TEMARIO:
1. LORENA FRIES LE PONE LA LÁPIDA A BACHELET: “ES UN ERROR LA QUERELLA POR INJURIAS O CALUMNIAS“ 2. LEY ANTIENCAPUCHADOS: EL “DETALLE” QUE PODRÍA HACERLA FRACASAR NUEVAMENTE 3. Y QUIEREN LIBERTAD CONDICIONAL: MINISTRO CARROZA VUELVE A PROCESAR A CÚPULA DE LA DINA POR SECUESTRO CALIFICADO 4. FEMICIDIOS FRUSTRADOS AUMENTARON UN 44% EN DOS AÑOS 5. CINCO EJEMPLOS DE LO QUE ES LA ESCLAVITUD MODERNA 6. ACTIVISTAS CATALOGAN COMO TRIUNFO PARALIZACIÓN DE PROYECTO HIDROELÉCTRICO DOÑA ALICIA 7. ARGENTINA: MACRI OTORGA MÁS PODER A LOS MILITARES 8. NO HAY SALUD: LAS SUCULENTAS GANANCIAS DE LAS CLÍNICAS PRIVADAS
LORENA FRIES LE PONE LA LÁPIDA A BACHELET: “ES UN ERROR LA QUERELLA POR INJURIAS O CALUMNIAS“ EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/06/02/lorena-fries-le-pone-la-lapida-a-bacheletes-un-error-la-querella-por-injurias-o-calumnias/
Un duro golpe para la Presidenta Michelle Bachelet representan las opiniones de la directora del Instituto de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, quien calificó como "un error" la querella por injurias que la Mandataria, en su calidad de persona natural, presentó contra la revista Qué Pasa. Duro, porque la crítica viene ahora desde alguien que pertenece al mundo de referencia para Michelle Bachelet: los Derechos Humanos.
A través de una declaración pública, la abogada precisó que “si bien es un error la querella por injurias o calumnias, también tengo que decir que para que haya libertad de prensa tiene que haber pluralidad de opiniones. Lo que pasa en este país con la libertad de prensa es que los medios están concentrados, principalmente los medios escritos, que son los que muchas veces forjan la opinión. Esto quizás no estaría pasando si estuviésemos realmente ante una pluralidad en los medios”, señaló. Lorena Fries, cuyo nombre se menciona para asumir la Subsecretaría de Derechos Humanos, explicó que “las autoridades públicas tienen un nivel de exposición y de escrutinio mayor que los demás ciudadanos y, en ese sentido, una autoridad está enfrentada a mayores críticas que cualquier otra persona”. En tal contexto, añadió que "para responsabilizar a un medio de comunicación sobre una afectación a un derecho humano como es la honra, lo que se ha establecido en materia de estándares de derechos humanos no es la vía penal, sino la vía civil, en nuestro caso la ley de prensa y no el delito de injurias y calumnias”. Fries se detuvo, asimismo, a precisar por qué ha cambiado el estándar. “Se entiende que la libertad de prensa es tan importante que se debe pagar por lo mal hecho desde el punto de vista de una indemnización. Estamos ante una colisión de derechos entre la libertad de expresión y el derecho a la honra, que debió haberse manejado desde otro punto de vista”, afirmó.
LEY ANTIENCAPUCHADOS: EL “DETALLE” QUE PODRÍA HACERLA FRACASAR NUEVAMENTE EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/06/02/292609/ley-antiencapuchados-el-detalle-que-podriahacerla-fracasarnuevamente74635/?utm_source=single&utm_medium=link&utm_campaign=portada
Este martes 31 de mayo los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN), Daniel Farcas (PPD), Claudia Nogueira (UDI), Gabriel Silber (DC) y Marcela Sabat (RN) ingresaron al parlamento un proyecto de ley que busca sancionar y detener a quienes en una manifestación pública estén con el rostro cubierto. La iniciativa que “modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para sancionar como falta el ocultamiento del rostro con ocasión de alteraciones al orden público, y permitir la detención en caso de flagrancia”, surge luego de lo ocurrido el pasado 21 de mayo en Valparaíso, donde a raíz del incendio de un edificio en el centro de la ciudad -que habría comenzado tras el ataque con una bomba incendiaria a una farmacia aledaña- falleció el trabajador municipal Eduardo Lara. El proyecto ha sido inevitablemente relacionado a la llamada “Ley Hinzpeter”, que durante el gobierno de Sebastián Piñera y en el contexto de las movilizaciones estudiantiles de 2011 ingresó al parlamento buscando establecer como un agravante en la responsabilidad de determinados delitos contra el orden público, el estar “con el rostro cubierto o utilizando cualquier otro elemento que impida, dificulte o retarde la identificación del hechor”. El 17 de diciembre de 2013, luego de dos años de tramitación, fue definitivamente rechazado por el Congreso Nacional. El principal argumento en contra de la iniciativa fue que buscaba criminalizar al movimiento social. Así lo manifestó, por ejemplo, en reiteradas ocasiones uno de sus más acérrimos opositores, el entonces diputado socialista Marcelo Díaz. “Es un proyecto innecesario, torpe, que tiene una sola consecuencia: criminalizar la protesta social”, señalaba el ahora vocero de gobierno. “Esta ley no le entrega ninguna herramienta nueva a Carabineros. Es una ley política que tenía como propósito generar una sanción social a una movilización social”, agregaba. Lacrimógenas y pañuelos Es cierto, la “Ley Hinzpeter” era mucho más dura con los sancionados, estableciendo presidio para quienes cubriendo su rostro participaran de interrupciones u ocupaciones de servicios públicos, cortaran el tránsito o causaran daños a la propiedad pública, entre otras acciones. Sin embargo, es muy probable que la actual “Ley antiencapuchados” corra la misma suerte que aquella y termine convirtiéndose en un nuevo fracaso para los sectores que promueven medidas represivas como éstas. La actual moción busca sancionar como falta el que “en el contexto de alteraciones al orden público se utilice cualquier elemento que tenga por objeto ocultar el rostro”, como reza el texto enviado esta semana al Congreso por Farcas, Nogueira, Fuenzalida y compañía. Para ello se modificaría el Código Penal y el Código Procesal Penal, estableciendo que se detenga y sancione, como indica el artículo 494 -que establece multas de 1 a 4 UTM (de $45.600 a $182.500)-
“al que con ocasión de alteraciones al orden público, oculte su rostro para evitar su identificación, salvo que el hecho constituya crimen o simple delito”. Como se cuestionó igualmente a la “Ley Hinzpeter”, la ambigüedad de la norma implicaría que cualquier persona -en un momento considerado como “alteración al orden público” por un carabinero- podría ser detenida y sancionada, por ejemplo, por el simple hecho de cubrir su boca y nariz para hacer frente a los tóxicos gases arrojados por la policía para reprimir manifestaciones.
Es una realidad que en esos contextos Fuerzas Especiales utiliza en abundancia tanto químicos en el agua del “guanaco” como gases lacrimógenos, y que son los polerones con capucha, pañoletas y mascarillas los elementos que los manifestantes tienen a mano para protegerse. La posibilidad de abrir una puerta a más prácticas abusivas por parte de la policía, en términos de propiciar detenciones ilegales en medio de manifestaciones al no garantizarse la aprehensión de
personas que efectivamente fueran responsables de algún delito, terminó por ponerle finalmente la lápida a la “Ley Hinzpeter” y podría ocurrir lo mismo con esta nueva arremetida anticapuchas. En ese mismo sentido, la detención y hasta sanción de personas por el simple hecho de estar cubriendo su rostro en una concentración pública significaría, además, contradecir los fundamentos que dice perseguir el proyecto de ley, el que -al igual que la “Ley Hinzpeter”- intenta supuestamente velar por el “legítimo derecho a la manifestación”.
Y QUIEREN LIBERTAD CONDICIONAL: MINISTRO CARROZA VUELVE A PROCESAR A CÚPULA DE LA DINA POR SECUESTRO CALIFICADO EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/06/02/293254/y-quieren-libertad-condicional-ministrocarroza-vuelve-a-procesar-a-cupula-de-la-dina-por-secuestro-calificado/
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dictó sendos autos de procesamiento en contra de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en dos delitos de secuestro calificado, ilícitos perpetrados 1974 y 1976, respectivamente, en la Región Metropolitana. En el primer caso (causa rol 50-2013), el ministro Carroza procesó a los agentes Fernando Lauriani Maturana, Pedro Espinoza Bravo, Rolf Wenderoth Pozo y Miguel Krassnoff Martchenko, en calidad de autores del secuestro calificado de Gabriela Edelweiss Arredondo Navarrete, ilícito perpetrado a partir del 19 de noviembre de 1974. De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, Arredondo Navarrete, estudiante universitaria y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenida
en calle Bellavista por agentes de la DINA y llevada a un centro de detención del organismo desconociéndose, hasta ahora, su paradero. En la segunda resolución (causa rol 335-2012), el ministro en visita sometió a proceso a los agentes Carlos López Tapia, Miguel Krasnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes, en calidad de autores del secuestro calificado de María Galindo Valderrama, ilícito perpetrado a partir del 18 de julio de 1976, en el sector de Estación Central. De acuerdo a la investigación del caso, María Galindo Ramirez, de 26 años, ex dirigente de la Juventud Obrera Católica y militante del Mir, fue detenida en la vía pública, presumiblemente en el sector de Estación Central, por agentes de la DINA y traslada hasta un recinto de detención desde donde se pierde su rastro.
FEMICIDIOS FRUSTRADOS AUMENTARON UN 44% EN DOS AÑOS EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/06/02/femicidios-frustrados-aumentaron-un44-en-dos-anos/
Según la ONG "Parejas Sin Violencia" el año 2015 hubo 45 femicidios y 112 casos de femicidios frustrados. En el caso de los femicidios, esta cifra representa un 12% de aumento en comparación al 2013 y 2014, cuando se registraron 40 casos. La ONG Parejas Sin Violencia manifestó su preocupación ante la oleada de femicidios y femicidios frustrados que están afectando a nuestro país y que, debido a la crueldad de los hechos de violencia, han causado gran conmoción en la opinión pública. Cabe destacar que en menos de seis meses contamos 15 mujeres asesinadas (en contexto VIF) y 54 femicidios frustrados (al 30 de mayo de este año), entre ellos, el de Nabila Rifo. El año 2015 hubo 45 femicidios y 112 casos de femicidios frustrados. En el caso de los femicidios, esta cifra representa un 12% de aumento en comparación al 2013 y 2014, cuando se registraron 40 casos. Caso especial revisten los femicidios frustrados que, en estos dos últimos años prácticamente se duplicaron, alcanzando un 44% de aumento. (2013, 78 femicidios frustrados; 2014, 103 femicidios frustrados; 2015, 112 femicidios frustrados. Fuente Sernam). “Estas cifras son muy preocupantes y una clara señal de alarma. Es necesario un replanteamiento de cómo estamos abordando las políticas públicas actuales en esta área. No basta sólo con invertir en prevención y atención a mujeres, sino que también capacitar a todos los miembros de la sociedad, ojalá desde el colegio, a muy temprana edad”, dijo Mariana Madariaga, la directora de la ONG Parejas sin Violencia. Madariaga además rechazó el fallo de la Corte de Apelaciones de La Serena que acogió la atenuante de “obcecación por celos” en el caso del femicidio frustrado en Ovalle. “Es un retroceso al trabajo de prevención que realizamos muchas organizaciones en el país. El fallo demuestra que aún no está claro el concepto de violencia contra la mujer en este tipo de contextos. La violencia no se inicia en el primer golpe, puesto que en estos casos la violencia comenzó mucho tiempo antes, con la violencia sicológica. El golpe es la última etapa del círculo de agresiones”, aclaró. Finalmente, explicó que “debemos tener cuidado con los mensajes que enviamos a la ciudadanía. En el caso de Ovalle, el fallo convirtió a la víctima como culpable de la agresión. Es decir, la mujer infiel tuvo la culpa de ser apuñalada hasta la agonía. No podemos permitirnos esos errores comunicacionales y es deber de nuestros jueces estar capacitados sobre estos temas. La lucha contra la violencia hacia la mujer es de todos”, advirtió Madariaga.
CINCO EJEMPLOS DE LO QUE ES LA ESCLAVITUD MODERNA EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/06/03/293413/cinco-ejemplos-de-lo-que-es-la-esclavitudmoderna/
Pueden estar sirviendo en barcos de pesca debido a una deuda, sometidas a matrimonios forzados, detenidos contra su voluntad como empleados domésticos o atrapadas en burdeles bajo amenazas de violencia. Estas son algunas de las formas de la llamada esclavitud moderna. Más de 45 millones de personas viven hoy en día en esta condición. Aunque casi todos los países la han declarado ilegal, continúa existiendo y en Asia se encuentra casi el 35% de las víctimas. El Índice Global de Esclavitud 2016, que publica anualmente la organización de ayuda Walk Free Foundation en Australia, define la esclavitud como una“situación de explotación a la que una persona no puede negarse debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño”. Estos son cinco ejemplos de esclavitud moderna. La industria de pescados y mariscos Grupos de derechos humanos afirman que miles de personas son forzadas a trabajar en barcos de pesca, donde pueden permanecer durante años sin ni siquiera poder ver la costa. Las víctimas aseguran que si te atrapan tratando de escapar pueden matarte o lanzarte por la borda. Tailandia, que es el tercer exportador de mariscos del mundo, ha sido acusado de formar las tripulaciones de sus barcos con birmanos y camboyanos que fueron forzados a trabajar como esclavos. Las autoridades están tratando de aplicar medidas enérgicas contra los traficantes de personas.
Muchas víctimas aseguran que fueron engañadas por intermediarios que les prometieron empleos en una fábrica y después los llevaron a barcos de pesca donde se les forzó a trabajar. Un birmano que escapó de sus traficantes indicó que lo forzaron a abordar un pequeño barco en mar abierto donde tenía que pescar durante 20 horas al día sin recibir un pago. “La gente decía que a cualquiera que trataba de escapar le rompían las piernas, le rompían las manos o incluso lo mataban”, le dijo a la BBC. Fábricas de marihuana y salones de uñas Las cifras sugieren que podría haber entre 10.000 y 13.000 víctimas de esclavitud en Reino Unido llegadas de varios países, incluidos Albania, Nigeria, Vietnam y Rumania. Se cree que unos 3.000 niños de Vietnam están trabajando en fábricas de marihuana y salones de uñas. A muchas víctimas se les dice que se lastimará a sus familias si se escapan. Una víctima, Lam, tenía 16 años cuando llegó a Reino Unido esperando ganar dinero para enviar a su familia. En lugar de eso se le forzó a trabajar en una “fábrica” de marihuana, una casa donde se cultivan enormes cantidades de la planta. “Recuerdo que le pregunté al hombre que me llevó allí si podía irme porque no me gustaba, pero me amenazó con golpearme o matarme de hambre”, dice Lam. El joven fue arrestado cuando la policía allanó la casa, y acusado de delitos vinculados a drogas. Pero eventualmente recibió ayuda del centro de asesoría de tráfico infantil de la organización de protección a la infancia NSPCC. Esclavitud sexual La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que hay unas 4,5 millones de víctimas de explotación sexual forzada. Me dijeron que yo les debía US$30.000 y que pagaría la deuda con US$100 cada vez que sirviera a un hombre” Shandra Woworuntu Shandra Woworuntu, activista contra el tráfico humano, fue forzada a la esclavitud sexual en Estados Unidos en 2001. La mujer salió de Indonesia, donde se le prometió trabajar en la industria hotelera en ese país, pero los intermediaros que la recibieron en el aeropuerto la entregaron a traficantes armados que la forzaron a llevar a cabo trabajos sexuales. “Me dijeron que yo les debía US$30.000 y que pagaría la deuda con US$100 cada vez que sirviera a un hombre”, explica.
Eventualmente logró escapar y con ayuda del FBI localizó un burdel donde había otras víctimas de tráfico. Mendicidad forzada El informe destaca que muchos niños en Europa, Asia, África, América Latina y Medio Oriente son forzados por criminales a pedir limosna en las calles. Una víctima le dijo a los investigadores: “Aunque pido limosna no me pagan nada. Tengo que entregarles todo lo que gano. Me privan de alimento y no puedo dormir bien. No me pagan un salario, esto sólo es servidumbre”. Otra víctima afirma: “No puedo decirles nada porque tengo un miedo constante. Mi empleador me amenazó con no decir nada a nadie o de otra forma me castigaría de forma severa”.
ACTIVISTAS CATALOGAN COMO TRIUNFO PARALIZACIÓN DE PROYECTO HIDROELÉCTRICO DOÑA ALICIA EL CIUDADANO
La Resolución del Comité de Ministros que aprobó como ambientalmente favorable el estudio de impacto ambiental del proyecto Central Hidroeléctrica Doña Alicia fue suspendido por orden del Tercer Tribunal Ambiental, entidad que también ordenó parar todas las obras a ser ejecutadas por la empresa propulsora de Doña Alicia en la comuna de Melipeuco, en la región de La Araucanía.
La decisión fue tomada tras la solicitud de Luis Alberto Araneda Neucuman, werkén de la comunidad mapuche Benancio Huenchupán, en el marco de una Reclamación puesta ante el mismo tribunal valdiviano que declaró la medida que se hará efectiva cuando el Comité de Ministros sea notificado. El territorio ancestral del área de influencia del proyecto, el elemento espiritual, como de las propiedades medicinales de la zona, y asimismo, el componente agua como elemento prioritario y vital para la vida comunitaria, el cual se agrava por la insuficiencia de pozos de agua en la zona, fueron los elementos que el Tribunal consideró necesario proteger estableciendo la detención de actividades. En la resolución el Tribunal consideró informes técnicos antropológicos y de análisis de los impactos territoriales del proyecto que lo llevaron a concluir que existen antecedentes que hacen presumir la gravedad de afectación de los intereses alegados por la Reclamante, como la necesidad de que se aseguren éstos de manera cautelar. La central hidroeléctrica se prepara para emplazarse en los terrenos del Fundo “Piedra Cortada”, ubicados en la Ruta Internacional Curacautín-Malalcahuello-Lonquimay, a un costado Sur de la Ruta 181, en la comunda de Melipeuco. Además, el proyecto contaría con una potencia de generación neta de 6.3 MW, bajo un caudal de diseño de 18.56 m3 por segundo, esto según los derechos del agua otorgado por la Dirección General de Agua. El procedimiento consistirá, -luego de la notificación- en la oposición o solicitud del alzamiento de la medida cautelar que tendrá la reclamada. Para lo cual tendrá que presentar la prueba documental necesaria y pertinente en el caso, de ocurrir todo esto, el Tribunal debe citar a una audiencia dentro de un plazo no mayor a los diez días, en la cual escuchará a las partes para resolver un alza en la medida o bien, la resolución de la mantención o modificación de la misma. Por su parte, diversas organizaciones ecologistas de la zona, como la Agrupación Ecológica Ambientalista “Vive Curacautín”, han declarado a El Ciudadano que el hecho es un triunfo por parte de la ciudadanía y las organizaciones, lo cual se debe a que ha habido una constancia, el freno de las intervenciones al río. Siempre está la posibilidad de que todos estos frenos a las pequeñas centrales sean una distracción para invadir y pisotear la zona con hidroeléctricas de mayor potencia y con mayores impactos, tanto ambientales como sociales. Frente a ese escenario, su vocero Diego Sepúlveda, manifestó que nadie se puede cerrar a nada: “Curacautín no es inmune y está la chance de que estén planificando alguna otra instalación, pero hay que estar atento”. Además, señaló que los caudales existentes, río abajo, no tiene la potencia para establecer ese tipo de impacto, a menos que se embalse, que tampoco se descarta, a lo que recuerda cuando estuvo vigente la necesidad de un embalse en el proyecto de La Mula, que se fue abajo también por la presión ciudadana. “Uno no debe confiarse en la solución del problema, porque las empresas hidroeléctricas siempre van a querer generar hidroelectricidad y afectar tanto a la ciudadanía como al medio ambiente”, finalizó.
ARGENTINA: MACRI OTORGA MÁS PODER A LOS MILITARES EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/06/02/293274/argentina-macri-otorga-mas-poder-a-losmilitares/
El presidente argentino, Mauricio Macri, optó este miércoles por otorgarle mayores potestades a las Fuerzas Armadas de su nación, mediante el decreto 721/2016, publicado en el Boletín Oficial. El decreto permite que “los militares decidan la política de defensa (…) y las facultades que eran del Ministerio como construcción política del Estado Nacional, pasan a los castrenses”. Más allá de las reacciones de algunos expertos que consideran que Argentina sigue en retroceso, reviviendo viejos “monstruos” del pasado, sigue la incertidumbre por saber qué hay detrás de esta decisión del mandatario. Con la medida, Macri les concede más autonomía a los militares con respecto al poder civil, por lo que ahora estos tienen la autoridad de decidir ascensos, traslados, designaciones y premios, entre otros. La polémica decisión modifica el decreto 436/1984, firmado por el ex presidente Raúl Alfonsín, en el que destaca que cualquier orden del Ejército debía pasar por la órbita del Presidente de la Nación y el Ministerio de Defensa de la Nación. Se ponía fin así a les interrupciones sistemáticas que las Fuerzas Armadas venían practicando a los regímenes democráticos desde 1930 a través de su control por parte del gobierno civil.
Este decreto se suma al anuncio realizado esta semana del incrementó de un 9% que se suma al 31% otorgado hace unos meses, para retirados de Gendarmería y Prefectura (muchos provenientes de la dictadura).
NO HAY SALUD: LAS SUCULENTAS GANANCIAS DE LAS CLÍNICAS PRIVADAS EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/06/02/293063/no-hay-salud-las-suculentas-ganancias-de-lasclinicas-privadas/?utm_source=single&utm_medium=link&utm_campaign=portada
Una de las actividades más rentables que pueden existir hoy en Chile no se trata del retail, de la electrónica de consumo masivo, tampoco de la banca usurera. Hablamos de la salud, actividad comercial que durante las últimas décadas descolla como uno de los mejores negocios y atrae inversionistas de otras áreas. En este rubro, otrora derecho social y cultural, si antes fueron las Isapres hoy son las clínicas, orientadas al sector de mayores recursos y hacia la generosa mano del Estado. Una vez más observamos cómo el modelo neoliberal, apoyado en un hipócrita laissez-faire, recibe millonarios subsidios de su repudiado aparato público. Esta nueva “distorsión” del mercado que involucra una sangría de recursos fiscales hacia el sector privado, del mismo modo que los subsidios estatales a los operadores del Transantiago, ha permitido que la salud privada en Chile, que atiende a una escasa proporción de la población (cifras oficiales estiman que en la actualidad sólo un 16 por ciento cotiza en Isapres) se haya levantado como uno de los sectores más poderosos en la economía chilena con ganancias que suman decenas de millones de dólares. Hace unas semanas el gremio Clínicas de Chile hizo públicas las utilidades de sus afiliados durante el año pasado, difundida a través de un medio impreso ligado al duopolio. En este informe se revela
que durante 2015 las clínicas obtuvieron ganancias por 55 mil millones de pesos, una cifra cercana a los 80 millones de dólares, que fue un siete por ciento superior a la conseguida en 2014 y los ingresos por ventas llegaron a 784 mil millones de pesos, un once por ciento más que el año anterior. En síntesis, un año para recordar y un negocio redondo a costa de personas enfermas y muy pacientes. Para la industria, estos resultados no corresponden ni a precios altos ni subsidios cruzados, directos o indirectos, sino a la “eficiencia”, eufemismo que engloba de todo, desde buen marketing y publicidad, altas tarifas, o bajos sueldos. Según informa el matutino que hizo públicos estos datos, los cuales no tienen obligación de difundirse como sí la hay para las Isapres a través de la Superintendencia del ramo, esa cifra no considera los números de los mayores centros médicos privados, como la Clínica Alemana o la Red UC. DOS CARAS DE LA MISMA MEDALLA Las ganancias de las clínicas privadas no pueden dejar de observarse comparativamente con las Isapres. Son dos caras de la misma medalla, negocios en muchos casos en las manos de los mismos inversionistas. Este rubro, posiblemente entre los más repudiados por la población según no pocos sondeos de opinión, ha disminuido su alta rentabilidad desde el fin de los subsidios entregados por el Estado y por el proceso de judicialización abierto por la ciudadanía hace un par de años para evitar las alzas arbitrarias e indiscriminadas en los planes de salud. Este virtuoso proceso impulsado por los usuarios ha hecho caer los ingresos de estas aseguradoras, aun cuando siguen exhibiendo cifras más que positivas. El año pasado las Isapres ganaron 37 mil millones de pesos, un 38 por ciento menos que en 2014, y cifra por debajo de la suma obtenida por las clínicas. En la ley del libre mercado, que rige en Chile en todas las actividades, salud, transporte y educación incluidas, los precios y tarifas son también libres. Es por ello que los prestadores privados de salud pueden subir sus precios sin rendirle cuentas a nadie para equilibrar sus costos o simplemente para aumentar las ganancias esperadas por sus inversionistas. Como en cualquier otro negocio, son los usuarios, los clientes, y en estos casos los pacientes, los que financian las utilidades de las Isapres y las clínicas y el enriquecimiento de sus accionistas y grupos controladores. A diferencia de otros mercados rentables de la economía chilena, en este sector no hay aparentemente un nivel de concentración para hablar de prácticas monopólicas. Aun así, son pocos los actores, bien densificados, que se disputan al sector más rentable de la población. En las Isapres, no así en las clínicas que intentan ocultar sus cifras, podemos ver que cinco aseguradoras (Cruz Blanca, Banmédica, Más Vida, Colmena y Consalud) tienen el 92 por ciento del “mercado” de
afiliados (cifras de 2014 de la Asociación de Isapres). Ello, sobre un universo de 1,8 millones de cotizantes, que se eleva a poco más de tres millones al considerar a sus familiares. NEGOCIOS CON EL 20% DE MAYORES INGRESOS Como puede desprenderse de estos datos, el sistema Isapre no alcanza a cubrir ni al 20 por ciento de la población nacional, lo cual se relaciona con la verdadera y desequilibrada distribución de los ingresos. Porque al observar el nivel de salarios de los cotizantes de las aseguradoras, vemos que el 72 por ciento tiene sueldos superiores a los 700 mil pesos, en tanto un poco más del 20 por ciento realiza cotizaciones por ingresos entre 300 mil y 700 mil y un escaso cuatro por ciento bajo los 300 mil. La concentración del mercado de las aseguradoras, algo propio en tantos otros sectores rentables de la economía chilena, está relacionada con otras estructuras aún más reñidas con las teorías que tanto declaman los puristas del libre mercado. Junto a la concentración existe una oscura trama de integración vertical. El negocio de la salud en Chile, que tiene diferentes estratos o rubros, descansa en unas pocas manos. La otra cara de la salud privada son las clínicas, las que responden a modelos similares de negocios. Están orientadas al sector de mayores ingresos y también reciben subsidios, así como las Isapres gozaron de este beneficio durante unos veinte años. En el caso de las clínicas, los apoyos del Estado van por el lado de la compra de servicios y subsidios a la demanda. Concretamente, la modalidad libre elección de Fonasa; la compra de servicios -que desde la implementación de las GES se ha incrementado exponencialmente-; y desde 2011, el bono AUGE. “Esto ha implicado el traspaso de 6.809 millones de dólares entre 2005 y 2012, lo cual explica el vertiginoso crecimiento de la red privada que aumentó su capacidad en 20 por ciento en el periodo 2005-2011”, señalan en un estudio de la Fundación Creando Salud, Matías Goyenechea y Danae Sinclaire. Este factor sin duda responde a la pregunta que pudiera surgir al observar las ganancias de 2015 de estas pocas clínicas. El negocio es floreciente por todos lados y reproduce el esquema discriminador y elitista de las Isapres. Como ejemplo, de los 58 centros privados con hospitalización de la Región Metropolitana, 36 se ubican en Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Vitacura y Lo Barnechea, las zonas de mayor poder adquisitivo, lo cual aumenta las brechas y la inequidad en el acceso a la salud. INTEGRACION VERTICAL Tal como en otros sectores de la economía, en la salud privada podemos hallar también las características propias de los mercados desregulados. Vemos concentración, integración vertical y una propiedad vinculada con otras áreas de la economía, entre las que destaca el sector financiero. Desde finales de 2014 se ha podido descubrir una nueva faceta de este negocio: su alta capacidad de ejercer lobby y realizar favores políticos a parlamentarios, lo cual explica la consolidación de un sistema de salud caro y rechazado por la población. Empresas Penta, corruptora de políticos, es también dueña de uno de los mayores holdings médicos del país. Empresas Banmédica es dueña de dos Isapres, Banmédica y Vida Tres, con aproximadamente un cuarto del mercado y utilidades que el año pasado superaron los 45 mil millones de pesos. El consorcio, controlado por Carlos Alberto (Choclo) Délano, Carlos Eugenio Lavín y Eduardo Fernández León, posee las clínicas Santa María, Dávila, Help, Clínica Vespucio, Bío Bío, Ciudad del Mar, los
centros médicos Vida Integra y Home Medical Clinic. “En este modelo de negocios los ‘costos’ de las Isapres son las ganancias de las clínicas, y estas a su vez están aumentadas por los traspasos de fondos públicos. Finalmente el dinero permanece en el holding”, concluyen los expertos de Fundación Creando Salud.
Bupa Chile es parte del holding español Bupa-Sanitas y controla en Chile el 54 por ciento de la Isapre Cruz Blanca y otros negocios en el ámbito de los seguros y, por cierto, en la salud, lo que confirma la integración vertical en este rubro. Tiene poco más del 20 por ciento de los cotizantes y posee la red de centros médicos Integramédica, Sonorad y Pilar Gazmuri. En el área hospitalaria posee la Clínica Reñaca, Antofagasta, San José en Arica, el sistema domiciliario Clinical Service y construye en estos momentos la Clínica Bupa en La Florida, de más de cien mil metros cuadrados y 400 camas. Durante la OPA (Oferta Pública de Acciones) de 2014, Cruz Blanca quedó valorada en nada menos que 650 millones de dólares. El caso de la Isapre Colmena, aun cuando tiene matices, mantiene el modelo de integración vertical a través de la Clínica UC de San Carlos de Apoquindo y otros centros en regiones, a través de su propietario, el grupo Bethia. Este extenso consorcio está presente en negocios tan diversos y antagónicos como viñas (Indómita, Santa Alicia y Dos Andes), transporte aéreo (Latam), hípica (Club Hípico), medios de comunicación (Mega), agua potable (Aguas Andinas) o el retail (Falabella), entre otros. Bethia es también un inversionista en la Clínica Las Condes, con el once por ciento del capital. Junto a estos negocios, Colmena está relacionada con centros de prestaciones médicas, tales como Dial Médica; Dial Médica Hospitalización Domiciliaria; Centro de Salud Mental Golden Cross y Golden Cross Hospitalización Domiciliaria. Además, según un informe de la Fiscalía Nacional Económica publicado en la prensa corporativa, el conglomerado tiene participaciones minoritarias en varias clínicas a lo largo del país, tales como Clínica Magallanes de Punta Arenas; Clínicas Elqui
de La Serena; Integral de Rancagua; Hospital Clínica del Sur de Concepción; y Clínica Puerto Montt, entre otras. Por último, Consalud es la otra gran Isapre, con aproximadamente un 20 por ciento de los afiliados. Con un esquema similar y ligada a la Cámara Chilena de la Construcción, mantiene la integración vertical en el negocio con decenas de centros médicos y hospitalarios. El modelo actual de negocio, elitista, discriminador, de altos costos para el usuario y subsidiado por el Estado, se ha mantenido bajo estrategias similares a otros sectores. Ya hemos mencionado la importante presencia de Penta en Banmédica, pero es también muy habitual hallar a expertos en lobby, políticos de fuste derivados al sector privado y dirigentes gremiales entre sus filas. Sin ir muy lejos, Sebastián Piñera formó parte del directorio de la Clínica Las Condes hasta 2010, cuya propiedad, si bien está todavía diluida, pertenece en un porcentaje no menor a Bethia e Inversiones Santa Filomena, ambas del grupo económico Solari. Actualmente el presidente del directorio de la clínica es Fernando Cañas Berkowitz, que viene del Banco de Chile y es también presidente de Transbank y de la Bolsa Electrónica. La presencia de relevantes miembros de la elite económica y financiera es habitual en este sector. Pero también podemos ver cómo se han ido tendiendo puentes entre el negocio privado y políticos y ex políticos de la Concertación-Nueva Mayoría. Por ejemplo -cita Fundación Creando Salud-, Integramédica, hoy en manos de Bupa, ha contado en sus directorios con Alvaro Erazo (PS), ex ministro de Salud (2008) y director de Fonasa (2000-2006) y César Oyarzo (DC), también ex director de Fonasa (1994) y actual gerente de la prestadora de salud. Por otro lado, la Asociación de Isapres tiene contratos con la consultora Imaginacción, ligada al ex ministro Enrique Correa (PS). Además, la Asociación de Isapres nombró al ministro de Hacienda del gobierno de Eduardo Frei, Eduardo Aninat (DC), como su presidente en diciembre de 2006, cargo que mantuvo hasta junio de 2010. Luego fue reemplazado por Hernán Doren, entonces más cercano al oficialismo, quien fue director de la Isapre Consalud y presidió varias entidades vinculadas a la Cámara de la Construcción.