TEMARIO 1. VIOLADORES DE LOS DERECHOS HUMANOS PRÓFUGOS: LONDRES 38 EXIGE PONER FIN A LA IMPUNIDAD 2. LOS PAÍSES SIGUEN SIN CONSIDERAR A SUS PUEBLOS INDÍGENAS SEGÚN LA ONU 3. JUAN MANUEL SANTOS: NOBEL DE LA PAZ ES "UN GRAN ESTÍMULO" PARA ALCANZAR UN ACUERDO FINAL EN COLOMBIA 4. CASO DE GRUMETE LUCIANO FUENTES: PADRE DENUNCIA “COLUSIÓN PARA PROTEGER A INSTITUCIONES CASTRENSES” 5. PROYECTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO PASARÁ A SALA EN EL SENADO 6. ESPECIALISTA EN INFANCIA: “NO ES QUE HAYA QUE CAMBIAR EL SENAME, ES QUE TIENE QUE DESAPARECER”
VIOLADORES DE LOS DERECHOS HUMANOS PRÓFUGOS: LONDRES 38 EXIGE PONER FIN A LA IMPUNIDAD EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/10/06/330736/violadores-de-los-derechos-humanos-profugoslondres-38-exige-poner-fin-a-laimpunidad2016/?utm_source=single&utm_medium=link&utm_campaign=portada
La mañana de este jueves la organización Londres 38 hizo un llamado a las autoridades del Ministerio del Interior, a los jueces y tribunales del Poder Judicial y a los organismos policiales a que pongan fin a la “impunidad flagrante” que se produce con el no cumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema por parte de ex oficiales de Carabineros, condenados por graves y múltiples crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar, quienes se mantienen prófugos. Londres 38 menciona como ejemplo a uno de los casos más recientes, el del teniente coronel (r) Andrés Leopoldo Flores Sabella, quien está prófugo de la justicia desde el 15 de junio pasado, cuando el juez Mario Carroza ordenó el cúmplase de la sentencia de 15 años de cárcel por su participación en los asesinatos de seis personas en Conchalí, en 1973. “Este ex oficial de Carabineros no ha sido notificado de su sentencia, pues permanece escondido hasta hoy”, advierte la organización. Flores Sabella comandó un pelotón que el 14 de septiembre de 1973 detuvo en la población Irene Frei de Conchalí a Luis Caro Bastías, Antonio González Rojas, Ricardo Ortega Alvarado, Carlos Hidalgo
Retamal y a los hermanos Vicente y Enrique Vásquez Castañeda. “Todo ellos fueron acribillados por orden del entonces teniente”, explica Londres 38.
Ricardo Lawrence El otro caso es el de Ricardo Lawrence Mires, ex oficial de Carabineros que fue jefe del grupo operativo Águila, que dependía de la Brigada Caupolicán de la DINA. Estuvo en los centros secretos de Londres 38, Venda Sexy, José Domingo Cañas, Villa Grimaldi y Simón Bolívar. Su largo historial represivo indica que tiene amplia información sobre el destino de las personas detenidas desaparecidas, sin embargo, no ha colaborado con la justicia. Fue procesado en el caso de Alfonso Chanfreau Oyarce y obtuvo condena definitiva de la Corte Suprema el 30 de abril de 2015. También está condenado por los crímenes de Alejandro de la Barra y Ana María Puga, emboscados en diciembre de 1974. Por la desaparición forzada de Alfonso Chanfreau, el ex agente de la DINA fue condenado a 10 años de cárcel, mientras que por los crímenes de Puga y de la Barra a 15 años y un día. También está condenado en un proceso por detenciones y torturas de ex presos políticos en Villa Grimaldi. Lawrence Mires está prófugo hace casi dos años, desde febrero de 2014, luego que el juez Jorge Zepeda dictara el cúmplase de una sentencia por la cual debía ingresar a la cárcel. Permanece en Chile, como lo demuestra el hecho que sigue cobrando sus pensiones de Dipreca y además ocasionalmente se comunica con su familia. No han sido los únicos casos. El 19 de agosto pasado los tribunales penales también emitieron el cúmplase para que ingresaran a prisión los suboficiales en retiro de Carabineros Patricio Ignacio Montesinos Bustos y Mario José Pizarro Cortes, quienes deben cumplir 10 años y un día de cárcel por el asesinato del menor de 15 años, Orlando Miguel Ponce Quezada, cuyos restos fueron ocultados en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago.
Ambos suboficiales no se presentaron al tribunal y al ser buscados por la PDI no fueron hallados en sus residencias declaradas. Permanecieron en fuga unos veinte días, ya que fueron arrestados, uno en casa de un familiar en Pudahuel, y el otro en una parcela de Limache. Redes de protección Londres 38 acusa que “la lentitud con que operan las fuerzas policiales para capturar a los criminales sentenciados, en parte explica que algunos de éstos, como los antes nombrados, decidan no presentarse y permanecer como prófugos”. Junto a ello, agregan, “cuentan con redes de protección, las que se facilitan si -pese a sus condenas y crímenes- siguen siendo sujetos que reciben sus pensiones y tienen acceso a recursos y bienes que les facilita su fuga”. La organización señala igualmente que desde el gobierno -que tiene el control de las policías“tampoco hay firmeza para hacer cumplir las sentencias”. En ese sentido señalan que el ex jefe de Inteligencia Policial, Daniel Cancino Varas, que estuvo en servicio activo hasta el 2000 pese a su participación activa en la DINA desde 1974, “estuvo prófugo más de un año, luego de ser sentenciado a una condena de 15 años de cárcel por crímenes cometidos en Villa Grimaldi”. “Que existen redes de apoyo a los represores de la dictadura ha sido muchas veces comprobado”, aseguran, mencionando como ejemplo el caso del ex suboficial de Carabineros, José Avelino Yévenes Vergara. “Trabaja como empleado civil en el Hospital de Carabineros (Dipreca), pese a que está en juicio por crímenes de lesa humanidad y, particularmente, en episodios de la causa por Operación Colombo”, grafican.
“El Quico” o “Daniel Cáceres”, como era conocido en la DINA el entonces cabo Yévenes, integró los equipos del grupo represivo “Halcón II”, bajo el mando de Miguel Krassnoff Martchenko. Por tanto, señala la organización, “participó en los operativos de capturas y secuestros, en los interrogatorios a las personas detenidas, así como en los traslados de quienes luego desaparecieron desde los centros represivos”. Yévenes ejerció labores similares después en Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y, se estima, también en el cuartel Simón Bolívar, según sostienen.
Funa a José Yévenes. Foto: Radio Villa Francia
“Exigimos que el Estado frene este festival de impunidad” En este escenario, Londres 38 exige que el gobierno y la justicia tomen medidas concretas para que las sentencias -“que ya son bajas por la aplicación de media prescripción y pocas”, apuntan- al menos se cumplan con el ingreso a la cárcel de criminales como Lawrence Mires y Flores Sabella. Junto con ello, la organización expresó su “repudio y rechazo” a la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que otorgó la libertad condicional al general Raúl Iturriaga Neumann, uno de los ex jefes máximos de la DINA, condenado a más de 200 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y a la espera de unas 14 condenas más. “Exigimos que el Estado frene este festival de impunidad, reglamente de una vez el trato hacia criminales de lesa humanidad y respete los tratados internacionales que ha suscrito”, sostienen.
LOS PAÍSES SIGUEN SIN CONSIDERAR A SUS PUEBLOS INDÍGENAS SEGÚN LA ONU EFE http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/10/06/los-paises-siguen-sin-considerar-a-suspueblos-indigenas-segun-la-onu/
El guatemalteco Álvaro Pop, presidente del Foro permanente de la ONU sobre cuestiones indígenas, denunció hoy que los países siguen sin cumplir con la obligación de consultar a los pueblos indígenas su opinión sobre los proyectos que les puedan afectar. Pop señaló en una rueda de prensa en Roma que el cumplimiento de dicha consulta, establecida en el Convenio 169 adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989, representa en la actualidad la prioridad de esos pueblos.
Pop reclamó reglamentar ese convenio para garantizar los derechos de los indígenas, quienes añadió- están siendo perseguidos por defenderlos y son víctimas de asesinatos y de la expulsión de sus tierras. "La consulta no se ha cumplido en ninguna parte del mundo", subrayó Pop, al margen de experiencias de diálogo como las que haya podido haber en países como Canadá. Perú, Chile y Colombia son algunos de los que cuentan con procedimientos "más o menos claros" sobre lo que debe ser la consulta a los pueblos indígenas, si bien el representante dijo no tener "convicción de que se haya cumplido" efectivamente. "La consulta tiene que ser del Estado, tiene que tener la coercitividad del Estado con el consentimiento de los indígenas", aseguró Pop. La ONU presentó este año un plan de acción para impulsar el cumplimiento de su declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas en un intento de trazar una hoja de ruta en coordinación con todas sus agencias. Dentro de ese sistema, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha elaborado un manual con otros socios para la aplicación práctica del consentimiento previo, libre e informado de los indígenas en la gestión de sus proyectos de cooperación. El especialista de la FAO en estos asuntos Yon Fernández de Larrinoa explicó que han incorporado estándares que deberán respetar sus nuevas iniciativas, hasta el punto de no haber aprobado algunas por no contar con el procedimiento del consentimiento. Una de las personas que han trabajado en ello, la boliviana Carol Kalafatic, recordó que se busca garantizar que los indígenas participen en los proyectos implementados en sus territorios o que les puedan afectar. No basta solo con llevar a cabo la consulta. Para la experta, los indígenas deben informarse previamente de todo lo que les repercute en los canales que ellos entiendan y ser consultados con el tiempo suficiente para que puedan tomar una decisión propia. "El consentimiento y la consulta no son sinónimos. En cada etapa del proceso los indígenas tienen derecho a decir no al proyecto" y que su opinión se tome en cuenta, recalcó Kalafatic, que consideró inválidas aquellas votaciones que surgen a raíz de las protestas indígenas por proyectos ya en marcha. Se calcula que existen unos 370 millones de indígenas en más de 90 países, los cuales representan alrededor del 15 % de la población pobre del planeta y conservan el 80 % de la biodiversidad.
JUAN MANUEL SANTOS: NOBEL DE LA PAZ ES "UN GRAN ESTÍMULO" PARA ALCANZAR UN ACUERDO FINAL EN COLOMBIA EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/10/07/juan-manuel-santos-nobel-de-la-pazes-un-gran-estimulo-para-alcanzar-un-acuerdo-final-en-colombia/ El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, calificó hoy la concesión del Nobel de la Paz a su persona como "un gran estímulo" para alcanzar una paz que considera "muy próxima" en su país.
"Tenemos que perseverar hasta llegar al final. Estamos muy muy cerca, solo necesitamos empujar un poco más. Esto es un gran estímulo para llegar al final, para la construcción de la paz en Colombia. Todos lo van a recibir con gran emoción", dijo Santos a la Fundación Nobel en una entrevista difundida en su página web. Santos destacó que el premio será también un estímulo para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y pondrá de manifiesto la necesidad de lograr un acuerdo muy pronto, y resaltó que una resolución al conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) está también cercana. "Simplemente es una cuestión de creer en una causa, de vivir en una sociedad en paz. Este es el momento, las condiciones son las correctas", afirmó. El presidente colombiano recibió el premio con "gran emoción" y dijo que es "un gran reconocimiento para mi país", por lo que se mostró agradecido "eternamente" desde el fondo de su corazón.
"El pueblo colombiano, y especialmente las víctimas, son importantes para nosotros. Recibo este premio en su nombre, el del pueblo colombiano que ha sufrido tanto con esta guerra, 52 años de guerra, con miles de víctimas. Estamos muy cerca del fin", dijo.
CASO DE GRUMETE LUCIANO FUENTES: PADRE DENUNCIA “COLUSIÓN PARA PROTEGER A INSTITUCIONES CASTRENSES” EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/10/06/330536/caso-de-grumete-luciano-fuentes-padredenuncia-colusion-para-proteger-a-instituciones-castrenses323/ Sigue el misterio sobre lo ocurrido al interior de la escuela naval de Isla Quiriquina. En mayo, la familia del joven que perdió la vida reclamó por seguimientos propios de los tiempos de la CNI que habría efectuado en su contra un funcionario de inteligencia de Carabineros. La institución se niega a informar qué investigó al respecto.
Con molestia reaccionó la familia del grumete Luciano Fuentes Ovalle, quien falleció en extrañas circunstancias al interior de un recinto naval de Isla Quiriquina, tras conocer la respuesta entregada por Carabineros de Chile a una solicitud por Ley de Transparencia que censuró antecedentes relacionados con una denuncia presentada en la unidad de inteligencia de esa institución, a la cual se acusó de realizar seguimientos al padre del joven. Según la constancia que dejó Luciano Fuentes padre ante la Prefectura del Biobío en mayo de este año, un agente encubierto, haciéndose pasar por un conocido, lo llamó para obtener detalles de una manifestación pacífica a realizarse en Los Ángeles para exigir justicia por su hijo, en el marco de un desfile por el Mes del Mar. Recordemos que el cuerpo sin vida del muchacho de 19 años fue encontrado al interior de la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna” a mediados de 2015, y pese a que la Fiscalía Local de Talcahuano instruye una causa por posible homicidio, la Armada insiste en que el aspirante se suicidó, ahorcándose en un tendedero de baja altura. A poco más de un año de la repentina pérdida, El Ciudadano informó los pormenores del reclamo efectuado por el papá del angelino, agregando que Carabineros había iniciado una investigación interna para determinar responsabilidades por el aparente procedimiento ilegal de espionaje. Casi cuatro meses después se ingresó una solicitud formal para que la institución entregara copia del expediente sumarial en cuestión. Sin embargo, de acuerdo al oficio comunicado el día de ayer a este medio por el jefe del Departamento de Información Pública y Lobby, coronel Pedro Duguett Aroca, el jefe máximo del servicio, Bruno Villalobos, optó por reservar los documentos. Según la respuesta, ya transmitida a la familia del grumete fallecido, “el señalado reclamo versa sobre materias que conoce la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, que tienen el carácter secreto conforme a lo previsto en la ley 19.974”. Dicho cuerpo legal, agrega el oficial que suscribió el papel, obliga a considerar “de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, información y registros que obran en poder de los organismos que conformen al sistema o de su personal, cualquiera sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos”, incluyendo todos los antecedentes “que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas”. En conversación con El Ciudadano, Luciano Fuentes padre no pudo contener su rabia por los argumentos de la carta, sin perjuicio de existir aún la instancia de apelación que ofrece el Consejo para la Transparencia. “Me parece mal. De verdad siento que las instituciones no funcionan, a pesar de que estamos en plena democracia. Hay una colusión tremenda para proteger a las instituciones castrenses frente a distintos tipos de injusticias, principalmente lo que tiene que ver con la Justicia Militar, donde ellos se protegen y se investigan a ellos mismos. La Justicia Militar no debiera existir en tiempos de paz”, señaló. Respecto a los hostigamientos propios de los tiempos de la CNI que han sido alegados, manifestó que “a mí la Dipolcar de Carabineros de Los Ángeles me perseguía. Cuando un periodista quiere
obtener una nota se presenta y habla, pero que a distancia se me fotografíe e intenten saber lo que estoy tratando de hacer con mentiras, como logré descubrir, es algo que uno lamenta. Perder un hijo es lo más terrible, más en las condiciones que nosotros lo entregamos, sano, y finalmente me tocó ir a buscarlo en un cajón.” Las diversas inconsistencias en la versión proporcionada por la Armada llevaron a la familia de Fuentes a pedir la intervención de la justicia ordinaria, terminando la exclusividad de las diligencias que estaban en manos del fiscal militar Alejandro Henríquez Yévenez, quien también sustanciaba el sumario administrativo. En ese expediente, un testigo denunció la falsificación de su firma. “Mi declaración en la Fiscalía Administrativa está adulterada. Yo la hice el 25 de mayo y ahí salía que yo la había hecho el 28 de mayo. Estaba casi todo cambiado”, manifestó en noviembre del año pasado el ex grumete Felipe Aguayo, convertido ahora en “testigo clave” del caso. En esa entrevista que El Ciudadano realizó en exclusiva, dando a conocer su identidad por primera vez, Aguayo también declaró: “No fue un suicidio. Los sargentos lo montaron. Eso lo escuché de parte de los instructores en una oficina. Escuché que todo era un montaje porque Luciano se quería escapar de la isla. Ellos usaron su fuerza y a Luciano le dio algo así como un paro. Vieron que Luciano había fallecido y lo fueron a colgar a los tendederos. Se les fue de las manos”.
PROYECTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO PASARÁ A SALA EN EL SENADO EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/10/07/330887/proyecto-de-identidad-de-genero-pasara-asala-en-el-senado2016/ Tras un intenso debate, la Comisión de Derechos Humanos del Senado despachó a la Sala el proyecto que reconoce y da protección al derecho de identidad de género, que cumple su primer trámite en la Cámara Alta. En lo fundamental, la iniciativa permitirá que las personas que no se encuentran satisfechas con su sexo legal, puedan cambiarlo tanto a nivel registral (en lo administrativo), como físico (por medio de una cirugía). Se espera que el texto sea visto por la Sala durante el mes de octubre. Luego, la Cámara de Diputados deberá hacer lo propio dando lugar al segundo trámite. Al respecto, la integrante de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Jacqueline Van Rysselberghe, explicó que “repusimos una serie de indicaciones básicamente para poder ordenarlas y poder hacer debate en la Sala. Creemos que si bien en cierto hay personas que son trans género, que tienen una disforia de género que requieren poder adecuar su sexo sicológico con su sexo biológico, me parece que hay una serie de aspectos en esta ley que son absolutamente equivocados y que están basados básicamente en la definición que nosotros creemos que aquí hay un error en la definición”.
Agregó que también estiman que hay un error en que “no se pida ningún requisito, pues pueden haber situaciones que no corresponden a una disforia de género que pueden estar solicitando esto y creemos que se debiera poner algunos requisitos mínimos al igual que en países como España, como Inglaterra”. La senadora indicó que “tengo el convencimiento de que esto no debiera autorizarse en menores de 18 años, como sucede en Reino Unido o en la mayoría de los países, puesto que la gran cantidad de disforia de género que se da entre la niñez y la adolescencia, más del 85% remite durante ese periodo”. En tanto, el vicepresidente de Organizando Trans Diversidades, Franco Fuica, señaló que “esperamos y estamos súper ansiosos de que esto se vea en Sala. Estamos esperando hace mucho tiempo ya. En mayo van a ser 4 años que ingresó el proyecto de ley y esperamos que la salida en sala y la votación sea un poco más asertiva y acelerada y en la Cámara de Diputados sea un proceso un poco más rápido”. Agregó que “ha sido un proceso lento y escabroso y no hay conciencia que a las personas trans afuera las están matando, no tememos trabajo, no tememos acceso a la salud, a la justicia, a la educación, a nada. Creemos que es un proyecto del derecho a la identidad de género que debe ser de primordial importancia para todo el Estado porque es un tema de derechos humanos”.
ESPECIALISTA EN INFANCIA: “NO ES QUE HAYA QUE CAMBIAR EL SENAME, ES QUE TIENE QUE DESAPARECER” EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/10/07/330418/especialista-en-infancia-no-es-que-haya-quecambiar-el-sename-es-que-tiene-que-desaparecer2016/ Alejandra González es trabajadora social y Magíster de la PUC. Como investigadora, se especializa en temas de la infancia y desde su experiencia abordó, en entrevista con El Ciudadano, la crisis profunda que enfrenta la institucionalidad chilena sobre la protección de la infancia.
¿Cuáles son las falencias de infraestructura e institucionalidad del Sename que han perpetuado la desigualdad y la crisis en la desprotección de los niños? Uno de los primeros obstaculizadores es la propia existencia del Sename. No es que haya que cambiar el Sename, es que tiene que desaparecer. Su propia existencia e institucionalidad, ubicado al interior del Ministerio de Justicia, desde donde se pretende generar un sistema de protección para todos los niños y niñas de Chile, eso ya es en sí mismo un absurdo porque Justicia no es un ministerio que esté destinado a hacer políticas universales para los niños y niñas. Las experiencias indican que Justicia debe hacerse cargo sólo de la prestación específica, pero no de la protección, en esta división que supuestamente tiene el Sename en que una parte está especializada en protección y la otra en Justicia. La protección implica generar redes, es otro tipo de trabajo. Debe instalarse en los territorios, es un trabajo intersectorial, tiene otro tipo de
complejidades. Hacerlo desde Justicia siempre implica judicializar procesos que perfectamente son no judicializables. Así, todo el trabajo de prevención termina en poco y nada. El Sename cerró los programas de prevención comunitaria que tenía, aunque eran programas que el propio Sename había evaluado positivamente. "No puede pensarse un sistema de protección desde un servicio al interior de un ministerio" Hay que reestructurar la forma de pensar el trabajo con la infancia. Y eso significa pensar o un Ministerio de la Infancia, o como lo que se hizo en un minuto de generar un comité de ministros intersectoriales. Pensar, en definitiva, en un espacio donde confluyan distintos ministerios porque aquí tiene que participar Salud, Educación, etcétera. Tiene que ser desde la transversalidad. No puede pensarse un sistema de protección desde un servicio al interior de un ministerio.
Alejandra González ¿Cómo se da la paradoja en el sistema del Sename que los niños que han delinquido tienen más opciones dentro de la institución que aquellos que no lo han hecho? Tienen más plata en términos de las subvenciones. El Sename es el administrador de una ley de subvenciones, en la que el Estado tiene escasa administración directa: el 92% cae en manos de distintos privados porque la oferta de prestadores es muy amplia, desde los grandes holdings de intervención hasta hogares o fundaciones que administran un hogar específico. El Estado pone las bases técnicas y normas orientadoras, ellos postulan y se ganan los proyectos. El Sename lo que hace es supervisar la administración de los recursos, el control de gastos y en menor medida una
supervisión técnica, del mirar qué se hace. Pero siempre se han quejado de que esta supervisión técnica es muy poco útil, con una lógica muy de control, de ir a mirar si la gente trabaja o no. Esa lógica es muy negativa porque hace que el que implementa la política, sobretodo en la lógica de protección, tengan una relación muy viciosa con el Estado: están cooptados por el Estado porque pone la plata y tienen que estar continuamente demostrando que hacen lo que el Estado les dice que tiene que hacer y tienen poca posibilidad de generar un discurso crítico al respecto, se produce una relación clientelar. No insuman técnicamente en la base y tienen muy poco incentivo para egresar a los niños porque se les paga por niño atendido, como en los colegios y las listas de las presencias. ¿Cómo se entiende un egreso? O con la vinculación con la familia o que sea en un proceso de adopción. Esas son las posibilidades. Se ha hablado de muchos niños muertos en el Sename durante los últimos años. Hay una falta de responsabilidad enorme. ¿Cómo se explica tal nivel de negligencia con la infancia? Eso es paradójico también porque cuando uno habla con la gente que trabaja en los proyectos de infancia se da cuenta de que están saturados de ingresar datos al sistema del Senainfo. A partir de los datos se entrega la subvención. Y a pesar de estas exigencias del sistema, no hay datos porque no sabemos concretamente cuántos niños han muerto, y eso te habla de una pésima administración en términos del propio dato. Porque las instituciones sí que informan. La base de Senainfo es pésima porque tiene muchos datos perdidos: niños ingresados dos o tres veces, porque entró, por ejemplo, por un proyecto de explotación sexual, pero después en situación de calle y así siempre con el mismo Rut. ¿No se pueden entrecruzar los datos? Tendría que haber una forma para eso porque el Sename tiene una unidad de estudio que tendría que ser la primera en analizar sus propias bases de datos, pero no lo han hecho por falta de voluntad y porque no le dan una importancia al sistema integrado de datos. Cada niño que entrara a ser potestad del Estado tendría que poder dar cuenta del ingreso y de las entidades responsables de ese niño el tiempo que esté. Los proyectos entregan las cifras y el organismo que administra las cifras no sabe leerlas o no tiene un sistema informático integrado. Y eso es problemático porque si el Estado no sabe, ¿cómo interviene? No hay un panorama completo de la situación de la infancia en Chile, en general. "Hay causas de muerte que son negligencias y responsabilidad del Estado" Cuando llegaron los primeros datos de esa crisis se contaron sólo los autos de protección y no los autos de infracción de ley. ¿Y murieron cuántos? ¿Adentro o afuera de los centros? Ahí viene el chilenismo de la gente porque claro, si el niño murió un domingo fuera del centro, no se suicidó acá, entonces el muerto no es de nosotros. Pero no, porque este niño estaba bajo la tutela del Estado independientemente de dónde se suicidó, porque el proyecto de intervención tenía una duración determinada y estaba aún en este período. Hay causas de muerte que son negligencias y responsabilidad del Estado.
Cifras que señalan que quienes pasan por el Sename tienen altas posibilidades de llegar a la cárcel, ¿habla por sí mismo de un sistema que condiciona y discrimina a sus niños? Sí. Se supone que uno de los motivos por los que se hizo la ley de responsabilidad penal del adolescente era ir disminuyendo el reingreso, que quien cayera en un tipo de infracción penal adolescente recibiera una condena y luego no reingresara pero, con esta ley, el reingreso no sólo no ha disminuido sino que ha aumentado. El problema tiene que ver con la implementación de la ley. A pesar de la plata que tienen los programas de ley de responsabilidad penal adolescente, que no es poca, tienen problemas graves porque trabajar con infractores penal adolescente implica hacerse cargo de una trayectoria que ya es muy compleja. No sólo tiene que ver con tener buenos proyectos, sino que pasa por trabajar con los territorios donde vive el chico, con su sistema educativo, etc. Es muy complejo.
Tenemos un sistema fracasado porque cuando el Estado debería aparecer lo que hace es ponerlos en espacios de protección que nos los protegen. Por ejemplo, lograr revincular, que significa volver a entregárselos a las familias de origen, que en su mayoría son pobres. Y ahí hay otra cuestión porque el Estado no les quita los cabros chicos a las familias ricas, porque no las ve. No porque éstas no vulneren los derechos. Cuando tuvimos el caso de los Legionarios de Cristo, el
Estado no se metió a quitarles los cabros chicos a esas mismas madres que defendían al cura O’Reilly, que decían que era inocente. El Estado no fue a decirles a esas madres que estaban poniendo en riesgo a sus hijos ‘aquí hay un proceso judicial y usted no está generando un sistema de protección de estos niños’. "Tenemos un sistema fracasado porque cuando el Estado debería aparecer lo que hace es poner a los niños en espacios de protección que nos los protege" En cambio, si tienes una madre haitiana en un jardín Junji que se olvida un día o no puede ir a recoger a su hijo, inmediatamente la municipalidad la va a ir a buscar. Hay familias en este país que son públicas y otras que son privadas. Esas familias públicas están bajo los ojos del Estado. Aparece esto que los jueces llaman inhabilidad parental, que no existe en ninguna otra parte, y quiere definir a algunas familias como inhábiles parentales. Yo no tengo idea de lo que es, nadie sabe qué significa eso, ni cómo se diagnostica. ¿Inhabilidad parental es decirle a los padres y madres: tú no sirves para esto? Es todo y nada. Tú no sabes ser padre, ¿por qué? ¿Porque no sabís poner pañales, porque le pegai al cabro chico, porque no tenís plata o porque trabajas 14 horas diarias? Ahí entran todos los juicios morales de los jueces. Hay muchos agentes que intervienen y fácilmente pueden etiquetar, estigmatizar a las familias y a los niños con los que trabajan. ¿Cuál es el estigma que cada uno acarrea por culpa de esa subjetividad creada en la moralidad y juicios de valores de todos los que intervienen? Históricamente Chile trabajaba y yo creo que lo sigue haciendo desde un modelo que se declara tutelar, y eso significa que el Estado es el papá. Nosotros somos sus hijos y cuando sus hijos no están o cumplen una función rara con sus nietos, aparece el Estado como un padre. Y tiene la verdad de un padre autoritario y donde los niños además no tienen voz ni voto. Son objetos que el Estado toma, los pone en un hogar, los protege para que no sean peligrosos contra el resto ni contra él mismo, y bajo esa visión se crea Sename. Una visión tutelar, donde todos somos entes incompetentes en algún sentido. Cuando se firma la Convención en el año 90, se supone que se produce un cambio ahí y el Estado debe adaptarse a ese cambio perdiendo su figura de gran padre. "El Estado no le quita los cabros chicos a las familias ricas, porque no las ve" Los niños tienen voz y deben ser escuchados, entonces lo que sucede con ellos tiene que ser una discusión bastante más amplia. Antes del año ’90, el Estado sólo actuaba en caso de que el niño apareciera en términos públicos. Los niños privados resolvían sus cosas entre privados. Ese cambio de paradigma se firmó en el año 90 y estamos en el 2016 y aún no ha traspasado a las estructuras de nuestra sociedad. Hasta el día de hoy nuestra sociedad cree que los niños son propiedad de sus padres. Esa visión se mezcla con otra que establece que los pobres son inhábiles para todo: son pobres porque son flojos y quieren todo gratis y además se reproducen. Tienen hijos y no saben criarlos y cuando los crían lo hacen para que sigan siendo como ellos, ser pobre como sinónimo de no saber criar. Esa es la visión estructural, entonces a esos niños hay que salvarlos de ese destino de pobreza,
de miseria, de peligrosidad. Tienen una visión criminógena de la infancia, como si la pobreza fuera en sí misma una maldad. Los modelos culturales no han cambiado. Para que cambien se requieren voluntades políticas que impliquen concretar estos cambios en reformas estructurales. Eso significa pensar de nuevo el Sename, pero el gobierno ha optado por desarmarlo y dejar a los niños no infractores a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y a los infractores en Justicia. Es hasta el minuto, es la salida más consensuada, al parecer. Yo vengo escuchando esto hace 20 años y no ocurre. ¿Qué opinas de la indolencia de la sociedad chilena frente a este tema? La opinión pública es muy dura incluso para opinar de los niños, para muchos es como la escoria de la sociedad. ¿Cómo llegamos a flexibilizar un concepto tan delicado como la infancia?
Eso es histórico, lo dice Gabriel Salazar: en Chile han habido siempre dos categorías, los menores y los niños. Los menores son los pobres, los peligrosos, los que van a asaltar, los que andan muertos de hambre y se drogan; los niños, en cambio, son los que salen en los comerciales de Falabella, los que son rubios, juegan y son inocentes. La niñez es inocente y buena; los menores son lo peor, tú ves uno en la calle y atraviesas. Y sabes perfectamente lo que es un menor, un niño moreno, sucio, que anda suelto. Los niños andan con sus padres, están en su casa o en la escuela. Eso tiene consecuencias tóxicas sobre unos y otros. Porque los niños rubios inocentes no tienen sexualidad y para qué voy a prevenir la pedofilia. El pedófilo se va donde sabe que su víctima no se va a defender. Hay que cambiarlo, porque todos son niños. Niños que tienen voluntad, capacidad de resistencia, de decir que no, sujetos constituidos como tal que deben ser escuchados. Si escucháramos más a los niños, y lo dicen los estudios, tendríamos ciudades mejores. Pensar a la infancia incluida y no por fuera tiene una gran cantidad de consecuencias positivas para la sociedad.
Eso no se soluciona con el hecho de que este gobierno haya creado el Consejo Nacional de la Infancia. Vamos a tener una ley de protección y una serie de institucionalidades que van a ser letra muerta si nada de esto ocurre. Hay países que han hecho legislaciones más sólidas que las nuestras, pero si detrás de eso no hay un sistema que implemente cambios estructurales, no pasará nada. La ley no soluciona estas prácticas.