1. MINISTRA JAVIERA BLANCO SERÁ INTERPELADA ESTE MARTES EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS 2. DIPUTADO SAFFIRIO EMPLAZA A BLANCO A DECIR LA VERDAD POR MUERTOS DEL SENAME EN ANTESALA DE INTERPELACIÓN A LA MINISTRA 3. ESCÁNDALO JUDICIAL: FISCAL RECONOCE QUE NO TIENE PRUEBAS CONTRA COMUNEROS EN CASO LUCHSINGER MACKAY 4. MONTAJE POLICIAL: FISCAL CHIFFELLE PRESENTARÍA PRUEBA CLAVE QUE NEGÓ TENER 5. ABOGADA DEFENSORA KARINA RIQUELME HABLA SOBRE ESTADO DE CRIMINALIZACIÓN A CAUSAS MAPUCHE 6. CORTE DE APELACIONES RATIFICA CONDENAS A EX AGENTES DE LA DINA POR TORTURAS A MUJERES 7. SENAME NO RESPETA LOS DERECHOS DEL NIÑO 8. INDH: CUOTEO POLÍTICO TRABA ARRANQUE DE NUEVA ETAPA 9. "MURIÓ CON EL FETO ADENTRO PORQUE LEY CONTRA EL ABORTO NO NOS PERMITIÓ DARLE TRATAMIENTO CONTRA SU CÁNCER" 10. MÉXICO: ONG DENUNCIA QUE JUEZ IMPIDE ABORTAR A NIÑA ABUSADA 11. CÓMO ALEMANIA RESUELVE LA MASIVA LLEGADA DE INMIGRANTES DESDE MEDIO ORIENTE 12. MUSULMANES ACUDIERON EN MASA A IGLESIAS CATÓLICAS EN FRANCIA EN RECHAZO A ASESINATO DE CURA 13. EL GOLPE FINAL AL PLURALISMO (NICARAGUA) 14. BONUS TRACK
MINISTRA JAVIERA BLANCO SERÁ INTERPELADA ESTE MARTES EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/08/01/ministra-javiera-blanco-sera-interpeladaeste-martes-en-la-camara-de-diputados/
En sesión especial a celebrarse entre las 16:30 y las 19:30 horas, la Sala de la Cámara de Diputados desarrollará la interpelación a la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Javiera Blanco, conforme a las normas establecidas en la Constitución Política y el Reglamento de la Corporación. La interpelación, solicitada por legisladores de RN y la UDI y aprobada el pasado 20 de julio por 42 votos a favor, 29 en contra y 10 abstenciones, es una de las herramientas de fiscalización exclusivas de la Cámara de Diputados, que consiste en la facultad de la Corporación de citar a un ministro de Estado para formularle preguntas en relación con materias vinculadas al ejercicio de su cargo, hasta tres veces dentro de un año, y con la obligación del miembro del gabinete presidencial de asistir.
La diputada Marcela Sabat (RN) será la encargada de formular las preguntas a la Ministra Blanco sobre la base de un cuestionario temático ya público, que aborda materias relacionadas con los organismos dependientes del Ministerio de Justicia: Sename, Gendarmería, Registro Civil y Corporación de Asistencia Judicial. Según lo define el procedimiento, el diputado/a designado/a para interrogar a la autoridad formulará las preguntas de una en una, pudiendo referirse a los antecedentes que justifican su formulación en un término de hasta dos minutos por cada una de ellas. A su vez, el/la Secretario/a de Estado deberá responder las preguntas una a una, inmediatamente después de formuladas, en forma sucesiva y durante un lapso no superior a tres minutos por cada una. El/la diputado/a tendrá derecho a pedir de inmediato aclaraciones sobre la respuesta, por un tiempo no mayor a un minuto, a lo que el interrogado deberá responder por un término no superior a dos minutos. Con todo, si quien formula las preguntas no queda conforme con la aclaración, dispondrá de treinta segundos para solicitar una nueva aclaración. El mismo tiempo se tendrá para responder. Concluidas todas las preguntas y aclaraciones y entregadas por la autoridad las respuestas a las interrogantes planteadas, los jefes de las distintas bancadas, o aquellos a quienes estos designen, dispondrán de hasta cinco minutos, cada uno, para hacer precisiones sobre la materia de la convocatoria o para pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo o petición de antecedentes que eventualmente se presenten. La bancada a la que pertenezca el/la diputado/a nominado/a para formular las interrogantes será la última en formular sus precisiones. Por su parte, el/a Ministro/a dispondrá de un total de cinco minutos para hacer sus comentarios. DIPUTADO SAFFIRIO EMPLAZA A BLANCO A DECIR LA VERDAD POR MUERTOS DEL SENAME EN ANTESALA DE INTERPELACIÓN A LA MINISTRA EL MOSTRADOR La tarde de este lunes, en su exposición en la Comisión Investigadora "Sename II", de la Cámara de Diputados, hizo vista gorda a la interpelación realizada por el diputado René Saffirio (ex DC), respecto a las cifras de menores dependientes del Sename fallecidos en la última década. "Hoy no tenemos la posibilidad de ser rigurosos en entregar una cifra de fallecidos", señaló la ministra, quien es acompañada de la nueva directora del servicio, la ex fiscal, Solange Huerta. Según la jefa de la cartera de Justicia, en los últimos 37 años nunca se había desarrollado esa estadística. "Nunca se trabajó en una cifra de muertos en el Sename, entonces nosotros nos haremos cargo de 37 años en que no se trabajó en esta materia. Estamos trabajando para tener esa cifra. Las cifras del año 2010 no son correctas y se lo digo con todas sus letras, esto porque hay mucha información de privados". Cabe recordar que hace un par de semanas, el diputad René Saffirio señaló que, de acuerdo a una investigación realizada por su equipo parlamentario, serían 477 los menores fallecidos bajo la tutela
del Servicio Nacional de Menores (Sename) y no 185, como expuso la ministra Javiera Blanco, el 11 de julio pasado en la misma comisión. En dicha ocasión, el parlamentario aseguró que los datos entregados por la ministra Blanco dejan fuera a 292 jóvenes fallecidos que estaban bajo el sistema de "Responsabilidad Penal Juvenil" en todo el país, cifra que habría sido recogida por el equipo del parlamentario sobre la base de los anuarios de Sename y, según el informe de la Unicef del año 2010, esto debido a que "no se pudo encontrar información oficial respecto a los fallecimientos entre el año 2005 y 2010". Ante la nueva exposición de la ministra, Saffirio le interpeló a "decir la verdad". Por su parte, Javiera Blanco hizo un llamado a "ser parte de la solución y no del problema", porque es un tema "muy sensible".
ESCÁNDALO JUDICIAL: FISCAL RECONOCE QUE NO TIENE PRUEBAS CONTRA COMUNEROS EN CASO LUCHSINGER MACKAY http://linkis.com/www.mapuexpress.org/rip6L Este miércoles 27 de julio se realizó una nueva audiencia en el caso Luchsinger Mackay y los once imputados se pusieron de pie e increparon al fiscal Alberto Chiffelle emplazándolo a que dé a conocer las pruebas que tiene para incriminarlos y mantenerlos encarcelados bajo prisión preventiva por cuatro meses, acusándolo de mentiroso y racista. Luego del desalojo de la sala ordenada por la jueza, la defensa de los comuneros, solicitó a Fiscalía que dé a conocer la prueba que ha sido solicitada todos estos meses, referida a un reporte de relocalización de antena de telefonía móvil y que supuestamente involucraba llamados telefónicos entre los imputados, incluyendo a la Machi Francisca Linconao. Finalmente Alberto Chiffelle reconoció no poseerla. Cabe consignar que dos han sido las razones por las cuales el fiscal desplegó un amplio y publicitado operativo contra los comuneros el 30 de marzo de este año: El testimonio de un supuesto testigo que es un co imputado, quien se retractó inmediatamente y acusó presiones indebidas de Fiscalía y la Policía de Investigaciones; y, por su parte, una geolocalización, es decir un reporte sobre antena de telefonía por comunicaciones telefónicas que implicaba a los imputados y que involucraba a cuatro de ellos en la madrugada del 4 de enero del 2013 en el domicilio de la Machi Linconao desde la dirección que "otorga" una antena desde la telefonía de Movistar, prueba por la cual se ha mantenido la prisión preventiva durante estos cuatro meses. Los abogados defensores han solicitado en reiteradas ocasiones que les entregaran esa información base, que es un CD que entregó la empresa Movistar que determina la ubicación exacta de la antena y que le permitiría a la defensa hacer los respectivos peritajes y verificar la información. En la última audiencia Chiffelle había señalado que pondría a disposición el CD y que lo entregaría en tribunales, sin embargo, la prueba, se trataba de otra antena y a la espera de su presentación formal este miércoles 27 de julio, finalmente no se tiene. Cabe consignar que la defensa de las partes, tanto pública y privada, ha realizado indagaciones paralelas a pesar de no contar con la prueba base; y números telefónicos que se han involucrado, no corresponden a imputados del caso. En el caso del comunero Luis Tralcal, quien se encontraba en Temuco al momento de la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, se ha señalado que el Fiscal le esconde la prueba que lo exculpa y que se relaciona a la inscripción del lugar hospedaje donde pernoctó aquella noche, saltándose las páginas de registro. Cabe consignar que abogados defensores del Centro de Investigación y Defensa CID SUR, encabezados por Karina Riquelme y Sebastián Saavedra, habían solicitado recientemente que el Fiscal Chiffelle se inhabilite del caso Luchsinger Mackay, luego de las denuncias del ex Fiscal de Collipulli, José Ricardo Traipe, quien denunciara al persecutor en su calidad de Fiscal Regional Subrogante por discriminación e indebidas presiones para inculpar a comuneros Mapuche.
La abogada Karina Riquelme ha insistido en reiteradas ocasiones que en el marco de los diversos actos de criminalización a personas Mapuche en el marco de conflictos territoriales, existen reiteradas faltas al debido proceso y una mala utilización del Derecho Penal. Por su parte, el Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, hizo hace algunas semanas en Temuco un llamado al diálogo, señalando además que a su parecer, había muchos casos de una judicialización innecesaria en causas contra personas Mapuche. Diversas representaciones de comunidades y organizaciones de derechos humanos han señalado que el Fiscal Chifelle, ha actuado bajo absoluta impunidad y descontrol en la Región de la Araucanía en innumerables causas arbitrarias contra comuneros, manteniendo por largos tiempos en prisión preventiva a imputados, entorpeciendo labores de las defensas sin entregar las pruebas a tiempo y de acciones que han sido consideradas viciadas e irregulares en su proceder como operador de la justicia. En dos oportunidades desde tribunales, por determinación de dos jueces de la república, se han establecido razones humanitarias a favor de la Machi Francisca Linconao, cambiándose la medida cautelar de prisión carcelaria a arresto domiciliario, lo que ha sido desestimado y revertido por una sala de la Corte de Apelaciones de Temuco ante insistentes apelaciones por parte del Fiscal Chifelle por considerarla "un peligro para la sociedad" en medio de un deteriorado estado de salud de la autoridad tradicional del Pueblo Mapuche. Cabe consignar que Alberto Chiffelle reconoció a inicios de mayo del 2016 que participó en cursos de instrucciones por parte del FBI y la DEA aprendiendo "diversas técnicas" de "entrevista o interrogatorio". La información fue entregada un mes después de los testimonios de un co imputado y que en una misma audiencia denunció presiones de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones para dar falso testimonio. El llamado caso Luchsinger-Mackay está relacionado a la muerte por incendio intencional de la casa del matrimonio conformado por el empresario Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, llevado cabo la noche del 4 de enero del 2013 y que se ha relacionado a "móviles mapuche" y que arrojó la condena del Machi Celestino Córdova a 18 años de cárcel a fines de febrero del 2014. MONTAJE POLICIAL: FISCAL CHIFFELLE PRESENTARÍA PRUEBA CLAVE QUE NEGÓ TENER EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/08/01/311802/montaje-policial-fiscal-chiffelle-presentariaprueba-clave-que-nego-tener/ Después de la última sesión del Caso Luchsinger Mackay, en donde la defensa de los 11 imputados exigieron que el fiscal Alberto Chiffelle muestre todas las pruebas que dice tener para incriminarlos y mantenerlos por más de cuatro meses bajo prisión preventiva. La defensa de los comuneros solicitó a Fiscalía dar a conocer la prueba a propósito de las llamadas telefónicas que involucraría en el incendio a la machi Francisca Linconao y los demás imputados. Tras el requerimiento, el fiscal en juicio reconoció no poseer, ni haber poseído dicha prueba.
La abogada defensora Karina Riquelme, conversó con El Ciudadano y declaró que el Ministerio Público dejó algo en Fiscalía pero que aún nadie lo ha podido revisar, puesto que la notificación le llegó luego de las 20:00 horas -cuando ya estaba cerrado el recinto-. Además, señaló que independiente si les entregan la prueba o no, “la audiencia en donde harán la revisión de la cautelar para todos los prisioneros está fijada para el viernes, sin cambios”.
Las dos razones más poderosas que tenía el organismo de Estado para hacer efectivas las medidas de cautela eran la declaración de José Peralino -quien luego se desdijo acusando presiones indebidas por parte de la PDI y Fiscalía- y una supuesta geolocalización, es decir, un reporte por comunicaciones telefónicas que involucra a cuatro de los imputados la mañana del 4 de enero del 2013, desde el domicilio de la machi Linconao, la cual se respaldaba en un supuesto CD entregado por la empresa Movistar, el cual determinaba la ubicación exacta de la antena. Otra extraña situación es la del imputado Luis Tralcal, quien la noche del incendio durmió en un motel de Temuco, quedando registrado en la recepción. Sin embargo, a pesar de tener esa prueba, el comunero continúa en prisión preventiva ya que desde Fiscalía señalaron que “faltan unas hojas en el libro de visitas del hospedaje”. Cabe consignar que abogados defensores del Centro de Investigación y Defensa CID SUR, encabezados por Karina Riquelme y Sebastián Saavedra, habían solicitado recientemente que el Fiscal Chiffelle, conocido judicialmente por establecer medidas de presión para criminalizar al pueblo mapuche, se inhabilite del caso Luchsinger Mackay, luego de las denuncias del ex Fiscal de Collipulli, José Ricardo Traipe, quien declaró que en su calidad de Fiscal Regional Subrogante, Chiffelle cometió varios actos de discriminación e indebidas presiones para inculpar a comuneros Mapuche.
ABOGADA DEFENSORA KARINA RIQUELME HABLA SOBRE ESTADO DE CRIMINALIZACIÓN A CAUSAS MAPUCHE EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/07/27/310117/00abogada-defensora-karina-riquelme-hablasobre-estado-de-criminalizacion-a-causas-mapuche/ Karina Riquelme, la abogada defensora parte del Centro de Investigación y Defensa (CID SUR) fue entrevistada por el medio Mapuexpress, quienes señalan que Riquelme ha asumido diferentes causas de personas del Pueblo Mapuche, en su gran mayoría dirigentes sociales, aquellos que durante el marco de conflictos territoriales enfrentan situaciones de judicialización y persecución por parte del Ministerio Público, gobierno y entidades privadas. De la misma forma, es defensora de una de las partes acusada en el denominado caso “Luchsinger MacKay”, el que a cuatro meses de haberse iniciado una nueva ofensiva de criminalización contra once personas, aún la defensa no cuenta con las pruebas de Fiscalía para incriminarlos y poder así asumir debidamente la defensa de los imputados. Al respecto, este miércoles 27 de julio se realizará una audiencia clave que es explicada por la abogada. Riquelme hace un repaso sobre diversos hechos de criminalización y hace referencia a las faltas al debido proceso y la mala utilización del Derecho Penal en causas contra personas Mapuche. También, sobre las inconsecuencias en los actos penales por parte de organismos del estado; hechos de montaje, y comenta sobre las denuncias de racismo y persecución política que diversos sectores de organizaciones Mapuche y de Derechos Humanos hacen al actuar de ciertos Fiscales y Ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco, contraviniendo el llamado al diálogo que hizo hace algunas semanas el Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, quien además indicó que había en muchos casos una judicialización innecesaria, lo que da más sentido en el presente ante las denuncias del ex Fiscal Ricardo Traipe quien dio a conocer persecuciones indebidas y discriminación por parte del Fiscal Alberto Chiffelle, principal persecutor en la criminalización a causas Mapuche. La abogada defensora Karina Riquelme, comenta asimismo la situación particular por la que atraviesa la Machi Francisca Linconao, donde nuevamente una sala de la Corte de Apelaciones revierte una acogida por razones humanitarias, de cambiar la medida cautelar de arresto carcelario por domiciliario, sin embargo, el tribunal de alzada, nuevamente la envía a la cárcel de mujeres en Temuco, lo que ha sido considerado un abuso y desproporción.
CORTE DE APELACIONES RATIFICA CONDENAS A EX AGENTES DE LA DINA POR TORTURAS A MUJERES EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/08/01/311799/corte-de-apelaciones-ratifica-condenas-a-exagentes-de-la-dina-por-torturas-a-mujeres/ El ex brigadier del ejército Miguel Krassnoff Martchenko, junto con los agentes Francisco Ferrer Lima y Basclay Zapata Reyes fueron condenados este lunes por la Corte de Apelaciones de Santiago por las torturas que sufrieron seis mujeres en el recinto de detención de José Domingo Cañas.
Miguel Krassnoff
Los tribunales ratificaron las condenas contra los tres ex agentes de la DINA. El primero recibió una pena de 7 años de presidio como autor del delito de aplicación de tormentos y para los otros dos dictaron una pena de 5 años y un día. Las víctimas son Gloria Laso Lezaeta, Viviana Uribe Tamblay, Mónica Uribe Tamblay, María Virginia Hernández Croquevielle, Amanda de Negri Quintana y María Reyes Noriega, quienes estuvieron
detenidas en el centro clandestino durante 1974 y en distintos periodos fueron sometidas a tormentos. “[En la casa] se mantenía gran cantidad de detenidos a los que se interrogaba y torturaba ininterrumpidamente; estaban vendados, amarrados o encadenados, privados de alimentos de agua y sueño. Se practicaban interrogatorios a los detenidos, los que consistían en aplicación de electricidad en diferentes partes del cuerpo, con la técnica de ‘la parrilla’, entre otros”, señala el fallo. Junto a la resolución en lo penal, el tribunal ratificó la sentencia de una indemnización por $50 millones a cada una de las víctimas, que deberá pagar el Estado de Chile.
SENAME NO RESPETA LOS DERECHOS DEL NIÑO RADIO COOPERATIVA OPINIÓN: Diego Ancalao
La Convención de los Derechos del Niño fue suscrita por el Estado de Chile el año 1990, asumiendo el Estado la tarea directa de asegurar y promover el respeto por la infancia. La Convención establece 4 principios básicos: la no discriminación; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; el interés superior del niño y el respeto a la opinión de éstos. El problema es que pasada varias décadas podemos evaluar que las políticas promovidas por el Estado, han acrecentado la deuda con la infancia pobre y vulnerable, situación que se hace visible con las centenas de muertes denunciadas y los trabajos forzados que cuando niños sufrimos. El conocimiento empírico de haber vivido esa deuda con la infancia pobre y vulnerable del Sename, obliga a pedir que se salde de una vez por todas. Lo que impacta a la ciudadanía, es el descuido de la clase política y de los gobiernos en su conjunto, puesto que acá existe una dificultad estructural, el Sename como servicio no está cumpliendo hace varios años con la misión que fundamenta su propia existencia. Esto es, “contribuir a la promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados/as, así como a la responsabilización y reinserción social de los adolescentes
infractores/as de ley, a través de programas ejecutados directamente o por organismos colaboradores del servicio”. ¿Será que el sistema de subvención ha convertido a los hogares de niños y niñas en lucrativas “empresas”? Ese es el problema brutal del neoliberalismo, todo es mercancía y stock posible de ser transado en el mercado, perdiendo la humanidad hasta llegar a la muerte. A propósito de muertes, las torturas modernas y la naturalización del maltrato, impacta que no se maneje ni siquiera la cifra exacta de niños muertos, ¿acaso los infractores que quedaron fuera de la cifra oficial, no son también niños vulnerados? Ahora, lo del Sename si bien es lo más polémico, urge revisar las diversas vulneraciones que se dan día a día en nuestro país y ya naturalizadas las pasamos por alto. ¿Alguien se ha preguntado qué sucede con la infancia pobre y mapuche que habita nuestro país y que es doblemente discriminada, por la clase y por la etnia? Impacta las imágenes del niño que llora en medio de los balines, impacta el niño que llora por su padre herido, impacta el niño que llora cuando de las mechas arrastran a su madre por defender la tierra. Impacta la niñez olvidada de estos días y la que agoniza en la rivera del Mapocho, escondida y silenciosa.
INDH: CUOTEO POLÍTICO TRABA ARRANQUE DE NUEVA ETAPA EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/08/01/311709/indh-cuoteo-politico-traba-arranque-de-nuevaetapa/ Hace semanas que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) intenta cerrar la composición del nuevo Consejo de la institución para definir su nuevo director o directora, que liderará la nueva etapa para el período 2016-2019. Tras las incorporaciones de cuatro nuevos consejeros, aún queda pendiente la designación de un quinto integrante, que sería necesario para elegir el nuevo director o directora de la institución. Un acuerdo político en la Cámara Alta establece que la propuesta para la vacante corresponde a la oposición, concretamente a la UDI, que pretende designar al decano de Derecho de la U Católica, Carlos Frontaura, quien repetiría como consejero en la segunda etapa del INDH. Frontaura hace meses que se trabaja el cargo. Ya el pasado mes de junio acudió a la comisión de Derechos Humanos del Senado para exponer ante su posible designación. La comisión aprobó su nominación y, en teoría, después de su comparecencia, la sala de la Cámara Alta tendría que haberlo designado. Pero la votación en el Senado se dilató por semanas y todavía hoy está por celebrarse. El principal obstáculo para dar luz verde a la candidatura del abogado recae en un sector de la Nueva Mayoría. Mientras desde la DC tienen claro su apoyo al decano de Derecho la U Católica, varios parlamentarios de los otros partidos de la coalición comparten y defienden la posición de la Fundación Iguales -inscrita en el instituto- que se opone a la dirección de Frontaura porque
considera que “no tiene los méritos suficientes para estar en el Consejo porque no va a velar por los derechos humanos de todas las personas“, señaló a El Ciudadano el presidente de la fundación, Luis Larraín. Desde Iguales critican “la postura contraria a los derechos de las personas de la diversidad sexual” que sostiene el abogado: “Dijo a las personas del Consejo que la homosexualidad es un pecado, y defendió la realización de un seminario en la U Católica sobre terapias para ‘reparar’ la homosexualidad”, apuntó Larraín. El presidente de la organización rechazó también el sistema de cuoteo para elegir a los consejeros: “Su designación se da simplemente por ser un cupo de la UDI sin mayor escrutinio, sin control social sobre sus méritos”. Y agregó: “Nosotros apuntamos a que se busque otro nombre. Dentro de la UDI podría haber personas con una visión menos sesgada y más universal de los DDHH”. Hasta que el Consejo del INDH defina su sucesión, es Miguel Luis Amunátegui quien está al frente de la dirección interina del organismo. Sin embargo, el abogado anunció que la votación se llevará a cabo sin definir el quinto consejero porque “la demora” del Senado está afectando la elección del nuevo director. Posibles candidatos Entre los nombres propios que estas semanas dan vueltas en los pasillos del INDH están los de Carolina Carrera, psicóloga de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, presidenta de Corporación Humanas, y con una larga trayectoria en derechos de las mujeres y la justicia de género; y Consuelo Contreras, trabajadora social de la U de Chile, fundadora y directora ejecutiva de la Corporación Opción con larga trayectoria en materia de derechos de la infancia. Ambas son figuras cercanas a la ex directora Lorena Fries.
Junto con ellas, suena también José Aylwin, abogado especialista en derechos humanos, miembro de la Comisión Chilena de Derechos Humanos entre 1984 y 1993, y director del Instituto de Estudios Indígenas de la UFRO entre 1994 y 1997. Nuevos consejeros Con la salida de la ex directora Lorena Fries, quien lideró el INDH desde sus inicios en 2010 hasta el pasado mes de julio, abandonaron su cargo los consejeros Claudio González, Roberto Garretón, Carlos Frontaura y Manuel Núñez, mientras que los otros seis consejeros y consejeras seguirán en sus funciones hasta el año 2019. Entre los nuevos miembros del Consejo figuran Margarita Romero, de la Asociación por la Memoria y los DDHH Colonia Dignidad; y Branislav Marelic, presidente de la Corporación Fundamental; ambos elegidos por las organizaciones de la sociedad civil inscritas en el registro del INDH (agrupaciones de detenidos desaparecidos, entidades indígenas y el Movilh, entre ellas). También designaron a Debbie Guerra y Eduardo Saffirio. La primera fue nominada por la presidenta Bachelet por el periodo 2016-2022. Y el segundo lo escogió la Cámara de Diputados. Los estatutos y reglamentos del INDH establecen que los consejeros duran seis años en sus cargos y el Consejo debe renovarse parcialmente cada tres. En esta ocasión correspondió renovar a dos de los consejeros elegidos por la sociedad civil, uno de los elegidos por la Cámara de Diputados, uno de los elegidos por el Senado y uno de los que designa la Presidencia. "MURIÓ CON EL FETO ADENTRO PORQUE LEY CONTRA EL ABORTO NO NOS PERMITIÓ DARLE TRATAMIENTO CONTRA SU CÁNCER" BBC MUNDO http://www.elmostrador.cl/vida-en-linea/2016/08/02/murio-con-el-feto-adentro-porque-la-leycontra-el-aborto-no-nos-permitio-darle-el-tratamiento-contra-su-cancer/
Cuando llegó a nosotros, con un embarazo gemelar de dos meses, no podía ya comer ni respirar". Guillermo Ortiz relata a BBC Mundo uno de los casos que más le marcaron de todos los que atendió el servicio perinatal del Hospital Nacional de Maternidad de El Salvador, un centro público, durante los 20 años en los que él estuvo al frente. Era una mujer de "escasos recursos" que había acudido al Hospital Rosales —el principal centro público de atención general del país— por un agresivo cáncer de paladar. Y de allí la remitieron al centro en el que trabajaba Ortiz. "La enfermedad se la habían detectado al inicio de la gestación, pero ni siquiera le hicieron la biopsia y por supuesto no le dieron quimioterapia ni ningún otro tratamiento", cuenta.
Muchas de las embarazadas con enfermedades graves llegan al Hospital de Maternidad en estado terminal, cuenta a BBC Mundo Guillermo Ortiz, quien fuera jefe del servicio de perinatología de ese centro por 20 años. Los médicos temían afectar con ello a los fetos y que, por consiguiente, fueran acusados de intentar llevar a cabo un aborto y condenados a hasta 12 años de cárcel. Esa es la pena máxima que enfrentan los profesionales sanitarios de El Salvador si se prueba que realizaron tal intervención, mientras que la de las mujeres que se someten a ella es de hasta ocho.
Aunque también pueden llegar a ser sentenciadas por homicidio agravado y purgar una condena de hasta 40 años. Hay 17 mujeres que alegaron haber sufrido abortos espontáneos encarceladas en esos términos. "Así que cuando la recibimos en nuestro centro la mujer ya estaba terminal", recuerda. "Murió a los dos días con los fetos adentro porque la ley contra el aborto no permitió a sus médicos darle el tratamiento contra su cáncer", se lamenta. "Fue un caso muy triste. No se le ofreció ninguna opción. Simplemente se dejó que el cáncer avanzara". Sin opciones El desgraciado final de aquella mujer no es el único que quedó grabado a fuego en la memoria del doctor Ortiz. También recuerda con pesar a la mujer de 19 años que llegó hinchada por una afección renal que su embarazo había agravado, y que falleció a las 22 semanas.
En El Salvador uno de los principales motivos de la mortalidad materna es el aborto. "Son cantidad los casos que no pudimos atender como era debido porque la ley nos tiene maniatados", dice. Se refiere al Código Penal de 1998, en el que se eliminaron las causales por las que el aborto estaba despenalizado.
Hasta entonces no se consideraba delito cuando la vida de la mujer estuviera en peligro, en casos de violación o estupro— coito con persona entre 12 y 18 años conseguido con engaño y, por equiparación legal, incesto— y si el feto tenía graves deformidades incompatibles con la vida. Pero con la nueva normativa el aborto se volvió ilegal en todos los casos. Entró en vigor el 20 de abril de aquel año y meses después —y con reforma de por medio— en la Constitución quedó reconocida la "persona humana" desde la concepción; esto es, desde el mismo momento en el que un espermatozoide entra en un óvulo. "Ante casos de embarazadas con leucemia o linfoma, esta ley hace que los especialistas tengan que dar fármacos no citotóxicos— capaces de matar al feto como efecto secundario del medicamento— aun sabiendo que no son los mejores tratamientos contra esos males", dice. "Pero no tenemos opciones. Es eso o nada". El caso de Beatriz Esa es, precisamente, la alternativa que tuvo Beatriz: ninguna. Su caso es quizá el más paradigmático de todos, ya que agotó todas las instancias posibles y traspasó fronteras.
Al quedar embarazada por segunda vez, el lupus eritematoso que sufría esta mujer de 22 años— un trastorno por el que el sistema inmunitario ataca por error al tejido sano, afectando a la piel, las
articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos—, se agravó y los médicos le advirtieron que su vida corría peligro. Además, el feto era anencefálico, por lo que, si decidía llevar a término el embarazo, el bebé nacería sin cerebro y con nulas probabilidades de permanecer con vida, le advirtieron los doctores. Así, con el apoyo de médicos y varias organizaciones, Beatriz solicitó a la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema la interrupción de su embarazo.
La Corte Suprema de Justicia negó la petición a Beatriz. Era abril de 2013 y un mes después la corte, le contestó que su vida no estaba en riesgo inminente, que aquello solo era una posibilidad futura. Y sentenció: "Este tribunal sostiene que los derechos de la madre no pueden privilegiarse sobre los del nasciturus (el que ha de nacer) ni viceversa". Así que le practicaron una cesárea. El feto murió a las 5 horas. "Fue una gran injusticia", se lamenta Ortiz. "'No hubo daño', dijeron algunos, porque ella sobrevivió. Pero el daño a su salud mental es irreparable", sentencia.
Las organizaciones por la despenalización del aborto consideran la legislación "irresponsable y que viola los derechos humanos más básicos". "Esa angustia de acostarse sabiendo que lo que lleva en el vientre se mueve pero que no sobrevivirá y que ella puede morir en el proceso, eso no lo ven. Sólo ven que está viva", concluye Ortiz. "Es injusto someter a las mujeres a esas torturas emocionales". Y aunque no lo diga, se adivina que eso tuvo que ver en su decisión de cambiar de trabajo y de país. Desde enero trabaja desde Nueva York, Estados Unidos, para IPAS, una organización internacional sin ánimo de lucro que lucha contra la mortalidad maternal por abortos inseguros y reivindica los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. "Atados de manos" No todos los casos en los que la ley contra el aborto obstaculizó la práctica médica salen a la palestra, recuerdan los médicos entrevistados por BBC Mundo. Pero la sensación de estar atados de manos es cotidiana, insisten. Estos, que a diferencia de Ortiz prefieren mantenerse en el anonimato, hablan por ejemplo de embarazos ectópicos— los que ocurren fuera de la matriz y son potencialmente mortales para la madre—que no se atienden hasta que la trompa de Falopio explota. También de pacientes que sufrieron abortos espontáneos y de médicos que se negaron a practicarles un legrado (eliminar tejido del útero mediante raspado con una legra).
De casos que directamente no atienden y refieren a colegas. Entre 2005 y 2008 el Ministerio de Salud de El Salvador registró 19.290 abortos. Y es que, a pesar de que el secreto profesional protege en un principio a las pacientes, en los centros existe un protocolo por el que, si se sospecha o hay evidencias de que el aborto fue provocado, se debe avisar a la Fiscalía. "Pero los profesionales se salud no solo se enfrentan a consecuencias legales, sino también de prestigio", dice Ortiz. BBC Mundo preguntó al Ministerio de Salud si tiene constancia de casos como los descritos arriba, pero hasta el momento de esta publicación no tuvo respuesta. 11% de abortos terminan en muerte Pero lo que la legislación, una de las más restrictivas del mundo, no hace es frenar los abortos, denuncian organizaciones. Global Health Council, una red de grupos en defensa de la salud, calcula que entre 1995 y 2000 hubo un total de 246.275 abortos en El Salvador. Y entre enero de 2005 y diciembre de 2008 la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud registró 19.290 abortos, todos ellos clandestinos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11% de las mujeres y niñas que se sometieron a abortos clandestinos en el país murieron.
Las condenadas por aborto son mujeres de escasos recursos, recuerdan los expertos. "Como es muy difundido que es un delito penado por la ley, las mujeres probablemente lo realizan más en el anonimato, en condiciones poco seguras, arriesgando sus vidas y con personal poco entrenado", dice a BBC Mundo una ginecóloga que trabaja en el primer nivel de atención de El Salvador, pero que no quiere ser identificada. "Una mujer en este país no se va a practicar un aborto (en esas condiciones) por razones que no sean de peso", dice. Además, "aquellas que esperan condena son de estratos bajos que no tuvieron apoyo", reconoce. Sus declaraciones las respaldan las cifras. Entre enero de 2000 y el primer trimestre de 2011 la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador realizó una investigación en todos los juzgados de instrucción y tribunales de sentencia del país y analizó los expedientes de mujeres procesadas por aborto o delitos conexos. El colectivo identificó 129 mujeres que habían sido procesadas por aborto u homicidio agravado. De ellas 49 habían sido condenadas, 13 por aborto y 26 por homicidio en distintos grados. El 68,22% tenía entre 18 y 25 años.
Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el embarazo de niñas entre 10 y 14 años ha aumentado en la última década en El Salvador. En cuanto al nivel de formación, 6,98% eran analfabetas, 40,3% tenían algún tipo de educación primaria, 11,63% habían llegado a cursar bachillerato y solo 4,65% tenían educación superior. El 73,64% de esas mujeres eran solteras, el 51,16% no recibían remuneración económica alguna por su trabajo y un 31,78% recibían remuneraciones "muy bajas". "La que tiene dinero (…) ni siquiera creo que se lo haga aquí en el país. Y si lo hace, seguramente tiene cómo pagar para que se haga en mejores condiciones", dice la ginecóloga a BBC Mundo. "Esa no se complica, no llega al hospital público, no es reportada, no es juzgada", añade. "Así son las injusticias y la desigualdad social". Embarazo fruto de violación Con ella coincide Juan Carlos Lovo, un veterano gineco-obstetra salvadoreño, quien cuenta a BBC Mundo un caso con el que se encontró recientemente. "Una menor quedó embarazada porque la había violado su padrastro", narra. "Al saberlo, la madre y ella misma denunciaron al agresor y pensaron en la posibilidad de interrumpir la gestación", explica. "Pero desistieron porque ya había una investigación en curso, un seguimiento legal porque habían demandado al padrastro, y estaba en control por embarazo".
Por ello, considera que se debería reformular la ley para casos como ese o para los mencionados arriba.
Organizaciones sociales presentaron 300.000 firmas el 22 de abril de 2015 al gobierno, la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema para pedir la despenalización del aborto. Hoy la Asamblea Legislativa discutirá posibles reformas a los artículos que lo castigan, pero no por los motivos que mencionan los médicos. La propuesta fue hecha por un grupo de parlamentarios de Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Los diputados del partido de oposición, de derecha, piden aumentar hasta 50 años de cárcel la pena para las mujeres que sean halladas culpables del delito de aborto y para los doctores que las ayudaron. El mismo castigo que estipula el Código Penal para los que cometen homicidio agravado, para que no haya "tratos de favor".
MÉXICO: ONG DENUNCIA QUE JUEZ IMPIDE ABORTAR A NIÑA ABUSADA EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/08/02/311854/ong-denuncia-que-juez-impide-abortar-a-ninaabusada-sexualmente-en-mexico-9026/
La “maniobra” legal de un juez del estado mexicano de Sonora impidió abortar a una niña de 14 años, embarazada tras ser abusada sexualmente, pese a que está contemplado por ley en casos de violación, denunció este lunes la organización civil GIRE. La menor, de una familia indígena, fue abusada sexualmente en mayo pasado por un hombre cercano a su familia. Pese a que denunció la agresión, las autoridades de salud no proporcionaron a la menor medidas de anticoncepción de emergencia y tras confirmarse el embarazo, ahora se le niega el derecho a abortar, dijo a la AFP Alex Alí Méndez, abogado de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). “El ministerio público (fiscalía) consignó el caso como violación pero el juez, en una maniobra legal, lo cambió por estupro, que es un delito menor. Y así se le niega a esta niña el derecho al aborto, que está permitido en código penal de Sonora en caso de violación”, detalló Méndez. Sobre este caso, Gilberto Ungson, secretario de Salud de Sonora, dijo que la clasificación del delito de estupro fue responsabilidad del juez y por ello la dependencia está imposibilitada legalmente para cumplir con la solicitud de realizar un aborto por parte del padre de la menor. En todo caso, explicó que varias instituciones gubernamentales dan seguimiento y la atienden con “asistencia psicológica, legal y de protección de sus derechos”. La menor, que cumplió 14 años hace unos días, está al cuidado de su padre, quien reclama se permita abortar a su hija y analiza junto con abogados de GIRE y de otras organizaciones viajar a Ciudad de México para interrumpir el embarazo, añadió el abogado. GIRE y sus abogados han brindado asistencia a la menor y a su familia, y analizan posibles acciones legales contra el juez. En 2007, la capital mexicana se convirtió en la única entidad federativa de México que despenalizó el aborto sin restricciones hasta las 12 semanas, mientras que en otros estados se incluyen algunas excepciones, como en el caso de violación o por cuestiones sanitarias. Sin embargo, tras la
despenalización en Ciudad de México se desató una oleada de modificaciones legales en la mitad de los 32 estados que conforman el país para considerar al feto como un sujeto de derecho jurídico desde el momento de la concepción, con lo que la mujer que aborta puede ser enviada a prisión. La Suprema Corte, que declaró constitucional la reforma legal en Ciudad de México, ha discutido en los últimos años distintas controversias relativas al aborto. Hace un mes, la primera sala del máximo tribunal debatió un proyecto que proponía declarar inconstitucionales dos artículos del código penal federal, uno de los cuales castiga hasta con cinco años de prisión el aborto.
CÓMO ALEMANIA RESUELVE LA MASIVA LLEGADA DE INMIGRANTES DESDE MEDIO ORIENTE EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/08/02/311846/como-alemania-resuelve-la-masiva-llegada-deinmigrantes-del-ultimo-ano-7853/
La canciller Ángela Merkel insiste en defender su política de recibir refugiados en medio de la creciente tensión dejada por los recientes ataques que ha sufrido el país. Alemania todavía está tratando de resolver las solicitudes de refugio de los que aprovecharon las fronteras abiertas de 2015. Había interminables corredores llenos de funcionarios apresurados cargados de archivos; oficinas con computadoras, microscopios y lectores de huellas digitales. Vi señales de centros médicos y comedores, algunos lugares recién pintados, otros en renovación. El personal de seguridad se mantenía vigilante, los traductores luchaban con todo tipo de idiomas. En cuartos individuales, se desarrollaban intensas conversaciones entre trabajadores del centro y familias acerca de historias de vida y viajes dramáticos. Niños ansiosos buscaban regazos paternales, algunos jugaban, otros se mostraban inquietos en cuartos de espera. Esperar es la clave de este lugar.
Gran atraso Para eso es este nuevo centro, para terminar la larga espera de cientos de miles de personas que llegaron a Alemania en 2015 como inmigrantes y que todavía no saben si les permitirán quedarse. “Cultura de acogimiento” fue la frase usada cuando Alemania abrió sus fronteras. Pero desde entonces, el flujo de inmigrantes a Alemania ha descendido significativamente ya que las fronteras se cerraron y acuerdos como el alcanzado por la Unión Europea con Turquía a inicios de 2016, que ordenaba deportar a los que ingresaran ilegalmente a Europa, han mantenido a muchos posibles inmigrantes lejos de Alemania. Pero el legado de las llegadas masivas de 2015 todavía es espinoso para Alemania, debido a incidentes violentos recientes, en algunos de los cuales han estado implicados inmigrantes. Tuve acceso especial a un nuevo centro diseñado para mostrar cómo Alemania está respondiendo a la crisis. Se ubica en Bonn, al oeste del país, y trabaja en procesar solicitudes de asilo, uno de los más de veinte centros destinados a lidiar con un gran atraso. Los números son sorprendentes. “Estamos bastante seguros de que para fines de 2016, todos los que vinieron en 2015 tendrá una respuesta a su solicitud”, me dijo Katrin Hirseland, del ministerio federal de Migración y Refugiados (BAMF, por sus siglas en alemán). ¿Cuántas postulaciones tendrán que revisar? “Serán entre 800.000 y 1.000.000”, cuenta. Esto representa un enorme desafío para el gobierno. ¿Cómo lo lograrán? 24 horas En Bonn, el ministerio ha ocupado el Ermekeilkaserne, que antes era un cuartel del ejército. Es un lugar lleno de historia. En 1950, cuando Bonn era la capital de Alemania Occidental, el ministerio de Defensa se instaló aquí una vez que al país se le volvió a permitir tener un ejército, tras los horrores del nazismo. Estos horrores llevaron a Alemania a crear una ley generosa en asilo político para aquellos que huían de persecuciones. Pero nunca se imaginaron que podrían llegar tantos en tan poco tiempo. Armin Moers, que administra este nuevo centro, es un individuo enérgico, con ganas de enseñarme cómo funcionará el sistema. Cerca de 800 migrantes al día podrían llegar aquí y sus casos ser procesados y decididos en un tiempo tan corto como 24 horas. Me mostró cómo los migrantes eran registrados, se les tomaba las huellas digitales y se revisaban sus documentos.
Interrogatorios separados Muchos llegan sin documentos porque los perdieron o los destruyeron deliberadamente ya que saben que solo los procedentes de ciertos países van a ser aceptados como refugiados. En un cuarto, vi equipos especiales y computadoras para detectar documentos falsos. En un piso quedan las habitaciones clave donde ocurren las audiencias para pedir asilo. En una, vi a una familia siria en la que la madre y el hijo habían sido separados del esposo para que el adjudicador de asilo pudiera contrastar las historias de ambas partes. Escuché cuando la adjudicadora -una mujer joven, muy centrada- preguntó al esposo sobre su viaje desde Siria, los detalles de dónde había vivido y cómo habían viajado. Todos los adjudicadores tienen acceso a una gran base de datos del ministerio, con la que pueden verificar historias y decidir si las postulaciones merecen aceptarse. El esposo se veía ansioso, lo que era de esperarse. Estas audiencias, que pueden demorar hasta seis horas, determinan el curso de miles de vidas. Una red de computadoras asocia lo que sucede aquí con muchas otras agencias de gobierno. El objetivo, dice Moers, es asegurar que los verdaderos buscadores de asilo puedan ser ayudados a integrarse rápidamente en la sociedad alemana. Pero cerca del 40% de los que buscan asilo son rechazados. Esto significa que cientos de miles de personas tendrán que dejar el país. Deportaciones forzadas La idea de deportaciones forzadas es complicada especialmente por la historia de Alemania. Solo en 2015, cerca de 22.000 fueron deportados. El gobierno espera persuadir a los que les han rechazado la solicitud de asilo, que regresen voluntariamente a sus países. Pero algunos han optado por desaparecer de la vista de los funcionarios, viviendo clandestinamente, evitando la deportación. Pueden ser vulnerables a explotación económica y criminal, así como a la radicalización. En el centro de procesamiento de Bonn, también sentí una ansiedad constante acerca de la seguridad. A los solicitantes de asilo no se les permite moverse solos y pueden dejar el centro solo con permiso oficial. Moers me dijo que no quería informar a los migrantes en el centro sobre su estatus, porque le preocupaba alguna manifestación de ira que amenace la seguridad de su equipo y otros inmigrantes, incluyendo niños.
Ayuda a los refugiados Mientras que el gobierno actúa, ¿cómo ha respondido la sociedad alemana al flujo de 2015? Encontré un debate fascinante en curso a unos metros del centro de procesamiento de Bonn, en unos edificios ocupados por un colectivo ciudadano. Esperaban usar el cuartel para la comunidad, hasta que llegó el ministerio de Migración y Refugiados. Los miembros han estado ayudando a los inmigrantes que llegaron el año pasado. “Era sorprendente”, me dijo Ute Harres, integrante del grupo. “Era abrumador para nosotros”, agrega la mujer. Los pobladores donaban de todo: desde ropa hasta bicicletas. La iniciativa todavía está vigente, con proyectos como clases de cocina que reúnan a niños locales y de familias migrantes. Al mismo tiempo, dice Harres, las llegadas del año pasado “han generado preguntas sobre inmigración que no habían sido abordadas antes”. Alemania ya ha tenido olas de inmigración, así como como los “trabajadores invitados” turcos y refugiados de la ex-Yugoslavia. Preocupación Pero mucha gente y algunos políticos han negado siempre que Alemania sea un “país de inmigración”. Ahora, dice Harres, la gente estaba debatiendo qué tan bien estaba funcionando la integración, sobre si había “sociedades paralelas” en Alemania. La gente reservada “era juzgada rápidamente como extremistas”, comenta. “Uno debe ser capaz de decir ‘Estoy justo en el medio. Tengo mis reservas, pero también estoy aquí para ser abierto y acoger gente'”, piensa. Así que la “cultura de acogimiento” de 2015 no ha desaparecido. Muchos todavía quieren que Alemania honre su tradición reciente de asilo. Pero hay preocupaciones también. En un lugar como el centro de trámite de Bonn, otra prioridad es clara. En tiempos cada vez más inseguros, el gobierno quiere mostrar desesperadamente que está tomando el control.
MUSULMANES ACUDIERON EN MASA A IGLESIAS CATÓLICAS EN FRANCIA EN RECHAZO A ASESINATO DE CURA PUBLIMETRO http://www.publimetro.cl/nota/mundo/musulmanes-acudieron-en-masa-a-iglesias-catolicasen-francia-en-rechazo-a-asesinato-de-cura/xIQpgE!hk6WEO2JXv7HY/
Unos dos millares de fieles católicos y un centenar de musulmanes asistieron este domingo a la misa organizada en la catedral de Ruán, en el noroeste de Francia, para rendir homenaje al sacerdote Jacques Hamel, degollado el martes por dos yihadistas en una iglesia. Unos 900 fieles se congregaban en el interior de la catedral, en el que se habían reservado asientos para los habitantes de Saint Etienne du Rouvray, donde se encuentra la iglesia en la que oficiaba el cura asesinado, en el noroeste de Francia. En el exterior, varios militares vigilaban la entrada del templo. Entre los fieles, un centenar de musulmanes respondieron al llamado del Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM), que invitó a responsables de mezquitas, imanes y fieles a asistir a la misa para expresar su "solidaridad y compasión". "Amor hacia todos, odio hacia nadie" rezaba un cartel colgado dentro de la catedral por una asociación musulmana. El sábado tuvieron lugar funerales interreligiosos por todo el país, conmocionado por el asesinato, el martes por la mañana, del cura Jacques Hamel, de 85 años, a manos de Abdel Malik Petitjean y Adel Kermiche, ambos 19 años. El ataque reivindicado fue por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).
En la otra iglesia de Saint Etienne du Rouvray, frente a un retrato del difunto rodeado de ramos de flores, fieles católicos y musulmanes escucharon con atención las palabras del padre Auguste Moanda, quien recordó que "la fraternidad existe entre las dos religiones". En Burdeos, en el suroeste, 400 personas de distintas confesiones participaron en una oración conjunta en la iglesia de Notre Dame y en Niza (sureste), ciudad aún enlutada por el atentado del 14 de julio que costó la vida a 84 personas, numerosos musulmanes asistieron a una misa en la iglesia de Saint-Pierre-de-l'Ariane, a la que también acudió el imán Otman Aissaoui. “Construir un pacto” En el plano político, el primer ministro Manuel Valls consideró en un artículo publicado en el periódico Journal du Dimanche (JDD) que, si bien "el islam ha encontrado su lugar en la República", es "urgente" "construir un verdadero pacto" con la segunda religión de Francia. Según Valls, a pesar del "fracaso" de la Fundación por el Islam de Francia, creada hace más de diez años "para reunir con toda transparencia los fondos necesarios" para su desarrollo, habría que "revisar algunas reglas para agotar la financiación exterior y aumentar, para compensar, la posibilidad de recoger fondos" en el país. En otro artículo del JDD, unas cuarenta personalidades musulmanas de Francia afirmaron estar "consternadas por la impotencia de la organización actual del islam en Francia, que no tiene ninguna influencia en los acontecimientos". Por su parte, la policía investiga el entorno de los autores del ataque, quienes habían sido fichados cada cual por su lado por los servicios de inteligencia aunque no se pudo detectar que fueran a pasar a la acción. La investigación ha permitido establecer que los dos asesinos del sacerdote, Abdel Malik Petitjean y Adel Kermiche, entraron en contacto a través del servicio de mensajería cifrado Telegram solo días antes de pasar al acto, según varios medios. Kermiche habría descrito el 'modus operandi' del atentado en esas conversaciones, mencionando "un cuchillo" y "una iglesia". Un primo de Petitjean que estaba detenido debía presentarse ante el juez el domingo para la acusación formal. Según la fiscalía de París, este hombre de 30 años, Farid K. "tenía perfecto conocimiento, si no del día y el lugar precisos, al menos de la inminencia del proyecto de acción violenta por parte de su primo. Por su parte, el refugiado sirio y el menor de 16 años que habían sido previamente detenidos fueron liberados, aunque la policía analiza documentos de propaganda yihadista que encontró en el teléfono y en el ordenador de este último.
EL GOLPE FINAL AL PLURALISMO CONFIDENCIAL 20 AÑOS (Nicaragua) http://confidencial.com.ni/
La destitución de dieciséis diputados propietarios y doce diputados suplentes, electos en 2011 bajo la casilla de la Alianza Partido Liberal Independiente —que fue ordenada este jueves por el Consejo Supremo Electoral (CSE) y acatada al día siguiente por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional— constituye según la oposición un “golpe de Estado” del comandante Daniel Ortega, quien a través del control del Poder Electoral se hace ahora del control absoluto del Legislativo, donde ya contaba con 62 de los 91 diputados presentes. La destitución, que el mismo día ha sido criticada por los principales gremios empresariales del país, ocurre además a tan solo siete semanas desde que Ortega sepultó el derecho a la observación electoral independiente y, que a través del control del Poder Judicial, logró excluir a la oposición de los próximos comicios nacionales, con los cuales busca su cuarto período presidencial. Para destituir a los 28 diputados de la oposición, el CSE actuó a solicitud del nuevo representante legal del PLI, Pedro Reyes, a quien la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le entregó el partido a principios de junio, arrebatando este al líder opositor y ex candidato presidencial, Eduardo Montealegre, y dejando así sin casilla a la opositora Coalición Nacional por la
Democracia, a menos de cinco meses de las elecciones convocadas para el próximo seis de noviembre. Los diputados destituidos argumentaron a través de un comunicado que ellos fueron “ilegalmente removidos” de sus cargos y calificaron su cancelación como “un hecho sin precedentes en la historia de Nicaragua” y “un golpe de Estado al Poder Legislativo”. “La destitución de los diputados opositores constituye la demolición del último bastión de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, porque violenta todos los procedimientos legales y destruye las bases del sistema constitucional nicaragüense”, alegó Wilber López, quien hasta este jueves era el jefe de la bancada del bloque opositor. Alegatos al antojo del oficialismo
Miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Xochilt Martínez/Confidencial En junio pasado, cuando la Sala Constitucional entregó el PLI a Reyes, el magistrado Francisco Rosales, operador político del FSLN en la CSJ, afirmó que el fallo no afectaría a los diputados y alcaldes electos, que podrían terminar sus períodos “sin ningún problema”. “Esos son hechos consumados, los electos están por el voto popular”, afirmó Rosales el nueve de junio. Este viernes, consultado nuevamente por Confidencial vía telefónica, Rosales respondió que desconocía lo ocurrido entre el CSE y la Asamblea. Luego colgó la llamada y no volvió a responder.
Sin embargo, durante la reunión de la Junta Directiva de la Asamblea que acató la resolución del CSE, la diputada del gobernante Frente Sandinista y presidenta en funciones del Parlamento, Iris Montenegro, alegó que la resolución del tribunal electoral era “otro proceder”, distinto al fallo del Poder Judicial. “Nosotros entendemos que el presidente del PLI convocó en reiteradas ocasiones a los diputados para sumarse al partido, y hubo un desacato. Y el CSE es el paraguas que globaliza el comportamiento de los partidos políticos, porque allí mandan los estatutos de los partidos”, argumentó Montenegro. A juicio de Wilber López, la destitución “resulta particularmente grave” a las puertas de las elecciones generales, porque sigue “un propósito intimidatorio a los ciudadanos que adversan al régimen” y adelantó que recurrirán a las “instancias nacionales correspondientes”, y apelarán a que la destitución sea tratada por la comunidad y organismos internacionales. Justamente, la destitución de los opositores ocurre a menos de una semana que varios de ellos iniciaran una gira por varios organismos estadounidenses para exponer la exclusión de la oposición en las elecciones. En compañía de los demás diputados destituidos, López expresó en conferencia de prensa que “estas acciones (del oficialismo) evidencian un menosprecio a la comunidad internacional y a los representantes de las principales denominaciones religiosas, del sector privado y de los organismos de la sociedad civil que han formulado reiterados llamados al gobierno para que permita elecciones libres como la única vía para preservar las libertades individuales, la estabilidad económica y la paz social”. Amcham y Cosep advierten riesgos La Cámara de Comercio Americana Nicaraguense (AmCham) “lamentó” la decisión del Poder Electoral y de la Junta Directiva del Parlamento, porque a su juicio esto “profundiza la crisis política e incertidumbre que vive el país”. “AmCham considera que estas acciones vienen a afectar el clima de negocios que necesitamos para la promoción de las inversiones y la generación de nuevos empleos”, dijo el gremio en un comunicado. Los empresarios de la Cámara Americana también exhortaron al gobierno de Ortega a respetar y dar cumplimiento a la Constitución Política, “para no enturbiar más el proceso electoral y contribuir a crear un ambiente de incertidumbre y zozobra en nuestro país”. Horas después, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) divulgó otro comunicado para expresar que la destitución de los opositores “debilita la democracia representativa, el pluralismo político y la división de poderes”. El Cosep, que se ha erigido como el único interlocutor con el presidente Ortega, estima que “resulta imperioso y urgente que nos propongamos y dispongamos a la brevedad a establecer las condiciones mínimas para fortalecer la institucionalidad democrática de nuestro país” y advierte que la responsabilidad recae en el partido de gobierno y los partidos políticos.
En junio, tras la exclusión de la oposición del proceso electoral, AmCham y el Cosep, también advirtieron una afectación negativa al clima de negocios, pero el gobierno no respondió a sus planteamientos y se rehusó a dialogar sobre temas políticos. Por su parte, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, dedicó al menos seis publicaciones en su cuenta de Twitter para referirse a la destitución de los diputados. En dos de esas publicaciones citó el comunicado que la Conferencia Episcopal publicó el 14 de junio pasado para pedir al Ejecutivo que respete el pluralismo político, tras clasificar como “nocivo” para el país “todo intento por crear condiciones para la implantación de un régimen de partido único, en donde desaparezca la pluralidad ideológica”. Reyes alega desobediencia Tras asumir la representación legal, Reyes exigió que los diputados electos en 2011 reconocieran su liderazgo e intentó obtener el control de la bancada. Sin embargo, no tuvo éxito y el 15 de julio pasado amenazó con solicitar la destitución de aquellos que no le respondieran. Una semana después, Reyes recurrió al CSE con la lista de los 28 diputados que debían ser cancelados. El argumento oficial es que los 16 propietarios y los 12 suplentes perdieron su condición de diputados, “porque desatendieron los llamados de la nueva representación legal del partido por el cual fueron electos en el 2011”. Entre los 16 diputados propietarios destituidos están el jefe de la bancada original Wilber López; el aspirante presidencial de la oposición inhabilitado por la Sala Constitucional de la Corte, Luis Callejas; el excandidato presidencial y líder del bloque, Eduardo Montealegre, y la tercera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, María Eugenia Sequeira. Además, los diputados Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Alberto Lacayo, Francisco Valdivia, Javier Vallejo, Armando Herrera, Eddy Herrera, Carlos Langrand, Boanerges “Pepe” Matus, Indalecio Rodríguez, Corina Leiba y los aliados del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) Enrique Sáenz y Víctor Hugo Tinoco. Además, fueron destituidos los diputados suplentes: Eliseo Núñez, Carlos Mejía Zeledón, Roger Marín, Marcia Sobalvarro, Jorge Matamoros, Edipcia Dubón, Alfredo Gutiérrez, Hugo Ruiz, Rodolfo Quintana, Silvia Nadine, Loyda Valle y René Castro. Los diputados Adolfo Martínez Cole (Managua), Pedro Joaquín Treminio (Matagalpa), Pablo Ortez Beltrán (Nueva Segovia), Hugo Barquero (Boaco), José Augusto Rodríguez (Jinotega), Francisco Jaime (Caribe Sur) y Elman Urbina (Chontales) son los únicos que mantendrían sus curules, aunque durante la conferencia de prensa del grupo opositor destituido, el diputado Urbina se presentó para afirmar que él renunciará al escaño. Urbina negó cualquier conversación con Reyes y argumentó que por ser del PLI “no significa que reconozca la autoridad de este señor, a quien el dictador Ortega está usando”. Enrique Sáenz opinó que Ortega completa ahora “el círculo dictatorial, arrebatando el derecho de los que ya eligieron, además de haber coaptado a los mandos militares y la Policía”.
Artículos contra “tránsfugas” El argumento jurídico del CSE, según lo alegado por Reyes, se basa principalmente en un par de artículos que fueron introducidos en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Ley 606), aprobada en diciembre de 2014. Estos artículos indican que entre las “causas de falta definitiva, y (que) en consecuencia acarrean la pérdida de la condición de diputado o diputada”, está el “cambio de opción electoral del partido político, por el que fue electo, en el ejercicio de su cargo”. Además, se establece que “cada diputado o diputada se agrupará en la bancada del partido político por el que fue electo”. Cuando se aprobó la reforma a la Ley 606, se afirmó que los nuevos artículos perseguían evitar que los diputados electos se cambiaran de grupo. Sin embargo, en la actual Asamblea Nacional, había hasta este miércoles al menos seis diputados independientes o que actúan al margen de los partidos bajo los cuales obtuvieron su escaño, incluyendo al aliado del gobernante Frente Sandinista, Wilfredo Navarro. La bancada del PLI “zancudo” que responderá a Reyes –quien es representante legal y presidente del partido, pero no es diputado electo– estará presidida por Martínez Cole. El experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, calificó la resolución del CSE como “un ataque brutal a la Constitución Política, el Estado de Derecho, la democracia representativa, el derecho de los diputados defenestrados, el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes y los compromisos internacionales democráticos del país”, y estima que los fundamentos jurídicos citados por Reyes y el CSE “rallan en lo ridículo”. Álvarez precisó que el CSE no tiene autoridad para intervenir en los partidos sobre actos electorales pasados. “Es de las mayores atrocidades que hemos visto en los últimos años”, valoró Álvarez, quien recomienda recurrir de amparo e inconstitucionalidad en contra de la resolución
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