus muertos, que el discurso del poder (Ejecutivo dictatorial y judicial cómplice en aquella época) era que no había pasado nada, que había que olvidar. Hace pocos días el senador Juan Antonio Coloma (UDI), dijo que “hay organizaciones sociales que están buscando más venganza que justicia”.

La revista francesa Charlie Hebdo satirizando el retorno de Pinochet Un punto en la avanzada de esta estrategia fue la entrevista al ministro de Justicia Jaime Campos, publicada por El Mercurio, en la cual se declara a favor de otorgar libertad a condenados de Punta Peuco enfermos. A la ofensiva se sumó el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, entrevistado por La Tercera, quien se mostró a favor de otorgar el beneficio de la libertad condicional a violadores de los derechos humanos. “Yo creo que (los condenados por DD.HH.) tienen derecho a la libertad, pero esa es una opinión personal”- sostuvo.

Un actor clave, protagonista de la liturgia en Punta Peuco, es el ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, el sacerdote jesuita Fernando Montes, quien desde meses viene abogando por liberar a

los violadores de derechos humanos, quienes al estar condenados ya pagaron su culpa con la sociedad. Al llamado se ha sumado el columnista de El Mercurio, el rector de la UDP, Carlos Peña.

Nicolás Pavéz, abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, entrevistado por El Desconcierto, sostiene que el debate retomado por el ministro Campos es falaz: “Es bien distinto que me digas que quieres darle beneficio de cumplimiento alternativo de pena a alguien que lleva 30 años en la cárcel y está a punto de morir, a un violador de derechos humanos que ha vivido en la impunidad toda su vida, que se jubiló con pensión de las Fuerzas Armadas, que nunca entregó información sobre lo que pasó con las víctimas y que producto de ese pacto de silencio entró a la cárcel a una edad avanzada. Esto no es venganza, es justicia y es políticamente incorrecto decirlo, pero si está llegando ahora, cuando están viejos, es porque ellos la han demorado”.

Recientemente el diputado Hugo Gutiérrez denunció que Ángel Campos Quiroga, hermano del ministro Campos, participó del asesinato de 3 militantes del Partido Comunista y uno del MIR; además de que más de 30 víctimas de tortura en la ciudad de Temuco identificaron al hermano del titular de Justicia como su torturador. The Clinic reveló que el cura Fernando Montes declaró el 28 de octubre de 2015 como testigo a favor de Luis Joaquín Ramírez Pineda, ex comandante del Regimiento Tacna durante el golpe de Estado y condenado por ordenar el fusilamiento de dos escoltas de Salvador Allende. ¿HABRÁ JUSTICIA? El jueves un grupo de familiares de detenidos desaparecidos se encadenaron a las bancas que se encuentran al interior de la Catedral Metropolitana de Santiago para manifestar su rechazo a la ceremonia ecuménica que se realizaría en Punta Peuco. En horas previas la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, manifestó su desazón por el evento, recordando que los militares condenados todavía mantienen los pactos de silencio y que no han colaborado con la verdad y la labor de la justicia. Lira acusa que esto “ha mantenido la incertidumbre en cientos de casos de detenidos desaparecidos y prolongado los procesos judiciales hasta hacer perder el sentido de oportunidad que debiese tener la aplicación de justicia”.

A mediados de diciembre más de 30 agrupaciones, sitios de memoria y de sobrevivientes a la tortura con motivo del día internacional de los derechos humanos señalaron que ven con preocupación “que el Estado y el actual Gobierno no muestren una real voluntad para avanzar en sus compromisos por la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y la no reiteración de estos hechos criminales”, añadiendo que “una democracia que se funda en la injusticia y la impunidad es frágil y débil”.

Estos últimos días la iglesia ha echado un pie atrás en su ofensiva a favor de la impunidad. El Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, dijo para navidad que los reos de Punta Peuco “tienen la obligación moral de entregar información respecto al paradero de los detenidos desaparecidos”.

Por su parte, uno de los asistentes al encuentro ecuménico, el sacerdote Mariano Puga, sentenció que “no puede haber perdón, si no hay reparación, aporte a la justicia y aporte de la información que ellos manejan y no han planteado a los Tribunales”.

En horas de este domingo, el subsecretario de Justicia, Nicolás Mena, anunció que el gobierno no accederá a la petición de indulto presidencial para los reos acusados de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de Pinochet. “Ni el Ministerio de Justicia ni el Gobierno están ni por indulto ni por impunidad respecto a personas que están cumpliendo condenas”- sostuvo.

Pese a dichas declaraciones hay incerteza respecto de si el gobierno mantendrá su compromiso con los derechos humanos y la sanción a los responsables. Bachelet juega al doble filo de su militancia socialista (y su propio pasado) y la lealtad que siempre ha tenido con las instituciones armadas. Con ella, nada se sabe. Al mismo tiempo, el esfuerzo de El Mercurio por instalar el tema da pistas sobre su objetivo político final: conseguir la impunidad de los militares que levantaron las armas contra su pueblo para retornar el control del país a sus patrones. Es asegurar a futuro el rol de capataz de las fuerzas armadas chilenas en el disciplinamiento de las multitudes. Nuevamente el fantasma del dictador Pinochet y su socarrona sonrisa tras levantarse de la silla de ruedas está penando en Chile.

EL PERDÓN DE PUNTA PEUCO EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/12/25/347230/el-perdon-de-punta-peuco/

Hervi Lara B. A raíz de la ceremonia religiosa privada, sin presencia de medios de prensa, programada para el día viernes 23 de diciembre en Punta Peuco, ocasión en la que un número de seis criminales allí confinados pedirían perdón en el marco de la reconciliación, de acuerdo a la campaña orquestada entre la UDI, las FFAA, la prensa de derecha y personeros de Iglesias, encabezados por el sacerdote católico Fernando Montes, el Diccionario de la Lengua Española define al perdón como “la remisión de la injuria, deuda u otra cosa”. Y la reconciliación es “restablecer la amistad y buena armonía entre los enemistados y acordar los ánimos desunidos”, pareciera válido recordar que los violadores de derechos humanos durante la dictadura militar-empresarial que se encuentran en prisión son sólo una ínfima cantidad de los que deberían ser detenidos, juzgados y condenados.

La transición pactada a través de las tratativas entre Aylwin, Cáceres, Jarpa y las FFAA, establecieron las “leyes de amarre” que fueron aprobadas en un referéndum del 30 de julio de 1989 y de cuyo contenido la ciudadanía no tuvo conocimiento.

Es así como la lucha por los derechos humanos se redujo a la búsqueda de los cuerpos de los detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos. La estrategia entre la Concertación, las FFAA y los empresarios se remitió a avanzar en verdad pero no en justicia y se tendió a equiparar a víctimas y victimarios.

Entre 1973 y 1990, de acuerdo al Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, el total de víctimas de violaciones de los derechos humanos era de 2.115 personas, de las cuales 957 permanecían desaparecidas hasta aquel momento. De las víctimas, 324 eran estudiantes. De estos, 17 eran de Educación Básica. 48, de Educación Media. 165 eran universitarios. Otros jóvenes, 94.

El Informe Rettig de marzo de 1991 careció de validez jurídica. No obstante, permitió la apertura de procesos, aplicando la ley de amnistía o trasladando la competencia a los tribunales militares.

El 16 de octubre de 1998, Pinochet fue detenido en Londres, donde permaneció bajo arresto durante 500 días. Este hecho movió a la conformación de la Mesa de Diálogo: Hacia el reencuentro de todos los chilenos. Las FFAA se vieron obligadas a reconocer que un listado de detenidosdesaparecidos había sido arrojado al mar y a los ríos. También de esa instancia emanó el nombramiento de jueces especiales para investigar jurídicamente bajo la figura del secuestro permanente. Se hizo pública la Operación “Traslado de Televisores” consistente en el desmantelamiento de entierros clandestinos. Se reconstituyeron algunos de los crímenes, con el procesamiento de 317 oficiales.

No obstante, la Mesa de Diálogo se desdibujó porque oficiales encargados de recopilar información estaban vinculados a la represión.

En agosto de 2013 se conformó la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, que tuvo como objetivos individualizar a las víctimas de tortura a través de sus testimonios; caracterizar los mecanismos de represión que se aplicaron en el país; y proponer medidas de reparación.

En su primera instancia, entregaron su testimonio 35.868 personas, de las que calificaron 27.255. No obstante, el Colegio Médico había calculado que alrededor de 500.000 personas habrían padecido torturas en prisión.

Dice el Informe Valech: “No escapa a nuestro estupor constatar cuántas personas torturadas tenían a la sazón entre 17 y 24 años de edad, personas que vieron sus vidas literalmente tronchadas. Cuántas familias destruidas por recibir a sus progenitores tan cambiados, con los nervios destruidos y con temores casi incomprensibles. Y cuántas vidas malogradas, porque después de la prisión y la tortura no encontraron trabajo ni lugar en la sociedad, y por esa simple razón, tampoco pudieron dar a sus hijos la educación, la salud y el bienestar a lo que estos tenían aspiración y derecho”. (….) “El 94% de las personas que declararon sufrieron torturas estando detenidas. Una vez liberadas, muchas personas siguieron siendo hostilizadas en sus casas, controladas por meses e incluso años y amenazadas y detenidas por horas, sin orden de detención ni motivo alguno”. (…) “Varias personas hicieron referencia a la desesperación, la soledad y el

aislamiento vividos después de la detención, en el contexto de la estigmatización de las víctimas de la represión inducida por las autoridades de gobierno y los medios de prensa partidarios del régimen”.

Dijo alguna vez Balzac que “tras toda fortuna se esconde un crimen”. Por tanto, el juicio a los violadores de derechos humanos no puede centrarse sólo en los autores materiales de los crímenes, sino en los autores intelectuales y en quienes se han enriquecido con la sangre de todo un pueblo.

La dictadura se gestó para retrotraer la nacionalización de las riquezas básicas, la reforma agraria, la nacionalización del sistema financiero, el Área Social de la Economía, las condiciones de vida de los trabajadores, el acceso a la vivienda, a la salud y a la educación, etc. Los discípulos de la Escuela de Chicago, los redactores de la Constitución de 1980 y los grupos económicos también deberían estar en prisión hasta que pidan perdón, reconozcan los delitos y reparen el daño causado Iturriaga Newmann, el ex fiscal Torres y los otros cínicos de Punta Peuco, así como los generales y almirantes que han continuado profitando del Estado, y los grupos económicos que se han apropiado del producto del trabajo del pueblo: ¿están arrepentidos de sus crímenes? Y si se han arrepentido: ¿por qué no dicen la verdad ante la justicia? ¿Por qué no reparan el daño causado?

La reconciliación y el perdón aludidos por los “adalides” de la misericordia hacia los criminales de Punta Peuco deben partir de la verdad existente y no de deformaciones del significado de la misericordia. El mismo magisterio de la Iglesia Católica señala que “la auténtica misericordia es la fuente más profunda de la justicia. Es la más perfecta encarnación de la igualdad entre los hombres”. (Juan Pablo II, “Dives in misericordia”, Nº 14). Por tanto, la reconciliación significa la inversión de las situaciones respecto a la impunidad de los crímenes del período dictatorial y de los latrocinios que los grupos económicos han continuado realizando bajo la protección de los poderes del Estado y de las FFAA y policiales.

No puede haber perdón ni reconciliación sin verdad, justicia y reparación. Ello implica un cambio estructural de la sociedad impregnada de hipocresía y mentira sistemática en la que vivimos. No es reconciliación la mantención de la situación establecida, ni la renuncia de las víctimas a sus derechos para que se resignen a lo existente.

La reconciliación exige como requisito el reconocimiento de los daños causados a todos y a cada uno de los chilenos. Las autoridades deben crear condiciones de posibilidad de desarrollo de las capacidades del pueblo. Deben subvertirse los pseudo-valores imperantes y que propician la opresión de las grandes mayorías.

Es válido preguntar a los organizadores de la liturgia del perdón en Punta Peuco: ¿con quién están comprometidos? ¿A qué causa quieren servir? ¿Están pagando favores o esperando prebendas? ¿No tienen derecho a la misericordia los jóvenes que no estudian ni trabajan; los estudiantes estafados; los ancianos que reciben pensiones ínfimas; los enfermos que no tienen acceso a la atención de salud; los ex presos políticos que se están muriendo abandonados; los mapuches a quienes los grupos económicos les quitan las tierras y las policías les asesinan; los muertos del Sename de los que las autoridades no responden; los pescadores artesanales; los trabajadores subcontratados? Etc., etc., etc. Son esas grandes mayorías que viven y mueren en condiciones inhumanas de existencia gracias a la represión ejercida por los presos de Punta Peuco y los innumerables represores que continúan burlándose de la justicia quienes deben recibir la

atención de las Iglesias. Es indignante que el cristianismo sea manipulado para afianzar la impunidad de un genocidio ejecutado para imponer el neoliberalismo económico.

En “The Nation” de 28 de agosto de 1976, Orlando Letelier escribió el artículo “Los Chicago Boys en Chile”, en el que afirmó que “la violación de los derechos humanos, el sistema de brutalidad institucionalizado, el control drástico y la supresión de toda forma de disenso significativo se discuten –y a menudo condenan- como un fenómeno sólo indirectamente vinculado, o en verdad completamente desvinculado, de las políticas clásicas de absoluto libre mercado que han sido puestas en práctica por la Junta Militar”. Y agregó que “el plan económico ha tenido que ser impuesto, y en el contexto chileno ello podía hacerse sólo mediante el asesinato de miles de personas, el establecimiento de campos de concentración a través de todo el país, el encarcelamiento de más de cien mil personas en tres años, el cierre de los sindicatos y organizaciones vecinales y la prohibición de todas las actividades políticas y de todas las formas de expresión. (…). Represión para las mayorías y “libertad económica” para pequeños grupos privilegiados son en Chile dos caras de la misma moneda”.

Un mes después, el 21 de septiembre, Letelier fue asesinado por los sicarios de Pinochet financiados por grandes empresarios.

A las víctimas que se rinden en la tortura, en la jerga fascista se les llama “quebrados”. Los “capataces” de las transnacionales y los secuaces nacionales buscan que la sociedad se quiebre y quienes no se quiebran en las torturas, se quebrarán por la “miseria planificada”, que cobra tantas o más vidas que las balas. Por ello, Gandhi afirma que “una guerra económica es una especie de tortura prolongada”.

La fe se proclama con obras más que con palabras. Todos los espectáculos revestidos de falso perdón, no son dignos de vestirse con el ropaje de la fe cristiana. Así como tampoco el diccionario concuerda con la puesta en escena de Punta Peuco.

LEGUA EMERGENCIA: COMITÉ DE DDHH PRESENTÓ ESTUDIO SOBRE ABUSOS POLICIALES EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/12/25/347169/legua-emergencia-comite-de-ddhh-presentoestudio-sobre-abusos-policiales/ La investigación busca dar cuenta de la violencia ejercida por el Estado en dicha población, y evidenciar la falta de planificación de las intervenciones policiales.

Este 2016 se cumplieron 15 años de la primera intervención de fuerzas policiales realizada en la población La Legua Emergencia, en la comuna de San Joaquín. Esta significó, entre otras cosas, que Carabineros se instalara con puestos permanentes en los márgenes del barrio hasta el día de hoy, lo que aumentó la estigmatización y violencia presentes en una de las zonas más afectadas por el narcotráfico en el país.

En ese marco, el Comité de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en Legua Emergencia presentó en la UDP, una investigación sobre los abusos policiales que se han producido desde la primera intervención en 2001. El estudio -que se encuentra en su fase preliminar y se ha llevado a cabo en conjunto con la Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público UDP, y con el apoyo de la Embajada de Alemania- se basa en los testimonios de vecinos de la población, quienes desde 2010 han ido denunciando las prácticas abusivas a las que han sido sometidos por los funcionarios de la policía uniformada y PDI. Dichas denuncias -entre las que se encuentran controles de identidad y detenciones injustificados, allanamientos de morada con uso de bombas lacrimógenas y daño del inmueble, violencia verbal y física hacia los pobladores y desnudamientos públicos, algunos de ellos con acoso sexual incluidofueron recogidas por el Comité y varias de ellas llevadas a tribunales, donde en la mayoría de los casos fallaron en contra de los afectados alegando falta de pruebas, datos presentes en la investigación.

Al respecto, el abogado miembro del Comité, Pascual Cortés, señaló que el objetivo del informe es “develar un patrón de violencia policial y junto con eso mostrar una serie de falencias institucionales reflejadas por este llamado “plan de intervención policial”, que en realidad ha sido una ocupación policial sin un diseño claro y sin rendición de cuentas. Una de esas falencias es el ordenamiento jurídico de nuestro país que permite este control autónomo de las policías”.

Por su parte, el también abogado e investigador, Gonzalo García-Campo, afirmó que “los casos de abusos de Carabineros se suelen tratar como excesos de funcionarios puntuales que se salen de un marco legal, pero nosotros creemos que esto obedece a factores estructurales. Creemos que la investigación puede cooperar en mostrar esta realidad que sucede en un barrio estigmatizado e invisibilizado”.

Vía Centro de Derechos Humanos UDP

EL “MANTO POLÍTICO DE INMUNIDAD” QUE CUBRE A LAS POLICÍAS EN CHILE

http://radio.uchile.cl/2016/12/25/el-manto-politico-de-inmunidad-que-cubre-a-las-policias-enchile/ El balazo por la espalda recibido por el joven Brandon Hernández Huentecol de parte del sargento segundo de Fuerzas Especiales de Carabineros Cristián Rivera, reabrió una vez más el debate sobre el actuar de la policía tanto en La Araucanía como en el resto del país, frente a las reivindicaciones y manifestaciones de distintos grupos ciudadanos.

Analistas y organizaciones de derechos humanos, plantean que uno de los problemas más importantes a la hora de realizar críticas a la labor de Carabineros, especialmente Fuerzas Especiales, es la inmunidad de facto de la que gozarían los uniformados, tanto desde las autoridades políticas como de parte de la sociedad por la fama de “probos” que detentan los policías.

Hernando Silva, coordinador del Programa de Pueblos Indígenas y del Área Jurídica del Observatorio Ciudadano, sostuvo que para la mentalidad de muchos chilenos, esta probidad se reduce sólo a los delitos que tienen que ver con la propiedad y bienes económicos, por lo mismo se les califica como “incorruptibles”, sin embargo eso nubla el análisis cuando se quiere realizar un escrutinio de las situaciones de abuso policial.

“Desgraciadamente, las variables relativas al respeto de los derechos humanos no son consideradas por la ciudadanía. Uno, son invisibilizadas, y dos no son relevantes en los procedimientos internos

de Carabineros: lo que siempre hemos hecho notar, si a un carabinero se le evidencia que robó o recibió un soborno, se le desvincula inmediatamente de las filas de la institución, en cambio a un carabinero que se le vincula con el uso desproporcionado de la fuerza, o incluso con homicidios o con actos constitutivos de tortura, no son relevantes y puede mantenerse funcionando dentro de la institución”.

“Para la mentalidad de la gente de nuestro país constituida y reformateada desde el marco del neoliberalismo por la Constitución de 1980, es más importante, como se dice en buen chileno, que los funcionarios no metan las manos a que los funcionarios se pasen de mano pegándole a la gente”, agregó Silva.

El integrante del Observatorio Ciudadano señaló a raíz del disparo que un funcionario de Carabineros le dio al joven Brandon Hernández, que “esto es una constante que es producto de la mala respuesta que han mandado las instituciones del Estado frente a las legítimas reivindicaciones del pueblo mapuche”, y esa respuesta, simplemente, es reducir el conflicto a políticas criminales y policiales, sostuvo.

En este sentido, a juicio de Silva, su apreciación se refrenda en la utilización de la fuerza para acallar las legítimas demandas del pueblo mapuche por parte de la policía, “quienes actúan de manera desmedida, sabiendo que existe un grado de impunidad frente a los actos que ellos cometen”, y aseguró que nadie ha estado a la altura de entregar una respuesta estructural al problema, “salvo el ex intendente Francisco Huenchumilla, pero que desgraciadamente no pudieron materializarse de ninguna forma”.

Domingo Lovera, profesor de Derecho Constitucional e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales señaló que “hay poca consideración al respeto de los derechos que están involucrados en el ejercicio de la protesta”, y también que existe todo un contexto que permite que las policías “se sientan bastante cómodas controlando el orden público del modo en que les plazca”.

“Las policías suelen estar dotadas de amplios poderes regulatorios, tanto por el marco constitucional como por el legal y el reglamentario, y no tienen ningún problema en ejercerlo. Frente a eso, además, se encuentran con un espaldarazo de parte de la administración que suele siempre evaluar con buenos ojos la actuación de las policías. Siempre cuando hay un hecho de violencia, de los que se han conocido ya sea contra periodistas o contra manifestantes, la primera respuesta del gobierno es entregarle el apoyo a Carabineros cuando lo que deberían esperar es el resultado de la investigación”.

Lovera hizo énfasis en la falta de formación en derechos humanos que tienen las policías, especialmente Carabineros, la ausencia de protocolos en el control del orden público y los que existen son muy generales, tanto así que no se les puede llamar protocolos: “Todo esto en el contexto que a las policías casi no se las puede tocar, no se puede decir nada, mantienen una suerte de manto político de inmunidad”.

Si bien, el jurista valora que Carabineros tenga prestigio y buena reputación entre gran parte de la población, señala que “nada de eso debiera ser o sindicar que tienen una suerte de carta blanca o de inmunidad frente a la crítica política y ciudadana”.

“En Chile, las Fuerzas Armadas y Carabineros, por razones históricas, culturales, sociales y también económicas han gozado de una relativa inmunidad de parte del poder político y el poder político ha sabido administrar esa relativa autonomía que le han brindado a las Fuerzas Armadas y Carabineros, entonces esto es consecuencia de esa falta de atención a lo militar y policial por parte, también, de la democracia. Ahí también hay que hacer un mea culpa, no solamente es una cuestión de falta de voluntad, sino que hay ciertos factores que condicionan esa relativa inmunidad que gozan las Fuerzas Armadas, pero también la falta de reflexión respecto de esto”.

Finalmente, respecto del trabajo de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía, Hernando Silva fue tajante al señalar que dicha instancia “carece de cualquier tipo de legitimidad”, ya que no existe representación de las organizaciones tradicionales del pueblo mapuche, y organizada de manera unilateral por el Estado, asegura.

Silva expresó tener pocas esperanzas que de esta instancia emerjan cambios en la estrategia del Estado chileno para enfrentar el conflicto con el pueblo mapuche, que se ha basado en la criminalización y de sus reivindicaciones, y la militarización del territorio como respuesta.

“Desgraciadamente aquí el Estado, una vez más, impuso unilateralmente una solución desde Santiago, sin considerar la realidad ni la representatividad y la diversidad del mundo mapuche, entonces bastante pocas esperanzas se pueden tener de los resultados de esta mesa”, concluyó Silva.

ADVIERTEN FRACASO DEL MINISTERIO PÚBLICO EN CASO LUCHSINGER-MACKAY

http://radio.uchile.cl/2016/12/25/advierten-fracaso-del-ministerio-publico-en-caso-luchsingermackay/ Afectada de salud y emocionalmente está la machi Francisca Linconao, quien inició una huelga de hambre luego que por cuarta vez la Corte de Apelaciones de Temuco revocara la decisión del tribunal de garantía de modificar las medidas cautelares de prisión preventiva por arresto domiciliario total.

La líder espiritual reclama por su detención que califica como una injusticia, en el marco de la investigación por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Uno de los abogados defensores de los comuneros imputados en este caso, Rodrigo Román, destacó que la machi está decidida a mantener el ayuno como forma de exigir al Gobierno a poner fin a las acusaciones en su contra.

Román subrayó el accionar de la Corte de Apelaciones que revierte el régimen de arresto domiciliario total en base a las exigencias de la Ley Antiterrorista por la cual están procesados los comuneros en este caso.

“Todas las veces ha sido en voto de minoría, teniendo en consideración que como está invocada y se le está aplicando a la machi y a los otros comuneros del caso Luchsinger-Mackay la Ley Antiterrorista, una de las aberraciones que contempla es que para la libertad provisional se requiere la unanimidad de los votos en la Corte de Apelaciones. Vale decir, esta última vez la machi Francisca Linconao obtuvo dos votos a favor y uno en contra, pero por no tener la unanimidad ella volvió a la prisión”, relató el abogado.

Respecto de la investigación, Román sostuvo que los magistrados del tribunal de Temuco donde se analiza el caso, sostienen que no hay antecedentes serios por parte del Ministerio Público que puedan sostener la participación de los imputados por este crimen.

En ese sentido, comentó que el viernes recién pasado se consiguió la libertad de cinco comuneros coimputados en este caso, por lo que a juicio del abogado se trata de una nueva evidencia de una persecución política en contra de los mapuche y la falta de seriedad de la investigación de la fiscalía.

“Da cuenta de lo que nosotros hemos sostenido, que el caso Luchsinger-Mackay, dentro de los que se cuenta el encausamiento de la machi Francisca Linconao, se sostiene única y exclusivamente por razones políticas. No hay ninguna razón de derecho seria que sostenga dicha acusación. Lo ocurrido el viernes con la libertad de los cinco comuneros es un primer gran paso a la absolución que pronto vendrá cuando se celebre el juicio oral”, puntualizó el penalista.

Por otra parte, el abogado de la Defensoría Popular subrayó que al inicio de la preparación del juicio oral, el tribunal tuvo que dar plazo a la Fiscalía para presentar en regla los antecedentes. “En otras palabras, precisó Román, no hicieron bien su pega”, dijo.

Esto se refleja en una serie de vicios que tiene el caso y que incluso apuntan a situaciones más graves, como por ejemplo en las denuncias de torturas por parte de José Peralino, otro de los imputados en este proceso, con el objetivo que acusara a otras personas de estar involucradas en el incendio ocurrido el 4 de enero de 2013 en la comuna de Vilcún.

Para Román, “el Ministerio Público sabe que con eso inevitablemente va camino a un nuevo fracaso y a comprometer no solamente la seriedad y el prestigio del Ministerio Público, con esto también se compromete la responsabilidad del Estado chileno ante la comunidad internacional. Hoy día estamos viviendo una verdadera aberración, no sólo con el encausamiento de la machi Francisca Linconao. La circunstancia de encontrarse ella en su tercer día de huelga de hambre da cuenta de que aquí no se están haciendo bien las cosas y el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche por supuesto que desde los ricos, de los usurpadores como lo lleva el Gobierno, está siendo muy mal tratado”.

Francisca Linconao mantiene el ayuno en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, desde donde a través de una carta al director regional de Gendarmería anunció el inicio de la huelga producto de los sucesivos cambios de las medias cautelares.

Para la autoridad mapuche los tribunales están “jugando con mi vida y salud que ya está muy delicada, humillándome como mapuche siendo que yo soy inocente y no existen pruebas en mi contra. Exijo mi libertad lo más pronto posible”, concluye la misiva fechada el sábado 24 de diciembre.

MULTIGREMIAL ASEGURA QUE HAY PRESIÓN DEL GOBIERNO PARA CAMBIAR SITUACIÓN DE MACHI LINCONAO

http://www.theclinic.cl/2016/12/25/punta-peuco-carlos-pena-explica-por-que-el-perdon-nopuede-ser-solicitado-a-cambio-de-informacion/ La Multigremial de La Araucanía dijo que les preocupa que un sector del gobierno intente presionar para cambiar la situación judicial que tiene la machi Francisca Linconao, una de los 11 imputados por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.

La presidenta de la entidad gremial, Angélica Tepper, aseguró que era preocupante ver las señales que está enviando el poder Ejecutivo en uno de los crímenes más crueles que están asociados a la problemática mapuche.

Tepper señaló que al parecer han existido presiones desde el Ministerio del Interior para que los abogados querellantes no apelen ante las modificaciones de cautelares que han favorecido a algunos de los imputados por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.

La presidenta de la Multigremial indicó que la visita del intendente José Miguel Hernández y de la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Bernarda Pérez, a la machi Francisca Linconao, quien está en huelga de hambre en el Hospital de Imperial, es una acción que está al límite de la injerencia en otro poder del estado porque la justicia resolvió que la acusada vuelva a prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Temuco.

Tepper agregó que el gobierno debiera preocuparse de las verdaderas víctimas de la violencia vinculada a la problemática mapuche, para terminar con la impunidad que existe en La Araucanía.

ANDRÓNICO LUKSIC ELIGE A LA PRENSA ALEMANA PARA ENTRAR AL TEMA DE LA INMIGRACIÓN: "UN PAÍS NO PUEDE RECIBIR A TODOS LOS QUE VIENEN" EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/12/26/andronico-luksic-elige-a-la-prensa-alemanapara-entrar-al-tema-de-la-inmigracion-un-pais-no-puede-recibir-a-todos-los-que-vienen/

Cuando se hunda el himno alemán en el mar, así se podría haber llamado el hit de 'Capri-Fisher'. Los ingredientes: una ciudad-puerto chilena, cuyas casitas pintadas de colores son iluminadas por el sol y un buque, uno como los habitantes de esta ciudad jamás han visto, ancho como un tren, largo como tres canchas de fútbol. Y un himno nacional que nadie conoce.

El 'Valparaíso Express', que está siendo bautizado en la ciudad-puerto chilena, le pertenece a la compañía naviera Hapag-Lloyd, pero su puerto de origen es Hamburgo. Por eso el himno alemán, interpretado por un quinteto de cuerdas. No canta nadie, ya que, aparte del Capitán, nadie en el escenario se sabe el texto. Ni el Oficial Jefe Ejecutivo (Chief Executive Officer), que es holandés, ni el Oficial Jefe de Operaciones, británico, y menos aún el fornido barbón en un traje con botones de oro que estaba al medio. Puede ser que los alemanes, sobre todo los orgullosos hanseteanos – término antiguo usado para referirse a las tres familias de la elite que dominaban y regían sobre las ciudades de Hamburgo, Bremen y Lübeck– crean hasta hoy que Hapag-Lloyd es su empresa. Pero se equivocan. Los socios con la mayor participación de la flota compuesta por 175 barcos y 9.400 trabajadores en 121 países se sientan a una hora y media de Valparaíso, en la capital de Chile, Santiago. Andrónico Luksic, el hombre de los botones de oro, es el jefe de jefes.

El comando central de los villanos de James Bond Aunque en su país todos saben quién es el millonario Luksic, en Alemania no lo conoce casi nadie.

Para cambiar esto su holding, Quiñenco, junto a Hapag-Lloyd, invitaron a un grupo de periodistas a Chile, entre ellos a la F.A.Z. (Frankfurter Allgemeine Zeitung, que se encuentra entre los tres periódicos más importantes del país). Durante tres días los anfitriones explicaron por qué creen que la compañía naviera, que desde hace diez años vive en crisis junto al negocio mundial de cargas, tiene un gran futuro. En paralelo exponen sobre los otros rubros en los que el clan Luksic gana su dinero. Como chileno no se puede ir por la vida sin encontrarse con empresas que pertenecen a Quiñenco y eso que en Liechtenstein se encuentran bajo administración los activos de la familia Luksic, y su crecimiento.

El viaje comienza en una viña. Sobre 70 hectáreas al borde de la nevada Cordillera de los Andes, se producen los mejores vinos de la firma San Pedro: los precios de las botellas comienzan en los 60 euros ($42 mil). San Pedro pertenece al conglomerado de bebestibles Compañía Cervecerías Unidas (CCU), de Quiñenco.

Tras una presentación y una degustación, el grupo observa el valle. El paisaje es fenomenal. Es verano en Chile. Los invitados sudan y Claudia Gómez-Martínez, directora comercial y de marketing de San Pedro, hace una presentación, cuyo tono principal se escuchará una y otra vez durante los próximos días. Chile, en este caso el vino de Chile, es, según ella, simplemente genial.

En todo caso mucho mejor que aquel producido por los otros países de Latinoamérica.

Mientras la nerviosa señora sostiene la oda a su hogar, hace un gesto al garzón cada 15 minutos, para que llene las copas de los invitados. La escena es de una sobriedad que se puede considerar impresionante, sobre todo por el inmueble central, un pesado rectángulo construido con piedra bruta del valle, cuyas ventanas cuadradas parecen lagunas. Uno se siente un poco como en el comando central de un villano de James Bond. Pero también puede ser por el vino.

Cuando tenía 31 años, en 1957, el padre del hoy patriarca de los Luksic fundó Quiñenco. El descendiente de migrantes croatas de la Isla Brac se llamaba Andrónico, como su hijo mayor y el hijo mayor de este, Andrónico Junior. Hasta el día de hoy los trabajadores se refieren, por respeto, al fallecido dueño como Don. Don Andrónico. Él hizo que el clan de inmigrantes se convirtiera en un 'player' global. En los años ochenta el grupo Luksic tomó, entre otros, la mayoría accionaria del Consorcio Minero Antofagasta. La empresa, que

hasta hoy se maneja separada de las otras inversiones de la familia, que extrae cobre en el norte de Chile.

El metal es uno de los productos de exportación más importantes del país. Bajo este negocio crece y florece el portafolio de empresas de Quiñenco. A la familia le pertenece el 81% de la sociedad. El resto se reparte entre diversos propietarios. El grupo se ha despedido de algunas industrias, como de las telecomunicaciones, mientras que en otras se hace más fuerte. El conglomerado gestiona bienes por US$ 67 mil millones.

El riesgo del negocio se reparte entre hombros fuertes El negocio se divide en siete áreas. A estas pertenecen la licencia para las bombas de bencina Shell en Chile, administrada por la empresa Enex, así como también la participación mayoritaria en el Banco de Chile, el banco privado más grande del país, el ya mencionado gigante de bebidas CCU, al cual le pertenece la cervecería más grande del país. En ambos, banca y bebidas, Quiñenco tiene joint venture con consorcios mundiales. El Banco de Chile es controlado por los chilenos junto al Citigroup, mientras que en CCU el socio es el gigante de cervezas holandés Heineken. De esta forma, explican los anfitriones, el riesgo del negocio se reparte entre hombros más fuertes. ¿Cómo se mantiene la visión sobre un imperio de este tipo? Especialmente cuando en la planificación personal no se previó que en algún momento se estaría en la punta. Andrónico Luksic se encontraba al final de los cincuenta cuando su hermano, Guillermo, murió de cáncer. El banquero era hasta entonces el número dos de la familia. De repente tuvo que tomar la presidencia de la junta de Quiñenco, y con esto convertirse en el centro de atención. “Cuando murió mi hermano, yo había pensado, en qué universidad pasaría mi año sabático”, dice el hombre de 62 años en una conversación en la ostentosa oficina central del Banco de Chile en Santiago. Allí sesiona la junta, sobre sillas de cuero y bajo los óleos de los antepasados. Un agujero de bala antiguo en un cristal no se ha reparado hasta hoy porque, como explica un trabajador, mientras esté uno podrá recordar “lo peligroso que es el socialismo”. El hombre lo dice en serio.

La frase de Andrónico Luksic sobre el año sabático es, en cambio, una broma. Al hombre, al que se le nota su entusiasmo por la cocina chilena, ocupa el rol de jefe del clan tan bien como sus trajes cortados a la medida. Terminada la cena de gala –antes del bautizo del barco– realiza una ronda.

Mesa por mesa presenta ante los clientes más importantes de la región al director de Hapag-Lloyd.

Luksic toma cada brazo extendido con las dos manos. Ríe, da palmadas sobre los hombros, hace guiños y actúa completamente satisfecho. En los años pasados el consorcio alemán le generó, sin embargo, pocas alegrías.

El negocio moderno de las compañías navieras es definido incluso por los expertos como algo demente. La industria había construido, hasta el comienzo de la crisis financiera, grandes capacidades de transporte. Cuando se derrumbó el comercio mundial, muchos de los barcos para containers fueron inútiles.

Las consecuencias las sufren todos hasta hoy. Como en toda crisis, aquellos que sobreviven pueden esperar salir más fortalecidos. Más eficientes. Un medio que utilizaron las grandes compañías navieras, también Hapag-Lloyd, fueron las fusiones. El 2014 la empresa de Hamburgo se fusionó con la empresa naviera chilena Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), en la que Quiñenco tiene la mayoría. Después de un aumento de capital, en el que CSAV aportó la mayor cantidad, los chilenos

tienen la mayoría de la sociedad con el 31,4%. Aún. La próxima fusión, esta vez con la United Arab Shipping, está a la vuelta de la esquina.

Pregunta para el jefe de jefes: ¿cómo afectará el nuevo acuerdo la propia cuota de participación?

“En el aumento de capital participaremos de tal forma que nuestra participación no baje del 25%”, dice Luksic. Es el lema del clan: no hagas negocios en los que no puedas decidir o al menos hablar de forma marcada. Quién sabe, tal vez los chilenos capitalizan tanto que emparejen a los árabes.

"La industria marítima está cambiando radicalmente" “La industria marítima está cambiando radicalmente”, dice Luksic. Aunque él es “optimista, de que irá bien”. Tiene que serlo. “Desde que ingresamos a CSAV, todos hemos perdido mucho dinero”.

Luksic se refiere a él y a los inversionistas. “Quédense a bordo”, les dijo a estos. “Nosotros vamos a cambiar esta empresa”. Nosotros significa en este caso: nosotros en Chile.

Hacia el final, la charla se dirige al gran tema. Chile. Los Luksic pertenecen a la media docena de familias sobre las que escuchamos varias veces durante el viaje: “Ellos manejan el país”. Eso lo sabe naturalmente Luksic de sí mismo. De todas formas se siente lo mucho que lucha con el gobierno de izquierda de la Presidenta Michelle Bachelet. En Chile los empresarios suelen ser del centro y hacia la derecha. “Mi padre me enseñó dos cosas”, cuenta Luksic: “Paga siempre tus impuestos y no seas garante del crédito de otra persona”.

También es personal con la inmigración, tema sobre el que hay en estos momentos un gran debate en Chile. “Soy nieto de un migrante”, puntualiza el millonario. “Mi abuela era de Bolivia. Mi abuelo llegó con 16 años de Yugoslavia. Él viajó en tercera o cuarta clase, sin una moneda en el bolsillo.

Cuando llegó al puerto de Antofagasta rezó: 'Gracias, Dios, por poder estar aquí'. No exigió una casa para él. No tuvo educación gratuita y no solicitó una cobertura de salud. Él no dijo: '¿Dónde están mis derechos?'. Él dijo: '¿Dónde puedo trabajar?'. Luksic se inclina, como si no estuviera seguro de que el reportero alemán entiende lo que quiere decir: “Sabes, la migración debe ser ordenada. Un país no puede recibir a todos los que vienen. Quien es recibido, tiene una obligación de aportar. No se trata de egoísmo. Los humanos son iguales a los otros: mi padre, mi madre, mi hermana, mi vecino, mi país. No se nos debiera demandar ser más que eso”.

Luksic se recuesta hacia atrás. Su mirada dice que sobre este punto no es bienvenida ninguna contrapregunta.

Experimentar más ¿Cuánto tiempo dirigirá este hombre su holding? En el camino también se determinará la suerte de Hapag-Lloyd, la empresa naviera que alguna vez fue alemana. Su hijo Davor, por ejemplo, maneja en Croacia la cadena de hoteles más grande del país y hace poco estuvo en los periódicos de chismes alemanes, ya que se casó con su novia Cristel Carris, hija del dúo italiano y ex matrimonio, Al Bano y Romina Power. O su hijo mayor, Andrónico Junior, de 34 años, que se sienta junto a su padre y otros dos hombres de la familia en la junta directiva de Quiñenco. Entonces, ¿cuándo toma el mando la próxima generación del Clan? Luksic se ríe. “Tan rápido como se pueda. Yo quiero terminar lentamente. Trabajo desde que tengo 19 años". Entonces se inclina de nuevo y toma el brazo del

visitante. “No, en serio: Yo quiero que Hapag-Lloyd se consolide y se encuentre en un buen camino.

Esa es mi ambición. En eso quiero ayudar”.

Hacia el final del viaje, antes de que el “Valparaíso Express” sea bautizado en el puerto por la compañera de vida de Luksic con un champagne, y antes que él se deje entrevistar por reporteros de su cadena de radios y televisión, Canal 13, hay un pequeño gesto de demostración de poder del controlador, también desde una perspectiva europea. Anthony James Firmin, el Oficial Jefe de Operaciones de Hapag-Lloyd, discursea sobre el nuevo barco y el futuro de la industria. Reparte los cumplidos de costumbre. Finalmente llega a hablar de Andrónico Luksic, quien está sentado detrás de él sobre el escenario. El británico se gira para poder ver a los ojos a su accionista mayoritario. Le agradece por su confianza y se inclina. No profundamente, pero lo suficiente. El chileno no lo hace de vuelta. Así, dice su mirada, corresponde.

EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE MIGRAR Y BECA MIGRANTE EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/12/14/344699/el-derecho-humano-a-la-libertad-de-migrar-ybeca-migrante/

Vivimos en una época de tensiones y crisis humanitarias, políticas y económicas a nivel mundial, que han hecho de la migración el único camino posible, para muchos habitantes del mundo.

Lamentablemente, la migración se ha convertido en el caballo de batalla, para muchas campañas políticas a nivel mundial, algo sumamente preocupante, ya que la historia nos ha enseñado que el resultado de esto es entre muchos el incremento de las brechas sociales, los nacionalismos, los racismos y la trata de personas.

La pregunta que nos hacemos es: ¿queremos vivir en una sociedad donde neguemos la presencia real del otro, como una sombra que convive con nosotros, o queremos asumir como sociedad el desafío de abrir espacios para integrar al ‘otro’ desde el respeto, desde sus necesidades y las nuestras, desde la interrelación y la interculturalidad, desde nuestra multiculturalidad?

Desde hace dos años que abordamos el proyecto Beca Migrante -un espacio reflexivo, un semillero de proyectos cívicos comunitarios, un generador de conocimientos y desarrollo de información que tiene que ver con los procesos migratorios actuales- y que tiene como finalidad crear espacios simbólicos de análisis de la identidad y la interculturalidad, así como también, aportar a la reflexión sobre la actual Ley Migratoria para Chile. Esta norma vigente desde el 14 de julio de 1975, dictada en la Junta Militar, responde a la Doctrina de Seguridad Nacional del Estado, donde el ‘otro extranjero’ es visto como un flanco enemigo y amenaza por normar. Al presentarse esta visión respecto a la migración, provoca una irregularidad migratoria, sin entender el fenómeno como algo inherente a las sociedades contemporáneas.

Hay muchos sistemas de ordenamiento, como Estados que estimulan la migración enfocada a áreas donde se encuentran cierto déficit. Ahora Chile debe optar por uno de estos modelos. En este ámbito existe un consenso respecto a la necesidad de pasar de un esquema basado en la imposición de una ‘seguridad nacional’ a una ley con un enfoque de derechos. Creemos también que es importante no caer en una visión economicista en el sentido que está pensando la migración para que un extranjero venga a trabajar, por lo tanto, sirve como instrumento que está al servicio de las exigencias del mercado laboral.

Creemos que la migración es un derecho humano, mientras más muros, mientras más restricciones, más violencia se genera; porque la migración es algo que no se puede restringir, y no va a parar, es la realidad de la globalización. Es indispensable la protección de la vida, para evitar el traslado ilegal de mujeres, niños y hombres, para evitar más violaciones a los principios fundamentales y a los tratados internacionales de protección de los migrantes. La migración no es una amenaza, es una oportunidad; los países se favorecen con una gestión adecuada de los flujos migratorios.

Conscientes de este proceso y desde metodologías antropológicas, creativas y educativas, Beca Migrante intenta visibilizar a los migrantes desde sus aportes culturales, tanto reflexivos como su participación ciudadana, educativa y plástica; es decir, desde su propia visión crítica, sobre las problemáticas migratorias en Chile. Con la finalidad de producir contenidos críticos distribuyéndolos en espacios que comprenden la migración como un derecho humano, como lo hemos abordado este año en conjunto el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA), sumándonos a los esfuerzos de movimientos cívicos y sociales.

También nos preguntamos por la forma efectiva de evitar la violencia, y ésta desde nuestro punto de vista, tiene que ver con la forma de comunicarnos sin ella, esto es posible si entendemos que

detrás de cada acto violento hay una necesidad no resuelta, y ¿cómo logramos evitarla? Abriendo espacios para que la multiculturalidad se exprese, desde lo individual y particular hacia lo colectivo y cívico.

Por eso en Beca Migrante dialogan artistas, antropólogos, periodistas, músicos, geógrafos, arquitectos entre otros, de nacionalidades diversas, y de pueblos originarios. Como un laboratorio en donde entran en contacto la interculturalidad desde un diálogo constante, con una pluralidad étnica, preparándonos para los nuevos escenarios, a fin de garantizar que todos seamos escuchados y entendidos como medida efectiva de los derechos humanos con sus necesidades.

Entendemos la cultura como un permanente estado de construcción, de-construcción, y de reconstrucción. La cultura se inscribe en la historia de las relaciones humanas, de los grupos sociales y sus flujos migratorios, evidentemente se hace necesario analizar la historia en que se producen estas relaciones, de ahí la importancia de un análisis de la colonización y del proceso de decolonización de los símbolos, desde las ciencias sociales y las artes contemporáneas.

En este sentido, se aborda la hegemonía del arte contemporáneo, versus el arte latinoamericano contemporáneo, como voces de la otredad y la alteridad, en el sentido antropológico, responde a la necesidad de entrar en la cultura del otro, como un aspecto de ver, escuchar, y comprender al otro, de forma que se produce el diálogo intercultural, sin perder los aspectos individuales pero comprendiendo la identidad como una construcción constante, móvil, en constante migración, ya que, cuando no se producen espacios para diálogos interculturales, se produce una miopía ante las culturas de los demás.

Todos somos contribuyentes de las convenciones de nuestra época y cada uno de nosotros es un agente cívico con capacidad de aportar a los procesos de interculturalidad, es decir, al diálogo, a la comunicación no violenta, a la capacidad de satisfacer las necesidades propias y colectivas desde el respeto de derechos.

Como comunidad, creemos estar aportando en la generación de sentidos, valoraciones y funciones, desde el punto de vista etnográfico, vemos como las culturas se interrelacionan para entender a los individuos, a partir de esta construcción autobiográfica hacia lo comunitario. La migración representa un cambio en la cosmovisión en la forma de ver la realidad, a nivel cultural, y representa el verdadero cambio de paradigma.

LOS CRUDOS RELATOS DE MARÍA CANIULEN, LA NANA DISCRIMINADA PORQUE SU HIJA USÓ UNA PISCINA EN ÑUÑOA EL DÍNAMO http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/12/26/los-crudos-relatos-de-maria-caniulen-la-nanadiscriminada-porque-su-hija-uso-una-piscina-en-nunoa/ María Caniulen es la asesora del hogar que vivió un crudo episodio de discriminación, cuando una propietaria del edificio donde trabaja reclamó porque su hija ocupó la piscina destinada -a su juiciosolo para los vecinos y que ésta no podía ser ocupada por el servicio doméstico.

Tras ese episodio, Caniulen relata su historia a The Clinic Online donde cuenta que no es la primera vez que ocurre y que a lo largo de su vida vivió discriminación por ser “nana” y de origen mapuche.

“Yo estaba terminando mis labores. Cuando bajé del departamento, casi yéndome a mi casa, el guardia de turno me dijo que si podíamos conversar. Me comentó que recibió un reclamo de una propietaria. Ella le dijo que los hijos de las empleadas no podían usar la piscina. El día anterior mi hija estuvo bañándose en ella. Yo quedé sorprendida”, cuenta.

Caniulen afirma que sus papás estaban furiosos. “Se enteraron por la televisión. Ni siquiera los había llamado. Mi mamá se preguntaba cómo podía existir gente que aún hiciera ese tipo de clasificaciones. Esto era netamente clasismo, le respondí yo”, agrega.

“Estos problemas vienen de la casa. No le guardo rencor al guardia del edificio, porque era su trabajo. La que tiene el problema es la señora del reclamo. No sé qué tendrá en su cabeza. No sé qué clase de vida querrá para sus hijos o sus nietos. ¿Qué más se puede esperar si aún hay gente que clasifica a otra en un país? Ahora la juventud es más abierta. Hay varios movimientos sociales y eso está bien. Se podría llegar a cambiar algo”, dice.

Así, la trabajadora explica que cuando llegó a los 19 años a Santiago, originaria de Nueva Imperial, en Temuco, trabajó como asesora del hogar en varios lugares y en condiciones realmente impresionantes. “En un comienzo tenía un día libre por cada quince trabajados. Supuestamente me pagaban cien mil pesos, pero siempre me daban ochenta. Me decían que los otros veinte eran para las imposiciones. Era mentira. Revisando por internet me di cuenta que era falso. Nunca me pagaron”, relata.

María Caniulen dice que en el pasado también tuvo problemas por sus rasgos indígenas, lo que le impidió encontrar trabajo en varios momentos. “Recuerdo que con varias otras niñas mapuches íbamos a las agencias de trabajos a buscar pega. Pero las señoras decían, específicamente, que no querían mapuches. Una tipa rubia decía clarito ‘no quiero indios’. Te miraban el apellido y no podías seguir”, explica.

“Yo no siento vergüenza por ser mapuche. Me gusta. Participo en la comunidad en que nací. Y todo eso se lo he inculcado a mis hijos. Pero hay gente con la mente muy cerrada. Creen que porque tienen un aire de superioridad pueden pasar a llevar a cualquiera. Y no es así“, agrega.

Finalmente, Caniulen dice que “a Chile le falta ser más gente. Más humano. Pensar antes de actuar.

No somos animales. Hay que mirarse más en el espejo y preguntarse en qué estamos fallando. Hay que verse más como personas. No ser tan fríos. Ojalá no siguiera pasando, si en el fondo somos todos iguales”.