1 El saber indispensable para la decisión La izquierda desconfía, y con razón, de las incursiones de «la ciencia» en la política. Recela de la dictadura de expertos que elimina el debate democrático y da una apariencia de objetividad a los imperativos del poder. Los más radicales ven con malos ojos al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC-IPCC); en su opinión, un órgano de profesores universitarios instaurado por las Naciones Unidas no puede sino ser un instrumento del orden establecido. ¿Acaso sus «resúmenes para responsables de políticas» no son adoptados por representantes de los estados1? Para unos, el IPCC exagera para asustar a los pueblos y hacerles aceptar sacrificios; para otros, al contrario, el IPCC subestima la gravedad del cambio climático con el objetivo de atenuar la responsabilidad del capitalismo. Escepticismo y exageración comparten sospechas sobre la manipulación de la ciencia. Ahora bien, conviene poner los puntos sobre las íes. El IPCC se compone de tres grupos de trabajo —aspectos científicos, efectos y posibilidades en materia de reducción de emisiones— que evalúan y sintetizan publicaciones aparecidas en las revistas referenciadas. El grupo III está lleno de economistas que sintetizan estudios de colegas suyos del mundo entero. La inmensa mayoría de los artículos revisados son de orientación neoliberal, por la simple razón de que en las esferas académicas escasean los economistas críticos. Los informes producidos por este grupo son cuestionables desde un punto de vista social, ya que se basan en la noción de cost efficiency («coste-eficiencia» o eficiencia relativa a costes). Y frente a esta noción, esta obra defenderá que el clima debe salvarse por todos los medios, independientemente de los costes, y por razones tanto sociales como técnicas. Esta mezcolanza de debate político y controversia científica resulta 1 Los informes de evaluación del IPCC son objeto de dos tipos de resúmenes: unos técnicos y otros dirigidos a los responsables políticos. Estos resúmenes son adoptados tras largas discusiones entre los científicos que firman los informes, por una parte, y los representantes de los estados, por otra.
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