TEMARIO:
1. FALLOS A FAVOR DE CONDENADOS POR DELITOS CONTRA DD.HH.: EL ANTECEDENTE QUE ALERTA A VÍCTIMAS DE LA DICTADURA 2. LÍDER DE LA CAM: "EL ENEMIGO NOS OBLIGÓ A SACAR LAS ARMAS" 3. PRESIDENTES DE COMISIONES DE DDHH DEL CONGRESO ENTREGAN APOYO A LORENA FRIES 4. ¿DÓNDE QUEDAN LOS DERECHOS HUMANOS? 5. FUERZAS ARMADAS COMO PODER DE SEGURIDAD. Opinión por Claudio Fuentes S. 6. NACIONES UNIDAS TEME QUE AL MENOS 700 MIGRANTES MURIERON AHOGADOS ESTA SEMANA EN EL MAR MEDITERRÁNEO
FALLOS A FAVOR DE CONDENADOS POR DELITOS CONTRA DD.HH.: EL ANTECEDENTE QUE ALERTA A VÍCTIMAS DE LA DICTADURA EL DÍNAMO http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/05/27/fallos-a-favor-de-condenados-por-delitoscontra-dd-hh-el-antecedente-que-alerta-a-victimas-de-la-dictadura/ Columnas de opinión, editoriales y entrevistas a emblemáticos defensores de Derechos Humanos, defendiendo posibles beneficios penitenciarios para reos procesados por delitos de lesa humanidad, han causado ruido en las distintas organizaciones que representan a los familiares de las víctimas de la Dictadura. El escenario es visto aún con cautela.
Miguel Estay Reyno, “El Fanta”, solía ser un militante comunista. Fue entregado a las fuerzas de la Dictadura por René Basoa, quien era su superior en el aparataje de Inteligencia del PC. Lleva 21 años preso en Punta Peuco por el caso Degollados. Estay es sindicado como un delator por Manuel Guerrero, hijo de uno de los asesinados, y su historia es una de las que componen parte de los relatos más delicados de la época más negra de nuestro país: gente de izquierda, militante, que pasaron a ser parte de los organismos represores de esa época. En diversas carpetas figura su nombre, entregando compañeros, e incluso habría sido uno de los últimos rostros que Guerrero padre vio antes de morir.
El 23 de mayo, la Corte Suprema acogió, en fallo dividido, un recurso de protección que presentó la defensa de Estay, para que se le realice de nuevo una evaluación sicológica y social. Esto ocurre después de que el máximo tribunal del país criticara a Gendarmería, por hacer revisiones poco prolijas de los internos de Punta Peuco, condenados principalmente por delitos contra los Derechos Humanos. “Se trata de un informe elaborado por personal dependiente de Gendarmería de Chile, cuyas conclusiones se repiten reiteradamente y sin mayores modificaciones en cada uno de los casos de quienes se encuentran recluidos en dicho centro penitenciario, lo que permite concluir que en su elaboración no se actuó con la prolijidad y profundidad que tal labor requiere”, establece esta resolución. No es la primera. Ya La Tercera reportaba hace unas semanas que dos fallos, idénticos, beneficiaban con la nueva revisión sicológica a otros dos internos de Punta Peuco: Alex Hámbler (condenado por el caso de los hermanos Vergara Toledo) y Conrado Sesnic, por secuestro contra un mirista. El libreto para las agrupaciones de familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados políticos se está haciendo preocupantemente parecido. Ellos ven con temor lo que consideran un escenario que se ha ido elaborando de a poco y con cuidado. Diversas notas publicadas desde el verano, cartas al director, editoriales de los diarios de más tiraje en Chile y por cierto, algunas declaraciones de históricos abogados y sacerdotes defensores de los Derechos Humanos habrían ido allanando el terreno, para que eventualmente estos condenados, ya viejos y enfermos y que cumplirían algunos de criterios, pudieran acogerse a la libertad condicional.
El punta pie inicial lo dio el ex rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, quien en entrevista con El Mercurio, y tras aclarar que está claramente en contra de los delitos de lesa humanidad y contra la impunidad, precisó que “una sociedad tiene que saber castigar a los culpables, saber establecer la verdad, pero no perder jamás la civilización”. Aseguró estar visitando Punta Peuco, lugar donde principalmente están detenidos algunos de los más emblemáticos condenados por estos crímenes y declaró que “yo, como sacerdote, sin que eso signifique aprobar lo que hicieron, tengo que ser capaz de ser una instancia humana donde ellos puedan hablar, y no puedo dejar de reconocer que ellos, por bárbaros que hayan sido, tienen familia, tienen hijos”. Montes también abordó una relación que es inversamente proporcional: a mayor comodidad del penal, como Punta Peuco, más difícil es acceder a libertades condicionales. “Y lo que sí digo con toda fuerza es que hay que ver las situaciones caso a caso, revisar a quien ha cumplido la mitad de la pena, y si se producen situaciones de enfermedad, de muertes de parientes, es razonable que haya excepciones que muchas de ellas están previstas por la ley y en Punta Peuco, pero eso es mucho más estricto ahí que en otras cárceles”, declaró en marzo de este año. En la misma entrevista Montes descartó formar parte de una campaña, y aclaró que podría ser razonable que “a quien entrega datos se le reconozca de alguna manera su acción, para que haya una ventaja en hacerlo; no para que quede libre de polvo y paja, pero por lo menos que ese reconocimiento sea un aliciente para que otros también los puedan entregar”. Un tiempo antes, en febrero de este año, el diputado de la UDI, Gustavo Hasbún, escribió una columna de opinión en La Tercera, llamada “Justicia y venganza”, donde planteaba que “con la legislación actual, si ellos (militares procesados por casos de Derechos Humanos) pueden acogerse
a esos beneficios, la pregunta es por qué no se les da el mismo trato que al resto, que los reos comunes”.
Otra declaración que sorprendió fue la del abogado Héctor Salazar. “Un día, un preso de Punta Peuco que llevaba prácticamente 25 años privado de libertad me preguntó, asumiendo su condición de culpable: ‘Los violadores de Derechos Humanos, ¿tenemos Derechos Humanos?’. Yo creo que esa es una pregunta válida, que nos tenemos que contestar”. En la entrevista, también en El Mercurio, recordó que la madre del sociólogo José Manuel Parada –uno de los asesinados en marzo de 1985 en el Caso Degollados– no quería que se pidiera la pena de muerte. “El punto está en que, cumpliéndose los requisitos para acceder a algún tipo de beneficio penitenciario, en Punta Peuco eso no ocurre, o ha ocurrido excepcionalmente en situaciones específicas. Y eso no ocurre porque, dentro del contexto nacional, los gobiernos de turno no quieren asumir el costo de tener que explicar por qué los organismos pertinentes les dieron acceso a beneficios penitenciarios a violadores de Derechos Humanos. Y, por lo tanto, se buscan subterfugios para no dárselos”, analizó en ese momento el abogado.
El debate se trasladó desde los diarios hasta la calle, cuando a principios de mayo, diversas Cortes de Apelaciones en todo el país otorgaron la libertad condicional a cerca de 2 mil presos. Abundaron las acusaciones cruzadas, ya que desde el gobierno justamente indicaron que la responsabilidad estaría radicada en el Poder Judicial, desde donde contestaron que es Gendarmería (dependiente del Ministerio de Justicia), quien entrega los informes que luego son analizados por los tribunales de alzada regionales. Desde la institución penitenciaria, a su vez, se quejaron de que la Comisión de Libertad Condicional otorgó el beneficio a una serie de reclusos que tenían informes desfavorables. Las dudas que se generaron en este proceso se profundizaron cuando la Corte Suprema cuestionó a la entidad penitenciaria por informes de reos de Punta Peuco. Esto, porque las evaluaciones presentadas por diversos internos del mencionado penal serían poco prolijas. En el caso de Conrado Sesnic, condenado a cinco años por el secuestro calificado del militante MIR, Rudy Cárcamo. “Del mérito de los antecedentes aparece de manifiesto que la información remitida a la Comisión de Libertad Condicional por parte del Tribunal de Conducta del Centro de cumplimiento Penitenciario Punta Peuco, en lo tocante a la evaluación sicológica y social del interno (Sesnic) es insuficiente”. El diagnóstico y las conclusiones respecto de este interno “se repiten reiteradamente y sin mayores modificaciones en cada uno de los casos de quienes se encuentran recluidos en dicho centro penitenciario”. Lo mismo que se puede leer en el fallo que benefició a Estay Reyno. Se sentó un precedente, tras el cual, el abogado Raúl Meza, representante de Miguel Krassnoff Martchenco, brigadier de la DINA condenado a 267 años de presidio por múltiples crímenes en contra de los Derechos Humanos, pedía volver a realizar el informe a su representado.
Asimismo, la Comisión de Libertad Condicional –que sesiona dos veces al año– revisó 28 recursos de internos del penal Punta Peuco este último semestre. De estos, sólo 3 están en lista 1, lo que significa que el tribunal de conducta del mencionado recinto penal estima y propone la posible entrega del beneficio penitenciario. El resto de los reos que presentaron recursos se encuentra en lista 2, lo que tampoco significa que quedan excluidos de recibir el beneficio. Todo depende de esta comisión, que está integrada por 10 jueces (4 de tribunal oral, 6 de juzgado de garantía) y son presididos por un ministro de la Corte de Apelaciones, en este caso de Santiago. De los 25 que están en lista 2, fueron 12 los que presentaron recursos de protección, tal como el que se resolvió a favor del “Fanta”. Esto ocurrió a fines de abril.
De a poco comenzaron a repetirse las declaraciones que apuntan a evaluar de nuevo a presos viejos y enfermos, como es la norma en Punta Peuco según declara el diputado de la UDI, José Antonio Kast. El legislador gremialista se ha reunido tanto con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, y el martes, intentó hacer lo propio con el director nacional de Gendarmería, Tulio Arce, cuando fue interceptado por un grupo de familiares de detenidos desaparecidos. “Ellos están en condiciones de salud bastante malas. Están ciegos, con Alzheimer. Una serie de condiciones desde el punto de vista humanitario deberían tomarse en consideración, y darles una solución real a esas personas. Alguien con Alzheimer no sabe dónde está. Podría perfectamente
dejarlo en custodia de su familia, y no tendría conciencia de dónde está. Le planteé (a Dolmestch) el tema de los beneficios carcelarios y las libertades, toda vez que la justicia ya condenó a estas personas, y no corresponde que el Estado por sí y ante sí les aplique una segunda condena que sería por cosas subjetivas”, indicó a El Dínamo el diputado Kast, el que aseguró que estos sufren “arbitrariedades” a la hora de acceder a beneficios como la libertad condicional.
El escenario anterior es visto con cautela por parte de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP). Su presidenta, Alicia Lira, se pronunció tanto sobre Montes como Salazar. Con respeto, indicó que no correspondía aplicar estos beneficios. Marcelo Tapia, coordinador jurídico de la AFEP –tras precisar que lo resuelto por la Tercera Sala de la Corte Suprema no significa que Reyno salga en libertad– asegura que desde la asociación coinciden con que el escenario mencionado se está formando desde hace tiempo. “Hay que entender el delito que cometieron, y es de lesa humanidad. Los parámetros para revisar este tipo de crímenes son los que entrega el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Existe una regulación especial que establece que el castigo a los perpetradores debe considerar ‘penas apropiadas’, o condenas acorde al delito cometido. Por tanto, si hay ausencia de estas condenas, como cuando existen penas de 5 años a gente que ha torturado y asesinado, y más encima que se les entreguen beneficios penitenciarios, el Estado de Chile estaría otorgando impunidad respecto de estos delitos”. Además, Tapia toma el argumento de que estos internos en Punta Peuco estarían viejos y enfermos, y recuerda que “Reinhold Hanning, de 94 años, fue un guardia del campo de exterminio Nazi en
Auschwitz. En febrero fue llevado a juicio por ser cómplice del asesinato de cerca de 170 mil personas. Esto corrobora que en Derecho Internacional, estos delitos son inamnistiables, imprescriptibles y no corresponde impunidad”. Considera también que los argumentos en contra de estos tratados internacionales de Derechos Humanos, que no serían parte de las leyes chilenas, es “falso y falaz. Desde que se reforma la Constitución en 1989, se establece en el artículo quinto, inciso segundo, que es obligación del estado de Chile cumplir los acuerdos internacionales a los que suscribe”.
El coordinador jurídico de la AFEP plantea un antecedente de toda esta controversia: “Miguel Krassnoff Martchenco, uno de los recurrentes, termina de cumplir su condena el 21 de diciembre del 2171. Eso lo dice el fallo de primera instancia de la Corte de apelaciones de Santiago. La mitad de su pena, como criterio objetivo que se plantea para poder acceder a la libertad condicional, ¿se cumpliría recién en el 2100?”. Pese a la cautela, esta re revisión de las condiciones sicológicas de Estay, para la AFEP, el que se le encarguen al Servicio Médico legal “es de nuestra plena confianza de objetividad. No se le está dando la libertad. Creemos que las medidas que tomó, son para fundamentar mejor su decisión y las autoridades nos merecen confianza”.
LÍDER DE LA CAM: "EL ENEMIGO NOS OBLIGÓ A SACAR LAS ARMAS" EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/05/30/lider-de-la-cam-el-enemigo-nos-obligo-asacar-las-armas/
Representantes de las células armadas de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización que reivindica la autonomía del pueblo mapuche frente al Estado de Chile, aseguraron hoy que no están dispuestos a dialogar y que seguirán luchando contra el que consideran un "Estado colonial".
"La función de los órganos de resistencia territorial de la CAM es golpear al enemigo, frenar las hidroeléctricas y a otras empresas. Vamos a actuar violentamente porque el enemigo nos obligó a sacar las armas", dijo un representante de la CAM en declaraciones al reportaje de Informe Especial. Por primera vez en sus casi 20 años de historia, la organización responsable de una serie de atentados incendiarios en faenas forestales de las regiones del BíoBío y la Araucanía accedió a hablar con un medio de comunicación. "No estamos dispuestos ni a dialogar ni a parlamentar. Nosotros sólo nos vamos a defender", dijo el mismo representante, que se presentó ante las cámaras encapuchado y rodeado de otros miembros de la CAM armados con rifles y pistolas. El werkén o portavoz de la CAM, Héctor Llaitul, aseguró que la lucha se dirige contra lo que consideran un "Estado colonial" que los "invadió militarmente". "¿De qué vamos a conversar nosotros? Sólo vamos a hablar sobre la recuperación autonómica y territorial", declaró Llaitul, quien lleva doce meses en libertad condicional tras haber cumplido varios años de condena por el ataque a una caravana en la que viajaba un fiscal en el 2008. El eje vertebrador de la CAM es el "control territorial", añadió el vocero. A su parecer, la recuperación violenta de tierras no es un acto delictivo sino "legítimo" al considerar que el "95 % de la tierra que pertenecía el pueblo mapuche" está ahora en otras manos. Los representantes de estos órganos de resistencia territorial de la CAM asumieron la autoría de los hechos violentos contra las empresas forestales, sin embargo se desvincularon de los ataques incendiarios contra iglesias y casas particulares. "Nosotros atacamos a las empresas forestales, no hacemos daño a las personas ni quemamos casas ni iglesias", aseguró otro de los representantes. "Nosotros no somos terroristas. Nosotros vamos contra las forestales que han ocupado el territorio y nos han robado el agua. Cada proceso de descolonización es violento", agregó. En las zonas del sur de Chile existe desde hace años un conflicto derivado de reclamaciones de algunas comunidades mapuches por la propiedad de tierras que consideran ancestrales y las empresas agrícolas o forestales que las poseen legalmente. El conflicto ha derivado en la muerte violenta de varios comuneros, policías y agricultores, ataques incendiarios a propiedades, bosques y vehículos, así como varias decenas de indígenas procesados y condenados por esos hechos.
PRESIDENTES DE COMISIONES DE DDHH DEL CONGRESO ENTREGAN APOYO A LORENA FRIES EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/05/30/291618/presidentes-de-comisiones-de-ddhh-delcongreso-entregan-apoyo-a-lorena-fries/
Hasta el INDH llegarán los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro y de la Cámara de Diputados, Tucapel Jiménez a reunirse con la presidenta del Instituto, Lorena Fries, a quien le entregarán todo su apoyo ante los ataques y cuestionamientos que ha recibido por parte de sectores de la derecha, tras las movilizaciones que han habido en el país. Navarro dijo que “me parece una injusticia y un despropósito las críticas que hace la oposición en contra de la Directora, a la que constantemente están atacando y denostando, lo que conlleva también, a mi juicio, buscar el debilitamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos”. El senador indicó que “ante las últimas movilizaciones que han ocurrido, resulta un tanto extremo que los parlamentarios de derecha casi responsabilicen a Lorena Fries por los encapuchados y
violentistas que se infiltran en las marchas, y cuestionen cada posición que toma el Instituto, el que es un órgano autónomo y libre para iniciar acciones y velar por el respeto de los DDHH de todos”. Por otro lado, el congresista del MAS, comentó que “este miércoles se comienza a revisar el nombre del nuevo consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y entre los propuestos está el decano de la facultad de derecho de la Universidad Católica, Carlos Frontaura que no genera consenso en la Nueva Mayoría por su cercanía con la derecha y por sus trabajos en la Fundación Jaime Guzmán”. Agregó que “el Senado es libre de hacer una propuesta. Y, en lo personal, creo que Yerko Ljubetic es una buena carta y voy a jugármela para que él pueda ser el elegido”.
¿DÓNDE QUEDAN LOS DERECHOS HUMANOS? EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/05/29/donde-quedan-los-derechoshumanos/
Ana Piquer
Estábamos expectantes ante el discurso del 21 de mayo. En las últimas semanas, la reacción de carabineros frente a diversas protestas se había estado volviendo cada vez más preocupante: mujeres manifestándose frente a La Moneda detenidas sin razón y maltratadas, un Presidente de un centro de alumnos desnudando y humillado durante su detención, dos funcionarias del INDH debidamente identificadas detenidas y maltratadas, protestas disueltas usando indiscriminadamente el carro lanzaaguas y gases lacrimógenos. Estos no son hechos aislados. De acuerdo a cifras recopiladas por Amnistía Internacional, las denuncias por uso excesivo de la fuerza de carabineros se habrían incrementado en un 300% en los últimos 10 años. De las causas que llegan a justicia militar, aproximadamente un 90% es sobreseída y menos de un 1% termina en condena casi nunca con pena de cárcel. Esta impunidad contribuye a que los hechos sigan produciéndose. Es un problema que requiere de una mirada de responsabilidad del Estado ante violaciones a los derechos humanos. Habríamos esperado un reconocimiento de esta realidad. Habríamos esperado dentro del marco de un compromiso con los derechos humanos, medidas para un mejoramiento del actuar de carabineros en el contexto de manifestaciones en línea con los estándares internacionales y un anuncio de reforma a la justicia militar para que los casos de violencia policial no se vean en tribunales que operan como juez y parte. Todas materias que, por lo demás, eran parte del programa de gobierno de la Presidenta (véase p.165 del programa).
Pero nada. Las referencias expresas a los derechos humanos se limitaron a dos cosas: la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos (pese a que llevamos meses sin que se nombre a un/a Subsecretario/a), y los proyectos de ley para tipificar el delito de tortura (en tramitación desde septiembre de 2014, hoy en segundo trámite constitucional con lento avance) y establecer la imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de los crímenes de derecho internacional (que se encuentra desde diciembre de 2014 en primer trámite constitucional). Asuntos importantes, sin duda, que se han dilatado innecesariamente. Pero nada más. Paralelamente, en las calles de Valparaíso personas encapuchadas quemaron un edificio patrimonial causando la muerte de Eduardo Lara, guardia municipal. Un hecho gravísimo y condenable. Y se ha insinuado o mencionado que carabineros no actuó para detener el hecho por temor a ser acusados de usar la fuerza de manera excesiva, o a ser condenados públicamente como lo fueron tras el ataque a Rodrigo Avilés justo un año antes. La misma Presidenta Bachelet señaló que carabineros se podría haber “inhibido” por esta razón. Mientras que en el discurso oficial no se reconoce el problema, en el discurso mediático se confunde. Sí, la protesta pacífica es un derecho, es el ejercicio del derecho a reunión pacífica en lugar público y de la libertad de expresión. El Estado tiene el deber de resguardar la posibilidad de las personas de ejercer este derecho de manera segura. Y el uso de la fuerza del Estado de manera indiscriminada contra quienes ejercen estos derechos es condenable. No, los actos de violencia no forman parte de este derecho a la protesta. Sea por la razón que sea que se cometan, el Estado tiene el deber de resguardar la seguridad y el orden público. Y sí, carabineros podría hacer uso de la fuerza de manera proporcionada en caso de ser necesario. Esas personas deben ser detenidas, ser tratadas adecuadamente mientras estén recluidas, los hechos investigados para ser llevadas ante tribunales dentro del marco de un debido proceso, y sancionadas de acuerdo a la ley. Y no, no hay una contradicción entre ambas afirmaciones. Los derechos humanos en la protesta social, y la seguridad u orden públicos no son conceptos entre los cuales hay que elegir. Son conceptos que es imprescindible que se resguarden en conjunto y con la misma fuerza. Cuando los derechos humanos se reducen al mínimo en los discursos oficiales, y luego se confunden en los discursos mediáticos, lo que se está consiguiendo es perpetuar la sensación de que o los derechos no son tan importantes, o son una barrera incómoda para actuar contra la delincuencia o mantener el orden público. Pero si el trato será el mismo para el que se manifiesta pacíficamente y quien comete hechos de violencia, no hay seguridad para nadie. Si no tenemos nuestros derechos humanos debidamente resguardados, no habrá seguridad para nadie.
FUERZAS ARMADAS COMO PODER DE SEGURIDAD EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/05/30/fuerzas-armadas-como-poder-deseguridad/
Opini贸n por Claudio Fuentes S.
Aunque en el año 2005 se eliminaron muchos de los enclaves autoritarios, subsiste en la Constitución actual una concepción de las Fuerzas Armadas como poder de seguridad, aspecto que requiere una revisión sustantiva a la hora de modificar la Carta Magna. ¿Qué dice la Constitución actual? El texto las define adecuadamente como esencialmente obedientes, no deliberantes, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas. Las dificultades comienzan cuando se examina la inserción institucional de ellas en un marco democrático. Por ejemplo, el vínculo entre el Presidente y las FF.AA. en tiempos de paz pasa por el ministro de Defensa. El Presidente de la República asume la jefatura suprema de las FF.AA. solo en caso de guerra, lo que de por sí constituye una anomalía en un sistema democrático. Debiese existir una supremacía civil en todo momento, cuestión que hoy no ocurre. Tal como la propuesta del Proyecto Puentes lo señala, una de las principales anomalías dice relación con el concepto e institucionalización de la “seguridad nacional”, que coloca a las FF.AA. en un sitial de autonomía y supervigilancia del proceso político nacional. Por ejemplo, la Constitución actual considera un Consejo de Seguridad Nacional integrado por cinco autoridades civiles, los tres comandantes en Jefe de las ramas castrenses y el general director de Carabineros. Aunque es una entidad asesora, “cualquiera de sus integrantes podrá expresar su opinión frente a algún hecho, acto o materia que diga relación con las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional” (art. 107). Es decir, cualquier autoridad uniformada podría plantear allí opiniones que, a su juicio, estarían atentando contra las bases de la institucionalidad. ¿En qué posición podría quedar la autoridad civil si en alguna circunstancia histórica las FF.AA. explicitan, por ejemplo, que el propio Presidente está afectando las bases de la institucionalidad? ¿Sería este hecho considerado un acto de insubordinación o de legítima preocupación por las bases institucionales? El artículo 101 de la Constitución señala que las FF.AA. existen “para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”. El asunto es que el texto constitucional chileno, como muy pocos en el mundo, hace referencia a limitaciones que podrían establecerse en una serie de ámbitos cuando la “seguridad nacional” se viese afectada, incluyendo la libertad de enseñanza, declaración de huelgas, desarrollo de actividades económicas, explotación de yacimientos, actitudes de los ciudadanos para preservarla, situaciones de conmoción interna, etc. Pero además, el artículo 101 de la Constitución señala que las FF.AA. existen “para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”. El asunto es que el texto constitucional chileno, como muy pocos en el mundo, hace referencia a limitaciones que podrían establecerse en una serie de ámbitos cuando la “seguridad nacional” se viese afectada, incluyendo la libertad de enseñanza, declaración de huelgas, desarrollo de actividades económicas, explotación de yacimientos, actitudes de los ciudadanos para preservarla, situaciones de conmoción interna, etc. ¿Quién o quiénes, entonces, evalúan si la explotación de un yacimiento es esencial para la seguridad nacional? ¿Quién o quiénes determinan el límite a la libertad de enseñanza cuando se vea afectada la seguridad nacional? Además de no definirse dicho concepto en la misma Constitución, ella deja un amplio marco de incertidumbre y discrecionalidad, dado que perfectamente podría entenderse, del texto actual, que les corresponde a las FF.AA. intervenir en esas decisiones precisamente porque son esenciales a la seguridad nacional. Una nueva Constitución deberá modificar dicho concepto
que se asocia a una dinámica propia de la Guerra Fría, donde las FF.AA. intervenían en asuntos internos. Otro aspecto que requiere una importante revisión dice relación con los ascensos y retiros de oficiales, por cuanto, de acuerdo a la Constitución, el o la Presidenta de la República solo podrán determinar nombramientos, ascensos y retiros a propuesta de los comandantes en Jefe respectivos, lo que limita la autoridad presidencial sobre las instituciones armadas. Como, además, son los comandantes en Jefe quienes proponen la lista de ascensos y retiros, dependerá de ellos –y no de la autoridad civil– definir la línea de mando que va conformándose en las instituciones castrenses. A ello debemos agregar la participación de las FF.AA. en funciones no militares, como es su rol en custodiar el proceso electoral o asumir la jefatura de plaza en estado de excepción, dos aspectos que les correspondería asumir a autoridades civiles. Finalmente, se requiere asignar un rol relevante al Congreso en materia de control de algunas definiciones de la Defensa, cuestión que tampoco ocurre hoy. En síntesis, la nueva Constitución demanda una seria discusión del rol que les cabe a las FF.AA. en un Estado Democrático de derecho, asunto central a la consolidación democrática y muy poco discutido y elaborado.
NACIONES UNIDAS TEME QUE AL MENOS 700 MIGRANTES MURIERON AHOGADOS ESTA SEMANA EN EL MAR MEDITERRÁNEO BBC MUNDO http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/05/29/naciones-unidas-teme-que-al-menos700-migrantes-murieron-ahogados-esta-semana-en-el-mar-mediterraneo/
Naciones Unidas afirmó este domingo que teme que al menos 700 migrantes murieron ahogados en el mar Mediterráneo después de que tres botes que los transportaban naufragaran, en el transcurso de esta semana, en su intento de llegar a Europa. Carlotta Sami, vocera de la Agencia para la Atención de Refugiados de la ONU, dijo que las embarcaciones se hundieron en el sur de Italia el miércoles, el jueves y el viernes de esta semana en su intento de alcanzar el territorio europeo. El hundimiento de uno de los barcos fue captado por la cámara de uno de los miembros de la marina italiana, organismo que se encargó del rescate de los sobrevivientes. Se estima que en este caso son 100 los desparecidos. Sin embargo, de acuerdo al reporte de las agencias de noticias Reuters y AP, el accidente con el mayor número de víctimas se presentó el jueves cuando una embarcación con 563 personas se hundió cerca del mar de Libia, en el sur de Italia.