Prensa 8 noviembre

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TEMARIO:

1. DENUNCIAN MALTRATO A HIJOS DE PRESOS EN CÁRCEL DE ALTA SEGURIDAD DE SANTIAGO 2. SENADOR NAVARRO: “AÚN NO ESCUCHO A LA MINISTRA DEL SERNAM REFERIRSE AL CASO DE LORENZA CAYUHÁN” 3. 85 ABOGADOS RECHAZAN PÚBLICAMENTE “HOSTIGAMIENTO” DEL PODER JUDICIAL HACIA EL JUEZ DANIEL URRUTIA 4. INFORME DE LA UDP REVELA AUMENTO DE FAMILIAS EN CAMPAMENTOS: “ES UNA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA” 5. PRESO POLÍTICO MAPUCHE: “LA ESTRATEGIA ES SACAR DE CIRCULACIÓN A LOS REFERENTES POLÍTICOS DE NUESTRO PUEBLO”. ENTREVISTA exclusiva a Sergio Catrilaf Marilef: 6. ONU RECONOCE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS AL PUEBLO PALESTINO 7. GOBIERNO EXCLUYE A PUEBLOS ORIGINARIOS EN ESTRATEGIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 8. PARÍS: ARCHIVOS DE LAS DICTADURAS. OPINIÓN: Antonia García C.


DENUNCIAN MALTRATO A HIJOS DE PRESOS EN CÁRCEL DE ALTA SEGURIDAD DE SANTIAGO EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/07/denuncian-maltrato-a-hijos-de-presospoliticos-en-carcel-de-alta-seguridad-de-santiago/

"Nos sentimos en la necesidad y la urgencia de comunicarnos a través de este medio para hacer presente una situación del todo delicada que afecta a nuestros hijos y su integridad", así comienza la carta donde presos denuncian la implementación de nuevas medidas de control que incluyen el registro corporal de sus hijos e hijas menores, como condición para acceder a las visitas familiares. "Somos 7 personas que estamos privados de libertad en la Unidad especial de Alta Seguridad de Santiago, y que estamos en disposición de resguardar la integridad y la dignidad de nuestros


hijos menores de edad en todos los escenarios donde nos encontremos, en lo particular, de medidas que se han tomado recientemente y que tienen que ver con el allanamiento (registro corporal) al que son sometidos para acceder a visitas familiares en ésta cárcel, que hasta el mes de septiembre asumíamos como de suyo engorroso, pero que ha ido tornándose vulnerador en cuanto se ha obligado a los niños y niñas menores de edad a bajar sus pantalones en frente de la o el funcionario de turno, y recibiendo incluso presiones, de plano indebidas, por parte de los funcionarios en cuestión", expresaron los internos. Asimismo agregaron que "desde aquí manifestamos nuestro más directo rechazo a estas medidas que se han tomado de manera aleatoria, antojadiza y que consideramos un castigo inapropiado bajo la acusación de que padres y madres han ingresados elementos y sustancias ilegales a la unidad penal a través de niños, situación que también merece nuestro pleno rechazo, y que no pueden ni podrían comprobar en ningún caso por parte nuestra ni de nuestras familias. Íntegramente podemos decir que no existen antecedentes de la entrada de sustancias u objetos ilegales mediante los niños de las familias acá firmantes, y suponemos que gendarmería podría verificar en sus propios registros, considerando que estos son procedimientos de un organismo estatal, para comprobar que es completamente falsa la acusación". Es por esto que los presos denunciaron que "la revisión en su "nueva modalidad" se presenta ante los niños como un acto invasivo, hostil y degradante para los niños", y añadieron que "el derecho que tienen nuestros niños de mantener el vínculo con sus padres, y que se ve obstruido de manera evidente mediante la frase "tienes que bajarte los pantalones, sino no veras más a tu papá", aseguraron desde la cárcel. Los padres recluidos hicieron un llamado "a todos los organismos, instituciones y colectividades que se ocupan por los niños y sus derechos, a que manifiesten su preocupación ante los organismos correspondientes, particularmente a la dirección nacional de gendarmería y al Director Nacional Jaime Rojas Flores y a la Unidad Penal en particular Sr. Alcaide de la Unidad Especial de Alta Seguridad de Gendarmería de Chile, Teniente Coronel Rodrigo González Ramos, y/o al Ministro de Justicia Jaime Campos". La misiva finaliza indicando que "nosotros nos procuraremos el tiempo de contener y reparar a nuestros hijos, y de robustecer nuestros vínculos con el amor el cariño y la ternura que tenemos para ellos", firmaron Alejandro Astorga, Hans Niemeyer, Jorge Mateluna, Alfredo Canales, Juan Aliste, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel.


SENADOR NAVARRO: “AÚN NO ESCUCHO A LA MINISTRA DEL SERNAM REFERIRSE AL CASO DE LORENZA CAYUHÁN” EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/07/senador-navarro-aun-no-escucho-a-laministra-del-sernam-referirse-al-caso-de-lorenza-cayuhan/

“Sayén, la bebé que nació cuando su madre, comunera Mapuche, estaba engrillada, ya cumplió 3 semanas de vida y la Ministra de la Mujer aún no ha tenido contacto directo con ninguna de las dos”, el senador Alejandro Navarro se refirió a la poca colaboración que ha tenido Claudia Pascual en el caso de Lorenza Cayuhán.


El senador del Partido País explicó que, “la familia nos ha comentado que si bien la Directora Regional del Biobío llamó para ofrecer ayuda psicológica a Lorenza en el momento que ella lo necesitase, luego de ello no han tenido un mayor acercamiento a la comunera". “Y la Ministra Pascual ha brillado por su ausencia, pues ni siquiera ha hecho el intento de ir a visitarla a la clínica ni a ella ni a Sayén”, aseguró el presidente de la Comisión de DDHH del Senado. Para Navarro, “yo pensé que una de las ministras mejor evaluadas del Gabinete, ya se hubiese apersonado en la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán, no tan solo para hablar con Lorenza y ver cómo está su hija, sino que para informarse in situ de la situación que la afectó y que involucra tanto a Gendarmería como a personal médico”. “Por ello confío en el pronto acercamiento de Claudia Pascual a la familia Cayuhán, y que se involucre también en la situación que se ha destapado con este caso, pues estamos en la interrogante de cuantas mujeres han parido o lo siguen haciendo mientras tienen sus pies encadenados, una medida que ya debió ser rechazada con fuerza por el Sernam”, recordó Navarro. Respecto a la revisión de la orden de no innovar por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción, el senador del Partido País fue tajante y dijo que “fueron los mismos jueces quienes acogieron el recurso de protección que permitió a Lorenza quedarse con Sayén en un recinto hospitalario y son ellos quienes dictaminaron que sería por 3 meses por ahora”. “Y lo que no logramos entender, es que tanto la Clínica de la Mujer del Sanatorio Alemán, como Gendarmería de Chile por medio de su Director Regional, hayan solicitado la revocación de la orden de la justicia”, explicó el congresista. “Pues lo que están haciendo”, señaló, “es presionar con el informe que indica que Sayén fue dada de alta, pese a que cualquier profesional de la medicina sabe que dicha alta siempre está vinculada al lugar al que se vaya, y en este caso, se estaría llevando a una niña que nació prematura, a los 7 meses y que hoy tiene apenas tres semanas de vida y 2.160 kilos de peso, a una cárcel". “Por ello es que esta actitud de Gendarmería de Chile y la Clínica del Sanatorio Alemán apuntan claramente a discriminación, sino, ¿de qué otra forma se entiende que insistan en que la pequeña está sana y que no es aconsejable que permanezca en dicho lugar, sabiendo que será enviada a una cárcel?”, expresó Navarro. Agregando, “ya que es claro que si son exitosos en ello, Lorenza deberá volver de inmediato a un recinto penitenciario y con ella su hija Sayén, quien recordemos, lo primero a lo que se enfrentó al nacer fue a los grilletes que se cruzaban entre las piernas de su madre”.


85 ABOGADOS RECHAZAN PÚBLICAMENTE “HOSTIGAMIENTO” DEL PODER JUDICIAL HACIA EL JUEZ DANIEL URRUTIA EL MOSTRADOR http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2016/11/07/85-abogados-rechazan-publicamente-elhostigamiento-del-poder-judicial-hacia-el-juez-daniel-urrutia/

En un inserto publicado hoy (ayer) en La Tercera, 85 abogados de diferentes universidades y ex compañeros de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile de Daniel Urrutia, Juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, manifestaron su “preocupación y rechazo frente a la evidente afectación de su independencia, dado que en un período de 2 años la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago ha iniciado 7 investigaciones sumarias en su contra”.


Las investigaciones que hay en su contra, afirman los abogados en la declaración pública, son a raíz de distintas resoluciones orientadas a resguardar los derechos humanos, como por ejemplo, disponer que el Servel adoptase las medidas necesarias para permitir el voto de las personas en prisión preventiva que no tuviesen restringidos sus derechos políticos, sobreseer definitivamente a los miembros del colectivo social Andha Chile al no tener conductas que a su juicios fueran constitutivas de delitos penales y permitir que 12 internas adolescentes del Centro de Internación Provisoria de Santiago visitaran a sus parientes y parejas en otros centros de internación. “Esto que está pasando en Chile es muy llamativo para el resto del mundo. Al menos en Latinoamérica y en otras asociaciones de jueces internacionales, porque no existe un modelo de control disciplinario como en Chile, que afecta la independencia interna de un juez”, aseguró a El Mostrador el presidente de la Asociación de Magistrados. “Quienes suscribimos a esta declaración, rechazamos cualquier afectación a la independencia de los jueces para adoptar sus decisiones y las resoluciones judiciales que estimen pertinentes, al amparo de la ley y en protección de las garantías de las personas”, se señala en la declaración. Además se agrega que “conocemos el trabajo del Juez Daniel Urrutia Laubreaux, y su permanente preocupación por el cumplimiento de las normas legales y constitucionales que protegen la vida, dignidad y derechos humanos de las personas desde su estrado, con genuina vocación de juez y servidor público”. Por último hacen un llamado a que el Estado de Chile garantice la independencia de la judicatura.

INFORME DE LA UDP REVELA AUMENTO DE FAMILIAS EN CAMPAMENTOS: “ES UNA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA” EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/11/07/337199/informe-udp-revela-aumento-de-familias-encampamentos-es-una-violacion-al-derecho-a-la-vivienda-digna/


Este lunes 7 de noviembre fue presentado a la prensa la XVI edición del reconocido Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. En él destaca como uno de sus principales capítulos el dedicado al “Derecho a una vivienda adecuada en Chile”, la cual se aborda a partir de “una mirada desde los campamentos”. El diagnóstico es desalentador, grave. El estudio señala que “a pesar del crecimiento económico y la mejora general en los indicadores de desarrollo humano en Chile”, los campamentos en nuestro país “aumentaron entre 2011 y 2016”. Los y las investigadores (as) del Informe de la UDP compararon el catastro nacional realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) en 2011, en donde se estableció que existían “27.378 familias habitando en 657 campamentos, descontando los cierres efectuados”, con el Catastro Nacional de Campamentos 2016, realizado por TECHO-Chile. Este último, según la UDP, indica que “al día de hoy las familias que viven en campamentos a nivel nacional ascienden a 38.770, habitando en 660 campamentos”, las que se distribuyen mayoritariamente en Valparaíso, Antofagasta y Concepción. Este aumento, se agrega, “se refleja en todos los catastros de TECHO-Chile desde 2012”. El MINVU, por su parte, no ha actualizado su información, se añade.

A ojos del estudio, la situación de los campamentos en Chile “constituye una violación a la obligación inmediata del derecho a la vivienda adecuada consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC)”, de Naciones Unidas. Un 91,5% sin alcantarillado El documento advierte que los aspectos más críticos en los campamentos “dicen relación con seguridad de la tenencia y habitabilidad; falta de servicios básicos, precaria materialidad de la


vivienda, allegamiento y hacinamiento”, apuntando que “todos estos aspectos constituyen violaciones al derecho a una vivienda digna”. En ese sentido, el desglose del Informe va entregando alarmantes cifras como, por ejemplo, que “del universo de familias que vive en campamentos, el 75,8% no tiene un acceso formal al agua potable, el 91,5% no cuenta con alcantarillado, y el 47,6% se encuentra colgado al cableado eléctrico”. Una situación que empeora significativamente cuando se trata de hogares de familias migrantes, ya que “en estos casos la falta de servicio de alcantarillado y electricidad alcanza un 97,8% y un 62,5%, respectivamente”, se señala. El hacinamiento es otra de las aristas. En los campamentos, señala la UDP, éste se incrementa a casi el triple de lo que ocurre a nivel nacional, afectando a un 25,7% de los “hogares”.

Menos presupuesto para erradicar campamentos El Informe denuncia que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo “ha disminuido la asignación presupuestaria a la erradicación de los campamentos, y más del 80% de los subsidios habitacionales asignados a familias de campamentos entre 2011 y 2016 para los programas -del FSV y FSEV- no han sido pagados”. En ese sentido, la UDP es categórica en afirmar: “Las familias de campamentos se ven afectadas por no representar una prioridad para el Estado”. Si bien el Informe sostiene que el derecho a la vivienda no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución, plantea que “sí se debe considerar incorporado a través de su artículo 5° inciso segundo”, por lo que además del compromiso explícito en la ratificación del mencionado PIDESC, “el Estado se debe considerar obligado no solo a respetar sino que también a promover el derecho a una vivienda adecuada según los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.


Una “discriminación grave” El documento se preocupa de destacar cómo este lamentable escenario contrasta con hechos celebrados en Chile, como que en 2013 entramos al grupo de países de altos ingresos, de acuerdo al Banco Mundial; o que en 2015 tuvimos un PIB per cápita de 23.800 dólares, “lo que lo ubicó en la posición número 77 a nivel mundial y como el primer país sudamericano en la lista”. En ese sentido, se concluye que “la situación actual de las más de 38.000 familias que viven en campamentos en Chile no corresponde a los estándares de derechos económicos, sociales, culturales que Chile ha suscrito”. Y agrega: “Las cifras globales revelan claramente una discriminación grave en perjuicio de las personas que viven en un campamento, en relación al resto de los habitantes”. Finalmente, el Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP entrega una serie de recomendaciones, entre las que destacan el “garantizar constitucionalmente el derecho a una vivienda adecuada, así como el acceso a la justicia”, “aumentar los recursos destinados al término de los campamentos”, “regular el mercado de suelos para permitir al Estado cumplir con sus obligaciones en materia de vivienda” y “destinar fondos específicos al programa FSEV, que fomente la construcción de proyectos habitacionales que aseguren una cabida mínima de familias de campamento”.


PRESO POLÍTICO MAPUCHE: “LA ESTRATEGIA ES SACAR DE CIRCULACIÓN A LOS REFERENTES POLÍTICOS DE NUESTRO PUEBLO” EL CIUDADANO http://www.elciudadano.cl/2016/11/07/337077/la-estrategia-es-sacar-de-circulacion-a-losreferentes-politicos-del-pueblo-mapuche451/ ENTREVISTA exclusiva a Sergio Catrilaf Marilef: Desde la cárcel de Temuco el líder mapuche hace un recorrido sobre la situación de los presos políticos mapuche en la Región del BíoBío y de la Machi Francisca Linconao; del porqué de las detenciones a la realidad entorno a una historia que no cesa: la persecución de referentes y referentas Mapuche en Chile.

El boulevard Balmaceda recorre de punta a punta el trazo del caminar constante. Una suave brisa tras los rayos del sol que por momentos acaricia el rostro y, por otro, juega a las escondidas entre las nubes. Unas cuadras antes de llegar a la cárcel de Temuco (Región de La Araucanía), contrastan en mis pupilas en nuevo edificio de la PDI en esa ciudad y las condiciones de vida de los pueblos indígenas o pueblos indios en Latinoamérica y, en particular, en Chile. Al llegar a la puerta del recinto penitenciario de varones, la larga fila irrumpe en la armoniosa avenida. El 30 de marzo último, la imagen era diferente, la fila estaba conformada por diez mapuches que eran detenidos y encarcelados por la causa Luchsinger-Mackay, mientras que la Machi Francisca Linconao era también detenida y llevada a los calabozos de la cárcel de mujeres, a unas cuadras de la de varones, por la misma causa. Cumplimentados los trámites burocráticos, la puerta del penal se abre y el líder Mapuche Sergio Marcial Catrilaf Marilef aparece por un pasillo con una sonrisa firme. Distintas irregularidades son parte del proceso legal en esta causa, que ha resultado en la detención arbitraría de los dirigentes mapuches y de la Machi Francisca. Incluso, la abogada Manuela Royo, que defiende a los hermanos Catrilaf, fue apartada de la defensa en manos de la propia Defensoría


Penal Pública, la cual la había designado en dicha tarea. A la fecha, Royo ha podido continuar el sostenimiento de la defensa a título particular y ya no desde el Estado chileno. Las detenciones se basaron en las declaraciones de un testigo que al poco tiempo se retractó; mientras tanto, y sin pruebas, siguen detenidos a la fecha. El pasado 4 de noviembre la defensa solicitó la excarcelación de los Catrilaf sin embargo fue negada por parte del juez de la causa. Desde marzo de este año se encuentran detenidos y sin pruebas. Denuncian persecución política y discriminación racial por parte del Estado de Chile, para favorecer a sectores empresariales y políticos. Sergio Catrilaf se sienta a un costado del banco que se encuentra debajo de las escaleras y comienza el diálogo: -¿Porque están detenidos? -Por un montaje burdo del Ministerio Público y de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Se nos invoca una ley de excepción, la ley antiterrorista, que en Chile se aplica sólo con hechos de reivindicaciones políticas mapuches. -¿A qué se debe que les apliquen la Ley Antiterrorista? -La estrategia de aplicar la Ley Antiterrorista es para lograr la prisión preventiva y, además, estirar los plazos de investigación porque con esta ley son mayores, pueden ser hasta dos años. -¿Quién es la familia Luchsinger? -La familia Luchsinger es una familia de colonos que llegaron a asentarse, con la venia del Estado chileno, en un espacio de 60 hectáreas. Con la segunda generación en esas tierras, ya han adquirido unas 2000 hectáreas. Se han ido apropiando de esas tierras mediante diversos métodos: corridas de cerco, arriendos a 99 años, montaron un emporio donde daban crédito por mercaderías a mapuches para endeudarnos y cuando se cumplía éstos nos pedían un espacio de tierra para sacar inversiones y después no volvían a entregarlas. -¿Por qué los responsabilizan a ustedes? -Porque somos parte de una organización del territorio de Truf-Truf y que hasta la fecha es la única que ha recuperado alrededor de 1500 hectáreas usurpadas por distintos colonos. -¿Quiénes conforman la Multigremial?, ¿Hay relación con el gobierno de Temuco y el gobierno nacional? -La Multigremial agrupa a los latifundistas, gremio de los camioneros, forestales, CORMA (Corporación Chilena de la Madera), industria del turismo, entre otros. Todos estos tienen contacto directo con los senadores y diputados y que estos, a su vez, también tienen intereses económicos en territorios mapuches. Ejemplos de esta realidad son el Senador por Renovación Nacional, José García Ruminot, quien es un colono terrateniente y el Diputado, también por Renovación Nacional, René Manuel García, que incluso sus propiedades de tierra traspasaron los límites fronterizos entre Chile y Argentina. Por otro lado, el Ministerio del Interior al principio de 2016 designa como Intendente de Temuco a Andrés Jouannet, personaje que sólo llegó a presionar a los policías para que nos vinculen, a los pertenecientes a las organizaciones que recuperan espacios territoriales, con hechos como los de los Luchsinger.


-¿Cuál crees que es la estrategia del poder Judicial al detener Mapuches de distintos sectores? -La estrategia es sacar de circulación a los referentes políticos del pueblo mapuche. -¿Cuáles son los intereses detrás de las detenciones? -Curiosamente este año se están desarrollando proyectos de alto impacto ambiental en nuestro territorio Mapuche: hidroeléctricas, la ampliación del decreto 701 que fomenta los monocultivos de los forestales, pero también hay una arremetida de la derecha por terminar con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y las compras y devoluciones de tierras. -Hablas de las forestales, ¿cómo se ha beneficiado el negocio forestal y con qué otros sectores económicos se articula? -Los forestales siguen expandiéndose y ya lograron que el decreto 701 se renovara y con ello el subsidio a las plantaciones de pinos y eucaliptos. Los principales capitalistas en Chile tienen como actividad económica central el negocio forestal. Estos mismos empresarios madereros también son accionistas en las hidroeléctricas y tienen interés en expandir su actividad en el negocio energético. -¿Por qué detienen a la Machi Francisca? -Suponemos que debe ser porque mantiene una demanda contra Emilio Taladriz y él ha sido dirigente de los agricultores, pero también porque obligan a Peralino a mencionarla. -¿Es casualidad que estén detenidos la Machi y el Machi Celestino cuando son autoridades espirituales? -No son los únicos agentes culturales mapuches detenidos. Hace años atrás, la Lonko de la Comunidad Juan Paillalef, Juana Calfunao, fue detenida y encarcelada. Esto viene siendo una constante. -¿Qué significa el territorio para el pueblo Mapuche? -El territorio lo es todo. En el territorio tenemos sustento, todo lo que necesita un pueblo para existir, los recursos naturales, lugares sagrados para la espiritualidad coexistiendo en total armonía y orden natural. En nuestros territorios nada extranjero es necesario, ni siquiera el mercado capitalista para poder desarrollarnos. -Para finalizar, ¿podés comentar cómo fue la última recuperación territorial? La última recuperación territorial fue el lof Muku-Pülli. Se aplicaron diversas estrategias donde las alianzas político estratégicas y los fundamentos culturales, ancestrales y de comunicación fueron los que llevaron a buen puerto ese trabajo. Nuestra gente y nuestros hijos hoy pueden ver un espacio amplio y esperanzador para el desarrollo integral de la comunidad y sus integrantes.


ONU RECONOCE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS AL PUEBLO PALESTINO RADIO UNIVERSIDAD DE CHILE http://radio.uchile.cl/2016/11/07/onu-reconoce-violacion-de-derechos-humanos-al-pueblopalestino/

El día viernes 28 de octubre, como no se había escuchado hace mucho tiempo de parte de una instancia de la Organización de las Naciones Unidas, el Relator Especial de la ONU Para los Derechos Humanos en Palestina, Michel Lynk – Profesor de Derecho en la Western University de la ciudad de Ontario en Canadá declaró que “Israel debe permitir que la Autoridad Palestina asuma el control de la seguridad en la Zona B y el control civil y de seguridad en la Zona C para así poner fin a la fragmentación geográfica de los territorios palestinos ocupados”. Aquello que se conoce como los territorios ocupados de Cisjordania – ribera Occidental o West Bank – han sido divididos en tres zonas diferenciadas: Zona A que corresponde al 3% de los territorios de la ribera occidental que son los únicos con un relativo control administrativo y de seguridad por parte de la Autoridad nacional Palestina – ANP – La Zona B que corresponde a un tercio del West Bank y que integra a aquellos pueblos y aldeas bajo cierto control administrativo palestino, pero el control absoluto en asuntos de seguridad por parte del ejército ocupante y finalmente, la Zona C que corresponde a los dos tercios de la Ribera Occidental que está completamente controlado por Israel, ejecutando allí en forma principal su política de asentamientos con colonos sionistas, que en un número de 650 mil, considerados los más violentos, constituyen la prueba más clara de la utopía de seguir hablando de la política de los dos Estados como una salida posible a la actual situación que se vive en Palestina.


Esta división de Cisjordania tiene su origen en los Acuerdos de Oslo, duramente criticado por gran parte de la dirigencia Palestina actual, sobre todo de las autoridades de la Franja de Gaza y la población palestina sin distinción. Esto, según señalé en una crónica escrita desde Palestina, pues los Acuerdos de Oslo, llevados a cabo y firmados por un núcleo muy reducido de dirigentes palestinos – principalmente el fallecido Yasser Arafat y su círculo de hierro – acordó una serie de pactos con Israel en aras de proveer de cierta autonomía a los palestinos, que se suponía, al cabo de un lustro de gobierno interino, se concretaría con la creación de un Estado palestino. Renegociando, en el intertanto, aspectos substanciales, no concretados tanto en Madrid como en Oslo. Fue en la capital noruega donde se definió dividir Cisjordania en distintas Zonas – A, B y C – con jurisdicciones diversas, mientras se avanzaba hacia la autodeterminación. Transfiriendo más poderes a la Autoridad Nacional Palestina -ANP – creada en el marco de estos acuerdos pero de lo cual simplemente ha sido borrado completamente por la entidad sionista. Así fue definido por el propio Primer Ministro sionista, Benjamín Netanyahu, frente a los miembros de su partido y aliados ultranacionalistas y ortodoxos en noviembre del año 2015 “no habrá transferencia de territorio a los palestinos, ni 40 mil metros cuadrados, ni 10 mil, ni uno. No hay en mi agenda ningún plan al respecto”. El Alto Funcionario de la ONU, Michel Lynk detalló en su informe otras serie de acciones que lo hacen describir a Israel como una “potencia colonial” que impide el consagrado derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, exhibido en múltiples resoluciones del organismo multinacional y que ha sido incumplidas y violadas en su observancia por parte del régimen de Tel Aviv. Según expresa Michel Link en su informe “el régimen discriminatorio de Israel minimiza y excluye la participación de los palestinos. Israel debe dejar de destruir viviendas y propiedades, incluso las de las comunidades beduinas…la demolición cada día más creciente de viviendas palestinas y la falta de permisos para construir suponen un claro ambiente coactivo que incrementa el riesgo de traslados forzosos individuales y masivos”. Más claro echarle agua, Israel debe cesar su proceso de instalación de asentamientos en la ribera occidental. Desde Tel Aviv, como es costumbre, estos llamados no hacen efecto en su política colonialista, racista y criminal bajo el marco del sionismo. Las Cosas Por su Nombre Cuando se Trata de Israel Un informe, que se une a otra serie de decisiones, que afectan la historia ficticia dada a conocer por Israel respecto a los territorios palestinos que ocupa y de los cuales suele argumentar que les pertenece. Ya sea por razones históricas, religiosas o simplemente por ser el autodenominado “pueblo elegido” por un dios que les ofrendó dicha tierra en un contrato firmado en la Torá. Una de esas determinaciones, también surgida en octubre, a las que he hecho referencia dice relación con la Explanada de las Mezquitas. Lugar sagrado para el mundo musulmán y de la cual la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO por sus siglas en inglés – a través de su Consejo Ejecutivo, aprobó una resolución donde se consigna el carácter sagrado de la Explanada y que ello es sólo para los musulmanes, donde no se incluye las denominaciones dadas al lugar en hebreo ni su equivalente en inglés. El nombre que se debe usar, para dar cuenta de este sitio, es Haram al Sharif y Al Aqsa para dar cuenta del lugar donde se encuentra la principal mezquita, donde también encontramos la Cúpula


de la Roca – Qubbat al Sakhrah en árabe – Lugares sagrados del Islam, centro de disputa y donde aquellos que creen y expresan su fe se sobrecogen ante una historia que se remonta a mil cuatrocientos cincuenta años del Islam. Un Al Quds cuna, además, del cristianismo con su Santo Sepulcro y la vía dolorosa, que también sufre las restricciones de las autoridades militares israelíes, que han incrementado las prohibiciones e incluso las excavaciones bajo la explanada que se extienden desde el Convento de las Hermanas de Sion hasta el barrio palestino de Silwa La Resolución de la UNESCO echó por el suelo también la supuesta vinculación entre el judaísmo y el Muro de Al Buraq – muro de las lamentaciones – que forma parte del complejo de la Mezquita de Al Aqsa. La resolución critica, igualmente, las acciones de Israel como potencia ocupante en los lugares sagrados de Al Quds – Jerusalén – y en la ocupada Ribera Occidental tales como: imposición de restricciones a los fieles musulmanes en los recintos sagrados, trabajos arqueológicos ilegales no sólo bajo la explanada de las Mezquitas, sino también en toda Jerusalén Este. El documento resolutivo, aprobado en el Consejo Ejecutivo del organismo internacional ha significado un golpe doloroso para Israel, que comenzó de inmediato una campaña política y comunicacional destinada a revertir esta resolución, amenazando incluso con retirar todo financiero a la UNESCO. Para el mundo árabe y la comunidad musulmana, la determinación de este organismo especializado de las Naciones Unidas es tremendamente relevante. La Liga Árabe sostuvo a través del representante del asistente del Secretario general Para los Asuntos de Palestina, Said Abu Elí que “el documento representa los derechos palestinos y árabes (…) a la eterna verdad apoyada en la historia”. Para la República islámica de Irán, que elogió la determinación de la entidad internacional, a través del portavoz de su cancillería, Bahram Qasemi sostuvo que “la reacción de Israel muestra la frustración de este régimen y además revela sus prácticas engañosas, para distraer a la opinión pública, así como su falta de responsabilidad ante las resoluciones y normas internacionales” El día 1 de noviembre, en el seno de la denominada Comisión Política Especial de Política y Descolonización – Cuarta Comisión – considerada el Foro político más importante de la Asamblea General de la ONU se concretó, en su reunión número 20, la discusión sobre el denominado “Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories”. La discusión sobre este reporte, transmitida en vivo por el canal público de la ONU, permitió ser testigo de las palabras, declaraciones y acusaciones de los representantes de Palestina y la República islámica de Irán contra la política terrorista llevada a cabo por Israel en los territorios ocupados de la Ribera occidental. Feda Abdelhadi Naser, representante palestina ante el cuarto comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Comité Especial de Política y Descolonización, señaló que el régimen israelí debe poner fin a la ocupación en lugar de intentar justificarla como ha sido su costumbre desde el año 1948 a la fecha. Destacó que el pueblo palestino sufre constantes violaciones a sus derechos humanos, la demolición de sus viviendas, la segregación y fragmentación de su territorio a manos de un régimen ocupante, que viola la legislación internacional y los derechos de millones de seres humanos, impunemente. Israel, tras las palabras de la representante palestina, salió a la palestra para intentar mostrar una cara de un régimen respetuoso de la legalidad internacional, haciendo hincapié en la conmemoración de los 99 años de la nefasta declaración Balfour –manifestación formal del


Gobierno británico, publicada el 2 de noviembre de 1917, en la que el Reino Unido se declaraba favorable a la creación de “un hogar nacional judío” en el Mandato Británico de Palestina – y mostrando su indignación por la resolución de la UNESCO que asigna el carácter sagrado de la explanada de Al Aqsa al mundo musulmán. Sin inmutarse la representante sionista señaló que su régimen creía en la política de los dos Estados – esto a pesar que sus autoridades se han encargado en la práctica de sepultar tal aspiración. La representante sionista siguió con su discurso hablando del diálogo entre los pueblos – cuando el mínimo sentido común señala que la interlocución necesita de dialogantes no de una voz que se impone por la fuerza sobre la otra, acallándola, negando su derecho a expresión, amordazando a un pueblo y negando sus mínimos derechos – Mencionó, la representante de la entidad sionista, que su régimen respetaba en forma irrestricta los derechos humanos. Además, como parte de su mascarada aprovechó de lanzar sus dardos contra Hamas, Hezbolá, Irán e incluso a Venezuela a quienes acusó de sentar a Israel en el banquillo de los acusados. El victimismo sionista en toda su dimensión. Por su parte, el delegado de Irán, puso las cosas en su lugar y señaló con firmeza que el régimen de Israel es una entidad terrorista, que comete actos criminales contra el pueblo palestino, que recurre a todo tipo de atrocidades y políticas criminales contra los palestinos, como la ocupación, el asesinato y una política de terrorismo de Estado. Las palabras del delegado de Irán fueron a dadas a conocer con claridad y firmeza en la condena a las violaciones a los derechos humanos de la entidad sionista. En voz alta, sin dudar, con la justeza en señalar a la entidad sionista como un creador y ejecutor de políticas de terror. En forma transparente y eso se agradece cuando Israel pretende encubrir sus violaciones a los derechos humanos, Irán levantó su voz en el Comité Especial de Política y Descolonización para apoyar al pueblo palestino en su legítima y justa lucha por su independencia y el derecho a la libre autodeterminación. El Informe del Relator Especial de la ONU Para los Derechos Humanos en Palestina, Michel Lynk, la resolución de la UNESCO relativa a la Explanada de Al Aqsa y la defensa de los derechos palestinos en la reunión número 20 de la Cuarta Comisión Política Especial y de Descolonización de la Asamblea general muestran el camino que hay que tomar con la entidad sionista: atacarla en todos los frentes sean estos políticos, comunicacionales, la campaña internacional de Boicot, Desinversión y sanciones. Denuncias ante la FIFA, la Corte Internacional de justicia de La Haya. Como también acciones encaminadas a expulsar al ocupante de los territorios ocupados con todos los medios al alcance de la población palestina que debe contar con el apoyo y la solidaridad de los pueblos.


GOBIERNO EXCLUYE A PUEBLOS ORIGINARIOS EN ESTRATEGIA SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

http://radio.uchile.cl/2016/11/04/gobierno-excluye-a-pueblos-originarios-en-estrategia-sobrecambio-climatico/

Los Ministros de Agricultura y Medio Ambiente junto a representantes de la Conaf, presentaron la estrategia nacional de cambio climático y recursos vegetacionales. La propuesta tiene como objetivo disminuir la vulnerabilidad social, ambiental y económica que generan la desertificación, degradación de la tierra y la sequía. El plan presentado por la autoridad ambiental tiene como foco reforestar 10 mil hectáreas de bosque nativo y con esto disminuir las emisiones de gases efecto invernadero a la atmósfera. La estrategia que tiene un presupuesto de más de 430 millones de dólares busca en un periodo de 10 años generar dicha mitigación. Comunidades invisibilizadas “En la presentación de esta estrategia en ninguna parte nombraron a los pueblos originarios, habían un par de fotos que mostraron algunos encuentros, pero nosotros deberíamos haber tenido esta información previamente, haberla leído y con esto hacer nuestras observaciones. Este trabajo participativo del que se jactan no es real, nosotros no aportamos en la construcción de este documento porque nuestras aportaciones no fueron vinculantes”, declaró Richards Challapa, representante de la comunidad de aguas subterráneas Jiwara Huma de la Pampa del Tamarugal.


La presidenta de la corporación Quipu Chile, Delia Condori, explicó que la queja es que no se tomó razón de quienes habitan los territorios que están siendo afectados por esta crisis ambiental. “Esto es una característica de la política nacional que deja fuera de sus leyes a las personas. A nuestro pueblo lo han oprimido constantemente y hoy siguen intentando instalar mineras aun cuando nuestros ríos están secándose y las principales napas subterráneas están siendo contaminadas. A nosotros nos deberían preguntar, nosotros tenemos una conexión profunda con la tierra y ellos están dejándonos sin pueblo porque han matado nuestras tierras”. Privatización del cambio climático Chile en 1997 adhirió al protocolo de Kioto en el que los países más industrializados del mundo acordaron que era necesario bajar las emisiones de gases efecto invernadero (dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso, hidrofluorocarburos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) y de esta manera descontaminar la atmósfera. Pero en la misma conferencia los países del primer mundo explicitaron que ellos no podían mitigar sus emisiones, porque sus niveles de industrialización no se los permitían, por lo mismo, necesitaban de grandes bosques para que sus contaminantes fueran absorbidos y limpiados por los árboles de Latinoamérica. Una de las soluciones propuestas por las grandes potencias fue la creación de los bonos de Carbono, que son el valor monetario que se le asigna a la captura de partículas contaminantes que realizan los bosques, es decir, el precio que le cuesta a una empresa bajar o eliminar la contaminación que emite en su proceso productivo. Por ejemplo en Alto Maipo, proyecto en el que ha desarrollado un mecanismo de desarrollo limpio que le permite reducir gases efecto invernadero y con esto comercializar las reducciones como bonos de carbono según las toneladas que reduzca. Esto a la vista de los países industrializados es un aporte. Por el contrario, las comunidades afectadas con este proyecto hidoreléctrico, que es financiado en un 40% por Antofagasta Minerals, no han logrado ser escuchadas aún cuando han presentado argumentaciones sólidas que demuestran los efectos nocivos para el ambiente que producen estas faenas. Asimismo, empresas como Minera los Pelambres, Masisa, Endesa, Collahuasi, Enap, Colbun, BHP Billiton, Celulosa Arauco, entre otras, cuentan con mecanismos de desarrollo limpio y pertenecen a Pacto Global de las Naciones Unidas, luego de pagar una membrecía de un millón de pesos y que las convierte inmediatamente en compañías sustentables abaladas para reportar en base al Global Ripoting Initiative (GRI). A juicio del ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, “la masa vegetacional que tiene Chile es un gran sumidero de gases efecto invernadero, por lo que conservar este tipo de vegetación es fundamental para el combate al cambio climático”. Estrategia globalizante En medio de la entrada en vigencia el Acuerdo de París, aún no ratificado por Chile, el próximo martes el Gobierno participará en la Cumbre de Marrakesh donde se trabajará la implementación de este acuerdo en los 195 países suscritos. Mientras las Presidenta acelera el trámite legislativo


para la aprobación de este tratado, en Chile se promulga la Estrategia Nacional para el Cambio Climático. El documento está enmarcado en las directrices internacionales determinadas en 2015 en la cumbre para el desarrollo sostenible desarrollada entre los países miembros de las Naciones Unidas y que, en palabras de Felipe Rodríguez, psicólogo de la Universidad de Chile e investigador del núcleo de estudios e intervención comunitaria, “responde a los lineamientos de desarrollo que plantean los países más industrializados y que globalizan la forma de pensar nuestro territorio, dejando fuera las particularidades que atraviesan las realidades locales de las comunidades que habitan los diferentes localidades de Chile”. Esto porque se diseña con la misma lógica del Protocolo de Kioto, al cual Estados Unidos no adscribió, y la conferencia de Río de Janeiro que plantean la necesidad de un desarrollo sostenible en el que las empresas voluntariamente deben considerar planes de prevención y mitigación frente al cambio climático. Sin generar una obligatoriedad para revertir el daño causado.

PARÍS: ARCHIVOS DE LAS DICTADURAS

http://radio.uchile.cl/2016/10/31/paris-archivos-de-las-dictaduras/

OPINIÓN: Antonia García C. Los días 12, 13 y 14 de octubre tuvo lugar un congreso en París llamado: “Archivos de las dictaduras sudamericanas. Espacios y lugares de revelación de conflictos entre derecho al olvido y derecho a la verdad”. El evento estuvo organizado por varias instituciones entre las cuales: la dirección de archivos y subdirección de las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores (Francia), el Instituto de Ciencias Sociales de lo Político (ISP), el Instituto de Altos Estudios de América Latina (IHEAL). Hubo distintos tipos de participantes: diplomáticos, funcionarios, magistrados, archivistas, cientistas sociales, investigadores y miembros de organismos relacionados con temáticas de memoria, verdad y justicia. Entre esos participantes, algunas personalidades como Alain Rouquié, politólogo, especialista de América Latina, hoy director de la Maison de l’Amérique latine, que dictó la conferencia inaugural, y el Dr. Martín Almada, quien descubriera, en 1992, los archivos del Plan Cóndor.


Uno de los motivos del congreso fue la reciente puesta a disposición del público de los archivos diplomáticos franceses relacionados con las dictaduras del cono sur. El material disponible cubre un período que va desde mediados de los años 1960 hasta 1981 y comprende la correspondencia intercambiada entre el Ministerio de Relaciones exteriores y las embajadas francesas en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Se trata de un material voluminoso repartido según su origen en dos depósitos (La Courneuve, en región parisina, y la ciudad de Nantes). Una parte de los fondos se vincula con la cuestión del asilo. Otra remite a la situación de ciudadanos franceses que fueron víctimas de distintos crímenes en territorio latinoamericano. Los archivos comprenden también informes de embajadores franceses, redactados durante o al finalizar la misión diplomática, que brindan su visión respecto a la coyuntura que se vivía en cada país. Muchos otros temas son abordados y hará falta cierto tiempo para tener información más precisa sobre contenidos y condiciones de acceso (seguiremos informando). La primera jornada se centró en la cuestión del asilo y algunas experiencias históricas particularmente conflictivas en términos de derecho a la verdad y uso de testimonios. También tuvo lugar un diálogo entre diplomáticos: varios en puesto en Chile durante el golpe de Estado (vamos a hablar de “nuestro 11 de septiembre”, recalcó uno de ellos). Contrastó cierta formalidad de estos hombres, inherente a su profesión, con el contenido de los relatos. La manera en que se vieron obligados a tomar decisiones sin tener contacto con París en esos primeros días posteriores al golpe. Cómo se abrieron las puertas de la embajada francesa en Chile que, en algún momento, devino campamento y fue escenario de una auténtica experiencia de fraternidad entre personas que nada destinaba a conocerse. Algo de eso transcurrió en las tres jornadas, tanto durante las exposiciones como entre bambalinas, en las conversaciones de pasillo. El congreso logró reunir personas que habitualmente no se reúnen, no se conocen, no conversan, no dialogan, no se escuchan, y ahí, de una presentación a otra, no quedaba más opción que atender la diversidad de experiencias, tomar la medida –y el peso– de lo que cada uno tenía para contar. Desde ese punto de vista, fue un congreso extraordinario que además de reunir a cuerpos profesionales (diplomáticos, archivistas, abogados, militantes de DD.HH., investigadores en ciencias sociales) obligó a los participantes a atender razones, lógicas, intereses y motivaciones diferentes a las suyas. La segunda y la tercera jornada estuvieron dedicadas a la presentación de experiencias para las cuales la existencia o no de archivos resulta fundamental. Se abordaron casos tan diversos como la situación de los archivos de las dictaduras en los propios países donde sucedieron los hechos: los usos que hoy se les da; las dificultades de conservación y disputas que pueden surgir; los archivos de la dictadura relativos a la CGT argentina; los archivos policiales en Guatemala; el conflicto que tras las comisiones Valech se ha generado en torno a la cláusula del secreto que rige los testimonios de las víctimas de prisión política y tortura en Chile; el rol de la Vicaría de la Solidaridad en la constitución de archivos durante la dictadura; la existencia de una dependencia de la marina argentina en París entre 1977 e inicios de los años 1980 y la carencia de archivos significativos al respecto; el Plan Cóndor ante la justicia francesa. Durante la tercera jornada se abordó con mayor precisión los contenidos de los archivos diplomáticos franceses y otros fondos disponibles en Francia sobre estas cuestiones (en particular


los llamados “fondos presidenciales”). También intervinieron investigadores que tuvieron la ocasión de trabajar con estos documentos, en particular en relación a la dictadura uruguaya. El programa completo del congreso puede ser consultado desde el sitio de los archivos diplomáticos. Por otra parte, está previsto que las presentaciones sean publicadas en edición bilingüe. Uno de los momentos cruciales del congreso fue la intervención del Dr. Almada que se refirió a “la intimidad del descubrimiento de los archivos del terror”. Ponencia durante la cual evocó las condiciones que lo llevaron a buscar información, primero, sobre la muerte de su esposa, luego sobre algo que para él había sido una incógnita: por qué, estando preso en Paraguay, el primero en torturarlo fue un militar chileno. Esa fue la pista que siguió hasta dar con los documentos que hoy conocemos como los archivos del plan Cóndor. Sin duda alguna, en esta “obligación a escuchar” a la que me referí recién, todos los presentes pudieron tomar la medida del dilema que nos aqueja a tantos latinoamericanos. Y es que hay experiencias que al día de hoy no podemos conocer porque no tenemos con qué hacerlo. En esos vacíos, en esas ignorancias relativas o absolutas –según los casos– se juega también una increíble capacidad de dañar a través del tiempo a la que es necesario ponerle fin. No me refiero ya a la temática del olvido y la memoria sino a la del conocimiento y el reconocimiento. Todavía hay temas que ignoramos, cuya historia no podemos contar, episodios que constituyen huecos. En esos huecos, hay gente. Gente a la que no podemos ni queremos renunciar. Algunos de esos huecos fueron abordados durante el congreso.


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