TEMARIO: 1. COLUMNA: CONTROL PREVENTIVO DE IDENTIDAD, GESTIÓN DE LA MARGINALIDAD Y DISIDENCIA. Opinión: Gonzalo Medina es Director del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
2. CARABINERO ES EL PRIMER UNIFORMADO EN CONTRAER ACUERDO DE UNIÓN CIVIL
3. CORTE DERROTÓ LA PONENCIA QUE NEGABA ESE VÍNCULO. NUEVO MAGISTRADO DEBE ELABORAR FALLO FAVORABLE. (Con Colombia, ya son 23 países los que avalan matrimonio gay).
4. POLÉMICA EN EEUU POR AGRESIÓN DE UN POLICÍA A ESTUDIANTE HISPANA DE 12 AÑOS.
5. EL DERECHO A LA Marasso. Periodista.
INFORMACIÓN
CIUDADANA,
AHORA. Opinión:
Giacomo
COLUMNA: CONTROL PREVENTIVO DE IDENTIDAD, GESTIÓN DE LA MARGINALIDAD Y DISIDENCIA THE CLINIC http://www.theclinic.cl/2016/04/07/control-preventivo-de-identidad-gestion-de-la-marginalidady-disidencia/ OPINIÓN: Gonzalo Medina es Director del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
El director del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Gonzalo Medina, cuestionó la aprobación por parte del Senado de la República de una nueva ley que crea el “control de identidad preventivo”. A su juicio, esta potestad no solo resulta ineficaz para mejorar la labor de las fuerzas policiales, sino que se puede transformar en una herramienta para reprimir a sectores minoritarios de la sociedad al no existir elementos que justifiquen su aplicación, quedando al criterio del uniformado su utilización. El Senado aprobó recientemente una nueva disposición legal que crea el denominado control de identidad preventivo, por medio del cual un agente policial puede solicitar a cualquier persona su identificación, y en caso de negarse o que se dificulte la identificación, lo faculta para conducirlo a una unidad policial donde puede retenerlo por varias horas.
Con esta nueva facultad se pretende dotar a los órganos policiales de las herramientas adecuadas para perseguir a la criminalidad y hacer frente a la existencia de múltiples sujetos con órdenes de detención pendientes. La verdad es que nada de esto se cumple, pues la herramienta no es útil para las finalidades pretendidas y solo constituye una enorme puerta para un ejercicio arbitrario de la actividad policial. En efecto, suele afirmarse que es la falta de facultades de las policías lo que genera una ineficiencia del sistema de persecución criminal en nuestro país, pero si se revisan bien las facultades hoy existentes, y el uso que de ellas se hace, es posible constatar que este nuevo control es totalmente innecesario. Así, Carabineros anuncia en enero de este año un operativo masivo que había dejado 923 detenidos, muchos de ellos con órdenes de detención pendientes. Estos operativos masivos, por medio de control de identidad, no requirieron de la introducción de un nuevo control preventivo como el que se busca. El sistema de control de identidad aún vigente tiene parámetros de examen de la actividad policial, que implican que solo se puede controlar cuando existen ciertos elementos que lo justifican. El nuevo procedimiento aprobado por el Senado prescinde de cualquier elemento de juicio, pues solo basta con la arbitraria voluntad del policía para que sea procedente, e incuestionable. Con ello nuestros legisladores superan con creces la denominada Ley Hinzpeter, y aún más, llegan en cierto modo a sobrepasar también la lamentable detención por sospecha vigente aún al comienzo del retorno a la democracia. No es difícil prever en qué contexto será utilizado preferentemente este nuevo mecanismo, pues todo nuestro sistema de justicia penal parece ser una exaltación del fenómeno de desigualdad social que impera en nuestro país. La mayoría de los casos de criminalidad que son perseguidos y sancionados en este país, tienen como sujeto perseguido a alguno perteneciente a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Así, la nueva herramienta será con probabilidad utilizada como otro elemento de gestión de la marginalidad y la disidencia en el país. Manifestaciones sociales, jóvenes, minorías sexuales o migrantes, ejemplos han salido recientemente a la luz, serán los objetos predilectos de control en una sociedad guiada por la falta de empatía y reconocimiento del otro, animada por miedos y prejuicios. El control preventivo no será en modo alguno una forma de enfrentar la criminalidad, sino de subyugar a ciertos segmentos de nuestra población. Con esta vía una vez más damos la espalda a la necesidad de hacernos cargo de los problemas reales que enfrenta nuestro sistema de justicia penal, la falta de coordinación de sus diversos integrantes, la necesidad de mejorar la formación de nuestra policías y la visión integral de los asuntos relativos a la seguridad humana en todas sus dimensiones. Esta forma de responder con medidas efectistas tiene consecuencias que las sociedades deben pagar, pues aumenta y profundiza las fracturas sociales, precisamente el camino que nuestro nación intenta revertir.
CARABINERO ES EL PRIMER UNIFORMADO EN CONTRAER ACUERDO DE UNIÓN CIVIL LA SEGUNDA http://impresa.lasegunda.com/2016/04/07/A/fullpage#slider-15
Se conocieron hace un año y de inmediato iniciaron una relación de pareja. Desde hace cuatro meses viven juntos y el 20 de abril darán el gran paso: contraer el enlace de Acuerdo de Unión Civil (AUC). Así se resume la historia entre el cabo segundo de la 18° Comisaría de Ñuñoa Hugo Víctor Alcalde Hernández (34) y su pareja, José Luis del Río (34), dada a conocer públicamente hoy en la sede del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). El policía es el primer uniformado del país en unirse legalmente con alguien de su mismo sexo (en agosto de 2014 un funcionario de la Armada dio a conocer públicamente su orientación homosexual estando en servicio activo). "Hicimos pública esta decisión por dos razones. Uno, porque estamos muy enamorados y como cualquier pareja queremos tener una vida común en un matrimonio bien constituido. Y, en segundo lugar, para dar fuerza a quienes están en nuestra condición", dijo Del Río. El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, señaló hoy que "los carabineros somos ciudadanos que hemos decidido vestir uniforme para proteger a nuestros compatriotas. Somos fiel reflejo de la diversidad de nuestro país y, al mismo tiempo, respetuosos de los derechos individuales y colectivos".
El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, contó que llevan tres años trabajando con Carabineros en el tema: "Este enlace marca un antes y un después. Pasamos de una institución que obligaba a sus policías a renunciar por su orientación sexual a otra que se esfuerza para terminar con la discriminación". CORTE DERROTÓ LA PONENCIA QUE NEGABA ESE VÍNCULO. NUEVO MAGISTRADO DEBE ELABORAR FALLO FAVORABLE. (Con Colombia, ya son 23 países los que avalan matrimonio gay) EL TIEMPO (COLOMBIA)
Tras meses de un duro debate, la Corte Constitucional votó este jueves a favor de una de las mayores luchas políticas de la comunidad gay, y dio luz verde para que las parejas del mismo sexo puedan unirse en matrimonio. Con la histórica decisión, Colombia se convierte en el país número 23 en permitir que los gais puedan casarse. El fallo también consolida el grupo de derechos que la comunidad LGBTI ya ha conseguido en el país: la adopción (su mayor victoria jurídica) fue avalada el año pasado, y ya se les ha reconocido la pensión de sobrevivientes, la unión marital de hecho, la visita conyugal, entre otros avances. Seis votos contra tres derrotaron la ponencia del magistrado Jorge Pretelt, que negaba el matrimonio para las parejas homosexuales considerando que solo el Congreso podía hacer ese tipo de reforma. Pretelt, quien hizo una dura crítica contra sus colegas por no respaldar su ponencia, pretendía que las uniones entre parejas gais siguieran reconociéndose como vínculos solemnes (avalados por la Corte en el 2011), pero sin la posibilidad de llamar a esa unión un matrimonio. Esa posición fue respaldada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Eduardo Mendoza Martelo, mientras que tuvo en contra los votos de María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas, Jorge
Iván Palacio, Alberto Rojas, Gloria Ortiz y Alejandro Linares, quienes consideraron que no hay ninguna razón constitucional para seguir discriminando a los gais.
Con la votación de la Sala Plena, por orden alfabético, el magistrado Alberto Rojas (cuya jurisprudencia ha sido de corte liberal y a favor de las minorías) debe ahora elaborar una nueva ponencia en donde recoja los argumentos y la decisión de la mayoría de sus colegas. Ese nuevo documento debe ser puesto, nuevamente, a consideración de la Sala Plena. Mientras ese fallo sale, hay debate sobre si las parejas gais pueden o no, desde ya, casarse. Mientras magistrados y expertos aseguran que habría que esperar la sentencia, otros indican que el comunicado del alto tribunal en el que se deja claro que la ponencia de Pretelt fue derrotada, ya da ese efecto jurídico. Una fuente del alto tribunal le dijo a EL TIEMPO que la decisión de la Corte (aunque aún no se conozca la sentencia) les da seguridad jurídica a los jueces y notarios que ya vienen celebrando matrimonios para que puedan seguir haciéndolo. Batalla jurídica Aunque en la sentencia C-577 del 2011 el alto tribunal ya había allanado el camino, reconociendo que las parejas homosexuales también pueden constituir una familia y pueden unirse en un contrato formal, el vacío legal persistía por cuenta de la falta de voluntad del Congreso para legislar. En el fallo del 2011, la Corte le dio al Congreso un plazo de dos años para regular el tema. Como los parlamentarios no lo hicieron, desde junio del 2013 las parejas homosexuales –según estableció la Corte– pueden acudir ante un juez o notario para que las una en un contrato solemne. Pero el matrimonio gay llegó a un segundo round en la Corte por cuenta de seis tutelas que fueron acumuladas para su estudio. En dos de esos casos, parejas homosexuales de Bogotá y de Cali pedían que la Corte ordenara que los notarios los unieran en matrimonio, y no en una unión solemne.
Aunque, de acuerdo con expertos, esa figura tiene los efectos jurídicos de un matrimonio, no llevaba su mismo nombre, lo que implicaba que persistía la discriminación. Otra de las tutelas venía del Procurador Alejandro Ordóñez, quien demandó la unión de una pareja gay por considerar que el juez que la autorizó estaba extralimitándose en sus funciones. De hecho, Ordóñez anunció este jueves que acudirá al Congreso para buscar, a través de un proyecto de ley, que se reverse el matrimonio igualitario. También queda abierta la posibilidad de que –como sucede en el caso de la senadora Viviane Morales, que promueve un referendo para tumbar la adopción gay– ciudadanos busquen a través de esta vía anular la decisión. Al revisar las tutelas, según fuentes del alto tribunal, la mayoría de la Corte hizo un desarrollo jurisprudencial de su fallo del 2011, y avaló los argumentos que en el proceso presentaron expertos como el abogado Rodrigo Uprimny, miembro de Dejusticia. En el concepto entregado por el jurista se pedía avalar el matrimonio gay considerando que el alto tribunal debía “suplir el déficit de protección de derechos que sufren las parejas homosexuales, a través del matrimonio”. La Corte también tuvo en cuenta que la constitución establece que todos los ciudadanos “nacen iguales”, y que la línea del alto tribunal ha defendido la dignidad de los seres humanos, en el entendido de que “consiste en vivir como uno quiere, vivir bien, y sin humillación”, afirmó una fuente de la Corte. Al conocerse la decisión, representantes de la comunidad gay asistieron este jueves al Palacio de Justicia para celebrar. Elizabeth Castillo, activista LGBTI, quien en el 2013 –después de que la Corte avaló las uniones solemnes para parejas del mismo sexo– se casó con Claudia Zea en Gachetá (Cundinamarca), aseguró que la decisión del alto tribunal “es un logro maravilloso para las personas homosexuales. Hoy recuerdo con tristeza a quienes murieron y no pudieron ver esto”, dijo. La representante a la Cámara Angélica Lozano dijo que “el Congreso cerró la puerta a la igualdad siempre en 21 proyectos de ley, durante 18 años, pero la Corte reconoció la plenitud de derechos. Ahora continúa la lucha social, en las calles y en las casas, para que no haya más discriminación”. Pretelt ataca a sus colegas El magistrado Jorge Pretelt, quien redactó la ponencia que fue vencida este jueves, expidió un comunicado en el que atacó a sus compañeros de la Corte y los acusó de vulnerar la Constitución, la institución familiar “y el principio democrático, usurpando competencias que le corresponden únicamente al Congreso”. “Los colombianos deben saber que el activismo judicial está reemplazando la voluntad de millones de personas por la de un grupo de magistrados que se han convertido en supralegisladores radicales para satisfacer los intereses de una élite intelectual”, señaló Pretelt. Igualmente, dijo que en los países en los que se ha reconocido el matrimonio gay se han dado “grandes debates en el parlamento de cara al país. Advirtió que la decisión va a generar un “funesto caos en el derecho de familia del país”. Analistas dividen opiniones sobre entrada en vigencia del fallo
Abogados defensores de los derechos LGBTI aseguran que la decisión de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario tiene aplicación inmediata y les da seguridad jurídica a los notarios y jueces para denominar las uniones con ese término. De hecho, señalaron que ya algunos despachos han interpretado el fallo del 2011 y han celebrado matrimonios y no uniones solemnes. Sin embargo, expertos constitucionalistas afirman que no hay claridad sobre los alcances que tendrá la decisión y que habría que esperar a conocer la nueva ponencia y a que la Corte emita la sentencia para que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. El exmagistrado José Gregorio Hernández explica que “todavía habrá que esperar a que la Corte entregue la sentencia porque lo que se tiene hasta ahora es un comunicado, el cual no tiene ninguna fuerza jurídica, es apenas una forma de dar a conocer lo que la corte decidió, pero la que surte efecto jurídico es la sentencia notificada con la firma de todos los magistrados y con los salvamentos de voto”. Por su parte, el exmagistrado Jaime Córdoba Triviño asegura que se debe esperar, pues, “aunque las sentencias adquieren vigencia a partir del momento en el que se pronuncian y se comunican a la opinión pública, independientemente de la redacción y firma del fallo, aún no hay un comunicado oficial sobre la nueva ponencia, con los argumentos en que se sustenta la parte resolutiva del fallo”. Por el contrario, el exmagistrado Alfredo Beltrán señaló que no es necesario esperar la nueva ponencia, puesto que “ya se conoce el sentido de la decisión. Lo que falta es la sentencia escrita y firmada por los magistrados con el salvamento de voto, pero de acuerdo con la ley estatutaria de la administración de justicia las sentencias tienen la fecha en que se votan; de manera que yo creo que ya hay sentencia y aunque materialmente no existe el documento ya sería de aplicación”. Así mismo, el exmagistrado Néstor Osuna, docente de la Universidad Externado, asegura que aunque se debe esperar a que se emita una sentencia para que los jueces y notarios tengan claridad sobre sus efectos, “ya se venían celebrando uniones entre parejas del mismo sexo y si un notario celebra un matrimonio en este momento, este ya tendría validez”. POLÉMICA EN EEUU POR AGRESIÓN DE UN POLICÍA A ESTUDIANTE HISPANA DE 12 AÑOS COOPERATIVA http://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/ee-uu/sucesos/polemica-en-eeuu-por-agresion-deun-policia-a-estudiante-hispana-de-12/2016-04-08/061459.html Las imágenes se han difundido por las redes sociales y el hecho ocurrió el 29 de marzo pasado. Relacionados Un vídeo casero grabado en una escuela de San Antonio, Texas, y que muestra la agresión de un agente de policía a una estudiante hispana de 12 años, que terminó en el suelo tras recibir un impacto en la cara, generó hoy una gran polémica en Estados Unidos.
Las imágenes se han difundido por las redes sociales y ha forzado al distrito escolar a abrir una investigación y suspender temporalmente al agente involucrado, Joshua Kehm, pese a que el incidente ocurrió el 29 de marzo. "El vídeo es muy preocupante, de inmediato hemos abierto una investigación dirigida por la Policía y la administración", explicó en un comunicado la portavoz del Distrito Escolar Independiente de San Antonio, Leslie Price. En poco más de 30 segundos de vídeo se aprecia cómo el agente alza a la chica -Janissa Valdez- por la espalda y mientras ella se resiste la arroja de forma muy violenta contra el suelo y sufre un fuerte impacto en la cara. Según explicó la familia Valdez, la joven Janissa ha sufrido acoso escolar desde que empezó el curso y en el momento del incidente estaba discutiendo con una compañera. "Estaba caminando hacia ella, diciéndole 'vamos a otro lado', porque ahí había mucha gente. Entonces vino más gente y también el agente porque pensaron que íbamos a pelear", explicó la joven a la emisora local KSAT. Los padres de Janissa, Raúl y Gloria, habían denunciado en varias ocasiones la situación de acoso escolar que sufría la joven a las autoridades del centro, que según ellos no hicieron nada al respecto. "Pude escuchar su cabeza impactando contra el concreto. Eso es lo que más me dolió. Él (Kehm) ni siquiera parecía preocupado y la maniató después de dejarla inconsciente", dijo a la misma emisora la mamá, que estaba esperándola en estacionamiento. Tras el incidente, el centro expulsó dos días a Janissa. La codirectora de la organización pro derechos civiles Advancement Project, Judith Browne Dianis, dijo al The Washington Post que esto "demuestra la urgencia de expulsar a la Policía de las escuelas". "Es inconcebible que una estudiante de 12 años envuelta en un altercado verbal sea agredida y deshumanizada de esa forma", agregó. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN CIUDADANA, AHORA COOPERATIVA http://opinion.cooperativa.cl/opinion/politica/el-derecho-a-lainformacion-ciudadana-ahora/2016-04-08/073408.html Opinión: Giacomo Marasso. Periodista. Las recientes arremetidas en defensa del secretismo y su hermana menor, la opacidad, están creando una situación que amerita una respuesta rápida y contundente de parte de quienes queremos que la ciudadanía esté bien informada, con veracidad y oportunidad. Tenemos que reformar ahora la actual Constitución, sí, ahora, consagrando como bien social el Derecho a la Información y obligando al Estado a garantizarlo al igual que el Derecho a la Salud.
No podemos esperar el término del proceso constituyente porque es ahora cuando están en curso los procesos judiciales, políticos y comunicacionales que están develando en nuestro país la asociación ilegítima y, en la mayoría de los casos, ilegal de intereses políticos y comerciales de una elite que se mostraba falsamente como disociada e incluso confrontada. Es ahora que se están investigando y persiguiendo delitos de alta gravedad en contra del bien común. Y es también ahora que, como reacción, se despliegan potentes iniciativas tendientes a impedir la transparencia en los ámbitos público y privado bajo el pretexto de prohibir filtraciones. Se pretende sobreponer los procedimientos judiciales a la norma universal, consagrada en tratados y convenciones internacionales suscritas por el Estado Chileno, que cautela la libertad de expresión y el derecho a informarse de toda persona. Advirtiendo este conflicto, el Congreso Nacional Ordinario del Colegio de Periodistas de Chile, realizado en Valparaíso los días 8 y 9 de julio del 2005, bajo el título “Periodismo para el Bicentenario”, acordó por unanimidad otorgar su respaldo al Proyecto de Reforma Constitucional que consagra el valor fundamental del Derecho a la Información de los ciudadanos, presentado a la consideración de nuestro Congreso Nacional (ndr: por el autor de este artículo y el abogado Juan Carlos Canepa Foppiano), y que deja el número 12 del Artículo 19 de la Constitución Política del Estado como sigue: “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, debiendo el Estado garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y oportuna, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado, pero siempre teniendo presente que prima el sentido de la responsabilidad de quien emite la opinión por encima de la censura”. En los últimos dos años, los periodistas hemos asociado, creo que honestamente, el proceso constituyente al propósito de democratizar las comunicaciones. Pero “los cielos están llorando ahora” y no podemos poner en riesgo los presentes procesos de “sinceración” social, política y económica que están en curso en Chile y en el mundo. Será tarea de la flamante Bancada Transversal por la Democratización de las Comunicaciones reflexionar y actuar con oportunidad. Ahí le queda una propuesta concreta y urgente.