TEMARIO: 1.
INDH ESPERA PRONTO PRONUNCIAMIENTO DE CORTE POR CASO DE AGRESIONES EN CÁRCEL DE VALPARAÍSO
2.
CARIOLA (PC): "EN CHILE SEGUIMOS VIVIENDO EN UNA SOCIEDAD NEOLIBERAL, PATRIARCAL Y CULTURALMENTE
3.
SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA: "TODAVÍA EXISTEN ENORMES DESIGUALDADES PARA LAS MUJERES EN MATERIA DE EMPLEOS"
4.
REFLEXIONES DE DOS ACADÉMICAS MAPUCHE EN EL DÍA DE LA MUJER. Blog de Carolina Poblete y Elisa Loncon, académicas de la Universidad de Santiago
5.
EL ABORTO POR VIOLACIÓN Y EL EJERCICIO ILEGÍTIMO DE LA FUERZA DEL ESTADO
6.
EL PROBLEMA NO ES DONALD TRUMP, SON SUS VOTANTES. OPINIÓN: Pablo Torche
7.
QUE LA CIUDADANÍA DISCUTA EL MECANISMO. OPINIÓN: Jaime Bassa, Claudio Fuentes y Domingo Lovera
8.
LOS DESAFÍOS DE LA RECEPCIÓN DEL DERECHO ANTIDISCRIMINACIÓN EN CHILE: INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y SABER JURÍDICO. OPINIÓN: Fernando Muñoz
ASIMETRÍAS
Y
INDH ESPERA PRONTO PRONUNCIAMIENTO DE CORTE POR CASO DE AGRESIONES EN CÁRCEL DE VALPARAÍSO RADIO BIOBIO (BIOBIOCHILE.CL) http://www.biobiochile.cl/2016/03/07/indh-espera-pronto-pronunciamiento-de-corte-por-casode-agresiones-en-carcel-de-valparaiso.shtml El Instituto de Derechos Humanos se mantiene a la espera de que la Corte de Apelaciones se pronuncie respecto de un nuevo recurso de amparo presentado a favor de internos del Complejo Penitenciario de Valparaíso.
El director regional del Instituto de Derechos Humanos, Fernando Martínez, explicó que se trata de una acción judicial interpuesta a favor de seis reos, en calidad de condenados, que se habrían visto vinculados a nuevas agresiones por parte de Gendarmería. Este caso se suma al ya acogido por la Corte de Apelaciones y confirmado por la Corte Suprema, donde otros seis internos acusan vejaciones por parte de personal de Gendarmería -hecho ocurrido a fines de enero de 2015- y a los dos ya presentados durante abril y septiembre de 2015. CARIOLA (PC): "EN CHILE SEGUIMOS VIVIENDO EN UNA SOCIEDAD NEOLIBERAL, PATRIARCAL Y CULTURALMENTE EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/03/08/cariola-pc-en-chile-seguimos-viviendoen-una-sociedad-neoliberal-patriarcal-y-culturalmente-machista/ En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada PC Karol Cariola lamentó que Chile siga viviendo en una sociedad "neoliberal", cruzada a su juicio por "una lógica patriarcal y culturalmente machista". "Eso implica que necesitemos desarrollar y potenciar definiciones políticas que nos permitan ir en contra de esa lógica que como país debemos superar”, dijo la parlamentaria.
“Hay distintos mecanismos de violencia de género que se ejercen hoy en día, donde muchas veces tienden a ser naturalizados y nosotros no podemos permitir que eso siga pasando”, concluyó. SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA: "TODAVÍA EXISTEN ENORMES ASIMETRÍAS Y DESIGUALDADES PARA LAS MUJERES EN MATERIA DE EMPLEOS" EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/03/08/subsecretaria-de-economia-todaviaexisten-enormes-asimetrias-y-desigualdades-para-las-mujeres-en-materia-de-empleos/ En el Día Internacional de la Mujer, la subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili, hizo hincapié en las enormes asimetrías y desigualdades que aún persisten para las mujeres en materias de empleo, política, derechos sexuales y reproductivos, y los relacionados con imaginarios culturales. En cuanto a la participación de las mujeres como jefas de hogar, la autoridad apuntó que esta ha venido creciendo sistemática y permanentemente. "En el año 2003 era de un 26%, el 2011 un 39% de los hogares chilenos tienen a una mujer como jefa de hogar. En comparación al año 1990, donde uno de cada cinco hogares era encabezado por una mujer. Hoy dos de cada cinco son encabezados por mujeres", informó. "Tenemos cinco millones de hogares, por lo tanto dos millones de hogares son encabezados por una mujer. Este índice, se ve incrementado en los hogares en situación de pobreza, donde un 50% de los hogares son encabezados por una mujer, mientras que en las familias en extrema pobreza este porcentaje sube a 55%", acotó la subsecretaria. En el ámbito político, si bien la primera magistratura está a cargo de una mujer, a nivel parlamentario y de consejeros regionales la realidad es muy diferente, resaltó Natalia Piergentili.
"Sólo el 18,8% fueron candidatas a parlamentarias (diputadas) y algo más del 19,24% fueron candidatas a Core. En los partidos políticos, sólo el 17,3% son mujeres en órganos directivos. Menos mujeres en política, menos posibilidad que desde las estructuras de poder se propicien cambios a favor de la igualdad de género, que equilibren las relaciones de poder. En nuestro país solo el 12,5% son alcaldesas y el 24,9% de mujeres son concejalas. Existen 263 consejeros regionales electos, de los cuales 223 son hombres (85 %) y sólo 40 mujeres (15 %)", detalló.
"Desde un punto de vista historiográfico, la participación de las mujeres se ha concentrado en cuestiones y tareas relativas a las necesidades básicas de la familia y la comunidad, mientras que los hombres se han reservado la participación en los cargos de poder político en las organizaciones sociales y el gobierno local", agregó. "Ante lo anterior, es importante constatar los avances que hemos tenido como Gobierno en reformas que profundizan el enfoque de derechos, políticas sociales, políticas económicas- en el marco de la Agenda Productividad Innovación y Crecimiento, donde destacó el Programa “Crece mujer emprendedora”, apoyo en capital de riesgo y numerosos programas que están enfocados a las mujeres que, con mucho esfuerzo empuje y creatividad generan emprendimientos", afirmó. La tarea -concluyó la subsecretaria de Economía- es contribuir desde donde nos desenvolvamos, en permear los imaginarios culturales con la convicción que, tanto la democratización de la sociedad, la mitigación de las desigualdades, como la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, es una misma tarea.
REFLEXIONES DE DOS ACADÉMICAS MAPUCHE EN EL DÍA DE LA MUJER LA NACIÓN Blog de Carolina Poblete y Elisa Loncon, académicas de la Universidad de Santiago http://blog.lanacion.cl/2016/03/08/reflexiones-de-dos-academicas-mapuche-en-el-dia-de-lamujer/ Nos propusimos escribir sobre nuestro trabajo desde múltiples perspectivas, como mujeres, como indígenas y desde una cultura en resistencia del cual somos parte; ello implica hablar con un yo interior de origen comunitario, sin olvidar lo que somos ni de dónde venimos, orgullosamente mapuche, quienes para ser escuchadas hemos tenido que romper el discurso colonial y patriarcal que invisibiliza a las mujeres en general y doblemente a la mujer indígena. Lo común entre nosotras además de ser profesoras de la Universidad de Santiago es la experiencia de fortalecimiento identitario obtenida en la práctica de la cultura mapuche e indígena, de modo que nuestro aporte al conocimiento pasa por el nivel de vínculo comunitario y la oportunidad de profundizar en la cultura ancestral, sea en los juegos, en la lengua, en el canto, y en la cultura en general.
También en el diálogo con la comunidad adoptiva, que es el espacio intercultural que generamos en nuestras clases con alumnos de otros orígenes, pero que se acercan a nosotras con respeto a nuestra cultura y pueblo. La experiencia nos dice que mientras más acercamiento a las raíces, más saberes, más especificidad, y mayor calidad de conocimiento aportamos a nuestro pueblo; para que ello sea así, la condición básica exigida es el respeto a nuestra cultura y a nosotras mismas.
Podemos decir que hemos abierto puertas y se nos ha escuchado en más de alguna oportunidad, a nivel internacional, nacional y comunitario; sin embargo, la participación de la mujer indígena y su contribución en la producción del conocimiento es muy débil; hay una brecha enorme entre mujeres indígenas y no indígenas en ámbito académico, y también brecha de género entre nuestro propio pueblo. Sobran dedos de la mano para contar las académicas indígenas en Chile, y son todavía menos las dedicadas a profundizar en el campo del conocimiento propio del mundo indígena, en la medicina, en la astronomía, las humanidades y en otros ámbitos. Las razones porque ocurre esto son de carácter histórico: la mujer indígena que ha salido de su comunidad ha ocupado los empleos socialmente memorizados, como empleadas domésticas, secretarias, a lo mucho profesoras como nosotras. Entre nuestras actividades y en el tema de lenguas indígenas destacamos la participación de una de nosotras en la mesa de trabajo de expertos indígenas del Foro Permanente Indígena, en ONU, en enero del 2016, junto a otros expertos indígenas de diferentes latitudes (Rusia, Oceanía, Norte América, África, y Sud América). Cada uno informó sobre el estado de las lenguas y de las acciones que se llevan a cabo para evitar su extinción, identificando aquellas experiencias exitosas de revitalización lingüística como es el caso del hawaiano en Hawái, el maorí en Nueva Zelandia. En la intervención se expuso ampliamente la necesidad del reconocimiento de los Derechos Lingüísticos indígenas y del uso público y multifuncional de las lenguas, porque son las demandas emanadas de tres congresos de lenguas indígenas en Chile, apoyados por nuestra universidad. Consideramos que hace falta pensarnos desde la academia, porque es el espacio que hemos elegido para hacer florecer nuestras ideas y porque creemos que la universidad es el espacio donde se genera parte del conocimiento y donde esperamos que la cultura mapuche pueda también hacer su aporte para la mantención de una sociedad pluralista, diversa y respetuosa de los derechos de los pueblos. Otro ámbito desarrollado es el aukantun kimvn (conocimiento de los juegos). La sociedad mapuche compleja, diversa y de gran riqueza cultural también desarrolló ideas y conceptos que dan cuenta que, a través del juego pu pichikeche (los niños y niñas) entienden su dimensión cultural y reconocen sus potencialidades corporales, intelectuales, emocionales y espirituales. En esta área de trabajo el aporte académico tiene por objetivo revitalizar y mixturar el conocimiento de las lúdicas en los territorios a partir de la investigación: identificando los contextos actuales, los desafíos de la comprensión de los juegos y las opiniones que emergen de quienes los practican. Esta experiencia ha podido ser compartida en varios países, destacando la participación en el Primer Mundial de Juegos de los Pueblos Indígenas, en octubre de 2015 en Brasil. En el evento hubo espacio para las mujeres indígenas a través del Foro Femenino que instaló los temas de discriminación, violencia y participación de la mujer en la sociedad actual, los cuales no distan de las propias problemáticas que tenemos por estos lados. Sin embargo, nos dimos cuenta que tenemos pendiente aún como mujeres mapuche el empoderamiento de lo corporal desde las potencialidades lúdicas de nuestros propios
conocimientos. Quisiéramos reforzar esta idea contando que cada uno de los pueblos indígenas de Brasil y otros países tuvo participación femenina en el Mundial. Realizaron pruebas como cargar tronco, cabo de fuerza, natación, carrera simple, carrera en arena, hasta el fútbol era practicado sin problemas, más aún, varios pueblos mostraron sus juegos típicos en los que las mujeres y hombres participaban en conjunto, otros en los que participaban solamente mujeres, demostrando con ellos su inteligencia y astucia corporal, -realmente mujeres indígenas potentes. Es necesario que como mujeres indígenas nos empoderemos sin temor, a las herencias culturales de lo corporal que han colonizado nuestro cuerpo. Según nuestra experiencia consideramos que las y los indígenas académicos estamos enfrentados a una disyuntiva que cambiará para siempre nuestros mundos: o dejamos que la cultura dominante acabe con la nuestra, con nuestra lengua y conocimientos, o nos transformamos en ser los primeros en profundizar nuestra cultura, en aprender la lengua, escribirla y desarrollarla; practicar nuestros propios juegos, fomentando con ello el orgullo de ser sujetos de nuestra historia y que generosamente heredamos cultura ancestral y lengua originaria a las nuevas generaciones. EL ABORTO POR VIOLACIÓN Y EL EJERCICIO ILEGÍTIMO DE LA FUERZA DEL ESTADO EL MOSTRADOR Editorial http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/03/08/el-aborto-por-violacion-y-el-ejercicioilegitimo-de-la-fuerza-del-estado/ El Estado y su administración, en términos generales, debe expresar razonablemente el interés colectivo de la gente que lo habita, con especial cuidado del respeto de las minorías. Este elemento de razonabilidad y sentido común, expresado de manera jurídica en la Constitución, resulta esencial para la legitimidad de sus instituciones y la eficacia normativa de sus leyes. Si se recorre las acepciones de Estado, desde Cicerón, pasando por Bodino o San Agustín, hasta Hermann Heller o Carré de Malberg, los elementos distintivos siempre confluyen en la comunidad, la razonabilidad y la juridicidad. Tal como lo expresa Heller y todos reconocen, “el Estado es la conexión de los quehaceres sociales” con una estructura jurídica superior. El debate sobre el proyecto de ley que despenaliza el aborto por tres causales, una de las cuales es la violación de la mujer con resultado de embarazo, ha causado un enorme “revuelo moral” en algunos sectores, y ha aumentado la crisis de unidad en el oficialismo político. Han abundado argumentos científicos, valóricos, morales y estadísticos. Pero existe una marcada ausencia de los argumentos de carácter político y jurídico que, a fin de cuentas, expresan la esencia de lo que es el Estado, vale decir, la racionalidad y la lógica del interés común que está no solo en su origen, sino en el desempeño de su gobierno, en cualquier sociedad democrática. La buena vida institucional del país debiera partir reconociendo el carácter de sociedad plural que tiene Chile, cuyo desenvolvimiento en el espacio normativo público debiera realizarse con justicia social y pleno ejercicio de las libertades esenciales de todo ser humano. Entre esas libertades están los derechos sexuales y reproductivos tanto de la mujer como del hombre, respecto de los cuales la
decisión de concebir y procrear es un atributo que compete esencialmente a las mujeres, como habitáculo natural de la vida, que no puede ni debe ser violentado, bajo ninguna circunstancia. Más aún, desde el punto de vista natural, la libertad de concebir y procrear no pertenece a todas las mujeres por igual, pues por razones biológicas se circunscribe a un período determinado, lo que, para casos específicos, las convierte en una minoría. A su vez, cuando se habla de libertad se habla de ausencia de coerción o de anulación de la voluntad del otro. En una sociedad civilizada el Estado monopoliza el uso de la fuerza legítima y fija sus estándares de acuerdo a su cultura y voluntad mayoritaria de sus ciudadanos. Todo uso de la fuerza fuera de las reglas fijadas por el Estado como norma pública es ilegal. Bajo esta perspectiva, resulta una obligación moral de la sociedad democrática permitir el aborto de un embarazo originado en una violación, y reconocer a la mujer la plena libertad personal de aceptar o rechazar las consecuencias del acto ilegítimo. Sostener lo contrario, u orientarse a limitar esa libertad, transforma al uso ilegítimo de la fuerza, esto es, la violación, en un hecho positivo al menos en sus consecuencias materiales, y al Estado en cómplice moral del delito. Más aún si el 70 u 80% de la ciudadanía, según arrojan las mediciones de opinión disponibles, opina positivamente por la despenalización del aborto en las tres causales contempladas en el proyecto de ley del Ejecutivo. Friedrick Hayek sostiene que “libertad no significa solamente que el individuo tiene tanto la oportunidad como la carga de la elección; también significa que debe soportar las consecuencias de sus acciones. Libertad y responsabilidad son inseparables”. En el caso de la violación con resultado de embarazo, que es el punto central del cuestionamiento de grupos conservadores al proyecto de ley, la mujer, en este caso también una minoría por la determinación de su edad fértil, con la actual legislación está totalmente anulada en su capacidad de elegir y obligada a soportar las consecuencias de una acción que no quiso, en este caso la procreación. Ello sin considerar la enorme cantidad de daño adicional que muy probablemente experimentará en su vida: temor, culpa, odio, vergüenza, desconfianza, depresión, aislamiento, marginalidad. En nuestra sociedad, además, al desgarramiento de su intimidad y dignidad –que la marcará con daños psicológicos quizás de por vida– se deben agregar las obligaciones materiales y su cambio de estatus laboral y clínico, que son consecuencia de la obligación de gestar y procrear que le impone el Estado. La mujer es el habitáculo natural de la gestación y la procreación, y es parte esencial de su sexualidad el ejercicio libre de sus derechos reproductivos. La violación de una mujer y la penalización del aborto a todo evento niegan esa libertad, tanto en cuanto al uso de la sexualidad como también en la obligación de aceptar las consecuencias de algo que no quiso la mujer. Juan Bautista Alberdi, político y jurista argentino que vivió en nuestro país, sostenía que la libertad no es una mera idea o una linda abstracción, sino el hecho más práctico y elemental de la vida humana. “Tan prosaico y necesario como el pan”, decía. “La libertad es la primera necesidad del hombre, porque consiste en el uso y gobierno de las facultades físicas y morales que ha recibido de
la naturaleza para satisfacer las necesidades de su vida civilizada, que es la vida natural del hombre, por excelencia”. De ahí que no preocupen tanto los quiebres en las políticas oficialistas ni las alianzas transversales que pretenden el atraso en la despenalización, en gran parte generado por el activismo de líderes mujeres argumentando consideraciones de carácter religioso o moral. Lo que más preocupa es que el Estado, garante del bien común y la razonabilidad del gobierno y sus políticas, quede entrampado en una cruzada que es en el fondo una acción política contra las libertades básicas del ser humano. EL PROBLEMA NO ES DONALD TRUMP, SON SUS VOTANTES EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/03/08/el-problema-no-es-donald-trumpson-sus-votantes/ OPINIÓN: Pablo Torche
Me resulta sorprendente –y peligrosa–, la tendencia de la prensa y los analistas internacionales de focalizar su indignación y horror exclusivamente en la figura de Donald Trump, y no en los vastos segmentos de votantes norteamericanos que son los que le están dando la mayoría en las primarias republicanas. El problema más grave, a mi juicio, no es que exista un candidato extremista que vocee opiniones sexistas, discriminatorias, y que incitan a la violencia étnica o racial. Lamentablemente, siempre ha habido, y siempre habrá, líderes o políticos que expresen este tipo de opiniones, con mayor o menor desparpajo (en Chile conocemos bastante de eso, hasta el día de hoy, y los invitan sin problemas a todo tipo de programas de discusión). El problema ni siquiera es la ausencia de un rechazo generalizado a este tipo de visiones. El problema, aún más grave, es que es precisamente a causa de estas opiniones, que Trump va liderando la carrera presidencial republicana. No se trata, por tanto, de un problema individual, limitado a un loco o fanático, sino de un problema social. El fantoche Trump, discriminatorio y racista, no es más que el síntoma de una descomposición social y cultural mucho más profunda y preocupante. Desde el inicio de la campaña, la prensa progresista internacional –y también la que no lo es tanto, como The Economist–, ha denunciado con fuerza las propuestas neofascistas de Trump, que incluyen la construcción de un muro entre México y Estados Unidos –financiado por México, dicho sea de paso–, la prohibición de ingreso de musulmanes al país, y la deportación masiva de millones de inmigrantes –principalmente mexicanos que además, según Trump, son en su mayoría “violadores”–. Pero este clamor masivo, unido a una infinidad de cartas e iniciativas de rechazo de distintos personajes y agrupaciones, no solo han sido incapaces de detener el ascenso del magnate sino que, por el contrario, parecen haber catapultado su campaña. De hecho, el número de personas que ha asistido a votar a las primarias republicanas este año supera con creces la cifra de la campaña anterior.
Es momento entonces de enfrentar la cruda realidad: el problema no es que la gente no haya sopesado las propuestas éticamente cuestionables de Trump, el problema es que hay un grupo muy grande de la población que encuentra sentido, y se identifica, con este discurso discriminatorio y racista. En un sentido más amplio, si el eslogan subyacente de la campaña de Trump es –como sugiere Paul Krugman– “Hagamos de Estados Unidos un país blanco de nuevo”, el problema de fondo es que un grupo aparentemente mayoritario de personas todavía cree, en la segunda década del siglo XXI, que el mejor camino a seguir para las sociedades contemporáneas es la uniformidad racial y religiosa. ¿Cuáles son las causas de este problema? Muchas y muy complejas, por supuesto, pero en un sentido muy concreto, expresan un fracaso fundamental de los discursos y políticas que han intentado afirmar los valores de la tolerancia, la diversidad racial y cultural, la libertad religiosa y de conciencia, la integración social. Estos valores, que constituyen los pilares básicos de nuestra organización social, y que muchas veces se dan por descontados, no están en verdad para nada asegurados.
Los discursos políticos que se han propuesto realzarlos, han fallado dramáticamente a la hora de ofrecer un conjunto de ideas articulado y convincente que expliquen a la población por qué la pureza racial y la uniformidad religiosa no son el camino a seguir en la sociedad actual, por qué es importante aceptar la igualdad y el valor de las distintas razas, etnias y religiones, por qué la diversidad y la integración pueden constituir una oportunidad y no un peligro. El progresismo y la izquierda en particular, están fracasando en el desafío de enfrentar estas preguntas fundamentales, de las cuales –diría– el futuro de nuestro mundo globalizado depende. Se han quedado en respuestas vagas y morales, en muchos casos amparadas ambiguamente en la “tradición histórica” de Estados Unidos y Europa de recibir inmigrantes. Pero esta supuesta
“tradición histórica” –muy discutible, por lo demás, llena de forados y matices–, es un entablado muy frágil para sostener la convicción de los ciudadanos contemporáneos, asustados por el terrorismo, abrumados por el flujo de millones de inmigrantes y refugiados, y donde los principios de tolerancia y diversidad que tan fácilmente llenan las declaraciones públicas, chocan en la vida cotidiana con costumbres y visiones de mundo que a veces resultan irreductibles. El fracaso ha sido aún más ostensible en el desafío de integrar a las distintas minorías (étnicas, religiosas, culturales), a las modernas sociedades de mercado. A un set vago de principios de tolerancia, se sobrepone entonces un conjunto todavía más vago –a veces inexistente– de medidas orientadas a la integración. En la práctica, las grandes poblaciones de inmigrantes terminan absorbidas, utilizadas o explotadas, literalmente “procesadas”, por el capital, ya sea en la forma de grandes corporaciones o pequeños empresarios abusadores, que usufructúan de mano de obra barata y precaria, carente de cualquier tipo de derechos políticos y sociales. Los problemas que plantea “Mr. Trump” –como formalmente lo llama la prensa anglosajona–, van mucho más allá de su figura de bully prepotente y racista. Pone en evidencia los peligrosos vacíos en el sustrato valórico, el discurso político y las políticas públicas, de nuestras orgullosas sociedades occidentales. Este vacío es lo más riesgoso y seguirá ahí, aun si Trump pierde la primaria o, en todo caso, la presidencial. Si no lo hace, tal vez ya sea demasiado tarde para tratar de repararlo, y nos enfrentaremos a un problema mayúsculo, de impredecibles consecuencias. QUE LA CIUDADANÍA DISCUTA EL MECANISMO EL MOSTRADOR OPINIÓN: Jaime Bassa, Claudio Fuentes y Domingo Lovera No basta con discutir sobre los contenidos que debiera considerar una Constitución, sino que es muy relevante discutir quiénes y bajo qué condiciones serán los o las encargadas de elaborar un texto constitucional. ¿Será el Congreso? ¿Será la ciudadanía que se manifestará a través de delegados constituyentes? ¿Será un grupo de expertos(as)? ¿Se refrendará en un plebiscito? A fines de enero de este año, el Gobierno hizo pública la Guía Metodológica del Proceso Participativo Territorial. Uno de los aspectos polémicos de esta metodología se refiere a los ejes en que se estructurará la discusión. El Ejecutivo organizará encuentros ciudadanos locales autogenerados, cabildos provinciales y cabildos regionales. Se establecen tres ejes de deliberación territorial: valores; deberes y derechos; e instituciones. En cada encuentro, la ciudadanía interesada en participar deberá responder y fundamentar tres preguntas: 1) ¿Cuáles son los valores más importantes que deben inspirar y dar sustento a una Constitución? 2) ¿Cuáles son los derechos y deberes más importantes que la Constitución debiera establecer para todas las personas? 3) ¿Qué instituciones debe contemplar la Constitución y qué características deben tener? Lo anterior de por sí es problemático, por cuanto no se trata de una invitación a dialogar o deliberar sobre qué Constitución imaginamos, sino que a responder preguntas cerradas para establecer un orden de prioridades. Por ejemplo, se invita a la ciudadanía a decidir si es más importante la libertad, igualdad, amistad cívica, paz, tolerancia, diversidad o la subsidiaridad, por citar algunos de los valores indicados. ¿Es posible ordenar la importancia de estos valores? ¿Evaluará alguien la “fundamentación” del orden de prioridades establecido para cada valor? ¿Bajo qué criterios se
evaluará entonces la importancia de ellos? Esta misma interrogante es factible hacerla al debate sobre deberes, derechos o respecto de las instituciones y sus características. Proponemos, entonces, que se modifique la metodología, de modo de incluir el debate sobre el mecanismo como uno de los ejes centrales de esta etapa de participación ciudadana. Pero, además, ni los encuentros locales ni los cabildos provinciales y regionales consideran como un eje específico el debate sobre el mecanismo, cuando sabemos que forma y fondo van de la mano. Así como quienes han diseñado la metodología condicionan el tipo de participación que esta posibilita, es fundamental iniciar la discusión sobre quiénes redactarán la nueva Constitución, pues sus contenidos dependerán de sus decisiones. De otro modo, se podría interpretar como un diseño que sospecha de la ciudadanía, cuando lo que se busca es precisamente lo contrario.
Por tanto, no basta con discutir sobre los contenidos que debiera considerar una Constitución, sino que es muy relevante discutir quiénes y bajo qué condiciones serán los o las encargadas de elaborar un texto constitucional. ¿Será el Congreso? ¿Será la ciudadanía que se manifestará a través de delegados constituyentes? ¿Será un grupo de expertos(as)? ¿Se refrendará en un plebiscito? Discutir sobre el mecanismo envía a las autoridades –en especial al Congreso, que recibirá un proyecto sobre la base de estas discusiones– una importante señal sobre las reflexiones ciudadanas al respecto. Estas reflexiones merecen especial atención, sobre todo si consideramos que el recurso a la misma ciudadanía, por medio de un plebiscito, es una de las vías que podría, eventualmente, terminar definiendo el mecanismo.
La metodología actual deja un espacio abierto para que en la parte final de los encuentros se realice un aporte a la memoria histórica del proceso, sugiriendo “ideas, propuestas y anhelos para el país y las futuras generaciones”. Eventualmente, en algunos encuentros seguramente se discutirá sobre el mecanismo. Sin embargo, dada la relevancia que este debate tiene para definir los contenidos de la futura Constitución, no es posible dejarlo adscrito como un “anexo cualitativo” que difícilmente será sistematizado, tal como ocurrirá con los tres ejes señalados. Proponemos, entonces, que se modifique la metodología, de modo de incluir el debate sobre el mecanismo como uno de los ejes centrales de esta etapa de participación ciudadana. Además, sugerimos que se revise la pertinencia de un esquema de preguntas/respuestas que solo definan un orden de prioridades de ciertas temáticas. Es fundamental que la metodología posibilite la apertura del diálogo político durante la etapa de la participación ciudadana, sin condicionarlo a través de preguntas cerradas. LOS DESAFÍOS DE LA RECEPCIÓN DEL INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y SABER JURÍDICO
DERECHO ANTIDISCRIMINACIÓN
EN
CHILE:
EL MOSTRADOR OPINIÓN: Fernando Muñoz
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2016/03/07/los-desafios-de-la-recepcion-delderecho-antidiscriminacion-en-chile-infraestructura-social-y-saber-juridico/ El ‘derecho antidiscriminación’ (en adelante, DAD) corresponde a un cuerpo de saberes descriptivos y creencias normativas, utilizado por profesionales jurídicos como abogados y jueces, en el desempeño de sus labores de comprensión y utilización de reglas legales cuyo propósito explícito consiste en contrarrestar y remediar fenómenos sociales como el sexismo o el racismo, percibidos como patológicos precisamente en virtud de dichas creencias normativas. La anterior definición busca evitar la reificación que, a menudo, caracteriza a las descripciones que los profesionales jurídicos, incluso los académicos, ofrecen de su objeto de interés, el ‘derecho’. No basta con entender que el DAD es una forma de saber jurídico, es decir, un sistema de proposiciones de hermenéutica jurídica; es necesario tener presente que es un sistema utilizado por sujetos concretos cuyo rol, en virtud de la división social del trabajo encarnada en la organización institucional característica de un ‘estado de derecho’ (en adelante, EDD), consiste en administrar conflictos sociales seleccionados y delimitados precisamente por dichas proposiciones. En otras palabras, la existencia misma del saber jurídico depende de la existencia de una determinada infraestructura social. Así, por ejemplo, el EDD es la materialización del proyecto político liberal de crear instituciones que reduzcan el conflicto (Hobbes) y protejan bienes como la propiedad privada y la libertad negativa (Locke), proyecto cuyo triunfo y cuya subsistencia han dependido históricamente de la voluntad de aquella categoría de sujetos que en el análisis de clases inspirado en el materialismo histórico recibe el nombre de burguesía. La memoria histórica de los chilenos ratifica esta dependencia, y con ello, la fragilidad del EDD, pues nos recuerda que cuando el EDD
contradice fundamentalmente los intereses de la burguesía, ella lo desecha, optando por formas de organización social que le permita retomar su condición de clase hegemónica. El DAD, entonces, y como ocurre con todo ‘derecho’, es un instrumento, creado por y utilizado por alguien, por sujetos históricamente situados. Transitar por este camino nos permite seguir agregando nuevas capas de contextualización a la infraestructura social que sirve de condición de posibilidad a esta forma de saber jurídico. Esto, pues el DAD consiste en uno de los más recientes desarrollos del EDD en el espacio occidental contemporáneo. Más específicamente, el DAD ha hecho su aparición en dicho mundo como una solución ofrecida por las facciones más liberales de la clase política de las naciones industrializadas noroccidentales en respuesta a las luchas por el reconocimiento libradas por aquellos segmentos de la población de dichas sociedades cuya plena integración a la ciudadanía y al mercado lato sensu se han visto impedidas históricamente por la discriminación, entendida como la continua capacidad de otros saberes descriptivos y otras creencias normativas, que atribuyen o imputan a dichos segmentos talentos o capacidades disminuidas o que niegan importancia a sus intereses concretos, de influenciar las interacciones sociales y, con ello, la estructura social. El DAD, sin embargo, está en una posición de debilidad estructural, debido a que su capacidad de intervenir en las interacciones sociales y, de esta manera, permear las epistemes sociales que reproducen la discriminación, está limitada por el profundo compromiso del EDD con la preservación de la libertad negativa de los actores no estatales y con el constreñimiento de las instituciones estatales. El DAD, en el contexto de la tradición jurídica liberal, es una anomalía en constante peligro de ser desechada cuando colisione con los valores constitutivos del EDD, replicando así, a menor escala la misma inestabilidad que caracteriza al EDD. El DAD, en consecuencia, no existe en el vacío: es un instrumento epistémico concebido y empleado por ciertos sujetos (abogados y jueces) para satisfacer la demanda de otros sujetos (los segmentos discriminados) por incorporarse al proyecto histórico de una macrocategoría de sujetos (la burguesía moderna), pero sólo cuando dicha demanda ha sido ya respaldada por quienes detentan la capacidad de tomar decisiones institucionalmente vinculantes (la clase política). La historia del derecho antidiscriminación en Estados Unidos provee el ejemplo paradigmático de esto. La ‘lucha por los derechos civiles’ afroamericanos de los años 60’ forzó la aprobación de la Civil Rights Act de 1964, y este evento, a su vez sirvió de punto de partida para innovadoras sentencias judiciales como aquella de 1971 que sentó las bases para la teoría de la discriminación indirecta. Y si bien la movilización feminista de principios de los 70’ no logró la aprobación de una propuesta de reforma constitucional conocida como Equal Rights Amendment (ERA) debido a las exigentes reglas para la introducción de reformas al texto constitucional norteamericano, en circunstancias que la mayoría de la clase política había dado su respaldo a dicha iniciativa, la Corte Suprema extendió hacia la discriminación de género el sistema de conceptos desarrollado en el contexto de la discriminación racial, en un movimiento que ha sido caracterizado como el establecimiento de una ERA ‘de facto’. Por otro lado, y si bien la discriminación contra personas LGBTI todavía no ha logrado un reconocimiento significativo en el DAD norteamericano, los primeros pasos dados en este sentido, las sentencias de la Corte Suprema que en 2003 declararon inconstitucional la criminalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y que en 2015 concedió a las parejas del mismo sexo el derecho de contraer matrimonio, estuvieron precedidas por una intensa movilización social por parte de organizaciones de la diversidad social, movilización que forzó a integrantes de la clase
política tan disímiles como Barack Obama o Dick Cheney a respaldar públicamente la demanda por matrimonio igualitario. Una importante consecuencia de esta invocación de sujetos y de la implícita alusión a las trayectorias y tradiciones que los han constituido es que, en ausencia de alguno de los actores y contextos que formaron parte del surgimiento del DAD en las naciones industrializadas noroccidentales, las posibilidades de éxito del DAD, ya limitadas por los compromisos ideológicos del EDD, se desvanecen significativamente. Esto plantea una importante pregunta para el futuro del DAD en Chile: ¿existe la infraestructura social que le permita ser exitoso? Dicho en otros términos, ¿existen movimientos de los discriminados, una clase política liberal, y profesionales jurídicos que estén en condiciones de darle sustento a este proyecto? La pregunta sobre si en Chile existe una lucha por el reconocimiento de parte de los sujetos discriminados, expresada en distintas formas de movilización y de lucha social, es quizás la más compleja de las tres. Esto, por cuanto si bien en Chile han existido históricamente diversas formas de involucramiento de los marginados y los oprimidos, muchas de ellas se vieron diluidas, marginalizadas, y, en algunos casos, reprimidas duramente durante el período postdictatorial iniciado en 1990, dificultando su incorporación al proceso institucional de traducción de ‘intereses’ en ‘derechos’. Numerosos ejemplos parecieran ratificar esta situación: la larga lucha librada en torno a la agenda de derechos reproductivos de la mujer; la continua conceptualización de la ‘cuestión mapuche’ como un imperativo de asimilación en el mundo urbano, y como un problema de orden público y seguridad nacional en el espacio rural; y la persistencia a nivel social e institucional de la homofobia y la transfobia, pese al arduo trabajo desarrollado por ciertas facciones del movimiento LGBT. Una respuesta más certera a esta pregunta, de todas maneras, requeriría de un esfuerzo sostenido de producción de ‘descripciones densas’ del involucramiento de los discriminados en la lucha por el reconocimiento. ¿Qué decir de la clase política en esta materia? Una posible respuesta sigue la prescripción contenida en los Evangelios: por sus frutos los reconoceréis. Y, ¿cuál ha sido el fruto de la labor de la clase política en materia de discriminación? Concentrémonos en el producto estrella en esta materia, la Ley Nº 20.609, de Medidas contra la Discriminación. Ella contiene numerosas características que, a la luz de la legislación y la jurisprudencia antidiscriminación de países noroccidentales, no pueden sino ser caracterizados como deficiencias. Ellas incluyen el hecho de que la ley no ofrece ventajas procesales para quien, encontrándose en una situación material de desventaja o vulnerabilidad fáctica, enfrente considerables dificultades en reunir los antecedentes probatorios que le permitan entablar exitosamente una demanda; parece dar a entender que la libertad de empresa, la libertad de enseñanza o la libertad religiosa, entre otros derechos constitucionales, derrotan al mandato de no discriminación cuando colisionan con él; y que ella contempla la posibilidad de que quien denuncie un acto discriminatorio pero no logre probar su ocurrencia podrá ser castigado por el tribunal con una multa, al tiempo que ella carece de una regulación explícita de la reparación patrimonial que el demandante victorioso ha de recibir. Incluso más, la ley contiene disposiciones bastante sospechosas ellas mismas de ser discriminatorias. Me refiero particularmente al inciso 2º del artículo 2º, el cual señala que la ley no podrá ser utilizada “para justificar, validar o exculpar situaciones o conductas contrarias a las leyes o al orden público”; y a su artículo 18, que señala que los preceptos de la propia ley “no podrán ser interpretados como derogatorios o modificatorios de otras normas legales vigentes”. Ambas aseveraciones parecen
sugerían que quien las redactó sospechaba o recelaba de las intenciones de quienes habrían de hacer uso de la Ley Antidiscriminación una vez entrada en vigencia. Ahora bien, la historia de la tramitación legislativa de la ley nos explica muchos de los desaciertos de la Ley Antidiscriminación. Esto, pues si bien el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional en marzo de 2005 fue rápidamente discutido y aprobado por la Cámara de Diputados, órgano que lo despachó en octubre de ese mismo año, la historia fue muy distinta en el Senado. Allí, la Comisión de Derechos Humanos emitió tres informes sobre el proyecto de ley, en abril de 2006, enero de 2007 y junio de 2008; y si bien la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del mismo Senado emitió dos informes, ambos fueron emitidos recién en 2011. ¿Qué explica este retraso, que no sólo retrasó cuatro años la promulgación de la ley sino que además produjo un texto con cuestionables contenidos, según he dicho más arriba? La desidia, desde luego, juega algún rol; la Comisión de Constitución discutió en ocho sesiones el proyecto de ley bajo la presidencia del –en aquel entonces– senador Juan Antonio Gómez (PRSD), entre el 16 de septiembre de 2008 al 1 de junio de 2009. Pese a la realización de dichas sesiones, la Comisión no despachó ningún informe, por lo cual el proyecto no pudo seguir su tramitación; quedó, por así decirlo, guardado en un cajón. A partir de entonces, la Comisión no volvió a tratar el tema durante dicho período legislativo; y tampoco lo hizo durante todo el primer año del siguiente período legislativo iniciado el 11 de marzo de 2010, momento en que también asumió el mando el gobierno de Sebastián Piñera. Recién el 11 de enero de 2011, la Comisión de Constitución vuelve a abordar la discusión del proyecto, bajo la presidencia de la –en aquel entonces– senadora Soledad Alvear (PDC), y con la participación de los senadores Patricio Walker (PDC), Alberto Espina (RN), Carlos Kuschel (RN), Hernán Larraín (UDI), Andrés Chadwick (UDI), y Jaime Orpis (UDI) –hoy procesado por corrupción–, además de haberse sumado a una sesión la senadora Ena von Baer (UDI). Pero, en aquel momento, la desidia pareciera haber sido reemplazado por algo distinto. Tras cinco sesiones (tres menos que las realizadas bajo la presidencia de Gómez), la Comisión emitió su primer informe; y tras la realización de otras dos sesiones emitió su segundo informe, en calidad de complementario del primero. Pero esas sesiones, realizadas con las formalidades exigidas por la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (incluyendo la obligación de dejar un registro público de las deliberaciones realizadas), no constituyeron las únicas instancias de trabajo legislativo. La Comisión de Constitución acordó designar a un ‘Grupo de Trabajo’, compuesto por tres funcionarios del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, tres asesores legislativos de la Comisión de Constitución, y un representante del Instituto de Derechos Humanos. Salvo la excepción de este último, los integrantes de dicho ‘Grupo de Trabajo’ carecían de experiencia en trabajo con personas discriminadas y, a juzgar por los resultados de su labor, eran ajenos a las lógicas protectoras del derecho antidiscriminación. Fue dicho ‘Grupo de Trabajo’ quien eliminó la regulación de la reparación patrimonial que habrían de recibir las víctimas de discriminación, así como quien introdujo disposiciones como el artículo 2 inciso 2º; en este último caso, a solicitud de los senadores Alvear, Larraín y Walker. Nuestra clase política, entonces, al momento de legislar sobre la protección jurídica de los discriminados, transitó entre las alternativas del ‘rey holgazán’ (Gómez) y de la reproducción de la discriminación (Alvear). ¿Qué ha ocurrido, en tanto, con nuestros profesionales jurídicos en la
misma materia? He intentado dar respuesta a esta pregunta en dos artículos publicados el año pasado, donde he ofrecido datos sobre el litigio antidiscriminación y he analizado los contenidos de las sentencias dictadas en dichos juicios. La conclusión, en este aspecto, no es mucho más esperanzadora. El escaso número de sentencias dictadas –36 sentencias de primera instancia dictadas sobre acción antidiscriminación entre diciembre de 2012, cuando se dicta la primera sentencia, hasta marzo de 2015– revela la baja utilización de esta instrumento, lo cual sólo pareciera sugerir que existe desinterés de parte de los abogados por patrocinar demandas en casos de discriminación. En tanto, la deficitaria calidad del análisis jurídico y sociojurídico contenido en las sentencias emitidas por los tribunales se puede ejemplificar en la sentencia dictada en 2014 por el 3er Juzgado de Letras de Temuco, que rechazó la demanda presentada por la madre de un menor de edad afectado por retraso mental y epilepsia, y que fue víctima de insultos y agresiones físicas de parte de un vecino. El considerando 10º de esta sentencia reporta que los testigos “escucharon al demandado gritar algunas calificaciones en forma de burla”, burlas transcritas en la sentencia: “enfermo”, “habla bien”, “retrasado mental”, “tontito”, “ahí viene el que no sabe hablar y que emite sonidos como animalito”, “debieras caminar como perrito”, son algunos de los insultos que los testigos aseveraron que el agresor había dirigido contra la víctima. Pero según la sentencia, estos antecedentes no constituían “una perturbación, perturbación o amenaza de los derechos consagrados en la Constitución Política de la República en los términos que exige la ley 20.609”. En definitiva, el DAD en Chile adolece de un severo problema: pareciera carecer de la adecuada infraestructura social que le de sustento y haga posible su éxito. Desde luego, una importante parte de la solución de este problema radica en que ocurran cambios dentro de la cultura jurídica misma que le doten de mayor sensibilidad sociojurídica a los profesionales jurídicos. Pero ello no basta, pues los profesionales jurídicos intervienen en conflictos acotados, definidos como judicializables por los restrictivos criterios del EDD. El éxito del proyecto de la antidiscriminación requiere el cuestionamiento de esferas de la vida social que, en una sociedad burguesa, están situadas más allá del alcance de los tribunales. Sólo niveles más intensos de lucha autónoma por el reconocimiento de parte de los propios marginados y oprimidos les permitirán acumular la fuerza suficiente para lograr que una clase política compuesta por holgazanes y discriminadores, y una profesión jurídica todavía insensible a la realidad social, protejan sus intereses y satisfagan sus demandas.