“El papel del sector público en la lucha contra el desempleo juvenil en América Latina y el Caribe”

I. LOS DATOS NOS DESAFIAN

Fernando Belaunde (1980): prometió un millón de empleos.

Alan García (1985): “Trabajo para todos”.

Alberto Fujimori (1990): “Honradez, tecnología y trabajo”.

Alejandro Toledo lema: “Toledo más trabajo”.

Ollanta Humala: Ley “pulpin”.

La desafiante realidad del desempleo, y en especial del segmento juvenil de nuestra población, explica que en el último tramo de nuestra historia republicana, ha sido una constante oferta en las campañas electorales.

La desocupación juvenil no es un hecho inédito ni aislado, es un problema estructural complejo, de desigualdades estructurales y conflictos distributivos. La inequidad de la región tiene unas raíces históricas muy profundas.

El problema del empleo nos remite a una fundamental vinculación del desarrollo económico con las políticas sociales. A la necesidad de construir nexos viables y eficaces entre las políticas económicas y las políticas sociales. El desempleo genera una progresiva deslegitimación de la democracia, fenómeno que se expresa en una frágil gobernabilidad.

La pandemia de la COVID-19 agudizó esta realidad. Las estadísticas nos enfrentan a un dramático aumento de la pobreza. Es innegable un marcado deterioro del mercado laboral, en especial de los jóvenes y de las condiciones de vida de la población.

La pandemia nos ha confrontado a nuevos escenarios (no todos negativos; v.g.: teletrabajo y delivery juvenil) que requieren respuestas creativas, innovadoras, pero con ética, apropiada gestión cultural, y una imperiosa justicia social y ambiental.

II. ALGUNOS INDICADORES DEL DESEMPLEO (JUVENIL)

AMÉRICA LATINA

Crisis general con características heterogéneas, especialmente en temas como contextos económicos y sociales, institucionalidad y corrupción.

Uno de los reclamos más urgentes de los habitantes de los países latinoamericanos y del Caribe es el acceso a mayores oportunidades de empleo, a la vez que anhelan que este sea productivo, de mejor calidad, y provea acceso a la seguridad social, a diferencia del empleo precario que ha caracterizado las últimas décadas.

Pre Pandemia

Los datos de la OEA consignan que el 50% de los habitantes de la subregión se encontraban en situación de pobreza, la desigualdad social se había incrementado y que el empleo informal y el desempleo afectaban a cerca del 80% de la población económicamente activa.

Antes de la pandemia en América Latina y el Caribe el desempleo se había duplicado, especialmente el de mujeres y jóvenes, la informalidad y la precariedad se incrementaron, y los niveles de cobertura de la protección social eran extraordinariamente bajos.

Por su parte, la Organización Mundial del Trabajo (OIT), en la segunda mitad del 2022 consignó que el desempleo juvenil (14 y 24 años) en América Latina alcanzó el 20.5%; y entre mujeres este índice es mucho mayor: 27%. Otra evidencia de la fuerte brecha de género en la región.

Por efectos de la pandemia, 4.5 millones de empleos seguían “desaparecidos” en Latinoamérica. (4.2 corresponden a mujeres).

Post Pandemia

Si bien hay algunos signos de recuperación, de manera general, hay una innegable depresión económica y agotamiento de modelos democráticos. Eso si, persisten los problemas con la calidad del empleo y las condiciones de trabajo.

Per

INEI: Noviembre 2022 - Enero 2023: pérdida de 90,000 puestos de trabajo. Segundo semestre 2022, empleo juvenil se redujo en 12.5%. La tasa de informalidad en el país se ha incrementado de 73,6% en el 2019 a 78,1% en 2021.

El vínculo entre el desempleo juvenil y la exclusión social puede generar sentimientos de marginalización y aumentar los grados de violencia y las adicciones. Otros factores “escondidos” del desempleo juvenil: la desnutrición infantil, la anemia, la calidad de la educación básica, la fragmentación social y la polarización política.

Hoy desde Cajamarca y su ubicación en el mapa de pobreza del país, los jóvenes desempleados son: “Fantasmas sociales”.

III. PINCELADAS JURÍDICAS

De manera general, podríamos afirmar que el Estado se encuentra bajo presión desde dos direcciones: las tendencias de la economía global, de una parte, y las presiones políticas, de la otra.

Visión común del Estado: juega un papel activo en muchas de las áreas de la economía y de la sociedad. ¿El estado juega un rol en la generación del empleo?, o ¿es una función exclusiva y “natural” del mercado? Respuestas diversas según la concepción del estado y las propias historias económicas de la región y cada uno de los países.

El Estado tiene un rol fundamental: Asegurar las condiciones internas para un buen desarrollo de la economía y solucionar los diferentes problemas económicos de carácter nacional. Para cumplir con tales objetivos cuenta con instituciones técnicas y especializadas que protegen el funcionamiento de la economía.

PERÚ: La Constitución de 1993, bajo economía social de mercado, establece que “el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura” (Art. 58).

Vinculación estrecha entre rol promoción del empleo y rol de promoción de la inversión, con compromiso social y ambiental. Reñido con el “tarjetazo” o recomendación, el nepotismo o las redes de corrupción.

El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Artículo 23° de la Constitución Política: El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. “El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo.”

La subsidiariedad implica que el Estado ejecuta una labor orientada al bien común cuando advierte que los particulares no la realizan adecuadamente, sea por imposibilidad sea por cualquier otra razón.

El Convenio 122 de la OIT (1964), ratificado por el Perú (1966), obliga al país a aplicar una política de empleo. En el artículo 1, inciso 1 del Convenio 122 se señala que “con objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económico, de elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el problema de desempleo y del subempleo, todo miembro deberá formular y llevar a cabo, como objetivo de mayor importancia, una política activa de fomentar el empleo pleno, productivo y libremente elegido”, y en el inciso 3 agrega que dicha “política deberá tener en cuenta el nivel y la etapa de desarrollo económico, así como las relaciones existentes entre los objetivos del empleo y los demás objetivos económicos y sociales (…)”.

OIT (2015) Trabajo Decente: Fuente de dignidad personal, estabilidad en la comunidad, actuando en beneficio de todos, en búsqueda de la estabilidad económica, sumando las opciones de trabajo eficiente y el avance de las empresas, para acabar con la pobreza y obtener un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible.

Comunidad Andina: 2004 la Decisión 601, “Plan Integrado de Desarrollo Social de la Comunidad Andina” (PIDS). Propone una estrategia comunitaria diseñada para apoyar a los países miembros en sus esfuerzos por combatir la pobreza, la inequidad y la exclusión social y el “Programa Subregional

Andino para la Promoción del Empleo” . También hace un análisis de la temática del empleo y su relación con la gobernabilidad democrática en los países andinos. Propone: “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y Fortalecer la Gobernabilidad Democrática”.

La Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. (16 de marzo 2007) La Ley de igualdad de Oportunidades entre mujeres y Hombres obliga al estado peruano en el ámbito nacional, regional y local a adoptar medidas concretas para la realización del derecho humano a la igualdad sustantiva o de facto de las mujeres con los hombres, impidiendo la discriminación. La obligación comprende, además del desarrollo de mecanismos de protección, instancias de denuncia, sanción y reparación frente a situaciones de vulneración de derechos.

Por tanto, se pueden establecer algunos criterios fundamentales de la función social del Estado. La promoción del empleo es un rol fundamental del Estado en sus distintos niveles: nacional, regional y local. Pero NO de tres estados diferentes. Por tanto, hay necesidad de consensos y articulaciones funcionales y estratégicas.

Capacidad de análisis para identificar propuestas y proyectos exitosos, con enfoque territorial y apuesta por economías verdes.

“Cajamarca ha tenido una importante presencia nacional en la historia de la concertación social. Se han perdido espacios y disposición al cambio, ala concertación, a la tolerancia social y política”.

Educación para el desarrollo sostenible. La carrera universitaria no lo es todo. El país, y el mercado laboral, requieren de una formación técnica juvenil con calidad y con capacidad de respuesta a los problemas reales de nuestras sociedades.

IV. LOS DESAFÍOS

Convicción post pandemia: Los países deben crear políticas y sistemas de salud, educación, generación de empleo juvenil y protección social ágiles, resilientes y adaptativos que estén mejor preparados para las crisis actuales y futuras y puedan responder a ellas.

Articulación de actores: no al autismo institucional ni francotiradores culturales. Colaboración entre niveles de un estado, entre estados, cooperación internacional, sociedad civil, empresa, academia.

Empleo juvenil, generador de justicia social y solidaridad. Seguridad social: ¿utopía juvenil…? La educación para el empleo juvenil debe ser una prioridad del estado y de todos. El emprendimiento juvenil debe ser promovido a través de programas y proyectos. Generando subsidios o incentivos fiscales para las empresas que contraten jóvenes.

Una educación con una sólida base ética y vivencia de valores para un empleo juvenil sostenible: honestidad, integridad, transparencia, inclusión, equidad.

Fomentar habilidades blandas: trabajo en equipo, resiliencia, orientación a resultados y confianza.

Promover una transición eficaz hacia economías verdes, bajas en carbono y sustentables.

Recuperación de saberes y técnicas ancestrales como elementos de una política de formación y generación de empleo juvenil, con una estrategia que vincule patrimonio, educación, empleo juvenil y sostenibilidad.

V. A MODO DE CONCLUSIONES

Agenda común 2030: centrada en las personas, en su vida cotidiana, en sus intereses y en su desarrollo como individuos y como sociedad. Una agenda en la que solo el cuidado del planeta deberá marcar los límites del desarrollo, de ahí que la prosperidad quede al servicio de la calidad de vida y de la libertad y no que sea un condicionante a futuro de la vida de nuestro entorno y las futuras generaciones.

El empleo es el vínculo más directo entre la actividad económica y el aumento de nuestra ciudadanía. El Empleo es un vector imprescindible de realización personal, de inclusión social y requisito de ciudadanía.

Experiencia vital de tener un empleo: no sólo un derecho humano fundamental, crea lazos intergeneracionales de confianza, solidaridad y responsabilidad colectiva, que ordena y da sentido a la vida familiar, social y comunitaria con base en la aceptación de un ideal común.

Desempleo juvenil, experiencia de exclusión y germen de conflictividad social, escenario dramático de proyectos de vida, valor presente de la vida futura a niveles próximos a cero. Pseudo salidas suicidas y violentistas.

No basta reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso, sino que es necesario también que las instituciones democráticas funcionen bien y sean creíbles para la población.

La educación es un eje clave de la inclusión social y un eslabón fundamental para la inclusión laboral juvenil y el aumento de la productividad.

Formación en asociatividad y generación de alianzas: respuestas colectivas e integrales que vayan contra corriente del individualismo, construyendo economías solidarias.

Replicabilidad pero con identidad y articulados a la innovación, a la tecnología, con capacidad de respuesta al cambio climático y a prácticas sostenibles de valor compartido.

Desempleo juvenil, responsabilidad del Estado y de TODOS. Construir sociedades más equitativas. Unidad estratégica en la pluralidad y diversidad; con liderazgos éticos, auténticos y legítimos; fortalecimiento institucional con un rechazo real a la corrupción; cooperación horizontal, articulaciones y sinergias sostenibles, integración social e igualdad de oportunidades.

Cajamarca ha tenido una importante presencia nacional en la historia de la concertación social. Se han perdido espacios y disposición al cambio, ala concertación, a la tolerancia social y política. Hoy URGENTE NECESIDAD DE CONSENSO de los distintos niveles del estado, como de actores claves: sector público, academia, sector privado, sociedad civil, cooperación internacional para responder al grave desafío de la desocupación juvenil. Nuestros jóvenes necesitan condiciones económicas y sociales para la generación de empleo; un empleo digno, decente, motivador, de bienestar y realización plena.

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