TEMARIO:
1. GENDARMERÍA ACCEDE A TODAS LAS PETICIONES DE PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE 2. LIBERTAD DE EXPRESIÓN, OPORTUNISMO Y CLASISMO MEDIÁTICO OPINIÓN por Javiera Olivares 3. EL ZAPATO APRIETA EN LA ÉTICA PERIODÍSTICA, NO EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN OPINIÓN por Patricia Politzer 4. CONFIRMAN SENTENCIAS PARA EX AGENTES DINA POR TORTURAS EN 1974 5. BLOQUEO A PROYECTO DESPENALIZACIÓN ABORTO LLEGA A LA CIDH 6. CRISIS EN LA CIDH: ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS LLAMAN A SUS GOBIERNOS A HACERSE CARGO DEL PROBLEMA FINANCIERO
GENDARMERÍA ACCEDE A TODAS LAS PETICIONES DE PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE EN HUELGA DE HAMBRE EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/06/07/295007/gendarmeria-acceaaaade-a-todas-las-peticionesde-presos-politicos-mapuche-en-huelga-de-hambre/
Fueron 60 reos en total los que empezaron la huelga líquida que duró 24 horas, tras la respuesta positiva por parte del personal de la cárcel, considerando que las peticiones fueron expresadas hace bastante tiempo atrás, pero no habían sido concedidas, por esa razón tanto los comuneros como los presos del módulo en conflicto, decidieron aplicar la medida de presión que viene desde tiempo inmemorables en los recintos carcelarios: la huelga de hambre líquida. Fue una huelga con un petitorio sencillo, en donde se hablaba de las mejoras sanitarias necesarias para el centro de reclusión, que tiene que ver sólo con Gendarmería, la huelga fue hecha por los presos del Caso Luchsinger Mackay, Felipe Durán (quien ya suma más de 250 días de prisión preventiva a la espera que el juicio oral se inicie recién a mediados de julio), y presos comunes del mismo módulo, el dormitorio 3, del módulo 1. Los reclusos denunciaban que tenían los baños tapados, los servicios sanitarios inundados y que la plaga de chinches estaba atacando fuertemente el lugar y lo peor, que nadie hacía nada para mejorar las condiciones. Eran cuatro cosas las que pedían: una fumigación, limpieza para un patio aledaño al módulo -el cual estaba infectado de heces y desechos- el acceso a los abogados de defensoría pública, permitiéndoles la revisión de las causas de los presos comunes y finalmente, solicitaron una hora extra para el tiempo que pasan en el gimnasio. Hoy al menos, realizaron una fumigación en todos los módulos, producto de una grave plaga de baratas e insectos, razón por la cual se bajó la huelga y se espera el cumplimiento de las otras demandas.
Lizet Melillán, vocera de los PPM, conversó con El Ciudadano y manifestó que los comuneros quieren un módulo especial para los que están en calidad de imputados, porque el módulo que existe es para comuneros condenados, ya que el protocolo de Gendarmería explica que imputados con condenados no pueden estar juntos, entonces exigen tener condiciones diferentes en donde no se encuentren hacinados y además cuenten con un espacio para cocinar y así continuar con la dieta que consumen a diario y que han visto entorpecida por el encierro. “No estamos pidiendo que alimenten a la gente, porque las comunidades son las que queremos abastecer de carne y verduras, pero Gendarmería tiene protocolos sólo para algunas situaciones y para otras hace oídos sordos”. El petitorio tenía que ver sólo con que gendarmería hiciera su trabajo, porque es parte de eso, “pero tenemos claro que si los PPM no se hubieran metido, aún estaríamos escuchando sobre la huelga de hambre, porque fueron ellos los que ejercieron la presión y la urgencia del asunto. Porque además no pedimos algo que exceda su trabajo, sino es algo que debieron haber hecho hace mucho tiempo, porque la dignidad de las personas no se está respetando”, puntualizó la esposa de uno de los comuneros y vocera de los mismos. Finalmente, conversamos con Carmen Linconao, hija de la Machi Francisca Linconao, anciana mapuche que como autoridad ancestral ha visto muy deteriorado su estado de salud producto de la reclusión a la que está sometida, sobre este tema, Linconao manifestó que durante este último tiempo se han estado preparando las condiciones para celebrar el Wüñol Tripantu, que en nuestra cultura sería equivalente al Año Nuevo, pero bajo la cosmovisión mapuche se refiere al cierre de ciclos en relación al calendario y el cambio estacional que sucede en junio. Evento para el cual el recinto de hombres de Temuco ha dispuesto el uso del gimnasio y la invitación abierta para las comunidades y simpatizantes con la causa que quieran participar.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, OPORTUNISMO Y CLASISMO MEDIÁTICO EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/06/08/libertad-de-expresion-oportunismoy-clasismo-mediatico/ OPINIÓN por Javiera Olivares
Para quienes nos dedicamos a estudiar, observar o trabajar el ejercicio de la comunicación y el periodismo, sin duda esta última semana ha sido más que nutrida. No recuerdo desde hace cuánto tiempo el derecho a la libre expresión estaba puesto en cuanta columna, entrevista o nota periodística se hiciera, copando sendos reportajes televisivos e incluso portadas de los diarios más tradicionales del país. Sin duda, una oportunidad interesante para quienes hemos insistido tenazmente en la idea de que, para fortalecer nuestra democracia, urge instalar, como problema político, el derecho del pueblo de Chile a expresarse democrática y pluralmente, a contrapelo de la tónica del proceso transicional. Pero así como el florido debate ha arrojado insumos periodísticos interesantes, ha sido casi surreal –al menos para quienes llevamos años analizando este tema– el ver cómo aparecidos personajes manosean con ligereza y oportunismo el concepto del derecho a la libre expresión. Como si fuera un trofeo político, hoy connotados líderes se pelean por aparecer en titulares vociferando en favor de la libertad de expresarse y contra cualquier tipo de sanción a la prensa o incluso contra la criminalización del periodismo, pintoresca frase que usó la ex vocera Cecilia Pérez en un programa de debate de domingo. Casi como un #JeSuiCharlie, las palabras en defensa al tipo #YoSoyQuePasa se han convertido en propuesta hegemónica, donde cualquier atisbo de distingo – hasta hace muy poco– era interpretado como un rechazo al libre ejercicio del periodismo, una defensa soterrada a la Presidenta en ejercicio o, peor aún, un oprobio al derecho a expresarse. Pero la cuestión es simple. Lo primero que ha de aclararse es que la libertad de expresión es un derecho colectivo, que le pertenece a la ciudadanía toda y no solo a los periodistas, quienes con nuestro trabajo hemos de cumplir el rol social de hacer de puentes para coadyuvar al ejercicio de ese derecho. Señalado eso, el cuidado de esta garantía ha de tener siempre, como último objetivo, proteger el bien común y no, particularmente, los intereses de determinados holdings mediáticos. En ese sentido, para quienes defendemos este principio, siempre es necesario realizar el análisis sobre eventuales colisiones de derechos o acerca del ejercicio ético de la profesión. Cuestión distinta es la perspectiva crítica que se debe hacer de la legislación chilena que mantiene en su ordenamiento jurídico (específicamente en la ley 19.733 con alusiones al Código Penal) penas corporales para las faltas asociadas a injurias o calumnias. Es esa figura la que hoy pone en riesgo de penas de cárcel a los periodistas querellados. Pero el actual debate también ha develado el profundo clasismo que hay no solo en la sociedad chilena, sino también en el discurso forzoso de las grandes cadenas de medios de comunicación masiva. Resulta increíble, hipócrita, observar cómo la agenda ha sido copada por la supuesta preocupación en torno a la afectación que generaría la interposición de una querella cuyo fallo podría afectar a miembros de un medio masivo y tan poderoso, como aquel en que su propietario es a la vez controlador de uno de los grupos económicos más importantes del país que, además de Copesa, cuenta con el cuarto banco más importante de Chile. Lo cierto es que la persecución penal de periodistas no es una figura novedosa. Apenas en octubre del año pasado el Colegio de Periodistas junto a los directores del diario El Ciudadano, denunciaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la condena de cárcel para los directores del semanario a raíz de la publicación, en 2013, de un artículo sobre el ex diputado
Miodrag Marinovic, el cual fue calificado por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago como injurioso. Gracias a la irreprochable conducta anterior de los profesionales, estos quedaron firmando en Gendarmería por 18 meses. Para ese entonces, ningún adalid de la libertad de expresión rechazó la pena de cárcel, tampoco la noticia fue portada de los matutinos. Claro, esa vez, el medio en cuestión era considerablemente más pobre. Hoy connotados líderes se pelean por aparecer en titulares vociferando en favor de la libertad de expresarse y contra cualquier tipo de sanción a la prensa o incluso contra la criminalización del periodismo, pintoresca frase que usó la ex vocera Cecilia Pérez en un programa de debate de domingo. Casi como un #JeSuiCharlie, las palabras en defensa al tipo #YoSoyQuePasa se han convertido en propuesta hegemónica, donde cualquier atisbo de distingo –hasta hace muy poco– era interpretado como un rechazo al libre ejercicio del periodismo, una defensa soterrada a la Presidenta en ejercicio o, peor aún, un oprobio al derecho a expresarse. Como si ello fuera poco, en estos días, se han atrevido a hacer impolutas defensas a la libre expresión sus más viejos opositores. El ex Presidente Sebastián Piñera –que hoy asegura ser un defensor de este derecho– conoció durante su mandato los cerca de 50 casos de detenciones, maltratos y golpes a periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, entre otros, que organizaciones sindicales y el Colegio de Periodistas denunciaron. Si bien esta no era una práctica novedosa, pues se venía produciendo desde los gobiernos de la Concertación –que cargan con el emblemático caso del fotógrafo Víctor Salas, que perdió un ojo a golpes de carabineros–, las movilizaciones estudiantiles y socioambientales de 2011 marcaron un hito de persecución a los trabajadores de la prensa. Peor aún, fue durante el Gobierno de Sebastián Piñera que se tomó prácticamente la única decisión que ha provenido del poder político en materia de comunicaciones desde el fin de la dictadura y que culminó privatizando el único medio público impreso de Chile desde 1917, despidiendo a sus decenas de periodistas y trabajadores. En 2014, un 99,4% de la propiedad del diario La Nación fue vendido por 320 millones de pesos a un privado, consolidándose el duopolio mediático que mantienen El Mercurio y La Tercera, ambos de orientación ideológica similar. Ese día, en medio de una manifestación pacífica para evitar la venta del diario La Nación, ocho periodistas fuimos detenidos en el desalojo y llevados a la Cuarta Comisaría de Santiago. No sería lo único a empeorar: si los gobiernos concertacionistas dejaron morir a todos aquellos medios de comunicación que habían sido la voz crítica de la dictadura, la administración Piñera amparó el crecimiento de los grupos económicos Saieh, Luksic y Bethia, todos con intereses tanto en holdings de medios de comunicación como en industrias de retail, del sector inmobiliario y de la banca. También permitió el ingreso y/o fortalecimiento de capitales extranjeros, como Time Warner (CHV) e Iberoamerican Radio. Entonces, es válido preguntarse: ¿cuál es la libertad de expresión que hoy se defiende? Si por voluntad política todavía nos posicionamos en uno de los tristes primeros lugares en los rankings de concentración de la propiedad de los medios de comunicación de América Latina, que dan para Chile cerca de un 90%. El escenario es sintomático: un férreo duopolio de medios impresos, un oligopolio de estaciones televisivas con capitales extranjeros y concesiones hasta hace poco indefinidas y un 45% del
mercado radial concentrado en manos de un conglomerado trasnacional. Por cierto, no existe regulación alguna contra la concentración de la propiedad, salvo la regulación de monopolios estatales prohibidos en la Constitución dictatorial de 1980. Absurda preocupación, pues Chile no posee medios de carácter público, salvo Televisión Nacional, cuyas instalaciones, si bien pertenecen al Estado, tienen su financiamiento que es privado por ley, al igual que cualquier canal comercial. En Chile, tal como ocurrió con muchos otros derechos universales, como el derecho a la educación pública o la salud, el derecho humano a la información ha funcionado bajo las condiciones del mercado y tanto la sociedad civil como el Estado han tenido escasa participación, desde que la perdieron en plena dictadura. Ese es el peor atentado a la libre expresión que vivimos, naturalmente, día a día. ¿Quién denuncia eso? En ese escenario, resulta lamentable el intento inicial de castrar este debate a propósito de la sonada querella presentada por la Presidenta Michelle Bachelet. Lamentable esa idea de instalar a todos quienes pusieron este eje de análisis como contrarios a la defensa del periodismo, de la libre expresión o defensores irrestrictos de La Moneda. Como Colegio de Periodistas hemos tenido una vocación unívoca de proteger la garantía de libertad de expresión en su amplia magnitud y como derecho colectivo, pero no como un absoluto, sino como la vocación de un periodismo responsable, plural y diverso, cuyo escenario ideal debe contar con regulaciones especiales para los medios que permitan regular la concentración de la propiedad en manos privadas y estatales. Por eso hemos insistido en la urgencia de eliminar de la legislación chilena las leyes que establecen penas corporales para infracciones vinculadas con la libertad de expresión; promover la recuperación de la tuición ética de los colegios profesionales y la urgente iniciativa de leyes antimonopólicas que permitan confrontar la altísima concentración mediática, verdadero poder en ciernes que construye y deconstruye la subjetividad de este pueblo.
EL ZAPATO APRIETA EN LA ÉTICA PERIODÍSTICA, NO EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EL MOSTRADOR OPINIÓN por Patricia Politzer http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/06/08/el-zapato-aprieta-en-la-eticaperiodistica-no-en-la-libertad-de-expresion/
Una semana después de querellarse contra Qué Pasa, Michelle Bachelet se abrió a la posibilidad de retirar la demanda, siempre y cuando la revista asuma claramente que cometió un error. Aún está por verse si la confrontación sigue o no en los tribunales. Una vez más la distancia entre las elites y la ciudadanía quedó de manifiesto en la encuesta Cadem. La opinión pública se dividió en un verdadero empate técnico entre quienes apoyan (46%) y quienes rechazan (50%) la decisión de la Presidenta de defender judicialmente su honra. Sin duda, el
resultado fue sorprendente, a la luz de la opinión publicada en los medios del último fin de semana, donde la Mandataria recibió una verdadera capotera de analistas y líderes de opinión. Es probable que el empate entre los ciudadanos esté lleno de matices y no dé cuenta de una polarización en blanco y negro. Porque en este incidente no hay unos a favor de Bachelet y otros a favor de Qué Pasa, como suele ocurrir entre dos bandos en pugna. Son muchos los que están en contra de la querella y, al mismo tiempo, rechazan drásticamente la publicación de la revista, tanto en su edición impresa como en su versión digital. En este debate no está en juego la libertad de expresión sino la ética periodística, el manejo político-comunicacional de la Mandataria y, también, la manipulación de los medios en la confrontación política. Asegurar que la decisión de Bachelet de recurrir a los tribunales puso en riesgo la libertad de expresión es un absurdo o simplemente mala intención. En el Chile de hoy no hay periodistas ni medios de comunicación que sientan temor a la hora de informar u opinar en torno a cualquier hecho o persona, por más poder que esta tenga. Los periodistas chilenos sabemos bien lo que significa trabajar bajo censura. Aún nos duele la muerte de los colegas que desafiaron la dictadura y murieron por el solo hecho de cumplir con su profesión. También recordamos la alianza espuria y vergonzosa de algunos medios que, en vez de cumplir con el deber de investigar e informar sobre los hechos, se hicieron eco de operaciones siniestras destinadas a ocultar crímenes inhumanos. Afortunadamente, nada de eso ocurre en la actualidad. Y no hay nada en la Presidenta Bachelet, ni en su gobierno, ni en los partidos que la apoyan, que haga temer un retroceso en esa dirección. Lo desatinado e inoportuno de la querella presidencial es que centró el debate en su actuación como gobernante, en su desazón frente al caso Caval, en su relación personal con los medios, en vez de permitir que la opinión pública –y en especial los periodistas– desmenuzaran la publicación de Qué Pasa. Pocos conocen en detalle la información que desató la tormenta. La revista se encargó de hacerla desaparecer apenas la Presidenta la calificó como una canallada y una infamia, sin descartar un posible montaje. Lo que se sabe es que se trata de la transcripción de una conversación telefónica –grabada legalmente por Carabineros– de Juan “Gatito” Díaz, un personaje tenebroso, operador de la UDI y principal involucrado en el caso Caval, que pretendía inmiscuir a Michelle Bachelet, atribuyéndole ganancias millonarias (“se tenía que quedar con al menos mil millones de pesos”) en ese escandaloso negocio inmobiliario. No he escuchado a nadie –a ningún periodista, por cierto– atribuir la más mínima verosimilitud a tales afirmaciones. Cabe preguntarse, entonces, ¿por qué la revista decidió publicar tales dichos?, ¿cuál es el interés público de aquellas afirmaciones? Los periodistas no somos jueces ni dioses, no tenemos la facultad de determinar la verdad en toda su dimensión. Pero tampoco somos meros micrófonos o recaderos, somos profesionales cuya obligación es investigar y verificar hechos y documentos, analizar y evaluar las fuentes de información –con sus intereses y motivaciones–, a fin de determinar si son confiables, para así acercarnos a la verdad y entregar una información responsable a la ciudadanía. Ni la publicación
que se esfumó en Internet, ni tampoco la que imprimió Qué Pasa en su edición semanal parecen cumplir con esos niveles éticos básicos. El fiscal Sergio Moya, que investiga el caso Caval, dejó en claro que los dichos telefónicos de Juan Díaz nunca se formularon ante la Fiscalía y que, probablemente, sabía que lo estaban grabando. Al mismo tiempo, aseguró que no existe denuncia ni querella que afecte a la Presidenta Bachelet. Sin embargo, la publicación de Qué Pasa se produjo en la misma semana en que la Mandataria declaró voluntariamente como testigo en el caso que afecta a su nuera. Quizás a esa coincidencia se refería la Presidenta cuando planteó un posible montaje. Sería bueno que la revista estableciera si alguno de sus profesionales sabía que Bachelet declararía o había declarado ante la Fiscalía. En su último editorial aseguró que “el valor noticioso” de su información quedó refrendado al conocerse dicha gestión judicial. ¿Qué quiso decir con esta afirmación? ¿Acaso hay alguna relación entre la declaración de Bachelet como testigo y las infamias de Juan Díaz publicadas por Qué Pasa? Si alguien dentro o fuera de la revista pretendió juntar ambas cosas, se trata de una manipulación inaceptable que afecta no solo a la Presidenta de la República, a la ciudadana Michelle Bachelet, a la confrontación política y a la convivencia democrática. La democracia requiere del ejercicio irrestricto de la libertad de expresión, y este no debiera ensombrecerse con recursos penales. Mucho menos cuando el querellante es la máxima autoridad del país. Pero la democracia también necesita medios de comunicación que cumplan cabalmente con las exigencias éticas del periodismo. La ciudadanía debiera estar atenta y velar por el cumplimiento de tales normas. Es allí donde debió centrarse el debate en los últimos días. Porque, nos guste o no, se ha hecho peligrosamente habitual que nuestros medios de comunicación tengan que rectificar informaciones, publiquen afirmaciones sin mayores cuestionamientos, confundan información con opinión, especulen sobre hechos no confirmados y abusen de fuentes no identificadas. Esto no ayuda a la libertad de expresión, ni al periodismo, ni menos a la democracia. Si la Presidenta Bachelet opta por retirar su querella, en la que difícilmente tiene algo que ganar, quizás el foco del debate se instale donde realmente aprieta el zapato. Y no es precisamente la libertad de expresión, sino la forma en que los medios están ejerciendo este derecho fundamental.
CONFIRMAN SENTENCIAS PARA EX AGENTES DINA POR TORTURAS EN 1974 LA NACIÓN http://www.lanacion.cl/noticias/pais/ddhh/confirman-sentencias-para-ex-agentes-dina-portorturas-en-1974/2016-06-07/140344.html La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este martes la sentencia que condenó a tres ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en los delitos reiterados de aplicación de tormentos en contra de Rosalía Martínez Cereceda y Julio Laks Feller, en 1974.
Dichos ilícitos fueron perpetrados entre el 22 o 23 de septiembre y el 5 de octubre de 1974, en el centro de detención clandestino de José Domingo Cañas. En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Javiera González Sepúlveda y Ana María Hernández Medina– confirmó las condenas apeladas de 5 años y un día de presidio para Ricardo Lawrence Mires, Basclay Zapata Reyes y Fernando Lauriani Maturana. En el aspecto civil, se ratificó la orden al Estado de Chile de pagar una indemnización por daño moral ascendiente a $50 millones a cada víctima.
BLOQUEO A PROYECTO DESPENALIZACIÓN ABORTO LLEGA A LA CIDH EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/06/07/294987/bloqueo-a-proyecto-despenalizacion-abortollega-a-la-cidh2016/ La organización Amnistía Internacional trasladó este martes la demanda por el derecho a la despenalización del aborto en tres causales -inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación- a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 158º período de sesiones extraordinarias que tuvo lugar en el ex Congreso de Santiago. En una sesión sobre “Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres en América del Sur”, en la que la organización presentó su informe “El Estado como aparato reproductor de violencia contra las mujeres”, desde la bancada del peticionario, la directora de la organización, Ana Piquer, expuso el caso particular de Chile como “uno de los ejemplos paradigmáticos de la región por ser todavía uno de los países que penaliza el aborto sin excepción, a la mujer y a los profesionales y terceros que la asisten”. Piquer calificó de “engañosos” algunos argumentos antiabortistas como que en la práctica las mujeres no van a cárcel y afirmó que “es una realidad que las mujeres son criminalizadas y son llevadas a juicio penal por aborto”. Por su parte, la investigadora en Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional para América, Fernanda Doz Costa, dijo que “la noticia de que en Chile se está discutiendo por lo menos en tres causales ha sido muy bien recibida por toda la región”. Sin embargo, lamentó que se demore tanto por qué “es un proyecto de ley que busca el mínimo absoluto para cumplir con los estándares de Derechos Humanos”.
Doz criticó la posición de “determinados grupos de poder con ideas morales y religiosas que utilizan al Estado para imponer sus propias convicciones personales al resto de la población a través de la ley penal”, incluso cuando, tal y como revelan todas las encuestas, la población chilena está fuertemente a favor.
“Toda la región está mirando a Chile, es un tema muy importante para toda América Latina que Chile salga de la lista de los pocos países que en su legislación viola los Derechos Humanos”, concluyó la académica. Otras formas de violencia Desde Amnistía Internacional señalaron que a pesar de que la jurisprudencia del Sistema Interamericano de protección a los Derechos Humanos sobre la violencia de género “es diversa y progresista, todavía no tiene precedente ni guías claras para que los Estados establezcan que la falta de acceso de mujeres y niñas a servicios de salud sexual y reproductivos, y ciertas restricciones impuestas a sus derechos sexuales y reproductivos, son formas de violencia perpetuadas por el Estado contra las mujeres, en algunos casos constitutivas de tortura”.
La organización ha documentado casos en múltiples países de América del Sur – tales como Paraguay, Argentina, Chile, Perú – en los que las mujeres han sido víctimas de legislaciones restrictivas sobre el aborto, imposición de maternidades forzadas a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual, brechas en la confidencialidad, esterilizaciones forzadas. Tras la sistematización de los datos, “se ve un patrón común que dice relación con que no se confía en las mujeres y niñas de que pueden tomar sus propias decisiones en lo referente a su sexualidad“, señaló Fernanda Doz. Y agregó: “El acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se convierte en una lotería, que depende de la posición o voluntad del profesional de la salud que la atiende y/o de su capacidad adquisitiva”. Las activistas también destacaron el rol de los defensores de los derrechos sexuales y reproductivos por llevar a cabo “una actividad de alto riesgo en la región” y sufrir violencia física, psicológica y simbólica, además de una criminalización social, persecución y hostigamiento. Rol más activo de la CIDH A pesar de que los comisionados no han podido valorar específicamente el caso concreto de Chile porque en las sesiones extraordinarias no se pueden tratar temas concretos del país anfitrión, Fernanda Doz se mostró satisfecha de haber expuesto la temática ante la CIDH y señaló que “hemos encontrado a la Comisión sumamente interesada, todos los comisionados estaban muy atentos a hacer preguntas y se han comprometido a hacer seguimiento de estos temas.”
En su intervención final, Doz aprovechó para solicitar a la Corte que tome un rol más activo en torno a los temas referidos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres latinoamericanas porque la institución cuenta con una profunda capacidad de influencia que puede ejercer presión en los Estados para revertir esta situción. Por ello, insistió que “es esencial que el Sistema Interamericano genere guías que den una orientación clara a los Estados para prevenir y erradicar la violencia y la tortura contra las mujeres en los ámbitos de salud sexual y reproductiva”.
CRISIS EN LA CIDH: ORGANIZACIONES LATINOAMERICANAS LLAMAN A SUS GOBIERNOS A HACERSE CARGO DEL PROBLEMA FINANCIERO EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/06/07/294769/crisis-en-la-cidh-organizacioneslatinoamericanas-llaman-a-sus-gobiernos-a-hacerse-cargo-del-problema-financiero123/
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) enfrenta una de las peores crisis financieras de su historia. Este organismo principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos del 40% del personal y que no cuenta con los fondos, ni con la expectativa de recibir fondos, para poder renovarlos. Asimismo, la Comisión que fue un puntal en las denuncias a las violaciones de los derechos humanos
durante las dictaduras latinoamericanas, se ha visto obligada a suspender la realización de las visitas previstas para este año, así como de los Períodos de Sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre. La falta de financiamiento, apuntan organizaciones de la sociedad civil reunidas hoy en Santiago, se debe a que la CIDH se ha convertido en una piedra en el zapato para el avance del modelo neoliberal de los países de la región. EFICACIA DE LA CIDH VA EN CONTRA DEL MODELO NEOLIBERAL Según Nancy Yáñez Fuenzalida, Codirectora del chileno Observatorio Ciudadano, esta crisis no sólo es económica sino que también política: “La crisis de la CIDH es una crisis fundamentalmente política porque vulnera los mecanismos de reparación donde puede recurrir la sociedad civil para la defensa de sus derechos y creemos obedece a una acción concertada por parte de los Estados de la región, fundamentalmente como producto de la misma eficacia de la CIDH en la protección de las personas, vulnerabilizados por el control del modelo económico que se ha estandarizado en nuestras sociedades. La situación de los derechos humanos en la región se torna más crítica, con desapariciones forzosas, despojo de territorios a los pueblos indígenas, criminalización de los defensores de los derechos humanos, en una Latinoamérica que está siendo impactada por la Industria Extractiva y que ha sido respaldada por los Estados para preservar un modelo económico globalizado. En ese contexto las CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen instancias insustituibles para proteger los derechos de las personas y los pueblos en todos los países”, indicó Yáñez.
LA CIDH CONTRIBUYE A PREVENIR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Por su parte, Gastón Chillier, del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, apuntó: “En el caso de Argentina, el rol que ha tenido la CIDH ha sido fundamental para la defensa de los derechos humanos durante las dictaduras. La visita de la CIDH en el año 1979 donde denunciaron el desaparecimiento forzoso de personas, detuvo la masividad de las desapariciones. Informes a la Convención Americana aportaron para la transición a la democracia, empujando y promoviendo una agenda de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en varios países. También es fundamental el trabajo de la CIDH en el contexto de los conflictos armados en Centroamérica en el caso de denuncias de violaciones y cumple un rol muy importante en las post transiciones de las sociedades latinoamericanas para fortalecer la democracia y las agendas de políticas públicas que tienen que ver con libertad de expresión, pueblos indígenas y temas de género. Acá estamos hablando de 20 millones de dólares de financiamiento anual, repartido entre 34 países, por lo que está claro que es un tema político. Entonces, la CIDH sigue siendo fundamental para la defensa de los derechos y podemos decir que esta es la crisis más grave que enfrenta la CIDH tanto política como económicamente y cabe preguntarse si los Estados se van a comprometer en el funcionamiento de un sistema que opere para monitorear las violaciones a los derechos humanos pero también para contribuir a prevenirlas. Una CIDH debilitada no es bueno para los pueblos, los Estados deben decir si les importa que exista o no y si no es así que se hagan cargo políticamente de esa decisión”.
También, desde el Centro de Estudios Constitucionales de Chile de la Universidad de Talca, el profesor Gonzalo Aguilar reafirmó el compromiso de la academia con la CIDH: “Hacemos un llamado a los Estados a que cumplan con su deber, el CIDH pertenece a todos los pueblos del continente y se hace necesario su existencia”, indicó.
LOS ESTADOS PERMITEN QUE NO HAYA JUSTICIA CUANDO NO FINANCIAN A LA CIDH Para la abogada peruana María José Veramendi Villa, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y a nombre de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú y Justiça Global de Brasil, la esperanza de justicia para miles de latinoamericanos está en juego: “La inminente pérdida de casi la mitad del personal de la CIDH, es un serio agravio para la protección de los derechos humanos en la región y refleja la falta de voluntad política de los Estados miembros de la OEA con la Comisión Interamericana. Miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en el hemisferio han depositado su confianza y sus últimas esperanzas de justicia en la CIDH y en el Sistema. Es el caso de las personas intoxicadas por metales pesados en La Oroya, Perú, quienes, tras haber presentado su denuncia en 2006, aún esperan un informe de fondo. También están las comunidades que han perdido su modo de vida a causa de la construcción de la represa Belo Monte en Brasil, quienes pese a la inauguración de la represa continúan esperando que el caso avance en la Comisión y se haga justicia por la violación a sus derechos. Al no financiar adecuadamente un órgano que ellos mismos crearon, los Estados ponen un obstáculo más para que estas personas accedan a la justicia. Los Estados miembros tienen una responsabilidad con el Sistema Interamericano. Esperamos que cumplan con ella, no a través de discursos y resoluciones de buenas intenciones, sino con acciones concretas e inmediatas de financiamiento”, resaltó la abogada.
Finalmente, las organizaciones civiles hacen un llamado a los Estados miembros de la OEA a que, en tanto la Asamblea General atiende esta situación, hagan inmediatamente una contribución voluntaria de emergencia que permita a la CIDH mantener a su personal, realizar las visitas que tenía previstas, así como llevar a cabo sus periodos de sesiones de julio y octubre.