29 revista by Instituto de Actuarios Españoles

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nº 29

OTOÑO 2011

PENSIONES

ENTREVISTA José Barea “En mis investigaciones de pensiones siempre he querido que haya actuarios para asegurarme de la certeza y el rigor en el tratamiento de los riesgos”

DOSSIER “El proceso de gestión de riesgos como componente integral de la gestión empresarial” Mª Isabel Martínez y Mª Isabel Casares

MIEMBROS PROTECTORES

SUMARIO Director: Diego Cano

Consejo de Redacción: Alicia Sanmartín Amadeo Rodríguez Daniel Hernández Ester Arencibia Francisco Alonso Irene Albarrán Isabel Bañegil Isabel Casares José Boada Julián Oliver Lázaro Villada Luis M.ª Sáez de Jáuregui Pablo Martín Vicente Sala

Maquetación: José Mª Ropero

Foto de portada: Fernando Arias

Fotografía: Fernando Arias y Mª José Rivera

GALERÍA DE ACTUARIOS 2 CARTA DEL PRESIDENTE 3 ENTREVISTA 4 José Barea “En mis investigaciones de pensiones siempre he querido que haya actuarios para asegurarme de la certeza y el rigor en el tratamiento de los riesgos”

TEMA DE PORTADA Luis María Sáez de Jáuregui Sanz ¿Está cerrada la reforma de la Seguridad Social con la Ley 27/2011? Múltiples aspectos que han quedado abiertos. José Enrique Devesa Carpio Sobre la sostenibilidad del sistema reformado de pensiones de jubilación español.

M. Begoña Gosálbez Raull y Daniel Hernández González La pensión contributiva de jubilación como instrumento público de protección.

Antonio Argüeso ¿En qué consisten las proyecciones de población?

Cristina Saavedra Riesgos psicológicos asociados al envejecimiento y factores de protección

Lourdes Pérez Ortiz Los temas de la Sociología de la Vejez.

DOSSIER Mª Isabel Martínez Torre-Enciso y Mª Isabel Casares San José-Martí El proceso de gestión de riesgos como componente integral de la gestión empresarial

LA ADMINISTRACIÓN CONTESTA Mª Isabel Casares San José-Martí Alcance y efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional 128/2010, de 29 de noviembre de 2010.

ESPACIO ACTUARIAL Imprime: Albadalejo, S.L.

Depósito Legal: M-25517-1990

Manuela Laborda Ibañez Los supuestos excepcionales de liquidez, aplicación práctica.

Carmen Giménez ¿Bajada de las pensiones…?

MIEMBROS TITULARES 51

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Edita: Instituto de Actuarios de España C/ Víctor Andrés Belaúnde, 36. 28016 Madrid Tel. 91 457 86 96 Fax 91 457 14 07 www.actuarios.org iae@actuarios.org

GALERÍA DE ACTUARIOS

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Vicente González Catalá e incluso personal no ha sido mejorada por el hecho de ser su compañero y estoy seguro de que todos verán que efectivamente son mejores en parte gracias a Vicente. Creo que no se puede decir nada mejor que ese hecho.

uando el Instituto me pidió que hiciera una semblanza de mi padre para este número de la revista se me planteó una duda ¿Cómo describir a mi padre? ¿Me centro en sus logros personales o en su forma de ser? He elegido la segunda opción porque la primera ya muchos la conocéis, pero quizá no se conozca tanto lo que había detrás de la persona pública. Si tuviera que describirle en dos o tres palabras, las que me vienen inmediatamente a la cabeza son; pasional, honesto y entregado.

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Pasional porque tenía un carácter que le impulsaba a darle una importancia enorme a todas las cosas por pequeñas que fueran y por tanto a intentar solucionar todo de forma inmediata. En su trato con los demás siempre se comportaba como un padre preocupado porque la otra persona mejorase e hiciese las cosas de la mejor forma posible. Él tenía su idea de cómo había que hacer las cosas y una vez se posicionaba no había forma de hacerle cambiar e incluso se enfadaba con aquellos que no compartían esa misma idea. Pero esos enfados eran normalmente porque no entendía que esas personas no se dieran cuenta de qué era lo mejor para ellas según su parecer. De hecho a todos aquellos que han trabajado con él (y que por tanto algún arrebato seguro que sufrieron) sólo les diría que se pregunten si su vida profesional

Honesto porque no le conozco en ninguna situación en la que su actuación fuese destinada a conseguir algo a costa del mal o el sufrimiento de otro. Siempre trabajó por el bien de los que le rodeaban. No conozco a nadie que tuviera más sentido de la justicia y de la responsabilidad que él. Siempre decía que lo peor que se podía pensar de una persona era que fuese un egoísta o un tramposo y que había que ser capaz de salir de cualquier sitio con la cabeza bien alta, sin que nadie pudiera pensar que has hecho algo injusto o en tu propio beneﬁcio. Siempre se enfrento a cualquier situación con las cartas encima de la mesa y no escondía a nadie sus ideas o intenciones. Entregado porque siempre se dedicó en cuerpo y alma a la institución de la que formase parte para mejorarla según su mejor entender. Cuando estuvo en la Seguridad Social, en el Instituto de Actuarios o en la Universidad, no había nada más importante para él, que dejar la institución en mejores condiciones de la que se encontrase cuando entró en ella. Como muchos sabéis se dedicó 8 años al Instituto de Actuarios en calidad de presidente del mismo. No le he visto disfrutar tanto de la profesión como durante aquella época. En deﬁnitiva mi padre vivió su vida intensamente. En los últimos días de vida, cuando se estaba preparando para lo peor, nos dijo que no había que llorarle porque había hecho lo que quería de su vida y la había disfrutado al máximo. Ahora nos toca a nosotros seguir sus pasos. Quiero aprovechar las últimas líneas para agradeceros a todos las muestras de cariño que nos habéis hecho llegar durante estos días, para mi es un orgullo ver que mi padre dejó una impronta en la profesión. Hugo González Riera

Illmo. Sr. Doctor. D. Vicente González Catalá Fue Presidente del Instituto de Actuarios Españoles. Perteneció también al Cuerpo de Catedráticos de Universidad, teniendo Cátedra de Economía Financiera en la Universidad de Alcalá de Henares y en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Actuario de Seguros, Censor Jurado de Cuentas y Miembro del Registro Oﬁcial de Actuarios de Cuentas, Asesor Actuario por oposición del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y autor de numerosos libros y artículos sobre materia actuarial y ﬁnanciera. Falleció en Madrid el 22 de octubre de 2011. Descanse en Paz

CARTA DEL PRESIDENTE

A favor de las pensiones públicas JULIÁN OLIVER

l sistema de pensiones del que gozamos en España no es sólo una conquista de los trabajadores y de la clase media, es también un activo fundamental de nuestra economía. Sin pensiones a favor de los trabajadores cuando alcanzan la edad legal de jubilación el consumo de la llamada tercera edad disminuiría notablemente, la justificación de un sistema público de pensiones es bien conocida y éste no necesita mayor defensa. El sistema de reparto en el que se basa nuestro sistema de pensiones tiene en mi opinión una justificación económica: las pensiones que debe pagar el sistema evolucionan con la propia economía real, el sistema de reparto se comporta como la economía del país. En este sentido es necesario mencionar que la rentabilidad en los últimos 14 años del IBEX-35 ha alcanzado el 2,43% anual y en los últimos 10 años tan sólo el 1,41% anual; tampoco podemos olvidar el enorme riesgo de los activos financieros de renta fija como los de Madoff o Lehman Brothers o incluso de la deuda soberana de países como Grecia. La sostenibilidad de un sistema de pensiones público y de reparto requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: crecimiento de la población para que el ratio cotizantes/pasivos se mantenga o incremente, nivel de desempleo contenido o, mejor aún, de pleno empleo y crecimiento de los salarios de los trabajadores. Estos requisitos tienen como finalidad garantizar el pago de las pensiones futuras con unos ingresos por cotizaciones superiores en el tiempo al gasto por pensiones. Prácticamente ningún criterio se ha cumplido en los últimos años según el Instituto Nacional de Estadística. Mientras el producto interior bruto crecía de 2000 a 2007 entre el 2,7% y el 4%, en los años 2008 y 2009 se ha producido una contracción de la economía alcanzando el -3,7% en 2009. El crecimiento del nivel de desempleo en el último año ha aumentado un 8,8% hasta alcanzar a finales del año 2011 el 21,5% de paro, más de 4,9 millones de parados de los cuales más de 400.000 son nuevos parados de los últimos 12 meses. Además, la población española envejece, como envejecen las poblaciones del resto de países desarrollados y cada vez hay menos cotizantes a la seguridad social por pensionista, siendo sus causas la disminución de la natalidad, activa o pasiva, ligada en parte a los bajos salarios, y el aumento de la esperanza de vida. Por otro lado, la convergencia en materia de salarios no se ha producido; los salarios de los trabajadores en España son inferiores a la media europea y su importe es la mitad del salario, para un trabajo equivalente, en países como Francia o Alemania, para un coste de la vida similar. Las medidas correctoras aprobadas en los últimos meses para mejorar la sostenibilidad han consistido, únicamente y sin lugar a dudas, en una disminución de las pensiones futuras. En ningún momento se ha planteado un aumento de las cotizaciones que hubiera ayudado a la sostenibilidad sin perjudicar en medida apreciable ni a la productividad de las empresas, que no ha aumentado a pesar de la contención salarial que viene de antiguo, ni al nivel adquisitivo de los trabajadores. Tampoco se han reducido las jubilaciones anticipadas del régimen general para aumentar la edad media de jubilación de 63 a 65 años, equiparándolo al RETA y aumentando así el volumen de cotizaciones.

TEMA DE PORTADA

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ENTREVISTA

JOSÉ BAREA

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El siglo XXI es el siglo del riesgo, y entre los riesgos a los que nos enfrentamos destaca el demográfico. Sin embargo, el problema ya no es la superpoblación sino el envejecimiento de las poblaciones particularmente en los países desarrollados. En España esto es clarísimo, en la medida en que ha aumentado la esperanza de vida y se ha reducido la fecundidad, la población ha ido envejeciendo. Hoy en día, la esperanza de vida en España supera los 80 años para los hombres y los 85 para las mujeres, y no hace tanto la esperanza de vida rondaba los 60. Esto significa que hay que mantener a un grupo cada vez más numeroso de personas, hay que alimentarles, hay que proporcionarles unas rentas a las que ellos ya no pueden acceder por estar fuera del mercado de trabajo. El reto demográfico no es cuántos somos sino cómo somos, y es que cada vez somos más y, además, más viejos.

Esto tiene efectos también sociales y políticos… Claro, los mayores son por deﬁnición más conservadores y les cuesta más aceptar reformas que son necesarias para la supervivencia del estado de bienestar. Al tiempo que la tasa de dependencia va aumentando, esto es, un trabajador activo tiene que mantener a más pasivos, el gasto de cada uno de los pasivos a su vez aumenta, porque pagamos mejores pensiones e incurrimos en otros gastos de protección social. Es necesario también aumentar el gasto en sanidad más que proporcionalmente porque lo mayores de 65 años tienen un gasto de tres a cinco veces superior al de la población joven, por lo que la presión del envejecimiento es no sólo sobre las pensiones, sino también sobre la sanidad y sobre la protección social, que son partidas muy signiﬁcativas de los Presupuestos Generales del Estado. A mi me parece que el envejecimiento de las poblaciones es uno de los riesgos fundamentales en España para los tiempos venideros.

¿Qué propuestas podemos plantear para afrontar este riesgo o mitigar sus efectos? ¿Puede ser la inmigración una solución para las sociedades avanzadas? En España ya hemos tenido una experiencia de los efectos beneﬁciosos de la inmigración que ha proporcionado mano de obra, conteniendo los costes laborales, y aumentando la tasa de fertilidad. Ahora bien, esta solución tiene dos problemas, el primero lo estamos viendo ahora y es que, cuando la actividad económica cae, cae también el aporte migratorio del exterior. Tanto es así que incluso nuestros jóvenes en los que hemos invertido recursos de formación, se convierten también en inmigrantes de otros países con mejor situación económica. El otro problema, es que los inmigrantes también generan unos derechos de pensiones que en algún momento supondrán un gasto para el sistema de protección social. O sea que, en realidad, lo que la inmigración hace es retrasar el problema, pero si las cuentas están mal hechas se agrava el problema… Tu has estado ligado 20 años a la ejecución presupuestaria y has tenido responsabilidades con todos los partidos políticos ¿qué reformas crees que deberíamos acometer? La primera es que los políticos deben escuchar a los técnicos. Yo he estado más de 20 años sirviendo a la administración en el tema presupuestario y siempre ha sido el interés general y la necesidad de cada momento lo que ha guiado mis actuaciones y como yo hay muchos funcionarios en la administración y muchos técnicos a los que hay que escuchar antes de tomar decisiones políticas. Yo en mis investigaciones sobre pensiones siempre he contado con actuarios que son los que tienen la capacidad de calcular la relación técnica entre aportaciones y prestaciones de cualquier sistema sometido a un riesgo. Además, los técnicos en la Administración

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Tu has sido muchas veces el “mister no” de los presupuestos españoles… Sí, he sido consciente y nunca me ha importado que se me utilizase para acomodar los gastos a las posibilidades reales del país. Muchas veces el técnico para los golpes que recibe el político y éste acaba reconociendo la valía de esa tarea. He servido a la Administración con todos los partidos políticos, como funcionario y como gestor de empresas públicas, en la parte ejecutiva, en la investigación y en la docencia. El técnico por excelencia en el análisis del riesgo de pensiones es el actuario… Su papel es fundamental para dotar de rigor y ﬁabilidad a los cálculos tanto en la administración como en las empresas privadas. En mis investigaciones de pensiones siempre he querido que haya actuarios para asegurarme de la certeza y el rigor en el tratamiento de los riesgos. El actuario de seguros conoce perfectamente la manera de montar un régimen de capitalización y un buen sistema de seguridad social que, aunque sea de reparto, se basa en los principios de capitalización la proporcionalidad del sistema. También me apoyo en los actuarios en la línea de investigación que llevo realizando durante los últimos 25 años sobre la economía social, particularmente para los regímenes de cooperativas. ¿Sigue teniendo sentido la disputa teórica de capitalización versus reparto? A efectos prácticos, una vez que se ha implantado uno u otro sistema es relativamente difícil cambiar y, evidentemente, por la inmediatez de los resultados, resulta más

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fácil aplicar un sistema de reparto que uno de capitalización. La última vez que calculamos los costes para España de pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización, que son los derechos implícitos de pensiones de los contribuyentes actuales, estos suponían del orden de dos veces el Producto Interior Bruto del país. ¿Qué reformas concretas necesita el sistema de pensiones? Aunque no se pueda implantar un sistema de capitalización, sí es posible introducir mayor proporcionalidad entre las cotizaciones y las percepciones, tomando los elementos positivos de incentivos y de justicia que tiene el sistema de capitalización. En cualquier caso, y dado que los sistemas de reparto, no dan, en general, pensiones muy elevadas, es bueno permitir que los que lo deseen complementen su pensión con las aportaciones que realicen a un seguro privado. Acabamos las entrevistas pidiendo la opinión del entrevistado sobre cuál es el mayor riesgo para España en el corto plazo y cuál es en el largo plazo. A corto plazo el mayor riesgo que tenemos en España es no cumplir los compromisos de déficit a los que nos hemos comprometido con la UE, esto es, el 3% del PIB en 2013. Si no lo hacemos, los mercados financieros internacionales nos pueden penalizar con dureza. Importa no sólo el objetivo de 2013 sino los intermedios de 2011 y 2012, sobre los que yo abrigo algunas dudas. Sobre todo por el comportamiento fiscal de las comunidades autónomas. A largo plazo, el problema en el sistema de reparto son cambios drásticos en la estructura demográfica que no se vean compensados por mejoras suficientes de la productividad de la población ocupada. DC.

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siempre sirven para plantear las posibilidades reales frente a los deseos inﬁnitos de los políticos.

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¿Está cerrada la reforma de la Seguridad Social con la Ley 27/2011? Múltiples aspectos que han quedado abiertos LUIS MARÍA SÁEZ DE JÁUREGUI SANZ Abogado y Actuario. Director de Vida, Pensiones y Servicios Financieros de AXA. Profesor Asociado de la Universidad Carlos III de Madrid, y Secretario General del Instituto de Actuarios Españoles

En los próximos años, en España, cada día que pase ganaremos 4,8 horas de esperanza de vida. El espectacular alargamiento de la longevidad, la brutal contracción de la natalidad y el gran retraso de la entrada a la vida laboral conﬁguran una nueva estructura de pirámide poblacional, en realidad una pirámide invertida, verdaderamente ancha por arriba y cada vez más estremecedoramente estrecha por abajo. Convivir con esta situación será, sin lugar a dudas, uno de los grandes retos del Siglo XXI, por no decir el gran reto, que nos lleva a aﬁrmar que las pensiones y envejecimiento poblacional será el desafío con mayúsculas de esa futura Unión Europea, y aquí los actuarios tenemos una gran responsabilidad sobre cómo enfocar y facilitar soluciones realistas y pragmáticas a este tema.

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s la Comisión Europea quien en su Libro Verde, de Julio de 2010, sobre la reforma de las pensiones, señala que el envejecimiento demográﬁco ha sido más rápido de lo esperado, que la reciente crisis ﬁnanciera y económica ha tenido un impacto impresionante sobre los presupuestos de la Seguridad Social en Europa, y que se hace necesario alcanzar cuanto antes un equilibrio sostenible entre el tiempo de trabajo y el tiempo de jubilación. Como solución, entre otros temas, se aboga por reforzar el sistema de los tres pilares.

Un sistema de pensiones sostenible necesita adaptarse a esos retos económicos y demográﬁcos, y una estructura de tres pilares es una opción equilibrada para ello. Así, la sostenibilidad pasa, de manera ya necesaria y acelerada, por un reforzamiento de los sistemas obligatorios de pensiones públicas (primer pilar) que se complementen con unos sistemas profesionales de pensiones colectivos (segundo pilar) y con los productos especíﬁcos de ahorro e inversión para la jubilación (tercer pilar). Además de en el Libro Verde de la Comisión Europea, este principio de los tres pilares está recogido en múltiples textos internacionales, siendo uno de relevancia dentro de la Unión Europea la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre el futuro de los

sistemas de Seguridad Social y de Pensiones. Es necesaria, en palabras del Libro Verde de la Comisión Europea, una reforma cuantitativa para asegurar la durabilidad, y cualitativa para adecuar los recursos a las obligaciones, y es necesaria la aceleración de la adopción de medidas imprescindibles para salvaguardar los sistemas de protección social. En este sentido, el Libro Verde apuesta claramente por el retraso de la edad de jubilación adaptándola a la esperanza de vida, solicitando a los Estados miembros un claro ajuste de la edad de jubilación por las nuevas tendencias demográficas y económicas, aumentando el número de años de cotización para el cálculo de la pensión. Asimismo, la Comisión Europea auspicia otorgar beneficios fiscales, así como la puesta en marcha de nuevos sistemas de pensiones complementarios y diversificados. Todas estas realidades han sido tenidas en cuenta en el marco del Diálogo social, en el que los interlocutores sociales y el Gobierno suscribieron, con fecha 2 de febrero de 2011, el Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, cuya Parte II está referido al Acuerdo para la reforma y el fortalecimiento del sistema público de pensiones, en el marco del cual se recogen una serie de compromisos. Las medidas enumeradas en el Acuerdo indicado, siguiendo las orientaciones contenidas en el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 25 de enero de 2011, se dirigen a anticipar las reformas necesarias en la estructura del sistema para que éste pueda responder a los nuevos desafíos y estar en condiciones de seguir proveyendo cobertura protectora ante los riesgos sociales descritos, dentro de un sistema de Seguridad Social financieramente estable y sólido que garantice a las generaciones futuras prestaciones sociales suficientes. Así, la reciente Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre la reforma de la Seguridad Social , dentro de esos objetivos señalados, tiene como finalidad llevar al ordenamiento de la Seguridad Social los compromisos recogidos en el Acuerdo social y económico mencionado, así como incorporar algunas de las recomendaciones reflejadas en la nueva reformulación del Pacto de Toledo.

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Las medidas de la Ley se pueden resumir en tres: (i) ampliación del periodo de cómputo de 15 a 25 años para el cálculo de la base reguladora; (ii) retraso de la edad ordinaria de jubilación de 65 a 67 aplicándose coeﬁcientes reductores en caso de jubilación anticipada; (iii) ampliación de la Escala de 35 a 37 años cotizados para recibir el 100% de la pensión junto a una bajada progresiva de la citada Escala hasta convertirse en totalmente proporcional. Cuando entren en vigor todas las medidas en 2027, los estudios que baraja el Instituto de Actuarios Españoles arrojan los siguientes resultados: 1. Por pasar de 15 a 25 años el periodo de cálculo de la base reguladora, la pensión bajará en un intervalo entre un 7% y un 9%.

2. Por retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67: la pensión bajará una media del 14%. 3. Por ampliación de la Escala de 35 a 37 años: la pensión bajará en un intervalo entre el 4% y el 8%. Los tres datos anteriores nos dejan un intervalo medio de bajada del 28%. Este dato es congruente con la disminución del ratio cotizante-pensionista entre 2010 y 2030 que manejan distintos organismos públicos y privados, y que se sitúa también en un 28,8%. En el caso de las pensiones del régimen de trabajadores autónomos, la reducción en 2027 podría llega a un 42,86%, puesto que estos trabajadores se ven más afectados en la nueva forma de cálculo de la Base Reguladora, al pasar de 15 a 25 años el periodo de cálculo de la misma, suponiendo sólo este efecto entre el 26% frente al importe del régimen general cifrado entre un 7% y un 9%. Y ¿se puede esperar tanto tiempo? ¿Cuánto será el efecto dentro de cinco años en 2016? ¿Y dentro de diez años en 2021? En este sentido, la disposición adicional vigésima cuarta de la ley, relativa a estudios actuariales en los coeﬁcientes reductores de la pensión en la jubilación anticipada y ampliadores por retraso en la edad de jubilación, establece que el Gobierno realizará un estudio actuarial, en el plazo de un año, relacionado con los coeﬁcientes reductores de la pensión utilizados en la jubilación anticipada, previstos en el apartado 2 del artículo 161 bis de la Ley

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En este sentido se ha expresado la citada Ley 27/2011, en donde en su preámbulo se indica que el sistema de Seguridad Social tiene que hacer frente a importantes desafíos, afrontando a largo plazo las exigencias derivadas, entre otras, de las tendencias de evolución demográfica, a fin de garantizar su sostenibilidad financiera. Nos indica el preámbulo de la Ley que el hecho incuestionablemente positivo de que la esperanza de vida aumente progresivamente en España, hasta haberse convertido en el segundo país del mundo con mayor pervivencia de la población, enfrenta también el reto de que, en el futuro, será necesario asumir el pago a más jubilados y durante más tiempo a causa de dicho envejecimiento de la población, y, a la vez, nos recuerda también que, junto a la disminución prolongada de las tasas de natalidad, se está provocando una inversión de la estructura de la pirámide de población, aumentando el número de pensionistas en relación con la población activa, esto es, variando la tasa de dependencia de los pensionistas. Esta tendencia demográfica afecta a todas las generaciones, pero sobre todo a las más jóvenes, por el hecho de que serán estas generaciones jóvenes las que serán mayores de sesenta y cinco años durante más tiempo. Sin embargo, nos subraya la Ley que no es solo la tendencia demográfica el único factor que aconseja hacer las reformas que esta ley realiza en el sistema de pensiones. Además, reconoce la Ley que resulta necesario reforzar la contributividad del sistema estableciendo una relación más adecuada entre el esfuerzo realizado en cotizaciones a lo largo de la vida laboral y las prestaciones contributivas a percibir. Esta situación no es solo propia de España, sino común al resto de los países de nuestro entorno. Los Consejos europeos de Lisboa, Estocolmo, Gotemburgo, Barcelona, Bruselas, hasta llegar a los más recientes, promueven como prioridades la prolongación de la vida activa y la desincentivación de la jubilación anticipada y países de nuestro entorno han realizado reformas legales en el sentido de reducir los estímulos al abandono prematuro de la vida activa y algunos han establecido la edad legal en los 67 años.

TEMA DE PORTADA General de la Seguridad Social, así como de los coeficientes amplificadores de la pensión utilizados en el artículo 163, al objeto de evaluar su adaptación a los principios de proporcionalidad y contributividad al sistema. Aquí cabe la siguiente pregunta ¿después de haber comenzado la revisión del Pacto de Toledo en 2008 (cinco años después de su último informe en 2003) y de haber tardado tres años en emitir su informe de revisión en enero de 2011, y después de más de seis meses de trámite parlamentario de la ley de reforma, hay que esperar un año más en conocer esa adecuabilidad de los coeficientes? La respuesta es clara: en primer lugar no es concebible que los coeficientes reductores estén en una horquilla del 6% al 8%, pero los ampliadores entre el 2% y el 4%. No existe estudio actuarial que soporte esta disparidad entre ampliar o retrasar. Incluso no es concebible en términos de política social, que debe fomentar alargar la edad de jubilación. En segundo lugar, una vez hecho el estudio actuarial por el que suscribe da como resultado un porcentaje del 6,5%; ahora bien, si a la vez al coeficiente reductor o ampliador se aplica la escala de porcenta-

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jes por años cotizados (aplicable a la base reguladora para calcular la pensión), entonces el coeficiente pasa al 3,75%, pero prácticamente igual tanto si se trata de retrasar como de adelantar la edad de jubilación. Estos coeficientes van reduciéndose a medida que se proyectan los cálculos a años venideros, y ello por el aumento de la esperanza de vida. Por otro lado, la escala de porcentajes1 por años cotizados (aplicable a la base reguladora para calcular la pensión), que se ha ampliado hasta los 37 años en donde se aplica el 100%, continúa aplicándose un 50% cuando se han cotizado 15 años, si bien actuarialmente ese coeficiente debería reducirse al 39%. En consecuencia, el sistema continúa siendo muy generoso en contra de la contributibidad.

1 El apartado Cinco del artículo 4 de la Ley 27/2011 modifica el periodo de tiempo preciso para alcanzar el cien por cien de la base reguladora de la pensión, estableciendo los siguientes porcentajes de aplicación a la base reguladora: por los primeros quince años cotizados, el 50 por 100. Y a partir del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización, comprendidos entre los meses 1 y 248, el 0,19 por 100 y los que rebasen el mes 248, el 0,18 por 100, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 por 100, salvo en los casos en que se acceda a la pensión con una edad superior a la que resulte de aplicación. Porque, en este último caso y siempre que al cumplir dicha edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización de quince años, se reconocerá al interesado un porcentaje adicional consistente entre un 2 y un 4 por 100 por cada año completo transcurrido entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión, en función del número de años cotizados que se acrediten. Los nuevos porcentajes señalados en el párrafo anterior, se aplicarán a partir del 1 de enero de 2027. Hasta dicha fecha, se establece el periodo transitorio y gradual que se contiene en el apartado Seis del artículo 4 de la ley. Mientras que en varios parágrafos de la Exposición de motivos se menciona que la Ley 27/2011 modifica el sistema de cálculo de la pensión de jubilación en la forma recogida en el Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, suscrito el 2 de febrero de 2011 en el marco del Diálogo social entre los interlocutores sociales y el Gobierno, cuya Parte II está referido al Acuerdo para la reforma y el fortalecimiento del sistema público de pensiones, en el marco del cual se recogen una serie de compromisos, entre otros que la Escala de cálculo para acceder al 100% de la base reguladora de la pensión se modificara y evolucionara desde el 50% de la base reguladora a los 15 años hasta el 100% de la base reguladora a los 37 años con una estructura totalmente regular y proporcional; sin embargo, esto no ha sido así en la Ley, ya que los parámetros hacen que sea totalmente regular y proporcional hasta que se alcanzan los 35 años y 8 meses, es decir, hasta alcanzar los 248 meses al 0,19% por mes, pero al sobrepasar los 248 meses y cambiar el porcentaje al 0,18% por los escasos últimos 16 meses, para “cuadrar” que al alcanzar los 37 años sea el 100%, se rompe la pretendida “estructura totalmente regular y proporcional. Matemáticamente hubiera sido sencillo alcanzar esa estructura totalmente regular y proporcional, puesto que la ecuación se soluciona con un único porcentaje igual al resultado del quebrado 1/528 en tanto por uno, siendo 100/528 su expresión en tanto por ciento, es decir, igual a %, en vez del 0,18%, por lo que no se entiende la maniobra jurídico-matemática de dejar 16 meses fuera de esa proporcionalidad, lo que conlleva una estructura cuasi-totalmente regular y proporcional, y que, en definitiva, no era lo que quería el Acuerdo social y económico.

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Pero, ¿por qué introduce la Ley un elemento que tomará efecto a tan largo plazo? Posiblemente sea la mayor vacatio legis que ningún ordenamiento jurídico mundial haya dado a una norma. Lo que es un record mundial puede esconder una estrategia para introducir modificaciones de mucho mayor calado. Así, el factor sostenibilidad es una ventana abierta hacia un sistema de cuentas nocionales como el que tienen en suecia. El Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas de UNESPA3 considera, en su reciente dictamen sobre la reforma del sistema de pensiones, que la citada reforma va claramente en la buena dirección, pero no será suficiente para resolver los retos, carencias y limitaciones del actual sistema de pensiones. El Grupo considera que será de nuevo necesario introducir más cambios para asegurar su sostenibilidad, aumentar la transparencia y flexibilidad del sistema y reducir su complejidad, a la vez que entiende que se están agotando las posibilidades de reforma a través de cambios paramétricos (años computables para el cálculo de la pensión, edad de jubilación…). El Grupo considera que se debe ir más allá de acuerdo a la demografía y al cambio de patrón en el mercado laboral, que exige un modelo más flexible porque las carreras profesionales son más heterogéneas. En el Dictamen se

2 Artículo 8. Factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. Se introduce una nueva disposición adicional, la quincuagésima novena, en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con la siguiente redacción: «Disposición adicional quincuagésima novena. Factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada 5 años, utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales competentes.» 3 El Grupo Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas de UNESPA está formado por: Juan Manuel Eguiagaray (presidente), Rafael Doménech, José María Fidalgo, José Luis Leal Maldonado, Víctor Pérez Díaz, y Felipe Serrano. En la página web de Unespa (www.unespa.es) está disponible el Dictamen completo del Grupo.

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aﬁrma que es necesario desligar la relación entre prestación y años cotizados, para avanzar hacia un modelo sencillo mediante el cual la prestación debería de ser en relación directa a la aportación realizada mediante cotizaciones por cada trabajador. La propuesta consiste, como ya se ha hecho en otros países como Suecia, en la creación de cuentas nocionales, una cuenta personal, pero continuando el sistema ﬁnanciero actuarial como de reparto como el actual. El cambio reside en que a partir del momento de aplicación de las cuentas personales, la pensión a recibir pasa a estar en relación directa con el valor de dicha cotización acumulada. Es decir, la pensión de cada trabajador será el resultado de recibir como jubilado todo lo que aportó al sistema a lo largo de la vida laboral, actualizado en función del PIB, dividido entre los años de esperanza de vida que actuarialmente le queden desde que se jubile.

Pero, ¿por qué introduce la Ley un elemento que tomará efecto a tan largo plazo? Posiblemente sea la mayor vacatio legis que ningún ordenamiento jurídico mundial haya dado a una norma Según el Grupo Consultivo de UNESPA, esta fórmula aportaría los siguientes beneficios: 1. Equilibrio y sostenibilidad: el sistema de pensiones, que debe ser descargado de todos los gastos no ligados a cotizaciones (como los complementos a mínimos que deberían financiarse vía impuestos), sería mucho más equilibrado y por tanto sostenible en el tiempo. 2. Responsabilidad y libertad individual: Con un modelo de cuentas personales virtuales, cada trabajador puede conocer en cada momento cuál es su aportación acumulada y, en función de su esperanza de vida, cuál sería su escenario de pensión en función de cuando decida jubilarse. Con independencia de normativa laboral específica, no sería necesaria una limitación en la edad de jubilación, siendo posible tanto anticiparse como prolongar la vida laboral en función de la pensión que se haya generado. Lo cual corregiría, entre otros, la perdida de pensión de los desempleados más mayores que, incluso con carreras de cotización largas, no pueden reengancharse al mercado laboral precisamente en los años que más se toman en cuenta para calcular la pensión. 3. Una mayor información, el Grupo también propone que se aumente la transparencia, permite adoptar mejores decisiones de ahorro y de gasto a lo largo de la vida laboral pensando en el complemento a la jubilación pública. Del mismo modo, los trabaja-

actuarios

Como consecuencia de las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, la ley introduce el denominado factor de sostenibilidad2 del sistema de seguridad social en su artículo 8, de modo que, a partir de 2027, los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada cinco años.

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TEMA DE PORTADA dores serán más conscientes de lo que aportan a la seguridad social mediante fórmulas de transparencia como informar en las nóminas de la cotización personal y empresarial para las pensiones. El Grupo Consultivo de UNESPA también considera que es necesario abordar un cambio del patrón de ahorro de la sociedad, algo a lo que sin duda ayudaría la mayor conciencia e información que producirían las cuentas personales. Para ello, trabaja ya en un próximo Dictamen que presentará medidas para incentivar la capitalización de ahorro para la jubilación.

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En este sentido, hay que destacar la importancia de que se incentive el ahorro y la inversión en productos ﬁnancieros diseñados de cara a la jubilación, evitando una visión cortoplacista en los clientes estimulando el ahorro a medio y largo plazo no sólo a través de productos pensados para la jubilación sino también con acciones comerciales que incentiven esa visión a medio y largo plazo en el ahorrador en los citados instrumentos. Del total ahorro ﬁnanciero de las familias españolas (1,8 billones de euros), sólo el 5% está en Fondos de Pensiones, a pesar de que se trata de un vehículo idóneo para el ahorro para la jubilación.

actuarios

Se necesita, por tanto, un cambio estructural a largo plazo en la forma de ahorrar que tenemos en España. Todavía caben impulsos importantes al sistema complementario, como el desarrollo del sistema de los planes de empleo, gran asignatura pendiente, y que, vía planes de pensiones o productos aseguradores, o ambos, introduciría una visión a largo plazo en el tejido empresarial español, y especialmente, en las PYMES.

Efectivamente, también la reforma de las pensiones, como hemos dicho, debe profundizar también en la reforma del Sistema Complementario de Pensiones, los conocidos como Segundo y Tercer Pilar. Como ya ha planteado el Pacto de Toledo, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 25 de enero de 2011, y el citado Libro Verde de la Comisión Europea, se deben facilitar a los trabajadores los vehículos financieros suficientemente incentivados para complementar sus prestaciones públicas. Estos instrumentos privados deben ser adecuados a su objetivo de complemento de la merma en la pensión pública. Se abre, entonces, un nuevo y necesario periodo de debate en el que tanto el sector asegurador y de los fondos de pensiones como los poderes públicos busquen fórmulas para fomentar e incentivar el ahorro a largo plazo y la cultura financiera finalista de complemento a la jubilación. Pero no tenemos todo el tiempo del mundo. Ya llevamos mucho retraso con respecto a la hora prevista.

Se debe demandar con urgencia el fomento de todos los instrumentos de previsión empresarial e individual con medidas concretas, como son: i) favorecer el cobro de prestaciones en forma de renta; ii) volver a la separación de los límites de aportación empresa-trabajador; iii) permitir los seguros de dependencia tengan un límite independiente de los planes de pensiones; iv) Para autónomos: creación de unos nuevos PIAS que evite el límite anual de 8.000 euros y mantenga el límite total de 240.000; v) dar una fiscalidad favorable en las prestaciones de invalidez y dependencia, y aquellas prestaciones de fallecimiento para hijos menores de 16 años; y vi) volver a fomentar el ahorro-previsión a largo plazo, diferenciándolo del ahorro especulativo o a corto plazo, estableciendo un tipo fijo reducido de gravamen que favorezca las rentas del ahorro que se hayan generado en el largo plazo en periodos superiores a diez años. En definitiva: una vuelta decidida y firme a los principios rectores del Pacto de Toledo sobre la previsión social complementaria, y la eliminación de ciertos recortes legislativos sufridos desde 2007, y sobre todo en un contexto económico donde el ahorro es unos de los catalizadores económicos que fomentarán la aceleración de la salida de la crisis económica en la que nos encontramos. Es obligatorio hacer también mención a la necesaria formación que debe hacerse en los distintos estratos de la sociedad (jóvenes y no tan jóvenes) para sensibilizarlos sobre la importancia de generar un ahorro destinado al complementó de los derechos de pensión pública desde una fase temprana. Es un esfuerzo que debe ser compartido por todos, tanto por las instituciones públicas como privadas.

Sobre la sostenibilidad del sistema reformado de pensiones de jubilación español JOSÉ ENRIQUE DEVESA CARPIO Universidad de Valencia1. Actuario de Seguros. edevesa@uv.es

as características más importantes con respecto a la anterior normativa se pueden resumir en los siguientes puntos:

1) Sobre la edad legal de jubilación. Ha sido la mayor fuente de discusión y gran parte de las movilizaciones se han debido a este aspecto. Con la reforma hemos pasado de una única edad legal (a los 65 años) a 25 edades legales de jubilación y no a dos edades de jubilación como se ha venido diciendo durante todo el periodo de discusión de la ley. La explicación de por qué son tantas es sencilla: Empieza a los 65 años de edad si en ese momento se tienen 38,5 años cotizados, y si no los tiene, la edad a la que los cumpla pasará a ser la edad legal, con el límite de 67 años. Como esto puede ocurrir en cada uno de los meses desde que cumpla 1 Quiero dar las gracias al resto del equipo de investigación: Robert Meneu, Mar Devesa y Amparo Nagore de la Universidad de Valencia y a los profesores Inmaculada Domínguez y Borja Encinas de la Universidad de Extremadura.

los 65 hasta los 67, aparecen las 25 edades legales de jubilación. 2) Sobre el cálculo de la Base Reguladora. Otro de los principales caballos de batalla, sobre todo por parte de los sindicatos, ha venido por la ampliación del período de cómputo para el cálculo de la Base Reguladora, al pasar de 15 años a 25 años. Esto mejora la equidad contributiva, aunque sigo sin saber por qué no se tiene en cuenta toda la carrera laboral, que sería la única forma de no perjudicar a unos y beneﬁciar a otros de forma indiscriminada. 3) Sobre la integración de las lagunas de cotización. Ha pasado casi desapercibida, siendo, a mi modo de ver, muy importante. Antes de la Reforma las lagunas se integraban mensualmente, siendo la cuantía mínima de integración la de la base mínima de cotización de ese periodo. Tras la reforma como máximo habrá 24 mensualidades que se integrarán como mínimo por la base de cotización mínima y la mayor parte del resto se hará por el 50% de la base mínima de cotización. No sólo se siguen utilizando cotizaciones ﬁcticias, sino que, además, por cuantías muy bajas que pueden perjudicar a los que han tenido pocas cotizaciones en los últimos años antes de jubilarse. Todo ello nos aleja de la equidad contributiva, que considero que es uno de los objetivos que debería perseguir un sistema de pensiones.

actuarios

El 1 de agosto se aprobó la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en medio de un acalorado debate tanto en las Cortes como entre los interlocutores sociales.

TEMA DE PORTADA

Se ha mejorado la equidad, al haber un crecimiento lineal de la tasa de sustitución a partir de los 15 años de cotización 4) Sobre la Tasa de Sustitución. Se ha mejorado la equidad, al haber un crecimiento lineal de la tasa de sustitución a partir de los 15 años de cotización. Por otro lado, el retraso en la edad de jubilación ha sido una manera “encubierta” de recortar las tasas de sustitución, ya que se ha producido un desplazamiento de la tasa de sustitución del individuo de referencia (llamamos así al individuo que se jubila con 35 años cotizados y con edad de jubilación de 65 años y al que le corresponde, con la normativa pre-reforma, una tasa de sustitución del 100%). Así, tras la reforma, es necesario, para conseguir la misma tasa de sustitución del 100%, jubilarse con 67 años y con 37 años cotizados o 65 de edad de jubilación pero con 38,5 años cotizados. Se podría haber modiﬁcado sólo la edad legal de jubi-

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los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada 5 años. La crítica en este caso viene porque no todos se jubilarán a los 67 años y, sabemos que la variación en la esperanza de vida no tiene por qué ser la misma para individuos de distintas edades. Aunque la mayor crítica viene porque para poder aplicar un factor de sostenibilidad, antes hay que hacer el sistema sostenible; y de esto es de lo que voy a hablar a continuación. El indicador más utilizado por la propia Seguridad Social y por la mayoría de investigadores es determinar el año en el que los gastos superarán a los ingresos por cotizaciones o bien la disminución del gasto en pensiones en términos del PIB, suponiendo que los ingresos se van a mantener constantes. Así, la propia Seguridad Social aﬁrma que, gracias a la reforma, se moderará el gasto en pensiones en un 1,4% del PIB en 2030, un 2,8% en 2040 y un 3,5% en 2050. Para De la Fuente y Doménech, que también incluyen la viudedad, estiman que la reforma conseguirá reducir el gasto en un 2,25% del PIB en 2030, en un 3,35% en 2040 y en un 3,9% en 2050. Para la OCDE, que no tiene en cuenta el factor de sostenibilidad basado en la esperanza de vida, la tasa de sustitución pasará de 81,2% a un 73,9% para un trabajador con carrera completa, mientras que la reducción promedio de las pensiones será de un 9%. En realidad, este indicador mide la liquidez del sistema, aplicando el principio de caja a un sistema abierto (se producen nuevas entradas de activos), pero no analiza la sostenibilidad estructural. Para conseguirlo hay que introducir el componente actuarial. Los indicadores actuariales se caracterizan porque se suelen aplicar a sistemas cerrados, donde sólo es posible la salida por jubilación o por fallecimiento, y se aplica el principio de devengo. Se pueden citar los siguientes2:

actuarios

lación, sin desplazamiento de las tasas de sustitución ya que son elementos separables. Con la Reforma se consigue un doble “ahorro” para la Seguridad Social, que coticen más años y que reciban pensiones iniciales similares a las anteriores a la reforma, pero cuyo valor actual actuarial es menor, ya que teóricamente la van a cobrar durante menos años, al empezar a recibirla a una edad superior.

5) Sobre el componente actuarial. Sólo aparece una vez el término “actuariales” en la Ley. En dicha referencia, el Gobierno se compromete a realizar en el plazo de un año “estudios actuariales en los coeﬁcientes reductores de la pensión en la jubilación anticipada y ampliadores por retraso en la edad de jubilación”. Sin embargo, sí que se ha incluido un factor de sostenibilidad que depende de la esperanza de vida (algo es algo). Se establece que

1) Deuda Implícita. Se puede deﬁnir como la diferencia entre el valor actual actuarial de las pensiones futuras, tanto causadas como pendientes de causar, y el valor actual actuarial de las cotizaciones futuras. Sería el equivalente, en una compañía de seguros, a la provisión matemática para la contingencia de jubilación. La Deuda Implícita Neta se obtiene al restar a la bruta el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 2) Desequilibrio Financiero-Actuarial. Es la diferencia entre el valor actuarial de todas las pensiones, tanto pasadas como futuras, y el valor actuarial de todas

2 Se puede consultar la ponencia presentada por Devesa et al. en el III Congreso Ibérico de Actuarios, Madrid 2011.

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las cotizaciones, también pasadas y futuras. Mide si el tipo de cotización –que es la variable relevante en un sistema de reparto de prestación definida, como el español– está bien determinado. La condición de sostenibilidad es que sea igual a cero. 3) Tanto Interno de Rendimiento (TIR). Es el tipo de interés de capitalización compuesta que hace el desequilibrio financiero actuarial igual a cero. La condición de sostenibilidad es que el TIR sea inferior al crecimiento del PIB, que se cifra en un 3% real. 4) Coste por pensión unitaria. Se define como el cociente entre el valor actuarial de todas las pensiones y el valor actuarial de todas las cotizaciones. Indica cuál es el coste, para la Seguridad Social, de entregar una unidad de pensión. Si es mayor que 1 el sistema será insostenible. Los resultados de los indicadores actuariales (en la Tabla) se han obtenido a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales. En primer lugar, aparecen los valores para la situación anterior a la reforma (Escenario Base) y luego se ha calculado aplicando la reforma íntegramente (sin periodos transitorios) a los individuos que figuran en la Muestra en 2008, para poder analizar su efecto total. Se ha calculado para dos escenarios que, de forma abreviada, se caracterizan porque en el Escenario 1 todos se jubilan lo antes posible sin disminuir su tasa de sustitución, mientras que en el Escenario 2 se retrasa, para todos los individuos, dos años la edad de jubilación, respecto de la actual. Como conclusión principal, hay que destacar que la reforma aprobada va en el buen camino porque consigue mejorar todos los indicadores actuariales, pero sigue estando muy alejada de los valores deseables, como sería alcanzar un precio de coste por unidad de pensión igual

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a 1, o, lo que es equivalente, un TIR del 3%, o un Desequilibrio Financiero-Actuarial nulo. Así, el coste por pensión unitaria sigue siendo muy elevado tras la reforma, alrededor de 1,4; lo que significa que la Seguridad Social vende cada unidad de pensión a un precio de coste de 1,4 unidades (en valor actuarial). Ninguna empresa puede vender indefinidamente a un precio inferior al de coste. Además, esto se traduce en que cuanto mayor sea el número de afiliados (debido a una mayor inmigración, a la mayor incorporación de la

Cuanto mayor sea el número de afiliados, mayor será el desequilibrio financiero actuarial mujer al mercado laboral, etc,), mayor será el desequilibrio financiero actuarial, si bien a corto plazo el indicador de liquidez mejorará, lo cual no significa más que un diferimiento del problema de sostenibilidad del sistema. La única opción pasa, por lo tanto, por equilibrar actuarialmente el sistema de pensiones de jubilación, si bien esto no garantiza que no pueda haber problemas de liquidez, ya que el sistema de pensiones español sigue basado en el reparto, lo que implica que siempre va a necesitar la realimentación del colectivo de activos. En otro orden de cosas, también conviene mencionar que la reforma no ha conseguido mejorar la equidad del sistema, quedando las penalizaciones por jubilación anticipada muy por encima de las actuarialmente justas, mientras que las bonificaciones por retrasar la jubilación se quedan por debajo de las que corresponderían a un cálculo actuarial. Por lo tanto, la Seguridad Social sigue “obligando” a jubilarse a la edad legal.

TABLA. Principales indicadores de sostenibilidad del sistema de pensiones para los activos. Tipo de cotización de 14,66%. ESCENARIO BASE

ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

VAA pensiones futuras (1)

2.791.614

2.609.739

2.566.788

Variación Base/Esc. 1 Variación Base/Esc. 2

VAA cotizaciones futuras (1)

1.031.049

1.069.855

1.097.247

3,76%

6,42%

VAA cotizaciones pasadas (1)

782.030

0,00%

-6,52%

-8,05%

VAA cotizaciones (1)

1.813.079

1.851.885

1.879.277

2,14%

3,65%

DEUDA Implícita Bruta (1)

1.760.565

1.539.884

1.469.541

-12,53%

-16,53%

Deuda Implícita Bruta s/PIB

1,617

1,415

1,350

-12,53%

-16,53%

1.703.342

1.482.661

1.412.318

-12,96%

-17,09%

1,565

1,362

1,297

-12,96%

-17,09%

DESEQUILIBRIO (1)

978.535

757.854

687.511

-22,55%

-29,74%

Desequilibrio s/PIB

0,899

0,696

0,632

-22,55%

-29,74%

DEUDA Implícita Neta (1) Deuda Implícita Neta s/PIB

Coste por pensión unitaria (CPU) TIR

1,540

1,409

1,37

-8,47%

-11,29%

4,364%

4,060%

3,956%

-6,95%

-9,34%

Fuente: Elaboración propia. (1) En millones de euros.

actuarios

INDICADOR

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OTOÑO 2011

La pensión contributiva de jubilación como instrumento público de protección M. BEGOÑA GOSÁLBEZ RAULL Y DANIEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ Actuarios de Seguros 1. LA PROTECCIÓN PÚBLICA DE LAS CONTINGENCIAS ASOCIADAS A LA VEJEZ

spaña cuenta con un sistema público de protección frente a las contingencias asociadas a la vejez cuyo principal exponente es la pensión contributiva de jubilación de la Seguridad Social (en adelante PJC). A pesar de la existencia de diversos productos en el mercado español de seguros y planes de pensiones que también contribuyen a la cobertura de tales riesgos, en nuestro país la PJC se conﬁgura, por el número de individuos de la población cubierta, como la fuente de ingresos más universal una vez que se produce el cese en la actividad laboral motivado por la edad del trabajador. La pensión no contributiva de jubilación, otra de las alternativas de cobertura pública frente a las contingencias asociadas a la vejez, se destina a aquellas personas que, habiendo alcanzado la edad correspondiente y cumpliendo otros requisitos legales, carezcan de rentas suﬁcientes, entre otras razones por no haber realizado un número determinado de aportaciones a la Seguridad Social durante su etapa laboral. Así, esta pensión garantiza un mínimo de subsistencia a los individuos, tiene carácter asistencial y asume íntegramente el concepto de solidaridad.

actuarios

La pensión contributiva de jubilación se conﬁgura como la fuente de ingresos más universal, una vez que se produce el cese en la actividad laboral motivado por la edad del trabajador

Por su parte, la PJC se incardina en un modelo que requiere una correspondencia entre los ingresos realizados al sistema y las prestaciones percibidas del mismo, por lo que prioriza cierta equidad contributiva sobre la estricta solidaridad, aunque ésta no desaparece. El sistema ﬁnanciero-actuarial en el que se basa la Seguridad Social es el reparto simple anual, mediante el cual, en

cada ejercicio, las cargas o prestaciones de los pasivos (beneficiarios) son principalmente soportadas por las cotizaciones de los legalmente obligados a ello (trabajadores y empleadores), sin perjuicio de otros gastos e ingresos de menor relevancia. En este modelo, sensible a la evolución demográfica y socioeconómica de los colectivos de cotizantes y beneficiarios y en el que la afiliación es obligatoria, existe una solidaridad entre generaciones dado que los activos financian a los pasivos durante el ejercicio económico, no se consolidan reservas para hacer frente a posibles desviaciones y los cotizantes no tienen garantizados derechos económicos a cargo del sistema de financiación. La PJC trataría de cubrir la presunta situación de necesidad derivada de alcanzar una edad legal en la que se produciría una salida del mercado laboral y en la que el individuo sufriría generalmente la pérdida de su principal fuente de ingresos. Sin embargo, es esta una necesidad aparente puesto que, al importar en la determinación de su cuantía los ingresos realizados previamente a la Seguridad Social, nada impide la concesión de pensiones a quienes dispongan de otras rentas, primando el criterio contributivo sobre el asistencial. Formalmente, junto a la ordinaria, el sistema contempla otras modalidades de jubilación tales como la jubilación anticipada, la jubilación parcial y la jubilación flexible. La primera ha sido utilizada como un instrumento para ayudar a regular el mercado de trabajo con el objetivo de impedir que los trabajadores de mayor edad expulsados del mismo se encuentren sin protección, pero también como argumento desincentivador de conflictos sociales; la segunda y la tercera han buscado el alargamiento voluntario del momento de percepción de la pensión completa, con resultados discretos en la práctica.

2. LA PENSIÓN EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

1 de agosto de 2011, prácticamente el 60% del total de pensiones en vigor del sistema eran PJC; la evolución de su número y su cuantía media se pueden apreciar en el gráﬁco de la página siguiente.

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realizado los ingresos a la Seguridad Social durante un período de tiempo n determinado por el legislador.

Según las estimaciones presupuestarias de la Seguridad Social para 2011, la PJC supondría un montante de 66.905 millones de euros, aproximadamente el 67,52% de los gastos en pensiones contributivas del sistema y el 53,78% del total de gastos presupuestados, siendo una herramienta favorecedora de la inclusión social de un segmento poblacional que a la vez facilita trasferencias monetarias entre distintos sectores económicos.

En el numerador se tienen en cuenta múltiplos de doce –cotizaciones por año–, con bases de cotización diferenciadas según se actualicen o no por el Índice de Precios al Consumo, mientras que en el denominador se incluye un múltiplo de catorce –las pensiones por contingencias no profesionales generan catorce pagas al año–.

La cuantía se determina multiplicando un porcentaje α por la denominada Base reguladora Br. El valor del primero depende del tiempo cotizado por los legalmente obligados a ello, mientras que la base reguladora es un promedio de las bases de cotización Bc por las que se han

Siempre dentro del Régimen General, si se comparan en el mismo instante las aportaciones por contingencias comunes a realizar al sistema directamente por un trabajador durante su vida laboral, el 4,70% de su base de cotización mensual, frente a la prestación de jubilación que espera recibir, el resultado es un sistema de jubilación generoso puesto que cada jubilado habría aportado menos del 15% de su pensión esperada, todo ello sin contar un hipotético gasto adicional derivado de otras prestaciones. Con el total de cotización mensual por contingencias no profesionales, el 28,30% de Bc, las distancias entre ingresos teóricos y gastos esperados se reducen, pero para buena parte de los casos la conclusión es similar: se aporta menos de lo que se espera recibir una vez jubilado. Intuitivamente, haciendo abstracción de revalorizaciones y con valores de 2011, piénsese que por trabajador se tendrían

3. CARACTERÍSTICAS DE LA PENSIÓN a cuantía C de la PJC no depende de la situación económica del beneficiario en el momento de su jubilación, sino de los ingresos que éste haya realizado a lo largo de su vida laboral y del tiempo durante el que los haya realizado, aunque con ciertas restricciones al existir límites máximos anuales en su importe (véase cuadro resumen) y complementos a mínimos para aquellas pensiones contributivas que no alcancen los montantes que el sistema garantiza, mientras que no todos los ingresos realizados tienen incidencia en la cuantía inicial, sólo una parte de los mismos. Así, el importe de la pensión no tiene por qué ser fiel reflejo de la carrera de cotización realizada.

GRÁFICO. Evolución del número de pensiones contributivas de jubilación e importe medio. 6.250.000

1.000 900 800

3.750.000

600 500

2.500.000

400

Euros / mes

700

300 1.250.000

200

Nº

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Pensión media

Fuente: Elaboración propia con datos de la Seguridad Social. 2010-2011 Estimaciones presupuestarias.

actuarios

100 1994

Número de pensiones

5.000.000

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directamente a su cargo doce ingresos por contingencias comunes y año de trabajo (con un límite de 47 años para un caso ordinario) por una cuantía máxima de 151,81€ mensuales y 914,12€ mensuales si incorporamos la cotización del empleador; por otra parte, una pensión mensual máxima de 2.497,91€ en catorce pagas durante un promedio de 20,17 años, esperanza de vida a los 65 años en 2009 según el INE. Frente a este desequilibrio individual, la Seguridad Social puede hacer frente a sus compromisos dentro de un régimen de financiación basado en el reparto simple anual porque, a grandes rasgos, hay un mayor número de cotizantes que de pensionistas. Sin embargo, el modelo vigente no está exento de incertidumbre: cada vez vivimos más (mayor coste esperado de pensión por persona), el número de personas que recibe una PJC aumenta (incremento global de coste) y las nuevas pensiones tienen un mayor importe medio que las que se extinguen (1.110,04€/mes frente a 808,69€/mes en 2009). Si, además, los ingresos se resienten, entre otros aspectos por el deterioro del mercado de trabajo, la Seguridad Social requiere modificaciones estructurales para mantener un sistema solidario que pretenda ser solvente. Tales reformas pueden orientarse hacia la corriente de aportaciones y/o hacia la de prestaciones. Respecto a las aportaciones, teniendo en cuenta la relación entre seguridad social y mercado de trabajo, siempre es necesario contar con una fuerza laboral que cotice de forma suficiente para sostener el gasto en la materia. En este sentido, habitualmente se defiende la mejora de la productividad y del empleo. Ahora bien, estas acciones son siempre necesarias pero pueden no ser suficientes, especialmente cuando no existe una fórmula segura para lograr el pleno empleo de forma sostenida. Adicionalmente, puesto que los cotizantes de hoy son los pensionistas del mañana, las alternativas que únicamente se centran en incorporar cotizantes al sistema resuelven el

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problema en términos presupuestarios del momento actual, pero no lo eliminan, sino que lo trasladan al futuro. Por ello, la reforma de la PJC se ha planteado directamente sobre las prestaciones mediante la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que promueve, desde el 1 de enero de 2013 y con plenos efectos en 2027, cambios en la edad general de jubilación, en el período de cálculo de la base reguladora, en la jubilación anticipada y en el número de años cotizados necesarios para alcanzar el 100% de la pensión. En general, incorporar más años a la base reguladora incide en una menor cuantía de la pensión pues las bases de cotización más lejanas en el tiempo tienden a ser menores. Sin embargo, hay un perfil de población, expulsado del mercado laboral a edades avanzadas o con lagunas de cotización en este período, que podría verse beneficiado por esta dinámica. Asimismo, con esta medida la cotización “vale” menos puesto que el importe de una PJC se acerca más al de una pensión no contributiva. De esta manera se acomete una reforma que incide directamente en una de las fuentes de incertidumbre: el gasto en pensiones, aunque no sea del agrado de los trabajadores, a quienes se les solicita un mayor esfuerzo para el acceso a una pensión plena. Otras alternativas de modificación dependen de variables externas (mercado de trabajo y política gubernamental, situación económica, etc.), pero la opción aplicada tiene efectos ciertos y concretos sin dependencia de tales factores, efectos que previsiblemente no derivarán en más ingresos para la Seguridad Social aunque sí en menores costes. Esta opción no tiene por qué gustarnos –los ciudadanos lícitamente queremos las mayores prestaciones con el menor esfuerzo contributivo por nuestra parte– ni tiene por qué ser suficiente, aunque sea necesaria desde el mismo momento en el que la financiación del sistema no es ilimitada.

actuarios

CUADRO. Resumen Pensión Jubilación.

2011

Pagas

Pensión máxima

Pensión no contributiva

4.888,40 € /año

Pensión contributiva

34.970,74 € / año

Cálculo de la pensión Caso general

Años

Nº y pensión media Agosto de 2011 263.860 331,09 € / mes 5.257.989 917,53 € / mes

Actual

El importe disminuye si más de un miembro de la familia tiene derecho Las pensiones mínimas garantizadas van desde 7.441 € a 10.388 e anuales según edad y situación familiar Reforma

% Pensión

Años

Cotización para acceso

Plazo (n) en cálculo de Br

Edad jubilación

67 ó 65 si cotizó 38, 5 años

Cotización mínima

Cotización máxima Δ cuantía por cotización en período > 15 años

Observaciones

50%

35 100% 3% anual - anual 15 a 25 2% anual - reso

% Pensión

50%

37 100% 0,19% por mes (2,28% año) hasta el mes 248 (20,67 años) 0,18% por mes el resto (1 año y 4 meses) Fuente: Elaboración propia.

TEMA DE PORTADA

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¿En qué consisten las proyecciones de población?

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OTOÑO 2011

El pasado 31 de octubre una noticia destacó por encima de todas: según Naciones Unidas la población mundial alcanzó ese día la cifra de 7.000 millones. Han sido necesarios poco más de 12 años para que creciera en 1.000 millones y se espera que llegue a 8.000 millones dentro de unos 14 años, sobre 2025. Esos datos, a los que con seguridad el lector atribuye un punto de incertidumbre, se construyen a partir de las proyecciones de población que elabora Naciones Unidas.

ANTONIO ARGÜESO Subdirector General de Estadísticas Sociodemográﬁcas. INE

o solo Naciones Unidas realiza este tipo de estimaciones. La mayor parte de los países, y desde luego todos los desarrollados, construyen sus propias proyecciones de población, usando para ello una base metodológica parecida. Antiguamente la proyección de población se realizaba ajustando la cifra poblacional a una determinada curva, normalmente la llamada curva logística. Se partía de la hipótesis de considerar que la población crecía de la misma forma que lo hace una curva dada y el problema consistía en determinar los parámetros del ajuste. Esta forma de calcular la evolución futura de la población está completamente en desuso. En la actualidad se procede de una forma mucho mas compleja, mediante el llamado método de los componentes, usando mucha mas información que un simple ajuste a una curva.

Pf = Pi + (N – D) + (I – E) Donde Pf es la población al ﬁnal del año, Pi es la población al inicio y N, D, I, E son el número de nacidos, fallecidos, inmigrantes y emigrantes, respectivamente, durante el año considerado. Dicho de otra forma, el crecimiento poblacional se compone de dos factores: (N-D) que es el crecimiento vegetativo y el saldo migratorio (I-E). Esa misma fórmula se puede obtener para cada grupo de edad que se considere y por sexos, si las estadísticas con las que contamos nos ofrecen ese nivel de detalle. Esto permite, no solo estimar la población futura en su conjunto sino también conocer la composición por edades, lo que se conoce como pirámide de población.

PROYECCIONES Y PREDICCIONES

i establecemos hipótesis sobre la evolución futura de cada una de estas componentes podemos realizar distintos tipos de simulaciones o predicciones sobre la evolución de la población. Por ejemplo, podemos pensar que una determinada política de apoyo a la natalidad va a dar sus frutos y como consecuencia podemos estimar que los nacimientos van a crecer con un determinado patrón, o podemos plantear escenarios sobre los ﬂujos migratorios, que siempre van muy ligados a la actividad económica (de nuestro país y también del entorno) y así analizar las consecuencias que tendrían en la población. Las instituciones oﬁciales de estadística realizan proyecciones de población, no predicciones. Predecir la evolución de la población implica introducir hipótesis sobre qué evolución se espera que sigan los parámetros que

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En esencia, el método consiste en ir estimando sucesivamente, año a año, el número de efectivos que tendrá la población, aplicando hipótesis sobre cada uno de los cuatro componentes que la hacen cambiar: nacimientos, defunciones, inmigración y emigración. Así, la población en un determinado territorio, pongamos un país, crece con los nacimientos y con la llegada de inmigrantes y decrece con la salida de emigrantes y con las defunciones. Al ﬁnal de un año podemos decir que toda población cumple una ecuación de compensación de efectivos:

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Predecir la evolución de la población implica introducir hipótesis sobre qué evolución se espera que sigan los parámetros que influyen en la población influyen en la población. Predecir es, en cierto modo, jugar a acertar con lo que nos va a traer el futuro. En ese sentido es importante recalcar que una proyección no es una predicción en tanto que no tiene como objetivo “acertar” sino sólo apuntar hacia donde se dirige la población si se mantienen las condiciones actuales. Por tanto los elementos necesarios para proyectar son precisamente los parámetros que rigen la evolución actual de la población ¿Cuáles son, por tanto, esos elementos que intervienen en la elaboración de una proyección? En realidad hay que decir que la frontera entre proyección y predicción no es tan nítida y por ello no hay dos proyecciones iguales. Una institución como Eurostat, la oficina de Estadística de la Unión Europea, realiza sus proyecciones incorporando hipótesis sobre el futuro cómo, por ejemplo, que el nivel de vida de los países tiende a igualarse de forma que los saldos migratorios entre los países de la UE en un horizonte temporal larguísimo (de más de 100 años) terminarían siendo nulos. En concreto, en el caso de las proyecciones que realiza el INE, las hipótesis sobre la evolución de los componentes se describen a continuación: • Fecundidad. Se considera que en el futuro la fecundidad va a evolucionar como lo viene haciendo hasta hoy. La hipótesis no es que se va a mantener constanGRÁFICO 1. Evolución proyectada de la fecundidad 2011-2020. 1,52 1,50 1,48 1,46

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te el número de nacimientos sino que la propensión de las madres a tener hijos va a seguir creciendo al mismo ritmo al que lo viene haciendo hoy. El indicador usado es el Índice Coyuntural de Fecundidad, una aproximación al número de hijos por mujer. • Mortalidad: de manera análoga, la hipótesis usada sobre la mortalidad es que el alargamiento de la vida que se viene observando hasta hoy va a seguir al mismo ritmo en los próximos años. • Migración exterior: Las hipótesis que se siguen sobre la inmigración es que el flujo de entrada se va a mantener constante en el mismo valor observado durante el último año, que actualmente se sitúa en 450.000 entradas desde el extranjero al año. Respecto de la emigración, la hipótesis consiste en considerar que la tendencia a emigrar se va a mantener constante. Eso no significa que el número de emigrantes se va a mantener constante sino que lo que es constante es su propensión a emigrar. En un caso simplificado, si solo emigraran los extranjeros y hubiera 5 millones y la hipótesis fuera que emigra cada año un 10% (supongamos también que no hay inmigración) al final del año se habrían ido 500.000 personas y quedarían por tanto 4.500.000 extranjeros (“candidatos a emigrar”). Al final del segundo año se habrían ido otros 450.000, el 10% de los que quedaban, con lo que el ritmo emigratorio en cifras absolutas iría descendiendo. Por último, hay siquiera que mencionar la migración interior. Las proyecciones del INE a corto plazo se realizan para el territorio nacional en su conjunto pero también para CCAA y provincias. Así, es necesario establecer hipótesis sobre la migración interior que complican notablemente el cálculo. Las proyecciones a largo plazo (por encima de 20 años) se enfrentan además al problema de introducir una doble incertidumbre: la de estimar del número de madres que tendremos dentro de, pongamos, 30 años, muchas de las cuales aún no han nacido, y la del número de hijos que éstas van a tener. De ahí que las estimaciones a corto plazo, por ejemplo a 10 años sean mucho más fidedignas en cuanto a la evolución de la componente vegetativa.

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Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

¿Cómo de acertadas resultan, en general, las proyecciones? ¿Cuánto se parecen a la realidad? Si comparamos las proyecciones realizadas en la segunda mitad de los años 90 y lo que realmente ocurrió durante la década pasada nos encontramos con diferentas enormes. Quizá baste con señalar que las proyecciones apuntaban a que la población española se mantendría casi estable durante toda la década 2001-2010 y que nunca llegaría a los 38 millones y ahora estamos en más de 46 millones.

Pero aun siendo así las proyecciones nos ofrecen una información muy útil sobre la evolución de la población, seguramente tanto mejor cuanto menor sea el elemento migratorio, pero en todo caso, de mucha riqueza para analizar aspectos tan importantes como la sostenibilidad de un sistema de pensiones, por ejemplo. En línea con esto, merece especial atención el análisis de la situación de la fecundidad en España, ya apuntado más arriba. GRÁFICO 2. Nacimientos proyectados 2011-2020. 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000

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Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Si comparamos la tendencia en el número de nacimientos con el indicador coyuntural de fecundidad observamos que siguen caminos completamente dispares ¿Cómo se explica? La fecundidad, entendida ésta como la propensión de las mujeres a tener hijos, no solo no ha disminuido sino que está creciendo y se espera que lo siga haciendo ligeramente. Y sin embargo caerá el número de nacimientos porque cada vez habrá menos mujeres en edad de tener hijos. Las mujeres entre 20 y 40 años aportan el 95% de nacimientos y ese colectivo pasaría de algo más de 7 millones en la actualidad a menos de 5,5 millones en 2021, es decir, se reduciría en más de un 23%. El causante de nuestra disminución de nacimientos hoy no es un problema de hoy ¡sino de hace 30 años! Nacieron tan pocos niños en la década de los 80 que ahora las generaciones de madres que llegan a las edades de tener hijos son cada vez menos numerosas: el número total de niños nacidos cae. Este fenómeno ilustra perfectamente la utilidad de las proyecciones, porque pone de manifiesto la inercia de la evolución demográfica. Una baja natalidad en los años 80 tiene enormes consecuencias en la población 30 años después. En definitiva, si bien una proyección no está diseñada para acertar sobre la evolución de la población, eso no descarta su utilidad para entender la dinámica demográfica a largo plazo: la pirámide de población de hoy y su comportamiento en cuanto a la fecundidad o a la migración condiciona mucho la composición y la evolución de la población de mañana. Si entendemos las proyecciones de población como lo que son, y no como predicciones, debemos concluir que son una operación estadística de gran utilidad para el análisis social y demográfico.

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Obviamente el mayor grado de incertidumbre lo ponen los movimientos migratorios: son las migraciones las que, con su evolución menos predecible determinan el grueso del cambio poblacional y limitan todo modelo proyectivo.

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Riesgos psicológicos asociados al envejecimiento y factores de protección CRISTINA SAAVEDRA CES Colegio Universitario Cardenal Cisneros

Desde el punto de vista psicológico, la vejez constituye una etapa vital que se caracteriza por una gran variabilidad. Para comprender los elementos característicos de esta etapa es conveniente adoptar un enfoque bio-psico-social, que atienda a la interacción de los factores biológicos, psicológicos y sociales durante el proceso de envejecimiento. Teniendo en cuenta dicha interacción se revisan la demencia y la depresión como los principales riesgos psicológicos asociados a la vejez y los factores de protección frente a los mismos.

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iertas circunstancias biológicas, psicológicas y sociales deﬁnen las etapas del desarrollo que experimentamos las personas a lo largo de nuestro ciclo vital y que denominamos infancia, adolescencia, edad adulta y vejez. Centrándonos en esta última etapa de la vida, una de las principales características del envejecimiento es la gran variabilidad interindividual con la que se desarrolla este proceso y, por lo tanto, las grandes diferencias que podemos encontrar en esta etapa entre personas de la misma edad. Se ha dicho que la vejez se inicia cuando dejamos de contar el tiempo que hemos vivido y entramos a calcular cuánto viviremos aún.

En el plano biológico, el envejecimiento constituye un proceso continuo, universal e irreversible que determina una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación. Las principales teorías biológicas que tratan de explicar por qué envejecemos podrían clasificarse en dos grandes grupos. Un grupo de teorías propone que el envejecimiento se debe a la acumulación de errores o deterioros en las células de nuestro organismo que hacen que éstas se vayan quedando sin reservas y no puedan cumplir eficazmente sus funciones. Otro grupo de teorías propone que el envejecimiento es un proceso activo programado genéticamente mediante el cual se limita el número de veces que las células pueden dividirse y, por lo tanto, el tiempo que pueden cumplir sus funciones. Aunque los factores ambientales tienen cierta influencia en los procesos propuestos por ambos grupos de teorías, hasta la fecha el deterioro biológico progresivo que caracteriza al envejecimiento no ha podido ser modificado por factores ambientales. Esto se manifiesta claramente al contrastar el aumento progresivo de la esperanza de vida en las sociedades desarrolladas con la estabilidad de la duración máxima de la vida de los seres humanos, que se mantiene constante en torno a los 120 años. Estos cambios celulares también están relacionados con una disminución significativa de la capacidad física en las personas mayores. En el plano psicológico, el envejecimiento se caracteriza por un incremento en la variabilidad interindividual de las capacidades mentales, y se sabe que la educación, el nivel de actividad y los factores genéticos, entre otros, son variables que influyen sobre las distintas capacidades mentales a lo largo de la vida y determinan su estado en la vejez. A pesar de esta variabilidad, el deterioro de las células que componen el sistema nervioso está relacionado con que en el envejecimiento se produzca cierto

Estos cambios celulares también están relacionados con una disminución signiﬁcativa de la capacidad física en las personas mayores

TEMA DE PORTADA grado de declive natural de la memoria y de la velocidad de procesamiento de la información. Como los cambios en la memoria suelen ser el síntoma de inicio de distintos procesos de demencia, estos cambios asociados al envejecimiento pueden ser una fuente de preocupación. En este sentido, cabe destacar que en el proceso de envejecimiento es habitual tener diﬁcultades para recordar episodios de la propia experiencia vivida o datos concretos que, en general, son relativamente poco importantes para el individuo. En la alteración de la memoria que se produce en las demencias los olvidos afectan tanto a la información importante como a la irrelevante. En el plano social, el envejecimiento suele venir acompañado de ciertos cambios que pueden tener una incidencia importante en el estado emocional. El adulto que envejece se ve forzado a encarar la incertidumbre profesional y social, la variabilidad o desaparición de los afectos y la fragilidad de las relaciones con sus semejantes. En la vejez se pierde el trabajo, la posición económica y mueren amigos y familiares. Estas pérdidas son una fuente de estrés, que es más dañino en el contexto de la pérdida de la capacidad de adaptación descrita anteriormente. En los individuos mayores sanos muchas funciones ﬁsiológicas y psicológicas se mantienen normales en un estado basal o de reposo. Pero al ser sometidos a situaciones estresantes, que requieren una movilización elevada de los recursos del organismo, se revela la pérdida de reserva funcional relacionada con el progresivo deterioro celular.

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El riesgo de sufrir demencia se asocia tanto a factores genéticos como ambientales, pero los factores genéticos no son modificables en estos momentos afectar al funcionamiento social y profesional. La enfermedad de Alzheimer es el tipo más común de demencia, seguido de la demencia vascular mixta (vascular y enfermedad de Alzheimer) y la demencia vascular. La patología orgánica específica de la demencia, que se suma a los deterioros asociados a la edad descritos anteriormente, se desarrolla de forma insidiosa durante bastantes años antes de que sean evidentes los primeros síntomas en la conducta. El riesgo de sufrir demencia se asocia tanto a factores genéticos como ambientales, pero los factores genéticos no son modificables en estos momentos. Los factores ambientales pueden modificar el riesgo de sufrir demencia influyendo en el momento de la expresión clínica de los síntomas. Es decir, aunque no influyan sobre la presencia o ausencia global de patología cere-

En el contexto de estos cambios asociados al proceso de envejecimiento normal, hay dos condiciones patológicas que tienen una mayor frecuencia en la vejez respecto de otras etapas de la vida: la demencia y la depresión. Las causas de esta situación radican, por una parte, en el propio deterioro orgánico del cerebro, pero, en muchas ocasiones, las alteraciones psíquicas, y especialmente las depresiones, se asocian al estrés que experimenta este grupo de población, tanto desde el punto de vista económico, como social y psicológico.

Los factores ambientales pueden modiﬁcar el riesgo de sufrir demencia inﬂuyendo en el momento de la expresión clínica de los síntomas

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La demencia se deﬁne actualmente como un trastorno caracterizado por un deterioro de las capacidades mentales adquirido y de suﬁciente gravedad como para

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bral, sí pueden contribuir a retrasar la manifestación conductual de dicha patología. Para explicar esta acción suele utilizarse una analogía que consiste en comparar el cerebro con un músculo. Cuanto más desarrollado esté un músculo, mejor podrá soportar las condiciones adversas. En el contexto del cerebro, para referirse a este “desarrollo” se utilizan los términos de “reserva cerebral” o “reserva cognitiva”.

de la demencia y la depresión en la vejez supone un importante problema de salud comunitaria, cada vez más apremiante si consideramos que los estudios demográﬁcos señalan un progresivo envejecimiento de la población, especialmente en los países desarrollados. Por lo tanto es prioritario identiﬁcar los factores ambientales

La depresión es una alteración afectiva que se caracteriza por pesimismo, sensación de amargura, desesperanza, sufrimiento para vivir, incapacidad de realizar las tareas habituales, trastornos del sueño, cansancio precoz, añoranza, ﬁjación por ideas, empeoramiento matutino, tendencia al llanto, sensación de enlentecimiento del tiempo y pérdida de la planiﬁcación futura. Cabe destacar que en las personas mayores la demencia y la depresión presentan una fuerte asociación. Por un lado, la depresión suele acompañarse de una disfunción de ciertas capacidades mentales y conlleva un mayor riesgo de desarrollar un proceso de demencia. Por otro lado, las personas mayores que muestran síntomas iniciales de demencia presentan una mayor frecuencia de depresión que el resto de personas mayores. La alta frecuencia

Cabe destacar que en las personas mayores la demencia y la depresión presentan una fuerte asociación. Por un lado, la depresión suele acompañarse de una disfunción de ciertas capacidades mentales y conlleva un mayor riesgo de desarrollar un proceso de demencia

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Los estudios realizados hasta la fecha sobre los factores implicados en el mantenimiento de la salud mental en la vejez parecen indicar la existencia de conductas modificables en las etapas medias de la vida que pueden contribuir a la “reserva cerebral” o “reserva cognitiva”. Hay pocos datos definitivos de que el riesgo de sufrir demencia se pueda modificar mediante cambios de comportamiento en las edades medias; sin embargo, como se describe a continuación, tratar las enfermedades cardiovasculares, seguir una dieta sana y mantenerse física y mentalmente activo son factores que ofrecen cierta protección. Todas las actuaciones que mejoren las funciones cardiovasculares tendrán una repercusión muy favorable sobre la función cerebral y cognitiva. Así, el control de los niveles de lípidos sanguíneos, de la hipertensión, del tabaquismo, del sobrepeso y de la obesidad son factores promotores de salud cognitiva. La nutrición también es un elemento fundamental en el envejecimiento saludable del cerebro. Se ha demostrado que la ingesta adecuada de vitaminas E, C, B6, B12, folatos, pescado y grasas no saturadas (aceite de oliva) se relaciona con una menor incidencia de deterioro mental y demencia. Este tipo de alimentación se encuentra en la denominada ‘dieta mediterránea’, que incluye además cereales, legumbres, frutas, poco consumo de carne roja y una ingesta de alcohol, en forma de vino tinto, muy moderada y que epidemiológicamente origina efectos saludables en el sistema cardiovascular. El ejercicio físico adecuado a las aptitudes de cada persona es una de las intervenciones que han demostrado un mayor efecto beneficioso sobre el estado de salud del anciano. La actividad física puede beneficiar a la salud mental mediante los beneficios observados en el sistema cardiovascular y contribuye a la “reserva cerebral” o “reserva cognitiva” favoreciendo el desarrollo y el crecimiento de las funciones cerebrales. La actividad intelectual es otra de las intervenciones que ayudan a mantener la función cerebral en unos niveles apropiados. Se ha demostrado que las personas que realizan tareas mentalmente estimulantes (talleres de memoria, crucigramas, sopas de letras, juegos de mesa, etc.) crean una “reserva cogniti-

El ejercicio físico adecuado a las aptitudes de cada persona es una de las intervenciones que han demostrado un mayor efecto beneﬁcioso sobre el estado de salud del anciano

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Todas las actuaciones que mejoren las funciones cardiovasculares tendrán una repercusión muy favorable sobre la función cerebral y cognitiva va” que posteriormente les ayuda a paliar los efectos del envejecimiento sobre las capacidades mentales. En este sentido, también es fundamental que la persona mayor tenga la oportunidad de tomar decisiones y de participar en su entorno. Como en el caso del ejercicio físico, cuanto más temprano es el inicio de estas actividades intelectuales, más importantes son los efectos positivos de estos procedimientos. Para concluir, es preciso señalar que todavía quedan muchas preguntas sin respuesta en torno al proceso de envejecimiento. Si bien es cierto que es un proceso universal, no ocurre de manera uniforme en los diferentes individuos, ni tampoco en los distintos órganos de una misma persona. En este contexto, probablemente, cada vez se dará más importancia a la edad funcional del individuo, que va a indicar su capacidad de valerse por sí mismo para las actividades de la vida diaria, y no a su edad cronológica. Por ello, cabe destacar que algunas consecuencias negativas del proceso de envejecimiento pueden retrasarse, compensarse e incluso prevenirse fundamentalmente durante las etapas precedentes de la vida. Así es crucial educar en estos aspectos a los jóvenes y adultos de hoy.

■ CRESPO CRESPO-SANTIAGO, SANTIAGO D D. Y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ-VIADERO, Á VIAD C. (2011). Bases biomoleculares del envejecimiento neurocognitivo, Psicogeriatría, 3 (1), 9-17. ■ HUGHES, T. Y GANGULI, M. (2010). Factores de riesgo de demencia en la vejez modiﬁcables en las etapas medias de la vida. Revista de Neurología, 51, 259-262. ■ JIMÉNEZ-HERNÁNDEZ, Y., PINTADO-MACHADO, Y., RODRÍGUEZ-MÁRQUEZ, A., GUZMÁN-BECERRA, L. Y CLAVIJO-LLERENA, M. (2010). Envejecimiento poblacional: tendencias actuales. Psicogeriatría, 2 (4), 239-242.

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modiﬁcables que permiten reducir el riesgo de padecer estas alteraciones y que contribuyen a un envejecimiento saludable.

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Los temas de la Sociología de la Vejez LOURDES PÉREZ ORTIZ Universidad Autónoma de Madrid

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a vejez y el envejecimiento son fenómenos relativamente nuevos en la Historia de la Humanidad. De hecho, para la mayor parte de los habitantes del mundo todavía no son problemas evidentes y por este motivo todavía el envejecimiento de la población tiene la consideración de problema de países ricos. Sin embargo, en poco tiempo la realidad será bien distinta y las personas mayores se harán plenamente visibles en todos los países. En los países occidentales, la vejez se ha convertido en una etapa normal de la vida que todos los miembros de las sociedades modernas esperamos alcanzar y que, casi con toda seguridad, alcanzaremos. Además, en estos comienzos del siglo XXI la vejez está cambiando de manera notable: por un lado, los primeros años se han convertido en una prolongación de la mediana edad; la mayoría de estos jóvenes viejos gozan de un estado de salud más que aceptable, lo que unido a otro conjunto de factores les permite desplegar actividades y estilos de vida que no solían ser propios de su edad hace unas décadas. Por otra parte, el aumento de la esperanza de vida da como resultado la emergencia de una última fase en el ciclo vital, caracterizada fundamentalmente por la debilidad física y sus consecuencias. Ésta, que podría considerarse la genuina vejez aparece cada vez a edades más avanzadas, pero afecta a más personas y, probablemente durante más tiempo. Una y otra etapa de la vida, tercera y cuarta edad, suscitan interés no solo por cuestiones de número, es decir, por el hecho de que los grupos de edades correspondientes son ya muy abundantes y van a serlo más en el futuro inmediato. Unos y otros están relacionados con temas centrales de interés en la observación de la realidad social. Primero, con todo lo relacionado con el ﬁn de la existencia, con la relación entre salud y esperanza de vida, pero también con las posibilidades futuras del estado de bienestar, con la evolución de las relaciones familiares o con la discusión sobre el cambio cultural y la renovación de las generaciones, por citar solo algunos.

Se puede decir que la tarea de la sociología de la vejez es triple: en primer lugar, debe ocuparse de conocer

La vejez y el envejecimiento son fenómenos relativamente nuevos en la Historia de la Humanidad

la realidad de quienes son mayores en cada momento del tiempo; en segundo lugar debe describir y explicar los cambios que experimentamos al envejecer y, por fin, la tercera tarea consiste en describir y explicar los efectos macrosociales del envejecimiento de la población. Se trata entonces de describir y explicar la experiencia de envejecer en las distintas sociedades, de ver en qué medida esa experiencia consiste en comportamientos y actitudes específicas (distintas de las de otros grupos etarios); en una segunda fase comprobar en qué medida esos comportamientos diferenciados se deben al envejecimiento en sí, es decir, al hecho de cumplir años y, en un tercer momento comprobar si la abundancia de estas personas que se comportan de forma diferenciada puede cambiar el funcionamiento de las sociedades al completo o de si, en general para las personas de todas las edades, la propia expectativa de envejecer induce a comportamientos, actitudes y valores diferentes a los que se mantenían antes. Para desempeñar estas tareas, la Sociología de la Vejez recorre distintas áreas temáticas; la más elemental es la descripción de las características demográficas de los mayores, revelando los desequilibrios por sexo y la cada vez más nutrida presencia de los más veteranos, lo que se ha denominado el envejecimiento del envejecimiento. En el ámbito más básico se encuentra también la descripción del estado de salud y, lo que es más importante desde el punto de vista sociológico, la forma de entender la salud que tienen los mayores y, en general, las personas de todas las edades en estas sociedades envejecidas. La pregunta fundamental es si la visibilidad de

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Aunque muchas de estas características tienen consecuencias económicas, la economía de los mayores suele centrarse en sus condiciones materiales de vida, en su relación con el trabajo y la jubilación y con las consecuencias económicas de la protección social de la que son objeto. Al analizar las condiciones materiales en las que se desarrolla la experiencia de envejecer se suelen estudiar las fuentes de ingresos y la importancia que tienen las pensiones entre ellas. También se analizan otros activos que pueden producir ingresos adicionales, evitar gastos o proporcionar seguridad económica. Entre ellos destaca la vivienda que no es sólo un activo, sino el marco material de la experiencia de envejecer; sobre todo a medida que pasan los años y el espacio vital de las personas se reduce cada vez más al hogar. Pero las viviendas forman también una parte sustancial de la cartera de inversiones con las que las personas preparan o afrontan la vejez, no sabemos la huella que la crisis económica ha dejado en estos patrimonios. En cualquier caso, los análisis tendrán que situarse en el marco de la planificación financiera de la jubilación, que cada vez suscita un mayor interés en por parte de economistas y sociólogos. En ámbitos más puramente sociológicos, interesa el análisis de las relaciones personales de los mayores. Cómo cambian las familias en sus aspectos estructurales, relacionales y funcionales con el envejecimiento de la población. Los aspectos estructurales consisten en que las familias se alargan (por la coexistencia de tres o cuatro generaciones) y se estrechan (por la caída de la fecundidad). Que se alarguen las familias significa que

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ocupan cada vez una menor porción de su ciclo vital en las funciones de crianza. En cuanto a los aspectos relacionales, el estrechamiento de las generaciones junto con la inestabilidad de las parejas reduce las posibilidades de las relaciones horizontales (dentro de la misma generación) a favor de las verticales o intergeneracionales. Por ﬁn, en aspectos funcionales, el envejecimiento de la población pone de maniﬁesto que las familias siguen conservando funciones que también tienen valor económico como los cuidados y el intercambio de servicios de todo tipo en los que las personas mayores no sólo reciben, sino que participan activamente; en los últimos tiempos, por ejemplo, hablamos cada vez más de la aportación de los abuelos al cuidado de sus nietos. No obstante, las relaciones personales de los mayores no se agotan en las familias, las amistades y los grupos de pares también pueden ser importantes, procurando sociabilidad, pero cuidados, apoyo y socialización en los nuevos roles que debe afrontar una persona mayor.

Interesa el análisis de las relaciones personales de los mayores. Cómo cambian las familias en sus aspectos estructurales, relacionales y funcionales En el ámbito de las actitudes y los valores, el asunto que ha llamado más la atención por el momento es la relación del envejecimiento con la política. Por una parte, los mayores son objeto de protección social y como tales sujetos políticos de primer orden. Por otro lado, las personas mayores tienen cada vez mayor peso en los censos electorales. Suponer que los mayores votan motivados por intereses especíﬁcos y comunes (la defensa de las pensiones o de la atención sanitaria, por ejemplo), enfrentados a los de otros grupos de edades (viviendas, educación o empleo), podría conducirnos a la perspectiva de una guerra de edades en la arena política, sin embargo, hasta el momento nada de esto se ha demostrado. Pero el envejecimiento pone en primera línea de atención la relación de la edad con el cambio sociocultural. Hasta el momento hemos supuesto que ese cambio se produce por renovación generacional, que a medida que cumplimos años somos cada vez menos capaces de aprender cosas nuevas. Sin embargo, tenemos cierta evidencia de que muchas personas en su mediana edad o en su vejez temprana son capaces de adoptar nuevas actividades y nuevos modos de pensar. Es como si la prolongación de la vida más allá de los años reproductivos abriese una “segunda oportunidad” que muchas personas están aprovechando, pero que pone en entredicho la vieja idea del envejecimiento sociocultural.

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los problemas de salud de los mayores, el aplazamiento de la enfermedad a edades cada vez más elevadas y la expectativa de alcanzar esa situación cambia la manera de entender y cuidar la salud en las sociedades actuales. Sin salir del ámbito de los problemas de salud se encuentra el asunto de la autonomía funcional o, su reverso, la dependencia que también puede entenderse como un fenómeno social que cambia las relaciones con el entorno y la propia imagen personal. Sabemos que la dependencia funcional no viene solo marcada por los problemas estrictamente de salud de las personas que las padecen, sino que obedece también a la relación que la persona afectada pueda establecer con el entorno de las cosas y las personas que le rodean, depende pues de las características de ese entorno y de los recursos que tenga el interesado para afrontar esa relación. Por este motivo, la dependencia se relaciona con variables como el nivel de estudios; no se trata solo de que las personas con niveles de estudios más elevados tengan mejor acceso a los medios y las formas de cuidado de la salud, se trata más bien de que, ante los problemas de salud funcional, estas personas tienen más recursos para salvar las barreras del entorno o para obtener más beneﬁcios de los elementos facilitadores.

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“El proceso de gestión de riesgos como componente integral de la gestión empresarial”

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DRA. Dª. Mª ISABEL MARTÍNEZ TORRE-ENCISO Profesora Titular de Economía Financiera. Directora del Dpto. de Financiación e Investigación Comercial. Universidad Autónoma de Madrid Dª. MARÍA ISABEL CASARES SAN JOSÉ-MARTÍ Economista. Actuaria de seguros. Asesora Actuarial y de Riesgos. CASARES, ASESORÍA ACTUARIAL Y DE RIESGOS, S.L. Publicado originalmente en Boletín de Estudios Económicos. Vol. LXVI - N.202 - Abril 2011 (Páginas 73-93)

RESUMEN

ABSTRACT

a gerencia de riesgos en un entorno global se está perﬁlando como una estrategia ﬁnanciera y empresarial que proporciona una importante ventaja competitiva a las empresas que disponen de ella, así como un importante incremento en el mercado. En este sentido, la norma básica aplicada en el ámbito de las empresas cotizadas es COSO II, si bien, hasta ahora no existía una norma global y amplia que pudiese aplicarse a todo tipo de empresas, todo tipo de sectores, a lo largo de toda la vida de una organización, y a la práctica totalidad de sus actividades.

isk management in a global environment is emerging as a financial and business strategy that provides a significant competitive advantage to companies that have this processes, as well as a significant increase in market value. In this sense, the basic rule applied in the field of listed companies is COSO II, although so far there was no broad, global standard that would apply to all types of businesses, all industries, throughout the entire the life of an organization and almost all of its activities.

Este artículo profundiza en los avances que la Norma ISO 31000:2009 hace sobre el documento COSO II (2004) analizando como esta Norma Internacional aporta principios y directrices genéricas sobre la gestión del riesgo que pueden ser utilizados por cualquier empresa, asociación (pública, privada o comunitaria) o personas a nivel de grupo o individualmente, siempre dentro de las Normas de Buen Gobierno Corporativo que exigen el establecimiento de una gerencia de riesgos que permita la toma de decisiones en éste ámbito.

This article deals with the progress that the ISO 31000:2009, made on the COSO II (2004) document analyzing how this International Standard provides generic principles and guidelines on risk management that can be used by any company, association (public, private or community) or people at the group or individually, always within the Corporate Governance Guidelines which call for a risk management to enable decision making in this ﬁeld.

Palabras clave: Gestión eficaz del riesgo, Identificación y Evaluación de los riesgos, eficacia y Eficiencia Operacional, Estructura Organizativa.

Key Words: Effective risk management, identiﬁcation and assessment of risk, operational efﬁciency and effectiveness, Organizational Structure.

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as organizaciones, no importa cual sea su actividad y tamaño, afrontan una serie de riesgos que pueden afectar a la consecución de sus objetivos. Todas las actividades de una organización están sometidas de forma permanente a una serie de amenazas, lo cual las hace vulnerables, comprometiendo su estabilidad. Accidentes operacionales, enfermedades, incendios, pérdidas de beneﬁcios, catástrofes naturales, etc., son una muestra de este panorama, sin olvidar las amenazas propias del negocio. Hablar sobre gestión de riesgos ya no se limita al enfoque ﬁnanciero tradicional o de cobertura. La gerencia de riesgos en realidad posee una visión holística de la compañía que contempla aspectos muy variados como la pérdida de control, la seguridad, así como diversas estrategias para prevenir, reducir o transferir el riesgo1.

La gerencia de riesgos en un entorno global se está perfilando como una estrategia financiera y empresarial que proporciona una importante ventaja competitiva a las empresas que disponen de ella, así como un importante incremento de valor en el mercado. En este sentido, la norma básica y de obligado cumplimiento aplicada en el ámbito de las empresas cotizadas es COSO II2, si bien hasta ahora no existía una norma global y amplia que pudiese aplicarse a todo tipo de empresas, todo tipo de sectores, a lo largo de toda la vida de una organización, y a la práctica totalidad de sus actividades. Por ello, el objetivo del presente trabajo es analizar la gerencia de riesgos como componente integral de la gestión empresarial. Para ello, nos centraremos en como la nueva norma internacional ISO 31000:20093 publicada en noviembre de 2009 por la Organización Internacional para la Estandarización4, está incidiendo en las prácticas y procesos de gestión de riesgos en el entorno de las empresas. Esta nueva norma internacional, voluntaria en su aplicación, permite dar un paso importante en el contexto global ya que favorece que cualquier empresa pueda realizar una gestión eficaz del riesgo al que se encuentra expuesta, mediante la identificación, análisis y evaluación de los riesgos, favoreciendo con estas prácticas la consecución de sus objetivos.

1 La norma UNE-ISO GUÍA 73:2009: Deﬁnición de riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos, deﬁne el “riesgo” como “la incidencia en la consecución de los objetivos de la organización”. 2 COSO II (2004): Gestión de Riesgos Corporativos-Marco Integrado: Técnicas de Aplicación, Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission, Septiembre. 3 Norma internacional ISO 31000:2009, de Gestión de Riesgos - Principios y Directrices. 4 International Organization for Standardization – ISO. Véase: http:// www.iso.org.

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Aunque la gerencia de riesgos es un concepto intuitivo en el contexto de las empresas, la estandarización de estos procesos es algo relativamente reciente. La gestión integral de riesgos ha ganado impulso desde la década de los noventa, con la aparición de “Modelos de Gestión de Riesgos”, algunos de ellos de carácter especíﬁco. Los antecedentes de la Norma Internacional ISO 31000:2009 los encontramos, de forma separada, referidos tanto a la terminología utilizada como a la metodología. Respecto a la terminología5 utilizada, el antecedente más directo se encuentra en los “Estándares de Gerencia de Riesgos”6 elaborados por FERMA7 en el año 2003, que ya reﬂejaban la terminología recogida en la Guía ISO/CEI 73:2002 y que ahora se actualiza con la guía UNE-ISO GUÍA 73:2009 que ha sido traducido por AENOR8 en 2010. La norma ISO 31000 ayuda a responder a uno de los interrogantes fundamentales en la gestión del riesgo: cómo llegar a todo el mundo para hablar sobre el riesgo de la misma manera.

Por ello, el objetivo del presente trabajo es analizar la gerencia de riesgos como componente integral de la gestión empresarial En cuanto a la metodología, hemos de buscar diferentes antecedentes dependiendo de las actividades de las empresas, si bien la norma australiana/neo zelandesa AS/NZS 43609 es especialmente relevante. Siguiendo la tendencia moderna de utilizar un enfoque integral de manejo de los riesgos citaremos, entre otros documentos relevantes, el Informe COSO II, conocido como “Enterprise Risk Management” (ERM), el cual se centra en los riesgos relativos a la información ﬁnanciera, siendo obligatoria su aplicación para todas las empresas que cotizan en bolsa; BASILEA II (2004) es la norma de Gerencia de Riesgos para Entidades Financieras; y ﬁnalmente SOLVENCIA II (2009)

5 Respecto a la terminología utilizada, existe una gran problemática procedente de las traducciones del documento oficial entre lo que es gerencia de riesgos y gestión de riesgos. Desde el punto de vista de las autoras de este artículo, la “gerencia de riesgos” es el conjunto de métodos que permiten identificar, analizar y evaluar los riesgos, minimizarlos, controlarlos y hacer un tratamiento financiero de los mismos. Por el contrario, la “gestión del riesgo” consiste en la aplicación de este conjunto de técnicas a los riesgos particulares. 6 FERMA (2003): Estándares de Gerencia de Riesgos, Bruselas, Bélgica. Véase, http://www.agers.es/pdf/noticiasinteres/Estandares_de_Gerencia_de_Riesgos.pdf 7 Federation of European Risk Management Associations. Véase, http: //www.ferma.eu 8 Asociación Española de Normalización y Certificación. Véase, http:// www.aenor.es 9 Risk Management AS/NZS 4360:2004.

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1. INTRODUCCIÓN

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es la norma de Gerencia de Riesgos de Entidades Aseguradoras que vienen a mejorar los procedimientos de control de riesgos del sector seguros, permitiendo a las entidades realizar una gestión de mayor calidad sobre sus fondos propios y aumentar la protección de los consumidores (Hernández Barros y Martínez Torre-Enciso, 2010). Todo este proceso de adaptación de la normativa referente a la gerencia de riesgos en diferentes instituciones tiene como objetivo ﬁnal prevenir futuras crisis ﬁnancieras como la actual, en la que algunas de las causas pueden atribuirse entre otras, a factores de tipo institucional (Martín Marín y Telléz Valle, 2009). Ante la gran variedad, complejidad y naturaleza de los riesgos que amenazan a una organización, el nuevo Estándar Internacional desarrollado por la ISO propone unas pautas genéricas sobre cómo gestionar los riesgos de forma sistemática y transparente. El diseño y la implantación de la gestión de riesgos dependerá de las diversas necesidades de cada organización, de sus objetivos concretos, del contexto en el que opera, de la estructura, las operaciones, los procesos, los servicios, etc. Este artículo avanza sobre las normas ya establecidas y analiza en profundidad la nueva Norma Internacional ISO 31000 comparándola con las anteriores, principalmente con COSO II, norma que ha permitido

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desde 2004 utilizar un enfoque integral de manejo de los riesgos conocido como “Enterprise Risk Management” (ERM), con el ﬁn de evaluar, administrar y comunicar estos riesgos de una manera integral, basados en los objetivos estratégicos de la organización (Escorial, 2010). En este artículo analizaremos “el proceso de gerencia de riesgos” de la ISO 31000, tercera de las tres partes principales de la norma junto con “los principios para la gestión de riesgos” y “la estructura de soporte del sistema”.

2. LOS PRINCIPIOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y LA ESTRUCTURA DE SOPORTE

unque el trabajo que se presenta tiene por objetivo el análisis del “proceso de gerencia de riesgos”, éste se sustenta sobre las otras dos partes de la norma que la preceden, por lo que es necesario, al menos, un breve cometario de las mismas. El siguiente cuadro 1 muestra los principios y la estructura organizativa propuestos en la norma ISO 31000. Los “principios para la gestión del riesgo”10 buscan establecer el enfoque cultural e ideológico con que se

10 UNE-ISO 31000 (2009): Gestión …, pp. 13-14.

CUADRO 1. Principios y la estructura organizativa propuestos en la norma ISO 31000. a) Crea valor.

Compromiso de la dirección

b) Está integrada en los procesos de organización. c) Forma parte de la toma de decisiones. d) Trata explícitamente la incertidumbre. e) Es sistemática, estructurada y adecuada.

Diseño de la estructura de soporte

f) Está basada en la mejor información disponible. g) Está hecha a medida. h) Tiene en cuenta factores humanos y culturales.

Mejora continua de la estructura

Implementación de la gestión de riesgos

i) Es transparente e inclusiva.

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j) Es dinámica, iterativa y sensible al cambio.

k) Facilita la mejora continua de la organización. Principios

Seguimiento y revisión de la estructura Estructura

Fuente: UNE-ISO 31000 (2009): Gestión del riesgo. Principios y directrices, p. 7.

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deben gestionar los riesgos en toda organización. Estos elementos suelen no ser considerados relevantes al no ser tangibles y medibles, si bien son tan importantes como cualquier otro aspecto de la organización. Este enfoque cultural e ideológico respalda la respuesta de las personas que forman las organizaciones según sus propias percepciones y actitudes. Es por ello que la percepción y actitud de todos los miembros de la organización va a determinar la poca o mucha probabilidad de éxito que tendrá la adopción de un nuevo modelo o técnica en su seno. La nueva norma incide en la necesidad de formar las actitudes de todos los relacionados con la organización y de crear un clima y una cultura organizativa proclive al establecimiento de políticas de riesgo, con la idea de que las medidas y procesos de gerencia de riesgo sean aceptadas y asumidas como algo bueno por los miembros de las diferentes organizaciones. La “estructura del sistema de gestión” denominada también “marco de trabajo”11, establece y deﬁne los componentes necesarios para realizar una buena gestión de los riesgos e indica que el proceso debe iniciarse en la alta dirección de la empresa, mostrando su compromiso y emitiendo

11 UNE-ISO 31000 (2009): Gestión …, pp. 15-19.

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directrices para la gerencia de riesgos (política de riesgos) (Hubbard, 2009). Esta estructura debe seguir con el diseño del marco de referencia en el cual se va a desempeñar la gerencia de riesgos, empezando por entender el contexto interno y externo de la organización, las variables que pueden afectar su desempeño en los aspectos relevantes del negocio y en todos los niveles: estratégico, táctico y operativo.

De la misma manera, debe establecerse un comité directivo que se encargue de la revisión periódica, integral y estratégica de la gerencia de riesgos En este marco se debe deﬁnir la responsabilidad de la estructura organizacional con respecto a la gestión de riesgos, buscando una perspectiva funcional e integral del negocio mediante la formación de equipos de trabajo multidisciplinares que abarquen todos los niveles de la organización. De la misma manera, debe establecerse un comité directivo que se encargue de la revisión periódica, integral y estratégica de la gerencia de riesgos. Es importante establecer mecanismos de comunicación internos y externos con las partes interesadas, así como identiﬁcar las necesidades de todo tipo de recursos y su

CUADRO 2. El proceso de gerencia de riesgos propuestos en la norma ISO 31000.

ESTABLECER EL CONTEXTO

ANALIZAR LOS RIESGOS

EVALUAR LOS RIESGOS

TRATAR LOS RIESGOS

Fuente: UNE-ISO 31000 (2009): Gestión del riesgo. Principios y directrices, p. 7.

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IDENTIFICAR LOS RIESGOS

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

COMUNICACIÓN Y CONSULTA

APRECIACIÓN DEL RIESGO

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comunicaciones y las consultas con las partes interesadas, tanto externas como internas a la organización, deben realizarse en todas las etapas del proceso de gestión del riesgo.

3. EL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS

La norma propone el desarrollo de planes de comunicación y consulta para tratar temas relativos al riesgo en sí mismo, a sus causas, a sus posibles consecuencias, y a las medidas a tomar para tratarlo. La norma aporta un nuevo “enfoque consultivo”, más profundo que el enfoque informativo tradicional, cuyos objetivos son muy amplios y unificadores abarcando desde la idea de ayudar a establecer adecuadamente el contexto, hasta favorecer una gestión de cambio adecuada durante el proceso de gestión del riesgo, pasando por otros objetivos tales como: asegurar que los intereses de las partes interesadas se comprendan y se tengan en consideración; ayudar a asegurar que los riesgos se identifican adecuadamente; reunir diferentes áreas de experiencia para analizar los riesgos; asegurar que las diferentes opiniones se tienen en cuenta de forma adecuada al definir los criterios de riesgo y en la evaluación de los riesgos; conseguir la aprobación y el apoyo para un plan de tratamiento de riesgos; etc.

unto con los “principios” y “la estructura” que debe seguir la empresa para el desarrollo de este enfoque, el “Proceso de Gerencia de Riesgos” es uno de los tres pilares básicos de la Norma 31000. Es precisamente este pilar el que consideramos más importante al ser el que realmente permite gestionar los riesgos cuando estos se materializan en el contexto de la empresa. Sin embargo, y aunque no sea objeto de este trabajo, no debemos olvidar que este último pilar debe estar precedido y apoyado en los dos primeros si se quiere que el conjunto de la gerencia de riesgos sea eﬁcaz para el logro de los objetivos de la empresa.

La norma propone el desarrollo de planes de comunicación y consulta para tratar temas relativos al riesgo en sí mismo, a sus causas, a sus posibles consecuencias, y a las medidas a tomar para tratarlo El artículo se centrará, en el establecimiento del proceso de gestión del riesgo y cómo éste debe ser una parte integrante de la gestión global de la organización, debe integrarse en la cultura, ﬁlosofía y en las prácticas de la empresa, así como adaptarse a los procesos de negocio de la organización. En el cuadro 2 se representan los diferentes componentes del proceso de gerencia de riesgos recogidos en la ISO 31000 y la relación existente entre los mismos, que se explican en las siguientes líneas: comunicación y consultas; establecimiento del contexto; apreciación del riesgo (identiﬁcación, análisis y evaluación); tratamiento del riesgo; seguimiento y revisión; registro del proceso de gestión del riesgo. 3.1. Comunicaciones y consultas

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posible provisión para que la gerencia de riesgos se haga de manera adecuada, posible, efectiva, realista, incrementando valor para las empresas que la implantan.

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A diferencia de la norma previa COSO II que sitúa la “información y comunicación”12 como uno de los últimos pilares del proceso de la Gerencia de Riesgos, la Norma ISO 31000 considera “la comunicación y las consultas”13 como el primer punto del proceso, mostrando la gran relevancia del mismo e indicando que las

12 COSO II (2004): Gestión …, pp. 85-101. 13 UNE-ISO 31000 (2009): Gestión …, pp. 20-21.

Este pilar no se limita a una descripción detallada, amplia y genérica de la información, o de cómo fluye ésta de abajo hacia arriba en la organización y viceversa, sino que avanza en las aplicaciones y utilidades de esa información en todos los niveles. De aquí la importancia de que las comunicaciones y consultas externas e internas sean, como dice la norma, “veraces, pertinentes, exactas y entendibles, teniendo en cuenta los aspectos confidenciales y de integridad personal, para asegurarse de que las personas implicadas en la implementación del proceso de gestión del riesgo y las partes interesadas comprendan las bases que sirven y servirán para tomar decisiones, así como las razones por las que determinadas acciones son necesarias”. 3.2. Establecimiento del contexto El contexto en el que se define y desarrolla cualquier tipo de planificación determina y delimita su utilidad y aplicación. En este sentido, COSO II establece como prioridad el análisis del “ambiente interno”14 de la organización que se adentra en cuestiones de filosofía y cultura del riesgo, compromiso, autoridad y responsabilidad en materia de riesgos, integridad y valores éticos, etc. Sin embargo, y a pesar de ser el documento que utilizan las empresas cotizadas, hay ciertos aspectos de relaciones internas-externas que no quedan contempladas.

14 COSO II (2004): Gestión …, pp. 9-18.

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El contexto externo es el entorno en que la organización busca conseguir sus objetivos. Abarca los ámbitos físicos cercanos así como el entorno social y cultural, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo, a nivel internacional, nacional, regional o local. Pero no se ciñe a ellos, sino que incluye los factores y las tendencias clave que tengan impacto sobre los objetivos de la organización. Constituye un avance importante sobre la concepción de la norma anterior. No así el contexto interno, que no es otro que el ambiente interno ya comentado (estructura, funciones, responsabilidades, objetivos, políticas, cultura, sistemas de información, filosofía, etc.). El contexto del proceso de la gestión del riesgo variará de acuerdo con las necesidades de la organización. Se deberían tener en cuenta todos aquellos factores que permitan asegurar que el enfoque adoptado para la gestión del riesgo es apropiado a las circunstancias, a la organización y los riesgos que afectan al logro de sus objetivos. En este sentido, se deberían establecer los objetivos, las estrategias, el alcance y los parámetros de las actividades de la organización, o de aquellas partes de la organización donde se aplica el proceso de gestión del riesgo. La gestión del riesgo se debería emprender teniendo en cuenta todo lo necesario para justificar los recursos que se han de utilizar para llevarla a cabo, así como las responsabilidades y las autoridades de quienes la llevan a cabo. La definición de los criterios de riesgo se refiere al establecimiento de los criterios que la empresa va a utilizar para evaluar la importancia del riesgo global y de los riesgos particulares. Dichos criterios dependerán de múltiples factores como las causas y las consecuencias de un riesgo, como se pueden medir estas causas, los métodos de definición de probabilidad17, cuando un riesgo es aceptable o no (Aymerich Lobo, J. I., Fernández Isla, G., García Aranda, M. Y Iturmendi Morales, G., 1998). Los

15 UNE-ISO 31000 (2009): Gestión …, pp. 21-23. 16 Véase, MARTÍNEZ GARCÍA, C. (2009).

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criterios que la empresa elija deben reﬂejar los valores de la empresa, sus objetivos y sus recursos, siempre teniendo en cuenta que puede haber exigencias externas de tipo legal o reglamentario que obliguen a ajustar e incluso modiﬁcar dichos criterios.

3.3. Apreciación del riesgo Tanto en COSO II18 como en la Norma ISO 31000, la “apreciación del riesgo”19 se refiere al proceso de evaluación cualitativa y cuantitativa de la exposición al riesgo en las diferentes actividades o procedimientos de la empresa. Abarca entonces el proceso global de identificación, de análisis y de evaluación del riesgo. La apreciación de los riesgos del negocio comienza con el planeamiento estratégico y el riesgo de cambios en el entorno e intenta analizar los riesgos en las unidades operativas a través de la cadena de valor en una visión a largo plazo de las operaciones. La consideración de los riesgos se efectúa esencialmente bajo el punto de vista económico y financiero en cuanto a la repercusión que pueden tener sobre el conjunto de la empresa en su prevención, control y reposición de las pérdidas por accidentes y siniestros. Esta apreciación y análisis de los riesgos y su posterior gestión contempla la participación de dos elementos fundamentales como son las fuentes de riesgos y los sujetos de la acción de los riesgos, que pueden interaccionar entre sí generándose un tercer elemento, los efectos negativos (Martínez Torre-Enciso, 2002).

La gestión del riesgo se debería emprender teniendo en cuenta todo lo necesario para justificar los recursos que se han de utilizar para llevarla a cabo a) Identificación del riesgo La identificación de los riesgos a los que está sometida una empresa es la base de la gerencia de riesgos. El primer paso del análisis debe consistir siempre en la identificación y conocimiento detallado de las posibles fuentes, orígenes o causas de los riesgos, así como los sujetos que pueden verse afectados por los mismos, sus consecuencias potenciales, las áreas de impactos, etc. No todos los acontecimientos que suceden en una empresa son susceptibles de interpretarse como un riesgo,

17 Véase, HAMPTON, J. J. (2009). 18 COSO II (2004): Gestión…, pp. 29-68. 19 UNE-ISO 31000 (2009): Gestión …, pp. 23-25.

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Como segundo punto, la norma ISO 31000 determina el “establecimiento del contexto”15, no sólo físico, sino principalmente relacional, de forma que sienta las bases para que la organización pueda articular sus objetivos, definir los parámetros externos e internos a tener en cuenta en la gestión del riesgo16, relacionar estos con el alcance del proceso particular de gestión del riesgo, así como establecer el alcance y los criterios de riesgo para el proceso restante. En este sentido la norma habla de un contexto externo e interno para referirse después al contexto del proceso de gestión de riesgos y finalmente a la definición de los criterios de riesgo.

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ni todos llegan a materializarse. El objetivo de esta etapa consiste en generar una lista exhaustiva de riesgos denominada “decálogo de riesgos”20 , basada en aquellos sucesos que podrían crear, mejorar, prevenir, degradar, acelerar o retrasar el logro de los objetivos. A diferencia de COSO II que en su capítulo 4 exponen algunas técnicas empleadas para la identificación de eventos (inventarios de eventos, talleres y grupos de trabajo dirigidos, entrevistas, cuestionarios, encuestas, etc.), la norma ISO 31000 no especifica las “herramientas y técnicas de identificación del riesgo” que pueden ser utilizadas, si bien deja la puerta abierta al uso de aquellas que se adapten mejor a los objetivos, aptitudes y riesgos a los que la empresa esté expuesta. b) Análisis del riesgo COSO II incluye en su capítulo 4 tanto la identificación como el análisis, si bien la norma ISO 31000 separa ambos conceptos de forma clara y precisa. Para la ISO 31000 el análisis del riesgo implica “desarrollar una comprensión del riesgo” permitiendo avanzar sobre el concepto inicial de identificación. El análisis del riesgo implica aquí no sólo la consideración de las causas y las fuentes del riesgo, sino también el estudio de sus posibles consecuencias positivas y negativas así como la probabilidad de que estas consecuencias puedan ocurrir, para lo que se sugiere identificar los factores que afectan a las consecuencias y a la probabilidad, la interdependencia de los diferentes riesgos y sus fuentes, etc.

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El análisis del riesgo se puede realizar con diferentes grados de detalle, dependiendo del riesgo, de la ﬁnalidad del análisis y de la información, de los datos y recursos disponibles

El análisis del riesgo se puede realizar con diferentes grados de detalle, dependiendo del riesgo, de la ﬁnalidad del análisis y de la información, de los datos y recursos disponibles. El análisis puede ser cualitativo (alto, medio, bajo), semi-cuantitativo o cuantitativo (valor en riesgo, ﬂujos de caja en riesgo, distribuciones de pérdidas, back-testing, análisis de sensibilidad, etc.)21 o una combinación de los tres casos, dependiendo de las circunstancias, con el objetivo de determinar la probabilidad e impacto (tangible e intangible) de los posibles eventos22. Dependiendo de los

20 Véase, Martínez Torre-Enciso, M. I. (2002). 21 Véase, McNEIL, A. J., FREY, R. EMBRECHTS, P. (2005). 22 Véase, CROUHY, M., GALAI, D. and MARK, R. (2005).

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casos se puede necesitar más de un valor numérico o descriptor para especificar las consecuencias y su probabilidad, para diferentes momentos, lugares, grupos o situaciones. El análisis del riesgo proporciona elementos de entrada para la evaluación del riesgo y para tomar decisiones acerca de si es necesario tratar los riesgos, así como sobre las estrategias y los métodos de tratamiento del riesgo más apropiados. c) Evaluación del riesgo En base a los resultados de la identificación y del análisis del riesgo la finalidad de la evaluación del riesgo es ayudar a la toma de decisiones, determinando los riesgos a tratar, la forma de tratamiento más adecuada para adaptar los riesgos adversos a un nivel tolerable y la prioridad para implementar el tratamiento determinado. En este sentido, aparece la Norma Internacional ISO 301023 como soporte estándar para la ISO 31000, la cual proporciona orientación para la selección y aplicación de técnicas sistemáticas de evaluación del riesgo. Estas técnicas de evaluación de riesgos pueden ser clasificadas de diferentes maneras con el fin de facilitar la comprensión de sus aplicaciones, elementos de entrada, procesos, resultados y relativas fortalezas y limitaciones24. La tabla 1 que se expone a continuación, resume el Anexo A25 de la norma ISO 31010 la cual pone en relación las técnicas potenciales y sus categorías. En este cuadro resumen se observa la existencia de más de treinta métodos de evaluación, ordenados por su nombre y clasificados por su aplicabilidad (FA: Fuertemente aplicables. NA: No se aplica. A: Aplicable) en cada una de las diferentes fases de identificación, análisis y evaluación de los riegos. Así mismo, la norma dispone de un Anexo B26 donde cada una de las 31 técnicas presentadas está desarrollada en cuanto a la naturaleza de la evaluación que con ella se suministra y las líneas directrices para su aplicabilidad en ciertas situaciones. Se trata de una explicación resumida pero muy útil por la posibilidad de comparación entre las diversas alternativas o métodos de valoración. La ISO 31010 sin embargo, no recoge la totalidad de las técnicas que a día de hoy se utilizan en el mercado, incluyendo en sus páginas algunas técnicas que difícilmente se pueden aplicar en el mundo actual.

23 IEC/ISO 31010: 2009, Risk Management-Risk Assessment Techniques. 24 La norma IEC/ISO 31010: 2009, Risk Management-Risk Assessment Techniques, editada en Francés y en Ingles, está siendo actualmente traducida por el “grupo de trabajo sobre las ISO” de la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros (AGERS) (Enero 2011). 25 IEC/ISO 31010….pp. 21-26. 26 IEC/ISO 31010….pp. 28-89.

DOSSIER Cuando la evaluación de riesgos se lleva a cabo de conformidad con esta norma ISO 31010 se contribuye al buen desarrollo de otras actividades de gestión de riesgo como: comprender el riesgo y aportar información para la toma las decisiones; contribuir a la comprensión de los riesgos con el ﬁn de ayudar en la selección de las opciones de tratamiento; identiﬁcar los factores relevantes que puedan contribuir a potenciar o reducir los riesgos; determinar los puntos débiles en los sistemas y las organizaciones; comparar los riesgos mediante sistemas al-

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ternativos, tecnologías o enfoques; comunicar riesgos e incertidumbres; ayudar a establecer prioridades; evaluar los riesgos por su valor residual; considerar la tolerancia al riesgo en otras partes diferentes de la organización; etc. La evaluación de los riesgos va a permitir establecer las estrategias oportunas que favorezcan la reducción de la frecuencia y la intensidad del impacto del riesgo. Entre dichas estrategias también se puede decidir “no

Tabla 1: Herramientas utilizadas para la evaluación del riesgo: aplicación (ISO 31010) Proceso de evaluación del riesgo Análisis del riesgo Identiﬁcación Evaluación del riesgo Consecuencia Probabilidad Nivel de riesgo del riesgo

Tormenta de ideas (Brainstorming)

B01

Entrevistas estructuradas o semiestructuradas

B02

Delphi

B03

Lista veriﬁcación (Check-lists)

B04

Análisis preliminar de riesgos

B05

Estudios de riesgos operacionales (HAZOP)

B06

Análisis de riesgos y puntos de control críticos (HACCP)

B07

Valoración de riesgo medioambiental

B08

Que pasaría si (What if)

B09

Análisis de escenario

B10

Análisis del impacto en el negocio

B11

Análisis de causa

B12

Análisis modal de fallos potenciales y sus efectos (ANFE-FMEA)

B13

Análisis de árbol de fallos

B14

Análisis de árbol de sucesos

B15

Análisis de causa consecuencia

B16

Análisis de causa efecto

B17

Análisis de niveles de protección

B18

B19

Análisis de ﬁabilidad humana

B20

Análisis de la pajarita

B21

Mantenimiento centrado en la conﬁabilidad

B22

Análisis de errores de diseño (SNEAK)

B23

Análisis de Markov

B24

Simulación de Monte Carlo

B25

Estadísticas y redes Bayesianas

B26

Árbol de decisión

Curvas FN

B27

Índices de riesgos

B28

Matriz de consecuencia/probabilidad

B29

Análisis coste/beneﬁcio

B30

Análisis de decisión multicriterio

B31

Fuente: Elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la ISO 31000-ISO 31010 de AGERS (Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros) en enero de 2011. (FA: Fuertemente aplicables. NA: No se aplica. A: Aplicable)

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Herramientas y técnicas

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hacer nada”, y si bien es una estrategia improbable, en algunas circunstancias tiene sentido no tratar el riesgo de ninguna otra manera que manteniendo los controles existentes (Martínez Torre-Enciso, 2000). En otras ocasiones, la evaluación del riesgo puede llevar a la decisión de realizar un análisis en mayor profundidad.

3.4. Tratamiento del riesgo El tratamiento del riesgo implica la selección y la implementación de una o varias opciones para modiﬁcar los riesgos (Fernández Isla, 2007), opciones que aparecen desarrollando el siguiente proceso cíclico: evaluar un tratamiento del riesgo; decidir si los niveles de riesgo residual son tolerables; si no son tolerables, generar un nuevo tratamiento del riesgo; evaluar la eﬁcacia de este tratamiento.

“El seguimiento y la revisión” son una innovación de la norma ISO 31000, al referirse a cómo el proceso de tratamiento del riesgo debería someterse a una veriﬁcación o una vigilancia regular y abarcar todos los aspectos del proceso de gestión del riesgo

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“Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina como responder a ellos”. Así comienza el capítulo 6 de COSO II27, en el que se hace una referencia a la “respuesta” ante los riesgos como estrategia de “tratamiento”. Frente a las opciones clásicas de respuesta enumeradas en COSO II (evitar, reducir, compartir, evitar), la ISO 3100028 amplía el abanico de posibilidades en un intento de abarcar tanto medidas de control como medidas o estrategias de ﬁnanciación:

a) Evitar el riesgo decidiendo no iniciar o continuar con la actividad que causa el riesgo. b) Aceptar o aumentar el riesgo a fin de perseguir una oportunidad. c) Eliminar la fuente del riesgo. d) Modificar la probabilidad. e) Cambiando las consecuencias. f) Compartir el riesgo con otras partes (incluyendo los contratos y la financiación del riesgo)29. g) Retener el riesgo en base a una decisión informada.

27 COSO II (2004): Gestión…, pp. 69-78. 28 UNE-ISO 31000 (2009): Gestión…, pp. 25-26. 29 Véase, CASARES SAN JOSE-MARTI, I. (2010).

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Un buen tratamiento del riesgo implica la implementación de una o varias estrategias combinadas, de forma que la selección de las mismas debe implicar que la empresa va a obtener una reducción de los costes, un incremento de valor global, así como otro tipo de ventajas teniendo en cuenta los requisitos legales, reglamentarios, de responsabilidad social, etc. Cuando la empresa quiere implementar más de una estrategia debe establecer un “plan de tratamiento” en el que se identiﬁque el orden de prioridad en que se deberían implementar los tratamientos de riesgo individuales, así como los porcentajes sobre el coste total a aplicar a cada tratamiento individual. La ﬁnalidad de los planes de tratamiento del riesgo consiste en documentar la manera en que se implantarán las opciones de tratamiento elegidas y su integración en los procesos de gestión de la organización (Casares, 2005).

3.5. Seguimiento y revisión y Registro del proceso de gestión del riesgo “El seguimiento y la revisión” son una innovación de la norma ISO 3100030, al referirse a cómo el proceso de tratamiento del riesgo debería someterse a una veriﬁcación o una vigilancia regular y abarcar todos los aspectos del proceso de gestión del riesgo. Este proceso de seguimiento y revisión sobre los planes de tratamiento del riesgo proporciona una medida del funcionamiento de los mismos, cuyos resultados, registrados en informes internos y externos, se pueden incorporar en la gestión del funcionamiento global de la organización, en su medición y en las actividades externas e internas. Todos estos procesos de gestión del riesgo deben registrarse para proporcionar la base para la mejora de los métodos y de las herramientas, así como del proceso en su conjunto.

4. CONCLUSIONES

lo largo de estas líneas se ha hecho un análisis comparativo de las normas ISO 31000:2009 y COSO II:2004 siguiendo las pautas y relaciones señaladas en el cuadro 3, en el que se observa el paralelismo entre el tradicional cubo establecido por COSO II para su “Enterprise Risk Management” y los nuevas fases del “proceso de gerencia de riesgos” establecidas por la ISO 31000. De la comparativa anterior se concluye que la nueva norma internacional ISO 31000 aporta importantes avances sobre la noma previa, desde el mismo momen-

30 UNE-ISO 31000 (2009): Gestión…, pp. 26-27.

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to que tiene por objetivo ayudar a las organizaciones de todo tipo y tamaño a gestionar el riesgo con efectividad. Entre los avances más signiﬁcativos, destacamos los siguientes: ■ ■

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Establece principios que deben seguirse para una gestión eficaz del riesgo. Hasta ahora no existía una norma global y amplia que pudiese aplicarse a todo tipo de empresas, todo tipo de sectores, a lo largo de toda la vida de una organización, y a la práctica totalidad de las actividades de la empresa. Esta nueva norma internacional es voluntaria en su aplicación, y permite dar un paso importante en el contexto global de los riegos ya que favorece que cualquier empresa pueda realizar una gestión eficaz del riesgo al que se encuentra expuesta, mediante la identificación, análisis y evaluación de los riesgos, favoreciendo con estas prácticas la consecución de sus objetivos. La norma ISO 31000 ayuda a responder a uno de los interrogantes fundamentales en la gestión del riesgo: cómo llegar a todo el mundo para hablar sobre el riesgo de la misma manera, ya que unifica criterios, procesos, vocabulario, etc. Es una norma aplicable a cualquier tipo de riesgo,

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de cualquier naturaleza, causa y origen, ya sean sus consecuencias positivas o negativas para la organización. La norma provee de los principios, el marco de trabajo y un proceso destinado a gestionar cualquier tipo de riesgo de una manera transparente, sistemática y creíble dentro de cualquier alcance o contexto.

Esta nueva norma internacional es voluntaria en su aplicación, y permite dar un paso importante en el contexto global de los riegos ■

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El contexto externo queda deﬁnido más allá del tradicional incluyendo factores y tendencias importantes que tengan impacto sobre los objetivos de la organización, lo que constituye un avance importante sobre la concepción de la norma anterior. Norma de reconocimiento internacional. Modelo simple de entender y aplicar en comparación con otros modelos existentes.

CUADRO 3. Análisis comparativo de las normas internacionales COSO II e ISO 31000

STRA TEG OPE I C RAT IO REP NS ORT IN COM G PLIA NCE

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

RISK ASSESSMENT RISK RESPONSE CONTROL ACTIVITIES INFORMATION &COMMUNICATION

IDENTIFICAR LOS RIESGOS

ANALIZAR LOS RIESGOS

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

EVENT IDENTIFICATION

SUBSIDIARY BUSINESS UNIT DIVISION ENTITY-LEVEL

OBJECTIVE SETTING

COMUNICACIÓN Y CONSULTA

INTERNAL ENVIRONMENT

EVALUACIÓN DEL RIESGO

EVALUAR LOS RIESGOS

TRATAR LOS RIESGOS

Fuente: Elaboración propia

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Todos estos avances favorecen la gestión eficaz de los riesgos en las empresas de cualquier tamaño o actividad, con el objetivo de hacer frente a aquellos factores internos y externos que generan incertidumbre, lo que va a permitir a las empresas: aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos fijados; identificar las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas de la organización; cumplir con las normativas legales y reglamentarias aplicables y las normas internacionales; mejorar el gobierno corporativo; mejorar la presentación de los informes financieros; establecer un punto de partida para la toma de decisiones; asignar los recursos necesarios para el tratamiento del riesgo; mejorar la eficacia y eficiencia operacional; mejorar la prevención y gestión de siniestros, así como ser capaces de minimizar las pérdidas; etc. Son muchos, como se ha indicado, los avances que aporta la nueva norma y que facilitan la gerencia de riesgos en este nuevo contexto. Sin embargo, consideramos que la norma se queda corta en algunos aspectos, entre los que destacamos los siguientes: ■

La deﬁnición de riesgo de la ISO 31000 es completamente diferente a la deﬁnición de otras normas

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previas, lo que ha abierto el debate respecto a la definición de riesgo. La ISO 31000 define el riesgo como “el efecto de la incertidumbre en los objetivos”, mientras que otro estándar sobre riesgo ha definido previamente el riesgo como “la incertidumbre que, si ocurre, tendrá un efecto en los objetivos”. Pensamos que en un intento por simplificar la definición ésta se ha simplificado excesivamente. Aunque se persigue hacer un análisis amplio de los riesgos de la empresa, no garantiza que se identifiquen todas las zonas de riesgo, con los perjuicios que ello conlleva. La norma no especifica las “herramientas y técnicas de identificación del riesgo” que pueden ser utilizadas, si bien deja la puerta abierta al uso de aquellas que se adapten mejor a los objetivos, aptitudes y riesgos a los que la empresa esté expuesta. No ofrece taxonomías de riesgo, mapas de calor o de otras plantillas para el desarrollo de la documentación y los informes de riesgo. Se trata de una norma muy corta (34 páginas respecto a las 125 de COSO II), que abarca todos o casi todos los aspectos a considerar en la gerencia de riesgos, pero no profundiza en ellos.

Los pros y los contras, los avances y las limitaciones son en sí mismos muy positivos al permitir a la casi desconocida “gerencia de riesgos” saltar a la primera página de periódicos y revistas, favoreciendo con ello que el gran público conozca la existencia de estas prácticas y concienciando a los empresarios de todo tipo de la importancia de gestionar eﬁcazmente sus riesgos en este nuevo contexto para “la mejor consecución de sus objetivos empresariales”.

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Alcance y efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional 128/2010, de 29 de noviembre de 2010 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Ministerio de Economía y Hacienda MARÍA ISABEL CASARES SAN JOSÉ-MARTÍ Economista. Actuaria de Seguros. Asesora Actuarial y de Riesgos. Casares, Asesoría Actuarial y de Seguros, S.L.

Con fecha 6 de abril de 2011 tuvo salida desde la Dirección General de de Seguros y Fondos de Pensiones, contestación a la consulta formulada por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, Confederación Sindical de la Unión General de Trabajadores y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales sobre el alcance y los efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional 128/2010, de 29 de noviembre de 2010. CONSULTA Y CONTESTACIÓN

on fecha 5 de abril de 20011 se ha recibido consulta de los arriba mencionados en la que se solicita de este centro directivo criterio sobre los efectos de la Sentencia 128/2010.

ALCANCE DEL INFORME DE RESPUESTA

l artículo 19.2 del Real Decreto 1127/2008, de 4 julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda, atribuye a esta Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones la función de contestar a las consultas formuladas en materia de planes y fondos de pensiones. Los criterios recogidos en este informe persiguen dotar de seguridad a la actuación de los Planes y Fondos de Pensiones, y de los sujetos de inspección en este ámbito,

de manera tal que se dé a conocer qué interpretación y extensión se da por este centro directivo a la Sentencia. Como tales criterios, la Inspección de Seguros del Estado se atendrá a los mismos al tiempo de desarrollar sus funciones de inspección. No obstante, este informe no impide su ulterior revisión a la vista de futuras modificaciones legales, y no impide una valoración jurídica distinta por los Tribunales de Justicia. Con independencia de los criterios que se van a exponer, debe de informarse que este centro directivo está analizando propuestas de posibles modificaciones normativas que permitan compaginar la sencillez y eficacia del procedimiento de designación directa, en especial en los planes de promoción conjunta, con la consideración de los partícipes en suspenso según lo razonado por el Tribunal Constitucional. Dentro de este análisis también se está efectuando una reflexión sobre la regulación de la participación del colectivo de beneficiarios en las Comisiones de Control. Todo este proceso puede concluir en reformas que sirvan de marco para las decisiones de los planes de empleo sobre la futura composición de sus Comisiones de Control.

CRITERIOS

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rdenamos las cuestiones suscitadas en la consulta diferenciando:

Primer criterio: Determinación del momento a partir del cual la Sentencia 128/2010 produce efectos; efectos generales vs. efectos particulares.

e sostiene en la consulta que: “Que las sentencias del Tribunal Constitucional no despliegan sus efectos hasta

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que son objeto de publicación en el Boletín Oﬁcial del Estado, en este caso, dicho evento se produjo el pasado 5 de enero.”

• Situaciones revisadas en procesos judiciales no ﬁnalizados por sentencia con valor de cosa juzgada.

La eficacia de las Sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad viene prevista en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, con rúbrica elocuente de “Valor de la sentencia en procedimientos de inconstitucionalidad”. En dicho artículo tras afirmar su valor de cosa juzgada, dispone que tales resoluciones judiciales vincularan a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La imposibilidad de revisar las situaciones anteriores no impide que existan en la actualidad procesos judiciales no concluidos con sentencia con fuerza de cosa juzgada, en los que sí se deberá revisar la doctrina, de modo que se aplique el criterio del Tribunal Constitucional para la resolución de la controversia. Corresponderá a las partes procesales su invocación, sin perjuicio de la aplicación de oﬁcio por los Tribunales.

La mención a efectos generales, permite distinguir entre quienes son o no partes del proceso judicial en el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad, pues respecto a las partes procesales los efectos serán desde la notificación procesal de la Sentencia (lo que se confirma en el número 3 del artículo 38), y respecto del resto la eficacia comienza a partir de la publicación de la Sentencia en el Boletín Oficial del Estado, lo que efectivamente tuvo lugar el 5 de enero de 2011. En conclusión, la Sentencia del Tribunal Constitucional 128/2010 vincula a todos los Poderes Públicos y produce efectos generales desde el 5 de enero de 2011. Son precisas dos matizaciones, de un lado quienes hayan sido partes en el proceso de inconstitucionalidad quedan afectados por la Sentencia desde que se les notificó procesalmente, y de otro lado, la eficacia general a partir del 5 de enero de 2011 no impide, en su caso, revisar situaciones anteriores como pasamos a ver a continuación.

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• Situaciones no judicializadas durante la tramitación del procedimiento de inconstitucionalidad; situaciones jurídicas consolidadas vs. situaciones jurídicas controvertidas. La aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales ha generado múltiples situaciones jurídicas con sus consecuentes relaciones jurídicas. Tales relaciones vinieron aplicando una norma entonces vigente, que no fue suspendida, por lo que como veremos no habría de extenderse a ellas la nulidad de los artículos.

Siguiendo su doctrina previa, el Tribunal Constitucional señala que la “revisibilidad de los actos administrativos nulos debe ser modulada por las exigencias del principio de seguridad jurídica”

especto de los efectos retroactivos de la nulidad que la declaración de inconstitucionalidad conlleva, tales efectos vienen limitándose en aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional y de la jurisprudencia constitucional. Dentro de estas situaciones podemos diferenciar las siguientes: • Situaciones revisadas en procesos judiciales ﬁnalizados por sentencia con valor de cosa juzgada. El artículo 40 de la citada Ley Orgánica impide revisar procesos concluidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de los artículos anulados, de manera que a pesar de que la doctrina del Tribunal Constitucional fuera contraria a la que se aplicó para la resolución de los conﬂictos no cabría su revisión.

En apoyo del mantenimiento de tales situaciones jurídicas se alza el principio de seguridad jurídica y el de conservación. El principio de conservación ha sido analizado por el mismo Tribunal Constitucional, entre otras, en la Sentencia 105/2009, de 4 de agosto, en la que se reclamaba el derecho a la devolución de las cantidades ingresadas en cumplimiento de una ley declarada inconstitucional. Siguiendo su doctrina previa, el Tribunal Constitucional señala que la “revisibilidad de los actos administrativos nulos debe ser modulada por las exigencias del principio de seguridad jurídica”, por lo que no sólo se excluyen de revisión las cuestiones resueltas por sentencia con fuerza de cosa juzgada, sino también las “establecidas mediante actuaciones administrativas ﬁrmes”. Considera el Tribunal Constitucional razonable que la declaración de nulidad de una ley no se extienda a lo que se denomina una “situación jurídica consolidada” dado el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución española.

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Segundo criterio: revisión de situaciones anteriores al 5 de enero de 2011.

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En efecto, nos encontramos con situaciones jurídicas privadas en las que en términos generales no existe una asociación directa entre anulación del sistema de designación de representantes de las Comisiones de Control y un daño efectivo y cuantificable. Respalda la conservación de las relaciones jurídicas generadas antes de la publicación de la Sentencia lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, al establecer que la admisión de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la vigencia, ni la aplicación de la ley impugnada, salvo excepciones. En consecuencia y como regla general, las Comisiones de Control aplicaron una norma vigente y de plena eficacia, de modo que sus actuaciones han tenido durante el proceso cobertura legal, siendo por ello conformes a Derecho. Pese a lo afirmado, el principio de seguridad jurídica y su correlativo de conservación, no deben entenderse de forma absoluta; como principios generales que son, admiten excepciones. Como hemos expuesto la Sentencia 128/2010 no sólo impide revisar procesos judiciales fenecidos por sentencia con fuerza de cosa juzgada, sino también las “situaciones jurídicas consolidadas” dado el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución española, y su correlativo de conservación. A sensu contrario, podría caber la revisión de situaciones controvertidas previas a la Sentencia 128/2010 en las que se mantenga vigente una pendencia o controversia entre partes, y en las que aparezca una ligazón clara entre la doctrina del Tribunal Constitucional y la disputa entre las partes.

Tercer criterio: actuaciones a realizar a partir del 5 de enero de 2011.

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olviendo al criterio expuesto al inicio y de conformidad con el ya mentado artículo 38, la Sentencia 128/2010 vincula a todos los Poderes Públicos y produce efectos generales a partir del 5 de enero. En atención a los efectos generales, las Comisiones de Control deben adoptar cualesquiera medidas sean precisas a ﬁn de garantizar el cumplimiento de la doctrina del Tribunal Constitucional de manera tal que se atengan a lo dispuesto en sus fundamentos 5 a 7.

Entre las medidas que se proponen en la consulta aparece la de ajustar el sistema de designación con ocasión de las renovaciones ordinarias de los mandatos de los miembros, lo que se considera por este centro directivo como un mínimo pues nada impide adelantar

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la adaptación de las Comisiones de Control en otros supuestos.

sesiones de la Comisión de Control, con voz al menos, a representantes de los partícipes en suspenso.

Junto con la renovación de la Comisión de Control pueden diseñarse otros sistemas como consultas o asistencia a sus reuniones de algún representante de quienes no sean participes en activo.

• Renovación de las Comisiones de Control conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, con anterioridad al vencimiento ordinario de los mandatos.

Conforme hemos expuesto, la renovación de las Comisiones de Control de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional con ocasión del vencimiento ordinario de los mandatos, es preceptiva en todo caso. Además, en los supuestos en que haya un interés relevante de quienes no son partícipes en activo debe en principio anticiparse la renovación, pero no deben descartarse otras formas de dar cumplimiento a la doctrina del Tribunal Constitucional El mantenimiento de las Comisiones de Control se considera adecuado para el desenvolvimiento de los planes de pensiones, en interés de partícipes y promotores de los mismos, siendo razonable que los miembros de las Comisiones de Control continúen ejerciendo sus funciones hasta el momento de la renovación ordinaria al ﬁnal del mandato en curso. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de los planes de pensiones de empleo el número de partícipes en suspenso en relación a los partícipes en activo es muy reducido o incluso con frecuencia inexistente dada la posibilidad de obligarles a movilizar sus derechos a otros planes. El abordar procesos generalizados de renovación de las Comisiones de Control supondría costes e interrupciones en el normal desenvolvimiento de los planes que no estarían justiﬁcados en esa mayoría de planes por entrañar el riesgo de suponer un perjuicio para el conjunto de partícipes y el promotor. Por tanto este Centro directivo considera que dada la amplitud e importancia de las funciones y obligaciones que la legislación les atribuye e impone y su carácter imprescindible para el normal funcionamiento del plan, como Comisiones de Control deben seguir desarrollando su tarea habitual, cumpliendo con ello las obligaciones y requisitos de actividad requeridos por la normativa y presumiéndose válidos los actos y acuerdos adoptados en el ejercicio de sus competencias. Aun partiendo del mantenimiento de las Comisiones de Control, estas pueden establecer procedimientos que garanticen la participación de quienes no son participes activos en la adopción de acuerdos que les afecten directamente, como puede ser articular mecanismos de consulta de tales acuerdos, o invitar a la asistencia a

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El mantenimiento de las Comisiones de Control, si bien debe ser la regla general, no debe impedir adelantar la renovación cuando exista un interés por parte de quienes no sean partícipes en activo y dicho interés sea relevante en la medida que lo manifieste un colectivo cuantitativamente significativo Como mera referencia para determinar qué entender por interés relevante por su significación cuantitativa, este centro considera que se puede atender al porcentaje que representen los partícipes en suspenso que insten la renovación de la Comisión de Control, de manera que se pueda acudir a una fórmula que objetive la delimitación del citado interés. A tal efecto, se estima adecuado acudir a la normativa subsistente sobre designación y elección de los miembros de la comisión de control del plan. En concreto, el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, al regular el proceso electoral para la elección de representantes, en su artículo 31.3.a) establece que “las candidaturas deberán estar avaladas por sindicatos o por la firma de un porcentaje de integrantes del correspondiente colegio electoral fijado en especificaciones que no podré ser inferior al 10 por ciento”. En consecuencia, atendiendo a las anteriores consideraciones, este centro directivo considera admisible que las Comisiones de Control puedan entender que existe un interés relevante en la renovación anticipada por parte de un colectivo significativo cuando lo solicite un número de participes en suspenso que suponga, al menos, el 10 por ciento del total de partícipes.

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• Renovación de las Comisiones de Control conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, con ocasión del vencimiento ordinario de los mandatos.

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Los supuestos excepcionales de liquidez, aplicación práctica MANUELA LABORDA IBAÑEZ Letrada del ICAM nº 76.307. Experta en Prevision Social Complementaria REGULACIÓN

n el artículo 8.8 del Real Decreto Legislativo 1/2002, 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, se establece que los partícipes de un plan de pensiones podrán hacer efectivos sus derechos consolidados en los supuestos de: ■ ■

desempleo de larga duración enfermedad grave

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Es el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, el que desarrolla de manera extensa, aunque poca concisa, las situaciones concretas en las que pueden hacerse efectivos los derechos consolidados de los partícipes.

ral de aportaciones, contingencias y prestaciones. Es una situación excepcional de liquidez porque los planes de pensiones están previstos para que las prestaciones sean abonadas en el momento en el que ocurra alguna de las contingencias previstas en las especificaciones: jubilación, fallecimiento, incapacidad y dependencia. Así, en el artículo 9 del RD 304/2004, se establece, en primer lugar que solamente será posible hacer efectivos estos derechos consolidados, siempre que lo recojan expresamente las especificaciones de cada plan de pensiones. Esto nos hace encontrarnos, especialmente en el sistema de empleo, con algunos planes en los que sus partícipes sí podrán cobrar sus derechos consolidados en caso de desempleo o enfermedad grave, y otros planes en los que sus partícipes no puedan cobrar ante estas mismas situaciones, ya que depende de que este regulado o no en las especificaciones concretas de cada plan de pensiones.

Nos encontramos ante estas situaciones excepcionales que pueden afectar seriamente a la capacidad económica de los partícipes, este es el motivo por el que las especiﬁcaciones de los planes de pensiones, pueden contemplar estas situaciones que permiten anticipar el cobro de los derechos consolidados que en principio están destinados a cubrir las contingencias ordinarias.

e conformidad con la regulación actual, la situación es aplicable al partícipe, a su cónyuge, y a los ascendientes y descendientes en primer grado, en caso de:

Además, se considera como una situación excepcional, ya que realmente no es una prestación, a pesar de estar regulada en el Capítulo II que habla del régimen gene-

• Cualquier dolencia o lesión que incapacite durante un período continuado de 3 meses, con intervención clínica u hospitalización.

REQUISITOS ENFERMEDAD GRAVE

ESPACIO ACTUARIAL • Cualquier dolencia o lesión con secuelas permanentes que incapaciten para la ocupación o actividad habitual. Será necesario para que la situación sea considera enfermedad grave: 1. Que alguna de las situaciones anteriores sea certiﬁcada por un médico de la Seguridad Social o de las entidades concertadas que asistan al afectado. 2. Que haya disminución de la renta disponible, bien por aumento de gastos, bien por disminución de ingresos del afectado.

DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN

os partícipes de los planes de pensiones podrán hacer efectivos sus derechos consolidados cuando cumplan los siguientes requisitos: 1. Hallarse en situación legal de desempleo.(Modificado por Real Decreto 1299/2009, de 31 de julio). Se considerara situación legal de desempleo a los partícipes que estén incluidos en alguno de los siguientes supuestos: i. Expediente de regulación de empleo ii. Por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual. iii. Por despido. iv. Por despido basado en causas objetivas. v. Por resolución voluntaria por parte del trabajador por traslado, modificación sustancial de las condiciones de trabajo o justa causa. vi. Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato. vii. Suspensión de la relación laboral en virtud de expediente de regulación de empleo. 2. No tener derecho a las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo, o haber agotado dichas prestaciones. 3. Estar inscrito en el momento de la solicitud como demandante de empleo en el servicio público de empleo correspondiente. 4. En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad, también podrán hacerse efectivos los derechos consolidados si concurren los requisitos establecidos en los párrafos b y c anteriores. En relación con el primer requisito, modificado recientemente eliminando el requisito de hallarse en situación legal de desempleo durante 12 meses continuados,

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Ante supuestos excepcionales los partícipes de un plan de pensiones pueden hacer efectivos sus derechos antes del acaecimiento de las contigencias previstas podemos considerar que el impacto de la reforma en los planes de pensiones de empleo es inapreciable. Es evidente que la persona que es partícipe de un plan de pensiones de empleo, lleva tiempo trabajando en la empresa que es el promotor de ese plan de pensiones, por lo tanto tiene derecho a prestación contributiva por desempleo. Esto supone que mientras no termine de cobrar la prestación contributiva no podrá hacer líquidos sus derechos consolidados en el plan de pensiones de empleo, ya que, no cumpliría el segundo requisito, esto es, no tener derecho a las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo o haber agotado dichas prestaciones. Es indudable que para poder cobrar los derechos consolidados por desempleo de larga duración se deben cumplir todos los requisitos que se establecen en el artículo 9.3 del RD 304/2004. En el caso de los autónomos que quieran rescatar el plan de pensiones por desempleo de larga duración podrán llevarlo a cabo siempre que esté previsto en sus especiﬁcaciones y se cumplan los requisitos previstos en el artículo 9.3 apartados b), c) y d).

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ESPACIO ACTUARIAL

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MOMENTO DEL ACAECIMIENTO DE LA SITUACIÓN

n la fecha en que el partícipe quiera solicitar el pago de sus derechos consolidados porque considera que se encuentra en una de las situaciones excepcionales que acabamos de describir, deberá dirigirse a su comisión de control o entidad gestora y solicitarlo. Concretamente, en los planes de pensiones de empleo, será la comisión de control la que supervise el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma y decida si se lleva a cabo el pago del supuesto excepcional de liquidez. El artículo esta redactado sin mucha concreción, lo que signiﬁca que la decisión de hacer líquidos los derechos consolidados es discrecionalidad de la comisión de control, lo que supone que podemos encontrarnos con reclamaciones o incluso demandas por tomar una decisión inadecuada en cuanto al abono de estos supuestos excepcionales. La normativa vigente no establece cual es el momento o plazo para acogerse a un supuesto excepcional de liquidez, pero de conformidad con la consulta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) de 31 de julio de 2009, parece quedar claro que la situación excepcional debe producirse, una vez se sea partícipe del plan de pensiones.

La normativa vigente no establece cual es el momento o plazo para acogerse a un supuesto excepcional de liquidez PLAZOS Y FORMAS DE COBRO

al y como hemos dicho anteriormente, la normativa actual, no establece el procedimiento y plazo para el reembolso de los derechos consolidados en los supuestos excepcionales de liquidez.

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A pesar de que los supuestos de desempleo de larga duración y la enfermedad grave, no son contingencias propias de los planes de pensiones, es cierto que se asemejan a las mismas dado que son situaciones previstas en la normativa que permiten el cobro de todos o parte de los derechos consolidados del plan de pensiones. Por eso, la DGSFP, en su consulta de 9 de octubre de 2009 considera que es aplicable a dichos supuestos excepcionales de liquidez, en cuanto al plazo de cobro, lo dispuesto en el apartado 4 del articulo 10 del citado del RD 304/2004 para el pago de las prestaciones del plan por contingencias corrientes (jubilación, incapacidad laboral permanente, fallecimiento y dependencia). Del mismo modo y por el mismo principio de aplicación analógica, las formas de cobro podrán ser las establecidas en el apartado 1 del mismo artículo 10 del RD 304/2004. En cuanto al tratamiento ﬁscal aplicable a estos supuestos excepcionales, será el mismo que se le aplica a las prestaciones por contingencias, es decir, rendimientos de trabajo de la misma naturaleza sujetos a tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Así, en el 28.5 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, establece que en todo caso las cantidades percibidas en las situaciones de desempleo de larga duración y enfermedad grave, contempladas en el apartado 8 del artículo 8 de esta Ley, se sujetarán al régimen ﬁscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones.

DATOS SOBRE SUPUESTOS DE LIQUIDEZ

urante el ejercicio 2008 el importe de los derechos consolidados que se han hecho efectivos en los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración se ha elevado a 85,8 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 2,3 por ciento del montante global de prestaciones pagadas y el 0,1 por ciento de la cuenta de posición, habiendo afectado dichas situaciones a 13.073 personas. La distribución ha sido la siguiente:

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CUADRO. Distribución del importe de derechos consolidados hechos efectivos en los supuestos de liquidez de los planes de pensiones.

Importe (millones de euros)

N º de beneﬁciarios

18,5

21,6

3.484

26,7

DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN

67,3

78,4

9.589

73,3

TOTAL

85,8

100

13.073

100

ENFERMEDAD GRAVE

Fuente: Informe estadístico de la última Memoria de la DGSFP año 2008.

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¿Bajada de pensiones?... CARMEN GIMÉNEZ Actuaria y socia de MELA Consulting

Con fecha 2 de febrero de 2011 se produce la ﬁrma del “Acuerdo Social y Económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones”. Dicho Acuerdo fue suscrito entre los sindicatos UGT y CCOO, las organizaciones patronales CEOE y CEPIME y el Gobierno en el marco de un importante ejercicio de diálogo y entendimiento social. El pasado 25 de marzo, se aprobó la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley sobre Adecuación, Adaptación y Modernización del Sistema de Seguridad Social.

arece claro, que la fuerza que desencadena el citado acuerdo es la situación de crisis que envuelve a España con la especial incidencia vivida durante los últimos dos años. Este desencadenante se añade a otra serie de problemas económicos de carácter más estructural que venían arrastrándose en el pasado y que se mantuvieron en un segundo plano hasta que la crisis no se hizo tan evidente.

La situación de crisis se extiende a lo largo de la mayoría de las economías y en todas, al igual que en la española, se están tomando medidas para salir de esta situación lo antes posible. En muchas de las economías se comparten problemáticas, como la crisis del sistema ﬁnanciero, el estancamiento del crecimiento económico, las altas tasas de paro, el déﬁcit público… aunque es evidente que cada país presenta sus particularidades.

GRÁFICO 1. Public debt before and after the crisis. Government debt as a percentage of GDP 250 205 Change 2011 Change 2010 Change 2009 Change 2008 2007 Projected level 2012

135 100

100

Korea

139

150

Switzerland

200

Fuente: AFI: Recuperación y modernización económica en España 15/03/2011.

actuarios

Spain

Germany

United Kingdom

Ireland

United States

Euro area

Portugal

France

Italy

OECD average

-50

Greece

Japan

ESPACIO ACTUARIAL A modo de ejemplo podríamos citar el caso de la mayor potencia mundial, EEUU, cuyos principales quebraderos de cabeza están en una tasa de paro cercana al 10% y una deuda bruta de unos 15 billones de dólares, es decir, de en torno al 95% de su PIB. Si comparamos estos dos parámetros con el caso español observaríamos que, en lo relativo a la tasa de paro, nuestro dato, algo superior al 20%, duplica la tasa de EEUU, con el añadido de que sólo en 3 de los últimos 30 años, nuestra tasa de paro ha sido inferior al 10%, a veces vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro… Respecto al otro dato, la deuda bruta, salimos algo mejor parados, en nuestro caso se sitúa sobre el 78% del PIB, punto a favor…

¿cómo afrontar la reforma del sistema público de pensiones? ¿en qué parámetros pueden fijarse los diferentes estados? En las deliberaciones del directorio ejecutivo del FMI, contenidas en el “Informe de perspectivas de la economía mundial”, publicado por el FMI en octubre de 2010, “los directores hicieron hincapié en que los planes de consolidación a mediano plazo deberían basarse en proyecciones del crecimiento realistas e incluir reformas para limitar el rápido aumento de los programas de gasto, como las prestaciones de los sistemas de pensiones, y de salud pública, y los incentivos tributarios, para aumentar la oferta potencial y desalentar la deuda”. Basándonos por tanto en las indicaciones del FMI, podemos afirmar que una de las problemáticas que afectan a la mayor parte de las economías desarrolladas es el sostenimiento de sus sistemas públicos de pensiones. Pero, ¿cómo afrontar la reforma del sistema público de pensiones?, ¿en qué parámetros pueden fijarse los diferentes estados?. En nuestra opinión hay básicamente dos aspectos claves a considerar:

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1) El porcentaje de gasto sobre el PIB que representan las prestaciones públicas. 2) La tasa de reemplazo de las prestaciones públicas.

Respecto al punto 1), según se contiene en el informe de la OCDE “Pensions at a Glance 2011” (gráﬁco página 155), el gasto sobre el PIB en pensiones de jubilación y viudedad se situó en España en 2007 (último año recogido en dicho informe) en el 8%, mientras que la media de la OCDE fue del 7%. Existe pues una cierta desviación pero no tan preocupante como la que se observa en las proyecciones a futuro (página 159 del citado informe), donde se estima que en el 2050 el gasto en pensiones en

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España será del 15,5% del PIB mientras que en la OCDE se situará en el 11,4%. Este es uno de los objetivos que se persiguen con el citado acuerdo, aproximar el gasto en pensiones a valores más cercanos a la media de los países de la OCDE y, en cualquier caso, a valores sostenibles para nuestra economía. En el informe “The Spanish Economy”, colgado en la web del Ministerio de Economía, se cuantifica el ahorro total estimado como consecuencia de las medidas aprobadas en esta reforma, en 3,5 puntos del PIB esperado en el 2050, lo cual nos permite aproximarnos al dato esperado para el conjunto de países de la OCDE, si bien, seguiríamos situándonos por encima del mismo y serían necesarias medidas adicionales. Vamos a centrarnos ahora en el punto 2) antes citado, la tasa de reemplazo de las prestaciones públicas. Entendemos por este concepto, la proporción existente entre el último salario percibido por el ciudadano antes de jubilarse y la primera cuantía que cobra en concepto de pensionista. Es decir, que si la última nómina de un empleado antes de jubilarse era de 100 unidades monetarias y la primera pensión de jubilación que cobra es de 60, su tasa de reemplazo será del 60%. En el informe de la OCDE “Pensions at a Glance 2011” se indica que, en los 34 países de la OCDE, la tasa de reemplazo media considerando sólo las pensiones públicas es de un 42,1%; si añadimos la tasa de reemplazo derivada de sistemas privados pero “semi obligatorios” –este concepto no existe en España pero se da en países como Dinamarca, Holanda o Suecia–, la tasa media de reemplazo aumenta a 57,2%; y si por último añadimos la tasa de reemplazo que se obtiene de aportaciones a sistemas de pensiones privados, la tasa llega al 64,4%. Si extraemos los mismos datos de ese informe para el caso de España, nos encontramos con que sólo se computa la tasa de reemplazo derivada del sistema público y que la misma asciende a 81,2%. Si, como hicimos anteriormente, comparáramos nuestro caso con el de EEUU, este último tiene una tasa de reemplazo de las pensiones públicas del 39,4%, y una tasa de reemplazo de las pensiones privadas del 38,8%, lo que le sitúa en un total de 78,2%. Dicho esto, nuestra intención era analizar la disparidad de opiniones y publicaciones que se han hecho en relación al impacto que la reforma en el sistema de pensiones español va a tener sobre la mencionada tasa de reemplazo. El objetivo no es otro que poner de manifiesto lo fácil que es tergiversar cifras y modificar resultados con el propósito de conseguir las metas deseadas. Eso no debería ocurrir. El ciudadano debe estar informado, no desinformado, y debe entender la información que se le transmite que a su vez debería ser lo más objetiva posible, especialmente cuando se trata de números, ya que “dos más dos son cuatro”… y si no, mal asunto…

ESPACIO ACTUARIAL Primero vamos a la parte de confusión: 28/01/2011; Expansión publica: “Para los profesores del IESE Díaz-Giménez y Díaz-Saavedra, aumentar la base reguladora hasta los 20 años (la que sirve para calcular la cuantía de las pensiones) reduciría la prestación media un 6%. Éste fue el primer escenario que barajó el Gobierno, pero ﬁnalmente la franja se ha subido a los 25 años, lo que equivaldría a una reducción del entorno del 8%. A la vez, según estos economistas, al retrasar dos años la edad legal de jubilación se estaría hablando de un ajuste equivalente a otro 10% adicional. En total, apuntan a un recorte del 26% de las pagas, sin tener en cuenta posibles efectos correctores que suavicen su impacto”.

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rebajará la pensión media”, contesta indicando que “No es fácil estimarlo. En el 85 teníamos 2 años de periodo de cómputo, después se elevó a los últimos 8 de la vida laboral y luego a 15. Ahora lo hacemos a los 25 años. Esas reformas han hecho que la pensión media se eleve. Lo mismo pasará ahora. A pesar del incremento del periodo de cómputo, viviremos una mejora sostenida de la pensión media”. Sin intención de entrar en polémica, opinamos que las respuestas a la primera y a la segunda pregunta entran en contradicción.

30/1/2011; El País publica que Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda en la Universidad del País Vasco opina que “en el recuento ﬁnal, pierden los trabajadores porque de entrada se dejan hasta un 20% de pensión vitalicia a cambio de nada”.

16/2/2011; El Parlamento Europeo en la sesión llevada a cabo en dicha fecha indicó que: “Observa que los regímenes de pensiones del primer, el segundo y el tercer pilar en los Estados miembros presentan grandes divergencias entre sí; que la UE no dispone de un conjunto de criterios y deﬁniciones comunes ni de un análisis en profundidad que explique con detalle la diversidad de regímenes de pensiones y su capacidad para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, por lo que se carece de una supervisión transparente aplicable a todos los regímenes; destaca que la UE en primer lugar debería mejorar la comparabilidad de los regímenes de pensiones y promover el intercambio de buenas prácticas; opina que la Comisión debe hacer los esfuerzos necesarios para presentar una tipología de los regímenes de pensiones de los Estados miembros y un conjunto

30/1/2011; El País publica que Valeriano Gómez, Ministro de Trabajo e Inmigración, responde a la pregunta de si “Aumentar el periodo de computo de 15 a 25 años supone rebajar las pensiones” indicando que “Por supuesto, pero a su vez genera estímulos para contribuir al sistema, sabiendo que cada vez se tendrá en cuenta más periodo de tiempo cotizado”. Respecto a la pregunta “Cuánto se

El ciudadano debe estar informado, no desinformado, y debe entender la información que se le transmite que a su vez debería ser lo más objetiva posible

30/1/2011; El País publica que “Angel Martínez Aldama, director general de INVERCO, estima que la reforma del Gobierno puede llevar a la tasa de sustitución, es decir, el porcentaje de la primera pensión de ciudadano con respecto a su último salario del 80% actual al 65% en 2027”.

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La suma de los datos anteriores supone una bajada media de las pensiones de entre un 25,4% y un 31,4%. Esta reducción, en el caso de los autónomos, puede llegar a suponer un 42,8%, debido a que se ven mayormente afectados en la “nueva forma de cálculo de la Base Reguladora, al pasar de 15 a 25 años el periodo de cálculo de la misma, suponiendo solo este efecto el 26 % frente al importe del régimen general cifrado entre un 7 % y un 9%”. 23/02/2011; Finanzas.com publica: “La pensión media de jubilación bajará hasta un 21 por ciento con la nueva reforma aprobada por el Gobierno, debido a la elevación a 67 años de la edad de retiro y a la ampliación a 25 años del período para computar la prestación, según las estimaciones de la aseguradora Zurich. El consejero delegado del área de vida y pensiones de Zurich, Luis Badrinas, sostuvo hoy que el mayor impacto para la pensión será el aumento de la edad de jubilación, que mermará de media entre un 12 y un 15 por ciento la cuantía. común de deﬁniciones con el ﬁn de poder hacer comparables los sistemas”; Vamos, que dicen que no tienen datos para comparar la situación en los distintos países. 03/02/2011; El Instituto de Actuarios Españoles cifra en un 28% la futura bajada que sufrirán las pensiones públicas “Los trabajadores deben conocer que las reglas para calcular las futuras pensiones públicas se han endurecido, y en especial para los trabajadores autónomos”. Así se expresa el presidente del Instituto de Actuarios en la nota de prensa enviada por esta entidad profesional al referirse a la reforma de pensiones que el pasado viernes 28 de enero, aprobaba el Consejo de Ministros.

actuarios

En el año 1985 se aprobó el paso de 2 a 8 años para el cómputo de la base reguladora y el año 1997 el cambio de 8 a 15 años para el mismo cálculo. Con la actual reforma pasaremos de 15 a 25 años

Tras un estudio detallado de las condiciones en las que se encontrarán los trabajadores, en el momento en el que entren en vigor dichas reformas, en 2027, este colectivo considera que en el caso del régimen general, “por pasar de 15 a 25 años el periodo de cálculo de la base reguladora, la pensión bajará en un intervalo entre un 7% y un 9%; por retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67, la pensión bajará una media del 14,40% y por la ampliación de la escala de 35 a 37 años, la pensión disminuirá en un intervalo entre el 4 % y el 8 %”.

Por su parte, la prestación bajará de media un 6 por ciento como consecuencia de la ampliación del período de referencia para calcular la pensión, que tendrá en cuenta las cotizaciones de los últimos 25 años de la vida laboral del jubilado, en vez de los últimos 15 años, como actualmente”. 17/3/2011; El País publica: “La OCDE calcula que las pensiones bajarán un 9% con la reforma”. 17/3/2011; La OCDE publica en su página web que “las reformas en los países de la OCDE llevadas a cabo desde comienzos de los 90, han reducido las pensiones futuras una media de un 20%”. 17/3/2011; en El Mundo, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aseguró que como resultado de la reforma del sistema de pensiones se elevarán de forma “sustancial” las bases de cotización de los futuros jubilados, “lo que es compatible con una pensión media más alta”. En rueda de prensa tras la constitución de la comisión de expertos que se encargará de desarrollar el fondo de capitalización del despido, Gómez se reﬁrió a la reforma del sistema de pensiones después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicase hoy un informe al respecto. De acuerdo con la OCDE, con la reforma del sistema de pensiones en España se rebajará del 81,2 % al 73,9 % el importe de la pensión de jubilación respecto al salario medio obtenido durante la vida activa.

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Gómez se limitó a decir que estas son las estimaciones de la OCDE y dijo: “si como va a ocurrir, el resultado de la reforma es una elevación sustancial de las bases de cotización, eso es compatible con una pensión media más alta”. A continuación incluimos una tabla resumen de lo anterior: Institución/Profesional

Estimación bajada

IESE

26%

INVERCO

15%

Ignacio Zubiri

20%

Valeriano Gomez, Ministro de Trabajo

Mejora de las pensiones

Instituto de Actuarios Españoles

Entre un 25% y un 31%

Zurich

21%

OCDE

Muchas cifras, muy diferentes y muy confusas… El impacto de la reforma se puede estimar mirando al futuro y haciendo hipótesis variadas respecto al mismo, lo que conducirá a la disparidad de resultados que hemos descrito, o mirando al pasado y analizando qué ocurrió cuando se llevaron a cabo reformas análogas. En el año 1985 se aprobó el paso de 2 a 8 años para el cómputo de la base reguladora y el año 1997 el cambio

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de 8 a 15 años para el mismo cálculo. Con la actual reforma pasaremos de 15 a 25 años. ¿Qué ocurrió con la pensión media de jubilación en los cambios del 85 y del 97? Ciertamente no ha sido fácil encontrar las cifras para obtener las estadísticas, pero también hay que reconocer que, una vez encontrada la persona adecuada en el Ministerio de Trabajo para ofrecer dichos datos, los mismos fueron suministrados con rapidez. La serie histórica analizada corresponde al “Importe medio de altas iniciales de jubilación del Régimen General”. ¿Cuál es la particularidad de esta serie? Que reﬂeja sólo el dato de las nuevas pensiones calculadas en cada periodo, no la media de pensiones totales pagadas en cada periodo, que podría generar confusión al incluir tanto altas de pensiones calculadas con las nuevas normativas como bajas o continuidad en el pago de pensiones calculadas con normativas antiguas y que es el dato que se obtiene

El impacto de la reforma se puede estimar mirando al futuro y haciendo hipótesis variadas respecto al mismo, lo que conducirá a la disparidad de resultados que hemos descrito, o mirando al pasado y analizando qué ocurrió cuando se llevaron a cabo reformas análogas.

GRÁFICO 2. Media anual altas iniciales de pensiones.

1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: elaboración propia a partir de información del Ministerio de Trabajo e Inmigración y de la Seguridad Social.

actuarios

200

ESPACIO ACTUARIAL fácilmente a través del INE, no así el analizado en el presente artículo.

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El gráﬁco 2 representa el importe de la media anual de altas iniciales de pensiones desde el año 1981 hasta el 2010 y en el cual se observa que, salvo en el año 1986, año en el que la pensión disminuyó un 1,3%, las nuevas altas de pensiones siempre han crecido.

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cuenta que según la OCDE (ver el gráﬁco 1.8 del informe “Pensions at a glance 2011”), retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 70 permitiría pasar de un ratio de sustitución de ingresos del 60% a uno del 72%, pues añadimos un nuevo efecto que parece seguir incrementando el importe de pensión.

Cierto es que en dichas reformas no se modiﬁcaron puntos como la ampliación de la edad de jubilación, que sí se ha cambiado en esta ocasión pero, si tenemos en

Como conclusión, en nuestra opinión, a pesar de lo que la intuición nos lleva a pensar en un primer momento cuando analizamos los principales puntos de la reforma, es muy probable que las pensiones sigan creciendo en los próximos años.

■ “Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones”, de 2 de febrero de 2011. http://www.la-moncloa.es/docs/Acuerdo.pdf ■ “Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo”, realizado por la Comisión no permanente de de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, de 29 de diciembre de 2010. http://www.congreso.es/docu/comisiones/PactTole/153_000001_0000.pdf ■ “Ahorro ﬁnanciero de las familias”, elaborado por INVERCO el 2 de febrero de 2011. http://www.inverco.es/documentos/publicaciones/ documentos/0007_AHORRO%20FINANCIERO%20 DE%20LAS%20FAMILIAS%20ESPANOLAS/C94_AHORRO%20FINANCIERO%20DE%20LAS%20FAMILIASIICs%20y%20FP-2010.pdf ■ “Perspectivas de la economía mundial”, elaborado por el FMI en octubre de 2010. http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/ WEO/2010/02/pdf/texts.pdf ■ “Pension markets in focus” elaborado por la OCDE en julio de 2010. http://www.oecd.org/dataoecd/46/46/45637367. pdf ■ Textos aprobados por el Parlamento Europeo en la sesión del 16 de febrero del 2011. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?l anguage=ES&type=TA&reference=20110216&seco ndRef=TOC

■ “Pensions at a glance 2009” y “Pensions at a glance 2011” elaborados por la OCDE. http://www.oecd.org/document/49/0,3746, en_2649_34757_42992113_1_1_1_1,00.html ■ “Structure of Government Debt in Europe 2009”, publicado por Eurostat en marzo de 2011. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-003/EN/KS-SF-11-003-EN.PDF ■ “Fondo de Reserva de la Seguridad Social” elaborado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración el 31 de diciembre de 2010. http://www.tt.mtin.es/periodico/seguridadsocial/201103/INFORME_CORTES_31_12_10.pdf ■ “España; Ficha País. Panorama de las pensiones 2011”, elaborado por la OCDE. http://www.oecd.org/dataoecd/16/30/47371728. pdf ■ “Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo”, elaborado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración en octubre de 2008. http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/ documentos/mti-informepactotoledo-01.pdf ■ “El papel ineludible de las pensiones privadas en los sistemas de ingresos de jubilación”, elaborado por el BBVA el 17 de marzo de 2011. http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/ WP_1110_tcm346-251032.pdf?ts=2232011 ■ “El impacto sobre el gasto de la reforma de pensiones: una primera estimación”, elaborado por el BBVA el 9 de marzo de 2011. http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/ WP_1109_tcm346-250828.pdf?ts=2232011 ■ “Recuperación y modernización económica en España”, elaborado por AFI el 15 de marzo de 2011. http://www.fcmanrique.org/recursos/noticia/4d8 0cd9dponenciaontiveros.pdf ■ “The 2009 ageing report”, elaborado por la Comisión Europea. http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication13782_en.pdf

MIEMBROS TITULARES

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MIEMBROS TITULARES APELLIDOS ABASOLO LARAUDOGOITIA ABELLAN GALINDO ABELLAN MANSILLA AGUDO MARQUES ALCAZAR BLANCO ALONSO ARES ALVAREZ GONZALEZ ALVAREZ RODRIGUEZ ANDRADES LOPEZ ARAGON SANCHEZ ARIAS CATALA ARIAS RODRIGUEZ ARJONA MORENO AVENTIN BERNASES AYUSO TORAL BAENA JORGE BAJOS ROMERO BALLESTEROS ALMENDRO BARCENA ARECHAGA BARROS MOYA BEJAR MEDINA BERMEJO RODRIGUEZ BLANCO RODRIGO BLASCO PANIEGO BOADO PENAS BODAS SAEZ CABALLERO GALLEGO CARIDAD BENGOECHEA CARRASCO DURO CARREÑO LOPEZ CARRERA BORREGUERO CARRERO MARTIN CASAIS PADILLA CASAREJOS FERNANDEZ CASARRUBIOS GONZALEZ CASTAÑO COLINA CASTILLO DE GRACIA CASTILLO TRESGALLO CERDA VIDAL CIBREIRO NOGUEIRA CUESTA PARERA CUETO SUAREZ DE CABO GARCIA DE DIOS VALAGUE DE LA CRUZ SANCHEZ DE LA LLAVE MONTIEL DE MATTEO DE MIGUEL ARROYO DEL AMA REDONDO DEVESA RODRIGUEZ DIAZ ALVAREZ DIAZ DE DIEGO DIAZ HEREDIA DIAZ SANCHEZ

NOMBRE AMAIA BEATRIZ Mª ALTAGRACIA ESTHER ANTONIO CARLOS ANGEL NURIA Mª MERCEDES FERNANDO MARIA TERESA LETICIA BEATRIZ ALBERTO IRENE JESUS JOSE LUIS MIGUEL ANGEL FERNANDO IVAN ANTONIO BEATRIZ ENRIQUE VALENTIN IGNACIO Mª DEL CARMEN SARA BEATRIZ EURICO ALEJANDRO ANTONIO IRENE MIRIAM YOLANDA DANIEL JUAN PABLO BEATRIZ MARIA JOSE Mª CRISTINA VIRGINIA MARGARIDA ALBERTO CARLOS PAZ MARIA ESTHER LOURDES ANA MARIA MIGUEL ANGEL CLAUDIO ALICIA CRISTINA BENJAMIN JOSE FELIX PILAR GALA JOSE

Nº 3223 3282 3249 3290 3291 3283 3388 3260 3301 3210 3375 3389 3188 3250 1566 3355 3284 3245 3172 971 3302 3345 1955 3265 3313 3251 3346 3189 3178 3368 3221 3338 3234 3224 3303 3376 2853 3350 3272 3199 3391 3351 3292 3315 3392 3281 3369 3314 1796 3286 3200 3225 3393 3377

APELLIDOS DIAZA PEREZ DIEZ ALONSO DIEZ HERNANDO DOMINGUEZ CASARES ESTEO LOZANO FAJARDO LIANES FEMENIA ZURITA FERNANDEZ BOIXADOS FERNANDEZ COGEDOR FERNANDEZ DE CASTRO PIQUERAS FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDEZ MORILLO FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDEZ ROMO FERNANDEZ SOTO FERNANDEZ TAPIA FIGONE BAUSILI FLAMARIQUE SOLERA FOLGADO GUZMAN FRANCO GONZALEZ-QUIJANO GALIANO DE LA LLANA GARCIA ARANDA GARCIA CHERCOLES GARCIA CID GARCIA HIGES GARCIA MANZANO GIL ABRIL GIMENO BERGERE GISBERT MOCHOLI GOMEZ BLANCO GOMEZ GISMERA GOMEZ MORENO GOMEZ VAZQUEZ GONZALEZ ANTOLIN GONZALEZ CARREÑO GONZALEZ GARCIA GONZALEZ GUILLO GONZALEZ SALVADOR GONZALEZ-COTERA VIAL GRANDE PEREZ GREGORIO PUEBLA GUTIERREZ HERRERO HERNANDEZ DOMINGUEZ HERNANDEZ FERRER HERNANDO GARCIA HERRERO RUBIO IBAÑEZ CARRASCO IÑIGUEZ ACERO JIMENEZ GOMEZ JIMENEZ SANCHEZ JUARISTI GOGEASCOECHEA LABRADOR DOMINGUEZ LAFRANCONI LIBERAL GOROSTIAGA

NOMBRE CARLOS HUGO OSCAR CARLOS VERONICA RAFAEL MAGDALENA FRANCISCO ANGEL JAVIER JOSE IGNACIO FERNANDO ALEJANDRA BLANCA VICTOR JUAN MANUEL MARCOS JORGE FABIO FIDEL SILVIA EDUARDO VICENTE AMPARO MARIA NOELIA DAVID ANA YOLANDA JOSE MARIA IDOYA LUIS ANTONIO CELIA ANA LLUIS ALMUDENA RUBEN RUBEN LAURA Mª ELENA ALVARO JOSE MANUEL SANTIAGO FCO. BORJA ANA JUAN ANTONIO MARIA MIGUEL JESUS EFREN MANUEL MARIA TERESA MARIA SANDRA NURIA PABLO ALICIA EVA ANDER SARA MAURA IÑIGO

Nº 3279 3211 3378 3201 3352 3246 3179 3387 3316 3353 3240 3173 3325 3356 3347 3317 3359 3241 3261 3212 3300 3360 3293 1440 3326 3182 3339 3203 3266 3394 3235 3365 3370 3242 3390 3318 3237 3319 3320 3304 3252 3274 3358 3247 3396 3194 3253 3395 3287 3254 3183 3213 3226 2489

actuarios

ALTAS

MIEMBROS TITULARES

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actuarios

ALTAS

APELLIDOS LIMONES MOLINA LLACER CUÑAT LLORENTE MINGUEZ LOBERA SAEZ LODEIRO GOMEZ LOPEZ CAYUELA LOPEZ JIMENEZ LOPEZ MARTINEZ LOPEZ MONTOYA LOPEZ SANZ LOZANO FELIPE LUBIAN BERMEJO MAESTRO ALONSO MANRIQUE CORRAL MARCHETTI MARCOS APARICIO MAROTO NAVARRO MARQUEZ VALLE MARTI ANTONIO MARTIN BLAZQUEZ MARTIN CRESPO MARTIN MARTIN MARTIN SOBRINO MARTINEZ LLORENTE MARTINEZ MARTIN MARTINEZ MENENDEZ MARTINEZ PEREZ MATHUR ANDA MEDINA LOPEZ MERINO ZUBILLAGA MESTRE BOSCÁ MIÑARRO PORLAN MOLINA COLLELL MOLINA LORENTE MOLINA RUIZ MONTES LAJA MONTOYA RODRIGUEZ MONZON RODRIGUEZ MORA BARRANTES MORALES BLANCO MORALES MORENO MORANTE PEREZ MORATE ABELLA MORENO EXPOSITO MORENO GARCIA MORENO IGLESIAS MORENO TORRES MORQUECHO ARES MUÑOZ CRESPO MUÑOZ MARTI NAVARRO DIAZ OCHOA CUEVAS OCON GONZALEZ OREFICE PAREJA ORTI SANZ PAJARES GARCIA PALOMO SANCHEZ PALOS RODRIGUEZ PARLA MANZANEDO PASTOR NIETO PEREZ ALLENDE PEREZ DE MENDIOLA ZURDO

NOMBRE CRISTINA SONIA ESTHER DAVID LAURA MARIA MARIA ALBERTO BEATRIZ ISAAC JUAN JOSE MANUEL ESTHER REBECA JORGE MARCOS ADRIAN DAVID GUADALUPE MARIA JOSE MANUEL SUSANA MONICA ANA ISABEL SARA VICTOR MIGUEL MARIO SARA BIMAL TERESA AMALIA BEATRIZ MIGUEL ANGEL SALVADOR TRINIDAD FCO. JAVIER MARTA SERGIO MANUEL ANGEL CARLOS MARIA JOSE ALBERTO CARMEN Mª ESPERANZA CARLOS ADOLFO MANUEL OLGA ANGEL BENITO LAURA Mª DEL CARMEN JOSE ANTONIO JANA MERCEDES PAULA VANESA ENRIQUE VERONICA OCTAVIO EMILIO JESUS VERONICA FERNANDO AMAIA SARA

Nº 3371 3255 3379 3195 3243 3385 3327 3214 3280 3184 3215 3275 3328 3285 3329 3321 3330 3294 3256 3341 3267 3305 3227 3238 3361 3257 3228 3175 3176 3380 3306 1068 1934 3216 3248 3322 3268 3276 3190 3217 3363 3244 3331 2962 1353 3307 3289 2884 3269 3357 3374 3342 3332 3180 3381 3239 3309 3333 3382 3364 3372 3362

APELLIDOS PEREZ MARTIN PEREZ PEREZ PLAZA ESTEBAN PLAZA RESA POLVORINOS DIAZ PONS-SOROLLA BELMONTE POSTIGO VERGARA PRAT ALUJAS PRIETO RODRIGUEZ PRIETO RODRIGUEZ PUIG DEVLOO RAMIRO MORENO RAMPEREZ BUTRON RANZ RICO RECIO GARCIA RIGOLLET RIVERA SERRANO RODRIGUEZ ALVAREZ RODRIGUEZ CANO RODRIGUEZ DE CELIS RODRIGUEZ GOMEZ ROJO CABALLERO ROMERO CANO ROMERO HUERTAS ROSADO CEBRIAN ROSAS MENAYA RUBIO MARQUEZ RUIZ BUTRAGUEÑO RUIZ DE ARBULO GUBIA SAMITIER CABALLERO SANCHEZ MARTINEZ SANCHEZ RUBER SANCHEZ RUIZ SANCHEZ SUSTAETA SANCHEZ-BARBUDO ACEDO SANCHEZ-PACHECO DE VEGA SANZ SANCHEZ SEBASTIAN CASTRO SEGURA GISBERT SERRANO OLABARRI SIMON MUÑOZ SOLANA GARCIA TEJERO JUBERIAS TELLO CANDIL TIERRA ANCOS TORIBIO ROMERO TORRES PEREZ TORTOLA MARTIN TRUEBA MANZANO UGARTE ALVAREZ VALERA GOMEZ VALIENTE MENDEZ VALLEJO DEL CANTO VASQUEZ LOPEZ VAZQUEZ GAVILAN VELEZ BRAGA VIDAL LOPEZ-GALVEZ VILLALBA VICENT VILLASEVIL MIRANDA ZARANDIETA RUIZ ZORRILLA PRIMO ZURRON DEL ESTAL

NOMBRE MARIA ANA BELEN JUAN JOSE PALOMA JOSE ALBERTO HELIO IGNACIO MONTSERRAT ENRIQUE CARLOS JUAN MARIA DEL PILAR RAQUEL MARIA NOELIA ADRIAN B. A. ANA Mª LAURA BORJA DIEGO FERNANDO ISABEL CARMEN MARIA FCO. JAVIER PAULA BEATRIZ CARLOS CESAR CARLOS IZASKUN EDUARDO RAFAEL ANTONIO JUAN JOSE ANTONIO ALEJANDRO RICAR BLANCA JESUS LAURA FCO. SIMEON JORGE NEREA SERGIO GUSTAVO MANUEL JOAQUIN FELIX MANUEL ALICIA MARTA RAQUEL GUILLERMO VICTOR ANA ROSA FERNANDO MANUEL RUBEN PABLO MARIA PABLO ANDRES Mª ARACELI JAVIER LAURA ICIAR DE MARTA FCO. JAVIER

Nº 3383 3202 3386 3310 3340 3191 3348 3271 3181 3229 2737 3230 3231 3232 2668 3366 3185 3205 3334 3196 3233 3220 3335 3323 3297 3262 3312 3206 3157 663 3354 3384 2671 3222 3349 3208 3299 3336 3186 3197 3277 3278 3373 3258 3259 3209 3308 3174 3324 3367 3343 3177 3193 3344 3218 3187 3198 3263 3298 1273 3219 3337

S O I R A U CT RIESGOS FINANCIEROS

o arlos no es ámbito exclusiv dría denominar el ámbito po se e qu lo en , as es pr em es o ofundas de los asuntos de particular en un entorno global de pr , rio ra nt co al uy M . os sg dose microeconómico de los rie rísticas globales, desplazán cte ra ca te en alm igu en asum omías. interrelaciones, los riesgos s riesgos de las econ de an gr los d, da cie so la a lo macroeconómico de bal de la crisis financiera y glo er tra ex en ed pu se e qu s Esta es una de las leccione Norte; sarrolladas del hemisferio de ías om on ec las o nd cie que estamos pade milias ender distinciones entre fa at sin ite sm tra se e qu sis es una cri o naciones. o grupos, entre empresas

s y las posibilidades de asegur El análisis de los riesgo

ros

ncie Conocer los riesgos fina ntribuye y de los propios Estados co es ial ar es pr em s, re ilia m fa arlos. os, considerarlos y asegur en m al o, s rlo ita ev y os irl a preven nes Ese, junto con las aportacio de nuestros Colegiados, será el objetivo era. del número de Primav

Instituto de Actuarios Españoles Víctor Andrés Belaunde, 36 28016 Madrid - España Teléfono: +34 91 457 86 96 Fax: +34 91 457 14 07 iae@actuarios.org • www.actuarios.org