ILP Ayudas Más Justas

A LA MESA DEL PARLAMENTO VASCO

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 18/2008, DE 23 DE DICIEMBRE, PARA LA GARANTÍA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Vitoria-Gasteiz, 28 de noviembre de 2014

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Los abajo firmantes, miembros de la Comisión Promotora, de conformidad con lo dispuesto en artículo 4 de la Ley 8/1986, de 26 de Junio, de Iniciativa Legislativa Popular, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento del Parlamento Vasco, presentamos la siguiente Iniciativa Legislativa Popular para la modificación de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la garantía de ingresos y para la inclusión social, para su admisión y tramité con arreglo al procedimiento legalmente establecido .

A) EXPOSICION DE MOTIVOS Y TEXTO ARTICULADO

EXPOSICION DE MOTIVOS La solidaridad es un principio indiscutible de cualquier sociedad moderna y de cualquier sistema democrático. Por ello, los poderes públicos están obligados a desarrollar todas aquellas herramientas necesarias para contribuir al objetivo de reparto de la riqueza y de lograr unos sistemas de prestaciones sociales, que contribuyan a evitar situaciones de exclusión social, y a ayudar a todas aquellas personas que necesitan de una cobertura social.

La existencia de nuestro sistema fiscal y tributario hace posible contar con recursos económicos suficientes para dotar presupuestariamente aquellas partidas que tienen por objeto garantizar esa cobertura social llevada a cabo a través de las diferentes leyes, políticas y acciones destinadas a lograr este objetivo.

El esfuerzo fiscal del conjunto de la sociedad debe tener, por tanto, entre sus objetivos garantizar una respuesta a aquellas personas en una peor situación económica. Para ello se debe lograr que el marco normativo en el que esas políticas sociales se llevan a cabo se asiente sobre los principios de la solidaridad y la justicia social.

La necesidad de arbitrar estas leyes respetando estos principios de solidaridad y justicia social es universal. Pero es precisamente en los momentos de mayor dificultad económica cuando las diferentes administraciones públicas deben velar porque esos recursos económicos se destinan de forma correcta y se garantiza que lleguen a quien más lo necesita.

En el ámbito de nuestras competencias y de nuestra legislación, en el conjunto del País Vasco existe un amplio espectro normativo que desarrolla medidas para que los recursos sociales puedan dar respuesta a diferentes necesidades de claro contenido social. Una de esas normas es la que regula la Renta de Garantía de Ingresos.

La necesidad de la Renta de Garantía de Ingresos es indiscutible y es, a la vez, una de las señas de identidad de nuestro sistema de protección social. Precisamente en el actual momento de dificultad económica esta Renta de Garantía de Ingresos se hace más necesaria que nunca. Pero también se hace preciso que la norma que la regula sea una norma justa y eficiente, adaptada a la realidad de cada momento y revisada para que tenga todas las garantías y cumpla con sus objetivos de solidaridad y justicia social.

De hecho, desde su redacción inicial esta norma ha sufrido diferentes cambios para adaptarse a nuevas situaciones. Este es un proceso habitual en el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico que debe ser visto con normalidad y debe ser respaldado política y socialmente cuando, como en el caso que nos ocupa, se pretende mejorarlo y adaptarlo a las nuevas realidades y nuevas situaciones.

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Si algo resulta imposible de justificar dentro de las políticas que persiguen desarrollar el principio de solidaridad y justicia social es precisamente permitir que exista la posibilidad de que se desarrollen dentro del sistema de protección social diferentes formas de fraude o abuso en dichas políticas sociales o en las normas que las regulan. El fraude y los abusos son lo más insolidario e injusto que puede existir, dentro de las políticas sociales. Y deben ser erradicados para garantizar que las ayudas sociales llegan de verdad a las personas que de verdad las necesitan. Hay que analizar los supuestos que puedan generar desigualdades o que permitan situaciones de fraude o abuso y corregirlos.

Este objetivo de suprimir el fraude y los abusos no es sólo un deber de los poderes públicos, es también una exigencia social cada vez más ampliamente demandada. Es necesario poner el acento en que no son los perceptores los responsables de esta situación, sino que es la normativa la que permite que se den situaciones de abuso en el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos. Es una norma inadecuada la que tiene toda la responsabilidad de ello. Es decir, se debe posibilitar un cambio de la norma que permite el abuso más que perseguir al perceptor que, cumpliendo la normativa, accede a la Renta de Garantía de Ingresos.

Además, de entre todas las situaciones abusivas que pueden darse, la que puede considerarse más perjudicial es la que dificulta el acceso a las prestaciones sociales de aquellas personas que queden excluidas, teniendo razones para el acceso a ellas o, por otro lado, los que deben ver mejoradas las prestaciones que ya reciben.

Se debe defender la existencia de una herramienta tan importante como la Renta de Garantía de Ingresos pero se debe defender aun con más ímpetu la existencia de una norma que garantice los derechos a las personas que más lo necesitan y garantizar una mayor y mejor cobertura de esas prestaciones económicas.

La Renta de Garantía de Ingresos debe ser mejorada. Pero no únicamente para evitar que se produzcan situaciones de pobreza o de exclusión social. También debe ser mejorada para que tenga un mayor respaldo social en Euskadi. Si una norma es percibida por la sociedad como arbitraria o injusta entonces se genera un problema social que debe resolverse de inmediato. Quienes sufragan con sus impuestos un sistema público de prestaciones sociales que está destinado a hacer valer los principios de solidaridad y justicia social, deben ser los primeros en defenderlo como propio. En caso contrario se generan situaciones de incomprensión o impotencia que alejan a muchos ciudadanos del necesario respaldo que cualquier normativa de carácter social debe tener.

El propósito de esta modificación legislativa es, por tanto, reforzar y mejorar el sistema de cobertura social de Lanbide a través de la Renta de Garantía de Ingresos, adaptar la normativa para ganar un total respaldo social, basado en políticas de integración social que persigan ayudas más justas y una Renta de Garantía de Ingresos que responda al principio de solidaridad que queremos sintetizar en: Ayudas, sí. Abuso, NO

TEXTO ARTICULADO

ARTÍCULO ÚNICO. Modificación de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la garantía de ingresos y para la inclusión social, La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la garantía de ingresos y para la inclusión social, se modifica en los siguientes términos:

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Uno.- Se añade una letra a bis) al artículo 16, con la siguiente redacción: “a bis) Tener residencia legal extranjería.

según las disposiciones aplicables en materia de

A estos efectos se considerará acreditado el requisito de residencia legal en los supuestos de personas víctimas de trata de seres humanos o de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que cuenten con una autorización de residencia o trabajo por circunstancias excepcionales en los términos que establezca la normativa de aplicación en materia de extranjería.”

Dos.-Se modifica la letra b) del artículo 16, con la siguiente redacción: "b) Estar empadronado y tener la residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el momento de la presentación de la solicitud, así como haber estado empadronado en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Euskadi, al menos durante cinco años dentro de los diez anteriores al momento de la solicitud.

Si no se cumple lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán estar empadronadas y haber tenido la residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma, al menos con un año de antelación a fecha de presentación de la solicitud, así como acreditar, mediante la correspondiente vida laboral, al menos cinco años de actividad laboral remunerada, exceptuándose aquellas personas que perciban una pensión pública o hayan sido víctimas de maltrato doméstico.”

Tres.-Se modifica segundo guion de la letra c) redactado como sigue:

del artículo 16, que queda

“- No disponer de bienes inmuebles, a excepción de la vivienda habitual y otros inmuebles de escaso valor en los términos que se determinen reglamentariamente.”

Cuatro.- Se añade una letra g) al artículo 16, con la siguiente redacción: "g).- Los que carezcan de antecedentes penales por los siguientes delitos: 1°.- delitos referentes a organizaciones terroristas y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro 11 del Código Penal ; delitos referentes a organizaciones terroristas y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro 11 del Código Penal.

2º.- delitos de homicidio y sus formas, tipificados en los artículos 138 a 143 del Código Penal.

3º.- los delitos de lesiones o maltrato de obra del artículo 153 CP; el delito de lesiones del artículo 147.1 CP, en virtud de lo previsto en el art. 148.4; el delito de amenazas leves del artículo 171.4 ; el delito de coacciones leves del artículo 172.2 .

4°.- delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, del Título VIII del Libro II del Código Penal.

5°.- delitos contra el patrimonio, tipificados en los artículos 234 a 236, 237 Y 238 del Código Penal.

6°.- delitos contra la Salud Pública tipificados en los artículos 368 a 372 Código Penal.

7°.- la perpetración reitera de la falta de hurto en los términos señalados en el artículo 623 del Código Penal."

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Cinco.-Se modifica el apartado 19.1.i bis), con la siguiente redacción: “i bis) Mantenerse tanto la persona titular como los miembros de su unidad de convivencia, que se encuentren en edad laboral, disponibles para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad a través de los Ayuntamientos, salvo cuando se trate de: – Personas titulares de pensiones de invalidez absoluta.

– Personas menores de 23 años que cursen estudios académicos reglados.

- Personas que a juicio de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, no se encuentren en situación de llevar a cabo tareas de trabajo en beneficio de la comunidad”

Seis-Se añade una letra e) al artículo 20.1 con la siguiente redacción: “e) Se establece un subsidio económico complementario a la renta básica para la inclusión y protección social para aquellos pensionistas que por sus circunstancias personales no puedan hacer frente a facturas energéticas, como gas o electricidad, cuya cuantía se fijará reglamentariamente.”

Siete.-Se crea una la letra j) del artículo 28.1 con la siguiente redacción “j) La concurrencia de antecedentes penales sobrevenidos.”

Ocho.-Se crea una la letra k) del artículo 28.1 con la siguiente redacción “k) El envío fuera de la Comunidad Autónoma de las cantidades percibidas por la Renta de Garantía de Ingresos”

Nueve.- Se crea una letra g) bis al artículo 34 con la siguiente redacción: "g bis).- Presentar mensualmente los documentos que justifiquen, mediante ingreso bancario, los pagos de los gastos de alquiler de la vivienda o del alojamiento habitual. “

Diez.-Se añade un artículo 53.2 bis), con la siguiente redacción: “2 bis) No se considerarán rendimientos computables, a los efectos de establecer el derecho al acceso a la Renta de Garantía de Ingresos, los préstamos bancarios obtenidos para el desarrollo de la actividad empresarial o profesional, percibidos en los 24 meses anteriores al cierre o cese de dichas actividades, en los términos en que se determine reglamentariamente”

Disposición final La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

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B) RAZONES QUE, A JUICIO DE LOS FIRMANTES, ACONSEJAN LA TRAMITACION Y APROBACION POR EL PARLAMENTO VASCO DE LA PROPOSICION DE LEY La principal razón que existe para realizar una mejora normativa de la actual cobertura de la Renta de Garantía de Ingresos es la que se desprende de los propios datos oficiales hechos públicos por Lanbide.

En esos datos se aprecia la existencia tanto de fraude como de situaciones abusivas dentro de la actual normativa.

Se entiende por fraude el cometido por un perceptor que burla los principios legales establecidos para el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos con la clara intencionalidad de recibir unos recursos económicos que por ley no le corresponderían Se entiende por situaciones abusivas las que se producen dentro del marco de la actual legislación en materia de Renta de Garantía de Ingresos, de modo que se admite la existencia de supuestos que, si bien están amparados en la norma, no respetan el principio básico de solidaridad y justicia social El marco normativo de una mayoría de países de la Unión Europea debe servir también como marco de referencia. En estos países, que son reconocidos por una larga y amplia trayectoria en políticas sociales, el requisito de residencia legal y residencia efectiva es ampliamente reconocido y socialmente admitido como idóneo.

Esta es una de las razones que impulsa esta propuesta de proposición de ley. Los datos oficiales de Lanbide reconocen que entre el total de perceptores en Euskadi hay más de 3.700 personas en situación irregular cobrando la Renta de Garantía de Ingresos. Esto en si mismo es una contradicción ya que una persona en situación irregular (salvo en rarísimas excepciones) no puede incorporarse al mercado de trabajo, por lo que su pertenencia a un servicio de inserción laboral carece completamente de sentido práctico.

No es razonable que una persona en situación irregular pueda, tras un periodo de tiempo de empadronamiento, acceder a la Renta de Garantía de Ingresos de forma permanente. Esto es especialmente evidente cuando el actual índice de intermediación de Lanbide supera escasamente el 2% del total de perceptores en edad laboral.

Otra de las razones de esta modificación legislativa es la necesidad de cambiar los criterios de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos derivados de la condición de empadronamiento y vida laboral previa. Se trata de adaptar la norma para que el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos sea similar a otros sistemas de prestaciones sociales dentro de la Unión Europea, evitando lo que, desde el ámbito técnico, se conoce como ‘efecto llamada’.

Así, se considera necesario establecer como requisito de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos el acreditar, dentro de los últimos 10 años, al menos 5 años de empadronamiento o 5 años de cotización a la Seguridad Social, siempre con un mínimo de 1 año de empadronamiento.

De esta manera, no se excluye del derecho a la Renta de Garantía de Ingresos a muchos perceptores en situaciones vulnerables, tales como jóvenes o mujeres que, por diferentes razones, no hayan trabajado previamente. Para estos dos últimos casos, tan sólo sería necesario acreditar 5 años de empadronamiento aunque no se tenga vida laboral previa.

Sin embargo, se limita el acceso a quien no cumpla ninguno de ambos requisitos previos: el no haber trabajado el mínimo requerido pero tampoco el haber estado empadronado el mínimo tiempo estipulado.

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Una razón más para impulsar la modificación legislativa en el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos es hacer incompatible la existencia de perceptores de esta prestación que a su vez cometen delitos contra la sociedad que les apoya y protege mediante el acceso a esta prestación social. Es necesario incorporar nuevas garantías para que estas situaciones no se produzcan, siempre respetando la presunción de inocencia, la prescripción de los delitos y el derecho a la reinserción social tras el cumplimiento de las penas.

También resulta necesario mejorar la actual redacción de la ley para conseguir el objetivo de que no se produzcan situaciones en las que, en la práctica, se generan situaciones de desigualdad en el acceso a la Renta de Garantía de Ingresos. Para cumplir este objetivo es necesario revisar los requisitos relativos al patrimonio de los demandantes de Renta de Garantía de Ingresos a la hora de conceder esta prestación. En demasiadas ocasiones la posesión de algún patrimonio de escaso valor económico, más allá de la vivienda habitual, no es una causa suficiente para excluir a esas personas del acceso a la Renta de Garantía de Ingresos.

Otra razón que impulsa esta proposición de ley es la existencia de perceptores que, si bien cumplen con los criterios de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos, no dedican los recursos económicos recibidos a su sostenimiento personal o familiar en Euskadi. Por eso, es necesario establecer como causa de rescisión inmediata del acceso a la Renta de Garantía de Ingresos la comprobación de prácticas que constaten estos hechos, conocidos como ‘envios de remesas a otros destinos o países’ Una razón adicional para el cambio de la ley es reforzar la norma para muchos perceptores de Renta de Garantía de Ingresos pueden retornar el esfuerzo que la sociedad realiza en el sostenimiento de sus prestaciones con trabajos para la comunidad que surjan de situaciones excepcionales. Muchos de los actuales perceptores, que cumplen con todas las condiciones físicas para ello, están deseando poder contribuir de esta manera y sentirse más útiles y responsables con el conjunto de la sociedad.

Por último, es necesario ampliar el número de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos ampliando los supuestos o las cuantías de la misma. Para ello no es preciso incrementar la actual presión fiscal sobre el conjunto de los ciudadanos sino garantizar un mejor destino de los recursos públicos. Con las mejoras introducidas en los párrafos anteriores se libera una importante cantidad de dinero público que debe ser empleado en garantizar una mayor cobertura económica de algunos beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos.

Una de las grandes bolsas de pobreza energética se produce entre la población de personas mayores y de muchos pensionistas que se ven en la necesidad de dar cobertura con sus pensiones no sólo a sus propias necesidades básicas sino también a las de sus familiares más próximos. En la práctica, esto conlleva a que esas personas mayores y pensionistas reduzcan de forma dramática los gastos de sus propios hogares, llegando a minorar de una forma drástica los gastos derivados de las facturas de la luz o el gas de sus hogares. Esa pobreza energética, que se vive entre muchos de nuestros mayores en soledad y en silencio, debe ser erradicada.

Más allá de la necesaria mejoría que el sistema general de pensiones debe tener en nuestro país, debemos también utilizar las herramientas a nuestro alcance para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Ya que la Renta de Garantía de Ingresos contempla complementos económicos para las pensiones más bajas, consideramos imprescindible aumentar estos complementos de pensiones en el equivalente a una buena parte de la factura energética de dichos hogares.

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