Boletín Internacia | Justicia Transicional by Asociación Civil Internacia

ISSN: 2313-8300

BOLETÍN AÑO 3 Nº 7

JUSTICIA TRANSICIONAL

ISSN: 2313-8300 ©Asociación Civil Internacia Boletín Año 3 - Nº 7 Setiembre 2015 Colaboradores: Daniela Vidal, Juan Camilo Bolaños, Segundo Gil, Daniel Arce, Luciana Chamochumbi. Edición:

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CONTENIDO Presentaciรณn La Uniรณn Patriรณtica: Memorias de un episodio en la construcciรณn de paz en Colombia La corriente Renovaciรณn Socialista (CRS): Una experiencia de paz en medio del conflicto colombiano Justicia Transicional en Uruguay

PRESENTACIÓN La justicia transicional surgió a finales de los años 80 y principios de los 90, principalmente como respuesta a cambios políticos y demandas de justicia en América Latina y en Europa oriental. En ese momento, se deseaba hacer frente a los abusos sistemáticos de los regímenes anteriores, pero sin poner en peligro las transformaciones políticas en marcha. Dado a que estos cambios fueron popularmente conocidos como “transiciones a la democracia”, se comenzó a llamar a este nuevo campo multidisciplinario “justicia transicional”1. Entendida como la justicia adaptada a sociedades que se transforman a sí mismas después de un período de violación generalizada de los Derechos Humanos. Los numerosos problemas que derivan de los abusos del pasado, son tan complejos que no pueden ser resueltos por una acción judicial. Las medidas judiciales, como los juicios, no son suficientes, ya que si hay miles o cientos de miles de víctimas y perpetradores, ¿Cómo pueden ser tratados todos de manera justa en los tribunales, sobre todo si dichos tribunales son débiles y corruptos? Por ello, los gobiernos pueden implementar otras iniciativas como: Acción penal, Comisiones de la Verdad, programas de reparación, justicia de género, reforma institucional, iniciativas de conmemoración.

1 El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus siglas en inglés. www.ictj.org/es/

En este nuevo boletín, se analizara con mayor detenimiento los mecanismos básicos para lograr su objetivo fundamental: la búsqueda de una verdad oficial y la memoria colectiva. Como estas tienen una relación con la política; asimismo, se presentara un análisis de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el caso Uruguayo y peruano.

Por otro lado, en esta nueva edición presentamos artículos por alumnos de la Universidad del Valle en Colombia. Analizarán, el caso específico de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), quienes viendo las contradicciones, los resultados de la guerra, el cansancio, la fatiga de la violencia y la propia deslegitimación de sus ideales, optan necesariamente, al igual que otros movimientos guerrilleros por dar un paso hacia la construcción de iniciativas democráticas y de construcción de paz. De igual manera, se profundizara las acciones de la Unión Patriótica (UP) en Colombia, un partido político, que desencadenará alianzas entre sectores del Estado, paramilitares y narcotraficantes contra la UP; emprendiendo una llamada Guerra Sucia organizando escuadrones de la muerte, desapariciones y listados nacionales con amenazas. Cabe resaltar que la experiencia de la UP tiene una importancia, ya que inicia el proceso de construcción de la paz en Colombia, en consecuencia se establecerían las mesas de diálogo de paz. En la actualidad, existe nuevos retos prácticos que han obligado al campo de la justicia transicional a innovar, fomentar la reconciliación de las partes beligerantes. El papel de la justicia transicional es asegurar un enfoque holístico que incluya el ritual, pero que no excluya la posibilidad de utilizar otras medidas de justicia. Por último, todos los enfoques de la justicia transicional se basan en una creencia fundamental en los derechos humanos universales.

Presentación

LA UNIÓN PATRIÓTICA

MEMORIAS DE UN EPISODIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA

Por: Daniela Vidal González y Juan Camilo Bolaños Orejuela

Este análisis, que tiene como telón de fondo el momento “coyuntural” que Colombia vive con el proceso de negociación política entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias © kienyke.com de Colombia en la “Mesa de ConversaEn julio de 2013 renace un partido ciones. Diálogos de Paz” en La político que se creía desaparecido Habana, pretende dar a conocer de la contienda electoral, la Unión el trasfondo de este partido políPatriótica (UP en adelante); que tico, dado que en su momento en cabeza de una de sus históbuscaba ser “la voz de los insurricas militantes busca su consogentes, un medio a través del lidación nuevamente a través de cual las FARC-EP podrían poner la candidatura en las elecciones a pruebas sus ideas en las urnas” presidenciales del posterior año. (Dudley, 2008:24). AdicionalEste acontecimiento entraña mente propone corregir ciertos una importancia histórica para el errores y brindar garantías de análisis académico del conflicto, no-repetición en los diálogos pues cabe recordar que la UP actuales, es decir, subsanar pretendía ser un mecanismo de algunas acciones que pudieron exploración de la paz por medio no coadyuvar en la transformade vías democráticas, pero que ción de aquel conflicto y que es terminó convirtiéndose en un necesario no repetir en el proceso genocidio. de diálogos en La Habana, Cuba.

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¿Cuál es la historia de la UP? La UP nace como resultado de los esfuerzos del presidente de turno Belisario Betancur (19821986) y las FARC- EP, quienes el 28 de marzo de 1984, tras comprometerse en los acuerdos de La Uribe, departamento del Meta; asumen importantes compromisos, primordialmente la amnistía aprobada en la Ley 135 de 19821. Sin embargo, los propósitos de esta construcción de paz resultaron 1*Estudiantes del programa Estudios Políticos y Resolución de Conflictos de la Universidad del Valle, Cali. Colombia. “Ésta otorgaba el perdón y olvido, automática e incondicionalmente, para todos los alzados en armas y la cesación de todo procedimiento judicial con la consecuente libertad inmediata para todos los presos políticos. No era necesario que éstos manifestaran su aceptación, les bastaba solicitar su libertad al Tribunal Superior del respectivo Distrito Judicial en donde se adelantaba el proceso, para gozar de libertad incondicional” (Afanador, 1993: 92)

trágicos, se formaron alianzas entre sectores del Estado, paramilitares y narcotraficantes contra la UP; emprendieron una llamada Guerra Sucia organizando escuadrones de muerte, desapariciones y listados nacionales con amenazas. En los municipios de Remedios y Segovia2 (nordeste del departamento de Antioquia) se dan 14 masacres y se llevan a cabo planes como el Esmeralda en 1988, la Operación Cóndor (1985), el Baile Rojo (1986), el plan Golpe de Gracia y el plan Retorno (1993).

2 En Segovia, se da una de las masacres más macabras que el partido vivió, los paramilitares armados y encapuchados llegan el 11 de noviembre de 1988 a la plaza central del pueblo, recorriéndolo con un listado y fusilando a todos los que estaban allí, incluyendo civiles que se cruzaban en aquel lugar. El total de víctimas fue de 46 personas, 40 de ellos pertenecientes a la UP. Tomado del informe: Silenciar la democracia del Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponible en: http://www. centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/segoviaRemedios/index.php/ descargas.html

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Estos acontecimientos comportaron consecuencias contrarias a la construcción de la paz con la UP: un exterminio que inició desde la fundación del partido mismo. Tal como Iván Cepeda3 lo declara en el artículo “Genocidio Político: El caso de la Unión Patriótica en Colombia”, un escrito donde hace referencia al “Tercer Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, en el que se afirma que “desde la fundación del partido, en 1985, han sido asesinados más de 1.500 de sus miembros”. La causa de estas masacres se debe -en parte- a la acogida que 3 Iván Cepeda Castro, es defensor de derechos humanos y congresista, nacido en Bogotá (Colombia). Su padre fue senador y dirigente de la Unión Patriótica, fue asesinado en 1994. Cepeda se ha desempeñado como director de la Fundación Manuel Cepeda Vargas y vocero oficial del Movimiento de víctimas de crímenes de Estado (MOVICE), Su labor en el campo de los derechos humanos lo hizo merecedor en el 2007 del Premio Medalla de la Libertad Roger Baldwin, otorgado por la organización Human Rights First, con sede en Nueva York.

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tuvo la UP en el país, en las elecciones de 1986 contaba con la representación de: 23 alcaldes, 14 congresistas, 3 senadores -dos eran comandantes de las FARC- entre ellos Iván Márquez (actual plenipotenciario en la mesa de negociaciones de la Habana, Cuba), 18 diputados para 11 asambleas departamentales, 335 concejales para 187 concejos municipales y Jaime Pardo Leal quien participaba como Candidato Presidencial del partido y obtiene 328.752 votos, es asesinado por manos de paramilitares y agentes del Estado en 1987. Finalmente, el 27 de marzo de 1990 muere Bernardo Jaramillo (presidente de la UP), provocando la fragmentación del partido y el exterminio del mismo. Su final político llegaría con el asesinato del senador Manuel Cépeda Vargas y el posterior atentado en mayo de 1996 a una de sus principales dirigentes. Este exterminio dejó más de 5000 personas entre asesinadas y desaparecidas, muchos de estos casos se encuentran actualmente en

¿Cuál es el aporte al proceso actual?

la impunidad, según datos de la fundación RENACER. Pese a todo lo ocurrido, en el año 2010 comienzan a determinarse y juzgarse los actos genocidas cometidos contra la UP. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declara la sentencia del Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, y responsabiliza de la muerte del Senador Cépeda al Estado, por la violación del derecho a la vida y específicamente compromete de forma material a dos suboficiales, además de la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales. Luego, en el 2013 el Consejo Nacional Electoral le devuelve la personería jurídica a la UP como medida de reparación.

Cabe resaltar que la experiencia de la UP tiene una importancia sustancial en este momento para el proceso de construcción de la paz en Colombia, que es inevitablemente transversal a la “Mesa de Conversaciones. Diálogos de Paz” en la Habana, Cuba. En el sentido de que ésta representa una propuesta que contempla la participación política para la insurgencia, y es en esta medida en la que el genocidio de la UP se comporta como una clara experiencia que no debería generar inseguridad en el proceso, sino contribuir a la confianza de las partes, bajo las claras garantías de no repetición.

No obstante, en el segundo informe conjunto de la Mesa de Conversaciones de Paz entre el gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP, donde se relaciona el punto dos de la agenda: “participación política”, se visualizan ciertos aspectos sobre los cuales es posible inferir que

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existe una concreta conciencia de los hechos ocurridos con la UP, y de esta manera se busca construir tal evento bajo el perfeccionamiento de los procesos de participación política anteriores. En primera medida, el genocidio de la UP coloca sobre la mesa un necesario plan de seguridad para aquellos que proscriban la violencia como un medio para ejercer la política y determinen transitar hacia los escenarios de la acción política legal, para que de esta forma puedan integrarse garantemente como oposición política y social. Adicionalmente, es fundamental corregir errores, ejemplo de ello es que la participación política no puede estar acompañada por la violencia como procedimiento político, sino que el silencio de los fusiles debe ser determinante para la proscripción de la guerra y la efectiva construcción democrática. En este sentido, es pertinente que el actual proceso de construcción de la paz, haya definido lo siguiente: “La firma e implementación del Acuerdo Final

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contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos, a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política, y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación.”4

Por último, es imperioso asumir que los procesos de construcción de la paz deben tener una mirada a largo plazo, como una transición que incluye aspectos de financiación, divulgación y estímulo para las fuerzas políticas que circulen hacia la participación institucional; pues en el caso de la UP, el cambio de gobierno afectó disposiciones legales de garan4 Comunicado Conjunto de las Delegaciones

del Gobierno y las Farc, Bogotá, 6 noviembre del 2013.

tías para las FARC, generando finalmente los exterminios más dolorosos y el final del partido.

Reflexión Final “La memoria es fundamental en todo tiempo y más en este tiempo de guerra y de conflictos, porque la memoria es el antídoto contra la impunidad por un lado, y por el otro, la memoria es el insumo a partir del cual se va a conocer la verdad, se va a hacer justicia, se va a dar reparación y es la fuente para construir otro país. Si nosotros olvidamos, sobre qué vamos a levantar otro país”

Betancur, Belisario. (1986). El compromiso de la paz. Bogotá D.C., Banco de la República Departamento editorial. Campos, Yezid. (2008). El baile rojo. Bogotá D.C, Random House Mondadori, S.A. Carillo, Vladimir; Kucharz, Tom (2006). Colombia: terrorismo de Estado. Testimonio de la guerra sucia contra los movimientos populares. Barcelona. Icaria Editorial. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (2014) FARC-EP Relanzan propuesta sobre Comisión de la verdad de la historia del conflicto interno colombiano. Disponible desde la URL: http://justiciaypazcolombia.com/FARC-EP-relanzan-propuesta-sobre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1999) La libertad de Asociación y los Derechos Políticos. Disponible desde la URL: http://www.cidh.org/countryrep/Colom99sp/capitulo-9.htm#16

(Yezid CamposDirector Documental El Baile Rojo)

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漏 victimasdelaguerrilla.org

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Desmovilizaci贸n de la CRS en 1994. 漏arcoiris.com.co

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LA CORRIENTE RENOVACIÓN SOCIALISTA (CRS) UNA EXPERIENCIA DE PAZ EN MEDIO DEL CONFLICTO COLOMBIANO

Por: Segundo Gil y Daniel Arce

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Introducción En el marco del proceso de paz que se realiza en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, la población dispone para sí misma un escepticismo común, infundado en la desconfianza y los miedos generados por los anteriores procesos de reinserción y desmovilización. Parece ser que la frase célebre atribuida a varios: “Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla” es una constante máxima a tener en cuenta.

trucción y transformación de una sociedad con justicia, equidad, e igualdad, pero, sobre todo, una sociedad de paz.

El objetivo de este artículo es analizar el caso específico de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), quienes viendo las contradicciones, los resultados de la guerra, el cansancio, la fatiga de la violencia y la propia deslegitimación de sus ideales, optan necesariamente, al igual que otros movimientos guerrilleros,1 por dar un paso hacia la concertación y la paz. En primera instancia, rompiendo las relaPero el tener en cuenta los ante- ciones con el ELN y desmoviliriores casos y muchas de las zándose como movimiento insurcaracterísticas de los procesos gente militar ilegal, y en segunda de diálogo y negociación con instancia, adquiriendo personería distintos grupos insurgentes en jurídica y luchando en una demola historia no nace de un miedo o cracia que catalogaban como una desconfianza. En cambio, sí injusta y corrupta (cabe resaltar supone una necesidad y un objetivo: buscar dentro de la evolución de los distintos casos, herra- 1 Antes se habían desmovilizado el mientas que sirvan para mejorar Movimiento 19 de Abril (M-19) EN 1990; el Ejército Popular de Liberación (EPL), el proceso actual; de tal forma EL Partido Revolucionario de Trabajaque estos procesos sean una dores (PRT) y el Movimiento Armado saeta que apunte hacia la cons- Quintín Lame en 1991; y los comandos Ernesto Rojas en 1992

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que la iniciativa de la desmovilización fue liderada por los militantes del M-19) Fue así que, en el corregimiento de Flor del Monte en Sucre en el año 1994, la Corriente de Renovación Socialista y el Gobierno colombiano liderado por Cesar Gaviria en ese entonces; consumaron la desmovilización del grupo de toda actividad militar, cambiando la guerra, por un ideal político, que dentro de un gobierno incipiente y unas estructuras despóticas, buscaba la transformación del sistema y un camino a una democracia justa y equitativa, pero, ante todo, se buscaba un gobierno con una perspectiva social. “Había dejado las filas guerrilleras porque había comprendido mediante el dolor de ver a mis amigos muertos, mediante la angustia que trae la perdida de seres entrañables, que la vida, la que nos ha tocado trasegar o presenciar, está por

encima de todos los demás valores… No era la ilusión de un mundo mejor lo que estaba dejando atrás, no era ese compromiso con la justicia, esa búsqueda de la equidad social, esa lucha por la dignidad humana, que había aprendido de un obispo y de un grupo de sacerdotes en una región lejana de Colombia, lo que quería abandonar [...] Me había ido a la guerrilla por unas creencias y me devolví con ellas. Había modificado su orden, su prioridad, en medio de la triste experiencia de acercarme a la muerte”

León Valencia en “Mis años de guerra” (pág. 19 -20)

Análisis del contexto: La Corriente de Renovación Socialista (CRS), nace en 1991, como una disidencia del ELN, “conformada por aquellos sectores que a comienzos de los años noventa Asociación Civil Internacia

consideraron que la estrategia de la lucha armada ya no era viable, que había llegado el momento de la lucha política y que por tanto era necesario, mediante la negociación, hacer una transición de la lucha armada a lucha política”. (Cuatindoy, 2014).

Antecedentes históricos, políticos y sociológicos. Históricamente, Colombia estaba precedida de una época violenta enmarcada en un conflicto de tipo rural (combates con grupos guerrilleros y autodefensas) y urbano (narcotráfico y terrorismo). En cuanto a los movimientos insurgentes, luego de los sucesos de la toma del Palacio de Justicia y actos adjudicados como terrorismo, se empezaban a deslegitimar a los grupos armados, con lo cual dichas organizaciones de índole político militar, buscaban concertar distintas opciones de negociación, desmovilización y reinserción con el gobierno colombiano para, de esta manera, adentrarse en la esfera de la política. Como

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ejemplos claros de estas iniciativas, se toma a consideración procesos de desmovilización de grupos como el Movimiento 19 de Abril (M-19); el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento Armado Quintín Lame;2 los cuales tuvieron como referente y antecedente político, la Asamblea Nacional Constituyente de 1990. La historia de la CRS comparte su historia con el ELN. Es hija de la violencia de los 50 y fue una iniciativa reivindicatoria, pero su más considerable factor, es que nació en el marco del triunfo de la Revolución Cubana de 1959. Su historia determinó como fundadores a un grupo de estudiantes becados por Fidel Castro para estudiar en Cuba, los cuales organizaron la brigada José Antonio 2 En orden cronológico, los movimientos desmovilizados fueron: El Movimiento 19 de Abril (M-19) en marzo de 1990 en Santo Domingo; Antioquia; el Ejército Popular de Liberación (EPL) a finales de enero del 1991, en el municipio de Ovejas en Sucre y el Movimiento Armado Quintín Lame en mayo de 1991, proceso realizado en Pueblo Nuevo, jurisdicción de Caldono, Cauca.

Galán, en honor al ex líder comunero, pero su marcha como guerrilla inicia en 1964 con 18 hombres en armas, un año más tarde en 1965, hacen su primer ataque a un poblado de Norte de Santander llamado Simacota. Esta es una guerrilla que se acerca más al trabajo de base, al ejercicio de la política con sectores marginados, tiene bases sociales que mantienen vigente su estructura, tanto que lograron reestructurarse luego de la operación Anorí, llevada a cabo bajo el gobierno de Pastrana Borrero, en 1973; lo que prácticamente casi los extingue. Algunos incluso se atreven a llamarla más como un partido político en armas, que como un bloque militar. Dado el caso, es precisamente esta postura la que le ha representado su mayor contradicción. El grupo insurgente postuló la idea de “O negociamos o nos morimos”, dicha en el marco de su congreso realizado en junio de 1973, donde además plantean una nueva estrategia política para mantener su estructura.

Su posición política, y su amplia claridad en sus luchas, les ha llevado a ser más legitimados por el pueblo, que otras guerrillas y con la afluencia de las reformas sociales de procesos de paz anteriores; las fracturas en el ELN no se habían hecho esperar así lo anunciaba Enrique Santos Calderón en El Tiempo:

“Todo indica que se trata de una seria crisis interna, en una organización armada que a lo que más le teme es a la división. Aunque las ha tenido. En los años 70, con el grupo llamado de Replanteamiento y, más recientemente, con el sector que renunció a la lucha armada y optó por lanzarse a la política con el nombre de Corriente de Renovación Socialista (CRS)”3

Ellos determinan como un fenómeno trascendental en su deci3 SANTOS Calderón Enrique (1997) “Las disidencias Guerrilleras” El Tiempo, encontrado en http://www.eltiempo. com/archivo/documento/MAM-662271

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sión el hecho del cambio de contexto, en tiempos y perspectivas teóricas, el derrumbe de la URSS, las negociaciones de las guerrillas en Centro América, las negociaciones con los distintos grupos armados en Colombia, el cambio de Constitución y en particular el cambio en las condiciones de la guerra. Si pudiéramos dar un ejemplo concreto de este tipo de negociaciones, y en el mismo contexto, es precisamente, las negociaciones de La Uribe uno de ellos, un proceso que solo consistía en el cese al fuego bilateral, nunca planteo la dejación de las armas por parte de la insurgencia, cuando hubieran cesado los enfrentamientos armados, se abriría un período de prueba de un año para que los integrantes de las FARC-EP se organizaran política, económica y socialmente según su libre decisión y acogerse a los beneficios de la ley 35 de 1982 y decretos complementarios. De los Acuerdos de La Uribe nace el partido Unión Patriótica (UP), este partido estaría compuesto no

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solo por miembros de las FARCEP, sino por sociedades civiles, sindicatos, etc. En las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1986, la UP obtiene el tercer lugar, sin embargo, la mafia del narcotráfico, organismos de inteligencia del Estado y los paramilitares encabezados por Fidel y Carlos Castaño se propusieron exterminarla. De este exterminio se produce el retorno de guerrilleros al monte, el retorno a las actividades armadas y el rompimiento del acuerdo a principios de 1990 con el bombardeo a Casa Verde por parte del ejército. Muchos integrantes de la UP tuvieron que salir exiliados del país, otros se refugiaron en pequeñas poblaciones, y hoy muchos de ellos están dedicados al activismo político desde diferentes lugares, A partir de estos procesos, al igual que la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente. Como bien lo hemos mencionado, esta disidencia se separó de la estructura del ELN en 1992

y negocio con el gobierno de Cesar Gaviria en el año de 1994, durante el proceso de negociación, varios de sus líderes fueron asesinados, lo cual no impidió las negociaciones que se sellaron en 1994. Como resultado de ello, este movimiento recibió su personería jurídica el día 23 de agosto de 1994 un paso que los ponía en la esfera pública de la política en el Estado que antes deslegitimaban. Actualmente, la CRS no existe como movimiento político, pero aun así sus ideas están políticamente alineada y dedicada labores académicas y de índole política. Un ejemplo de ello es la fundación de la Corporación Nuevo Arcoíris en 1996, con bastante aceptación y reconocimiento en el mundo académico y en el mundo socio-político debido su ayuda en la construcción de iniciativas democráticas y de construcción de paz.

La CRS, Como aporte a la construcción de paz El 9 de abril de 1994 en Flor del Monte, departamento de Sucre, la CRS dio el paso a movimiento político legal, con amplias aspiraciones de consolidarse como fuerza independiente aglutinante de múltiples sectores de la sociedad colombiana no vinculados a los partidos políticos tradicionales. La CRS era partidaria de generar un movimiento

«Actualmente la CRS no existe como movimiento político, pero aun así sus ideas están políticamente alineadas y dedicadas a labores académicas y de índole política, un ejemplo de ello es la fundación de la Corporación Nuevo Arcoíris en 1996»

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democrático transformador de las actuales condiciones sociales, económicas y políticas del país, En este sentido, los comandantes de la corriente, en su comunicado oficial de paz promulgado en el año de 1995, un año después de su desmovilización, hacen un sentido pronunciamiento: “Cuando asumimos el riesgo del camino hacia la paz con ese acto, estábamos constatando la pertinencia y la viabilidad histórica de la solución política al conflicto armado, el futuro de nuestras gentes y de nuestra nación está ligado a las posibilidades de tramitación pacifica de nuestros conflictos. Desde esta convicción respaldamos todos los esfuerzos que se hagan para buscar una salida política al conflicto colombiano. Convendría comprometer más la voluntad de los sectores en conflicto y avanzar sin dilaciones

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en las discusiones de los contenidos de las agendas, produciendo verdaderos hechos de paz. En estos años de vida política legal nos hemos relacionado con otros actores sociales y políticos del país, no siendo menos importantes las relaciones que hemos construido en el extranjero. En el tiempo transcurrido desde nuestra desmovilización en 1994, hemos consolidado organizaciones de las cuales nos sentimos orgullosos”

Antonio López Erazo, Ejecutivo de la CRS, comunicado oficial de paz, 1995

Ejemplo de ello son: La Federación de Vivienda Unavida en 1995, la Corporación Nuevo Arcoíris en 1996,y la más reciente Fundación Paz y Reconciliación a cardo de León Valencia en 2013. A través de la Corporación Nuevo Arcoíris se han ejecutado proyectos de generación de

empleo, educación y capacitación de desmovilizados, sus familias y las poblaciones del área de influencia, el medio ambiente, la comunicación democrática, la atención a viudas y huérfanos y se han hecho importantes inversiones sociales en servicios, infraestructura vial, escuelas y centros de salud. BIBLIOGRAFÍA SANTOS Calderón Enrique (1997) Las disidencias Guerrilleras El Tiempo, encontrado en http://www.eltiempo. com/archivo/documento/MAM-662271

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Foto: Juan Manuel L贸pez/Montevideo Portal

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JUSTICIA TRANSICIONAL EN URUGUAY

Por: Luciana Chamochumbi Asociaci贸n Civil Internacia

Toda justicia encarna una esperanza de paz y cese del dolor tras la condena.

La justicia es un requisito para hablar de un estado democrático de derecho. La justicia transicional -que se aplica al finalizar un periodo de violencia o régimen dictatorial- aspira al apoyo de actores extranjeros y a la presión de la población civil para fortalecer el sistema estatal refundando sus raíces en una sociedad democrática. Sin embargo, ya que se trata de delitos que ocurren en un contexto antidemocrático y autoritario, en el cual están inmersos diversos grupos políticos y sociales en pugna, esta aspiración podría debilitarse con el paso de los años. Asimismo, de darse este supuesto, el legalismo mantendría esta “condena” y podría generar en la población un resentimiento hacia el Estado y actores de delitos y excesos inhumanos. La justicia transicional consta de varios mecanismos básicos para lograr su objetivo fundamental: la búsqueda de una verdad oficial y la memoria colectiva. Es por

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esto que muchas veces suponen retos muy grandes. Por ejemplo, la incompatibilidad del derecho internacional con respecto a las medidas judiciales del derecho nacional, aunque, corresponda al fuero interno la decisión de un avance en el cumplimiento de los derechos humanos. Al mismo tiempo, estos mecanismos de justicia poseen una naturaleza política, como lo es la ejecución y puesta en marcha de una comisión de la verdad, dónde el tratamiento del pasado implica que se están superando los hechos de injusticia, además de la dificultosa investigación objetiva. Tales instrumentos desde el punto de vista jurídico velan por el mejoramiento de la condición de los derechos humanos en un país. Asimismo, es importante recalcar que la implementación de este enfoque de justicia encuentra muchas dificultades en la práctica, por ejemplo, en las acciones penales para condenar a los autores de mayor respon-

sabilidad que utilizan todas sus capacidades para librarse de resoluciones condenatorias. Por otro lado, las reparaciones que se basan en políticas de reparación monetaria, las reformas institucionales para evitar la impunidad y las acciones civiles para una memoria viva como museos, monumentos, símbolos en espacios públicos constituyen acciones que no involucran a toda la sociedad. Uruguay es un país de gran belleza por la combinación de sus campiñas y sierras de baja altura con la frescura de sus apacibles playas. Posee un sistema de educación, salud y seguridad social bien desarrollados. Es conocido por su secularismo y sus políticas socialistas liberales. No obstante, una revisión de su historia reciente revela, aún, un joven sistema democrático fortalecido por la constancia de cada gobierno pero con una trayectoria incompleta en el juzgamiento de los detenidos-desaparecidos. Al igual que otros países latinoamericanos, tuvo un periodo de

dictadura militar que duró entre 1973 hasta 1985 y se caracterizó porque contó con la aceptación del presidente de ésa época Juan María Bordaberry. Él propuso dar el golpe de estado a las fuerzas armadas, cuyo poder iba creciendo a medida que tenían mayor injerencia en la vida política del país y la crisis social aumentaba por las confrontaciones entre grupos de izquierda radical, entre ellos el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, contra otros de derecha extrema como Los Escuadrones de la Muerte. Convivió en el poder junto a los militares hasta 1975 en que fue destituido por las mismas fuerzas que lo apoyaron debido a sus diferencias sobre como debía organizarse el país. El punto que marcó la inflexión en esta alianza cívico-militar fue el Acuerdo Boiso Lanza firmado el 12 de febrero, dónde claramente la presión militar superó cualquier intento cívico para llevar los cauces del país. El golpe de estado se dio el 27 de marzo de 1973, pero desde varios años antes, la clase militar tuvo una fuerte participa-

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ya que la transición hacia la democracia fue discutida por los grupos políticos(que recibían el poder) y los militares(que lo cedían) llegando a un acuerdo donde se imponía la visión de cerrar esa etapa de la historia que no propiciara otra crisis institucional y proteger el orden constitucional. Frente al posible desacato militar hacia las órdenes del poder judicial de poner en detención a varios militares para procesarlos, que puso en riesgo la transición, tuvo supremacía dentro del debate parlamentario continuar con la transición dando protección a los militares. En ese sentido, hubo una justicia política que superó el componente jurídico y legal que propiciaba una justicia verdadera. En este espacio temporal de transición que se denomina justicia transicional surgen las siguientes preguntas: ¿Por qué se trata de la búsqueda de la paz, el perdón y la memoria de una parte de la población, víctima de violaciones de sus derechos, cuando debería ser la meta de toda la sociedad?¿Solamente se El caso de Uruguay es particular, logrará a través del castigo de

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ción en el Estado, ocupando los más altos cargos, una vez dado el golpe, en una suerte de ejecutivo llamado Consejo de Estado. El principal grupo político blanco de los militares fueron los de tendencia de izquierda. Quiénes fueron capturados, acusados de sedición, encarcelados hasta el fin de la dictadura en condiciones carcelarias que violaban derechos humanos. Otros, vivieron la suerte del exilio, principalmente en países como Argentina y Chile. Este exilio fue muy arriesgado, puesto que fueron mandados matar por las autoridades de las dictaduras que luego se impusieron en el extranjero, sin dejar nunca su condición de militante y su actividad contra la dictadura. La dictadura finalizó al verse los militares con poco apoyo de parte de la población que no apoyaba sus medidas. Fue así que mediaron un camino civil llamando a algunos partidos políticos. El fin de la dictadura se cerró con el pacto del Club Naval en 1984.

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una clase militar?¿Es tan simple como utilizar los mecanismos judiciales, que tardan tantos años en condenar al acusado, cuándo el principal obstáculo es el tiempo en contra? Frente a tantos cuestionamientos, una parte de la sociedad uruguaya decidió que para no incentivar el odio y no estancarse en un debate que no tiene horizonte de resolución habría que cerrar ese capítulo de la historia nacional y la discusión sobre culpables, víctimas y responsables. Producto de esta decisión social, los constructores de la transición post dictadura emiten la Ley de Caducidad. Esta ley operó como un mecanismo de protección hacia los militares y demás actores del Estado que en ejercicio de sus cargos o cumplimiento de órdenes durante la dictadura hubieran cometido delitos de lesa humanidad y se expresaba en la caducidad de la acción punitiva del Estado sobre los delitos cometidos antes del 1 de noviembre de 1985. De ese modo, se puso “frenillos” a la ejecución de la justicia. Esta ley ha pasado por dos referéndums

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para revocarlo y la población aceptó su continuidad, sólo en el 2011 se logro derogarla. Por su parte, el sistema judicial, por su sofisticación, aletargaba los procesos con decisiones sobre la cuestión de inconstitucionalidad de la ley, aplicado a cada caso particular que se presentaba, en debates que iban y venían que no cooperaban con el elemento de la celeridad en la justicia. La situación tiene muchas aristas que lo hacen muy compleja pero pueden englobarse en dos grupos según la manera de abordarlo: el aspecto jurídico y el aspecto político. La Comisión por la Paz (COMPAZ) creada en el 2000 recibió diversos cuestionamientos ya que se apreciaba que era un intento de acallar las investigaciones en materia de derechos humanos. Asimismo, se acusó de que habría información falsa. En este caso, las mayores críticas vinieron de parte de los familiares de las víctimas quienes no aceptaron la información acerca de la cantidad de desaparecidos-detenidos que la comisión inves-

tigó en Chile, Argentina, Paraguay, Colombia, Brasil, Bolivia que huyeron cuando empezaron las detenciones y se instauró el miedo. Un apartado especial, merece la situación que vivieron los niños durante la dictadura. Finalmente, es revelador que a pesar de que la sociedad civil y diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos presionaron para llevar sus demandas lo más lejos que podían llegar por los canales legales, la condición de víctima de miles de personas haya quedado en el olvido. Podríamos agregar frente al análisis sobre el caso uruguayo que los mecanismos de justicia transicional tuvieron un efecto menor a la aspiración que se tuvo y muchos de los objetivos planteados ya no se podrán lograr debido al paso del tiempo. La sociedad uruguaya tiene una deuda pendiente que será difícil de saldar, no sólo con las víctimas de la dictadura sino también sobre cómo la sociedad uruguaya ha contribuido a que en Uruguay se institucionalice

un periodo de su historia bajo la sombra de la injusticia hacia un sector de la sociedad por sus idas y venidas utilizando los mecanismos judiciales y legales como la amnistía para la dejar en impunidad a personajes que abusaron y transgredieron amparados en el poder oficial.

BIBLIOGRAFÍA ERRANDONEA, Jorge 2008 “Justicia Transicional en Uruguay”. Revista IIDH vol.47. ALOISIO, Carlos 2015 “Justicia Transicional en Uruguay: un caso negativo”. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. Ecuador, julio 2015 nº 16 SHELOTTO, Magdalena 2015 “La dictadura cívico-militar uruguaya: la construcción de la noción de víctima y la figura del exiliado en el Uruguay post-dictatorial”. Questions du temps présent. Nuevo Mundo Mundo Nuevo. Web americanista.

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