Prensa 28 noviembre

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TEMARIO: 1. EX JUEZ JUAN GUZMÁN: “DEBE HABER MÁS APERTURA DEL EJÉRCITO EN CASOS DE DD.HH.” 2. ÁLVARO CORBALÁN PROVOCA EL DEBATE: ¿SE DEBEN REVISAR LOS BENEFICIOS CARCELARIOS PARA LOS CONDENADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD? 3. SUPREMA CONFIRMA CONDENAS POR SECUESTROS EN “VENDA SEXY”: 10 AÑOS MÁS PARA KRASSNOFF E ITURRIAGA 4. MACHI PAOLA ESPERA QUE EL GOBIERNO SE PRONUNCIE POR EL PROYECTO PARQUE EÓLICO PILILÍN

5. CONDENAN A CADENA PERPETUA AL NEONAZI THOMAS MAIR POR EL ASESINATO DE LA DIPUTADA BRITÁNICA JO COX 6. EL CURIOSO SILENCIO DE LAS DIRIGENTAS DEL FEMINISMO CHILENO FRENTE A LOS DUROS ATAQUES DE LAGOS A BACHELET Opinión: Guillermo Arellano


EX JUEZ JUAN GUZMÁN: “DEBE HABER MÁS APERTURA DEL EJÉRCITO EN CASOS DE DD.HH.”

http://radio.uchile.cl/2016/11/25/ex-juez-juan-guzman-debe-haber-mas-apertura-del-ejercitoen-casos-de-dd-hh/

El ex magistrado conversó con Diario y Radio Universidad de Chile sobre su labor como investigador de las primeras causas de violaciones a los derechos humanos que involucraron al ex dictador, momento en el que, a su juicio, se comenzó a poner fin a la impunidad en Chile y muchos criminales de lesa humanidad fueron enjuiciados y encarcelados. El ex juez Juan Guzmán Tapia recibió el Premio Edelstam 2016. El jurado del galardón, otorgado por contribuciones importantes a favor de la defensa de los derechos humanos, destacó que el abogado “cada vez más conmovido por las entrevistas con las víctimas y la abrumadora evidencia contra Augusto Pinochet que él descubrió, convenció finalmente a la Corte Suprema de desaforar al ex dictador”. “Luego procesó a Pinochet por los cargos de secuestro y asesinato y llevó a cabo investigaciones a lo largo del país para encontrar restos de cerca de mil 200 prisioneros políticos que aún se encontraban desaparecidos”, agregaron desde la Fundación Harald Edelstam. Entre las motivaciones, también se argumentó que “a pesar de las amenazas a su persona, el juez Guzmán abrió un camino importante para la justicia en Chile que muchos jueces siguen hasta el día de hoy”.


Guzmán recibió el premio en la Casa de la Nobleza en Estocolmo, Suecia, el pasado 15 de noviembre. Luego de su regreso a Chile conversó con Radio Universidad de Chile. ¿Cómo recibe esta distinción internacional? Este premio lleva el nombre de un embajador sueco en Chile, muy emblemático. Tiene un jurado muy serio que está presidido por Caroline Edelstam, nieta de Harald y co-fundadora de la Fundación Edelstam. Lo agradezco y me honra profundamente. Hacen mención a situaciones reales, tiene que existir coraje, pero también se destaca la aplicación de la Ley de una manera más humanitaria y, si se puede decir, más progresista. Eran las virtudes del embajador Edelstam. ¿Quién era? Él estaba en Chile cuando se produjo el Golpe sacándolos del Estadio Nacional. Los protegió en la embajada y gracias a ello logró salvar a muchas personas lo que lo convirtió en héroe. En 1998 fue el primer juez asignado en Chile para resolver las acusaciones criminales formuladas en contra de Augusto Pinochet. Según ha reconocido, “fue una tarea enorme”. El mejor mérito de la justicia es que a través de ella se logra la verdad. Y con ella se alcanza la paz y reconciliación. En estos casos, se determinó qué fue lo ocurrió y que se repitió en todo el país. Sustracción de personas desde sus hogares y oficinas, llevados en camiones a determinados sitios clandestinos que eran utilizados para los interrogatorios y tortura. El modus operandi fue el mismo de norte a sur. Consistía en tomar a estas personas, que se consideraban opositores al gobierno, meterlos en calabozos, torturarlos y, en muchas ocasiones, esas personas perdían la vida. Y finalmente, hacerlos desaparecer. Me enmarqué en cuatro casos: Calle Conferencia, Caravana de la Muerte, Operación Cóndor y Colombo. Empecé con la Caravana de la Muerte porque tenía más material reunido. Esto fue una guía en cuanto al camino que debía recorrer y me ayudó mucho el libro “Los zarpazos del puma”. Después tenía que ver los oficiales que realizaron este viaje y que por ello resultaron muertas cerca de 80 personas. En este premio se destaca el “coraje”. ¿Por qué? La mayor parte de mis colegas encontró que era imposible el procesamiento de Pinochet. Cuando empiezan estos casos en 1998, la Corte Suprema estaba formada principalmente por ministros que fueron designados por Pinochet. Por otro lado, había sido el hombre más poderoso durante 17 años y aún tenía mucho poder porque era comandante en jefe del Ejército. Luego pasó a ser senador vitalicio, o sea, siempre estaba protegido con capas de inmunidad. Era muy difícil procesarlo porque había que empezar por una solicitud de desafuero, pero solicité primero el desafuero por la causa Calle Conferencia. Ni la Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema estuvieron por acceder a esta petición A medida que avanzaban las otras causas, solicité los desafueros correspondientes a la Corte de Apelaciones con éxito y esto permitió el procesamiento en varias causas como Caravana de la Muerte, Operación Cóndor y luego otro colega lo procesó en la Operación Colombo.


Además, la Fundación recuerda que “estableció que el secuestro de personas que posteriormente desaparecieron era un delito permanente que debía ser perseguido a pesar de las amnistías o la prescripción mientras se desconociera su destino”. Esa interpretación del secuestro, como delito permanente, permitió investigar las mil 200 causas que incluían causas de desaparecidos. Lo que hice fue aplicar a los hechos y la realidad, una doctrina que conocía. Por otra parte, existe la amnistía de 1978 que cubre solo hasta el 10 de marzo de ese año pero no cubre los hechos posteriores. La mayor parte de los secuestros tuvieron su comienzo de ejecución entre el Golpe y marzo de 1978, pero como no aparecieron seguía perpetrándose el crimen. Los imputados me solicitaron prescripción y no podía aplicarse. Y así, todas las excepciones que presentaron y que las fui desechando por razones similares. “La verdad sobre quiénes eran las víctimas” Caroline Edelstam destaca que “el procesamiento de Pinochet simultáneamente en España, Francia, Bélgica, Suiza e Italia es hasta hoy el mejor ejemplo de la cooperación internacional por la justicia”. ¿Qué rol tiene el derecho internacional ante estos crímenes? Desde luego hay que ser justos y mencionar la solicitud de extradición de Pinochet por parte del juez (español) Baltasar Garzón. Allí el mundo se dio cuenta por primera vez de la naturaleza de los crímenes. Esto se puso en relieve a nivel internacional, se conoció qué pasó con el Golpe, la cantidad de crímenes y cómo operó la represión. Durante este periodo yo estaba procesando a otros oficiales y se logró determinar que se trataba de los mismos crímenes. Luego se le da la libertad (2000) por el ministro de Interior británico, Jack Straw, sin perjuicio que estuvo más de un año y medio preso en Londres. Y continuaron procesándose otros agentes estatales y muy pocos civiles que estuvieron vinculados con estos crímenes. Gracias a estos procesos se conoció la verdad sobre quiénes eran las víctimas. No eran los terroristas o enemigos del Estado sino hombres y mujeres. Entre ellos, muchos jóvenes que tenían la ilusión de que en Chile hubiera más justicia y equidad, menos miseria o desigualdad. Eso es necesario mencionar porque se produjo una redención respecto de personas que estaban injustamente acusadas. ¿Cuál es su balance sobre la justicia en estos casos? Hay que ser justo. Terminó la impunidad cuando se inició el proceso en contra de Pinochet por la querella presentada por el abogado de Gladys Marín, Eduardo Contreras. Por este episodio no fue procesado, pero sí lo fueron otros agentes estatales. Poco a poco se fue expandiendo esta luz que implicaba el término de la impunidad. Al mismo tiempo, se expandió esta necesidad de conocer la verdad y llegar a la justicia en el extranjero como en Italia, Suiza, Bélgica, Francia, etc. ¿Qué pasa con el llamado “pacto de silencio” que tendría el Ejército? Debería existir más apertura desde el Ejército porque la mayor parte de los crímenes, que han sido descubiertos e individualizadas las víctimas y hechores, han comenzado con el arrepentimiento de


uno o más agentes que han dado a conocer donde estaban los cuerpos de las víctimas o quienes fueron los que organizaron ciertos operativos. Delito de tortura: “Es un primer gran paso de nuestra legislación” El pasado 11 de noviembre se promulgó la Ley que tipifica los delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Cuál es la importancia de esta nueva normativa? El hecho de que la tortura contra civiles sea juzgada en terreno civil o tribunales ordinarios es un gran avance. Esto implica que va a ser más difícil que se produzca la impunidad. Hoy se habla de tortura y no de “apremios ilegítimos” que era una manera bastante curiosa y suave de legislar. Lo mismo que las penas que eran de reclusión menor. Hoy se actúa conforme a los tratados internacionales sobre esta materia. Hoy hay requisitos: se trata de hechos aplicados por empleados públicos abusando de su cargo. O también empleados que permiten que se lleve efecto teniendo las facultades para impedir ese hecho. Es la terminología adecuada y las penas están acorde con la gravedad y lo espantoso de este delito. Este es un primer gran paso de nuestra legislación ante una penalidad ridícula que existía con los apremios ilegítimos. ¿Es necesaria una Nueva Constitución? Una Constitución que fue dictada en un gobierno dictatorial carece de legitimidad, entonces habría que hacer un plebiscito para lograr un cambio a la brevedad posible. Lo que se está realizando es permitir hablar a gente de buena voluntad y con ideas progresistas, pero sin ninguna capacidad de llevar a efecto este cambio tan importante que merecemos los chilenos.

ÁLVARO CORBALÁN PROVOCA EL DEBATE: ¿SE DEBEN REVISAR LOS BENEFICIOS CARCELARIOS PARA LOS CONDENADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD? CAMBIO 21 http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161125/pags/20161125172839.html La vuelta del condenado Corbalán al penal de Punta Peuco vuelve a tocar la discusión de si es prudente dar beneficios carcelarios a los condenados por crímenes contra los derechos humanos, como es el caso de quien fuera jefe de Operaciones de la CNI.


Álvaro Corbalán se encontraba cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad en el penal de Punta Peuco, pero el pasado 20 de noviembre de 2015 fue sorprendido por tercera vez con teléfonos celulares al interior del penal, por lo que fue llevado a la Cárcel de Alta Seguridad. Sin embargo se acaba de determinar que el condenado coronel (r) del Ejército y ex jefe Operativo de la CNI, debe regresar al penal de Punta Peuco, tras cumplir la pena que le fue impuesta. Situación que vuelve a traer la discusión de los beneficios carcelarios y de un trato diferenciado para el tipo de condenado. Resolución judicial "Cabe tener en cuenta que el recurrente, tras 60 días de producido su traslado, fue evaluado satisfactoriamente por el Consejo Técnico, cuyos integrantes adoptaron la decisión de forma unánime, razón por la cual no resultaba necesario mantener la medida. Sin embargo, el Director Regional Metropolitano (S) de Gendarmería de Chile, pese a que el período de observación fue superado satisfactoriamente por el actor dispuso que éste se mantuviera cumpliendo su condena en la misma sección, sin contar con un fundamento legal que le permitiera decidir en dicho sentido, por lo tanto su decisión resulta ilegal al carecer de sustento normativo y arbitraria toda vez que se contradice con lo señalado por el Consejo Técnico que en forma unánime acordó que el periodo de observación ha sido satisfactorio y que reúne las condiciones para ser trasladado de la Unidad Penal, lo que entonces hace improcedente mantener la medida respectiva de traslado, razón por la cual el recurso de protección debe ser acogido en los términos que se expresarán en lo resolutivo del fallo", sostiene la resolución que hace regresar al condenado a su prisión de origen. "Se revoca la sentencia apelada de trece de mayo último y en su lugar se declara que se acoge el recurso de protección debiendo el Director Regional Metropolitano de Gendarmería de Chile continuar con la sustanciación prevista en el artículo 28 del Decreto N° 518 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios respecto del recurrente Álvaro Corbalán Castilla", concluye el fallo.


Historia de un cambio Cuando el ministerio de Justicia se encontraba bajo la administración de Javiera Blanco, fue cuando se concluyó que Álvaro Corbalán Castilla sería trasladado desde Punta Peuco a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Esta determinación fue adoptada luego de que se encontrara por tercera vez un teléfono celular en su celda. Cuando la ministra Blanco supo de la situación afirmó que se trataba de "un argumento suficiente para ordenar su traslado". "La reiteración de estos hechos nos permite tomar la decisión, que tiene que ver con el agravamiento de las medidas de seguridad que rodean al interno Corbalán. Por lo tanto hemos tomado la decisión como Gobierno, que sea trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad". "La señal que queremos dar es que Punta Peuco no es un recinto extraordinario, es una cárcel más y los internos de dicha cárcel van a estar sometidos a los regímenes disciplinarios de cualquier interno del país y frente a faltas reiteradas y graves como es el caso del interno Corbalán Castilla, lo que corresponde es endurecer las medidas de vigilancia y disciplina", enfatizó la secretaria de estado. ¿Beneficio? Se debe recordar que la semana pasada uno de los condenados por el Caso Degollados recibió el beneficio carcelario de la libertad condicional. Situación que vuelve a poner en entredicho al poder judicial con las organizaciones y con los abogados de Derechos Humanos. Conversamos con Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, sobre la situación judicial que se vive en cuanto a temas de Derechos Humanos. "Como agrupación vemos una escalada que se ha profundizado con los comentarios hechos por la UDI, por el sacerdote Fernando Montes y por el abogado Héctor Salazar, donde se le da a los victimarios un carácter de víctimas y se habla de que las organizaciones son inhumanas. Finalmente, cuando el ministro Hugo Dolmestch hizo sus comentarios, la situación tuvo un clímax, hablando de la existencia de los Derechos Humanos de los victimarios, cuando las organizaciones de familiares jamás han sostenido lo contrario", explica Alicia. "Creemos que los delincuentes condenados sí tienen derechos a la dignidad, sin embargo creemos impresentable que se considere que estas personas tengan acceso a beneficios carcelarios aunque no hayan colaborado con la justicia. En nuestra legislación no existe la diferencia entre condenados comunes y condenados por delitos de lesa humanidad. Constantemente se ha ido restando relevancia a los condenados por casos de Derechos Humanos", afirma la presidenta de la AFEP. "Hoy vemos cómo un torturador y asesino, quien mató a tres profesionales, que los degolló y luego los arrojó a la calle, puede acceder a beneficios carcelarios. Alguien que jamás ha colaborado con la justicia y que no ha demostrado nunca arrepentimiento. Por su parte, Álvaro Corbalán, es alguien que refleja lo más siniestro en la historia de nuestro país. Un conspirador, un torturador y un asesino, alguien que se ha burlado de la justicia, hoy volvería a Punta Peuco. Nuestra exigencia es el cierre de este penal y el traslado de todos sus usuarios a la Cárcel de Alta Seguridad", finalizó Lira.


Para el abogado de Derechos Humanos Cristián Cruz la situación es bastante lamentable, pero no pueden ser comparados ambos casos entre sí. "El caso de Álvaro Corbalán es distinto, pues él se fue castigado por un tiempo a la Cárcel de Alta Seguridad, y si la Corte dictamina que Gendarmería debe concretar su regreso a Punta Peuco, es lo lógico que debería realizarse. Sin embargo, personalmente estoy en contra de la existencia del penal", asegura Cruz. "La permanencia en Punta Peuco es ya un beneficio, pero la situación actual dice que se debe realizar este regreso. Sin embargo, no queda ninguna seguridad de que Corbalán no siga cometiendo irregularidades al interior del penal de Punta Peuco. Se requiere un régimen penitenciario distinto en una cárcel de alta seguridad", explica el abogado. Al referirse a la liberación de Guillermo González Betancourt, el abogado indicó: "Es algo que no nos gusta, nos impresiona que los violadores de Derechos Humanos tengan durante muchos años toda una serie de facilidades, las que culminan hoy con los beneficios carcelarios para algunos. No hay una política real de Estado que busque perseguir según parámetros internacionales a los violadores de Derechos Humanos", finaliza. Por su parte, para el abogado Héctor Salazar la situación se rige según lo que dice la justicia. "Los juicios morales que se pudieran hacer tienen que ver con si algo ha sido bueno o malo, sin embargo, en nuestro sistema de ordenamiento no opera bajo sistemas morales sino que bajo la aplicación de la ley. Hay que separar ambos planos al momento de opinar sobre los distintos casos, aquí el tema es corresponder dictaminar en estos casos bajos determinaciones legales", explica el abogado Salazar. "Yo creo que hay jurisprudencia en este sentido desde el año pasado, siendo este el criterio. Cuando un condenado cumple con los requisitos se aplican los beneficios, siendo un criterio de carácter general sin hacer distinciones. Pero personalmente discrepo de hacer reproches morales frente a las condenas, cosa que también cabe cuando se habla de la lógica represiva", comenta. "Aquí sucede que es la sentencia lo que determina los beneficios posteriores, pero la igualdad ante la ley es un elemento que no se puede olvidar. Lo que piden algunas organizaciones de familiares de revisar las condenas es algo que creo que no se debe realizar, pues detrás de estas quejas hay principalmente factores sentimentales de parte de las víctimas, cosa absolutamente entendible, pero en cuanto a establecer la verdad y aplicar justicia, los tribunales han operado y tenemos que adecuarnos a esos dictámenes", concluyó el abogado. SUPREMA CONFIRMA CONDENAS POR SECUESTROS EN “VENDA SEXY”: 10 AÑOS MÁS PARA KRASSNOFF E ITURRIAGA EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/11/28/341237/suprema-confirma-condenas-por-secuestrosen-venda-sexy-10-anos-mas-para-krassnoff-e-iturriaga/ La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a cuatro agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de


Francisco Rosas Contador y Renato Sepúlveda Guajardo, ilícitos perpetrados en diciembre de 1974, en la Región Metropolitana.

Miguel Krassnoff En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la pena única de 15 años y un día de presidio que deberá purgar Pedro Espinoza Bravo, en calidad de autor de ambos delitos; de 10 años y un día para Rolf Wenderoth Pozo y Miguel Krassnoff Martchenko, como autores del delito de secuestro calificado de Sepúlveda Guajardo, y de 10 años y un día para Raúl Iturriaga Neumann, por el secuestro calificado de Rosas Contador. En la etapa de investigación, el ministro en visita Leopoldo Llanos logró establecer que Renato Sepúlveda (21 años), estudiante de medicina de la Universidad de Chile, militante del MIR, fue detenido el 12 de diciembre de 1974 en la sede norte de la Facultad de Medicina de la referida Universidad, mientras se encontraba en clases. Fue trasladado al recinto conocido como “Venda Sexy” y luego a “Villa Grimaldi”. Asimismo, Francisco Rozas (22 años), fotógrafo, militante del MIR, es detenido el 20 de diciembre de 1974 desde su domicilio en calle Compañía por agentes de la DINA, siendo también trasladado hasta el cuartel “Venda Sexy. “Las consecuencias de estas detenciones es que las personas antes mencionadas se encuentran en calidad de desaparecidas, toda vez que, privadas de libertad, no han tomado contacto con sus familiares; tampoco han realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado, ni organismos privados, ni registran entradas o salidas del país, sin constar, tampoco, su defunción”, señala el fallo.


MACHI PAOLA ESPERA QUE EL GOBIERNO SE PRONUNCIE POR EL PROYECTO PARQUE EÓLICO PILILÍN CAMBIO 21 http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161127/pags/20161127141924.html

Machi Paola espera que el Gobierno y la presidenta Bachelet se pronuncie respecto a la posición que tienen por el Proyecto Parque Eólico Pililín. Recordemos que para la inauguración del FIC Valdivia, la representante de la comunidad Calfuñen fue detenida junto a otras personas por realizar una manifestación en las afueras de la Universidad Austral de Chile por la visita de la presidenta Bachelet a Valdivia. En esa oportunidad, las comunidades mapuches entregaron una carta a la mandataria para manifestar su rechazo al proyecto Parque Eólico Pililín. Si bien, desde el Gobierno no se ha tenido un pronunciamiento oficial, Paola Aroca Cayunao, más conocida como Machi Paola , espera conocer a la brevedad alguna opinión de la mandataria. Por su parte, el vocero del Movimiento Ciudadano Bosque Antiguo Valdiviano, Patrick Reolón, agregó que el intendente hizo llegar observaciones porque la presidenta, indirectamente, delegó al intendente la respuesta de la carta y él reenvió las observaciones que hizo el Gobierno regional. Desde el movimiento del Bosque Antiguo Valdiviano señalaron que la empresa Acciona se ha instalado con algunos científicos en la zona para mejorar el proyecto, pero confían en que este no se pueda ejecutar.


CONDENAN A CADENA PERPETUA AL NEONAZI THOMAS MAIR POR EL ASESINATO DE LA DIPUTADA BRITÁNICA JO COX RT https://actualidad.rt.com/actualidad/224307-declarar-culpable-nacionalista-thomas-mairasesinato-jo-cox

El ultraderechista Thomas Mair ha sido declarado culpable del brutal asesinato de la parlamentaria británica Jo Cox. Un tribunal le ha condenado a pasar el resto de sus días entre rejas, según informa 'The Guardian'. Jo Cox, diputada del Partido Laborista, murió a los 41 años en la ambulancia que la trasladaba tras ser disparada con arma de fuego y acuchillada 15 veces en junio de este año. Thomas Mair fue detenido en las inmediaciones del lugar del crimen, que tuvo lugar en la ciudad de Batley, la circunscripción electoral de la fallecida. El juicio duró siete días. En él se consideró probado que el acusado había lanzado gritos de carácter nacionalista como "Britain first!" ("¡Gran Bretaña primero!"), mientras asaltaba a Cox. El ataque se produjo en plena campaña del referéndum en el que se decidía sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.


Durante la investigación, la policía halló en la casa de Mair, de 53 años, un escondite con diversos materiales neonazis y un dossier sobre su víctima, que abogaba por que el país permaneciera en la UE. El asesino también fue declarado culpable de posesión de armas de fuego y de infligir lesiones a un anciano de 77 años al que también apuñaló cuando trataba de ayudar a la diputada. Mair, quien ni rechazó ni aceptó su culpa, se negó a citar testigos ni a ejercer ningún tipo de defensa.

EL CURIOSO SILENCIO DE LAS DIRIGENTAS DEL FEMINISMO CHILENO FRENTE A LOS DUROS ATAQUES DE LAGOS A BACHELET CAMBIO 21 http://www.cambio21.cl/cambio21/site/artic/20161125/pags/20161125165409.html Opinión: Guillermo Arellano El pasado viernes 25 de noviembre se celebró el “Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer” y, cosa curiosa, ninguna organización defensora de los derechos femeninos, ONG o lo que fuese, alzó la voz ante tan feroces ataques que recibió Bachelet de parte de Lagos Escobar.

Sin pudor y con total dureza, el ex presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, achacó la puesta en marcha del Transantiago y la aplicación del Crédito del Aval del Estado (CAE) al primer gobierno de Michelle Bachelet y defenestró las reformas estructurales (tributaria y educacional) que intenta implementar la segunda administración bacheletista. Más allá de entender que Lagos busca separarse de una gestión que en los números no goza de una buena evaluación ciudadana, lo que también han hecho con sus críticas los demás precandidatos de la Nueva Mayoría José Miguel Insulza y Alejandro Guillier y en su momento la Democracia Cristiana, el radicalismo y el PC, el trasfondo de sus palabras denota un fuerte machismo que limita con la violencia de género. Aunque hay que señalar que al día siguiente el ex presidente bajó el tono tras una reunión con la vocera de La Moneda Paula Narváez.


Tal cual. Después del "caso Caval" que involucra a su hijo Sebastián Dávalos y a su nuera Natalia Compagnon, la Mandataria nunca más fue la misma. Aparte de caer la adhesión a su gestión, la gente castigó sus habilidades blandas (confianza y credibilidad), situación que se tradujo en un "bullying" que la llevó a un mínimo histórico en las encuestas. Paralelamente, los partidos del bloque oficialista no han parado de cuestionar su manejo y su "carta de navegación", al punto de congelar relaciones por no modificar el famoso comité político de ministros y de que un senador y carta presidencial trató de enfermo de Alzheimer a su jefe de gabinete... pero con respeto y humor. De verdad, no hacía falta que, además, Lagos le pegara en el piso y le enrostrara el Transantiago y el CAE, ítems que por lo demás fueron germinados en su gobierno, no en los que vinieron después, lo que habla peor del otrora "Capitán Planeta" y "hombre del dedo acusador". Como telón de fondo, el pasado viernes 25 de noviembre se celebró el "Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer" y, cosa curiosa, ninguna organización defensora de los derechos femeninos, ONG o lo que fuese alzó la voz ante tan feroces ataques que recibió Bachelet de parte de Lagos Escobar. ¿Qué pasó? ¿Cómo el agresor proviene de un símbolo de la izquierda no es un acto de machismo o de violencia psicológica en contra de la mujer? ¿Estas mismas consultoras, observatorios, centros de estudios y ‘think tanks' tendrán un trato privilegiado de parte de un hipotético segundo gobierno de Lagos, lo que explicaría su silencio? Es evidente que si los dardos hubieran salido de la boca de Sebastián Piñera o de cualquier otro actor político conservador los cuestionamientos hubieran aparecido por montones en la prensa. Pero no, como provienen del progresismo lo mejor es callar y dejar todo como que se tratase del sano debate democrático que se da en el inicio de la campaña electoral de 2017. Esto se llama doble estándar, tumor canceroso que padece Chile desde siempre y que alguna vez tendrá que ser extirpado. Ya que tanto se habla del cambio cultural que debe experimentar Chile en cuanto a terminar con prácticas machistas, femicidios, acoso sexual callejero y demases, llegó la hora de que las mismas impulsoras de esta discusión se atrevan a denunciar a todos por igual sin mirar ideología, persona o pseudo favoritismo electoral. De lo contrario, todo se transformará en letra muerta y en texto programático sin fondo. Aún queda tiempo para enmendar el error. No dejen pasar esta oportunidad. Háganlo por la mujer chilena y, claro, por ustedes.


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