Apuntes para la modernización del Estado N° 6 by Alta Dirección Pública

Equipo de trabajo Director: Gonzalo Straface ......................................................................................................................................................................... Secretario de Redacción: Maximiliano Campos Ríos ......................................................................................................................................................................... Equipo Editorial: Mario Katzenell, Karina Nieto, Isidoro Sorkin, Nicolás Vázquez, Paula Bercovich, Natalia Larsen ......................................................................................................................................................................... Asesor Editorial: Pablo Bulcourf ......................................................................................................................................................................... Corrección: Nadia Gabriela Caratti ......................................................................................................................................................................... Diseño y Diagramación: Lucía Fernández .........................................................................................................................................................................

El editor no se responsabiliza por los conceptos, opiniones o afirmaciones vertidas en los artículos de los colaboradores de la publicación, que son a título personal y de exclusiva responsabilidad de los respectivos autores. Apuntes para la modernización del Estado es una publicación de la Dirección Nacional Escuela de Alta Dirección Pública, dependiente del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización de la Nación. Es de carácter mensual y de distribución gratuita, tiene por objetivo la divulgación de la producción científica y académica del área de trabajo de la Escuela de Alta Dirección Pública. El contenido de esta publicación o las opiniones de los autores aquí incluidos no reflejan necesariamente el posicionamiento de la Escuela de Alta Dirección Pública, ni de las demás áreas de la que depende, ni del Ministerio de Modernización de Nación de la República Argentina. Dirección: Av. Roque Sáenz Peña 511 (Oficina 706), San Nicolás, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Código Postal: C1035AAA — Teléfono: 4343-9001 — Interno: 706 Correo electrónico: formación@modernización.gob.ar / revistaestadoabierto@gmail.com ISSN 2469-2417

ÍNDICE 4. EDITORIAL ....................................................................................................................................................

5. ENTREVISTA A Miguel Braun

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8. ESTADO DE LA CUESTIÓN

El acceso a la información pública: un derecho que se consolida Por Maria Fernanda Araujo y Marisa Lucía Pugliese

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15. ESTUDIOS Y ARTÍCULOS La cooperación técnica internacional descentralizada como instrumento de política pública Por Ignacio Ortiz Vila Voto electrónico: la experiencia del Brasil Por Patricio G. Talavera

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25. RESEÑAS Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano Por Maximiliano Campos Ríos Medios de lucha. Comunicación de gobierno en América Latina Por Rodolfo Mussi

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27. PROGRAMAS Y PROYECTOS La ENA en el INAP

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28. AGENDA Agenda de eventos

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29. COLABORACIONES Página de colaboración

Editorial

Este tiempo nos encuentra una vez más frente al desafío de actualizar los conocimientos para mejorar nuestras tareas y aprovechar la riqueza del intercambio entre quienes conformamos el Estado. En vistas a dicho objetivo, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) presenta una nueva edición de Apuntes para la modernización del Estado, en la que invita a reflexionar sobre las problemáticas y los retos del sector público. En este número, entrevistamos a Miguel Braun, secretario de Comercio del Ministerio de Producción de la Nación, quien nos cuenta cuáles los objetivos de la Secretaría, en qué consisten los ejes de la gestión y cuáles son las medidas destacadas y los desafíos. María Fernanda Araujo y Marisa Lucía Pugliese repasan distintas definiciones de información pública en «El acceso a la información pública: un derecho que se consolida» y hacen hincapié en su vínculo con la participación y la transparencia. Por su parte, Ignacio Ortiz Vila presenta «La cooperación técnica internacional descentralizada como instrumento de política pública», un artículo sobre la importancia de esta herramienta en la gestión. En «Voto electrónico: la experiencia del Brasil», Patricio G. Talavera nos introduce en el debate en torno a la utilización de nuevas tecnologías en los procesos electorales. En esta oportunidad, presentamos dos reseñas de libros. Uno de ellos es Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano, de Oscar Oszlak, una obra sobre el acceso a la vivienda. La otra publicación reseñada, Medios de lucha. Comunicación de gobierno en América Latina, de Matías Ponce y Omar Rincón, se ha convertido en un texto de referencia en el campo de la comunicación política. Finalmente, reiteramos la invitación a participar a través del envío de material inédito a todos aquellos investigadores dedicados al estudio de las políticas públicas. Creemos que es necesario generar un ámbito de divulgación e intercambio de ideas para fortalecer los procesos de toma de decisiones y asegurar la perduración de las políticas.

Entrevista Entrevista a Miguel Braun, secretario de Comercio del Ministerio de Producción de la Nación Miguel Braun nos cuenta cuáles son los objetivos de la Secretaría, en qué consisten los ejes de la gestión, cuáles son las medidas destacadas y los desafíos

—¿Cuáles son los objetivos de la Secretaría de Comercio?

—¿En qué consisten los ejes de la gestión?

—Como parte del Ministerio de Producción, la Secretaría de Comercio enmarca su trabajo en el objetivo general del Gobierno de reducir la pobreza de manera sostenida. La Argentina puede y debe aspirar a tener una economía competitiva y dinámica, que genere empleo e innovación en todo el país. Para ello, el Gobierno nacional tiene una visión clara, que se resume en los ocho ejes del Plan Productivo Nacional. En esa línea, la Secretaría impulsa una inserción internacional inteligente y se propone velar por la competencia en los mercados y desburocratizar el Estado. Asimismo, contribuye al objetivo de crecer de manera sostenida y reducir sistemáticamente la pobreza facilitándoles a los consumidores el acceso a bienes y servicios de calidad al mejor precio posible y propiciando la generación de empleo.

—Diría que hay tres ejes principales. El primero es la inserción inteligente en el mundo. En este eje, trabajamos junto con otros ministerios —principalmente, la Cancillería y el Ministerio de Agroindustria— y otras áreas del Ministerio de Producción para potenciar las oportunidades que el mundo les ofrece a los argentinos. Esto significa ayudar a los productores a ganar mercados de exportación, facilitar la importación de lo que necesitamos y defender la producción nacional de prácticas desleales. Un segundo eje es la defensa de la competencia y del consumidor: buscamos que haya mercados competitivos y transparentes para que los consumidores tengan mejores alternativas, las PyME enfrenten un campo de juego equilibrado, y se fomente la generación de empleo. El tercer eje es la desburocratización y la simplificación de procesos para emprendedores, productores y empleadores. De 5

Entrevista

esta manera, más que un obstáculo, el Estado será un facilitador de la producción y el crecimiento del empleo. —¿Cuáles diría que son las medidas más destacadas de la gestión? —En lo que hace al comercio interior, continuamos con medidas de transición, como los programas Precios Cuidados, Ahora 12 y el Mercado en tu Barrio, mientras la inflación sigue bajando. Pero, sobre todo, nos dedicamos a fortalecer los servicios de defensa del consumidor y de la competencia para tener mercados transparentes y competitivos, que significan precios más bajos, mejores bienes y servicios, más innovación, crecimiento económico y generación de empleo. Acá destaco que pusimos en marcha la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que triplicó el número de dictámenes, redujo casi un 40 % del tiempo de análisis de concentraciones económicas y avanzó en casos emblemáticos de presuntas conductas anticompetitivas, como el de tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos. Este trabajo se coronó con la incorporación de la Argentina al Comité de Competencia de la OCDE, que tiene por objetivo proteger y promover la competencia 6

como principio de las economías modernas. Respecto al comercio exterior, estamos llevando adelante una serie de medidas y proyectos para insertarnos de manera inteligente en el mundo, porque no hay país desarrollado cerrado al mundo. Para desarrollarnos y generar más empleo y oportunidades, tenemos que exportar más y mejor: con más valor agregado argentino y desde más provincias. Para eso, llevamos a cabo una ambiciosa agenda de negociaciones comerciales internacionales, con pragmatismo y negociando con todos. También buscamos facilitar el comercio. Un ejemplo concreto es Exporta Simple, una herramienta para que los exportadores de menor volumen puedan vender sus productos al exterior, para que más PyME puedan exportar y así aumentar su producción y empleo. Con el nuevo sistema, se podrá concretar la operación a través de couriers y correos cargando los datos en un portal web; con pocos clics, se podrá cotizar distintas opciones de los couriers inscriptos y exportar puerta a puerta. Esto permitirá que las empresas se ocupen de hacer y vender el mejor producto, y que la exportación esté al alcance de todos. Para muchos productores, todas estas medidas que reducen costos pueden ser la

«Para desarrollarnos y generar más empleo y oportunidades, tenemos que exportar más y mejor: con más valor agregado argentino y desde más provincias»

Entrevista

diferencia entre exportar y no exportar, entre producir y no producir, entre contratar o no más personal, sobre todo, para las PyME y los productores de las economías regionales. —¿Cómo se relaciona su gestión con la modernización del Estado? —Hay un eje de gestión que se relaciona directamente con la modernización del Estado: la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE). Los productores argentinos deben realizar muchos trámites innecesarios para exportar; más costos y tiempos implican menos crecimiento y empleo, lo que afecta, sobre todo, a las empresas más pequeñas. Junto con distintos organismos del Estado, la VUCE digitaliza, reduce y simplifica trámites para facilitar así el comercio exterior, siempre con el objetivo de aumentar las exportaciones para generar más empleo. Esto es parte de un eje de gestión de todo el Ministerio que busca desburocratizar el Estado. —¿Cuáles son los desafíos de la Secretaría? —En lo que hace a defensa de la competencia, es fundamental potenciar el trabajo de la Comisión con una nueva ley en la materia. Desde el Poder Ejecutivo, apoyamos el proyecto presentado por los diputados Elisa Carrió y

Mario Negri, que sigue las mejores normas procompetitivas a nivel internacional. Entre sus puntos principales, el proyecto eleva las multas, introduce un programa de clemencia o de arrepentidos y, fundamentalmente, crea una autoridad nacional de la competencia independiente del Poder Ejecutivo. En los demás temas de comercio interior, creo que es importante fortalecer al consumidor —entre otras cosas— con herramientas tecnológicas para garantizar mercados transparentes y competitivos, y simplificar y digitalizar todo lo que se pueda para que ni los consumidores ni las empresas pierdan tiempo y esfuerzo viniendo a la Secretaría. En cuanto al comercio exterior, hay mucho trabajo por hacer: la Argentina no tiene acceso preferencial a más del 90 % del mercado mundial. Eso quiere decir que más de 7000 millones de consumidores deben pagar de más para comprar un producto argentino. En este momento, se sigue negociando un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y tenemos en agenda avanzar en otros con la EFTA, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Desde la Secretaría, encaramos estos desafíos conscientes de que somos parte de una transformación más grande en la que participa todo el Estado y la sociedad con su esfuerzo de cada día.

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El acceso a la información pública: un derecho que se consolida Por Maria Fernanda Araujo* y Marisa Lucía Pugliese**

El reconocimiento del derecho del acceso a la información pública Una mirada rápida del camino recorrido hasta hoy en la Argentina hacia el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública —Ley N.o 27 275— nos hará valorar los esfuerzos de tantos protagonistas que se comprometieron con la temática y también nos permitirá tener un panorama del presente para afrontar con creatividad y empeño lo que está por venir. El proceso de reconocimiento del acceso a la información pública como derecho humano autónomo comenzó a mediados del siglo pasado a nivel mundial y regional, y nunca se ha detenido. En nuestro país, hubo varios intentos de acompañar ese proceso, tanto por parte de funcionarios como de organizaciones dedicadas al tema, ya que se lo considera una herramienta de participación fundamental para cualquier democracia. En un principio, se vinculó el derecho de acceso a la información 8

pública con la libertad de expresión. Por ello, la Real Ordenanza sobre Libertad de Prensa del Reino de Suecia, de 1766, es la primera expresión concreta de reconocimiento de este derecho. Asimismo, los tratados internacionales lo comprendían dentro del de libre expresión de las ideas, tal como ha señalado Roberto Saba (2002) en varias oportunidades. Sin embargo, en la actualidad, ya no parecen existir dudas sobre su autonomía. En 1948, en su artículo 19, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU consideró el derecho a la información fundamental, en tanto derecho innato de la persona. Dos décadas más tarde, en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificó ese pronunciamiento. En 1993, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU creó la agencia del Relator Especial de la Organización para la Libertad de Opinión y Expresión. En el ámbito interamericano, en 1969, en su artículo 13, la Convención Americana sobre Derechos Humanos estableció lo

*Directora de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación **Miembro del equipo jurídico de la Dirección de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana

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siguiente: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión… —derecho que comprende— la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección». Desde 1997, la OEA cuenta con un relator especial para estimular la conciencia acerca del respeto a la libertad de expresión e información. Ahora bien, las personas tenemos derecho a buscar, recibir y difundir información. Pero ¿a qué nos referimos con información? Es aquí donde surge la necesidad de indagar si el derecho a la información incluye la información que produce el Estado, es decir, la información pública. Coincidimos con Basterra (2006) en que el derecho de acceso a la información incluye el derecho de acceso a la información pública. A su vez, este último es autónomo; en otras palabras, se ejerce sin requisitos previos, pues se lo considera una herramienta de participación fundamental para cualquier democracia.

Presentamos ahora distintas definiciones de información pública: • Según Marcela I. Basterra (2006), este concepto abarca «todos los expedientes, archivos, bases de datos y documentos escritos, fotografías, grabaciones en soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, que se encuentren en poder de las personas jurídicas estatales o instituciones públicas; o personas jurídicas privadas con participación estatal o subvención del Estado; o personas jurídicas privadas que tengan a su cargo la prestación de un servicio público esencial, o las demás personas que la propia ley contemple en el punto concreto». •Para Ernesto Villanueva(2003), es «la prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de entidades públicas y empresas privadas que ejercen gasto público y/o cumplen funciones de autoridad, con las excepciones taxativas que establezca la ley en una sociedad democrática».

«El derecho a la información pública… se ejerce sin requisitos previos, pues se lo considera una herramienta de participación fundamental para cualquier democracia»

• La Ley N.o 27 275 la define como «todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados enumerados en el artículo 7 de 9

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la presente ley generen, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma1». Entonces, el derecho de libre acceso a la información incluye la información que produce el Estado en todos sus estamentos. Más aún, el Estado tiene la obligación de resguardarla en soportes que aseguren su conservación y fácil acceso. Dado que la información pública les pertenece a los ciudadanos, toda persona tiene el derecho de acceder a ella y difundirla sin necesidad de expresar la causa que motiva su ejercicio y sin otra restricción que las excepciones que las propias leyes regulen. Asimismo, no es menos importante mencionar que el derecho de libre acceso a la información pública es, en muchos casos, condición para el ejercicio de otros derechos. De modo que, además de un valor propio, la información tiene un valor instrumental que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y el funcionamiento institucional de contralor de los poderes públicos. Así, surge la noción de derecho de acceso a la información como exigencia de socialización de la información 10

y, por ende, como límite a la exclusividad o el secreto de aquella (Abramovich y Courtis, 2000). El acceso a la información pública en la Argentina En la Argentina, el proceso de reconocimiento del derecho de acceso a la información pública se ha ido dando con marchas y contramarchas, si se lo compara con el de la mayoría de los países de América Latina. Recién en septiembre de 2016, se logró la sanción de la Ley N.o 27 275. Sin embargo, como explica el constitucionalista Bidart Campos (1998), si bien el derecho a la libertad de expresión no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución de 1853, esto no debe entenderse como una negación del derecho, y, por lo tanto, hay que considerarlo dentro de los derechos implícitos o no enumerados. Recién con la reforma constitucional de 1994 —artículo 75, inciso 22— se incorporaron a nuestras normas los tratados internacionales que consagran el derecho a la libertad de expresión y de información —la Declaración Universal de Derecho Humanos,

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Gráfico 1. Pedidos de acceso de la información pública en 2016 (hasta octubre)

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención América sobre Derechos Humanos—. El antecedente directo de la Ley de Acceso a la Información es el Decreto N.o 1172, de 2003, en vigencia en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) hasta octubre de 2017. Si bien el decreto parecía ser el paso previo a la inminente sanción de una ley en la materia, hubo que esperar trece años para que esto sucediera. No obstante, esto implicó un avance hacia la aceptación por parte del Estado de que la información que este produce es eminentemente pública y que los ciudadanos deben poder ejercer el derecho de requerirla. Desde diciembre de 2015, el decreto se encuentra dentro de la órbita de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Esta institución propuso un plan de trabajo que implica el contacto permanente con los responsables de acceso a la información pública de cada uno de los ministerios, organismos descentralizados y empresas del Estado. Se puso énfasis en proporcionar

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación

capacitación sobre la temática, brindar asesoramiento técnico jurídico, recibir información respecto de la utilización de la herramienta e intercambiar experiencias acerca de cómo aplicarla para mejorar de manera continua los procesos de implementación de la norma. Nos parece interesante compartir a modo ilustrativo algunas estadísticas2 de los pedidos que le han llegado al PEN en 2016. En el Gráfico 1, se representa el total de Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SIP) y el total de casos por solicitud. Parece oportuno aclarar que denominamos SIP a la solicitud de información propiamente dicha y casos a cada uno de los temas o preguntas que contiene esa solicitud. 11

Estado de la cuestión Gráfico 2. Cantidad de Solicitudes de Información Pública (SIP) recibidas en cada uno de los ministerios nacionales en porcentajes en 2016 (hasta octubre)

En el Gráfico 2, se podrá ver el desarrollo en 2016 de la cantidad de Solicitudes de Información Pública (SIP) recibidas en cada uno de los ministerios nacionales en porcentajes. Sin duda, el desafío más importante que se planteó en 2016 fue trabajar para la sanción de una ley de acceso a la información pública moderna, que cumpliera con los estándares internacionales en la materia y también que recogiera la experiencia propia y la de otros países en la implementación de sus normativas respecto del tema, así como las propuestas y recomendaciones que los actores de la sociedad han ido vertiendo durante estos años. La ley sancionada prevé que cada poder del Estado cuente con su propia oficina de acceso a la información pública. Asimismo, establece principios para asegurar la libertad de los ciudadanos a solicitar información en manos del Estado, tales como el de gratuidad, igualdad, indubio pro petitor —en caso de duda, la interpretación de las disposiciones de la ley debe efectuarse siempre a favor de la mayor vigencia y alcance del derecho—, celeridad, entre otros. También incluye una serie de excepciones que admiten el resguardo 12

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación

de cierta información por parte del Estado en salvaguarda de un derecho superior, como es el de seguridad nacional. Por último, consideramos de suma importancia destacar el capítulo dedicado a la transparencia activa, definida como «la identificación de algunas categorías de información que deben ser difundidas por parte de los sujetos obligados de forma rutinaria y proactiva, aun en la ausencia de una petición específica, y de manera que asegure que la información sea accesible y comprensible». En otras palabras, la norma les impone a los funcionarios el deber de dar la información que producen y administran. Por ello, les atribuye responsabilidad frente al incumplimiento. En este sentido, coincidimos con la Dra. Marcela Basterra (2006) en que

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todos los órganos obligados a brindar información deberán hacerlo de manera permanente, actualizada y, en la medida de lo posible, en Internet. Reflexiones finales N.o

27 275 representa La Ley un paso histórico para nuestro país en materia de acceso a la información pública. Sin embargo, aún resta dar pasos firmes hacia su implementación. En ese sentido, las acciones que aseguren la gestión documental de la información, la creación y la puesta en marcha de los organismos encargados de operativizar la norma, asegurar una interpretación restrictiva de las excepciones al otorgamiento de información, garantizar el derecho a través 1 Entre los sujetos obligados, se encuen-

tran la Administración Pública Nacional; el Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito; el Poder Judicial de la Nación; el Ministerio Público Fiscal de la Nación; el Ministerio Público de la Defensa; el Consejo de la Magistratura; empresas y sociedades del Estado; empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, pero solo en lo referido a la participación estatal;

de sanciones a los funcionarios que incumplan el principio de publicidad de la información y avanzar con la implementación de herramientas que evidencien la actitud proactiva de los sujetos obligados nos brindarán certeza respecto de la operatividad del derecho. Asimismo, es necesario que las provincias y los municipios adhirieran a la ley nacional en caso de no contar con regulación específica sobre la temática o que adecúen sus marcos jurídicos a los estándares que propone la norma. Cada jurisdicción debe tener la norma que le permita reflejar sus necesidades como sociedad. En definitiva, debe asegurárseles a los ciudadanos el ejercicio de un derecho humano.

concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o concesionarios permisionarios de uso del dominio público; organizaciones empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le hayan otorgado fondos públicos; instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional, entre otros.

«… es necesario que las provincias y los municipios adhirieran a la ley nacional en caso de no contar con regulación específica sobre la temática o que adecúen sus marcos jurídicos a los estándares que propone la norma»

2 El equipo de la Dirección de Fortale-

cimiento Institucional y Participación Ciudadana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda elabora mensualmente estadísticas cuantitativas y cualitativas con la información que recibe de los responsables de acceso a la información —enlaces— de los ministerios, organismos descentralizados y empresas del Estado.

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Referencias bibliográficas Abramovich, V. y C. Courtis (2000). «El acceso a la información como derecho». En Anuario de Derecho a la Comunicación, 1, (1). Buenos Aires: Siglo XXI. Basterra, M. I. (2006). El derecho fundamental de acceso a la información pública. Buenos Aires: Lexis Nexis. Bidart Campos, G. (1998). Manual de la constitución reformada. Buenos Aires: Ediar. Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) [en línea]. Disponible en <https://www.oas.org/dil/esp/ tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_ humanos.htm> [Consulta: 2 de agosto de 2017]. República Argentina (2016). Ley N.o 27 275, Derecho de Acceso a la Información Pública. Publicada en el B. O. el 29 de septiembre. Saba, R. (2002). «El derecho de la persona a acceder a la información en poder del Gobierno» [en línea]. Disponible en <http://telesecundaria.gob.mx/mesa_ tecnica/files/El-derecho-de-la-persona-a-accedera-la-informacion-en-poder-del-gobierno.docx> [Consulta: 2 de agosto de 2017]. Villanueva, E. (2003). Derecho de acceso a la información pública en Latinoamérica. México: UNAM.

Estudios y artículos

La cooperación técnica internacional descentralizada como instrumento de política pública

Por Ignacio Ortiz Vila Lic. en Relaciones Internacionales (UK). Profesor de la UNO. Director de Observanto Internacional

Resumen El presente artículo pretende reflexionar sobre la importancia de la cooperación técnica internacional descentralizada.

Abstract The article aims to reflect about the importance of decentralized international technical cooperation.

Estudios y artículos

La globalización trajo consigo una paradoja: debilita y fortalece la capacidad de gestión de los gobiernos. La Cooperación Técnica Internacional (CTI) es una acción conjunta entre países, y entre estos y organismos internacionales para promover el desarrollo económico, social, cultural, ambiental, institucional y humano de los cooperantes. Su carácter no es asistencial, ya que se compone de un conjunto de instrumentos de política pública con los que cuentan los gobiernos subnacionales y locales para dar solución a los desafíos que enfrentan los Estados en sus diferentes niveles en el siglo xxi. Estas herramientas amplían y diversifican la capacidad para gestionar. El trabajo técnico conjunto es una forma de cooperación descentralizada que ha ido adquiriendo gran protagonismo en esta década. Se trata de una herramienta que posibilita la inserción internacional de los gobiernos subnacionales. Implica un cambio de paradigma, en tanto abandona el clásico modelo vertical —transferencia de recursos financieros de donantes a beneficiarios— y establece relaciones horizontales flexibles, efectivas y dinámicas entre diversas entidades, con alcance geográfico global o regional. Por tanto, no son acciones aisladas, sino colaboraciones más amplias que 16

buscan alcanzar objetivos comunes intercambiando conocimiento y experiencias, con un enorme potencial para provocar efectos multiplicadores y externalidades positivas. De esta forma, los gobiernos subnacionales y locales discuten y combaten sus problemas tomando como ejemplo las buenas prácticas para adaptarlas luego a su contexto. Existen diferentes tipos de CTI, tales como asistencia técnica en proyectos o capacitación a través de financiamiento no reembolsable —donaciones—, reembolsables —préstamos— o de recursos de recuperación contingente —reembolsables si se obtiene financiamiento adicional. Los gobiernos subnacionales y locales tienen la difícil empresa de identificar sobre la base de sus prioridades a aquellos actores internacionales con los cuales comparten los mismos intereses y es factible desarrollar procesos de intercambio de conocimiento y proyectos en común. En la Argentina, la reforma constitucional de 1994 creó el marco legal para esta actividad y le dio la posibilidad a las provincias de firmar convenios internacionales, siempre y cuando no afecten los intereses nacionales en política exterior ni el crédito público de la Nación. Si bien los municipios

Estudios y artículos tienen una capacidad restringida para desarrollarse en el ámbito internacional, en comparación con otros países de la Región, el Estado argentino cuenta con un marco jurídico mucho más avanzado (Tavares, 2016). Desde su creación en 2003, la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha articulado diversas actividades con el objetivo de fomentar la cooperación descentralizada. Una profundización y una mayor concientización de los decisores locales permitirían dinamizar los procesos de asistencia y cooperación técnica a fin de maximizar el aprovechamiento de recursos humanos y financieros.

El óptimo uso de la CTI descentralizada puede servir como elemento catalizador para importantes iniciativas privadas y mixtas —públicas y privadas—. Su instrumentación permite desarrollar proyectos innovadores, crear fondos para objetivos específicos, así como generar experiencias que luego puedan asumirse y financiarse a través de entidades nacionales. Asimismo, es un valioso instrumento para establecer redes de contactos internacionales y de apalancamiento de recursos. Esta externalidad positiva mejora la integración de la economía y el desarrollo de áreas de gestión local poco exploradas, al mismo tiempo que fortalece el sector privado local.

Con una agenda diversificada, antes restringida a proyectos bilaterales o hermanamientos, algunas provincias y municipios crearon áreas de cooperación que se desempeñan de manera fluida en el ámbito internacional. Por ejemplo, el Gobierno de Córdoba ha firmado convenios con entidades educativas, culturales y gobiernos federales (CARI, 2013). Otro caso reconocido en el ámbito nacional es el del Municipio de Rosario, Santa Fe, que, en los últimos años, ha establecido alianzas estratégicas con entidades, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para llevar a cabo proyectos específicos.

A su vez, posibilita tornar sustentable un proyecto de alta complejidad u obtener mayor poder al momento de negociar la solicitud de créditos para su ejecución, por ejemplo, aquellos destinados al desarrollo de infraestructura. Pueden señalarse también otros objetivos, como promover el intercambio de mejores prácticas entre funcionarios de gobiernos locales, incentivar la integración en el país o la región, aumentar la cooperación internacional e implementar proyectos transnacionales.

«El óptimo uso de la CTI descentralizada puede servir como elemento catalizador para importantes iniciativas privadas y mixtas»

El mundo local ha irrumpido en el ámbito internacional para asumir de manera conjunta desafíos que presentan 17

Estudios y artículos dificultades a la hora de resolverlos de forma aislada. Se configura así un espacio de intercambio con la sociedad civil que aporta a la formulación de políticas públicas, promueve investigaciones y diversas experiencias exitosas de las gestiones urbanas, especialmente en infraestructura, y se produce la transferencia de conocimiento necesario para el desarrollo. Finalmente, sería interesante proponer una alternativa para ampliar el número de participantes locales en las relaciones internacionales —especialmente en materia de cooperación técnica, donde faltan recursos idóneos—. Resulta necesario diseñar e implementar un programa nacional eficiente, innovador e integral que capacite los recursos humanos de gobiernos locales y monitoree su desempeño por un tiempo determinado.

Referencias bibliográficas Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) (2013). Convenios Internacionales de la Provincia de Córdoba. Período 1994-2013. Tavares, R. (2016). Cities and States as Global Players. Nueva York: Oxford University Press.

Bibliografía de consulta Badia i Dalmases, F. (2009). Documentos CIDOB Europa N.o 5: Los gobiernos locales en la acción exterior: Una visión desde Cataluña. Barcelona: CIDOB edicions. Cardarello, A. y Rodríguez, J. (2006). «Las redes de ciudades como herramienta privilegiada para la gestión de cooperación descentralizada». En Anuario de la cooperación descentralizada. Montevideo: Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL. Zapata Garesché, E. (2007). Manual práctico para internacionalizar la ciudad. Guía para la acción exterior de los gobiernos locales y la cooperación descentralizada UE-AL. Barcelona: Diputación de Barcelona.

Estudios y artículos

Voto electrónico: la experiencia del Brasil

Por Patricio G. Talavera Politólogo y Profesor de la UBA y la UNLP. Consultor de la Dirección Nacional Electoral (DINE)

Resumen En los últimos años, de manera recurrente, y, sobre todo, con la creciente polarización de los electorados de América Latina, la necesidad de incorporar tecnología al proceso electoral ha vuelto al debate público. Pero ¿qué entendemos cuando hablamos de urna electrónica?, ¿qué podemos esperar de ella?, ¿qué impacto tendrá en nuestras modernas democracias? El presente artículo pretende indagar sobre las características fundamentales de la incorporación de tecnología al voto y a los sistemas de recuento a partir de la experiencia brasileña. Abstract In recent years, recurrently, and especially with the increasing polarization of Latin American electorates, the need to incorporate technology into the electoral process has returned to public debate. But what do we understand when we talk about an electronic box? What can we expect from it? What impact will it have on our modern democracies? This article aims to investigate the main characteristics of the incorporation of technology to vote and to the counting systems based on the brazilian experience.

Estudios y artículos

En los últimos años, numerosas democracias, desde Holanda hasta Filipinas, han buscado refinar y hasta transformar completamente las condiciones de integridad electoral de sus sistemas de votación incorporando tecnología al proceso. Una de sus formas más frecuentes es la aplicación de la urna electrónica. Actualmente, existen tres generaciones de urnas electrónicas. La primera de ellas se denomina Direct Recording Electronic Voting Machine o máquina de grabación directa de voto (DRE). En este caso, el principal punto débil del sistema es que la confiabilidad del resultado publicado depende enteramente de cuán fidedigno resulte el software instalado. Si los mecanismos de auditoría sobre aquel son opacos e inflexibles, el grado de incertidumbre sobre la transparencia del voto se potencia. Estas máquinas se usaron en los noventa en la India y en el Paraguay. La segunda generación es la del Voter Verifiable Paper Audit Trail o documento de auditoría verificable por el elector (VVPAT). Estas urnas se diseñaron a partir de las concepciones de 20

la especialista estadounidense Rebecca Mercury. Además del registro previsto por las urnas DRE, contienen una segunda vía de contabilización de los votos. En otras palabras, esta urna graba en papel el voto emitido para que el elector pueda corroborarlo independientemente del software que se encarga de su contabilización de manera digital; esto facilita su auditoría por agentes externos al administrador del sistema. Venezuela lo ha implementado desde 2004, aunque con severas limitaciones para una auditoría eficiente. En 2012 y 2014, México y Ecuador lo utilizaron, respectivamente. Las empresas Smartmatic —en Venezuela— e Indra —en España— se encargaron de su fabricación, entre otras. En su momento, el órgano ejecutivo electoral del Brasil, el Tribunal Superior Electoral (TSE), consideró inviable su aplicación. Finalmente, la tercera generación de urnas es la denominada End-to-End Verifiability (E2E). Su nombre da cuenta de las posibilidades de auditoría desde el inicio hasta el cierre del proceso electoral. Este nuevo sistema, cuya proliferación comenzó en 2008, se encuentra en etapa de testeo en varias

«En los últimos años, numerosas democracias, desde Holanda hasta Filipinas, han buscado refinar y hasta transformar completamente las condiciones de integridad electoral de sus sistemas de votación incorporando tecnología al proceso»

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partes del mundo: la ciudad de Takoma, en los Estados Unidos; la Tel Aviv University, en Israel; la provincia de Azuay, en el Ecuador; y las provincias del Chaco, Salta, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, en la Argentina. En 2009, se presentó en los Estados Unidos el modelo Scantegrity II: el voto criptografiado se imprime y se entrega al elector para que lo verifique, sin exponer el necesario sigilo del voto. En este modelo, la verificación se realiza con independencia del software instalado, por lo tanto, innova en las facilidades para llevar a cabo las auditorías e implica una mejora en este punto respecto de las urnas de segunda generación. En esta materia, el Brasil constituye un caso lleno de particularidades, entre las cuales sobresale la antigüedad de sus ensayos sobre informatización de todo el proceso vinculado a la elección de autoridades nacionales y subnacionales. El voto electrónico se introdujo en 1996, aunque el proceso de informatización ya había comenzado catorce años antes, es decir, en los inicios de la transición democrática. El objetivo de informatizar el proceso electoral tiene razones

históricas y políticas bien específicas. El primer código electoral, que data de 1932, además de innovar en el voto femenino, cuenta con una mención curiosa para la época: la instalación futura de máquinas para votar. La necesidad de encontrar mecanismos efectivos de estímulo, promoción y capacitación para el electorado se hacía patente, y obligó a las autoridades federales y estaduales a buscar alternativas para hacer del voto algo comprensible y, por tanto, cercano y accesible. El camino ha sido gradual, pero sin pausa. En 1985, con el fin del gobierno militar, se informatizó el padrón electoral, y, en los años subsiguientes, se expandió la infraestructura nacional necesaria para hacer lo propio con el recuento general de votos. La prueba de votación con urna electrónica se produjo en 1989, en las primeras elecciones de voto directo luego de treinta años. A iniciativa de un juez de la quinta sección electoral de Santa Catarina, Carlos Prudencio, la localidad de Brusque, del mismo Estado, sufragó con microcomputadoras. En realidad, no se trataba de una prueba enteramente desconocida: Brusque había

«La necesidad de encontrar mecanismos efectivos de estímulo, promoción y capacitación para el electorado se hacía patente, y obligó a las autoridades federales y estaduales a buscar alternativas para hacer del voto algo comprensible y, por tanto, cercano y accesible»

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votado en otras ocasiones de manera similar. En 1994, en la presidencia del ministro Carlos Velloso, el TSE se propuso como meta acelerar la conversión informática del voto, ya que, a su entender, solo la informatización cancelaría las posibilidades de fraude, como había dejado expuesto el mismo Velloso en su discurso de toma de posesión. El último paso se inició en 1996 con la introducción de urnas electrónicas o e-urnas, las cuales abarcaron un tercio del electorado ese mismo año, dos tercios para las presidenciales de 1998, y la totalidad para las municipales de 2000. El TSE diagramó el proyecto en colaboración con el Comando-Geral da Tecnología-Aeroespacial (CTA) y el Instituto Nacional de Pesquisa Aeroespacial (INPA). En la licitación, concretada en diciembre de 1995, se presentaron tres modelos completamente distintos de urna electrónica. IBM propuso uno inspirado en el voto electrónico japonés, cuya base era una notebook. La norteamericana Procomp presentó un artefacto en exceso sofisticado, similar a los cajeros automáticos bancarios, cuyo peso era superior a los veinte kilos. Finalmente, la 22

licitación la ganó la empresa Unysis, que, en copatrocinio con la brasileña Omnitech, presentó la urna UE96. Se fabricaron 70 000 máquinas de prueba para municipios de más de 200 000 electores, de las cuales 20 000 se donaron al Paraguay y otras 20 000 se descartaron en 2008. La urna electrónica brasileña ha conocido varios modelos y soportes. Los modelos implementados entre 1996 y 2000 —la UE96 de Unysis, la UE98 y la UE2000, producidas por Procomp— contaban con el sistema operativo VirtuOS, un sistema multitarea proyectado exclusivamente para aplicación de microcomputadoras de entre 16 y 32 bits. Los modelos de UE 2002 (Unysis), 2004 y 2006 evolucionaron hacia otro sistema operativo, el WindowsCE, desarrollado por Microsoft para sistemas embebidos, como los de la urna electrónica. Estos se proyectan para ejecutar una o dos tareas específicas, usualmente, en tiempo real. Su aplicación también ilustra una de las intencionalidades iniciales del TSE: reducir costos. Los sistemas embebidos suelen contener un procesador relativamente pequeño

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con una memoria de similares dimensiones, lo que implica costos mucho más bajos que otros sistemas. Sin embargo, tal como confesara tiempo después el secretario técnico del TSE, Paulo Camarao, los costos aumentaron, sobre todo, porque el sistema de identificación digital del elector se conectó a la urna electrónica: un proceso que implicaba para su instalación mayores recursos. Hacia finales de 2000, el mismo TSE admitió un aumento de costes cercano al 20 %. Luego de 2008, todas las urnas incorporaron el sistema Linux.

un pequeño teclado numérico, con cuyo lector biométrico de impresión digital la autoridad de mesa autoriza al elector a introducir su número de identificación. Destinada al votante, la segunda posee una pantalla LCD y un teclado numérico, donde el elector digita sus opciones a través del número de identificación de los candidatos de su preferencia. Luego, el dispositivo permite visualizar el voto con el objeto de que el elector lo confirme o, en caso contrario, lo rectifique.

En su última versión, la urna consta de una memoria flash, donde se encuentra instalado el sistema operativo; aplicaciones; un pendrive para grabar el resultado; y un módulo impresor, cuya única función consiste en imprimir lo que se denomina zerésima, documento emitido que certifica la inexistencia de votos computados antes de la apertura de la jornada electoral. Al término de aquella, el mismo módulo emite el boletín de urna, sobre el cual se ha hecho referencia anteriormente. Por último, la urna reconoce dos terminales, una del mesário o autoridad de mesa, y otra para el votante. La primera es una microterminal con

El nuevo sistema implicó una única función consiste reducción considerable de los en imprimir lo que se tiempos de espera de los resultados provisorios. Con el estableci- denomina zerésima…» miento del sistema biométrico, la identificación del elector quedó totalmente informatizada; y las maniobras de fraude, sumamente condicionadas hasta hacer imposible su concreción, aunque esta tendencia antecede a la urna electrónica. La ausencia de información sobre errores o potenciales problemas consolidó una imagen de pulcritud y corrección del proceso. No implicaron problema alguno para el nuevo sistema elecciones dramáticas, como la acontecida para la Alcaldía de San Pablo en 2000, con triple y hasta cuádruple

«En su última versión, la urna consta de una memoria flash, donde se encuentra instalado el sistema operativo; aplicaciones; un pendrive para grabar el resultado; y un módulo impresor, cuya

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empate técnico en las encuestas, o de notables cambios de tendencias, como las de Goias para Gobernador en 1998. Tampoco se cuestionó el conteo, situación usual o probable cuando las diferencias entre candidatos se reducen a mínimos, y el clima político-electoral toma carices polarizantes y altamente confrontacionales entre las opciones partidarias en pugna. Como lo demuestra el caso brasileño, la aplicación de nuevos entornos de interacción electoral requiere el aporte del análisis comparado de experiencias de alcance, que sirven de guía a los decisores de política pública para aplicar de manera eficiente, planificada y rigurosa las innovaciones que la tecnología electoral puede brindarnos.

VOTAR

Reseñas Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano Oscar Oszlak Buenos Aires, EDUNTREF, 2017, 391 páginas ISBN 978-987-4151-04-9 Por Maximiliano Campos Ríos Reeditada por el Centro de Investigaciones en Políticas Sociales Urbanas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Merecer la ciudad es una publicación de referencia sobre los estudios urbanos en la Argentina, que, mediante un arduo trabajo de campo, da cuenta de los procesos de urbanización y el acceso a la vivienda en la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Asimismo, representa la fragilidad con la que muchos pioneros de la ciencia política realizaban sus trabajos durante la última dictadura militar en la Argentina.

A pesar de que la materialidad del libro era prácticamente inexistente en su primera edición —agotada y, en parte, perdida por el cierre de la editorial original— ha logrado persistir circulando en versiones fotocopiadas y marchitas, y en citas en gran parte de la producción sobre la temática en el país.

En esta nueva edición, Oscar Oszlak, hace hablar al campo intelectual, del cual es uno de sus actores más destacados, con un cúmulo de nuevos datos. Hablan los pobres de entonces y las formas en que la política los excluía del espacio urbano, pero también se expresan los que todavía hoy habitan esos territorios y continúan subsumidos en la marginalidad; hablan aquellos que nunca más pudieron hablar. Por esta razón, esta obra es un estudio científico y un testimonio de época. 25

Reseñas Medios de lucha. Comunicación de gobierno en América Latina Matías Ponce y Omar Rincón Montevideo, Ediciones B y Universidad Católica del Uruguay, 2017, 232 páginas ISBN 978-987-629-743-1 Por Rodolfo Mussi La comunicación de gobierno —y, en términos más amplios, la comunicación política— ha pasado a ser uno de los problemas centrales de las ciencias sociales. Como todo fenómeno complejo, su abordaje se ha transformado en una convergencia de diferentes saberes y disciplinas. Por esa razón, es un campo temático con una enorme riqueza empírica que nos interpela a la construcción de teorías y experiencias de análisis en torno al vínculo entre política y medios. Con una gran capacidad de coordinación, la obra se centra en el estudio de los casos particulares de la Argentina, Bolivia, el Perú, Chile, Colombia, el Ecuador, México, el Perú, el Uruguay, el Brasil y Venezuela. Así, se incorporan los trabajos realizados por Adrina Amado, Belén Amadeo, Raquel Tarullo, Karina Herrer Miller, Luciana Panke, Iría Puyosa, Hugo Sánchez, James Dettlef, Giulianna Cassano y Andrés Cañizalez. Medios de lucha puede considerarse una continuación de Caudillismo, e-política y teledemocracia, obra coordinada por 26

Ponce y Rincón en 2013. Sin duda, ambas publicaciones son textos de referencia para quien pretenda explicar y comprender las relaciones de poder en la América Latina del siglo xxi.

Programas y proyectos La ENA en el INAP

El 30 y 31 de octubre se llevó a cabo en la sede de la Alianza Francesa de Buenos Aires el seminario Evaluación de Políticas Públicas, a cargo de la Escuela Nacional de Administración (ENA), de Francia. El INAP, junto con la ENA y la Embajada de dicho país, ofreció un seminario de dos días destinado a aquellos funcionarios que desempeñan funciones de dirección en organismos públicos. En la apertura, estuvieron presentes Pablo Legorburu, secretario de Empleo Público, y Santiago Bellomo, director del INAP. También participaron funcionarios que coordinan las actividades de capacitación y la encargada del campus educativo de la Embajada de Francia, Laura Castillo.

evaluación. Se remarcó la importancia de las auditorías y de otras formas de control, y los principios que entran en juego en estos procesos, que se han ido incorporando en los últimos tiempos. El cierre de la actividad estuvo a cargo de Gonzalo Straface, director nacional de la Escuela de Alta Dirección Pública; y Maximiliano Campos Ríos y Mario Katzenell, coordinadores de la Escuela.

La disertación estuvo a cargo de Agathe Cagé, profesora especialista de la ENA, quien aportó experiencias de su país de origen y describió los tipos de evaluación y las dificultades que se presentan en su aplicación. Los participantes analizaron estudios de caso orientados por Cagé, y se generaron discusiones sobre las últimas reformas en Francia, en comparación con la Argentina. Asimismo, se analizaron políticas de transporte, educación y género haciendo hincapié en la complejidad de su implementación y 27

Agenda

EVENTOS 2017 7-10

NOV

Curso Proyección Internacional de las Ciudades Barcelona’gov - Instituto Barcelona. Estudios Internacionales Barcelona, España http://barcelonagov.net/cursos/proyeccion-internacional-de-las-ciudades/

............................................................................................................................ XXII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública 14-17 Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) - Ministerio de Hacienda y Función Pública e Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) del Gobierno de España NOV Madrid, España https://www.clad.org/congresos/xxii-congreso ........................................................................................................................... II Congreso Nacional de Estado y Políticas Públicas: «El neoliberalismo tardío. Estado y políticas públicas: desafíos y alternativas» 30-1 FLACSO Argentina - Centro Cultural de la Cooperación NOV-DIC Buenos Aires, República Argentina http://flacso.org.ar/ii-congreso-nacional-de-estado-y-politicas-publicas/ ............................................................................................................................ 3-8

DIC

XXXI Congreso ALAS: «Las encrucijadas abiertas de América Latina. La sociología en tiempos de cambio» Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) Montevideo, República del Uruguay http://www.alas2017.com/

............................................................................................................................ 4-6

DIC

Conferencia Internacional IPSA/AISP «Ciencia Política en la era digital: Mapeo de oportunidades, peligros e incertidumbres» International Political Science Association (IPSA) Hannover, Alemania https://hannover2017.ipsa.org/node/11

Colaboraciones Los trabajos con pedido de publicación deben ser remitidos a Apuntes para la modernización del Estado mediante comunicación electrónica a <formacion@modernizacion.gob.ar> con copia a <revistaestadoabierto@gmail.com>. En todos los casos, deben ser trabajos originales o inéditos, que no hayan sido enviados para su publicación a otras revistas. Se podrán presentar artículos y reseñas en idioma castellano y portugués. Todas las contribuciones recibidas serán evaluadas preliminarmente por la dirección y la secretaría de redacción de la Revista, y aprobadas acorde a su pertinencia temática y requisitos formales. El proceso de selección durará, como mínimo, entre uno y seis meses; y, una vez finalizado, el comité de la revista se pondrá en contacto con el autor o los autores para comunicar la decisión de publicación. Los editores no están obligados a mantener ningún tipo de comunicación con aquellos que hayan enviado sus trabajos, salvo que estos sean efectivamente publicados. En caso de sugerencias y correcciones, los autores deberán dar cuenta de estos. El envío de un artículo a Apuntes para la modernización del Estado implica la cesión de los derechos de autor para que este pueda ser editado, reproducido o difundido públicamente con fines exclusivamente científicos, académicos o culturales. Para la presentación de los trabajos, se deberán observar los siguientes criterios: 1. Deben enviarse a ambas direcciones electrónicas. 2. Los artículos no deben exceder los 13 000 caracteres (con espacios incluidos), y las reseñas bibliográficas, los 500. Esto incluye resúmenes y referencias bibliográficas. 3. Todos los trabajos deben presentarse en programa Word, con letra Times New Roman, número 12, a espacio sencillo. Se utilizará hoja tipo A4 con margen superior de 3 cm; inferior, 2,5 cm; izquierdo, 2,5 cm y derecho, 2.5 cm. 4. Los artículos deberán estar acompañados con una foto de cara de cada uno de los autores con definición mínima de 300 DPI en JPG. Asimismo, las reseñas bibliográficas deberán enviarse con una foto de la tapa del libro con la misma definición. 5. El título deberá estar alineado a la izquierda en negrita y con letra Times New Roman, número 14. Los nombres y apellidos del autor o de los autores se expresarán de igual forma, pero en letra itálica (en caso de ser dos, la y entre estos estará en redonda, y, si son más de dos, habrá comas entre ellos hasta el último, donde se ubicará la y). 6. Toda aclaración con respecto al trabajo, así como la pertenencia institucional del autor o de los autores y su dirección electrónica, deben consignarse mediante asterisco (y doble asterisco si fuese necesario) desde el título o el nombre del autor al pie de la primera página. 7. Las citas aclaratorias deberán ir al final del texto y no podrán superar el número de cuatro. 8. Las referencias bibliográficas deberán seguir preferentemente el formato americano: apellido del autor, año y número de página luego de dos puntos para los casos de citas textuales. Por ejemplo: Varios países latinoamericanos son casos de democracia delegativa (O’Donnell, 1997). «El presidente es considerado la encarnación de la nación y el principal definidor y guardián de sus intereses» (O’Donnell, 1997: 293). 9. En el apartado bibliográfico, las referencias deben observar el siguiente orden, separado por comas: apellido del autor, letra inicial del nombre del autor, año (entre paréntesis), título de la obra (entre comillas si es un artículo; en itálica si se trata de un libro o título de una publicación), volumen, tomo, etc., lugar de edición y editorial.

Colaboraciones Por ejemplo:

Para libros y capítulos de libros: Bourdieu, P. (2008). Homo academicus. Buenos Aires: Siglo XXI. O’Donnell, G. (1997). «¿Democracia delegativa?». En O’Donnell, G. Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires: Paidós. Gutiérrez Márquez, E. (2013). «La ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM». En Reveles, F. (coord.). La Ciencia Política en México hoy: ¿Qué sabemos? México: UNAM y Plaza y Valdés. En caso de titularidad por parte de organizaciones, los nombres se pondrán en mayúsculas. ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Para revistas: Altman, D. (2005). «La institucionalización de la ciencia política en Chile y América Latina: una mirada desde el sur». Revista de Ciencia Política, 25, (1). En este caso, el 25 corresponde al volumen de la revista, y el (1), al número. .............................................................................................................................................................................................................................................................

Para participaciones en eventos científicos: Rocha, C. (2012). «La ciencia política en Uruguay (1989-2009). Un estudio de los temas, teorías y metodologías predominantes en la investigación y la enseñanza en el Instituto de Ciencia Política». Ponencia presentada en el IV Congreso Uruguayo de Ciencia Política, noviembre, Montevideo, República del Uruguay. ............................................................................................................................................................................................................................................................. 10. La bibliografía obtenida en espacios virtuales deberá consignarse con su sitio correspondiente junto con la fecha de consulta: Oszlak, O. (2016). «Hacia un Estado al servicio del ciudadano». En diario La Nación [en línea]. Disponible en <http:// www.lanacion.com.ar/1901788-hacia-un-estado-al-servicio-del-ciudadano> [Consulta: 5 de octubre de 2016]. 11. Todos los artículos deberán estar acompañados por un resumen en español y otro en inglés, de hasta 100 palabras cada uno. En caso de tratarse de un artículo en portugués, se agregará un resumen en español. 12. Los cuadros, diagramas e infogramas realizados en otros programas deberán enviarse en archivos aparte. Se deberá señalar específicamente el lugar en el cuerpo del texto donde deberán colocarse. En la medida de lo posible, se deben utilizar programas generalizados y compatibles con Word. Cada elemento deberá contar con su propio archivo. Incluyendo los cuadros, el artículo no podrá superar las 4 páginas en el formato antes mencionado. Los editores no están obligados a mantener ningún tipo de comunicación con quienes hayan enviado sus trabajos, salvo que estos sean efectivamente publicados.