TEMARIO: 1. LA SOTERRADA RUPTURA DE LAS ASOCIACIONES DE DD.HH CON BACHELET 2. PERITAJE POR DEMENCIA PODRÍA DEJAR LIBRE A DOS EX MIEMBROS DE LA DINA RECLUÍDOS EN PUNTA PEUCO 3. TIRO POR LA CULATA: LAS INESPERADAS ESQUIRLAS QUE REPARTIÓ EL “PERDÓN” DE LOS PRESOS DE PUNTA PEUCO 4. VIDEO | HUGO GUTIÉRREZ ASEGURA QUE SOLO UN INTERNO DE PUNTA PEUCO TIENE ENFERMEDAD TERMINAL 5. COMUNIDAD DE MAPUCHES BALEADOS PRESENTARÁ QUERELLA POR EMBOSCADA POLICIAL 6. FISCAL QUE INDAGA BALEO A COMUNEROS EN TIRÚA: “CARABINEROS INVOLUCRADOS NO LE CONTARON A NADIE LO QUE PASÓ” 7. MURIÓ EL EX DICTADOR URUGUAYO GREGORIO ÁLVAREZ
LA SOTERRADA RUPTURA DE LAS ASOCIACIONES DE DD.HH CON BACHELET EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/12/28/la-soterrada-ruptura-de-las-asociacionesde-dd-hh-con-bachelet/
Si no era en este Gobierno, cuándo. Si no era con ella, con quién más. Sin embargo, nada de lo que esperaron que sucedería en la administración de Michelle Bachelet –una voz autorizada, casi un ícono en este mundo por su historia de vida como víctima de los horrores cometidos en dictadura– se ha materializado en ya casi tres años de mandato. En las agrupaciones de Derechos Humanos se ha instalado una profunda desazón y una impensada y fría distancia con la Presidenta Michelle Bachelet. Hay solo una audiencia registrada entre la Mandataria y las dirigentes de las agrupaciones de DD.HH, el 14 julio de 2014. En esa cita, las agrupaciones solicitaron terminar con los beneficios a los violadores de DD.HH, el cierre del penal de Punta Peuco, acabar con la ley del secreto por 50 años impuesto a los nombres de represores surgidos en el Informe Valech, una ley que impulse la degradación de militares involucrados en delitos de lesa humanidad, avanzar en un proyecto de ley que prohíba la apología de acciones y personas vinculadas en crímenes de lesa humanidad. El Ejecutivo, por su parte, asumió en ese minuto el compromiso de nombrar al entonces ministro de
Justicia, José Antonio Gómez, como coordinador del equipo ministerial para el cumplimiento de las demandas que plantearon las agrupaciones. Un año después, Bachelet se reunió con la sobreviviente del caso Quemados, Carmen Gloria Quintana, quien reiteró la petición de derogar el secreto por 50 años impuesto al Informe Valech e insistió en la degradación de militares violadores de DD.HH. “Ella me comunicó que Punta Peuco se va a cerrar en septiembre y que también todas las medidas que yo le pedí, ella las va a hacer llegar como proyecto de ley al Congreso”, aseguró públicamente Quintana quince días después de la mediática cita. Pero hasta la fecha nada de eso se ha concretado y difícilmente suceda, considerando que en La Moneda reconocen que la distancia de las agrupaciones de DD.HH con Bachelet no es tema y que no está en la lista de las preocupaciones palaciegas. En reserva, algunas autoridades asumen que, a pesar del revuelo que ha adquirido nuevamente esta agenda por la cuestionada liturgia del perdón el viernes 23 en Punta Peuco, el ánimo gubernamental real es evitar entrar en este problema y tratar de mantenerse al margen lo más posible. En efecto, si bien la próxima semana se realizaría el comité político con los timoneles de la Nueva Mayoría, donde cada partido debería hacer llegar sus propuestas para la agenda de DD.HH y qué ruta adoptar en el debate sobre los beneficios carcelarios por razones humanitarias, el Gobierno no pretende liderar ni promover dicho debate sino que apuesta a que sean los partidos los encargados y que dicha discusión se canalice en el Congreso. Así lo dejó claro ayer el propio ministro del Interior, Mario Fernández, quien al ser consultado puntualmente sobre alguna iniciativa gubernamental en esta área, afirmó que “el Gobierno no ha variado su opinión en materia de derechos humanos: verdad, justicia, reparación, no a la impunidad y que se cumplan las normas jurídicas vigentes. Ahora bien, si desde los distintos sectores de la sociedad, las iglesias, los partidos políticos, surgen iniciativas, bueno, cuando se planteen debidamente en el Congreso, ahí el Gobierno dará su opinión”. En La Moneda hay quienes aseguran que Bachelet tiene muy claro lo que debe hacer en esta área, que tiene definido qué rumbo tomará y cuándo, pero que considera que este no es el momento. Por lo mismo, hay quienes apuestan a que en el diseño presidencial está como norte el último 11 de septiembre que encabece desde Palacio como la instancia precisa para hacer anuncios, entre los que no se descarta el cierre de Punta Peuco. Pero, mientras tanto, en el propio Ejecutivo diversas fuentes reconocen que hoy impera un ánimo de desilusión generalizado desde las agrupaciones de DD.HH con la Mandataria, que sienten –así lo han expresado en diversas reuniones con funcionarios de rango técnico en el Gobierno– que esta administración solo se ha quedado en las palabras, los discursos y los simbolismos, pero que, en la práctica, no ha hecho nada para avanzar realmente o garantizar lo que dice el ministro Fernández que es el compromiso gubernamental en materia de DD.HH: verdad, justicia, reparación y no a la impunidad. En agosto del 2015, Bachelet promulgó la ley que autoriza a erigir un monumento en memoria del ex ministro, abogado y defensor de los DD.HH, Jaime Castillo Velasco; cuatro meses después promulgó la Ley que creó la Subsecretaría de DD.HH y, este año, designó a Lorena Fries para esa cartera; se reunió una vez con los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH),
asistió a la inauguración del 158° período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de DD.HH e inauguró la exposición fotográfica “Sitios de Memoria”, muestra compuesta por imágenes que recuerdan el pasado traumático de Chile en lugares donde se trasgredieron los derechos humanos entre 1973 y 1990. En octubre, en la sede del Congreso Nacional en Santiago, Bachelet encabezó un acto de reconocimiento por el fallo de la Corte Interamericana que declaró responsable internacionalmente al Estado de Chile por la violación al derecho de protección judicial en el caso Maldonado Vargas y otros, como también por la excesiva demora en iniciar una investigación respecto a las torturas que sufrieron las víctimas de este caso. "El Estado de Chile se equivocó gravemente. Y hoy estamos aquí para reconocer esta responsabilidad y reparar a las víctimas (…) gracias a este fallo, otras víctimas de consejos de guerra podrán presentar recursos de revisión y restaurar su dignidad y honor militar (…) permitan que esta Presidenta, hija de un general FACH, reconozca lo que ustedes han logrado con una única palabra final: gracias", dijo la Mandataria esa mañana visiblemente emocionada y con la voz entrecortada. Las violaciones a los DD.HH en dictadura vuelven una y otra vez a la palestra y dos meses después nuevamente marcan la agenda pública. Así, ayer –durante una entrevista en Radio Sonar–, Bachelet precisó que “el arrepentimiento no basta, porque lo que las familias necesitan es saber la verdad, saber qué pasó, idealmente encontrar sus restos, poder darles un lugar de sepulcro". También reconoció que no tiene “una opinión definitiva” sobre la alternativa de conceder indultos humanitarios a los condenados en estos casos y, si bien no se amarró con una respuesta directa sobre el cierre de Punta Peuco, sí dijo que cuando tenga algo que contar lo anunciará y que consideraba “importante generar condiciones similares para todas las personas”. Sin embargo, a pesar de estas palabras y simbolismos, en el mundo de los Derechos Humanos hay gestos de La Moneda que han sido observados como una forma parca o indolente de llevar las relaciones con las agrupaciones. “Una vez hicieron una ceremonia sobre sitios de memoria en la Plaza de la Constitución y fue una ceremonia vacía; con Bachelet y sin las agrupaciones. Nadie se enteró. La muestra se instaló un viernes y el sábado ya había sido desmontada. No existe una interacción con nadie desde La Moneda”, señaló un dirigente. Erika Hennings, de Londres 38, cree que no ha habido verdadera participación por parte de las organizaciones porque no han sido convocadas. “Nos invitan a ceremonias cuando ya se concretaron, pero a dar opiniones, nunca”, puntualiza. El principal problema que tienen las agrupaciones de DD.HH es que sienten que están contra el tiempo, los autores de los crímenes envejecieron, se están muriendo y, con ello, la posibilidad de acceder a la verdad y en muchos casos a grados de justicia. Por lo mismo, la esencia de la decepción con Bachelet pasa por la convicción de que lo que no se logró hacer en este Gobierno, ya no va a suceder nunca y que, por lo mismo, solo han perdido el tiempo estos tres años. A ello se suma que durante el 2015 en algunas reuniones con la ex ministra Javiera Blanco se les aseguró a las agrupaciones que el cierre de Punta Peuco era algo concreto, que sería anunciado en el mes de septiembre, pero llegado el momento la Presidenta no tomó la decisión final y todo quedó en nada sin mayores explicaciones.
El 2015 ya hubo dos huelgas de hambre de ex presos políticos y, en septiembre de este año, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos le dejó una carta a Bachelet en La Moneda donde le exigían el cumplimiento de sus promesas. "Es hora de que su Gobierno cumpla con el programa de DD.HH. y asuma las demandas legítimas de los familiares de las víctimas que usted comprometió al país y responda a la sociedad en su conjunto con verdad, justicia y memoria", rezaba la misiva. Consultada por El Mostrador, la directora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ana María Carreño –quien perdió a su padre y a su hermano de 15 años– tiene un diagnóstico categórico: “No existe voluntad política. En todas las peticiones que hemos hecho como agrupaciones hemos pedido no impunidad, cierre de Punta Peuco, que los violadores a los Derechos Humanos vayan a una cárcel común, sin embargo, no ha sido posible”. Agrega que las esperanzas que tenían puestas en Bachelet pasaban mucho por el hecho de que se trataba de una “mujer, madre y víctima de torturas”. La abogada de DD.HH, Carmen Hertz –madre de Germán Berger, el ex director de la Secom en este Gobierno– sentenció que no se ha avanzado en casi nada de lo propuesto en el programa presidencial. “Se creó una Subsecretaría de DD.HH, pero en términos de lo que es avanzar en impulsar una agenda contra la impunidad, por la verdad, la justicia y la memoria, no ha ocurrido”. Agregó que esperaba una respuesta mucho más enérgica ante el despliegue del discurso del perdón que ha emanado de violadores a los DD.HH. Hertz la llama “campaña pro genocida”, en la que “el ministro de Justicia se sumó y pretende transformar a los victimarios en víctimas y acosar a las víctimas para saber por qué no perdonan”. Lo que viene Este 3 de enero entra en funciones plenas y totales la Subsecretaría de DD.HH, cuya principal tarea será la construcción de un Plan Nacional de Derechos Humanos que debe ser elaborado en conjunto con la sociedad civil. La ley establece que dicho plan durará cuatro años, debe establecer un diseño e implementación de las políticas públicas encaminadas “al respeto, promoción y protección de los DD.HH” y debe específicamente abordar “la promoción de la investigación, sanción y reparación de los crímenes de lesa humanidad y genocidios, y crímenes y delitos de guerra, en especial, según correspondiere, aquellos comprendidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”. Poco después de ser nombrada, Fries se reunió con las agrupaciones de DD.HH de toda índole, desde las minorías sexuales hasta las de víctimas de la dictadura, precisamente para delinear y explicar la forma conjunta en que se desarrollará el trabajo al alero del Plan Nacional. En dicha cita, la subsecretaria se comprometió a incluir las demandas de los familiares de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y todas las vinculadas a los horrores de la dictadura de Augusto Pinochet. Pero ese compromiso difícilmente descomprime la tensión instalada entre las agrupaciones y la Presidenta Bachelet, porque el Plan Nacional solo verá la luz recién a finales de 2017. Hay quienes en el Gobierno ven con preocupación que la molestia y decepción de los familiares de las víctimas se canalice más allá de simples cartas y que se transforme en una factura política mayor para la Mandataria.
PERITAJE POR DEMENCIA PODRÍA DEJAR LIBRE A DOS EX MIEMBROS DE LA DINA RECLUÍDOS EN PUNTA PEUCO EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/12/28/peritaje-por-demencia-podria-dejarlibre-a-dos-ex-miembros-de-la-dina-recluidos-en-punta-peuco/
Los ex miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), José Fritz Esparza (84) y Risiere del Prado Altez España (88), quienes cumplen condena en el penal Punta Peuco por violación a los derechos humanos (casos: Villa Grimaldi y la Operación Colombo) podrían salir en libertad en los próximos días. Esto, siempre y cuando, el Servicio Médico Legal (SML) determine que ambos padecen de demencia (alzhéimer, en el caso de Fritz), consigna hoy La Tercera. Según la publicación, la decisión ya estaría tomada por parte del ministro en visita que indaga las violaciones de DD.HH., Mario Carroza, quien sólo estaría a la espera de los peritajes de los especialistas del servicio. Una determinación que la habría tomado cuando visitó el recinto penitenciario el 28 de noviembre pasado a raíz de un informe elaborado por Gendarmería en que se daba cuenta que de los 116 internos, 60 estaban en buenas condiciones de salud, 48 regular y ocho están en malas condiciones.
“Con esta información pude detectar que ocho personas estaban en estado de bastante gravedad. (…) Me entrevisté con ellos, los vi dónde estaban. Seis están en una situación delicada de salud grave y hay dos más que están en precarias condiciones de tipo cognitivo. Respecto de éstos, hay una normativa que se puede aplicar y les solicité un informe al SML para que me dijeran si estaban dentro de lo que uno considera loco o demente en la judicatura. Una vez que tenga esos informes tengo que resolver cuál será el destino de estas personas, si se mantienen ahí o se le aplica lo que señala la ley”, señaló el magistrado. Carroza hace referencia al artículo 10 del Código Penal, que dice: "Quedarán exentos de responsabilidad penal el loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, y el que, por cualquier causa independiente de su voluntad, se halla privado totalmente de razón”.
TIRO POR LA CULATA: LAS INESPERADAS ESQUIRLAS QUE REPARTIÓ EL “PERDÓN” DE LOS PRESOS DE PUNTA PEUCO EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/12/27/347742/tiro-por-la-culata-las-inesperadas-esquirlasque-repartio-el-perdon-de-los-presos-de-punta-peuco/
El pasado viernes 23 de diciembre, no bien había terminado la ceremonia ecuménica de Punta Peuco en donde algunos de los presos habían pedido “perdón” por sus crímenes, cuando una contundente réplica ya estaba instalada: más que “arrepentimiento”, lo que se exige es información. Aunque se quiera dar a entender que el gesto de los criminales que cumplen condenas por violaciones a los derechos humanos en ese recinto es algo “genuino”, basta hacer un recuento de los hechos que le antecedieron para entender que forma parte de una estrategia comunicacional orquestada desde distintos ámbitos de la sociedad chilena, con el objeto de pavimentar el camino para otorgarles beneficios y finalmente impunidad.
A saber: desde un sector de la Iglesia Católica representado por el sacerdote Fernando Montes; desde el Poder Judicial en la voz del presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmestch; desde el gobierno a través de las declaraciones del ministro de Justicia Jaime Campos; desde la clase política con el apoyo de parlamentarios de distintas colectividades, desde el senador RN Baldo Prokurica hasta su colega DC en la Cámara Alta, Andrés Zaldívar; y desde la prensa con El Mercurio y otros medios de derecha empujando hacia una legitimación de la impunidad. Todos, como si fueran parte de un afinado coro, han conseguido instalar la idea de que los presos de Punta Peuco más viejos o con supuestos problemas de salud, tienen derecho a pasar los últimos días de sus condenas y de sus vidas en sus domicilios.
Ministro Jaime Campos. Foto: t13.cl El silencio de los que piden “perdón” En conversación con El Ciudadano, la abogada de derechos humanos Carmen Hertz sostuvo que lo que se ha hecho es manipular de forma “brutal” a la población, ya que “no existe obligación jurídica internacional que establezca que tenga que ser liberado un criminal de lesa humanidad que esté enfermo”. La obligación, agrega, “es darle un tratamiento digno, cosa que con los presos comunes de este país no existe, mientras que en Punta Peuco sí”. Junto con ello, Hertz explica que entre los requisitos que se deberían cumplir para acceder a beneficios está lo señalado por el Estatuto de Roma, en términos de que “se exige que estos tipos hayan cooperado con la acción de la justicia, cosa que tampoco se da en ninguno de los casos” y que exista un “arrepentimiento eficaz, que significa que hayan entregado antecedentes de la organización criminal a la que pertenecieron”. Es esa la posición que han debido volver a instalar abogados que se han dedicado a perseguir a criminales de la dictadura y que comparten también las organizaciones de derechos humanos. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, ha insistido frente a esta campaña por la impunidad que entre los militares condenados todavía persisten los pactos de silencio y que no ha habido colaboración efectiva con la verdad y la labor de la justicia. Esto, señaló
en conversación con El Ciudadano, “ha mantenido la incertidumbre en cientos de casos de detenidos desaparecidos y prolongado los procesos judiciales hasta hacer perder el sentido de oportunidad que debiese tener la aplicación de justicia”.
Respecto de la situación de las organizaciones de derechos humanos, cabe mencionar que esta petición de “perdón” por parte de los presos de Punta Peuco se ha traducido igualmente en una intención de invertir los roles en la relación obvia y natural que se ha construido entre victimarios y víctimas. Es decir, se ha querido hacer ver a estos últimos como sujetos carentes de piedad al negarse a acceder a un gesto humanitario como el del “perdón” hacia criminales enfermos y supuestamente arrepentidos de las aberraciones cometidas. Montes y Campos: alcanzados por las esquirlas Todo parte de una estrategia comunicacional que -sin embargo y en favor de la verdad- ha significado que comience a surgir información relativa a quienes han apoyado esta campaña por impunidad y que ha alcanzado a figuras públicas como el sacerdote Fernando Montes y el ministro de Justicia Jaime Campos.
Respecto del primero, se dio a conocer que el 28 de octubre de 2015 declaró como testigo en favor de Luis Ramírez Pineda, ex comandante del Regimiento Tacna durante el golpe de Estado, y quien fue condenado por ordenar el fusilamiento de dos escoltas de Salvador Allende, según consignó The Clinic. En cuanto a la autoridad de Justicia, el abogado Hugo Gutiérrez reveló que Ángel Campos Quiroga, hermano del ministro y quien falleció en mayo de 2001, estuvo involucrado en el asesinato de tres militantes del Partido Comunista y uno del MIR, y que, además, fue identificado por más de 30 víctimas como su torturador.
VIDEO | HUGO GUTIÉRREZ ASEGURA QUE SOLO UN INTERNO DE PUNTA PEUCO TIENE ENFERMEDAD TERMINAL EL DÍNAMO http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/12/27/video-hugo-gutierrez-desnuda-realidad-deinternos-de-punta-peuco-solo-uno-tiene-una-enfermedad-terminal/ Luego de la comentada ceremonia de perdón realizada por un grupo de violadores a los derechos humanos en Punta Peuco, el diputado PC Hugo Gutiérrez desnudó la realidad de los internos, quienes piden irse a sus hogares, aduciendo enfermedades y su avanzada edad. Sin embargo, el parlamentario comunista explicó que “yo me reuní con las autoridades de Gendarmería porque quería saber el problema de las personas con enfermedades terminales y la sorpresa para mí es que hay un solo caso, de un señor (René) Cardemil que está en Punta Peuco y tiene un cáncer prostático”. Gutiérrez dejó en claro que está de acuerdo en que reos con enfermedades terminales cumplan su condena en sus domicilios, pero aclaró que en caso de René Cardemil, “tiene que reunir ciertos requisitos”. “Uno escucha todo este debate que se nos obligó como ciudadanía a involucrarnos por una sola persona, me parece un exceso. El caso paradigmático es el mismo señor Cardemil, está condenado por seis homicidios a la pena de 10 años y un día (caso “Torres de San Borja”) ¿A quién condenan en Chile a 10 años por matar a seis personas? Entonces es comprensible que los familiares de esas personas ejecutadas no quieran que la enfermedad de Cardemil le sirva para irse para la casa”, argumentó. Junto con ello, el diputado Gutiérrez detalló que está favor que estos reos puedan irse a sus hogares, pero solo cuando su situación sea diagnosticada por el Servicio Médico Legal y ordenada por los tribunales.
COMUNIDAD DE MAPUCHES BALEADOS PRESENTARÁ QUERELLA POR EMBOSCADA POLICIAL
http://radio.uchile.cl/2016/12/27/comunidad-de-mapuches-baleados-presentaran-querellapor-emboscada-policial/
Los funcionarios policiales fueron formalizados por “violencia innecesaria en el ejercicio de sus funciones” por los disparos que propinaron a los comuneros mapuche Jorge Ariel Colil y Renato Ulises Lincopán, en Tirúa, región del Bío Bío. El Tribunal de Cañete decretó arresto domiciliario total para los dos carabineros e instruyó una investigación que se extenderá por dos años, a cargo de la Fiscalía Militar, para determinar los hechos ocurridos durante la madrugada de este lunes. Según se informó en la audiencia, cinco comuneros se transportaban en una camioneta cuando recibieron cerca de nueve disparos con una subametralladora y una pistola de 9 milímetros. Es decir, correspondía a munición de guerra y no balines. A raíz de esto, resultaron dos comuneros heridos con impactos de bala en sus brazos y glúteos siendo uno trasladado a Cañete y otro a Curanilahue donde se mantienen hospitalizados. El comunero que conducía el vehículo, Juan Ancaten Lincopan descartó que se tratara de un control en la ruta 70 que une Cañete con Tirúa, porque Fuerzas Especiales estaba detrás de un paradero esperando para emboscarlos, según relató. Agregó que se trasladaron hasta la localidad de Quidico a buscar un familiar y de regreso a la comunidad observaron que una patrulla salió a la ruta.
“Nunca nos pararon, nunca nos dijeron sobre un control. Nos dispararon y nos dijeron ¡bájense conchesumadre¡ y por instinto nos bajamos y yo me devolví a mi casa por un callejón”, relató. A su juicio, esta fue “una acción premeditada de Carabineros, un ataque cobarde y sin justificación, avalado por este Gobierno que nos quiere aniquilar como Pueblo”. Mientras, el vocero de la comunidad de Kralhue del sector de Tranaquepe, Genaro Antilao, afirmó que es indebido formalizar a los carabineros sólo por violencia si faltó poco para matar a uno de los comuneros. En ese sentido, dijo que se evidencia el resguardo de la justicia a la institución policial. El dirigente aclaró que en ningún momento hubo un enfrentamiento, por lo mismo anunció la presentación de una querella contra los dos carabineros responsables de estos hechos. Por otro lado, este martes se absolvió a los comuneros Hernán Paredes Puen y Jocelyn Yevilao Maril, quienes fueron imputados por distintos hechos ocurridos la comunidad María Colipi, en Tirúa. Hernán Paredes fue baleado con perdigones por Fuerzas Especiales por la espalda en marzo pasado, hecho que se reiteró con Brandon Hernández Huentecol la semana pasada, quien se encuentra internado en la Clínica Alemana de Temuco. Este miércoles, los miembros de la comunidad mapuche María Colipi se manifestarán ante el estado de excepción que a su juicio se mantiene en la zona por los constantes ataques de las policías a las comunidades de Coque, Antonio Paillao, Huentelolén y Pocuno.
FISCAL QUE INDAGA BALEO A COMUNEROS EN TIRÚA: “CARABINEROS INVOLUCRADOS NO LE CONTARON A NADIE LO QUE PASÓ” EL DÍNAMO http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/12/27/fiscal-que-indaga-baleo-a-comuneros-en-tiruacarabineros-involucrados-no-le-contaron-a-nadie-lo-que-paso/
El fiscal Alvaro Hermosilla, que indaga el baleo a dos comuneros mapuche por parte de dos funcionarios de Carabineros en Tirúa, dejó en claro que los involucrados intentaron por todos los medios esconder el hecho. Según sostuvo Hermosilla a Emol, el subteniente Carlos Felipe Sepúlveda Zapata y el cabo primero Leonel Alejandro Faúndez Candia, tras disparar contra una camioneta a la cual ordenaron detenerse, “regresaron a la unidad policial y no le contaron a nadie lo que pasó”. “Fue luego que Carabineros comenzó a investigar las circunstancias en las que habrían sido heridas a bala dos personas que llegaron al Consultorio, cuando los funcionarios policiales finalmente reconocen su participación”, agregando que justificaron su accionar señalando que repelieron un supuesto ataque. Sin embargo, el fiscal jefe de Talcahuano dejó en claro que “se pudo establecer, además, sobre la base de los daños del vehículo, que ambos carabineros dispararon más veces de lo que reportaron, porque ellos aseguran que fueron seis, pero el automóvil recibió ocho balas”. Así, los uniformados fueron acusados de actos de violencia innecesaria con lesiones graves, según la Justicia Militar, por lo que deberán cumplir arresto domiciliario total en la Cuarta Comisaría de Fuerzas Especiales de Los Álamos. Por su parte, las víctimas identificadas como Jorge Ariel Colil y Renato Ulises Lincopán se recuperan en el Hospital de Concepción tras recibir impactos de bala de pistolas 9 mm y subametralladoras
MURIÓ EL EX DICTADOR URUGUAYO GREGORIO ÁLVAREZ LA NACIÓN http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/uruguay/murio-el-ex-dictador-uruguayo-gregorioalvarez/2016-12-28/090021.html
El teniente general Gregorio Álvarez, presidente y dictador de Uruguay entre 1981 y 1985, falleció este miércoles en Montevideo a los 91 años, confirmaron a Efe fuentes oficiales.
Álvarez, que se encontraba condenado y en prisión como coautor de reiterados casos de homicidio ocurridos 1978, estaba hospitalizado desde hace varias semanas debido a graves problemas de salud. A mediados de 2015 sufrió un accidente cerebrovascular y en diciembre de 2016 un infarto de miocardio, debido al cual fue internado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas de Montevideo, donde falleció. Hijo y nieto de generales, el dictador fallecido ingresó en la Academia Militar Nacional en 1940, en la que se graduó como oficial del Regimiento de Caballería (1946-1959). Tras haber perdido gran parte del apoyo de las Fuerzas Armadas para continuar con el régimen dictatorial, accedió a negociar un cronograma electoral que finalizó con las elecciones legislativas y presidenciales de noviembre de 1984 que ganó Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado.