TEMARIO:
1. BURGOS SIGUE JUGANDO AL SHERIFF Y DICE QUE "ES POSIBLE" OTORGAR MÁS PODER A CARABINEROS DEBIDO AL ALTO RESPETO QUE TIENEN POR LOS DD.HH.
2. CARABINEROS: CONTROL DE IDENTIDAD SERÁ UTILIZADO PARA MEJOR PROTECCIÓN CIUDADANA
3. VIDEO: FAMILIARES DE JOVEN DESAPARECIDO IRRUMPEN EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CARABINERO
4. SE RESISTE EL EJÉRCITO A COLABORAR EN CASO DE DERECHOS HUMANOS
5. RELATORÍA ESPECIAL CIDH MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR CONDENA CONTRA PERIODISTA
6. EN PUEBLA PROFESOR ES DESPEDIDO POR LA UTILIZACIÓN DE SELLOS DESPECTIVOS
BURGOS SIGUE JUGANDO AL SHERIFF Y DICE QUE "ES POSIBLE" OTORGAR MÁS PODER A CARABINEROS DEBIDO AL ALTO RESPETO QUE TIENEN POR LOS DD.HH. EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/04/28/burgos-sigue-jugando-al-sheriff-y-dice-quees-posible-otorgar-mas-poder-a-carabineros-debido-al-alto-respeto-que-tienen-por-los-dd-hh/
El control preventivo de identidad y el aumento de las sanciones por filtraciones en investigaciones judiciales son dos temas de la llamada agenda corta antidelincuencia que siguen discutiéndose al interior de La Moneda y en el Poder Judicial. Al respecto, el ministro del Interior, Jorge Burgos, aseguró que "es posible" otorgarle mayores elementos preventivos a Carabineros, debido al respeto que tienen por los Derechos Humanos.
"Otorgarle instrumentos preventivos a Carabineros de Chile es una cuestión absolutamente posible, sobre todo porque es una institución respetuosa del derecho y de los Derechos Humanos. Cuando eso no ocurre, tiene que haber el compromiso de investigar cualquier hecho de esa naturaleza. Hay una discusión pendiente, yo espero que salga un buen instrumento", sostuvo. Por su parte, el Fiscal Nacional, Jorge Abott, declaró que las modificaciones a las sanciones por filtraciones en investigaciones debieron haberse tratadas en una instancia más amplia. "Nosotros hemos manifestado respecto de un par de temas que probablemente la instancia en la cual pueda discutirse alguna modificación a ciertas normas puede ser una instancia diferente a la actual, como la modificación del artículo 182 respecto del secreto de las investigaciones", afirmó el jefe del Ministerio Público. En tanto, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que el gobierno seguirá trabajando en la implementación de más Carabineros, en un plazo de cuatro años. "Nuestros barrios sufrieron 20 mil delitos menos que el año anterior, bajaron los ataques a cajeros automáticos, los asaltos a viviendas, los asaltos a camiones de valores. Es por eso que continuamos implementando la ley 20.801que aumenta la dotación de Carabineros en seis mil uniformados en cuatro años", dijo la mandataria. Los temas de la agenda corta anti delincuencia que fueron enviados a una comisión mixta serán revisados en los primeros días de mayo, a la vuelta de la semana distrital. CARABINEROS: CONTROL DE IDENTIDAD SERÁ UTILIZADO PARA MEJOR PROTECCIÓN CIUDADANA LA NACIÓN http://www.lanacion.cl/noticias/pais/nacional/carabineros-control-de-identidad-sera-utilizadopara-mejor-proteccion/2016-04-27/171542.html El 89° aniversario Carabineros fue la fecha escogida por la institución para aclarar que no habrá arbitrariedades ni abusos en la aplicación del control preventivo de identidad, si en definitiva prospera y se convierte en ley la normativa planteada por el Gobierno al Congreso. “Pueden estar tranquilos, muy tranquilos, cualquiera sea la herramienta que se nos entregue, será utilizada para una mejor y mayor protección de la ciudadanía. En efecto, usaremos estas herramientas para que aquellos que están en el mundo de la delincuencia y del delito sientan temor y ellos deben preocuparse, no ustedes”, expresó en su alocución el general director, Bruno Villalobos. La autoridad uniformada subrayó frente a las autoridades e invitados que asistieron a la ceremonia realizada este miércoles en la Escuela de Carabineros, que “entendemos que esta iniciativa y en
general todas aquellas que impactan el combate a la delincuencia, generan diferentes posiciones y puntos de vista”. Por lo mismo, enfatizó, “independiente del resultado de la legítima discusión que se tenga en el Parlamento, quiero darles una señal de tranquilidad a aquellos que han expresado una suerte de desconfianza en el criterio de Carabineros de Chile al momento de aplicar esta u otra medida que se relacione con los ciudadanos y la prevención del delito”. FIRMEZA El máximo jefe de la policía uniformada advirtió también si en alguna ocasión un funcionario hiciera mal uso de esta herramienta, los chilenos deben tener la seguridad de que luego de recibir la denuncia seria y fundada ésta será investigada. “Son los buenos carabineros a quienes más les duele cuando un compañero toma una decisión equivocada o transgrede los principios de las leyes y la institución”, por eso recalcó que “de comprobarse su veracidad, se actuará conforme a las leyes y el derecho con firmeza y decisión”. “Ese y no otro será el camino que seguiremos, porque como ya lo he dicho, en Carabineros no hay cabida para las transgresiones a las leyes, los abusos, el uso excesivo de la fuerza o las violaciones a los derechos humanos”, concluyó. MERECIDO PRESTIGIO A su turno, la Presidenta Michelle Bachelet felicitó a las fuerzas de orden y seguridad, destacando que “hay buenas razones para ese merecido prestigio que tiene Carabineros de Chile. Hemos visto su entrega en las más variadas circunstancias: terremotos, erupciones volcánicas, aluviones, incendios. Siempre son Carabineros quienes están en primera fila, arriesgando su vida para socorrer a quienes lo necesitan”. La Jefa de Estado resaltó que “los Carabineros deben estar ahí donde las personas los necesitan: en los espacios de trabajo y esparcimiento, patrullando en los barrios, protegiendo a la gente en sus desplazamientos diarios, en los colegios y plazas, en los espacios públicos que queremos libres y sin miedo para todos”. En la oportunidad reconoció la labor de los uniformados que en esta oportunidad recibieron la Medalla General Director: la subteniente Yenny Adriazola, el sargento segundo Jaime Palma, el cabo primero Jonathan Villalobos, quienes se enfrentaron con éxito a los asaltantes de una sucursal del BancoEstado en Recoleta; del suboficial mayor Félix Pérez, quien junto a su patrulla frustró un robo con intimidación en Temuco; y al carabinero Felipe Fernández, quien rescató a una persona desde el Canal San Carlos.
VIDEO: FAMILIARES DE JOVEN DESAPARECIDO IRRUMPEN EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CARABINERO EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/04/28/280762/video-familiares-de-joven-desaparecidoirrumpen-en-celebracion-del-dia-del-carabinero83745/
José Vergara (22) lleva 7 meses y medio en calidad de detenido desaparecido, luego de que el 13 de septiembre de 2015 fuera detenido por una patrulla de Carabineros en su casa en Alto Hospicio. Es por esta razón que este miércoles sus familiares y amigos irrumpieron en la ceremonia oficial del aniversario de la institución que se realizaba en la plaza Bernardo O’Higgins de Iquique. Hasta el lugar llegaron con lienzos, pancartas e imágenes del rostro de Vergara para encarar a los uniformados por la responsabilidad directa de cuatro carabineros, quienes si bien ya fueron imputados por los delitos de secuestro calificado y falsificación de instrumento público, no han revelado aún el paradero del joven. La SEP confirmó la utilización de sellos con frases despectivas, por lo que el profesor fue separado de su cargo desde el pasado 7 marzo
SE RESISTE EL EJÉRCITO A COLABORAR EN CASO DE DERECHOS HUMANOS
http://bajopalabra.com.mx/largo-historial-militar-los-derechos-humanos/ La negativa para que GIEI entrevistara al Ejército devela la protección de autoridades para que no se indaguen violaciones a garantías humanitarias. Sin importar las reformas al Código de Justicia Militar, las sanciones y recomendaciones internacionales, ni la exigencia constante de activistas para que haya justicia, las autoridades militares aún se niegan a colaborar en casos de violaciones a Derechos Humanos (DH) en los que estén implicados elementos castrenses.
Casi desde su llegada a México en noviembre de 2014, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que investiga el caso Ayotzinapa– pidió entrevistar a integrantes del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, por la información que pudieran aportar sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas.
Sin embargo, la PGR se negó mes con mes a procesar la solicitud, con la cual se podrían esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, advierten especialistas. En septiembre de 2015, el GIEI reveló en su primer informe que el Ejército vigiló a los jóvenes desde que salieron de la Normal Rural de Ayotzinapa, para actividades de “boteo” y toma de autobuses. Además, testigos señalaron la presencia de agentes de inteligencia militar en la calle Galeana y el Palacio de Justicia, donde habrían estado los normalistas; que el Ejército visitó la comisaría de Barandilla donde habría sido llevado normalistas detenidos; y luego la misma patrulla se dirigió al Hospital Cristina, donde se habían refugiado sobrevivientes y uno de los heridos de gravedad. El Ejército también resguardó la escena del crimen donde se hallaron los cuerpos de dos normalistas en la calle Juan N. Álvarez y Periférico Norte tras un segundo ataque. Luego, otra patrulla militar resguardó el lugar donde apareció el cuerpo sin vida y torturado de Julio César Mondragón antes de que llegaran las autoridades civiles, informó el GIEI. Pese a esta información aún quedaban cabos sueltos sobre si los militares sólo habrían presenciado estos hechos, o si sabían más sobre a dónde fueron llevados los normalistas, cuyo paradero aún se desconoce, por lo que el GIEI insistió en entrevistar al Batallón. La PGR mostró por escrito las declaraciones ministeriales de 11 militares del 27 Batallón, pero en las cuales se omitieron las preguntas y se borró gran parte de las respuestas. Las declaraciones ministeriales del Ejército constan en la segunda parte del expediente del caso que hizo público la PGR el 11 de abril, pero aparecen censuradas. Pese a que aún no queda clara la participación militar en los hechos y se desconoce el paradero de los normalistas, el Estado retiró el apoyo al GIEI para su permanencia en México, por lo que el equipo deberá irse luego de que hoy dé su segundo informe, en el que mostrará el cuestionario que hubiera aplicado a los soldados. AÑOS DE EVADIR LA JUSTICIA El Sistema Interamericano de DH ha emitido más de una sentencia contra México por la participación del Ejército en casos de desaparición forzada, tortura sexual y obstrucción de la justicia. Aunque la COIDH ordenó, por estos casos, que el Estado mexicano investigue la participación de militares en violaciones a las garantías humanitarias, que reforme su Código de Justicia Militar para erradicar el fuero castrense y homologarlo con convenciones internacionales, y que legisle adecuadamente sobre desaparición forzada, estos mandatos no han modificado el sistema de justicia militar. La CIDH también ha emitido recomendaciones a México para que investigue diligentemente y sancione conforme al fuero civil a militares involucrados en violaciones sexuales contra mujeres. Entre los casos más emblemáticos destaca que en 1994 soldados detuvieron arbitrariamente, violaron y torturaron a tres hermanas tzeltales, en Chiapas, en medio del contexto de represión al EZLN.
Seis años después de los hechos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional llevó el caso a la CIDH, que determinó que el Estado mexicano violó los derechos a la libertad e integridad personal y a la protección de la honra y de la dignidad, garantías judiciales y protección judicial en perjuicio de las mujeres. En 2002, la indígena tlapaneca Valentina Rosendo Cantú fue interceptada por militares en la montaña de Guerrero, donde la interrogaron, la golpearon y luego abusaron sexualmente de ella. Tras denunciar los hechos, la Sedena desmintió la acusación y aseguró que no había operaciones en la zona, por lo que la acusación pretendía afectar “intereses personales de delincuentes que habitan en esa área”. En ese mismo año, ocurrió la violación de Inés Fernández Ortega por militares, cuyo caso –junto con el de Valentina–derivó en dos sentencias de la Corte Interamericana, las cuales ordenaron además de la reparación del daño a las víctimas, reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para permitir el enjuiciamiento de los militares que participen en delitos contra civiles. Aún sin cumplir el mandato, en 2006 un grupo de militares en el municipio de Castaños, Coahuila, violó a 13 mujeres. Dos años después, sólo tres soldados de los 12 que confesaron, fueron sentenciados por violación. En 2007, al menos cuatro indígenas adultas mayores de la sierra de Zongolica, en Veracruz, también habrían sido agredidas sexualmente por militares. En respuesta, el entonces mandatario, Felipe Calderón, negó toda responsabilidad de los militares y aseguró que Ernestina Ascencio, la primera de las víctimas, murió por “complicaciones de úlcera”. Fue la presión constante de activistas que derivó a que en 2014 se reformara el Código de Justicia Militar (artículo 57), que obliga a que los soldados que cometan violaciones a DH de civiles sean juzgados ante tribunales ordinarios. No obstante, en 2015 la COIDH determinó que esa reforma es insuficiente y parcial, y estableció que la jurisdicción militar no era competente para juzgar y sancionar violaciones a DH cometidas por militares. En el contexto de violencia y crimen organizado que vive el país, grupos civiles denuncian que las violaciones a DH se están multiplicando –como evidenció el reciente video de tortura militar contra una mujer de Guerrero–; sin embargo, no ha habido otra reforma al Código de Justicia Militar que facilite las investigaciones y permita sanciones expeditas contra los agresores.
RELATORÍA ESPECIAL CIDH MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR CONDENA CONTRA PERIODISTA
http://www.cronicaviva.com.pe/relatoria-especial-cidh-manifiesta-preocupacion-por-condenacontra-periodista/
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación por la condena penal emitida el 18 de abril por el Séptimo Juzgado Penal de Lima, Perú, contra el periodista Fernando Valencia Osorio, director del Diario 16, por los delitos de difamación agravada por la difusión de publicaciones en perjuicio del ex presidente de la República del Perú Alan García Pérez. Según la información disponible, el tribunal condenó a Valencia Osorio a un año y ocho meses de prisión (en suspenso) y al pago de una multa de 1.900 soles (unos 580 dólares estadounidenses). El tribunal también impuso al comunicador el pago al ex mandatario de una reparación civil equivalente a 100.000 soles (unos 30.000 dólares estadounidenses). De acuerdo con la información obtenida, el periodista tiene cinco días tras notificación de la sentencia para apelar. El juicio se originó en 2013 cuando el Diario 16 y otros medios de comunicación reprodujeron declaraciones del actual presidente de la República, Ollanta Humala, durante la inauguración de una obra de infraestructura en la región de San Martín. En dicha ocasión, Humala hizo manifestaciones críticas hacia quienes habían ejecutado la obra en los siguientes términos: “Hoy inauguramos un puente, pero éste se debió hacer hace dos años, cuando se tenía la carretera de Evitamiento. ¿Para qué la tenían si faltaba un puente?”. En el mismo discurso el primer mandatario hizo referencia a una serie de obras de saneamiento en marcha y solicitó controlar “que vayan bien, que no
entreguen a empresas que pagan coimas y se paralizan a medio hacer (…) los ladrones tienen que estar en la cárcel y no en sitios de poder”. Distintos medios de comunicación interpretaron que estas críticas, por la referencia temporal que hizo el presidente, estaban dirigidas al gobierno anterior presidido por Alan García. El Diario 16 tituló la mencionada cobertura en la portada con la frase “Los ladrones tienen que estar en la cárcel y no en sitios de poder” y se destacó la fotografía del ex presidente. Alán García entonces demandó penalmente a Valencia Osorio por los delitos de difamación, dado que a su juicio el actual presidente no lo había mencionado en su discurso y vincularlo –del modo que fue hecho en el caso concreto de Diario 16– dañó su reputación e imagen. La jurisprudencia interamericana en reiteradas oportunidades ha reconocido que la libertad de expresión otorga, tanto a los directivos de medios de comunicación como a los periodistas que trabajan en ellos, el derecho a investigar y difundir informar por esa vía hechos de interés público. La Comisión ha establecido que “[e]l tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión generará inevitablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública”. En una sociedad democrática y pluralista, las acciones y omisiones del Estado y de sus funcionarios o de quienes aspiran a serlo están sujetos a un escrutinio mayor por la prensa y la opinión pública. Ello implica que el Estado debe abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de expresión y que los funcionarios públicos deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica. Como ha sostenido la Corte Interamericana en diversas decisiones, los jueces, al evaluar situaciones en las que puedan caber posibles responsabilidades ulteriores debe ponderar el respeto a los derechos a la honra y la reputación de los demás con el valor que tiene en una sociedad democrática el debate abierto sobre temas de interés público y el efecto disuasivo de sanciones penales sobre el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Por otra parte, en el caso de figuras públicas encumbradas siempre es posible tener mayor acceso a los medios de información para responder a las críticas y ofrecer explicaciones. La CIDH, con fundamento en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha establecido hace más de una década que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público y funcionarios es desproporcionada y vulnera por ello el derecho a la libertad de expresión. Al respecto, el principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión adoptada por la CIDH en el año 2000, establece que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”. En este sentido, la Comisión hace un llamado al Estado de Perú a apegarse a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión de forma tal que se les garantice a los periodistas y medios de comunicación ejercer el periodismo sin interferencias indebidas, y a la
sociedad en su conjunto a estar informada y, en consecuencia, promover la modificación de su legislación interna en materia de figuras penales que son utilizadas para penalizar expresiones de interés público o sobre funcionarios públicos. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la CIDH a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
EN PUEBLA PROFESOR ES DESPEDIDO POR LA UTILIZACIÓN DE SELLOS DESPECTIVOS EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/04/28/280694/en-puebla-profesor-es-despedido-por-lautilizacion-de-sellos-despectivos-para-los-alumnos/
Un profesor de la escuela Secundaria Técnica No. 61, en Puebla, fue despedido, luego de que se virilizaran imágenes en redes sociales donde calificaba a sus alumnos con sellos que tenían frases humillantes.
El profesor Santiago Cabrera Morelos, del municipio San Martín Texmelucan de Labastida, Puebla, calificaba a sus alumnos con frases despectivas; “Eres una vergüenza para tu familia“, “Por eso México no prospera” y “Regrésate a la tele de tu pueblo“. La Secretaria de Educación Pública (SEP), por medio de un comunicado, confirmó la utilización de sellos con frases despectivas, por lo que el profesor fue separado de su cargo desde el pasado 7 marzo, fecha en que recibieron una queja. La SEP reprobó las acciones tomadas por el profesor pues estas denigran la integridad de los estudiantes, también informó que se están haciendo las investigaciones pertinentes y se castigara estrictamente conforme a la normativa.