TEMARIO:
1. (VIDEO) BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN CASOS DE DDHH: ¿PROBLEMA PENAL O ÉTICO?
2. GENDARMES ACUSADOS DE APREMIOS ILEGÍTIMOS SE SALVAN DE JUICIO: SÓLO RECIBIRÁN CAPACITACIÓN
3. INDH APELARÁ TRAS SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO CONTRA GENDARMES ACUSADOS DE TORTURAS
4. TRIBUNAL AMBIENTAL ADMITIÓ A TRÁMITE DEMANDA VECINAL CONTRA SANTA MARTA
5. DAN DE BAJA A CARABINERO QUE DENUNCIÓ IRREGULARIDADES EN AYSÉN
(VIDEO) BENEFICIOS PENITENCIARIOS EN CASOS DE DDHH: ¿PROBLEMA PENAL O ÉTICO? BIOBIOCHILE http://tv.biobiochile.cl/notas/2016/02/24/beneficios-penitenciarios-en-casos-de-ddhh-problemapenal-o-etico.shtml Un nuevo reglamento abrió la posibilidad para que condenados por violaciones a los Derechos Humanos puedan acceder a beneficios carcelarios, lo que ha generado distintas reacciones. Por ejemplo, Carmen Hertz dijo que “cualquier beneficio carcelario (a condenados por delitos de lesa humanidad) se transforma en una suerte de indulto encubierto”. Sobre los derechos de los condenados y la situación en general del sistema penitenciario en nuestro país, debatimos junto a los abogados Diego Navarrete y Mijail Bonito. Conduce Rayén Araya. GENDARMES ACUSADOS DE APREMIOS ILEGÍTIMOS SE SALVAN DE JUICIO: SÓLO RECIBIRÁN CAPACITACIÓN BIOBIOCHILE http://www.biobiochile.cl/2016/02/25/gendarmes-acusados-de-apremios-ilegitimos-se-salvan-dejuicio-solo-recibiran-capacitacion.shtml Un grupo de 4 gendarmes del penal BíoBío salvó de ser llevado a juicio por apremios ilegítimos en contra de internos, al ser beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento en el Juzgado de Garantía de Concepción. Los uniformados era n investigados desde el año 2013, cuando la Corte de Apelaciones de Concepción acogió un recurso de amparo en favor de dos reclusos, quienes resultaron con graves lesiones al ser golpeados e incluso arrastrados desnudos por el suelo. No obstante la formalización y acusación en su contra, la Fiscalía y la defensa de los gendarmes llegaron a un acuerdo que terminó con la suspensión, con la condición de que en dos años no incurran en nuevas infracciones de ley, de lo contrario el caso será reabierto. Para la Asociación de Funcionarios Penitenciarios, sin embargo, el beneficio fue logrado al no tener el Ministerio Público las pruebas para condenar a los gendarmes, según expresó el dirigente Benito Saravia. El Instituto de Derechos Humanos, querellante en la causa, se opuso a la suspensión condicional, pero influyó en la decisión del tribunal la capacitación que implementó Gendarmería al interior de la institución, de la cual dio cuenta la encargada de la Unidad de Derechos Humanos, Verónica Hernández. Esta suspensión condicional del procedimiento es la última adoptada en una serie de investigaciones del fiscal Nelson Vigueras, las cuales se iniciaron tras una media docena de amparos acogidos por la
Corte penquista y la Corte Suprema, en donde se acreditaban los maltratos físicos a internos del penal BíoBío y El Manzano. INDH APELARÁ TRAS SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO CONTRA GENDARMES ACUSADOS DE TORTURAS INDH.CL http://www.indh.cl/indh-apelara-tras-suspension-de-procedimiento-contra-gendarmes-acusadosde-torturas El Juzgado de Garantía de Concepción suspendió condicionalmente el procedimiento seguido contra 4 funcionarios de Gendarmería por tormentos y apremios ilegítimos aplicados a un grupo de internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario BíoBío. Pese a la oposición del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), querellante en la causa, el tribunal accedió a la solicitud del Ministerio Público estableciendo como condición que los gendarmes imputados asistan a cursos de derechos humanos impartidos por su propia institución. Ello además de fijar domicilio y firmar mensualmente en la Fiscalía. De esta manera, el caso no llegaría a juicio oral. Sin embargo, el INDH resolvió apelar ante la Corte de Apelaciones de Concepción de acuerdo a lo señalado por su jefa regional en el BíoBío, Carolina Chang. “La investigación de la tortura es una obligación internacional del Estado y esta investigación involucra que se realicen todas las gestiones para obtener una sanción. Por lo tanto al aplicar una salida alternativa como es la suspensión condicional del procedimiento por parte del Ministerio Público y aceptada por el Poder Judicial, es en definitiva una renuncia del Estado a la obligación internacional de investigar”, indicó. Los hechos que motivaron la querella del INDH se remontan a mayo del año 2013, cuando internos del módulo 34 del CCP BíoBío que se encontraban en el comedor de dicha unidad fueron sacados del lugar y trasladados a otro recinto, siendo brutalmente golpeados durante el trayecto y resultando con diversas lesiones. Según señala la querella presentada por el Instituto en septiembre del mismo año, los internos recibieron golpes de puño y con objetos contundentes, además de ser rociados con gas pimienta. Uno de ellos se llevó la peor parte al ser esposado y luego arrastrado por los gendarmes, para luego ser confinado por 3 días en una celda de castigo. “La tortura está grabada por las cámaras de seguridad, donde se ve claramente a los funcionarios arrastrando a la víctima y golpeando a las otras víctimas con los bastones de servicio. Además existen, entre otras pruebas, peritajes donde el Servicio Médico Legal indica que las lesiones de las víctimas son concordantes con el relato”, dijo la jefa de la sede regional del INDH Carolina Chang. Cabe señalar que el artículo 150 A del Código Penal establece que “el empleado público que aplicare a una persona privada de libertad tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales, u ordenare o consintiere en su aplicación, será castigado con las penas de presidio o reclusión menor en sus grados medio o máximo y la accesoria correspondiente”. Además, este tipo de prácticas constituyen una violación grave a los derechos humanos reconocidos por tratados internacionales suscritos por Chile y que se encuentran plenamente vigentes.
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMITIÓ A TRÁMITE DEMANDA VECINAL CONTRA SANTA MARTA LA NACIÓN http://www.lanacion.cl/noticias/pais/medio-ambiente/tribunal-ambiental-admitio-a-tramitedemanda-vecinal-contra-santa-marta/2016-02-25/122319.html El Tribunal Ambiental de Santiago admitió a trámite una demanda por reparación de daño ambiental en contra del Consorcio Santa Marta S.A. presentada por un grupo de vecinos de San Bernardo y Talagante, luego del colapso de masa e incendio que afectó al relleno sanitario en enero recién pasado. Los demandantes solicitan al Tribunal Ambiental que condene a la empresa a reparar el medio ambiente dañado, decrete el término de la vida útil del relleno y, por lo tanto, la instruya para que elabore y ejecute un plan de cierre del recinto; disponga la cobertura final del depósito, la extracción de lixiviados y líquidos percolados y el manejo de lixiviados y biogás de una forma reparatoria para el medio ambiente dañado. Además, selle las membranas de impermeabilización; habilite un sistema de monitoreo y control de la reparación; restablezca los cierres y canales perimetrales, reforeste las áreas protegidas o de conservación, recupere las laderas de cerros con vegetación nativa; y adopte medidas de prevención y control de aves, de emisión de material particulado y de prevención y control de olores. El Tribunal Ambiental confirió traslado a la empresa para que informe, en el plazo de 15 días hábiles, respecto de los puntos planteados en la demanda. DAN DE BAJA A CARABINERO QUE DENUNCIÓ IRREGULARIDADES EN AYSÉN EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/02/26/260117/dan-de-baja-a-carabinero-que-denuncioirregularidades-en-aysen/?utm_source=single&utm_medium=link&utm_campaign=portada En noviembre de 2015, el jefe máximo de Carabineros, Bruno Villalobos Krumm, se dejó caer en la Región de Aysén para inaugurar un nuevo recinto policial. Villa O’Higgins no fue su única parada: también visitó a un sargento que afirmaba ser víctima de una persecución impropia. Villalobos escuchó el relato de Miguel Riveros Maldonado y tomó el compromiso de reevaluar su situación.
Varios meses han pasado desde ese episodio y – según fuentes policiales consultadas por El Ciudadano – la situación no ha mejorado. Riveros fue dado de baja con más de 20 años de servicio, sin sueldo y sin derecho a salud. En Coyhaique, donde formaba parte de la Comisaría de Fuerzas Especiales, comentan que podría tomar una decisión radical: viajar a pie desde la región austral a Santiago, para entregar en manos de su general director un compilado de documentos que probarían las malas prácticas de algunos superiores. Los abusos habrían empezado cuando el sargento Riveros declaró en favor de un colega ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad austral. En ese tribunal, hace casi un año, se tramitó una causa por tutela derivada de una demanda presentada por el sargento segundo José Martínez Ávila, quien también fue exonerado de la institución tras sufrir – como planteó en sus denuncias al Poder Judicial – hostigamientos y humillaciones al interior de la unidad. El magistrado Óscar Barría Alvarado dio por acreditado que Martínez fue perseguido una vez que se negó a falsear hechos en la investigación interna que Carabineros instruyó con motivo de la violenta represión al Movimiento Social “Aysén, tu problema es mi problema” en 2012, la cual provocó la pérdida de un globo ocular a Teófilo Haro, pescador aisenino. Aunque la Corte de Apelaciones de Coyhaique revirtió el fallo del juez Barría, tanto para los abogados de Martínez como para el representante de Haro, Cristián Cruz, los testimonios vertidos en el juicio oral de Martínez dieron cuenta de una maquinación del Alto Mando uniformado para proteger al comandante Víctor Follert Alarcón e inculpar a un funcionario de menor rango como autor del disparo de balín que hirió al manifestante. En una entrevista con El Divisadero de Aysén, el sargento José Martínez afirmó que el coronel Leonardo Glade, designado en la capital como fiscal administrativo, intentó obligarlo a decir que él había visto cuando un suboficial de nombre Héctor Aburto – y no Follert – le reventó el ojo a Teófilo. “Yo dije que no. Yo nunca estuve ahí, yo siempre estuve a la altura de los semáforos dispersando a la manifestación. Por ende, era imposible que yo estuviera en el lugar donde él me indicaba”, explicó el ex FFEE. Este solo hecho marcó un antes y un después. A Martínez se le recargaron los servicios, se mandaron vehículos institucionales para presionarlo a su propia casa, y, finalmente, se le cursó la baja.
El sargento Miguel Riveros, quien actualmente estaría viviendo una situación similar a la de Martínez, declaró ante el juzgado laboral que el despido de su compañero de armas fue “indigno”, ya que el teniente Nicolás Calderón procedió a notificarlo en plena vía pública, despojándolo de su placa y su tarjeta de identificación. Apenas el testigo abandonó el estrado, la historia de Martínez se habría empezado a repetir con Riveros. Fuentes consultadas por El Ciudadano afirman que pronto comenzó a sufrir una recarga laboral y a ser enviado a la calle pese a la existencia de un certificado médico que le recomendaba no hacerlo, ante posibles desmayos por su diabetes. En junio del año pasado, la situación del sargento Riveros llegó a tope: interpuso una denuncia porque le habían robado el vehículo y sustraído desde el interior una copia del sumario administrativo que se instruía contra uno de sus superiores, a quien la Fiscalía Militar investigaba por la supuesta falsificación de tablas de servicios en virtud de una denuncia interpuesta por Riveros. Pese a esta versión del sargento, la jefatura lo acusó de haber conducido su propia camioneta en estado de ebriedad y provocar daños. Este solo incidente lo tiene ahora fuera de la institución, expectante a que la dirección general tome las medidas que el caso amerite.