CONCLUSIONES

Kevin Cruz, Belia Villeda y Henry Parada

La etnografía institucional desde donde se recolectó la información para el presente estudio se concentró en las dimensiones materiales y en las relaciones prácticas de la vida cotidiana de las instituciones visitadas. tomando como foco de atención las prácticas cotidianas, este método de indagación permitió conectar, como se puede observar en los diferentes capítulos, con el complejo entramado de instituciones que interactúan entre sí para ofrecer protección a los niños y niñas en el contexto de los sistemas de protección de la niñez en la región; así como con las relaciones de regulación social extralocales identificables tanto en los complejos sistemas económicos, políticos y sociales de los países analizados, como entre la dinámica de la llamada cooperación internacional en torno a la niñez y la adolescencia. uno de los principales hallazgos identificados por los diferentes autores, es que los sistemas de protección distan mucho de incluir bajo su alcance a una diversidad poblaciones vulnerables, como lo son las niñas, niños indígenas, niños LGtBQ+, entre otros, así como a aquellos niños y niñas que por su posición geográfica en los territorios nacionales todavía tienen un limitado acceso a las oficinas que ofrecen servicios de protección. esta realidad es especialmente adversa para las niñas y adolescentes mujeres. ejemplos de esta situación se encuentran no solamente en el ámbito de los sistemas de protección de la niñez y el complejo institucional de organizaciones que conforman el estado y la

sociedad civil, sino que echa raíces en una matriz de dominación estructural a través de las desigualdades políticas y económicas prevalecientes en la región entre hombres y mujeres, refrendadas por creencias y discursos patriarcales que se encarnan en los cuerpos y la subjetividad de los sujetos que trabajan e interactúan dentro y fuera de los sistema de protección.

Una realidad reconocida en la mayoría de capítulos, es que los sistemas de protección de la niñez han experimentado significativas transformaciones durante los últimos treinta años, mismas que está circunscritas a procesos de mayor alcance ocurridos en el contexto de una globalización de la economía que reivindica el libre mercado en detrimento de los Estados y su protagonismo para garantizar condiciones de bienestar para la población en general, y para su niñez en particular. Estas circunstancias han tenido como resultado no solamente una reducción de la inversión estatal en temas relacionadas con el bienestar de la población como la salud y la educación, sino que se ha acudido a un retroceso de los mecanismos de compensación social por la crisis socioeconómica que atraviesan los países de la región a raíz de la integración de la región los procesos de globalización. Uno de los sectores más afectados en este contexto son los sistemas de protección de la niñez. Razón por la cual, ante la limitación de recursos humanos, financieros y en muchos casos, incluso técnicos, la responsabilidad por la protección de este grupo poblacional ha sido asumida paulatinamente por organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales. Esta situación tiene un impacto directo en la capacidad de respuesta con que cuentan los sistemas de protección de la niñez en la región, la cual durante estas décadas pareciera no alcanzar en la cotidianidad de sus prácticas las aspiraciones jurídicas plasmadas tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en las respectivas legislaciones nacionales que rigen la protección de los niños y niñas en los países examinados. Esto se ve reflejado de manera particular en las prácticas institucionales que fueron objeto de análisis en el marco de este estudio. Al respecto, se identificó que las instituciones que constituyen los sistemas de protección tienen muchos retos relacionados con la necesidad de integrar una perspectiva de género, tanto para formar mejor al personal de las instituciones, como para

mejorar los protocolos de atención frente a las niñas y niños de la comunidad LGTBIQ+ y pueblos originarios. Asimismo, se identifica necesario incrementar la presencia de los sistemas de protección en todos los departamentos de los países estudiados, así como incorporar personal que cuente con las cualificaciones necesarias para trabajar con una población tan vulnerable como lo es la niñez y adolescencia, garantizando protocolos claros para enmarcar los comportamientos y procesos que desde sus roles y funciones, los trabajadores de los sistemas de protección deben saber implementar.

En los países de América Latina, y principalmente en la región centroamericana y caribeña, donde la precarización de la institucionalidad parece ser una característica predominante y todavía existe una cultura usualmente adversa a la incorporación igualitaria y equitativa de las niñas y las mujeres en la sociedad, el problema de la brecha entre los marcos normativos y las prácticas institucionales no es solamente que las instituciones no hagan lo que dicen hacer, sino que incluso el funcionamiento de las mismas se encuentra seriamente limitado por defecto debido a cuestiones de carácter estructural como la pobreza, la cultura machista, la debilidad institucional, la corrupción, la ineficiencia en el uso de los recursos públicos, entro otros. Por lo tanto, al analizar el quehacer institucional de los sistemas de protección en países como los de este estudio, es necesario tener en cuenta las particularidades estructurales e históricas de los mismos ya que, estos han tenido que lidiar, por ejemplo, con una cultura que fortalece la estructura desigual de poder entre hombres y mujeres, con las consecuencias de las guerras civiles de los años ochenta, así como con su posición de subordinación frente a las disposiciones políticas y económicas impuestas externamente por los organismos financieros internacionales. Elementos todos que obstaculizan el papel que podrían jugar los Estados para fortalecer las condiciones de bienestar social en general, y de los niños y niñas a través de un sistema de protección de forma particular.

Es en este sentido que, a pesar de que los Estado de la región ha intentado construir sistemas de protección de la niñez en las últimas tres décadas, ya sea por medio de la creación de instituciones responsables de este mandato, a través de códigos de la niñez o de políticas de protección de la infancia, los esfuerzos no han cristalizado en sistemas de protección robustos capaces de garantizar los derechos

prometidos en la Convención de los Derechos del Niño. En algunos casos, como Honduras, lo que se observa es más bien un proceso contrario, que implica un retroceso de las pocas conquistas que en la década de los noventa se habían logrado en materia de niñez y adolescencia. Ante este escenario, cabría preguntarse ¿los Estados lo siguen intentando o simplemente se han dado por vencido? Lo cierto es que el escenario actual tanto a nivel local como nacional e internacional es complejo, ya que, por un lado, tal como se vio en el capítulo siete, la gobernanza en los países de la región se maneja desde un paradigma que posiciona la descentralización como la estrategia por excelencia para acercar los servicios a las poblaciones que viven retiradas de los centros de poder, lo que en el marco de los sistemas de protección de la niñez implicaría la posibilidad de que personas tradicionalmente excluidas de acceder a este tipo de servicios, puedan tener a su alcance el poder de solicitar protección. Sin embargo, en muchas ocasiones, en la práctica, este paradigma es tergiversado, y los Gobiernos de turno terminan impulsando procesos de tercerización, es decir, trasladando la responsabilidad de ofrecer este tipo de servicios a terceros, como las distintas organizaciones no gubernamentales que trabajan con niñez y adolescencia. Como consecuencia, se termina desprendiendo al Estado de sus prerrogativas, atribuciones y responsabilidades frente al grupo poblacional de los niños, niñas y adolescentes. En tal sentido, es deseable que la protección de la niñez se mantenga en manos estatales, aún y cuando esta responsabilidad se maneje de forma descentralizada, sin que esto signifique tercerizar los servicios de protección de la niñez.

Ante tal escenario en el que las delimitaciones de responsabilidades entre Estado, sociedad y organismos internacionales frente a los niños, niñas y adolescentes se encuentran cada vez más borrosas, ¿es posible afirmar que existen sistemas de protección de la niñez? ¿O solamente existen grupos de acción que tratan de responder ante la doctrina de protección integral? Lo cierto es que la existencia o no de “sistemas de protección de la niñez” depende de cómo se definan los conceptos de “sistema.” Si se revisa la literatura de organismos internaciones –Unicef, UNDP, OMS, Paho, y otros—se asume que, por lo menos ‘oficialmente’, sí existe un sistema de protección infantil establecido en estos países. Tal vez la pregunta sería cuán integrales son dichos sistemas, y si están interconectados para responder a la necesidad de protección en dichas sociedades. En los países que se

abordan en este libro, muchos de los elementos de la Convención aún continúan siendo aspiraciones. Todos los países de Centroamérica y República Dominicana han ratificado la Convención, y la han incorporado dentro de leyes y prácticas de sus sistemas nacionales. Sin embargo, estas instituciones y leyes no parecen funcionar como sistema. Así que, podría afirmarse que el complejo entramado de instituciones, reglamentos y trabajadores estudiados constituyen un sistema en transición que no se ha logrado consolidar. Hecho que puede observarse en la brecha todavía existente entre el nivel de las leyes y discursos institucionales, por un lado, y las prácticas cotidianas de las instituciones, por el otro.

Por otra parte, otro elemento fundamental para mejorar los sistemas de protección en la región, es fortalecer el rol que juegan las universidades en la formación de profesionales próximos a incorporarse a las diversas instituciones que traban con niños y niñas. Si bien existen importantes esfuerzos tanto entre universidades públicas como privadas de la región que, por medio de sus respectivas facultades y departamentos, producen psicólogos, abogados, trabajadores sociales, pedagogos y especialistas en la materia, preparados para responder a las necesidades de los sistemas, las limitadas condiciones presupuestarias, principalmente entre las universidades públicas, limitan a su vez el grado de especialización que puedan tener las mallas curriculares de las diversas carreras para formar profesionales en las distintas áreas que atienden necesidades y derechos esenciales de los niños y niñas. Aún más, la formación constante de personas que trabajan para los sistemas de protección de la niñez se identificó más como una excepción que como una regla generalizada para los países analizados, por lo que urge ampliar los espacios de formación para las y los trabajadores de las instituciones. Finalmente, es fundamental advertir que, cuando hablamos de los beneficiarios de los sistemas de protección, no nos referimos a un concepto abstracto de niñez, sino a niñas y niños concretos que tienen experiencias tanto en su seno familiar como en las instituciones que analizamos en este estudio. Enfoque que debe ser incorporado como parte integral de las políticas públicas, programas, reglamentos y protocolos que regulan el trabajo de los sistemas de protección, no solamente porque la necesidad de incorporar la participación y propia voz de los niños y niñas sea uno de los mandatos de la Convención, sino porque son sujetos por derecho propio, con capacidad para analizar

sus propias condiciones de vida, así como el papel que los adultos que les rodean, dentro y fuera del ámbito familiar, juegan en la configuración de sus trayectorias de vida. Facultades que para el mundo adulto usualmente pasan desapercibidas y que históricamente han sido ignoradas.