TEMARIO:
1. "JUZGAR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD NO DEPENDE DE UN GOBIERNO". FISCAL FEDERAL ARGENTINO
2. 27 ASESINATOS DE PERIODISTAS EN LAS AMÉRICAS, SEGÚN RELATORÍA DE LA CIDH
3. CHILE ENTRE LOS TRES PAÍSES CON PEOR CALIDAD DE VIDA DE LA OCDE
4. INFORMACIÓN SOBRE DD.DD. POR BENEFICIOS CARCELARIOS: EL TRUEQUE QUE ESTUDIA LA DEFENSA DE ÁLVARO CORBALÁN
5. FAMILIARES DE BERTA CÁCERES RESPONSABILIZAN AL GOBIERNO DEL CRIMEN
"JUZGAR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD NO DEPENDE DE UN GOBIERNO" CBA24N (ARGENTINA) http://www.cba24n.com.ar/content/juzgar-crimenes-de-lesa-humanidad-no-depende-de-ungobierno
Facundo Trotta, en Radio Universidad.
El fiscal federal Facundo Trotta, que desde diciembre de 2012 se desempeña como integrante del Ministerio Público Fiscal (MPF) en la megacausa La Perla, fue consultado a raíz de los dichos del dirigente radical Ricardo Gil Lavedra, sobre acortar los plazos de los juicios por delitos de lesa humanidad y la "burocracia de estos procesos". En respuesta a dicha "sugerencia", señaló que la situación de juzgar o no a los militares por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar "no es una decisión que pueda depender de un gobierno, sino una responsabilidad que asumió el Estado argentino al suscribir a la Convención Americana de Derechos Humanos". En diálogo con Cara y Cruz, el fiscal recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el máximo tribunal que interpreta dicha Convención, y determina la obligación de los estados que han suscripto, a juzgar, investigar y en su caso determinar la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad cometidos.
"Tenemos que determinar los alcances de esa expresión de 'terminar los juicios'. Si con eso se refiere a la necesidad de juzgar lo más rápido posible estoy de acuerdo", advirtió. Y manifestó que Argentina es el ejemplo mundial en materia de juzgamiento a estos crímenes: "Tuvimos un tiempo de retroceso que todos conocemos, con las leyes de impunidad. Pero también hemos tenido momentos de gran avance". Desde hace más de tres años Trotta se desempeña como fiscal en el juicio La Perla, el más grande por delitos de lesa humanidad del interior del país, luego de la megacausa ESMA, y el octavo juicio en Córdoba. "Nos llevó tres años pero juzgamos hechos cometidos contra 716 víctimas. En nuestra provincia hemos tenido la mayor cantidad de sentencias por lesa humanidad", dijo. El fiscal también respondió a los dichos de Lavedra sobre la "acumulación de querellas" y dijo: "Pretender que un querellante que representa a HIJOS, o una abogada como Marité Sánchez que representa a Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba no represente a las víctimas viola su derecho de representación, por lo tanto viola la Convención Americana de Derechos Humanos. Se trata del derecho de acceso a la justicia a las víctimas, por lo que no encuentro la razón al acortamiento de los plazos". Trotta se refirió también a editoriales de grandes medios de comunicación donde se cuestiona la legitimidad de los juicios, y apuntó a que "no sólo escriben personas con mala intención, sino con desconocimiento, hablando de que esto es una venganza, cuando la realidad es que en el juicio La Perla –por ejemplo– la mitad de los imputados se encuentra en prisión domiciliaria, excarcelados o separados del juicio, acorde a sus derechos constitucionales. No se puede hablar a la ligera". Señaló por último la importancia de no dejar de lado que a cuarenta años de la dictadura hay víctimas del terrorismo de Estado que todavía aguardan respuestas de la Justicia, y por tal motivo "el Estado está obligado a darles una respuesta y una reparación a los familiares".
27 ASESINATOS DE PERIODISTAS EN LAS AMÉRICAS, SEGÚN RELATORÍA DE LA CIDH LA PRENSA (PANAMÁ) http://www.prensa.com/politica/Periodismo-tiempos-dificiles_0_4449305215.html No hay buenas noticias para la libertad de expresión en América, y así quedó demostrado en el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que documentó el asesinato en el continente de 27 periodistas y trabajadores de medios en circunstancias que podrían estar relacionadas con su profesión. En el documento, preparado por el relator Edison Lanza, se analiza el caso de Panamá, en el que se menciona la retención de una reportera de El Siglo por parte de la Policía; la condena a Corporación La Prensa, S.A., por las publicaciones relacionadas con contratos otorgados a Transcaribe Trading; y la presentación de un anteproyecto de ley en el Legislativo para regular el periodismo. También destaca avances, como la condena a los asesinos del periodista Ramón Monchi Cano.
Periodistas panameños se han manifestado en las calles, en defensa de la libertad de expresión. LA PRENSA/Archivo DÍFICIL Siguen siendo tiempos difíciles para ejercer el periodismo en las Américas. Una vez más, esta tesis quedó corroborada en el informe anual (2015) sobre libertad de expresión, preparado por Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA). En el documento, de 410 páginas, se llama la atención sobre el incremento de la violencia contra periodistas en el continente. Lanza documentó 27 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios de comunicación en circunstancias que podrían estar relacionadas a su profesión.
El uruguayo también resaltó otros 12 casos en los que, dijo, “no es posible determinar, sin una investigación exhaustiva, el vínculo con la labor de informar”. (Para conocer los casos más relevantes ver nota relacionada). PANAMÁ Al caso específico de Panamá, le dedicó cinco páginas, y se refirió a la retención de una reportera del periódico El Siglo mientras grababa un supuesto abuso policial el 10 de mayo de 2015. También resaltó la condena de la que fue objeto Corporación La Prensa, S.A. por parte del Juzgado Decimotercero Civil, a cargo de la jueza Melina Robinson, que obliga al medio a pagar $600 mil a David y Daniel Ochy, propietarios de la constructora Transcaribe Trading, S.A. (TCT), en concepto de daño moral por publicaciones periodísticas. El veredicto de Robinson surgió luego de una demanda por $6 millones interpuesta por los hermanos Ochy, tras publicaciones de este medio los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2012. Afirmaron que las publicaciones, vinculadas con contratos estatales, fueron “falsas, temerarias, injuriosas y denigrantes”. El relator recordó en su escrito que el punto 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección de la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles (...)”. Además, manifestó que la Corte Interamericana ha establecido, en cuanto a la eventual responsabilidad civil, que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser estrictamente proporcionadas de manera que no causen un efecto inhibitorio sobre esta libertad. Lanza también se refirió al hecho de que el Juzgado Décimo Penal suspendió el juicio al exdirector del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz, quien supuestamente agredió a Filemón Medina, secretario general del Sindicato de Periodistas de Panamá. “Las agresiones contra Medina le habrían ocasionado fractura de vértebras”, añade el relator. REGULAR LA PROFESIÓN El informe también recuerda que el 6 de agosto de 2015 llegó a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que buscaba reglamentar la carrera profesional del periodista y del reportero gráfico en Panamá. Mencionó que, entre otras cosas, en la propuesta legislativa se exigía que para ejercer la profesión se debía tener título de licenciatura en periodismo, licenciatura en comunicación social, maestría o doctorado en cualquiera de las disciplinas o especialidades que existen en la comunicación social, otorgados por una universidad nacional pública, o privada del país. También se exigía que se debía tener certificación emitida por la comisión técnica académica de periodismo, ente que nacía a partir de la aprobación de la ley.
Además, disponía que aquellos panameños que están ejerciendo la profesión, sin haber culminado sus estudios del año 2010 en adelante, deberán culminarlos en un máximo de cinco años para poder seguir ejerciendo. La Relatoría le manifestó a Panamá que esta materia fue abordada en detalle por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que el periodismo, por su estrecha relación con la libertad de expresión, “no puede concebirse simplemente como la prestación de un servicio profesional al público mediante la aplicación de conocimientos adquiridos en una universidad, o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional” [como podría suceder con otros profesionales]. Otra de las disposiciones que citó Lanza cuando hizo énfasis en el mencionado anteproyecto de ley, que llegó a la Asamblea de la mano del diputado suplente Juan Moya, del partido Panameñista, es el principio seis de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. La misma establece que “toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística constituyen una restricción ilegal a la libertad de expresión (...)”. La propuesta fue retirada de la comisión de Transporte de la Asamblea Nacional, a petición de Moya. FACEBOOK En el documento se recuerda que en abril de 2015, en el marco de la VII Cumbre de las Américas, que se celebró en Panamá, y específicamente en el encuentro de empresarios, Mark Zuckerberg, el CEO de la red social Facebook, anunció un acuerdo con Panamá para ofrecer conexión de internet gratis para la población de bajos ingresos en el país. Lanza dice que “en Panamá, así como en otros países de la región, organizaciones de derechos humanos firmaron una carta conjunta dirigida al CEO de Facebook, a fin de criticar muchas de las prácticas de Internet.org, por razones de justicia, privacidad y seguridad”. La carta, recuerda el relator, “señala que Facebook está definiendo de forma inadecuada la neutralidad de la red en declaraciones públicas y está construyendo un jardín amurallado donde las personas más pobres del mundo solo pueden acceder a un grupo limitado de sitios web y servicios inseguros”. AVANCES Entre los avances, el relator especial para la Libertad de Expresión resalta la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de un proyecto de ley que prohíbe a la Policía Nacional el uso de perdigones plásticos, de goma o plomo, al momento de controlar multitudes. Destaca también la condena a 36 años de prisión de los tres responsables del asesinato del periodista chiricano Ramón Monchi Cano. Cano fue asesinado el 1 de abril de 2014 al salir de su residencia para dirigirse a la emisora Ondas Chiricanas, donde conducía el programa “5 Noticias y un Comentario”.
REACCIÓN Consultado sobre este tema, el presidente del Consejo Nacional de Periodismo, Atenógenes Rodríguez, dijo que está “realmente preocupado, porque año tras año las amenazas a la libertad de expresión son evidentes y tangibles”. Los medios de comunicación debemos insistir en el respeto a esta libertad garantizada por nuestra Constitución”, añadió. Las Américas siguen limitando la libre prensa Brasil, Honduras, México, Colombia, Guatemala, República Dominicana, Estados Unidos y Paraguay se distribuyeron los 27 asesinatos contra periodistas y trabajadores de medios documentados en 2015, y cuyas motivaciones podrían estar ligadas al ejercicio de la profesión, ya que la mayoría de estos profesionales cubría el accionar del crimen organizado y hechos de corrupción política, o eran voces importantes de sus comunidades. Así quedó consignado en el 17 informe presentado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Resulta alarmante que por tercer año consecutivo se haya incrementado este método horrendo de acallar voces en el continente”, dice el informe, al precisar que en 2014 hubo 25 homicidios y en 2013, 18. El relator, Edison Lanza, destaca que en algunos de los Estados persiste la presentación de denuncias penales por parte de funcionarios o candidatos de elección por la publicación de opiniones o noticias de hechos que son de interés público. Citan el caso de Chile, donde dos directores del periódico El Ciudadano fueron condenados por supuestas injurias a un exdiputado; el de Ecuador, donde un adolescente fue detenido y condenado a realizar trabajos comunitarios por haberle hecho “varias veces un gesto obsceno e insultante” al presidente Rafael Correa; y el de Venezuela, donde el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, presentó una demanda contra los diarios Tal Cual, La Patilla y El Nacional y sus directivos, por difamación, por haber reproducido una información publicada por el diario español ABC que lo ligaba con un cartel de narcotráfico que operaba en la estructura militar del Estado. Sobre Ecuador, el reporte vuelve a apuntar a Ley Orgánica de Comunicación. “Resulta de especial preocupación las sanciones desproporcionadas que aplica un organismo dependiente del Poder Ejecutivo, el uso del derecho de rectificación y respuesta como mecanismo para limitar la emisión de contenidos considerados desfavorables al gobierno... e imponer una visión y discurso oficial a medios...”. Las declaraciones estigmatizantes fueron otra herramienta utilizada para desvirtuar la labor de los periodistas en Argentina, Ecuador, Venezuela y Guatemala. Se advierte también de la necesidad de proteger a los periodistas que cubren protestas sociales, ya que en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Guatemala, Ecuador y Estados Unidos se registró el uso desproporcionado de la fuerza y hubo denuncias de destrucción o confiscación de equipos, y de periodistas lesionados o detenidos.
Entre los avances que reconoce la Relatoría están la condena en Colombia del exparlamentario Ferney Tapasco como autor intelectual del asesinato del periodista Orlando Sierra en 2002; y la aprobación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México. CHILE ENTRE LOS TRES PAÍSES CON PEOR CALIDAD DE VIDA DE LA OCDE DIARIO FINANCIERO https://www.df.cl/noticias/internacional/actualidad-internacional/chile-entre-los-tres-paisescon-peor-calidad-de-vida-de-la-ocde/2016-0404/081507.html?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=Lo+Leido_04042016 &utm_content=Link_Nota
Chile se ubicó en el puesto 33 de un ranking de las 35 economías de la OCDE que analiza el "Índice para una Vida Mejor". La medición, que abarcó el nivel de bienestar en once parámetros, computó todos sus condicionantes y calificó los mejores y los peores lugares para vivir mediante una puntuación que va desde 0 (mínimo) hasta 10 (máximo). De esta manera, Chile obtuvo 4,2 puntos, de un promedio de 6,6. México (3,2), Turquía (3,6), Grecia (4,5) y Brasil (4,6), quedaron en los últimos cinco lugares. Los distintos aspectos del día a día van desde la vivienda al compromiso cívico, pasando por los ingresos familiares, el empleo, la educación, la conciliación de la vida laboral y familiar, los servicios sanitarios, el medio ambiente, la calidad de las relaciones personales, el nivel de seguridad o la satisfacción general ante la vida. Por ejemplo, el apartado de vivienda, los mejor posicionados son EEUU, Canadá y Noruega, frente a Turquía, México y Chile (3,6), que figuran en los últimos puestos. En los últimos puestos también se ubicó en los ítems de Ingresos (1), Educación (3,4) y Medio Ambiente (último con 2), mientras que su mejores aspectos evaluados fueron Empleo (5,8), Salud (5,8) y Satisfacción (7,2). Y si bien la perfección no existe, sí existe algo parecido al paraíso del bienestar, según la OCDE: Austria, Suecia y Noruega, que en los tres casos logran una puntuación de 8 puntos, alzándoles al podio del ranking.
El análisis pormenorizado muestra que Australia tiene muy buenos resultados en muchas medidas de bienestar general, siempre en comparación con los demás países incluidos en el Índice. INFORMACIÓN SOBRE DD.DD. POR BENEFICIOS CARCELARIOS: EL TRUEQUE QUE ESTUDIA LA DEFENSA DE ÁLVARO CORBALÁN EL DÍNAMO http://www.eldinamo.cl/nacional/2016/04/04/informacion-sobre-dd-dd-por-beneficioscarcelarios-el-trueque-que-estudia-la-defensa-de-alvaro-corbalan/ Raúl Meza cree que existe un trato discriminatorio contra su cliente, ex CNI y violador de derechos humanos, que fue trasladado de Punta Peuco a la cárcel de Alta Seguridad. Por eso, dice que pueden colaborar con información a cambio de más beneficios. Por sus faltas disciplinarias, en noviembre de 2015, el violador de los derechos humanos y ex CNI, Álvaro Corbalán, debió ser trasladado desde Punta Peuco, lugar reservado para criminales de la dictadura que cuenta con beneficios poco comunes (como áreas verdes), a la cárcel de Alta Seguridad, donde comparte con otro tipo de delincuentes y no tiene ninguno de los privilegios con los que podía contar en el otro recinto. Desde entonces, la vida carcelaria de Corbalán no ha sido fácil. A principios de marzo fue agredido por uno de los internos de la Cárcel y su abogado, Raúl Meza, se valió de este hecho para afirmar que su defendido, cuyo poder se basó en el terror y la tortura, está atermorizado. Dice que es víctima de discriminación, que su vida está en peligro, que se ha deteriorado su salud y que ha “bajado 10 kilos”. Su objetivo es que los devuelvan a Punta Peuco o que le den beneficios tales como, por ejemplo, libertad condicional. Por eso, Meza compartió con El Dínamo un planteamiento que puede ser interpretado como una especie de “propuesta de reconciliación”, cuya premisa es que el Ejecutivo debe “motivar” con beneficios carcelarios a los condenados por derechos humanos para que estos entreguen la información que poseen sobre los detenidos desaparecidos. “Corresponde que todas las personas que tienen información, si la tienen, la entreguen a los tribunales. Pero naturalmente la información que se ha entregado no se agota en todas las declaraciones que han hecho los funcionarios de las Fuerzas Armadas en los tribunales de justicia. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una iniciativa por parte del Ejecutivo para de alguna forma motivar la entrega de esta información que se requiere sobre los detenidos desaparecidos, para los efectos de que efectivamente, todas las personas que tengan información la entreguen. Pero aquí no se va a entregar información de forma gratuita”, dijo. Y agregó: “Hay muchos funcionarios, no solo el señor Corbalán, que estarían en condiciones de entregar una información adicional a lo que entregaron en los procesos judiciales si eventualmente son objetos de algún tipo de beneficio carcelario”. ¿Quién dará el primer paso?
FAMILIARES DE BERTA CÁCERES RESPONSABILIZAN AL GOBIERNO DEL CRIMEN EL HERALDO (HONDURAS) http://www.elheraldo.hn/pais/944589-466/familiares-de-berta-c%C3%A1ceres-responsabilizanal-gobierno-del-crimen Organizaciones civiles y familiares de la asesinada ambientalista Berta Cáceres responsabilizaron este martes al gobierno de Honduras por el crimen, en una carta dirigida al presidente Juan Orlando Hernández y al fiscal general Oscar Chinchilla. "Ustedes son culpables de este crimen y un día serán juzgados", sentencia la carta, que fue entregada por hijas y dirigentes del Consejo Coordinador de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) a las autoridades de la Fiscalía. Las autoridades del gobierno "no cumplieron su deber de proteger a Berta, a pesar de las reiteradas denuncias de amenazas de muerte" que recibía desde el 2009 y ahora tratan de responsabilizar a miembros del Copinh en lugar de investigar a las personas que la amenazaban. Cáceres, de 44 años, coordinadora del Copinh, fue asesinada a tiros en la madrugada del 3 de marzo por desconocidos que ingresaron a su casa en la comunidad de La Esperanza (oeste). En el ataque, resultó herido el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien pernoctaba en casa de Cáceres y a quien los agresores dieron por muerto. Castro está protegido en la sede de la embajada de México en Tegucigalpa, pero no puede abandonar el país por orden de las autoridades judiciales hondureñas, que lo requieren como testigo de los hechos. En un comunicado, el día del crimen, el presidente Hernández condenó el asesinato y lo calificó como "un golpe al pueblo hondureño", prometiendo que no quedaría impune. Este mismo martes, el exjuez español Baltasar Garzón presentó, por intermedio del abogado hondureño Edy Tabora, un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras en favor de Castro. El recurso busca que "se deje sin valor y efecto la prohibición de salir del país por el término de 30 días" dictada a Castro por la jueza a cargo del caso. Mientras tanto, un grupo denominado "Articulación Popular Berta Cáceres" planteó al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en Tegucigalpa, que "detenga definitivamente el financiamiento (...) al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca" el cual combatía la ambientalista cuando fue asesinada. Como coordinadora de Copihn, Cáceres encabezaba la lucha de la comunidad indígena lenca, a la que pertenecía, por detener la construcción en su territorio de una represa sobre el río Gualarque. La dirigente había denunciado amenazas de la compañía que impulsa el proyecto, a raíz de las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había ordenado al gobierno de Honduras que adoptara medidas para protegerla.