Revista FIEPYMES Nº 86

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EDICIÓN ABR - JUN 2018 AÑO 16 - Nº 86

TRABAJO

INVERSIÓN

MILLENNIALS

OPORTUNIDADES

TURISMO

EDITORIAL

MILLENNIANS: TURISMO, INVERSIÓN, TRABAJO Y OPORTUNIDADES

EDICIÓN ABR - JUN 2018 AÑO 16 - Nº 86

FIE Federación Interamericana Empresarial Asociación Empresarial Continental Joyce de Ginatta Presidenta Global Guayaquil, Ecuador Consejo Editorial: Giovanni Ginatta Director Ejecutivo FIE Ecuador Julita Maristany Secretaria General Buenos Aires, Argentina Rodney Goodwin Presidente Sector Noreste EE.UU. Carolina Serani Presidenta Sector Sureste EE.UU. Claudio de Rosa Presidente Sector El Salvador Fidel Márquez Rector de la Universidad Tecnológica Ecotec Franklin López Profesor Adjunto de Universidad de Tulane

Uno de los ofrecimientos en campaña de Lenin Moreno fue la generación, en 4 años, de un millón de empleos; la única forma de lograrlo es a través de un gran impulso a tres sectores como son: las exportaciones, el de la construcción y el turismo. El primero y el segundo se logrará con la eliminación de trabas de todo tipo y creo que lo tiene claro el actual presidente; lo tercero, o sea, el turismo, creo que no lo está. Porque si bien es cierto que se lograría captar miles de puestos de trabajo no se está haciendo nada para destrabar las barreras de hoy, lo que tiene al turismo congelado, me refiero al exceso de trámites, falta de frecuencia aérea, trabas para dar facilidades a las empresas que quieran incursionar en este sector, falta de coordinación a través de las embajadas, falta de levantamiento de las oportunidades que cada cantón puede ofrecer en este campo.

El país está compuesto de 24 provincias, cada una tiene mucho que ofrecer en el turismo. Ya hay puntos que han crecido sin la ayuda de Gobiernos de turno, como la iniciativa de la pequeña y mediana empresa: Montañita, Baños de Ambato, Cuenca, Guayaquil, Quito; eso demuestra el potencial que tenemos, pero hay mucho por hacer. No puede ser que las rutas internas estén concentradas en su mayor parte en Quito, cuando la movilidad debe ser entre los cantones, y los tamaños de los aviones de acuerdo a esa movilidad, y aquel dicho que dice “¿qué fue primero el huevo o la gallina?”, Guayaquil ha tenido que bregar solo para levantar el turismo de esta zona, pero hay mucho más por hacer. ¡No esperemos más, empecemos ya!

la

Coordinación Paola Valarezo Baidal Impresión POLIGRáFICA C.A. MIPYMES es una publicación de la Federación Interamericana Empresarial.

Sus artículos pueden ser reproducidos previa autorización de la presidencia de la FIE. El contenido de esta revista también está disponible en los sitios web www.fiepymes.com y www.joyceginatta.com

Ing. Joyce Higgins de Ginatta Guayaquil, marzo de 2018

Para comentarios e inscripciones contactarse al Telf.: (593-4) 2886332 o al correo: jginatta@joyceginatta.com

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Contenido Mirar para otro lado Dr. Abelardo García Calderón

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Las potestades que la Consulta Popular del 4 de febrero del 2018 otorgó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio Dr. Enrique Herrería

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La economía ecuatoriana al día de hoy Econ. César Robalino G.

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¿Cambio de rumbo?

Econ. Mauricio Pozo Crespo

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¿Qué es, y para qué sirve un programa económico?

Econ. Francisco Swett

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Otra visión económica y fiscal Econ. Jaime Carrera

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Los pactos de accionistas Dr. Hernán Pérez Loose

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Nuevos rumbos para la economía ecuatoriana Econ. Jorge Calderón Salazar

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El horizonte del gradualismo / Esto no es justicia Sr. Alberto Medina Méndez (Argentina)

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EDUCACIÓN

MIRAR PARA OTRO LADO Dr. Abelardo García Calderón Director General del Instituto Particular Abdón Calderón - IPAC

Uno de los grandes equívocos que por gestión cometemos los responsables de cualquier institución o empresa, e incluso los mismos profesionales, es el olvidarnos pensar en el “bosque”; lo nuestro llama y reclama tanto nuestra atención, que pasamos concentrados en ello sin caer en cuenta que esa visión permanente del árbol no nos permite apreciar la arboleda en general. Decimos esto, porque generalmente cuando se habla de la educación, de la necesidad de su mejora, de la urgencia de cambios fundamentales en ella, preferimos mirar para otro lado.

Como generalmente los ámbitos en los que estudian y se desenvuelven nuestros hijos y nietos no sufren los grandes riesgos que pudieran producirse en un campo de un centro educativo público, observar a éstos no nos llama la atención y generalmente consideramos problemas de otros lo que ahí pase; aparentemente no nos toca, no nos impacta y seguros estamos que los nuestros, desde nuestra óptica y conocimiento, están recibiendo en ese ámbito, el educativo, lo que creemos más adecuado y mejor.

Sin embargo, es claro que quedamos cortos en la apreciación, ya que si avizoramos nuestra empresa en el largo plazo, nuestra gerencia y sus planes de desarrollo y crecimiento más su impacto social, es evidente que la conexión nos salta y la preocupación por la educación pública nos reclama. ¿De dónde, nos preguntamos, van a salir la gran mayoría de obreros, empleados e incluso mandos medios de nuestras actividades? Sin duda no de las grandes universidades extranjeras ni locales, sin contar

con esas oportunidades que depara la vida y que lleva por ingenio, capacidad e inteligencia de una persona, a escalar profesional y administrativamente cargos y responsabilidades viniendo desde estratos económicos menos afortunados. Pero en todo caso, debemos estar claros que la empresa necesita más que una gerencia preparada y clara al mando, más que directivos y mandos medios óptimos y capacitados, requiere de una empleomanía apta e idónea para asumir responsabilidades y competencia laboral.

Sin duda, estas últimas reflexiones deben llevarnos a mirar casa adentro y como nuestro, el problema de la educación pública, que va más allá de la buena o mala condición académica del centro que gradúa a un estudiante, pues en estos tiempos son muchos otros los peligros y riesgos que conviven junto a educadores y alumnos en las instancias escolares: las pandillas, el narcotráfico, las adicciones de todo tipo, la violencia agazapada que pone en riesgo la integridad física, emocional y sexual de profesores y estudiantes, tienen que ser no solo conocidas y analizadas, sino resueltas por una sociedad que debe exigir permanentemente la solución final de estas graves lacras que hoy destruyen vidas, agreden y maltratan inteligencias y dejan solo una secuela de daño fisiológico, psicológico y afectivo en el estudiantado.

Mirar hacia la educación pública y buscar su redención, es un mandato no solo moral y emocional que tranquilice conciencias y nos vuelvan generosos socialmente, es más bien garantizarnos como entes de desarrollo de un país que requiere cambios y 5

EDUCACIÓN

saltos fundamentales y definitivos. Presionar para que se solucionen los problemas de la educación fiscal es una inversión a largo plazo, pues nos estaremos garantizando no solo la mano de obra calificada que se requiere, sino el contar con gente capaz de sumarse por bien preparada, a nuestros objetivos y metas, aportando porque están lo suficientemente equilibrados mentalmente para asumir el reto.

No podemos permitirnos que zombis destruidos por las adicciones constituyan las masas laborales; el siglo XXI, a cada quien, en el cargo que se encuentre y en el rango que ostente, le demanda un trabajo de inteligencia activa y le exige reacciones emocionales equilibradas y proactivas; por ello, haríamos bien todos en buscar un cambio fundamental y sostenido de la educación en general en nuestro país, pues, aunque nuestros hijos y nietos luzcan hoy protegidos, poco podrán hacer sin equipos de trabajo que les acompañe a sacar adelante sus proyectos, sus ideas, sus aportes a la empresa y a la comunidad.

Desde ese punto de vista, la carencia por la que hoy pasa la educación pública en particular, y en general todo el sistema educativo nacional, nos atañe y nos llama actuar. Dicen que lo mejor es siempre curarse en salud, por tanto sería bueno que desde el sitial que nos encontremos presionemos a las autoridades de turno para que atiendan y desarrollen bien un modelo educativo capaz de entregar a los ecuatorianos lo que requerimos y necesitamos.

La propuesta del siglo XXI en educación es desarrollar y construir la inteligencia del niño y del adolescente para que pueda enfrentar los retos de esta nueva era que reclama creatividad, rapidez intelectual, imaginación abundante, eficiencia, velocidad y confort.

El conocimiento no es el objetivo a conseguir, sino el medio con el cual cada quien pueda ser capaz de abrirse al mundo y crear.

En este punto también es cierto que hay condiciones a las que atender, sobre todo cuando queremos poner mucho énfasis en que la educación desarrolle también la capacidad de emprender del estudiante.

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Más allá de que el emprendimiento tiene que ver mucho con el fuero interno de cada persona, su voluntad, su capacidad de liderazgo y su perseverancia, debe trabajarse para que ese sueño funcione adecuadamente en el generar políticas en las que el emprendedor encuentre apoyo y pueda sostener su sueño en sus primeros años de gestión.

Emprendedores fracasados solo sumarían resentidos a la masa laboral no propositiva. Al discurso hay que alinearle los hechos y los marcos referenciales, y todo debe conjugarse en beneficio de estructurar y construir esa nueva sociedad que la educación hoy imparte.

Por ello, estimados lectores, el llamado es no mirar hacia otro lado cuando hablamos de educación, pues, de una u otra manera, ya sea en nuestros círculos cercanos o en los más abiertos como en los laborales, profesionales y/o académicos, el fruto de lo que pasa en las aulas nos estará esperando. Es cierto que no todos somos educadores, es cierto que todos no tenemos ni manejamos la información de lo que ocurre en el mundo educativo, pero sí podemos, sin duda, como ciudadanos, como miembros de una sociedad civil, como gremios, estar cerca y presionar a los gobiernos de turno para alcanzar un modelo educativo eficiente que entregue resultados satisfactorios.

Urge salvar la educación pública nacional y remodelar el sistema educativo nacional, centralista y concentrador. Un currículo único, un texto único, un bachillerato único, bajo el nombre de general unificado, no puede ser la cumbre donde florezca el pensamiento creativo que se requiere para impulsar a una sociedad que pueda aplaudir la aparición de inventos de nuevas propuestas, modelos y sistemas.

Hagamos patria, pensemos en la educación y solicitemos el desarrollo de un modelo educativo nacional adecuado a nuestra gente, a nuestras culturas, a nuestras idiosincrasias que nada tiene que ver ni con Finlandia, ni con Singapur, Japón o Corea.

Formemos ecuatorianos para resolver los problemas ecuatorianos y trabajar de cara al mundo global y a la integración internacional.

ENFOQUE

LAS POTESTADES QUE LA CONSULTA POPULAR DEL 4 DE FEBRERO DE 2018 OTORGÓ AL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL TRANSITORIO Dr. Enrique Herrería Bonnet

El artículo 1 de la Constitución ecuatoriana recoge un principio universal de más de dos siglos de vigencia cuando define que la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Tal principio, que integra las constituciones de toda nación democrática, deriva de lo que se conoce como poder constituyente originario, que pertenece a los integrantes de la sociedad o nación, principio sustentado teóricamente por Emmanuel Sieyés en su célebre opúsculo ¹¿Qué es el Tercer Estado?, de la siguiente manera: “Los asociados son demasiado numerosos y se hallan repartidos en una superficie demasiado extensa como para ejercer por sí mismos fácilmente la voluntad común. ¿Qué hacen entonces?

Definen lo necesario para velar y proveer a las ocupaciones públicas, y confían el ejercicio de esta porción de voluntad nacional, y por tanto de poder, a algunos de entre ellos”.

Vemos pues, que la titularidad del poder constituyente originario le corresponde al pueblo, el mismo que delega su ejercicio a través de procesos electorales, llámese plebiscito, referéndum o genéricamente, consulta popular.

En mérito a las consideraciones anteriores, el Presidente Constitucional de la República convocó a los ecuatorianos que se pronuncien mediante referéndum para enmendar la Constitución a efecto que un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación correspondió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establecido en nuestra Carta Suprema.

LA CESACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL PRESIDIDO POR EL DR. GUSTAVO JALKH El día lunes 4 de junio de 2018, luego del proceso de evaluación en el cual se respetaron las garantías básicas del

derecho al debido proceso, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición resolvió cesar en sus funciones a todos los integrantes del Consejo de la Judicatura que presidía el Dr. Gustavo Jalkh.

El principal argumento de defensa de los cesados fue que, el Consejo de la Judicatura que ellos integraban no estaba incurso en la evaluación y cesación de funciones como potestad entregada al Consejo de Transición, pues sostenían que fueron nombrados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anterior al consejo cesado mediante la consulta popular. Tal argumentación carece de todo valor jurídico, pues confunde o equipara personas físicas con entidades públicas, lo que nos obliga a remitirnos a la opinión de algunos tratadistas, para la debida clarificación; por ejemplo, ²Roberto Dromi sostiene que: “El Estado como sujeto de derecho es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Debido a ello, la construcción jurídica del “Estado persona” produce los siguientes efectos técnicosjurídicos: 1) La continuidad o perpetuidad estatal, no obstante la transitoriedad de los gobiernos y la variabilidad de los regímenes políticos…”. En la misma línea de pensamiento, la profesora argentina ³Miriam Mabel Ivanega, refiriéndose a la “Teoría del Órgano”, expresa lo siguiente: “La organización administrativa permanece, a pesar de los cambios de las personas físicas que actúan para ella”. Y el egregio Maurice Hauriou, sostenía: “Dada la continuidad que debe caracterizar al poder de derecho, es necesario que este se apoye todo lo posible en instituciones permanentes y, lo menos posible en los hombres que lo ejercen efímeramente… ningún poder se encuentra verdaderamente vinculado a quien lo ejerce, el cual, sea un hombre o una institución, no es más que un depositario, pues el poder en sí mismo es uno y continuo”.

La revisión del pensamiento de tan ilustres juristas pone en evidencia que la pregunta 3 del referéndum de febrero no 4

1 ¿Qué es el Tercer Estado?, Alianza Editorial S.A., Madrid 2003, Página 140.

2 Derecho Administrativo, Editorial Ciudad Argentina, 2004, Décima Edición, Página 125.

3 Principios de la Administración Pública, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 2005, Página 122.

4 Principios de Derecho Público y Constitucional, Editorial Comares S.L., 2003, Página 216.

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ENFOQUE

Dentro de la valoración que se debe realizar al desempeño de los magistrados de la Corte Constitucional, no debemos pasar por alto los actos inconstitucionales que han caracterizado a esa Alta Corte. Iniciaremos nuestro comentario recordando que la Asamblea Constituyente de Montecristi redactó la nueva Constitución ecuatoriana, sometida a referéndum el 28 de septiembre de 2008, siendo aprobada por la mayoría de los ecuatorianos y entró en vigencia a partir del 20 de octubre de 2008. Esta constitución dispone en el artículo 25 del llamado Régimen de Transición, lo siguiente: “Una vez constituidas las nuevas funciones Legislativa, Ejecutiva, y de Transparencia y Control Social, se organizará la comisión calificadora que designará a las magistradas y magistrados que integrarán la primera Corte Constitucional”. Así también, el artículo 27 inmediato siguiente, determina que los integrantes del Tribunal Constitucional terminarán sus periodos cuando se posesionen los miembros de la Corte Constitucional, cuya elección se realizará conforme las normas del Régimen de Transición y de la Constitución.

singularizaba a quienes como personas físicas integraban el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino que cuestionaba el accionar de la entidad, independientemente de quienes fueron sus integrantes, que por cierto, nunca merecieron la confianza ciudadana; por lo tanto, que el Consejo de la Judicatura que presidió el Dr. Gustavo Jalkh fuere designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado mediante la consulta popular, o por el que lo precedió, carece de importancia; en consecuencia, el Consejo Transitorio que preside el Dr. Julio César Trujillo tenía plenas potestades para evaluar el desempeño del Consejo de la Judicatura y a cesar a sus miembros, por expreso mandato del pueblo soberano manifestado en las urnas.

EL MANDATO POPULAR DEL 4 DE FEBRERO DE 2018 TAMBIÉN INCLUYE LA EVALUACIÓN Y POTENCIAL TERMINACIÓN DE LOS PERIODOS DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Veremos ahora que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición también está investido de la atribución para evaluar y cesar de sus funciones a los integrantes de la Corte Constitucional, por cuanto, el artículo 25 del Régimen de Transición de la Carta Suprema Ecuatoriana dispuso que el CPCCS reglamente y dicte las normas del concurso para escoger a los miembros de la primera Corte Constitucional; además, la Disposición Transitoria Quinta de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dispone que esa entidad dicte las normas y procedimientos para designar a los magistrados que integraron la primera Corte Constitucional.

Así también, el artículo 434 de la Carta Suprema dispone que los miembros de la Corte Constitucional son designados por una comisión calificadora integrada por la Función de Transparencia y Control Social, que como ya lo mencionamos se integra con el CPCCS; por lo tanto, su situación es similar a la del Consejo de la Judicatura; es decir, los ciudadanos que integran la Corte Constitucional son designados con la directa participación del CPCCS; visto lo anterior, los magistrados de la Corte Constitucional están sujetos a evaluación y potencial cesación de sus cargos.

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A pesar de que las disposiciones antes referidas son absolutamente claras, y que el artículo 427 de la Carta Suprema manifiesta que las normas constitucionales se interpretarán por su tenor literal, los vocales del extinguido Tribunal Constitucional, mediante resolución publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 451 del miércoles 22 de octubre de 2008, asumieron la calidad de magistrados para ejercer las atribuciones que la Constitución de la República reservaba a la primera Corte Constitucional. Es decir, se autodesignaron inobservando el procedimiento señalado en la Constitución de Montecristi; esto era, mediante concurso público como lo establecía el artículo 434 ibidem. Respecto de la resolución adoptada por los integrantes de ese cuestionado organismo, el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Hernán Salgado Pesantes, impugnando la misma, expresó lo siguiente: “En este punto, las disposiciones constitucionales de la transición (artículos 25 y 27) guardan coherencia y claridad. La objeción hecha por los integrantes del Tribunal Constitucional en el sentido de que la Constitución había omitido señalar que ellos continuaban en funciones prorrogadas (y que no podrían despachar los amparos), no justifica en modo alguno una violación flagrante a una Constitución que venía de ser

5 ¿Guardianes o Sepultureros de la Constitución 2008? Separata de la Revista Ruptura N°56, año 2012 de la Asociación Escuela de Derecho Facultad de Jurisprudencia,

Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

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ENFOQUE

promulgada. Pues, el Régimen de Transición permitía que los miembros del Tribunal Constitucional sigan al frente de la institución hasta que se posesionen los miembros de la Corte Constitucional (conforme dice el artículo 27), lo cual obviamente les prorrogaba en las funciones. En el contexto jurídico expuesto es imposible aceptar que el Tribunal Constitucional se haya transformado en la nueva Corte Constitucional. Más aún, entre las competencias establecidas en la anterior Constitución de 1998, para el Tribunal Constitucional no constaba la de interpretar la Constitución de modo obligatorio, lo cual correspondía al Congreso Nacional. ¿Cómo pudieron los vocales del Tribunal arrogarse esta competencia -de interpretarprevista en la actual Constitución para la futura Corte que aún no existía? Los hechos que ocurrieron después dejan en claro que el oficialismo requería de modo urgente un organismo que interprete la Constitución, de acuerdo con el “interés general” que representa el Gobierno. Este primer acto de autoproclamación realizado sin el más mínimo pudor revela la calidad ética y jurídica de quienes pretendían ser guardianes de la Constitución”.

protección propuesta el 8 de abril de 2009 y la sentencia se dictó el 24 de agosto de 2016, publicada en la Edición Especial N° 787 del Registro Oficial de 30 de noviembre de 2016; es decir, luego de más de 7 años. Cabe anotar que el artículo 63 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece el término máximo de 30 días para resolver la acción. Lo anterior es uno de los cientos o miles de casos que ponen de manifiesto la negligencia de la Corte Constitucional.

A la presente fecha de ese Tribunal Constitucional, que mutó en Corte Constitucional, solo continúan en funciones la Dra. Ruth Seni Pinoargote y el Dr. Manuel Viteri Olvera, sin embargo, habiéndose procedido contra norma pública de rango constitucional, el origen de esa Corte la vuelve ilegítima, sin distinción de quienes la integren actualmente.

Tratando de la negligencia manifiesta de la Alta Corte al incumplir normas constitucionales y legales, sus integrantes estarían incursos en el artículo 233 de la Carta Suprema que expresa que ningún servidor público está exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones. Sobre el particular, la ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA recoge el pensamiento de Filippo Grispigni, quien sostenía que: “La omisión no es entonces el nihil facer, sino el non facer quod debetur”. Si bien es cierto que el maestro italiano en su concepto se refería a materia penal, no es menos cierto que tal definición es aplicable en todos los órdenes de la administración pública, en particular en materia de justicia ordinaria o constitucional, donde entran en juego derechos fundamentales, entre ellos el de libertad, la tutela judicial efectiva, la propiedad, la libertad de expresión, etcétera, en los cuales nos queda debiendo la Corte Constitucional por su permanente demora en la resolución de las causas.

Y más aún, la Corte Constitucional, máximo órgano de protección de los derechos ciudadanos, incurre permanentemente en retardo injustificado en la resolución de los casos puestos a su conocimiento, afectando el principio de celeridad establecido en el artículo 169 de la Constitución, pues no resuelve dentro de los términos señalados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como no resuelve en orden cronológico, privilegiando casos en que existan intereses particulares. Respecto a su negligencia para resolver en los términos oportunos, entre los cientos o miles de casos, registramos el N° 201-09-EP, acción extraordinaria de

En síntesis, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio recibió del poder constituyente originario (el pueblo soberano) una delegación para el ejercicio de ese poder en el propósito de evaluar y cesar de sus funciones, entre otras entidades, al Consejo de la Judicatura, lo cual ya se realizó, pero también, puede evaluar a la Corte Constitucional que siendo parte de los poderes constituidos se encuentran en grado de inferioridad frente a la delegación que ha sido confiada por el pueblo soberano a la entidad presidida por el Dr. Julio César Trujillo, cuyas decisiones tienen que ser acatadas por los integrantes de ambos organismos.

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6 DRISKILL S.A., Buenos Aires, 1979, Página 276.

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ECONOMÍA

LA ECONOMÍA ECUATORIANA AL DÍA DE HOY Econ. César Robalino G. Exministro de Finanzas del Ecuador Marzo 29 de 2018

La actual situación económica del país sigue inundada de desequilibrios, tanto en el área fiscal, la balanza de pagos, el mercado laboral y el sistema monetario. La etapa de abundancia se terminó y hay que tomar decisiones que crean las bases necesarias para la recuperación macroeconómico y financiera a partir del segundo semestre del año 2018. Los agentes económicos y los hogares sienten incertidumbre, tienen desconfianza y temen que se desarrollen fenómenos parecidos al caso de Grecia.

El país requiere crecer en un periodo de 10 años al 5 % anual con acciones de política pública en un contexto de inclusión social, reduciendo las desigualdades por ingresos y asegurando una estabilidad genuina de tipo económico y financiero. Habrá que fortalecer el sistema educacional y la inversión económica y social, incrementando la calidad y la eficiencia del gasto, mejorando la competitividad y flexibilizando el mercado laboral para crear más empleos.

Pero también se requiere de una reforma tributaria integral, que simplifique el sistema, amplie la cobertura, combata la evasión y elusión tributaria y descanse un poco más en la tributación directa, como el impuesto a la renta, que hay que hacerlo más progresivo y olvidándose de ideas tales como establecer un impuesto al patrimonio o incrementar el impuesto a la herencia. Pero se requiere también eliminar ciertos impuestos como el ISD. La economía ecuatoriana hace frente a varios desequilibrios que más que coyunturales son estructurales y estos desequilibrios no son solo una manifestación de la importante reducción de los precios del petróleo y de la apreciación del dólar estadounidense que tiene sus efectos no solo en la balanza de pagos y en las finanzas públicas del país, sino que son un fiel reflejo de la insostenibilidad del modelo de desarrollo del gobierno del expresidente Correa, que sigue presente con el gobierno actual.

La expansión del gasto público en el país ha sido muy alta y única en la historia económica del país. La economía ecuatoriana se comenzó a adaptar que por cada dólar del valor agregado, US$ 0.44 se debe al gasto público, no solo por el crecimiento de la inversión pública, sino de la aparición y desarrollo de un gobierno gigantesco, con una burocracia superflua que consume improductivamente 10

los recursos públicos del Estado. Esta expansión del gasto público financiada para el alto precio del petróleo y el crecimiento acelerado y caro del endeudamiento público externo, llegó a su fin, provocando ciertas distorsiones intensas en la estructura económica del país.

El creciente déficit fiscal decidido deliberadamente por el gobierno anterior amenazaba y amenaza la estabilidad económica y por lo tanto a la permanencia del Sistema Monetario de la Dolarización. Lamentablemente, el Gobierno Nacional actual sigue orientando sus acciones de Política Económica en el Modelo de Desarrollo del gobierno anterior, el mismo que en 10 años ha probado ser un error y un fracaso total.

Se requiere urgentemente un nuevo Modelo de Desarrollo, basado en dos motores: la inversión privada y las exportaciones privadas no petroleras.

La política de remuneraciones del Gobierno Nacional, al haberse incrementado los sueldos y salarios y otros gastos de la mano de obra, más allá de lo que permita el incremento a la productividad, ha puesto en desventaja al país y al sector exportador privado en su inmenso esfuerzo por competir en el mercado internacional. Se requiere formar modelos de contratos que flexibilicen el mercado laboral, además será necesario congelar los sueldos y salarios por 5 años.

Por políticas gubernamentales del pasado, Ecuador se ha vuelto un país caro. Tenemos una mano de obra cara y ello nos pone en desventaja en el tema de productividad y competencia externa. El país no puede exportar mano de obra cara y tampoco exportar impuestos. El problema de la productividad en la economía ecuatoriana es el más relevante y delicado de todos, pero no nos puede llevar a desdolarizar la economía. Este fenómeno tiene amenazas y hay que eliminar dichas amenazas. Por lo tanto un programa económico por 5 años que contenga acciones de corto, mediano y largo plazo, para hacer frente a los problemas descritos, es necesario y urgente. Restaurar los desequilibrios macroeconómicos existentes son un paso previo para la expansión creciente y sostenida de la economía.

ECONOMÍA

¿CAMBIO DE RUMBO?

Econ. Mauricio Pozo Crespo Analista Económico

Entre el 2007 y el 2017, la economía del Ecuador acumuló una serie de problemas en el ámbito fiscal, externo, monetario y productivo. Fue una década en que el país disfrutó de una abundancia de recursos superior a la acumulada en todo el periodo desde el regreso a la democracia en 1979. Los 10 años citados concentran más de una veintena de reformas tributarias, elevados precios del petróleo que promediaron los 75 dólares el barril con años en los que se superó ampliamente los USD 100 el barril y un crecimiento exponencial de la deuda pública que luego de representar el 16 % del PIB el 2010, ascendió al 62 % del PIB en mayo de 2018. La tasa de crecimiento del PIB durante esos 10 años fue del 3.3 % anual promedio, porcentaje inferior al 4.3 % anual promedio alcanzado entre el 2000 y el 2006. La caída de la pobreza medida por ingresos entre el 2000 y el 2006 fue de 27 puntos porcentuales, mientras que entre el 2007 y el 2017 la reducción fue de 15

puntos porcentuales. Es importante anotar que la década del gobierno de Correa introdujo y mantuvo subsidios equivalentes al 7 % del PIB, a pesar de que a finales de ese gobierno bajaron a aproximadamente al 3.5 % del PIB. Por otra parte, la ocupación plena cayó cerca de 3 puntos porcentuales entre el 2007 y 2017, esto es, del 45 % al 42 % de la población económicamente activa. En términos de la inversión extranjera, el promedio de la década fue inferior al 1 % anual del PIB. Las reservas internacionales eran 5 veces superiores a los depósitos de encaje de los bancos en el BCE a diciembre del 2007, mientras que a abril de 2017, estas eran ligeramente inferiores. El déficit fiscal fue en los últimos 5 años alrededor del 6 % del PIB y el gasto público del 2006 frente al del 2017 se duplicó pasando del 21 % al 39 % del PIB. Se deterioró la imagen internacional del Ecuador, en parte, como lo demuestra el riesgo país que fue el segundo más alto de la región luego de Venezuela.

Pobreza por Ingresos – Ecuador 2000 – 2017 (En porcentajes)

FUENTE: INEN 11

ECONOMÍA

Crecimiento anual del PIB 2000 – 2017 (En % tasas de variación anual)

FUENTE: BCE

Las cifras antes citadas configuran un balance negativo de la gestión económica en la década pasada, pues no solamente se presentaron profundos desequilibrios macroeconómicos como los anotados, sino que los indicadores sociales como pobreza y empleo ni siquiera se mantuvieron estables, pues como se explicó, mostraron inclusive un deterioro.

Este entorno económico estuvo acompañado de un debilitamiento de la democracia, los derechos humanos y los principios de libertad, con lo cual la herencia del presidente Moreno no era un reto simple de revertir.

Sin embargo, al cabo del primer año de la gestión del actual gobierno, los resultados en el ámbito político son apreciables, pues ha podido aglutinar el apoyo de varios sectores políticos, empresariales y medios de comunicación. Sectores que fueron claros opositores al expresidente Correa han dado una suerte de tregua política al nuevo mandatario y le han expresado su disposición de colaborar con el nuevo gobierno en la búsqueda de recuperar la economía y la tranquilidad social del país.

En el terreno económico, no obstante, las declaraciones del presidente fueron favorables, pues reconoció el desorden que recibía y los retos que debía cumplir, pero las acciones emprendidas no acompañaron a esos pronunciamientos, como tampoco el equipo económico en el área de las finanzas públicas. Sus dos primeros ministros del ramo continuaron con la tónica de los últimos años de la década anterior, esto es, sin corregir los desequilibrios y seguir el proceso de endeudamiento público agresivo.

Es recién en mayo de 2018 que nomina al nuevo ministro

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de Economía y Finanzas Públicas, con quien se abre una luz de esperanza y optimismo de cambio de rumbo en la conducción económica.

Una de las primeras acciones fue enviar un Proyecto de Ley a la Asamblea donde se proponen incentivos a la inversión extranjera, formas de recuperar liquidez fiscal con una suerte de amnistía tributaria, metas de equilibrio presupuestario, ahorro y endeudamiento público y futuras reducciones impositivas. Se incorporan exenciones tributarias en el caso del impuesto a la renta para nuevas inversiones. Exoneraciones de 8 años si estas son en Quito y Guayaquil, 10 años fuera de estas 2 ciudades y 15 años para provincias fronterizas. Se anuncia la eliminación gradual del impuesto a la salida de capitales desde el 2019 para determinados rubros, pero atada a la situación económica general del país y, la supresión del anticipo del impuesto a la renta a partir también del 2019.

Se establecen metas de equilibrio fiscal primario para el 2021, es decir, igualdad de ingresos y gastos sin considerar el pago de intereses de la deuda pública. Así mismo, se incorporan principios de ahorro fiscal para ingresos excedentarios provenientes de la producción de recursos naturales, esto es, petróleo y minería. Así mismo, se introduce la remisión de obligaciones fiscales y de la seguridad fiscal, en el sentido de condonar el 100 % de intereses, multas y recargos bajo ciertas condiciones.

A la fecha de este artículo se desconocía el destino final que tendrá esta ley, pero cabe hacer algunos comentarios.

Uno de ellos es el referente a la remisión de intereses, multas y recargos. No es correcto asumir que la totalidad de contribuyentes que se encuentran en procesos de

ECONOMÍA disputas con el SRI responde a empresas o personas que no quieren pagar sus obligaciones tributarias o que se trata de evasores de impuestos. Habrá casos donde efectivamente el contribuyente trató de evadir el pago de impuestos cuyo resultado terminó en una glosa y su posterior discrepancia con el SRI. Sin embargo, también pueden existir casos de contribuyentes a los que se les aplicó sanciones indebidas o contribuciones en exceso por parte del SRI, lo que dio lugar a una disputa con la referida entidad. Por lo tanto, no es correcto afirmar ni que los contribuyentes son evasores de impuestos ni que toda glosa es un abuso del SRI. Es importante, sin embargo, que una amnistía o una remisión de obligaciones fiscales vayan acompañadas de una reforma tributaria integral o de otras medidas para que no permanezca suelta una decisión que pueda aparecer como una suerte de subsidio estatal al sector empresarial. Así mismo, debería ser una decisión no recurrente.

Otro aspecto es el de los incentivos tributarios. Es más eficiente cuando los incentivos son generales y no particulares. Circunscribir, por ejemplo, incentivos tributarios a unos sectores y no a otros, puede desplazar inversiones que estaban prestas a participar en sectores

no favorecidos. Es más eficiente estímulos planos y horizontales que promuevan a todos por igual.

En relación a las metas fiscales, el objetivo de equilibrio fiscal primario es importante pero el mismo es parcial.

Siendo el equilibrio fiscal primario la diferencia entre ingresos y gastos excluyendo los egresos por concepto de intereses de la deuda pública, proponer una meta de equilibrio fiscal significa ajustar el gasto en el monto del actual déficit primario que para el 2018 se estima en USD 3.100 millones según el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que implica reducir el gasto entre el 2018 y el 2021 en USD 1.000 millones por año para hacerlo de forma lineal, es decir, una cifra aún pequeña. Cabe anotar que el déficit fiscal global del presente año es de USD 7 % del PIB aproximadamente, mientras que el incremento del tamaño del Estado pasó del 21 % del PIB el 2006 a un promedio del 39 % del PIB a la fecha. Con estos elementos se puede colegir que el ajuste luce insuficiente para la magnitud del problema fiscal. Se entendería que el equilibrio presupuestario va más por el lado de reducir el gasto que por la vía de aumentar ingresos, pues buscar más ingresos a corto plazo significaría mayores impuestos, decisión que sería errada para la coyuntura de estancamiento y deflación que afronta el país.

Crecimiento anual del PIB 2000 – 2017 (En % tasas de variación anual)

FUENTE: BCE

Hay temas que no aborda la ley, como el problema de la seguridad social, la forma de fortalecer el patrimonio del BCE que es vital para el respaldo de la propia dolarización, los excesos arancelarios que persisten, entre otros aspectos que mejorarían este proyecto legal.

Es una ley perfectible, pero constituye un punto de inflexión de lo que se venía aplicando en los últimos 11 años, esto es, marcar un cambio de rumbo con lo cual se torna en una ley favorable que abre una luz de optimismo.

La economía ecuatoriana ha demostrado una gran

capacidad de recuperación, con lo que una buena política económica puede brindar atractivas oportunidades futuras para la inversión nacional y extranjera. El respaldo político del presidente Moreno a los cambios que demanda el restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos básicos es fundamental para el éxito del programa económico. Se ve muy complicado replantear las condiciones de la deuda pública, sobre todo la externa, sin un aval internacional de los multilaterales. Es imperioso bajar el riesgo país y esto no se puede lograr sin el concurso de los organismos internacionales.

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ECONOMÍA

¿QUÉ ES, Y PARA QUÉ SIRVE UN PROGRAMA ECONÓMICO? Econ. Francisco Swett Analista Económico

Debió transcurrir un año para que el presidente reaccionara y cayera en cuenta que el modelo de expansión fiscal, característica de la marca SSXXI, le estaba pasando a su gobierno una cuenta políticamente intolerable. La sucesión de falsas teorías y falta de conocimiento de sus ministros de finanzas debieron dar paso a tratar la opción, de persuasión empresarial, de un tercer ministro que tiene una visión enteramente diferente de la economía.

Cuestión práctica y filosófica Hay temas que deben ser resueltos en el mes calendario y el siguiente, y otros, los de fondo, que demandan una visión de lo que el país debe ser para conformar una nación civilizada, progresista y en proceso de desarrollo. Por ello, cabe preguntarnos: ¿de qué se trata un programa económico? Me apresuro a decir que, de lo que menos se trata es de proyecciones que en economía jamás se cumplen, sino de un conjunto de ideas que, naciendo de una buena teoría, son congruentes entre sí, logran un consenso intelectual, y tienen viabilidad política. Frank Knight, eminente economista del siglo pasado, argumentó correctamente que el propósito de fondo de la disciplina económica es el de propiciar “el intercambio” en los mercados, donde el intercambio es voluntario y mutuamente beneficioso para las partes, añadiendo a punto seguido que es el intercambio el que da lugar a la división del trabajo, guía los planes de producción, y satisface las necesidades de consumo.

El libre intercambio conduce así hacia la eficiencia, y la función del Estado, añadiría yo, tiene dos propósitos: salvaguardar las condiciones de la libertad, y facilitar de manera proactiva el que la distribución del intercambio

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se base en igualdad de trato (que es más fructífera que la igualdad de oportunidades, que es una medida teórica), para preservar la paz social.

Del látigo a las ofertas En la década de Correa, toda la política económica estuvo dirigida hacia la elevación y primacía del Estado.

La expansión fiscal se basó en (a) el petróleo de US$100 el barril (¡Correa recibió 66 % de los ingresos por exportación de crudo del país entre 1974 y 2017!), y (b) la exacción atrabiliaria de recursos de los contribuyentes a través de las 22 reformas tributarias aprobadas en su período (64 % de los ingresos o US$180,000 millones se originaron en impuestos).

En el curso de “apretar el nudo” a los ciudadanos, la asamblea de AP logró elevar los aranceles y resguardos aduaneros al punto de borrar 350,000 empleos del mapa y bajar las recaudaciones por el colapso del comercio; desnaturalizó el impuesto a la renta (IR) al disociarlo de los resultados de una gestión y vincularlo a la estructura económica y patrimonial de las empresas; elevó las cargas al consumo (ICE) a niveles ridículos y prohibitivos; coartó el flujo de capitales imponiendo el infame impuesto a la salida de divisas (ISD); e impuso un aparato regulatorio universal atosigante de toda suerte de actividades productivas. Por si esto fuese poco, se endeudó en las peores condiciones para recuperar la pérdida de los recursos del petróleo, y cuando esto no bastó, desvalijó al Banco Central quitándole recursos de terceros, hizo lo propio con el IEES, y dejó de pagar las cuentas. El desbarajuste del boato y el desperdicio dieron lugar a la adopción de las prácticas corruptas como política de Estado, sembrando desmoralización como herencia patética de su paso por el poder.

ECONOMÍA

El primer periodo de Moreno preservó intacta la política de Correa y, falto de recursos, recurrió nuevamente a la mañosería de los impuestos disfrazados de tasas (en Aduanas, recientemente rescindida por sentencia de la Comunidad Andina) y en un espectacular endeudamiento que vio los pasivos externos e internos del país aumentar en más de US$12,000 millones, mientras se defendía la posición con el estulto argumento de que la deuda estaba por debajo del 40 % del PIB, el petróleo subía en 50 % por sobre el precio proyectado en el presupuesto, y, no obstante ello, la economía seguía en picada. El manejo económico durante el ejercicio de los dos primeros ministros fue una demostración adicional de la aleatoriedad y superficialidad que caracterizan, por norma general, a las autoridades de una administración cuyo nivel de levedad intelectual y profesional es alarmante. El paso de la ministra fue fugaz (felizmente), lleno de proclamas absurdas, confrontaciones con propios y extraños, más necedades sobre la deuda, y una demostración palpable de falta de conocimiento de la materia fiscal.

geográfica), devuelve una mesura de seguridad a los inversores, limitando su responsabilidad societaria a los valores de las acciones en su tenencia; le prohíbe al Banco Central otorgar préstamos al Gobierno (pero no acomete el tema de cómo recuperar la posición de reserva del Banco Central, y deshacer la dación en pago que se hizo con acciones de la banca pública) y plantea una remisión de intereses y multas a quienes tengan obligaciones incumplidas con entidades del Estado, empezando con el SRI. Esta última propuesta es controvertida, pues, según los oponentes, premia la morosidad y produce un importante sacrificio fiscal. La verdad es más compleja, pues los incumplimientos muchas veces se originan, precisamente, en las enormes distorsiones causadas por el régimen imperante, en los abusos de procedimiento e interpretación de la misma autoridad tributaria, y en la condición económica en la que se halla el país.

Pero, ¿es todo esto suficiente?

Los Pilares de un Programa Económico

Y es por ello que hoy estamos donde estamos, y el ministro Martínez tiene la mesa llena, pero de problemas. Todo queda por verse en este novel experimento de cambio radical de dirección. Se da la oportunidad de cambiar, y se corre el riesgo de que el ente político gubernamental y legislativo se den un festín y, como buenos fariseos, echen las piedras y oculten las manos.

La iniciativa con la que el ministro Martínez escoge inaugurar la nueva época es una versión reformada de la legislación que la ministra Viteri estaba en proceso de presentar a consideración de la legislatura. Hay contrastes: Viteri quería cobrar impuestos sobre los seguros de salud privados, pero aquello ya no existe.

La ley en discusión es generosa con los obsequios tributarios para la vivienda de interés social; propone alianzas público-privadas, pero de manera equívoca mantiene la inseguridad jurídica respecto del juzgamiento de los contratos; otorga estímulos para la generación de empleos reiterando una fórmula que se sabe no funciona (esto es la discriminación por área

I - Fisco y Crédito Público Un Programa Económico no puede limitarse a recoger la basura y limpiar los escombros después del vendaval, sino preocuparse por construir un nuevo país. No es tarea para un gobierno, sino para una sucesión de gobiernos que mantengan un rumbo cierto. Para lograr cambios se requiere de tiempo y voluntad política; que primen las políticas de Estado y se restablezca la institucionalidad basada en el equilibrio y control de los poderes constituidos; que la administración de justicia se base en el imperio de la ley, y se liberen las fuerzas del mercado; que se hagan esfuerzos sostenidos y productivos para fortalecer la educación nacional en todos sus niveles y se realce la importancia del desarrollo humano en sus varias dimensiones y expresiones; y que, finalmente, se destierre progresivamente la corrupción que se ha tomado el país y que los gobiernos den el mejor ejemplo de probidad y no de ser sociedades delictuales o antidemocráticas.

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ECONOMÍA

Esto no es retórico. La experiencia nos enseña que es tan solo en aquellos países que trascienden la visión de momento, aquellos que apuntan al largo plazo y construyen consensos, donde la prosperidad individual y colectiva tiene campo fértil para surtir efectos duraderos y sustentables. ¿Qué debemos hacer en el corto y mediano plazo?

Partimos de un objetivo axiomático. Cualquier economía cuyo sector público es predominante corre riesgos sistémicos de vulnerabilidad. Esto por cuanto (a) se crea una economía de sobreconsumo, y por lo tanto de bajas tasas de crecimiento y, (b) el crecimiento posible depende de la formación bruta de capital fijo del sector público, donde los proyectos se caracterizan por tener una alta relación de capital/ trabajo (no son agresivos generadores de empleo permanente o productivo), y, como hemos aprendido, son presas fáciles de la corrupción y de la mala práctica. Si se quiere crecer, el sector público debe bajar del 40 % del PIB a una meta no superior al 25 % del PIB en los próximos tres años. En valores actuales, las rebajas en valores reales deben ser de alrededor de US$4,000 millones anuales, incluyendo US$1,000 millones programados en inversiones que no deben ser llevadas a cabo por el Estado.

La programación fiscal se fundamenta en el reconocimiento de que el equilibrio entre ingresos y egresos es un bien público. El gasto público ha recibido mayor atención, pues ha sido la fuente de la corrupción y de los escándalos en prácticamente todos los frentes de acción del gobierno anterior.

Pero, aunque el descalabro ha sido notable por ese lado, ha quedado establecido que para lograr ese cometido se distorsionó severamente la utilización de recursos en la economía, coartando el intercambio económico. El régimen tributario debe apuntar a los grandes agregados tales como la generación de renta (concebido como el resultado de una gestión), de valor agregado, y de consumo. El ISD, que contribuye el 1 % del PIB, debe ser derogado, como lo debe ser el anticipo del IR. No puede haber impuestos a las exportaciones de ningún tipo. La estructura arancelaria debe ser lo más baja y plana posible, y no debe haber salvaguardas o mañoserías del tipo tasas de servicio.

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El esfuerzo tributario debe buscar ampliar la cultura tributaria y no concentrarla sobre los mismos actores.

Solo el 7 % de la población activa tributa. En el IR, el impuesto a las sociedades es dominante (por encima del 90 % del total) y el 1 % de los contribuyentes societarios aportan en exceso del 80 % de dicho total. No es una pirámide, sino una aguja tributaria en un régimen que no da más, luego de alcanzar el 14 % del PIB (33 % de tales ingresos son originados en el comercio, que es el sector más representativo del país). En aplicación a las normas de seguridad jurídica, el SRI, como agente ejecutor de las normas tributarias, no puede interpretar o reformar la ley a través de reglamentos cuya finalidad es la de disturbar a los contribuyentes. La tramitología del cumplimiento requiere ser simplificada y no es aceptable que un contribuyente deba gastar 60 días al año en llenar formularios que, de no hacerlo, causan penalizaciones por concepto de multas e intereses que llevan a las criticadas remisiones y amnistías tributarias.

Los subsidios deben ser focalizados, rehuyendo la vigencia de estos en forma masiva, pues resultan ser onerosos para la caja fiscal y tienden a ser regresivos.

Es el caso de los combustibles en los que el Estado enfrenta una tara fiscal de US$2,500 millones anuales (variables según el precio del petróleo). En un régimen racional, la participación de la empresa privada para la provisión de combustibles es lo deseable.

Contrariando una situación en la cual expertos estiman que hasta un 30 % de los derivados importados son contrabandeados por las fronteras, y en la cual el Estado recupera 53 centavos de cada dólar que paga por las importaciones. Deben abrirse los mecanismos de mercado, manteniendo la regulación estatal requerida para asegurar precio y calidad. No se trata de imponer tributos al consumo de combustibles, sino de evitar una carga que, al final del día, los contribuyentes terminan pagando, pues las importaciones de derivados pesan sobre el endeudamiento externo y pasan a constituir obligaciones que deben ser pagadas. El traslado de las operaciones de comercialización hacia el sector privado libera recursos de Petroecuador y del fisco, y, en un esquema razonable de regulación, permite, además, hacer la focalización que se requiera, para no gravar al transporte, afectar la competitividad, o azuzar la protesta social.

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La cara complementaria del manejo fiscal es el crédito público. El gobierno de Correa es el ejemplo de cómo no se debe manejar el endeudamiento de un Gobierno, y el límite del 40 % es un tope legal que se asimila a un límite de velocidad que debe ser observado, sin que constituya un estándar de desempeño invariable.

En el crédito, sea público o privado, se debe tomar en cuenta la fuente de financiamiento (gobierno a gobierno, multilateral, bancos), cuáles son los términos y condiciones del mismo, el uso de los recursos, y la capacidad de pago del deudor. Por simple diferencia entre ingresos de capital y gastos de capital, se establece que, específicamente entre 2014 y 2017, el dinero del financiamiento fue utilizado mayoritariamente en gastos de consumo (80 % del total). Los créditos fueron otorgados en condiciones onerosas a un país catalogado como un mal pagador en serie, y a un Gobierno que había provocado unilateralmente un recorte del 70 % en los valores de los bonos 2012 y 2030. El gobierno de Correa violentó las normas de contabilidad y, con característica mañosería, defendió la clasificación artificial creada para eliminar del récord la deuda denominada “consolidada” y proseguir en el endeudamiento que hoy cifra en exceso del 65 % del PIB. Recuperar el equilibrio en el crédito público tomará no menos de 5 años y más probablemente la década entera, siempre dependiendo del desempeño de la economía. Entretanto, el proceso de restructuración deberá contemplar la forma de ir bajando los costos financieros, alargando los plazos, utilizando los nuevos recursos de forma idónea para que su utilización sea correcta, en proyectos sustentables económicamente y socialmente rentables. El gobierno deberá mantener conversaciones con el FMI para contar con recursos de contingencia en soporte de la balanza de pagos y como instrumento de apertura y aceptación en los mercados de capital internacional, y también para ampliar la oferta de recursos originados en las fuentes multilaterales.

Se debe desenganchar el comercio de crudo de los anticipos, pues estos son caros e inconvenientes por su forma de amortización; la prenda de petróleo es inadmisible como garantía de buen comportamiento y cumplimiento de las obligaciones, cuando la garantía soberana de la buena fe y crédito de la república ha sido tradicionalmente suficiente.

Las denominadas reglas macro fiscales deben ser adoptadas como medidas y fundamentos de la disciplina fiscal y la buena conducta. Se incluye entre estas la adopción de la presupuestación de base cero, los límites anuales al crecimiento del gasto en función de las proyecciones de crecimiento económico, la rigurosidad de la programación del crédito público, las metas del saldo primario (antes de intereses) del presupuesto; la organización, estructura y dependencia de las empresas públicas (que deben ser reducidas al mínimo); el control previo, durante y posterior del gasto; y la constitución de un fondo soberano de ahorro e inversiones como respaldo líquido para la economía, constituido con todos los excedentes del petróleo a partir de niveles acordados anualmente.

II - El sector externo Otro elemento clave en cualquier plataforma de política económica es el sector externo. Este lo constituye, dentro de la contabilidad de la balanza de pagos, el intercambio comercial, la cuenta corriente, y la cuenta de capitales. En lenguaje sencillo, la estructura económica externa es constituida por las exportaciones e importaciones de bienes y de servicios; los pagos al exterior por concepto de intereses; las transferencias de capitales por los migrantes; el turismo de extranjeros al país y de los ecuatorianos al exterior; la inversión externa directa; las transferencias de dividendos y amortizaciones; y el pago por los créditos. Los vínculos del país son muchos y variados, y el objeto de la política es el de mantener flujos efectivos positivos que contribuyan al crecimiento.

Ecuador tomó posturas aislacionistas respecto de la comunidad internacional, prefiriendo formar parte de la órbita de Chávez. Correa ahuyentó la inversión petrolera, creando problemas hacia futuro respecto de la capacidad operativa de Petroecuador y Petroamazonas, empresas a las cuales, además, el Gobierno esquilmó extrayendo recursos que debieron haber sido utilizados para la inversión en exploración, y producción. Creó contingentes superiores a los US$10,000 millones, los que a través de las múltiples decisiones de arbitraje han significado incurrir en importantes pérdidas de caja y gastos de defensa en circunstancias de falencia económica. Finalmente, 17

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malbarató recursos por más de US$5,000 millones en inversiones fallidas (Esmeraldas, El Aromo, poliducto Pascuales-Cuenca, Monteverde) y subsidió el uso de combustibles en aproximadamente US$23,000 millones (netos, luego de las ventas internas) en un malgasto que estuvo cotejado con iguales valores de endeudamiento.

El país no acordó un tratado de libre comercio con su principal socio estratégico, y se vio obligado a hacerlo con la UE o verse forzado a perder su más importante mercado bananero. Hoy las tendencias se revierten, pero aún quedan por verse resultados que debieron formar parte de los logros del ciclo de abundancia que caracterizó el gobierno de Correa. La potencial membrecía en la Alianza del Pacífico constituye una oportunidad para cambiar el rumbo de las cuentas externas, ampliando la canasta de productos de exportación, los mercados, y por lo tanto, el potencial de las exportaciones.

La dolarización no necesita protección, mucho menos en la forma de represión del libre comercio.

El “mecanismo de chequera” que caracteriza el uso de una moneda externa trae consigo un ajuste automático, pues, cuando hay escasez de dólares, bajan las importaciones, porque simplemente no hay cómo adquirirlas. La separación entre balanza comercial petrolera y no petrolera es artificial. El Gobierno es predominante en la economía, y por ello los pagos a la burocracia y a los contratistas, al ser canalizados al sistema financiero, generan compras externas de bienes y servicios que (al igual de lo que ocurre con el resto de los ciudadanos, representan el 35 % del PIB).

Dicho de otra forma, por cada dólar que el Gobierno paga a sus servidores y contratistas, se generan 35 centavos de importaciones de bienes y servicios que son adjudicadas al sector privado, cuando por origen no lo son. Es lógico concluir que el propio Gobierno a través del gasto público incide, más que cualquier otro sector de la economía, en el desempeño de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Ecuador es considerado un destino hostil para las inversiones externas y ello es determinante en la ausencia de ese importante recurso de ahorro externo en la capitalización del país. Tenemos la más baja 18

participación de la IED en la región, con un concurso que en promedio cifra el .05 % del PIB. Es una tendencia que se debe revertir, al tiempo que se refuerza e incrementa la inversión local, y baja (porcentualmente) la participación de la inversión estatal. La seguridad jurídica prima, y episodios escandalosos como el acoso a la Chevrón, la abrogación de los tratados bilaterales de protección de inversiones, y la conducta díscola de los últimos gobiernos que tomaron posiciones populistanacionalistas arropándose en la tan manoseada bandera de la soberanía, han determinado que el trabajo que queda por delante para retomar la confianza en el país sea arduo. Las tendencias cambiarán casi que por generación espontánea a partir del momento que se cuente con una economía que apunta hacia la prosperidad, un medio cuyas instituciones son robustas, y cuyos gobiernos son serios.

III - Desarrollo productivo La vocación productiva y exportadora del país radica en el sector primario (rural, agrícola, ganadero, maderero, del mar y vinculado). Volver la mirada al campo no es un eslogan, sino la realidad ecuatoriana. Cualquier estrategia de producción tiene que basarse en las ventajas comparativas y competitivas del país, y no en visiones de industrialización pesada o de substitución de importaciones que no calzan con nuestra realidad.

Varios gobiernos, ciertamente el anterior, propiciaron la novelería de que se debía cambiar “la matriz productiva”. La orientación de la política demostraba una actitud de desprecio hacia el campo, desprecio que quedó demostrado al evidenciarse que menos del 1 % de toda la inversión estatal fue dirigida hacia estas actividades. La realidad es que el sector primario nos alimenta, emplea a la mayor cantidad de ecuatorianos, y alimenta la “chequera” nacional a través de las exportaciones de banano, camarones, flores, cacao, productos de la pesca y de la madera. Sin embargo, el potencial es mucho más vasto. Cualquier Programa Económico debe tomar en cuenta que se hace necesario salir del ámbito de la retórica y la condescendencia, y entender que las actividades del sector primario demandan tecnología ultrasofisticada, oferta crediticia en términos comerciales y de largo plazo, y seguro de cosechas; requieren suplir la infraestructura de

ECONOMÍA

comercialización, transporte y almacenamiento; utilizar las mejores semillas y desarrollar nuevas variedades; adoptar las técnicas del más sofisticado marketing y promoción; e incentivar la competencia.

El Gobierno está llamado a facilitar el potencial de los mercados a través de políticas que permitan la adopción de las mejores prácticas comerciales, el desarrollo de cooperativas que puedan aspirar a convertirse en negocios, y la diseminación de los canales de información acerca de los mercados de productos. Los habitantes del sector rural son, a su manera, empresarios que deben enfrentar condiciones de subsistencia, y no hay justificación alguna para mantenerlos en calidad de ciudadanos de segunda clase o como ejército de reserva para los suburbios.

La educación debe por lo tanto volverse relevante, no tan solo a nivel de las escuelas y colegios, sino como educación permanente y para toda la vida.

Economías como la de Nueva Zelanda, Australia y Chile son ejemplos materiales de los niveles de prosperidad que se pueden alcanzar desarrollando las actividades primarias. Ecuador, por su parte, debe poner punto final a la substitución de importaciones y maquila en las que jamás será competitivo en ausencia del mantenimiento de subsidios onerosos, esos sí favoreciendo a sectores más pudientes, dando lugar a focos de intereses particulares que de inmediato crean cercos de influencia y transferencia de recursos a costa de los consumidores y de la distorsión del correcto uso del crédito e infraestructura para la producción.

IV - El ahorro nacional, el régimen previsional y los mercados de capital La economía es un sistema cerrado en el cual la generación de valor agregado, que es la forma más técnica de medir el PIB, forma un círculo de interrelaciones que construyen la economía. Por razones didácticas, asumimos que el eslabón de arranque es el ahorro (cuya definición es: lo que no se consume) que a su vez es la fuente de origen de la inversión, que se conecta con la generación de empleo (a través de la relación capital/trabajo), y remunera los ingresos de los trabajadores y empleados, quienes a su vez consumen y ahorran, y de esa manera mueven

la economía. El ahorro requiere de instituciones del sector financiero y de los mercados de capital.

En el Ecuador los mercados de capital son virtualmente inexistentes. Constituyen el 5 % del PIB cuando en Chile son el 300 %, y el giro del negocio en Colombia es equivalente al 200 % del PIB. En los mercados de capital se intercambian títulos valores de renta variable (acciones de empresas) y renta fija (bonos y obligaciones del sector público y del privado), por lo que cualquier capilaridad entre los diversos sectores de la economía moderna se da en estas instituciones.

La existencia de los mercados de capital, al igual que la expansión del sector financiero, se da solamente en ausencia de represión financiera, mecanismo que consiste en la administración estricta de la tasa de interés. Como es de esperar, la represión financiera da lugar a la fragmentación de los mercados, afecta las preferencias de tiempo entre ofertantes e inversores, raciona el crédito, y da paso a los mercados negros de dinero caracterizados por el agiotismo y el lavado de activos.

La mayor fuente de ahorro financiero radica en el régimen previsional, régimen que se alimenta con el ahorro forzado de los trabajadores y las contribuciones de los patronos. El seguro social ecuatoriano enfrenta un estado de quiebra por las obligaciones adquiridas indebidamente provisionadas e invertidas; es tratado como un apéndice de la función ejecutiva, cuando en la concepción idónea el Gobierno no es sino un patrono más. La contabilidad nacional le confiere un especial estatus al Gobierno, pues es el único patrono que cuenta entre sus activos los ingresos del IESS, disfrazando así el verdadero estado de la caja fiscal en aproximadamente 4 puntos del PIB. A lo largo de la década correísta, el Gobierno llenó de obligaciones adicionales al IESS (en la forma de prestaciones y beneficios) sin el respaldo correspondiente.

En esto hay varios puntos a observar: (a) si el Gobierno quiere otorgar beneficios y subsidios que inciden sobre la seguridad social, debe proveer y pagar los fondos requeridos para financiamiento apropiado de tales programas; (b) el sistema de reparto es de piramidación, y por lo tanto debe transformarse en uno de capitalización individual donde cada afiliado 19

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al régimen previsional tiene la evidencia plena de sus aportes, y de la capitalización de los mismos. Nadie en su sano juicio permite que terceros desconocidos giren en su chequera o libreta de ahorros, por lo que tampoco se debe permitir aquello en la seguridad social.

El IESS tiene funciones claramente delineadas. Por una parte, es un fondo financiero que recibe ingresos de sus afiliados, los que debe administrar de forma idónea en un portafolio de opciones de inversión que van desde la compra de títulos valores (a través de los mercados de capital), a las inversiones en activos fijos, y los préstamos quirografarios e hipotecarios a los afiliados. El propósito de estas inversiones es el de crear excedentes que incrementen el patrimonio de sus afiliados, que son los dueños del dinero.

Tiene por otro lado que bien utilizar los recursos habidos para poder cumplir con las prestaciones de jubilación, cuidados médicos y salud, y todos aquellos compromisos y obligaciones que constituyen la red de protección social. No puede ser caja chica del Gobierno, aun cuando puede interactuar con el Tesoro, pues los principios aceptados de manejo financiero idóneo le requieren que diversifique sus inversiones en cuanto a instrumentos y ofertantes. Debe ser organizado como uno o varios fondos fiduciarios debidamente segregados, tener la contabilidad al día, ser sujeto de auditoría externa, reportar sus balances y estados financieros, cobrar un porcentaje (acorde con las normas del mercado) por administrar los fondos, y proveer información clara de sus proyecciones actuariales. Las exigencias, respecto del buen manejo de la seguridad social, deben ser particularmente estrictas si se quiere transitar desde una situación de desahucio institucional a una de aporte efectivo a la capitalización de la economía.

Lo propio puede afirmarse respecto del sistema financiero. En una economía capitalizada, los depósitos

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y activos del sistema bancario representan el 100 % o más del PIB (caso de Chile). En el Ecuador esa cifra es inferior al 30 %, lo que significa que el crédito se dirige al corto plazo (consumo), se raciona severamente, y las tasas de interés vigentes son elevadas. El crédito es un elemento esencial en toda arquitectura de crecimiento económico, pues permite que las corporaciones y sociedades puedan acceder a los tramos de liquidez requeridos para financiar los requerimientos de capital de trabajo que son esenciales para el manejo del giro del negocio. Debe cambiar la lamentable consigna de “banqueros ladrones” por una que permita e incentive la capitalización de la banca, y la fusión de bancos pequeños que no reúnen las condiciones de economías de escalas requeridas para competir.

Ecuador debe completar los requerimientos de las regulaciones denominadas Basilea II, e ingresar de lleno a Basilea III, que conforman el estándar de la industria financiera a nivel mundial.

Conclusión Las mejores ideas son tan buenas como quienes son capaces de ponerlas en práctica. Pero, más allá de las ideas, está la perseverancia requerida para ejecutar políticas que, la experiencia nos enseña, conducen a la prosperidad en libertad, permitiéndole a cada persona actuar de acuerdo con sus convicciones y conveniencias. El Ecuador tuvo la mejor oportunidad de su historia para ganar escaños en la tarea de su desarrollo. No pasó así, pues se implantó una doctrina antitética y fracasada como lo es socialismo, y el liderazgo fue ejercido por quien posee poca calidad humana y un confuso intelecto. Es una lección que se debe aprender pues, por lo demás, el ecuatoriano típico sí es trabajador y cumplidor de su deber, es frugal y aspira a días mejores, y la sociedad está mayoritariamente dispuesta a ser justa en la búsqueda de la equidad que, repito, no se traduce en metas teóricas de igualdad, pero sí en la igualdad de trato.

CIFRAS

OTRA VISIÓN ECONÓMICA Y FISCAL Econ. Jaime Carrera Director del Observatorio de la Política Fiscal

El Plan Económico del Gobierno, luego de un año de profundizar los desajustes de las finanzas públicas y de la economía, cambia su visión hacia las responsabilidades fiscales, al plantear ciertas reglas para la contención del gasto público y la constitución de un fondo de ahorro; y, hacia la atracción de las inversiones internas y externas, a fin de trasladar al sector privado las responsabilidades de impulsar el crecimiento de la economía. Sino fluyen las inversiones privadas en magnitudes importantes, el país deberá enfrentar un largo proceso de estancamiento económico, derivado del profundo ajuste fiscal.

PERVERSAS HERENCIAS Entre 2007-2017, el Estado, ogro filantrópico, deformó los elementales fundamentos económicos, políticos, sociales y empresariales, intrínsecos a la creación de riqueza y desarrollo de los países. Gran parte de empresarios de diverso género limitaron su norte a atender la demanda de bienes y servicios del Estado, sin la menor preocupación por mejorar sus estándares de producción. Los jóvenes vendieron su potencial de emprender y crear a cambio de un empleo público bien remunerado, engrosando el ejército de una ineficiente burocracia que se apropia de todos los recaudos de IVA e Impuesto a la Renta que, con su esfuerzo diario, aportan al Estado personas y empresas. El Estado sometió a una oleada de pobres, a la secular dependencia del subsidio clientelar, castrando sus aspiraciones de superar la pobreza al amparo de las oportunidades que ofrecen las libertades económicas. El torrente de dólares petroleros y del irracional endeudamiento externo del Estado llenó las arcas de los depósitos bancarios e hizo olvidar que el genuino sostenimiento de la dolarización

proviene de abundantes exportaciones no petroleras e inversión extranjera directa. En el nefasto clímax de trasnochadas revoluciones, el Banco Central inventó dólares para prestarle al Estado, en su perniciosa obsesión de financiar un gasto público insostenible.

El déficit público alcanzó el 8 % del PIB y el nivel de deuda pública superó el 60 % del PIB. Se acostumbró al país a vivir por encima de sus posibilidades.

OTRA VISIÓN DE LA ECONOMÍA La exacerbación de las distorsiones económicas y fiscales de la ultima década profundizó las deficiencias estructurales de la economía ecuatoriana, las que básicamente pueden resumirse en un elevado déficit fiscal, una economía estancada y un dólar sobrevaluado que refleja notables rezagos en productividad y competitividad. El Gobierno presentó para la aprobación de la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley de Fomento Productivo, Inversión, Empleo y Equilibrio Fiscal. Plan Económico que refleja un cambio importante en la conducción económica del país, en el tránsito hacia mantener un sector público razonable y sostenible, y trasladar al sector privado la responsabilidad de invertir y hacer crecer la economía.

Si bien lo propuesto por el Gobierno solo enfrenta de modo parcial los problemas estructurales citados, es un avance importante en la dirección correcta.

INCENTIVOS PARA INVERSIÓN Y EMPLEO

LA

PRODUCCIÓN,

El severo ajuste fiscal imperativo en los próximos años limita el gasto público a las atenciones básicas de salud, educación, seguridad y otros gastos sociales, sin que 21

CIFRAS

exista espacio para mantener los niveles de inversión pública que alcanzaron en 2013 el 15 % del PIB, los que en el futuro se ubicarán alrededor del 6 % del PIB. A fin que de la inversión privada sustituya la reducción de la inversión pública, y sea el motor del crecimiento y la generación de empleo, se han planteado ciertos incentivos para atraer inversiones. Luce atractiva la exoneración durante 10 años del pago de Impuesto a la Renta para nuevas inversiones en las ciudades de todo el país, con excepción de Quito y Guayaquil, para las cuales el plazo propuesto es de 8 años.

Se ha planteado también beneficios en el pago del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), en las importaciones de materias primas y bienes de capital hasta por el monto y plazo de los nuevos contratos de inversión.

El total de este impuesto se reducirá gradualmente desde el año 2019. Entre otras propuestas, se atiende el pedido de los sectores empresariales de eliminar el pago mínimo del anticipo del Impuesto a la Renta.

Para aumentar la recaudación fiscal se ha propuesto la llamada remisión de intereses, multas y recargos, para los contribuyentes que no han pagado sus impuestos.

Esta medida entraña el denominado riesgo moral, pues, se muestra injusta para quienes pagan cumplidamente sus impuestos. Para impulsar el sector exportador, se propone devolver el Impuesto a la Salida Divisas (ISD) a los exportadores que demuestren el ingreso neto de divisas al país. Entre otras reformas, se pretende fomentar el desarrollo del mercado de valores, exonerar durante diez años el pago del Impuesto a la Renta a las ZEDES o zonas especiales de desarrollo.

SOSTENIBILIDAD FISCAL EN EL LARGO PLAZO Un cambio fundamental en la gestión de las finanzas públicas es la implementación, mediante ley, de un conjunto de reglas fiscales que obligan al Estado, hasta el año 2021, a obtener superávit primario, esto es, ingresos totales menos gastos totales sin el pago de intereses de la deuda pública. Según la óptica del Gobierno, hasta 2021 habrá un período

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de estabilización fiscal, durante el cual, para obtener el citado objetivo, deberá observarse una estricta disciplina fiscal y severa contención del gasto público.

Se plantea también, luego del año 2021, preservar el equilibrio primario del presupuesto público, a fin de en el largo plazo alcanzar la reducción al 40 %, el nivel de la deuda pública/PIB. Otro paso importante en el esfuerzo de mantener cuentas públicas sostenibles, es la conformación de un fondo de ahorro con los excedentes por encima de lo presupuestado, de los ingresos petroleros y de otros recursos naturales.

PUNTO DE PARTIDA, REDUCCIÓN DEL DÉFICIT DE 2018 El cálculo real del déficit del presupuesto de 2018 es un paso importante hacia la transparencia fiscal. Según el Gobierno, este asciende a US$8.389 millones u 8,06 % del PIB (cuadro 1). Cifra obtenida luego de corregir la notable sobreestimación de ingresos petroleros, tributarios y no tributarios, y transferencias de capital en las que se ubicó una cifra cercana al 1,4 % del PIB por supuestas ventas de activos que no se realizarán.

Según cifras provisionales del Gobierno, el déficit de 2018 se reduciría a unos US$4.016 millones o 3,86 % del PIB (cuadro 1). Ambiciosa meta solo posible con la obtención de mayores ingresos tributarios y petroleros, y una notable reducción de gastos por alrededor del 1, 5 % del PIB. Aún en este escenario de estricta disciplina fiscal, las necesidades de financiamiento para cubrir el déficit esperado más el pago de amortizaciones de la deuda pública y otros pasivos, será de alrededor del 9 % del PIB. El desafío fiscal en 2018 tiene una gran dimensión y requiere notables esfuerzos, en primer término, para salir del estrangulamiento de la caja fiscal en los meses de mayo y junio, y luego para conseguir el financiamiento necesario para, en el marco del escenario citado, cubrir las necesidades fiscales hasta fin de año.

CIFRAS

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ENFOQUE

LOS PACTOS DE ACCIONISTAS Dr. Hernán Pérez Loose Articulista del Diario El Universo

Una reciente reforma a la Ley de Compañías ha introducido en el Ecuador la figura de los “shareholder agreements” o pactos de accionistas. La reforma era más que necesaria. Este tipo de acuerdos son de gran utilidad para los socios de las compañías. En países como los Estados Unidos o Inglaterra, este tipo de acuerdos viene siendo utilizado hace más de un siglo. Colombia y otras naciones del entorno regional los han reconocido jurídicamente hace décadas. Lamentablemente, en el Ecuador por años hubo una política de hostilidad hacia ellos. Afortunadamente, esta política llegó a su fin gracias, entre otros, a un cambio de posición de la Superintendencia de Compañías.

En general, se pueden definir a los pactos de socios como instrumentos privados en el cual todos o una parte de los socios de una compañía se ponen de acuerdo sobre ciertos aspectos de vital importancia para la vida y organización de ésta, así como de sobre sus acciones. Si bien el origen de este tipo de acuerdos lo encontramos en el derecho anglosajón, hoy en día muchas otras jurisdicciones fuera del Common Law lo han incorporado a sus sistemas jurídicos. La práctica comercial ha hecho que estos pactos puedan agruparse bajo ciertas categorías.

-Pactos de relación: su objetivo es regular los derechos de los socios para con la sociedad. Ejemplos: pactos de no agresión, venta conjunta, derechos preferentes -Pacos de atribución: su objetivo es establecer una serie de beneficios para la sociedad. Ejemplos: obligación de financiar la empresa en determinadas circunstancias, no competencia, exclusividad de ventas -Pactos de organización: su objetivo es regular la organización y funcionamiento de la sociedad o el control de ella. Ejemplos: sindicatos de bloqueo, sindicatos de voto y de acciones Los antecedentes en el Ecuador de este tipo de convenios han sido bastante accidentados. El Art. 191 de la Ley de Compañías establece que “el derecho de negociar las acciones libremente no admite limitaciones.” El Art. 210, del mismo cuerpo legal, luego de declarar que las acciones con derecho voto lo tendrán en proporción a su valor pagado, añade que las es “nulo todo convenio que restrinja la libertad de voto de los accionistas que tengan derecho a votar”.

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Estas dos disposiciones llevaron a la Superintendencia de compañías a emitir en 1990 una doctrina jurídica (No. 141) en la declaraba que el convenio privado “por el cual se estipula que el accionista de una compañía necesita del consentimiento de otro accionista para enajenar sus acciones, es absolutamente nulo y por lo tanto carece de todo valor legal”. Esta interpretación fue poco afortunada. Ella no distinguió entre el convenio que pactan los fundadores de una compañía para incluir en su estatuto la prohibición a la que se refiere la norma legal, y el convenio privado entre quienes son accionistas de una compañía ya constituida. Esta doctrina tuvo por efecto crear una nube de inseguridad jurídica que hizo imposible aceptar los pactos de accionistas, quedando, así, el Ecuador rezagado frente a otras naciones que los habían reconocido por décadas.

Esta situación duró hasta 2016 cuando por iniciativa de la propia Superintendencia de Compañías derogó la mencionada doctrina jurídica 141. El segundo paso fue la aprobación por parte de la legislatura en diciembre de 2017 de una disposición legal que expresamente declaraba como “válidos los pactos entre accionistas que establezcan condiciones para la negociación de acciones.”

Con este cambio legislativo el Ecuador dio un paso importante en la modernización de su derecho societario.

Los acuerdos de accionistas es una categoría contractual altamente desarrollada en el mundo comercial, y no había razón para mantener al país a la zaga de ella.

Uno de los más usados pactos de accionista es el “right of first refusal”. Mediante él se prohíbe la venta de las acciones a menos de que hubieran sido ofrecidas a los otros accionistas, y en idénticos términos, precios y condiciones a los que un tercero interesado hubiera ofrecido adquirirlas. Otro es el “right of first option” por el que se le otorga a un accionista el derecho de hacer la primera oferta en una compraventa de acciones. El vendedor es libre de aceptarla o rechazar la oferta, y puede siempre regresar al primero si no puede obtener una mejor oferta.

En fin, la variedad de aplicaciones de esta figura es tan amplia como lo es libertad contractual. Los empresarios y abogados podrán ahora familiarizarse con estos acuerdos y beneficiarse de sus resultados.

ECONOMÍA

NUEVOS RUMBOS PARA LA ECONOMÍA ECUATORIANA Econ. Jorge Calderón Salazar MAE., MA. Rector, Instituto Tecnológico Superior ARGOS

El 14 de mayo se dio un punto de inflexión en la forma de llevar la política económica del Ecuador, cuando el presidente Moreno anuncia el nombramiento de Richard Martínez como ministro de Economía y Finanzas, dirigente gremial e importante representante de las cámaras del país. El nombramiento se vio como una vuelta de página, un reconocimiento tácito a que el modelo económico practicado en los últimos 11 años no daba para más, en donde el motor de la economía es el sector público y no el privado.

Es reconocido que desde la parte privada, el flamante ministro impulsó la reducción de impuestos, eliminación del ISD, eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta, reducir el gasto público, que se reconozca el tamaño de la deuda, entre otros aspectos muy criticados a sus antecesores en el cargo. Su nombramiento genera expectativas, tanto es así que el riesgo país que se ubicada a inicios de la semana de su nombramiento como ministro en 748 puntos (14 de mayo) y que venía registrando una importante tendencia alcista derivada del equivocado manejo de la información de la deuda y otros deslices de sus predecesores, colocándose cerca de los 670 puntos a fines del mes de mayo (aunque en ese lapso llegó a estar en 621 puntos), de cierta forma alentado por la designación del ministro de Economía, y sus acciones respecto a la transparencia de la información económica y el tratamiento que le dará a la deuda externa.

Pero no se puede hablar aún de una tranquilidad total, y es que los mercados internacionales están atentos a las señales y acciones de las autoridades económicas del país, pues si bien se envió la ley que busca fomentar el aparato productivo y que el mismo recibió críticas y aportes de diversos sectores académicos, económicos y políticos, plasma avances importantes en materia económica al buscar dinamizar la economía ecuatoriana a través de la activa presencia del sector privado reflejado en diversos mecanismos. Las acciones determinarán la credibilidad de

las autoridades del frente económico y eso redundará en la percepción que tengan los inversionistas hacia nuestro país.

Es claro que este segundo año de gobierno del presidente Moreno marca un giro en la conducción de la economía, como se mencionó anteriormente desde el nombramiento del nuevo ministro de Economía, los “frescos” miembros del frente económico, la búsqueda de nuevos acuerdos comerciales, y demás cambios que si bien fueron tímidos al comienzo, fueron drásticos y realmente necesarios en las últimas semanas, pues ya se perdió un año de hacer verdaderos cambios, y si Ecuador se mantenía en esa ruta con el modelo económico heredado y con ministros que defendían el mismo, era claro que el salto al vacío estaba cada vez más cerca.

Por lo anterior, el frente económico (al fin ya coordinado el interno y externo) tiene como objetivo dinamizar la economía ecuatoriana a través de diversos incentivos, tales como exoneraciones, eliminación de impuestos, entre otros; todo esto, teóricamente, debe ser un aliciente para atraer inversiones, activar la economía interna tanto por la oferta como la demanda. Pero si consideramos el Código Orgánico de la Producción expedido años atrás, existe una ampliación de algunos beneficios como exoneración de pago de Impuesto a la Renta por la realización de nuevas inversiones sea Quito o Guayaquil, otras ciudades del país, y las zonas de frontera, todo esto para generar más polos de desarrollo, que no se concentre la creación de plazas de trabajo y la generación de riqueza en pocas ciudades.

Por supuesto, estos beneficios sumados a la eliminación del impuesto mínimo del anticipo al IR, la reducción gradual del ISD conforme mejore el desempeño de la economía ecuatoriana, entre otros, va en la dirección de generar puestos de trabajo, ampliar la oferta de las empresas, atraer inversiones, pero, ¿por qué antes no 25

ECONOMÍA se dio el efecto que nuevamente se anuncia? Un factor determinante es la confianza en el país, si esta se ve dilapidada por actos de corrupción, por el irrespeto a la norma jurídica, direccionamiento en los procesos de contratación estatales, concentración de poder, entre otros cosas, que fue la tónica del anterior gobierno, lleva a que por más buenos cuerpos legales que existan, la inversión no llegué, además que de venir la misma, eso no será en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, siempre que las autoridades del país tengan al compromiso férreo de seguir en la hoja de ruta correcta, esto es tener al sector privado como aliado permanente y no temporal.

De ahí que el ministro emprendió una gira internacional con otras autoridades del frente económico y se reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre otros, para presentar la nueva faceta del Gobierno de cara a los grandes desafíos económicos, los planes que desea ejecutar, revisar opciones de financiamiento que puedan concederle para enfrentar el problema de deuda que nos aqueja, en sí mejorar las relaciones con los organismos multilaterales de crédito.

Y es que la atracción de inversión no es una carrera de velocidad sino de persistencia, hay muchos y más atractivos competidores que Ecuador en el mundo, por ello es importante una estrategia integral, además debe tenerse presente que se generen incentivos para las empresas ya existentes en los sectores donde se realizarán las nuevas inversiones, pues los futuros competidores ingresarán con ventaja al ser favorecedores de lo que plantea la ley y generaría distorsiones en el mismo, llevando a que los beneficios globales que espera alcanzar la ley no se logren, pues habrá importantes perdedores, que se podría reflejar en un indicador como el empleo.

El presidente Moreno está dejando la cancha trazada para que el sector privado aporte sustancialmente a la economía, en conjunto con el sector público, pues es necesaria esta interacción en cualquier modelo económico, dejando claro los límites hasta donde llega cada uno. Todos los actores políticos, económicos y sociales tenemos nuestra tarea, la visión que debe persistir es la de largo plazo y en sí la de país. No solo por componer la economía después del descalabro del Gobierno anterior, sino también que la economía es el eje de la estabilidad social y política de un país. El Gobierno debe actuar con pragmatismo, pues meses atrás nos mostrábamos hacia afuera como un país que desea atraer inversión extranjera, que fomenta la apertura comercial, etc., pero hacia adentro la evidencia dejaba ver a un país fiscalista, con alta carga tributaria, con

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dificultad para hacer negocios, en fin, un país con muchas trabas. Ahora la imagen es más coherente entre el frente económico interno y externo, si bien aún falta que se evidencie en acciones, al menos estos cambios alientan nuevos aires.

La actividad económica debe girar alrededor del sector privado y no del público, además, debe tomarse medidas de largo plazo para mejorar y sostener la economía, con el fin de atraer más inversión extranjera, buscar nuevos acuerdos comerciales, entre otras. Recordemos que todo Gobierno tiene entre sus objetivos la reducción de la pobreza, y mejorar en la calidad de vida de la población, pero estas metas deben sostenerse en el tiempo y lo lógico es que los programas sociales estén vinculados a ingresos permanentes y no temporales. Por ello, el Gobierno debe generar estrategias urgentes que ayuden mejorar los índices de pobreza que existen, pero con ingresos permanentes; no se pueden frenar los programas sociales por una reducción del precio del petróleo, o cualquier shock externo por el que el país pueda atravesar.

En vista a lo anterior, hay una importante oportunidad para el actual frente económico no solo de dejar una hoja de ruta para el largo plazo, sino también hacer cambios estructurales en la economía, tan necesarios ahora más que nunca. No solo se trata de reconfigurar la composición de la deuda y sus acreedores, sino también de sentar las bases para que la economía no dependa constantemente del flujo de ingresos petroleros sino que se sustente en otros rubros, como la agroindustria, por ejemplo; de que el presupuesto estatal se diseñe en función de los ingresos que se proyectan para saber cuánto podemos gastar, flexibilizar el mercado laboral, etc. Todo esto en consonancia con una estrategia integral que diseñe los pasos a seguir en el corto, mediano y largo plazo, podría iniciarse con la identificación de las fortalezas y debilidades de cada uno de los sectores productivos, sus competidores directos e indirectos, capacidad de cobertura del mercado doméstico, oportunidades y riesgos de competir en otros países, en fin, conllevará a que los diversos actores académicos, gremiales, productivos, incluso políticos coordinen agendas programáticas en aras de garantizar la apertura comercial, un nivel de impuestos razonable, la libertad económica, la facilidad para hacer negocios, la inversión extranjera, entre otras, todo esto permitirá mejorar la calidad de vida de la población en el tiempo; por ello el pragmatismo es lo que debe regir al momento de diseñar la política económica del Ecuador.

ENFOQUE

EL HORIZONTE DEL GRADUALISMO Sr. Alberto Medina Méndez Periodista. Consultor Privado en Comunicaciones (Argentina)

La discusión política acerca de la celeridad de las reformas parece absolutamente interminable; la sociedad sigue analizando si estas deberían hacerse con mayor velocidad o el ritmo seleccionado es el adecuado.

El oficialismo y sus seguidores más lineales sostienen que hacen lo que pueden, que su dinámica es la única políticamente posible, que avanzan en algunos pocos temas y solo bajo ese esquema que han implementado.

Los que gobiernan dicen que si marcharan con mayor rapidez tendrían que pagar enormes costos sociales, porque las transformaciones que solicitan los más ortodoxos implican drásticos recortes que son inviables hoy en día.

Defienden la estrategia que han elegido aduciendo que recibieron el país en llamas y que lentamente están saliendo de situaciones muy extremas, gracias a su férrea capacidad de dar pasos cortos pero consistentes.

Recuerdan que no disponen de mayorías parlamentarias propias como para llevar adelante las políticas que desearían y que siempre deben negociar la gobernabilidad con otros partidos políticos, con todo lo que eso implica.

encarar lo que resulta imperiosamente necesario, haciendo lo correcto.

Desde estos espacios se plantea que quienes lideran el Gobierno, detrás de un discurso aparentemente sensato, priorizan siempre lo electoral por sobre todas las cosas, con el fin último de evitar costos políticos y no sociales.

El supuesto costo social que se pretende esquivar se termina pagando igualmente con inflación, endeudamiento, falta de empleo y una carga tributaria indefendible que inexorablemente financian los más débiles.

Eliminar el endémico déficit fiscal, disminuir el tamaño de un Estado dilapidador, derogar miles de regulaciones inservibles, desarticular la corrupción estructural, reformar todos los ineficaces sistemas estatales vigentes, es solo una parte de esa enorme agenda que siempre abruma.

Dilatar estas cuestiones que requieren solución inmediata no puede ser una opción. No se trata de lo políticamente posible, sino de lo moralmente inaceptable. Millones de personas padecen las consecuencias de estas nefastas políticas con las que se convive, con matices, desde hace décadas.

Entienden que el cambio se ha iniciado porque han instrumentado modificaciones en las formas, con una estética política diferenciadora tratando de dejar atrás los patéticos estilos autoritarios del pasado reciente.

Son eternos los debates al respecto. Se pueden verificar tanto en los medios de comunicación tradicionales como en todo tipo de redes sociales y hasta en las charlas típicas de familia o de café entre amigos.

Del otro lado del mostrador son demasiados los que afirman que se podría hacer muchísimo más, que al Gobierno le falta el coraje imprescindible para

En realidad, el problema es que se decide ignorar una variable demasiado relevante en esta disputa, que tiene que ver con el horizonte de referencia, con 27

ENFOQUE

una vital variable que se oculta deliberadamente. Se trata del “tiempo”.

Ir un poco más rápido o algo más despacio podría ser un debate totalmente irrelevante, sino fuera porque la concepción de unos y otros también difiere respecto del plazo que se dispone para alcanzar el objetivo compartido.

Para los que ahora gobiernan, no hay apuro, porque el camino es suficientemente largo y entonces no existe urgencia alguna para evaluar decisiones y calibrar la ejecución de cada uno de los proyectos en marcha.

Los más exigentes afirman que apostar todo el futuro de la nación a una dinámica azarosa es muy peligroso.

Cualquier suceso circunstancial local o internacional, podría tirar por la borda lo poco que se ha hecho hasta ahora.

Arriesgarse a tener suerte es jugar con fuego. Si este experimento político y económico sale mal, se habrá empujado, definitivamente, a la sociedad a los brazos de un nuevo populismo de un modo tan burdo como suicida.

Más allá de la coyuntura y de la eventual ocurrencia de un tropiezo externo de cualquier característica, lo cierto es que no se dispone de un período infinito e inagotable, como muchos imaginan y vaticinan como profetas.

El dilema de tomar el camino de la opción gradualista o girar hacia la búsqueda de políticas más enérgicas tendría sentido si se dispusiera efectivamente de todo el tiempo del mundo. Pero eso es una falacia.

Se está perdiendo una oportunidad preciosa con esta ridícula polémica que olvida aspectos esenciales

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y trascendentes. Los intercambios insólitos que se potencian entre sí terminan alejando la chance de encontrar un norte.

La verdadera discusión política debería pasar por cómo hacer las transformaciones con la mayor prontitud posible. A estas alturas, la dialéctica tendría que ser eminentemente técnica, intentando hurgar en los mecanismos más eficientes para lograr resultados en un lapso récord.

Sería saludable poner un esfuerzo superior en construir consensos para lograr cambios con mayúsculas y no solo para implementar estos frívolos parches que no resuelven nada postergando los problemas indefinidamente.

Es hora de correr el eje de la controversia de fondo.

Los amantes incondicionales del gradualismo creen, en su ingenuo optimismo, que la buena fortuna los acompañará en este proceso y eso no es muy realista.

En vez de consumir energías en estériles deliberaciones, hay que trabajar duro analizando políticas públicas que se aplicaron con éxito en otras latitudes, esas que permitieron hacer modificaciones sustentables sin las brutales consecuencias que imaginan los eternos defensores del status quo.

ESTO NO ES JUSTICIA

Una parte importante de la sociedad parece estar exultante y satisfecha con la secuencia de hechos que derivaron en la aprehensión de una larga nómina de indeseables personajes de la política nacional contemporánea.

Esto antes no había ocurrido de modo alguno. Salvo

ENFOQUE

casos aislados, la dinámica natural era garantizar una impunidad a prueba de todo, esa que permitía que los corruptos pudieran caminar por las calles sin ningún pudor.

Dice un viejo refrán que “el que las hace las paga” y esta vez parece que muchos de los que cometieron delitos en el pasado reciente tendrán que enfrentar las más duras consecuencias directas de sus flagrantes actos.

pertenecen a una única “banda”, es inevitable pensar mal y concluir en que algo no está funcionando adecuadamente.

Es difícil imaginar que un grupo político ostente el monopolio de las ilegalidades y se convierta en símbolo inequívoco de la corrupción, siendo este un fenómeno presente, estructural y transversal a todos los gobiernos.

En el contexto actual, esto es muy positivo porque asoma tímidamente un cambio que termina con la inercia habitual de un país que no tiene justicia. La historia dice que en el pasado cualquier hecho podía quedar en el olvido.

No es que ahora deba darse marcha atrás y liberar a los inmorales criminales que se apropiaron sin escrúpulos del dinero de la gente, sino más bien de no hacerse los distraídos con el resto de la infinita lista de bandidos que se burlan a diario de todos habiendo cometido idénticos atropellos.

Pero no hay que engañarse. Esta señal es absolutamente incompleta y groseramente sesgada.

Esa burda característica y ciertas circunstancias la convierten en un engendro que no merece ser identificado como “justicia”.

Por momentos, la sociedad puede parecer ignorante.

Es posible que sea demasiado mansa, pero sabe a ciencia cierta que el “sistema judicial” es tan objetable como los mafiosos que ha detenido en esta nueva etapa.

Ese concepto debe ser sagrado. No es bueno confundirlo con el denominado “poder judicial”. Ese espacio está plagado de funcionarios estatales en el que se entremezclan los más honrados con los más perversos.

En cualquier encuesta sería el “Poder Judicial” el que apareciera al final de la grilla en el ranking de credibilidad de las instituciones, inclusive bastante por debajo de los sindicatos y el Congreso, lo que es un record nada fácil de superar.

Una cosa es el principio moral que asigna a cada uno lo que le corresponde y otra, bien diferente, es el accionar de un conjunto de personas que se atribuyen la potestad de aplicar normas de un modo selectivo, siempre en sintonía con sus eventuales y cuestionables conveniencias coyunturales.

No es que no existan jueces probos y funcionarios honestos. Probablemente sean la mayoría. Pero también es inocultable que muchos de ellos manipulan los tiempos procesales en función de como soplan los vientos políticos.

Los que cometen delitos deben responder ante la sociedad por sus decisiones, pero no solo algunos, sino todos, sin excepción. Cuando los encarcelados

Cierta actitud conservadora, sospechosamente prudente y hasta cobarde, sobrevuela en ese tipo de decisiones que involucran a dirigentes de peso. En esos casos parece que la venda de la “justicia” se corre

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ENFOQUE

para dar paso a las arbitrariedades y discrecionales inaceptables en hombres de bien.

Para que el sistema recupere alguna dosis de confianza, necesita mostrar otras actitudes. Ocuparse con ensañamiento de los que cayeron en desgracia y perdieron el poder no habla muy bien de sus protagonistas.

Si realmente creyeran que lo que están haciendo ahora es lo correcto, deberían explicar entonces porque muchas de estas mismas resonantes causas estaban con “freno de mano” en tiempos del apogeo del régimen.

Seguramente explicitar los argumentos reales en profundidad sería muy inconveniente y totalmente incómodo para los que ahora pretenden convertirse en modernos paladines y valientes salvadores de la patria.

Hay que advertirle a estas supuestas celebridades que el heroísmo es otra cosa. Requiere de mucho coraje y osadía. Enfrentar a los poderosos es una hazaña. Hacerlo cuando ya están en decadencia tiene otro nombre.

La ética profesional no sabe de oportunismos. Los defensores seriales de posturas como esas dicen que en aquel tiempo era imposible intentarlo. En realidad no era inviable, sino en todo caso riesgoso para quienes decidieran encarar esa embestida, pero eso merece ser blanqueado sin eufemismos.

En esta nación habrá justicia el día que los tres poderes puedan funcionar de un modo ecuánime,

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siendo contrapesos unos de otros. Lo será cuando las instituciones de la sociedad civil puedan ocuparse de liderar los procesos políticos fijando límites a los desmanes y despropósitos tan habituales.

Mientras existan gobernadores y legisladores, intendentes y concejales, jueces y fiscales, funcionarios de todas las jurisdicciones y niveles que admitan con tanta naturalidad las eternas reglas de la corrupción, no habrá nada que se parezca a la justicia, sino una mera parodia de ella.

Aplaudir el hecho de que algunos corruptos vayan a la cárcel no está del todo mal, en la medida que la ciudadanía no se estafe a sí misma y entienda que esto es solo un hito en este largo camino hacia lo correcto.

La bendita grieta no se cierra encerrando a unos y dejando sueltos al resto, sino depurando el sistema, procesando y condenando a los que saquean cotidianamente a la gente sin descaro, sin importar si gobiernan ahora o antes, sin tener en cuenta colores partidarios ni intereses sectoriales.

Para recibirse de país hace falta mucho más que esta andanada de espectaculares operativos repletos de bravuconadas que intentan simular la vigencia de una república y del manoseado estado de derecho.

Por ahora solo se ha logrado esto. Tal vez sea mucho más de lo imaginable. Pero cuidado que conformarse puede ser un error letal que solo lleve a repetir errores indefinidamente. Es momento de apretar el acelerador y exigir mucho más. Mientras tanto habrá que asumir que esto no es justicia.