4.3. La subjetivación de la incertidumbre y el riesgo de la autorelegación

4.3. La subjetivación de la incertidumbre y el riesgo de la autorelegación

Una parte importante del costo del acceso al sistema de salud es solventada por el denominado costo de bolsillo. La exigua protección social en Paraguay recrudece el riesgo de que, ante una eventual enfermedad y el gasto no planificado que ella acarrea, las familias caigan en la pobreza o en la pobreza extrema, explotando la vulnerabilidad de las clases desfavorecidas. Entre estos gastos se incluyen, más precisamente, el rubro de medicamentos, los destinados a consultas, a exámenes de laboratorio y a radiografías, erogaciones en hospitalización e internación, costos de transportes y los gastos de comida, entre otros (Zavattiero, Fantin y Zavattiero, 2019, p. 70). Según Verónica Serafini el gasto medio autofinanciado de los trabajadores destinado a la salud pública, ronda en torno al 20% de sus ingresos (Serafini, 2020). Esta situación potencial para cada familia, y con mayor riesgo para los grupos sociales en situación de pobreza, configura una experiencia subjetiva con relación a la salud y a su vinculación a la propia calidad de vida. Si la ausencia de seguridad en el acceso a la salud se arrastra durante varios años, la emergencia sanitaria, con las medidas de confinamiento y la suspensión de muchas de las actividades económicas, potencia la incertidumbre sobre las estrategias de supervivencia, provocando en algunos casos una verdadera superposición de riesgos económicos y sanitarios, a escala tanto individual como colectiva. Esas condiciones sociales han dispuesto un terreno concreto de interpretación para la captación presente de un contenido de experiencia: “(…) vamos a salir nomás ya a trabajar, decía la gente, porque morir de brazos cruzados es mucho peor” (C. S., hombre, Santa Rosa del Aguaray, 29 de octubre de 2020); “Vamos a aguantar todo, lo que no sé es hasta cuándo” (M. G., hombre, Santa Rosa del Aguaray, 13 de enero de 2021); “Es muy complicado ir al hospital de Santa Rosa… No sé qué va a pasar de nosotros” (F. R., mujer, Santa Rosa del Aguaray, 13 de enero de 2021). No se tarda en ver que la incertidumbre, resultado de una mayor exposición al riesgo económico y la desprotección social, así como potenciada por el miedo generado por la emergencia sanitaria, configura un horizonte signado por la inseguridad. Esto delinea una cartografía donde la acción pública en el área de salud, siempre que se tenga en cuenta que las metas declaradas de la política en esta área son los objetivos universales de mejorar la salud –que no es sólo la ausencia de enfermedad– y extender el tiempo de vida, continúa ejerciendo un proceso de subjetivación sobre las poblaciones vulnerables fundamentado en la incertidumbre y la falta de garantías24 .

24  Ver: http://www.cdiaobserva.org.py/2020/12/17/cdia-observa-ninezenpandemia/

“Si te enfermás, lo único que te resta es morirte. No tenés garantías. Si ahora te vas al hospital no tenés garantías. Legalmente no hay garantías. No hace mucho, tal vez 22 días, casi 1 mes, que una señora tenía la columna adolorida y se fue al hospital. Y durante el camino se sentía bien, iba conversando incluso. Llegó al hospital de Caazapá a las 9 y a las 10 ya estaba muerta. Vos vas al hospital buscando salud, para recuperarte. Pero murió. Es raro. De ese tipo de casos ya ocurrió mucho. Y eso quiere decir que no hay garantía, no hay seguridad, si hablamos de la cuestión de la salud”. (A. G., hombre, San Juan Nepomuceno, 11 de diciembre de 2020). “Muchísimo nosotros luchamos para que nuestra familia esté, uno luego, en buena salud, porque acá no hay medicamentos, no hay nada. Como perro te morís. Vos tenés que irte otra vez otro lado. La salud en Villeta es escasa”. (J. C., mujer, Villeta, 5 de noviembre de 2020). La medida de confinamiento, junto con las pérdidas de empleo, la recesión económica y la suspensión de diversas actividades económicas que trajo aparejadas, tuvieron como desenlace en numerosos casos un daño en la salud psicológica de la población, sobre todo en aquellos miembros de las clases desfavorecidas que, en su gran mayoría, están expuestos a la inseguridad económica y la duda ante el porvenir inmediato. “Esta restricción social ha generado en algunos casos, que no sabemos si está vinculado o no, pero hemos tenido un par de suicidios –digo un par, pero no ocurrieron un par– que podrían estar vinculados a la situación que algunas personas no pueden resolver un conflicto y entienden que la solución es terminar y se acabó el conflicto. Entonces es posible que en algunos la intensidad de la respuesta psicoemocional al encierro haya sido muy determinante. Nosotros tuvimos casos acá en los cuales hemos visto como un estrés postraumático en los casos que debieron tener encierro porque dieron positivo. Se los ve en las manifestaciones del cuerpo. Yo soy forense. Además, que el cuerpo muchas veces habla lo que uno no dice, en la sudoración, en la inquietud, temblor de manos. Entonces cuando uno los controla y encuentra un pulso rápido y dice “no, no hay elementos para”, entonces qué es lo que está pasando. Y había sido que esa persona perdió el trabajo, su mujer se fue, los niños no comen. Entonces hay una cantidad de constelaciones de hecho en una población que, como dije, es muy importante, porque no entra en el mercado laboral por su carisma étnico, sino que simplemente trabajan a esfuerzo. Y si no tienen el ingreso diario, tenemos problemas”. (I. V., hombre, Filadelfia, 6 de noviembre de 2020). Pero es justo y posible extender el análisis desde la carencia de estas poblaciones a lo que ellas también en verdad poseen. En ese sentido, la pertenencia a un

grupo, entendido como conjunto de agentes sociales dotados de unas propiedades comunes, permite movilizar una red duradera de relaciones estables capaz de generar estrategias de inversión social, sea para la supervivencia o para el cambio. Estas estrategias no se producen en un espacio externo a un sistema social, en este caso, más concretamente, al sistema de salud y protección pública, sino que constituyen un determinado modo de posicionarse ante él. Por acción u omisión, las instituciones públicas generan un tipo de desprotección institucionalizado; pero, al mismo tiempo, esta situación desencadena una serie de acciones potenciales de organización comunitaria o social, explotando un tipo de capital social específico, construido por lazos de inter-reconocimiento, cercanía y condiciones comunes de vida. Se desata, así, una cadena de intercambios de dones al interior de comunidades dentro de lo que cabría llamar redes de reciprocidad indirecta. En estas prestaciones las obligaciones no están ligadas directamente a quien ofrece o a quien recibe el don, sino que se insertan y se retroalimentan entre todos y cualquier miembro del sistema. “Tenemos que ayudarnos únicamente, como dijeron antes mis compañeros. Uno siempre pregunta cómo podemos ayudar a los enfermos. En la asamblea la gente colabora de a 2.000 guaraníes para hacer llegar a la gente de Caazapá, de Caazapá se pasa a Asunción, de los otros asentamientos y nos ayudamos de este modo, para que al menos alcance para el costo de los medicamentos. Así vivimos actualmente en nuestro país. Y tenemos que luchar únicamente para que así podamos superar esto juntos. (C. G., hombre, San Juan Nepomuceno, 11 de diciembre de 2020). “Este es San José. Nos conocemos todos y estamos tan cerca luego del hospital. Nosotros tenemos doctoras, enfermeras y eso que viven por acá, y ellos, cuando tenés capelús por ahí, rápido te hacen caso también. Y por ahí a nosotros también. Yo no escuché que alguien tuvo problemas por ahí. (…) Sí, siempre se realizan polladas, sorteos, ese es el pan nuestro de cada día realmente. Siempre te traen para colaborar, porque siempre hay personas que necesitan, que necesitan de traumatología, se rompen su hueso y deben tener eso de los huesos, se tiene que operar, que tiene problema de cadera. Todo eso. Que tiene problema de cáncer, los compañeros docentes que tienen problemas de cáncer y tienen que irse a Asunción. Siempre nosotros hacemos actividad para ayudar. Ahora mismo a la compañera se le hizo ‘pizzeada’, que tenía que irse para hacer su quimio en Asunción. Y al otro compañero también que tenía que irse a Asunción se le hizo ‘pancheada’. Todo siempre así. Pero para esos problemas más graves, la gente siempre va a Asunción”. (L. D., mujer, Santa Rosa del Aguaray, 16 de diciembre de 2020). Todo habilita a considerar estas estrategias como capacidades relativas de agenciamiento de las poblaciones vulnerables, aunque, en verdad, sobre un terreno

precario. Precisamente este terreno, que de antiguo viene constituyendo a estas acciones de intercambio no sólo como contingentes, sino necesarias y casi ya al nivel de un paradigma, presenta también caminos fértiles para la utilización política de la solidaridad recíproca. Como corolario de las antiguas ‘polladas’, la pandemia generó otro tipo de acciones comunitarias como fueron las ollas populares que, en no pocas regiones, sirvieron como oportunidad para la búsqueda de réditos políticos. “Hubo varias ollas populares en nuestra comunidad, pero todas eran a nivel político. No fueron así personas de un grupo, no. La mayoría era de un grupo de color de fulanorista con fulanorista. Ellos, los políticos, los candidatos a intendente hacían sus ollas populares para alzar su autoestima y para las redes sociales”. (B. G., mujer, San Juan Nepomuceno, 10 de diciembre de 2020). La complejidad del caso estriba en que las unidades domésticas ubicadas en situaciones de vulnerabilidad se ven exigidas a desarrollar estrategias de participación en redes de contención, pero también en redes de intercambios de bienes y servicios. Estos intercambios significan para muchas de ellas recursos alternativos para hacer frente a la inseguridad económica y la precariedad, dos factores que diseñan un horizonte de expectativa anclado sobre la incertidumbre ante el porvenir. De manera simultánea, este emplazamiento de condiciones de pobreza e indefensión, forjado a partir de las propiedades de la estructura social con altos índices de desigualdad, habilita a que las poblaciones más vulnerables establezcan alianzas con agentes del campo político, cuya oferta de asistencia, efímera y parcial, se alimenta de la intención de obtener dividendos políticos, especialmente en períodos preelectorales. Ciertamente, la pandemia ha permitido estrechar lazos de solidaridad entre comunidades y grupos sociales como estrategias de contingencia, pero el ejercicio del derecho a la salud debe ir aparejado a la posibilidad de ejercer otros derechos fundamentales, como el derecho a la educación, al agua potable y al saneamiento, condiciones sociales de posibilidad para un acceso pleno a la salud y el bienestar.

El origen de la pandemia ha proporcionado todos los caracteres para hablar, con propiedad, de una crisis en el área de la salud. Pero muy pronto las consecuencias estrictamente sanitarias (hospitales colapsados, aumento de contagios y pacientes enfermos, mayor demanda de camas de internación) se han articulado a los rasgos propios de la estructura social paraguaya, vale decir, una diferenciación social con altos índices de desigualdad y un sistema de seguridad y protección endeble. Esto ha hecho emerger, por un lado, una crisis sanitaria basada sobre el aumento de demanda de atención médica por casos de coronavirus, al mismo

tiempo que se sufría una retracción en la atención de otras enfermedades prevalentes. La situación de la pandemia ha intensificado desigualdades históricas y estructurales, profundizando la vulnerabilidad de grupos sociales en situación de abandono y desprotección, como la población campesina e indígena y, con mayor razón, el sector de la niñez y la adolescencia. La medida sanitaria, dispuesta por la entidad rectora de la salud pública, de distanciamiento ha tenido dos implicaciones: ha pretendido obligar al distanciamiento físico necesario para evitar el contagio viral en espacios compartidos, así como ha provocado una agudización del distanciamiento social, fragilizando las condiciones de bienestar. En la zona de Boquerón, las distancias significativas entre las localidades, producto de las características territoriales y geográficas, pero también económicas y sociales, han alejado todavía más a las comunidades indígenas, haciéndoles sufrir una mayor privación en la atención de la salud y en el acceso a determinados servicios públicos. Al propio tiempo, las condiciones de hacinamiento y pobreza en las que viven las han arrojado a un estado de mayor vulnerabilidad durante la pandemia: primero, porque el cumplimiento de las medidas de higiene se volvió relativamente imposible para comunidades cuyo acceso al agua es limitado; segundo, y correlativamente, porque la desposesión y la carencia las ubica en un plano de mayor riesgo a contraer enfermedades, sean prevalentes, como la desnutrición, o contingentes, como el coronavirus, que, en efecto, ha afectado significativamente a algunas de ellas, como la de Uj’e Lhavos o Cacique Mayeto. En Santa Rosa del Aguaray y San Juan la población campesina ubicada en asentamientos no vivió una situación muy diferente. Muchos miembros, especialmente los de edad infantil, de estas comunidades, han soportado una privación de atención médica en hospitales debido a la atención predominante puesta en atender casos de coronavirus. En estas localidades la cobertura en la atención primaria es limitada debido, en general, a los restrictivos horarios de atención, falta de medicamentos o elevadas distancias. Esta segregación de las urgencias terminó multiplicando los fenómenos de autoexclusión del sistema de salud pública, provocando, en casos donde se necesitó recurrir a consulta médica, recurrir a la automedicación o al tratamiento alternativo por intermedio de plantas medicinales. En la zona metropolitana, como en Asunción o Villeta, pero también en la zona urbana del distrito de San Juan, la suspensión de las actividades económicas suscitó una superposición específica de riesgos tanto económicos como sanitarios. Miembros de las clases desfavorecidas, cuyos ingresos dependen mayoritariamente de subempleos informales como la venta ambulatoria de productos, se vieron exigidos a arriesgarse al contagio de coronavirus a cambio de volver a buscar ingresos. Esto se desarrolló en un marco de incertidumbre ante el futuro próximo, nutrido de la inseguridad económica y la precariedad y la insuficiente respuesta del Estado para socorrer a estas poblaciones durante el periodo de

confinamiento. No obstante, esta situación habilitó en las comunidades con mayor densidad de redes de reciprocidad indirecta, el surgimiento de estrategias colectivas de solidaridad con el propósito de emplazar un sistema –poco institucionalizado e inseguro– de contención y protección. De todos modos, estas estrategias, cuyos elementos constituyen las actividades de donación solidaria (v.gr. las polladas o las ollas populares), señalan surcos de organización colectiva y un modo específico de posicionamiento ante el sistema público de salud y protección, ante la falta de seguridad y garantías que ofrece.