TEMARIO: 1. CORTE PODRÍA ORDENAR ESTE LUNES EL TRASLADO COMUNERA Y SU HIJA HASTA LA CÁRCEL DE ARAUCO
DE
2. CORTE ACOGE A AMPARO A FAVOR DE REO QUE ESTABA ENGRILLADO EN HOSPITAL Y CALIFICA LA MEDIDA DE ILEGAL Y ARBITRARIA 3. INFORME ANUAL DE DERECHOS HUMANOS UDP: "EL ESTADO CHILENO ES UN PÉSIMO EMPLEADOR" 4. "ES COMO VIVIR ESPOSADA": LAS MUJERES DE ARABIA SAUDITA RELATAN SU CALVARIO COTIDIANO 5. MARIELA CASTRO, ACTIVISTA LGTB CUBANA: “NOSOTROS NO TENEMOS, POR EJEMPLO, FEMICIDIOS. PORQUE CUBA NO ES UN PAÍS VIOLENTO, Y ESO SÍ ES UN EFECTO DE LA REVOLUCIÓN” 6. FALLECIÓ RODOLFO STAVENHAGEN, INDÍGENAS EN MÉXICO
DEFENSOR
DE
DD.HH
7. COMUNIDADES INDÍGENAS DE ALTO BÍO-BÍO CONFÍAN EN QUE HABRÁ BUENA COMUNICACIÓN CON ENEL CHILE 8. DESPUÉS DE CALAIS: FRANCIA EVACÚA A CERCA DE 4.000 MIGRANTES DE LAS CALLES
CORTE PODRÍA ORDENAR ESTE LUNES EL TRASLADO DE COMUNERA Y SU HIJA HASTA LA CÁRCEL DE ARAUCO RADIO BÍO-BÍO http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/11/06/corte-podria-ordenareste-lunes-el-traslado-de-comunera-y-su-hija-hasta-la-carcel-de-arauco.shtml La Corte de Apelaciones de Concepción podría dar luz verde el lunes al traslado de Lorenza Cayuhán y su hija Sayen hasta la cárcel de Arauco, cuando revise la orden de no innovar que paralizó el alta dado por el Senatorio Alemán a la comunera sometida a un parto con sus pies engrillados. Si bien fue ya hace unos días cuando el Sanatorio Alemán dio el alta a Lorenza Cayuhán y su guagua, ambas permanecen en el centro asistencial debido a que fue la justicia la que prohibió a Gendarmería su traslado. Sin embargo, en un informe evacuado a la Corte de Apelaciones de Concepción, la directora del Sanatorio Alemán, Paulina Romagnoli, indica que no es recomendable que personas sanas como son la comunera y su hija recién nacida permanezcan internadas. José Cayuhán, hermano de la mujer condenada a cinco años de cárcel por un robo con intimidación, dijo que con este antecedente lo más probable es que el tribunal resuelva levantar la orden de no innovar, lo que la familia de Lorenza acataría, según adelantó. Sin embargo, Cayuhán subrayó que como familia no ven conveniente que madre e hija sean llevadas al penal de Arauco, donde Lorenza cumple su condena. Asimismo, argumentó que por el carácter de prematura de la pequeña, un lugar como la cárcel no es el mejor por lo menos para estos primeros meses. En un intento por impedir que la Corte de Apelaciones levante la orden de no innovar, el senador Alejandro Navarro presentó en los últimos días una solicitud para que se mantenga la prohibición de trasladar a Lorenza y su hija a la cárcel de Arauco, argumentando que no existen las condiciones para recibir a una guagua prematura. Esto se contrapone a un informe de Gendarmería, dando cuenta de la habilitación de un lugar especial para ambas en la sección femenina del penal.
CORTE ACOGE A AMPARO A FAVOR DE REO QUE ESTABA ENGRILLADO EN HOSPITAL Y CALIFICA LA MEDIDA DE ILEGAL Y ARBITRARIA THE CLINIC http://www.theclinic.cl/2016/11/06/corte-acoge-amparo-favor-de-reo-que-estaba-engrilladoen-hospital-y-califica-la-medida-de-ilegal-y-arbitraria/
El 27 de octubre, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Talca acogió en parte un recurso de amparo interpuesto a favor del abogado Cristian Hurtado Preisler, quien se encuentra detenido desde abril acusado de defraudar al Tribunal Electoral Regional, donde se desempeñaba como secretario relator, entre los años 2010 y 2015 por un monto que supera los $350 millones. Hurtado Preisler, quien padece cardiopatía y depresión con ideaciones suicidas, está recluido en el Hogar Padre Manolo en Talca y en julio permaneció engrillado durante varios días, pese a la petición de sus médicos tratantes de que la medida fuera reemplazada ya que requería hacer ejercicios. Ante esto la Corte estableció, en una sentencia a la que tuvo acceso The Clinic Online, que el proceder de Gendarmería “es ilegal porque conculca lo dispuesto en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, los tratados internacionales (…) y las normas establecidas en los artículos 6 y 25 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, que establecen que ningún interno será objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas del Reglamento, y la normativa legal aplicable a los detenidos, sujetos a prisión preventiva y penados, respectivamente”.
La resolución adquiere relevancia dado el caso de la comunera Lorenza Cayuhán, quien hace algunas semanas dio a luz a su hija, engrillada de los pies y en presencia de un gendarme, en una clínica privada de la región del Biobío, situación que ha sido calificada por diversas agrupaciones como discriminatoria, violenta y atentatoria contra los derechos humanos. EL CASO DEL RELATOR El recurso a favor de Hurtado Preisler fue presentado por su médico psiquiatra Rodrigo Filippi Peredo, quien relató que la condición en que encontró a su paciente el 30 de julio pasado en el Hogar Padre Manolo vulnera, entre otras cosas, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Según Filipi, ese día acudió a realizar una de las dos visitas semanales que realiza a su paciente y, al hablar con él, “se percató de que se encontraba en malas condiciones anímicas y que éste le habría señalado que ‘si pudiera se mataría'”. Tras ello, corroboró que estaba engrillado a la cama, “resultándole imposible realizar actividad física, lo que es imperativo y absolutamente necesario puesto que adolece de una fibrilación auricular paroxística con aumentado riesgo de eventos trombóticos”. Según Filipi, Hurtado le dijo que llevaba “cuatro días así, sin poder realizar ningún tipo de actividad física y absolutamente solo, sin visitas de familiares, ello conforme las medidas dispuestas por la autoridad de Gendarmería”. Tras ello, el médico se contactó con Gendarmería “haciéndole presente los riesgos, inconvenientes y la profunda gravedad de la medida de mantener permanentemente engrillado a su paciente, señalándole además que con ello se vulnerarían normas internacionales de atención a detenidos, y que además coloca en peligro la salud y vida del señor Hurtado Preisler”. Según relató Filipi, al día siguiente se dio la orden de que el reo permaneciera engrillado. El director regional de Gendarmería del Maule, Jorge Reyes Rioseco, aseveró que Hurtado Preisler está detenido en un recinto “el cual por su infraestructura y organización, no ha sido diseñado ni habilitado para la ejecución de este tipo de medidas, situando al imputado en un régimen excepcional, que generaría en él y en su defensa aparentes dudas acerca de la vigencia a su respecto del régimen de obligaciones y derechos que se aplica comúnmente a los imputados sujetos a prisión preventiva” y que la instrucción de un médico respecto de una persona en custodia de Gendarmería no es suficiente para modificar las medidas de seguridad aplicadas. Además, sostuvo que el uso de grilletes busca evitar una eventual evasión y que la institución puede “hacer un uso permanente de las medidas de seguridad personales, reguladas con carácter general por la institución penitenciaria”. Sin embargo, la Corte estimó que, tal como acusó Filipi, en este caso existió “ilegalidad y arbitrariedad”. Lo primero, por la vulneración de la Constitución y de Tratados Internacionales. Lo segundo, porque dictámenes precedentes de la Corte han establecido que “para el retiro de las medidas de coerción bastaba la solicitud del facultativo tratante”, lo que no se produjo en este caso.
Además, el Tribunal declaró que en este tipo de situaciones, Gendarmería, en vez de usar grilletes, debe atenerse a aplicar el “monitoreo telemático” o brazalete electrónico.
INFORME ANUAL DE DERECHOS HUMANOS UDP: "EL ESTADO CHILENO ES UN PÉSIMO EMPLEADOR" EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/07/informe-anual-de-derechos-humanosudp-el-estado-chileno-es-un-pesimo-empleador/
El viernes pasado, el oficio 24 firmado por los ministros del Interior, Mario Fernández, y de Hacienda, Rodrigo Valdés, instruía a los mandos de las instituciones estatales a hacer descuentos de remuneraciones y un sistema de control de los funcionarios por los días no trabajados como
consecuencia del paro iniciado el miércoles 26 de noviembre, luego del quiebre del diálogo con el Gobierno en torno al ajuste salarial. La medida no fue bien recibida por los gremios, donde la calificaron como una “práctica antisindical de amedrentamiento inédita”, en el marco de movilizaciones que año a año protagoniza el sector público en demanda de diversas mejoras, lo que despierta fuertes críticas desde la ciudadanía, que en muchos casos termina perjudicada en medio de la paralización de servicios. Lo cierto es que la realidad laboral chilena, al interior de la administración pública, mantiene una relación de desigual distribución de poder y se ha ido progresivamente precarizando. Así lo concluye la investigación “Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos”, que forma parte del informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), que se da a conocer este lunes 7 de noviembre. Es así como el estudio, liderado por la investigadora Karla Varas, señala que “con propiedad podemos decir que el empleo público en Chile es precario, de mala calidad, que el Estado es un pésimo empleador y, por sobre todo, que al interior de la relación laboral pública el conflicto es evidente. Por lo mismo y pese a todas las restricciones normativas para el ejercicio integral de los derechos colectivos, los trabajadores públicos han logrado construir una organización capaz de superar todas las barreras normativas para hacer respetar sus derechos”. Y es que, según detalla la investigación, “tal como ocurre en la relación laboral privada, en el mundo público hay una desigual distribución de poder, cuestión que lleva a los trabajadores a demandar mayor protección laboral y, sobre todo, a construir una organización sindical capaz de contrarrestar el poder que ejerce el Estado en su calidad de empleador”. Desprotección laboral y favores políticos Una de las características que más tensiona el mundo del trabajo público, es la existencia de realidades laborales paralelas, que se traduce en que al interior del sector hay diversas categorías de trabajadores. De hecho, la administración pública se relaciona con su personal a través de una diversidad de regímenes jurídicos que distingue entre funcionarios públicos y personas contratadas a honorarios. El estudio asegura que esta dispersión de regímenes jurídicos “ha generado una constante precarización del empleo público, dado que de un modelo de estabilidad característico de los regímenes de función pública pasamos a un modelo de transitoriedad e inestabilidad, debido a que con la proliferación del empleo a contrata y honorarios la continuidad del vínculo pasa a estar definida por los criterios políticos de la autoridad de turno”. A diferencia de los cargos de planta –que corresponden al conjunto de cargos permanentes asignados por ley a cada institución, los que pueden ocupar funciones de nivel directivo, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares–, los a contrata están definidos como cargos transitorios, ligados a atender necesidades específicas del servicio y cuya extensión será como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, salvo que exista una prórroga. El Estatuto Administrativo establece que el personal a contrata de una institución no podrá exceder el 20% del total de los cargos de la planta del personal. Sin embargo, señala la investigación, “es un hecho
cierto que el límite del 20% no ha sido respetado, existiendo un constante aumento del empleo a contrata”. ¿Cómo es esto posible? Gracias a que año a año la Ley de Presupuestos permite en sus diferentes glosas presupuestarias aumentar a los servicios su dotación de contrata por sobre ese porcentaje. Es así como en 2005 la dotación total de trabajadores del gobierno central fue de 165.153, de los cuales 73.938 eran a contrata, lo que representaba 44,5%. En 2014, del total de 227.869 trabajadores gubernamentales, 60,85% correspondió a personal a contrata. “Este aumento sostenido del empleo a contrata, entonces, ha sido un factor de precarización de la relación laboral de los trabajadores públicos (…) bajo esta modalidad de contratación pasamos de un modelo de estabilidad en el empleo característico de las plantas de personal a uno de transitoriedad e inestabilidad”. Y es que, en la práctica, “las contratas no son empleos transitorios, sino vínculos que se extienden en el tiempo (muchas veces por más de 10 o 20 años), pero que están expuestos, cada 31 de diciembre, a cesar, sin gozar de ninguna garantía”. El estudio agrega que “a primera vista las renovaciones constantes de las contratas nos pueden parecer beneficiosas para los trabajadores que ingresan a la Administración Pública en tal calidad jurídica. Sin embargo, la conducta que ha desplegado la administración en ese sentido no ha implicado el otorgamiento de garantías de estabilidad laboral, ya que, año tras año, en todos los servicios públicos ronda la incertidumbre y la angustia entre los trabajadores a contrata que no saben si se les renovará por un año más”. Al ser desvinculado como funcionario en esta modalidad, el trabajador se va sin derecho a indemnización –independientemente de cuántos años haya servido a la institución–, ni tampoco a gozar de algún seguro que aliviane los efectos de la cesantía. Por otra parte, las autoridades no necesitan fundamentar los motivos del despido, “deshaciéndose de trabajadores que han dado gran parte de su vida laboral al servicio público”. Si el personal a contrata enfrenta una dura realidad laboral, el personal “a honorarios” del Estado, se lleva la peor parte. Esta modalidad es avalada por el Estatuto Administrativo cuando se trata de “labores accidentales y que no sean habituales en la institución” o para “la realización de cometidos específicos”. Pero, en los hechos, las labores realizadas por estas personas muchas veces son las habituales del servicio o son de carácter permanente. De hecho, según detalla la investigación, “es frecuente que en el ejercicio de una misma función existan funcionarios de planta, a contrata y a honorarios. El Estado ha abusado de esta forma de contratación, generando consecuencias perniciosas para los trabajadores”. Esto, porque son trabajadores que “quedan al margen de toda protección laboral y, por ende, aunque desempeñan funciones habituales de la institución, no cuentan con garantías mínimas para el desarrollo de su función (límite de jornada, descansos, permisos, vacaciones, licencias médicas, protección de la maternidad, etc.). En segundo lugar, no gozan de estabilidad en el empleo, ya que su continuidad queda al arbitrio de la autoridad de turno, y por tanto fuertemente determinada por factores políticos”.
Betzabeth Marín Nanco, presidenta del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de la Municipalidad de La Pintana y dirigente de base de la Unión Nacional de Trabajadores a Honorarios del Estado, relata que “yo trabajo en una oficina con otra compañera que es trabajadora social igual que yo, ella es de planta y yo soy a honorarios. Las diferencias se dan en que, por ejemplo, si ella tiene que hacer trámites se puede tomar administrativo, son seis días al año. Yo no tengo administrativo, entonces yo pido permiso y tengo que empezar durante el mismo mes. Si ella quiere quedar embarazada, lo puede hacer, en cambio yo no, porque no tendré protección ni subsidio maternal durante ese período. Si cada tres meses ella recibe los PMG (programas de mejoramiento de la gestión), yo no. Ella, por ejemplo, tiene derecho a asistir a todas las capacitaciones que quiera y cuando se las aprueben, yo tengo que asistir solamente a las que son para honorarios. Si ella se enferma, se puede tomar el mes de licencia o más, yo solamente puedo tomarme 5 días que son los que ha autorizado el alcalde, por lo que tengo que volver a mi trabajo enferma o seguir el reposo hasta que termine mi licencia, descontándose todos esos días de remuneración”. Con respecto al constante aumento de esta forma de contratación, la dirigenta señala que “lamentablemente los empleadores, tanto del nivel central como descentralizado, han utilizado esta herramienta para poder generar o pagar favores políticos o para generar una masa de trabajadores que ingresa y que puede ser desvinculada en cualquier momento”. En suma, señala que la contratación a honorarios es una “estrategia política para precarizar el trabajo y poder pagar favores políticos”. Sebastián Valdebenito Pedrero, presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios del Ministerio de Desarrollo Social, explica que conoce compañeros de labores que han sido desvinculados “por negarse a hacer campañas, porque al trabajador a honorarios lo desvinculas así no más, no tienes que tener ningún motivo para hacerlo, entonces le entrega poder al empleador, permite una alta rotación y, finalmente, termina afectando al mismo servicio”. Los trabajadores a honorarios del Estado han tenido que recorrer un arduo camino en búsqueda de protección laboral, que va desde acudir al Poder Judicial hasta la constitución de organizaciones sindicales, lo que no ha sido fácil. Sebastián Valdebenito detalla que “la precarización de la función pública persigue también desconocer la capacidad de organización de los trabajadores, y es por ello que han debido recurrir a la figura del sindicato de trabajadores independientes”. El dirigente puntualiza que “la única manera de ser reconocidos por el empleador es utilizando la fuerza, ya que –al no tener la calidad de trabajadores dependientes–, no se les garantiza ningún derecho sindical (fuero sindical, permisos sindicales, derecho a negociar colectivamente y ejercer el derecho de huelga)”. Para Ximena Aguirre Galindo, integrante del directorio de la ANEF, la precariedad de la función pública también está vinculada con la utilización que hacen los partidos políticos de los servicios públicos, partidos que se han convertido, según sus palabras, en verdaderas bolsas de trabajo. Otro factor de precarización señalado por los dirigentes es la subcontratación de servicios en el Estado, desde el aseo, la seguridad, choferes, hasta las casas de acogida del Servicio Nacional de Menores (Sename).
El estudio afirma que no existen datos oficiales en torno al universo de trabajadores del Estado (incluidas las municipalidades) que se encuentran en este nivel de desprotección extremo. Según las estadísticas de recursos humanos que elabora la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, al 31 de diciembre de 2014 el total de trabajadores a honorarios era de 47.239. Sin embargo, objeta el estudio, “esas cifras, que desde ya nos parecen sospechosamente bajas, no se condicen con la información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos a la Unión Nacional de Trabajadores/as a Honorarios del Estado, conforme a la cual para el año 2014 se identificaron un total de 350.255 trabajadoras y trabajadores a honorarios (ministerios, municipalidades, hospitales, universidades y otras institucionales fiscales). De ese total, 186.722 pertenecen a instituciones fiscales y 153.533 a municipalidades”. Sin derechos colectivos A pesar de que periódicamente existen paros y movilizaciones en el sector público, la Constitución de 1980 restringe la negociación colectiva al nivel de la empresa, excluyendo a los servicios públicos y asociaciones de funcionarios como titulares de la misma. En cuanto al derecho a huelga, la Constitución lo prohíbe expresamente a los funcionarios del Estado y de las municipalidades. “Esta forma negativa de referirse al ejercicio de un derecho fundamental es producto de las concepciones ideológicas que imperaban al interior del gobierno de facto de la época, donde se miraba con mucho temor y desconfianza el conflicto colectivo, especialmente el ejercicio de la huelga como instrumento de reivindicación laboral”, detalla la investigación. De esta forma, agrega el texto, en ese período era concebida “como un hecho que no contenía ningún principio de justicia, que provoca perjuicios en la sociedad y que había sido utilizada como herramienta política. En base a lo anterior, los integrantes de la Comisión optaron por reconocer el derecho de negociación colectiva única y exclusivamente a los trabajadores del sector privado, y omitieron pronunciarse en torno a si la huelga sería o no un derecho de jerarquía constitucional – principalmente porque Chile había ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales–, limitándose a negar su ejercicio respecto de los funcionarios del Estado y de municipalidades”. No solo eso: el marco normativo que rige hasta hoy “castiga severamente a aquellos funcionarios que deciden defender sus derechos por medio de la acción colectiva, amenazándolos con la posibilidad de la pérdida de su fuente laboral, y lo que es peor, con la aplicación de sanciones penales”. Es así como, según explica la magíster en Derecho del Trabajo, Karla Varas, “Chile vulnera los estándares de trabajo decente, ya que el empleo público es precario. Además se vulneran los pactos internacionales que reconocen el derecho de huelga con alcance universal –trabajadores públicos y privados–, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. De hecho, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT, ha realizado una serie de observaciones al Estado chileno, entre las que se cuentan reiterados llamados de atención al Gobierno respecto a que “los trabajadores del Congreso Nacional y del
Poder Judicial, así como aquellos de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que este tenga aportes, participación o representación, deberían gozar del derecho de negociación colectiva”. Pese a todas las observaciones, según detalla la investigación de la UDP, “el Estado chileno, haciendo vista gorda de las mismas, continúa manteniendo un sistema de relaciones colectivas de trabajo, donde los trabajadores públicos están excluidos del ejercicio formal de los derechos de negociación colectiva y huelga”. Y agrega que “si bien en la práctica los trabajadores públicos ejercen estos derechos, el Estado chileno no ha adecuado su normativa interna a los tratados internacionales que ha ratificado, y cada cierto tiempo recuerda a los funcionarios que sus huelgas son ilegales". Añadiendo, asimismo, lo siguiente: "En efecto, a propósito de una de las huelgas más emblemáticas de los últimos años –paro del Registro Civil–, el Gobierno sostuvo que no negociaría mientras no se bajaran las movilizaciones, ya que la huelga es ilegal e inconstitucional". "Si bien ha existido tolerancia respecto al ejercicio de estos derechos, tal circunstancia no confiere ninguna garantía a los trabajadores públicos de que no serán objeto de represalias. Resulta poco sincero escudarse en una situación meramente fáctica (que puede cambiar con el Gobierno de turno o con los efectos políticos que pueden derivar de una determinada huelga) para indicar que en nuestro país se garantizan los derechos de negociación colectiva y huelga en la función pública”, puntualiza el estudio. En este contexto, Varas estima que “es necesario repensar la regulación del empleo público en Chile, pensar en dejar atrás el modelo estatutario, que pareciera estar obsoleto. Es necesario también dejar atrás la idea de que el funcionario público no es trabajador y que debe anteponer ante todo el interés general frente a los intereses que tengan como clase trabajadora. En la medida que mejores la institucionalidad laboral en el Estado, tendremos servicios públicos de mejor calidad, lo que repercutirá en el bienestar de todos los ciudadanos. Dentro de esa nueva configuración del empleo público, debemos devolver la calidad de trabajador a todos aquellos que prestan servicios para el Estado”. La licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, concluye que “es fundamental tener un contrato único en el Estado, porque hoy conviven diversas calidades de trabajadores con diversos derechos, y eso no es admisible desde el punto de vista del principio de igualdad. En ese contexto todos deben tener la calidad de trabajadores, eliminándose la mala práctica de la contratación a honorarios. Se deben crear mejores garantías de acceso al empleo público, para ir erradicando los favores políticos y el amiguismo. A su vez, se debe crear un sistema efectivo y objetivo de carrera funcionaria, permitiendo el desarrollo y crecimiento profesional de los trabajadores, lo que derivará en una mejor calidad del servicio. Se deben crear mecanismos de protección ante despidos por razones políticas, erradicando la idea de que los trabajadores públicos están para apoyar la campaña política de equis candidato, sino que está ahí por vocación y por sus cualidades técnicas, humanas. En fin, es necesario pensar un nuevo modelo de empleo público basado en la dignidad del trabajador y dejar todas aquellas malas prácticas que por años han perpetuado los gobiernos de la Nueva Mayoría y la Alianza por Chile”.
"ES COMO VIVIR ESPOSADA": LAS MUJERES DE ARABIA SAUDITA RELATAN SU CALVARIO COTIDIANO RT https://actualidad.rt.com/actualidad/222991-mujeres-arabia-saudita-calvario-cotidiano
La monarquía absoluta de Arabia Saudita es conocida por su estricta adherencia a las normas del islam sunita. Una realidad que marca de manera especial la vida de la población femenina. El diario 'The New York Times' hizo una llamada a las mujeres del país para conocer de qué manera la religión determina su experiencia cotidiana. 6.000 mujeres escribieron al medio estadounidense. Coincidían en su queja de que necesitan pedir permiso a un hombre o contar con un acompañante del sexo masculino para realizar numerosas tareas cotidianas. Una de las féminas, que se presentó como Rulaa de Riad, confesaba que después de sufrir una emergencia médica mientras viajaba en un taxi la ambulancia se negó a llevarla al hospital hasta que no llegara su "guardián del sexo masculino". Según relató, el retraso le hizo "perder mucha sangre" y estuvo cerca de morir. Otra mujer de Riad, de nombre Sarah, admitió que tiene que pedir permiso a su hijo adolescente cada vez que quiere viajar. Y ello a pesar del hecho de que la mujer es doctora y tiene 42 años. "Es como si viviera esposada y la sociedad, las leyes, la gente [estuvieran] en nuestra contra", afirmó otra fémina, Bashayr, de la ciudad de Al Hasa. Por la misma razón, escribió, "la mayoría de las mujeres elige casarse poco después de cumplir los 20 años, como una forma de escapar".
No son los únicos quebraderos de cabeza cotidianos que sufren las mujeres en la monarquía árabe. Otras mujeres relataron haber sufrido violencia física. En este sentido, Al Qahtaniya, de Riad, reveló al diario estadounidense que tras ir "a una librería sin el permiso de su esposo" a su hermana este "la golpeó sin cesar".
MARIELA CASTRO, ACTIVISTA LGTB CUBANA: “NOSOTROS NO TENEMOS, POR EJEMPLO, FEMICIDIOS. PORQUE CUBA NO ES UN PAÍS VIOLENTO, Y ESO SÍ ES UN EFECTO DE LA REVOLUCIÓN” EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/11/06/337030/mariela-castro-activista-lgtb-cubana-nosotrosno-tenemos-por-ejemplo-femicidios-porque-cuba-no-es-un-pais-violento-y-eso-si-es-un-efectode-la-revolucion/
Mariela Castro es hija del primer mandatario cubano Raúl Castro y es también la principal promotora de la sanción de una ley de matrimonio igualitario para la isla. Desde el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX) que dirige hace 15 años impulsó una reforma en la ley de trabajo para quitar la “discriminación por orientación sexual” y fue responsable de una política efectiva para la prevención del VIH. Castro relató el proceso de cambio y precisó: “Hablamos de una ley de igualdad de oportunidades, porque la palabra matrimonio todavía genera muchas emociones.” -¿En qué consiste su modelo de educación sexual? -La sexualidad estuvo desde siempre marcada por relaciones de poder y por ideas, leyes, doctrinas basadas en esas relaciones. No siempre ha estado claro cómo cambiar ese modelo, ahora por suerte lo está cada vez más. Nuestro enfoque de la educación sexual busca mostrar cómo se fue creando esa diferencia en detrimento de otras identidades de género y sexuales. -¿La categoría clase social sigue siendo el principio ordenador? -No es la única, pero es clave. Porque no la pasa igual un hombre gay pobre, que uno rico; un transgénero migrante y uno blanco. En la formación que hacemos con activistas trabajamos esos entrecruzamientos y fomentamos la solidaridad. Por ejemplo, con los activistas LGBT trabajamos para que no centren en sí mismos, que no se sitúen como únicas víctimas, fomentamos que articule con otras causas justas y con toda la sociedad cubana. No tiene sentido aislarse, segregarse. -La Revolución era muy conservadora en estos temas, ¿cómo lograron transformar ese rasgo? -A mí me gusta hablar de este tema, no me resulta incómodo, al contrario, me permite explicar nuestro punto de vista y reconocer lo que hay que reconocer. Todo el mundo quería que la primera revolución de América Latina fuera perfecta. Pero no es posible. Los pueblos que quieran hacer revoluciones lo entenderán. No se puede saberlo todo, se cometen errores. Mi papá siempre me decía: “Fue un salto al abismo. Queríamos hacer justicia, pero no sabíamos cómo se hacía.” No sabíamos cómo gobernar revolucionariamente, porque no es lo mismo que ser revolucionario. Es una generación que ha hecho un gran esfuerzo, le merecemos un respeto que no podemos obviar. Porque lo nuevo y lo renovador cree que siempre tiene las mejores respuestas, pero las ideas biologicistas o patologizadoras también fueron vanguardia. -¿Este cambio implicó una renovación? -Claro. El día que la revolución deje de renovarse ya no va a ser una revolución. En estos temas se trabajaba para la renovación pero no se lograba porque no teníamos todas las herramientas, tuvimos que indagar, estudiar y reflexionar mucho. -¿Cuáles eran los principales obstáculos? -Los prejuicios que aprendimos de nuestros ancestros españoles, y africanos también, y que estaban en el mundo entero. Esos prejuicios no ayudaban a que se defina una política clara. Se proponían reflexiones, pero no propuestas.
-¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en la isla hoy? -La cosa buena es que las mujeres estamos organizadas, y eso da mucha fuerza. Hay muchas campañas, programas de televisión, de radio, espacios científicos. Se ha trabajado en el empoderamiento y hoy somos el tercer o cuarto país con mayor presencia de mujeres en el parlamento, hay mayor número de graduadas universitarias mujeres, hay paridad salarial desde 1959. Nosotros no tenemos, por ejemplo, femicidios. Porque Cuba no es un país violento, y eso sí es un efecto de la revolución. -¿Y la prostitución? -No la consideramos trabajo, porque en Cuba hay otras alternativas, pero al que se persigue es al proxeneta. Hay muchas cosas que inciden y hay que tratarlas cuidadosamente para no estigmatizar.
FALLECIÓ RODOLFO STAVENHAGEN, DEFENSOR DE DD.HH INDÍGENAS EN MÉXICO EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/11/06/336889/fallecio-rodolfo-stavenhagen-defensor-de-dd-hhindigenas-en-mexico/
Reconocido por defender los derechos humanos de los pueblos indígenas, el sociólogo y antropólogo Rodolfo Stavenhagen falleció la tarde de este sábado a los 84 años en Cuernavaca, Morelos, según la Secretaría de Cultura y El Colegio de México. El secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, escribió en su cuenta de Twitter su pesar por la muerte del célebre investigador y docente y profesor emérito de El Colegio de México, misma
institución que por el mismo medio lamentó el deceso. Igual lo hicieron en este espacio el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En tanto, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) expresó también en un comunicado su “profundo pesar” por la muerte de Stavenhagen. Y también se lee: “El doctor Stavenhagen hizo importantes contribuciones a la reivindicación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de todo el mundo. Dentro de su connotada e ilustre labor destaca su designación como el primer Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, cargo que desempeñó con gran capacidad y compromiso de 2001 a 2008. “Su muerte supone la pérdida de un mexicano universal, no obstante las causas que con gran talento y devoción impulsó siguen vigentes. La ONU-DH expresa sus más sentidas condolencias a la familia, amistades y seres queridos del doctor Stavenhagen, así como a los pueblos indígenas que pierden en él a uno de sus principales aliados, siempre promotor y defensor de sus derechos humanos.” Igual, Mardonio Carballo, poeta, actor y periodista en náhuatl y español, resaltó en dicha red: “Triste día para la lucha indígena. Murió Rodolfo Stavenhagen, nuestro huehue querido. Gracias por tu trabajo en favor de nosotros. Buen viaje.” Sus hijas Andrea y Marina aún no han informado donde de velarán los restos del sociólogo. Stavenhagen nació en Fráncfort, Alemania, en 1932, y llegó a México hacia 1940, donde realizó estudios de Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Después cursó artes en la Universidad de Chicago. Luego realizó la maestría en antropología social en la ENAH y obtuvo el doctorado en Sociología en la Universidad de París. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores, docente en la UNAM y profesor invitado en las universidades de Harvard, Stanford, París, Ginebra y de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Entre sus obra destacan “Siete tesis equivocadas sobre América Latina (1965)”, “La cuestión étnica, derechos humanos de los pueblos indígenas”, “Conflictos étnicos y Estado nacional, así como Derecho indígena y derechos humanos en América Latina”. Cabe destacar que fue fundador del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, institución donde fue profesor emérito y presidente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), de la cual recibió el título Honoris Causa. Obtuvo un sinnúmero de reconocimientos, como el Sourasky en Ciencias Sociales, Butros-Ghali y el Martin Diskin de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Desde hace algunos años, Stavenhagen participó en el esfuerzo de varias universidad, entre ellas, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Tejiendo voces, un encuentro para promover el diálogo intercultural.
Además, en 2015 realizó un encuentro al cumplirse los 50 años de la publicación de “Siete tesis equivocadas de América Latina”. En el evento, obtuvo el doctorado honoris causa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Otros reconocimientos fueron el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1997 y fue también relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas. Apenas había cumplido 84 años el pasado 28 de agosto.
COMUNIDADES INDÍGENAS DE ALTO BÍO BÍO CONFÍAN EN QUE HABRÁ BUENA COMUNICACIÓN CON ENEL CHILE RADIO BÍO-BÍO http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2016/11/07/comunidadesindigenas-de-alto-bio-bio-confian-en-que-habra-buena-comunicacion-con-enel-chile.shtml La presidenta de la agrupación indígena Aukin Wallmapu de Alto Bío Bío, María Curriao, se mostró con altas expectativas de alcanzar acuerdos provechosos para su comunidad, respecto a la próxima visita que realizaría este mes la nueva gerente de Sostenibilidad de Enel Chile, Antonella Pellegrini.
La ejecutiva arribará a la zona con la finalidad de reunirse junto a los representantes de las comunidades afectadas por la puesta en servicio -el año 2004- de la principal central hidroeléctrica del país, Ralco, a cargo de Enel Generación, ex Endesa. Sobre la posibilidad de concretar nuevos convenios y beneficios para sus representados, la dirigente pehuenche María Curriao señaló que confía en que habrá una buena comunicación. María Curriao representa a unas 25 familias que concordaron en agosto pasado iniciar una mesa de diálogo que está siendo apoyada por el Arzobispo de Concepción, Fernando Chomalí, con la
participación de la Gobernación Provincial de Bío Bío y la compañía hidroeléctrica, donde están presentes además la Conadi y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Cabe recordar que la empresa Enel anunció la implementación de una nueva forma de relacionamiento con las comunidades indígenas y precisamente su gerente general, Valter Moro, visitó la zona de Alto Bío Bío el 2015 y el verano pasado la ciudad de Los Ángeles para reunirse también con los representantes de los agricultores de la cuenca del río Laja.
DESPUÉS DE CALAIS: FRANCIA EVACÚA A CERCA DE 4.000 MIGRANTES DE LAS CALLES LA NACIÓN http://www.lanacion.cl/noticias/mundo/francia/despues-de-calais-francia-evacua-a-cerca-de-4000-migrantes-de-las-calles/2016-11-04/131801.html Cientos de policías desmantelaron el viernes un inmenso campamento de migrantes en el noreste de París, en una nueva muestra de la determinación del gobierno de sacar a los migrantes de las calles y llevarlos a refugios. La evacuación de este campamento improvisado, en el que se hacinaban en tiendas de campaña más de 3.800 hombres, mujeres y niños, se produce menos de dos semanas después del desmantelamiento de la llamada “Jungla” de Calais, el mayor campamento de migrantes de Francia.
La policía llegó temprano por la mañana al asentamiento, ocupado principalmente por sudaneses, afganos y eritreos, ubicado bajo un metro aéreo en un barrio desfavorecido del noreste de la capital francesa. Todos fueron llevados en autobuses a centros de acogida en la región parisina. "No tengo ni idea de dónde vamos. A París, más lejos... Me va bien. Lo más importante es tener papeles. Llevo un mes aquí en una tienda de campaña, está bien poder irse", declaró Jalid, un migrante de 28 años.
Los migrantes recibieron con gritos de alegría y alivio a los primeros autobuses. "Estoy feliz de irme. Aquí es terrible. Es la primera vez que vivo en condiciones similares", explica Anarzalah, un ingeniero afgano también de 28 años. Seis horas después, el operativo había terminado y los servicios de limpieza comenzaron a retirar de las aceras las tiendas de campaña, colchones y mantas con las que los migrantes intentaban calentarse con temperaturas de hasta 2 grados por las noches. El asentamiento insalubre ya ha sido evacuado varias veces en el pasado pero se había reformado sistemáticamente, extendiéndose por varios cientos de metros. A seis meses de las elecciones presidenciales, la gestión de la llegada de migrantes y refugiados a Francia se ha convertido en un tema central de la campaña.