Comentarios del sector - Medio Ambiente

Situación social

Uno de los principales instrumentos de la legislación ambiental en materia social es el derecho a la consulta, implica la obtención del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas respecto a la implementación de programas, proyectos, reformas o modificaciones legislativas y acciones del Estado.

Del 2014 al 2020 la SEMARNAT recibió un promedio anual de 634 solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental, de las cuales 53 se sometió a consulta (8%). Lo anterior contrasta con las 13 mil 364 denuncias, registros o llamadas, que a través de sus distintos medios y que en 9 meses1 recibió la PROFEPA.

Retos ambientales

Para distribuir equitativamente los recursos federales en materia ambiental es necesario seleccionar proyectos factibles técnica, económica, social y ambientalmente, mediante comités éticos sin conflictos de interés que garanticen que los recursos lleguen hasta las comunidades necesitadas.

Sin embargo, es imposible resolver los problemas ambientales con el financiamiento de proyectos. La solución está en respetar a todos los seres vivos, utilizar eficientemente los recursos naturales, cambiar los patrones de consumo, así como aumentar y mejorar la vigilancia ambiental.

En un país como México en donde el 53% de la población tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza, el 0.02% de los contribuyentes acumulan el 50% de los ingresos y su índice de impunidad global2 están en un máximo de 75 puntos, son evidentes las carencias y las vulnerabilidades a las que está expuesta la población, y que van de la mano con la protección, conservación y aprovechamiento del ambiente.

Sin embargo, no todas las denuncias están relacionadas con solicitudes de autorización en materia de impacto ambiental, pero sí son pocos los proyectos que son dados a conocer a la población.

Otro ejemplo de la falta de información, inconformidad social y política excluyente son los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. La capacidad energética en este lugar pasó en 2008 de 160 MW a 5 mil 500 MW en 2018. Ante esto, ni la luz ni los beneficios que produce la venta de electricidad han llegado a las comunidades. Durante años se han llevado a cabo diversos juicios que, poco a poco, han ido ganando los pobladores indígenas, pero la tierra ya no sirve para sembrar.

Conflictos latentes como los del sur del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, son una muestra de la necesidad de modificar el sistema energético y obligan a crear un esquema de planificación, que prevea una mayor participación de la sociedad civil y de los gobiernos locales.

Se debe subsanar la incapacidad de los actores públicos y privados en el proceso político de la construcción de parques eólicos para que se establezcan vínculos entre todos los actores.

Referencia:

1.- De septiembre 2021 a junio 2022.

2.- Elaborado por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla.