El sistema anticorrupción de Alito, costoso y sin resultados

/ Rosa santana

En junio de 2019 Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, abandonó la gubernatura sin rendir su cuarto informe y se fue a la Ciudad de México a presidir el PRI. Por esas fechas ya se le cuestionaba su enriquecimiento inexplicable, que incluye una multimillonaria mansión en el inexpugnable fraccionamiento Lomas del Castillo, apreciable sólo en imágenes satelitales.

Ese mismo año su correligionario Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, presentó una denuncia contra Moreno Cárdenas ante la Fiscalía General de la República, aunque no logró el ejercicio de la acción penal.

En la entidad también se le recriminaba el abultamiento de la deuda pública, que durante su gestión pasó de 812 millones 275 mil pesos a 2 mil 369 millones debido a proyectos faraónicos que se quedaron en maqueta; además de una pobreza creciente que entre el segundo y el tercer año de su cuatrienio pasó de 43.8 a 46.2%; las cifras de extrema pobreza se elevaron de 6.7 a 9.8%, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Antes de irse a dirigir el PRI nacional confeccionó un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) desde cuyas entrañas se trancó la emisión de una política local en la materia, que debió sentar las directrices para prevenir, combatir y sancionar la corrupción en el estado.

Sin más remedio, porque la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción así lo obligaba, en julio de 2017, como jefe del Ejecutivo estatal, Moreno Cárdenas envió al Congreso, en el límite del plazo, la iniciativa para crear la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, que fue aprobada en automático. Su prima, Laura Baqueiro Ramos, quien en octubre próximo será por tercera vez diputada local, presidía la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en aquella Legislatura.

En paralelo a esa ley, y como parte de la estructura del SEA, fue necesario crear la Fiscalía Anticorrupción del Estado (FAE), a la que se dotó de “presupuesto propio y autonomía”, sólo que a su titular se le otorgó una permanencia de 15 años en el cargo, con lo que trascendería dos sexenios y medio.

Según la ley, es facultad del Congreso seleccionar al fiscal anticorrupción de entre los aspirantes propuestos por organizaciones ciudadanas. Sin que se diera a conocer qué organizaciones los propusieron, fueron entrevistados para el cargo 15 personas –10 varones y cinco mujeres–, entre quienes se eligió a quien desde días antes se sabía que sería el fiscal anticorrupción: José Ángel Paredes Echavarría.

El periodo de Paredes, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, concluiría en 2033, pero murió el 8 de agosto de 2019. En octubre siguiente se intentó acomodar a José Alberto Calderón Silva, primo de Alito, a quien durante su mandato tuvo al frente del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, de donde surgieron varios de los consejeros distritales electorales que estuvieron a cargo de los comicios para gobernador y diputados locales el pasado 6 de junio.

Como los otros 17 aspirantes a la FAE, Calderón cumplió con el protocolo ante el Congreso local, donde fue entrevistado por la comisión especial legislativa integrada por la priista Ana Gabriela Sánchez Preve y el entonces dirigente estatal del Partido Verde, Álvar Ortiz Azar, cuñada y sobrino de Moreno Cárdenas, respectivamente. Su imposición abortó debido a la presión mediática y ciudadana al recién nombrado gobernador sustituto, Carlos Miguel Aysa González –quien fungió como secretario de Gobierno de Alito–, con lo que ascendió como fiscal Silvia Moguel Ortiz, a quien Paredes tuvo como vicefiscal. | Foto @alitomorenoc

Malas cuentas

A la fecha, el SEA ha costado más de 200 millones de pesos sin ofrecer resultados en el cumplimiento de su objetivo, ya que todavía el estado carece de una política anticorrupción que marque las directrices para comenzar a ejercer la ley en la materia, y la FAE en dos años sólo judicializó un expediente, y lo hizo con deficiencias e irregularidades.

El caso se abrió en diciembre de 2020 contra Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde de Carmen en el trienio 20152018, y dos de sus colaboradores, en atención a la denuncia que les formuló la Auditoría Superior del Estado (ASE) el día 15 de ese mes por los delitos de peculado y abuso de atribuciones.

La acusación devino días después de que el exmunícipe renunció al PAN, inconforme con la alianza electoral que ese partido pactó con el PRI y el PRD y cuando ya se mencionaba su nombre como posible candidato de Morena para disputar de nuevo el 6 de junio esa alcaldía. Así lo hizo y ganó.

En enero pasado, el juez segundo de control, Miguel Ángel Jiménez, vinculó a proceso a Gutiérrez Lazarus debido a un pago por 580 mil pesos que su administración hizo a la empresa Strategis, de Rafael Caraveo Opengo –el hombre que aparece en el video de los “moches” de Odebrecht– para litigar contra la serie de embargos a las participaciones federales que el gobierno de Alito aplicó a ese ayuntamiento por adeudos al Servicio de Administración Tributaria y al IMSS, que heredó de las tres administraciones anteriores.

Durante ese trienio fue habitual el hostigamiento político, presupuestal y judicial que Alito ejerció contra Gutiérrez Lazarus, quien en 2018 contendió para reelegirse en el cargo. No lo consiguió por un presunto fraude electoral que favoreció al priista Óscar Rosas.

La FAE judicializó el caso de Gutiérrez Lazarus, actual alcalde electo, pero no le notificó de la audiencia de imputación en su contra, con lo que violó el debido proceso. Según comentó aquel a la corresponsal, fue a través de un periódico local al que se le filtró la información como se enteró, por lo que solicitó que se le enviara el citatorio. Además, dijo, el juez tuvo que interrumpir y posponer esa primera audiencia, que se realizó de manera virtual el 6 de enero, pues la Fiscalía “no tenía la carpeta de investigación”.

En la segunda audiencia, el 15 de enero, la FAE solicitó que se les dictara arraigo domiciliario y el pago de 250 mil pesos a cada uno de los imputados como reparación del daño, pero el juez sólo les impuso como medida cautelar la prohibición de salir del estado sin previo aviso.

Caso opuesto es el del exdirector del Instituto del Transporte del Estado, Candelario Salomón Cruz, uno de los exfuncionarios que más denuncias de corrupción acumula en la FAE por estafar a transportistas con la venta de permisos. A pesar de las constantes protestas de los afectados por la inacción de la FAE, las indagatorias contra el también exalcalde de Candelaria se congelaron.

La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción estableció los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción del estado y sus municipios para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción previstos en el artículo 101 de la Constitución de Campeche. Horas antes del zafarrancho del 29 de junio, que dejó un herido de bala, la sede nacional del PRI recibió un contingente decidido a establecer un plantón para exigir la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente nacional del partido; entre un hecho y otro también llegó al lugar un grupo de apoyo a Moreno. Los inconformes iban encabezados por Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, quien tuvo un cruce de declaraciones con el líder partidista después de los hechos de violencia.

A tres años de la debacle electoral que sacó a ese partido de la Presidencia, y a tres semanas de la elección en la que perdió ocho gubernaturas, el episodio, aun sin ser una crisis interna, proyectó algunas de las peores prácticas políticas asociadas a la historia del PRI:

El acarreo de unos y otros; un grupo de choque, cuya actuación nadie reivindica y, en el terreno declarativo, señalamientos por el pasado represor de Ulises Ruiz, quien, en respuesta, acusó nepotismo en candidaturas plurinominales, así como un presunto desvío de 400 millones de pesos de las arcas de Campeche, advirtiendo un proceso penal sobre el exgobernador de esa entidad que hoy dirige el partido.

La autoría intelectual de la trifulca no es clara. Moreno acusa a Ulises Ruiz de haberla orquestado; y este responde que se trata de un “montaje” para imputarlo política y penalmente para desestimar su “movimiento” que, sin embargo, contrasta con la actuación identificada en las imágenes de los hechos ocurridos en la calle Héroes Ferrocarrileros.

En las entrevistas concedidas por la exdiputada Nayelly Gutiérrez Gijón, quien junto con Ruiz encabeza el plantón en la sede priista, son identificables dos personajes en su entorno, quienes portaban palos durante el encontronazo. Además, entre los agresores destacan Antonio Baltierra, líder del Sindicato de Meseros de Ecatepec, afiliado a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos; Mario Machuca, líder croquista en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, organización que a nivel nacional preside Isaías González Cuevas. Ambos participan también en el plantón encabezado por Ruiz y Gijón.

Sin embargo, Ruiz no admite la autoría y, en entrevista con Proceso, insiste en que fue un montaje: “Yo en el momento que me enteré (asegura que no se dio cuenta de los hechos pues él estaba sobre la avenida Insurgentes y el zafarrancho ocurrió en el otro extremo, cerca de la alcaldía, Cuauhtémoc) descalifiqué esos hechos. No tengo nada que ver en ese asunto y si Alejandro tiene pruebas de lo contrario, que las presente ante la autoridad y detengan a los que lo hicieron.

“Pero decir ‘es comando de fulano y están armados’, es un montaje que pretende dar y sobre todo descalificar el plantón que tiene un planteamiento de fondo: su renuncia, (la instalación de) una dirigencia interina para

Una sensación recurrente de extinción

/ aRtuRo RodRíguez

Una sensación recurrente de extinción

Nallely Gutiérrez encabeza el plantón en la sede priista

elegir nueva dirigencia y avanzar hacia la refundación del partido”.

Y abunda que existe un “pacto de impunidad” por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador no toca a Enrique Peña Nieto, mientras que Moreno Cárdenas no toca al mandatario. También afirma que 10 gobernadores priistas operaron a favor del hoy presidente de la República en 2018 y, finalmente, que hay una conducta “obsequiosa” de los legisladores del PRI con las iniciativas del Ejecutivo.

Además, sostiene que cuatro familias acapararon las candidaturas a diputados plurinominales y, finalmente, habla de un desvío de 400 millones de pesos con fines electorales en el gobierno de Campeche por el que Moreno Cárdenas puede ir a la cárcel. –¿Quiénes son las cuatro familias? –se le pregunta. –Alejandro Moreno, quien metió a sus novias, novios, amigos y colaboradores; gente del Verde que no son del PRI, como el hijo de Murat (Eduardo Enrique); Rubén Moreira, su esposa (la secretaria general del partido Carolina Viggiano), su secretario particular y un hijo de ella; así como Emilio Gamboa, con colaboradores… y prestanombres de varios de ellos.

Ruiz insiste en cuestionar el respaldo de la bancada del PRI a las iniciativas de López Obrador, y se dirige al recién reelecto diputado y exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, quien será el coordinador parlamentario en la próxima legislatura.

En los comicios del 6 de junio, el PRI aumentó su votación respecto a los de 2018: tendrá 71 diputados en la próxima legislatura, un incremento importante, pues actualmente tiene sólo 46. Ese resultado es un avance, dice Moreira, quien admite en entrevista la derrota en ocho estados, si bien espera el resultado de la judicialización pendiente por Nuevo León. –¿Hay una crisis en el partido? –se le pregunta. –No. Nosotros tenemos un proceso histórico de mediano y largo plazos, en el que concluimos que el PRI empezó a tener dificultades con su base por plegarse a las políticas neoliberales del sexenio pasado. Hoy los resultados nos animan a decir que se ha mejorado. Ulises sigue una ruta personal, una búsqueda de poder, ajena a la idea de fortalecer la institución. –¿En qué consiste? –En una ambición personal y búsqueda de notoriedad, obviamente, a través de una acción criminal en contra de miembros del partido.

Al margen del episodio violento, las acusaciones cruzadas y la coyuntura por los resultados electorales, una posición presente en todas las posturas es respecto al futuro del partido.

El fantasma quE rEcorrE al partido

Desde 2000, cuando el PRI perdió por primera vez la Presidencia, el fantasma de la extinción recorre esporádicamente sus filas, admite Dulce María Sauri Riancho, quien en aquellos años fue dirigente del partido.

“La sensación de extinción y los pronósticos que había cuando se consumara el 1 de diciembre de 2000 la salida del presidente Zedillo eran esos, salir después de casi 70 años de gobierno. Esa sensación se recreó en 2006, con un resultado electoral adverso con presencia reducida en las cámaras de Diputados y Senadores.

“Estamos ahora en un momento de esa sensación. Pero me parece que no sólo el PRI, sino en general los partidos políticos en México tienen que revisarse, renovarse”, responde Sauri a pregunta expresa.

Desde entonces el PRI ha vivido altibajos. Una revisión de resultados históricos lo refleja: en 2000 tenía 19 gubernaturas y en las elecciones obtuvo 211 diputados y 60 senadores; en 2006, 17 gubernaturas, 39 senadores y 123 diputados, y para 2012 ganó 21 gubernaturas, 61 senadores y 241 diputados, en una elección en la que recuperó la Presidencia.

Pero en 2018 el descalabro fue como nunca: con 14 gobernadores perdió dos (Jalisco y Yucatán), alcanzó apenas nueve senadores y 46 diputados. Finalmente, de mantenerse los resultados electorales del 6 de junio último, le quedarán a finales de este año sólo cuatro gobernadores (Coahuila, Estado de México, Hidalgo y Oaxaca), con una presencia legislativa de 71 diputados.

Para Sauri el análisis de los resultados electorales implica dos aspectos: “Echar las campanas al vuelo o al luto” por el 6 de junio, mediante “un análisis puntual, cuidadoso y detallado de lo que las urnas están diciendo”.

Y el resultado es que en términos porcentuales tuvo un porcentaje mayor de votos, alrededor de 1% de lo que tuvo en 2018 para diputados federales. Eso es campana al vuelo. Y toque de luto es la derrota en las 15 gubernaturas, donde perdió las ocho entidades con gobernadores priistas.

arcana ImperII Sistema Estatal Anticorrupción: La emisión de exhortos públicos

Salvador vázquez

“La corrupción es clandestina. Como ocurre con otros actos socialmente sancionados, quienes la cometen buscan borrar la evidencia, cubrir sus rastros y diluir la responsabilidad entre sus cómplices. Existe, sin embargo, un agravante particular: los corruptos utilizan estratégicamente su posición de poder para no ser detectados, investigados y sancionados. En pocas palabras, para quedar impunes” Leonor Ortiz Monasterio, Ricardo Alvarado y Sofía Ramírez Agilar

Estimados Amigos invisibles, la última vez que toqué el tema de los exhortos públicos en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) fue en setiembre de dos mil veinte. Desde la creación del SEA he manifestado, señalado, observado, criticado, incluso he marcado agenda en algún tema en específico o cuando algún hecho es considerado como supuesto acto de corrupción.

Asimismo, como le he mencionado en reiteradas ocasiones el objeto del SEA, no es otra cosa que –según el artículo 6 de la Ley–, “seguir y aplicar los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos generados por el Sistema Nacional Anticorrupción, para la

coordinación entre las autoridades

de todos los Poderes y órdenes de gobierno en la prevención, detección y

sanción de faltas administrativas

y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. De igual forma, es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia en el Estado. Las políticas públicas que establezcan el Comité Coordinador Nacional y el Comité Coordinador, son obligatorias y deberán ser implementadas por todos los entes públicos, en el ámbito de sus competencias”. No dejaría de lado, los principios rectores que rigen el servicio público –según el art. 5– son: “legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito. Que deben ejercer y aplicar los entes públicos –mismos que– están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público”.

En el tema que nos ocupa –la emisión de exhortos públicos– le cuento que el pasado jueves 01 de julio de los corrientes el Comité Coordinador del SEA aprobó por primera vez la emisión de un exhorto público dirigido al Congreso del Estado con la finalidad de que se aclare públicamente el tema de “La Caja Negra en Aguascalientes” nota periodística que publicó y difundió la Asociación Civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad MCCI –Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad– La Caja Negra de Aguascalientes · Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (contralacorrupcion. mx) –este tema parece de alta prioridad para algunos medios de comunicación, que muchos otros temas también merecen dar seguimiento como lo son: El Registro Público de la Propiedad, el Libramiento Carretero Poniente, las luminarias en el municipio de Ags, etc.–.

El tema no es menor, por primera vez en nuestro estado el Comité de Participación Ciudadana solicitó al Comité Coordinador la emisión de un exhorto público con el objetivo de requerir a las autoridades competentes –en este caso al Congreso del Estado– información sobre la atención de este asunto. La aprobación se dio por unanimidad por parte del CC.

He de manifestarle que el SEA a nivel nacional está considerado dentro de los mejores sistemas a diferencia de otros estados porque en Aguascalientes existe una sinergia entre autoridades y ciudadanos, es decir, no existe una distancia entre el CPC y el CC, o bien, entre la Secretaría Ejecutiva y el CC, aquí existe la cooperación y la voluntad para posicionar al Estado dentro de los mejores, claro falta mucho, es un camino que se esta recorriendo, mismo que comenzó hace tres años y los resultados se irán viendo a conta gotas.

Como es de conocimiento general, la percepción tanto de autoridades como de la ciudadanía es que los Sistemas anticorrupción, no tienen razón de ser, en otras palabras, no sirven para nada, justo porque no hay resultados en este tema.

Recuerde que el Comité Coordinador lo integran las siguientes instituciones locales: *La representante del Comité de Participación Ciudadana, quién lo presidirá *El titular del Órgano Superior de

Fiscalización en el Estado

*El titular de la Fiscalía Especiali-

zada en Combate a la Corrupción

*El titular de la Secretaría de Fisca-

lización y Rendición de Cuentas

*El presidente de la Sala Administra-

tiva del Poder de Justicia del Estado

*Un representante del Consejo de la

Judicatura del Estado

*Un representante del Instituto de

Transparencia del Estado

*Los titulares de las Contralorías Municipales

Lo que le digo, Usted que me lee cada semana, es que los ciudadanos que representan dicho sistema no tienen mucho margen de actuación, en palabras llanas y comunes, no tienen dientes. Es decir, a diferencias de las autoridades que lo integran como lo son la Fiscalía, la Contraloría, el Osfags. Como le mencione en la columna titulada la Cultura de la Denuncia, donde le informo que todo ciudadano puede interponer alguna denuncia o querella.

Demos pues seguimiento a la respuesta institucional que dará el Congreso en relación a este tema. Ya que la propia Unidad de Inteligencia Financiera le está dando el seguimiento propio en relación con las empresas que dan a conocer en el reportaje.

Le invito a que se interese en los temas públicos de nuestro hermoso Aguascalientes, de que exija que le informen, para que pueda generar su criterio en base a la información y no dejemos que nos den la información “digerida” los medios de comunicación.

Ya sabe, alguien lo tiene que decir. Para no dejar que unos lo hagan y otros lo permitamos.

La movilidad cotidiana y el bienestar objetivo

Gabriel ramírez atisha

Hay varias maneras de asociar la movilidad cotidiana con la calidad de vida. En un artículo de 2021 de la revista Transportation Research Part A*, la investigadora Avigail Ferdman usa el concepto de bienestar objetivo para comparar cómo podría la movilidad no motorizada (caminando o en bicicleta) tener mayores beneficios que los desplazamientos en automóvil. El texto es más una propuesta teórica que un análisis de hallazgos, pero puede ser de utilidad para ampliar la discusión sobre las repercusiones positivas y negativas de las distintas formas en que nos movemos. Hay dos aspectos importantes del artículo que podrían enriquecer la discusión sobre cómo transitamos el espacio público: 1) El uso del concepto de bienestar objetivo y 2) Que se observe el bienestar durante el momento mismo en el que nos desplazamos.

el bienestar objetivo

Retomando literatura sobre el tema, Ferdman recuerda que el bienestar objetivo es aquello que tiene valor intrínseco, independientemente de si a la gente le gusta o no. Un ejemplo de esto es la salud. Esta puntualización es pertinente porque la mayoría de las investigaciones que relacionan bienestar y movilidad (al menos en inglés) se centran en el bienestar subjetivo, que tiene que ver con emociones, actitudes o estados mentales.

Una consecuencia de que se pueda entender el bienestar de dos maneras distintas, la objetiva y la subjetiva, es que hay al menos dos corrientes de investigación que lo miden u observan. Para medir el bienestar objetivo generalmente se ha recurrido a los conceptos de necesidades y capacidades, las cuales deben ser satisfechas por todas las personas independientemente del tiempo y lugar. Es decir, se tiene bienestar si se satisfacen necesidades o se ejercen capacidades.

Para ligar teóricamente la movilidad cotidiana con el bienestar objetivo, Ferdman se centra, apoyándose en la filósofa Martha Nussbaum, en tres capacidades humanas: saber, crear y sociabilizar. En esencia, la gente florece cuando desarrolla y ejercita tales capacidades, y Ferdman considera que la movilidad no motorizada es más propicia para que ello ocurra.

el bienestar Durante el Desplazamiento

Otro aspecto valioso del artículo de Ferdman es que se centra en el desplazamiento mismo, independientemente de su rol al facilitar el acceso a los distintos puntos del espacio urbano. Usualmente los viajes se miden de manera subjetiva preguntando a los usuarios de transporte público si están satisfechos con el servicio, o a los peatones cuál es su postura ante la posibilidad de cambiar a un modo motorizado, por ejemplo. Pero no es común que los viajes se midan en términos de bienestar objetivo.

Dado que la investigación es una propuesta teórica y no una medición detallada, Ferdman se centra en lo que considera dos modos opuestos de transporte, el sedentario (automóviles) y el no motorizado (caminar y bicicleta). Para la autora es a través de nuestros cuerpos, al movernos, cuando le damos un sentido al espacio que habitamos, a nuestro entorno y a nuestros alrededores. Sobre todo, es a través de ciertos mecanismos humanos, detallados en el artículo, que al viajar a pie y en bicicleta se disparan los sentidos y es posible que florezcan las capacidades mencionadas: conocimiento, creación y sociabilización. Por ejemplo, la velocidad de la caminata permite al peatón digerir información más compleja acerca del ambiente que habita y con ello se pueden hacer más conexiones físicas y conceptuales. Por su parte, la bicicleta propicia el desarrollo de la conciencia general y dispara la capacidad cognitiva. En ambos casos hay otros beneficios, como el sentido de independencia. La autora menciona que hay una combinación muy favorecedora: estar en el espacio urbano y estar en movimiento. Su ejemplo típico es el del ciclista que absorbe información de una manera más fina que la del resto de los usuarios de las vialidades, pues en el proceso intervienen más sentidos.

El propósito del texto de Ferdman es promover el enfoque del bienestar objetivo en los estudios de la movilidad. Considero que es una propuesta pertinente para los casos de las ciudades mexicanas.

*Ferdman, Avigail, 2021. “Well-being and mobility: A new perspective”, en Transportation Research Part A (146): 44-55.

g.g.ramirezatisha@gmail.com

/ patricia mayorga

El olor a quemado invadió la Sierra Tarahumara, en el norte de México. La densa neblina causada por el humo de los incendios serpentea sobre los ríos de la región. En los cerros y barrancas se propagan hileras de fuego al pie de pinos y encinos ya chamuscados. En la carretera rumbo a Bocoyna la humareda llegó a obstruir por completo la visibilidad hasta alcanzar a las comunidades que han tenido que aprender a combatir los incendios.

Desde 2017 los cárteles de Juárez y Sinaloa incursionaron en ese “negocio” que ha devastado varios predios particulares y ejidos completos; ambos se disputan el control del territorio. Por ejemplo, Panalachi, el ejido más grande de esa región –con 447 ejidatarios–, sufre de la tala ilegal.

Las comunidades del territorio en la Sierra Tarahumara se concentran en luchar contra la incursión de los cárteles. En cada municipio de la región los grupos delictivos operan de manera distinta, pero la consecuencia es la misma: el despojo para controlar la tierra.

La situación ha generado alrededor de 30 homicidios de líderes indígenas en los últimos 20 años y cientos de familias desplazadas de manera forzada. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (Ceave) registra que desde 2014 a la fecha más de 420 personas en la Sierra Tarahumara han sido desplazadas de manera forzada, pero el dato es una aproximación.

Por lo menos desde 2011 han ocurrido desplazamientos masivos en la Sierra Tarahumara, sin que hayan quedado registrados en las oficinas gubernamentales. En abril de ese año un grupo de encapuchados armados llegó en camionetas para disparar hacia las casas, tiendas e iglesias del poblado de Jicamórachi, en el municipio de Uruachi, que colinda con Sonora.

En ese entonces los enfrentamientos eran entre los grupos de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez, contra el Cártel de Sinaloa. Este último grupo acababa de ingresar a esa región para pelear la zona. Familias completas, incluyendo ancianos y niños, durmieron en el monte durante 10 días hasta que llegaron militares a instalarse en la escuela del pueblo para contener las agresiones. De 122 familias que habitaban Jicamórachi en aquel momento sólo se quedaron 40. El resto huyó a Sonora u otras ciudades de Chihuahua. Desde aquel día el pueblo no tiene médico.

Chihuahua: Cuando los talamontessicarios obligan al exilio

DesplazaDos

La directora de la Ceave, Irma Villanueva Nájera, explica que, por lo general, las víctimas de desplazamiento en la región denuncian homicidios, pero alrededor de esos crímenes prevalecen las amenazas o un ambiente inseguro que las obliga al exilio.

En 2015 la comunidad de El Manzano, en Uruachi, comenzó a padecer uno de los desplazamientos más conocidos y, por ello, ha contado con apoyo de organizaciones civiles, como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y Consultoría Técnica Comunitaria, que lo han llevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En una primera vez cerca de 35 personas de diferentes familias huyeron caminando por toda la sierra hasta encontrar apoyo para evitar que las mataran por defender el bosque de un grupo delictivo que se ha apoderado del territorio y del aserradero del ejido Rocoroyvo, al que pertenece la comunidad.

Un año después salió otro grupo de al menos 60 personas de la misma comunidad porque no habían cesado las amenazas de despojo para apoderarse del territorio. Los desplazados de El Manzano han tratado de regresar a su tierra, pero cada intento ha costado la vida de alguno de sus allegados.

El último movimiento fue en 2018, cuando el Cedehm dio a conocer que las personas desplazadas de El Manzano y de la comunidad Monterde del municipio de Guazapares regresaron a sus casas, resguardadas por la policía estatal.

En Uruachi no se han registrado incendios masivos intencionales, pero la población sufre la intimidación del grupo delictivo que controla Noriel Portillo, El Chueco, del Cártel de Sinaloa, que ha impedido el desarrollo forestal, de acuerdo con testimonios de los habitantes locales.

Cruz Sánchez Legarda, exgobernador rarámuri desplazado de la comunidad de El Manzano, dice que en su territorio el grupo criminal ha derribado pinos para sembrar amapola. “Los arroyos se fueron secando. El bosque está abandonado”, lamenta desde el exilio.

HomiciDios

En Boycona las autoridades estatales y federales han documentado el modus operandi de los grupos armados que controlan la región: cortan los árboles y después incendian el área.

El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, ha reconocido que los territorios mencionados son zonas en disputa para el trasiego de droga y madera. En julio de 2020 dio a conocer que las ganancias de la tala clandestina se calculan entre 75 mil y 220 mil pesos por cada camión cargado con madera.

En ese contexto, en abril de 2020 fueron asesinados 10 líderes ejidales en Bocoyna, entre ellos los hermanos Joel y Adán Zamarrón, presidente y expresidente del ejido El Retiro y Gumeachi, respectivamente, así como su tío Juan Zamarrón, quien presentaba la denuncia de esos hechos cuando se decretó la pandemia, explicó el abogado y activista Jaime García Chávez. Desde entonces, las familias de esas víctimas se encuentran desplazadas.

José Carlos González fue asesinado en San Juanito. Era excomisariado ejidal de Sisoguichi, uno de los pueblos principales de Bocoyna. En la misma localidad, en marzo de 2020, fueron asesinadas seis personas más; entre las víctimas había un niño. Iban por autoridades ejidales de Panalachi.

Ese mismo día sacaron de su casa a Carlos Lozano, presidente del comisariado de Panalachi, y lo arrastraron con una camioneta hasta matarlo.

En diciembre de 2018 un grupo de la comunidad Bahinocachi del municipio de Panalachi llegó a la ciudad de Chihuahua para pedir protección a las autoridades federales y estatales por las amenazas constantes de los grupos armados que estaban destruyendo al bosque.

Desde febrero de ese año habían denunciado la aparición de 200 camiones cargados de troncos grandes y gruesos de pinos, conocidos como troceros, sin los permisos correspondientes. No habían tenido respuesta, de acuerdo con la organización que dio acompañamiento jurídico a los pobladores de ese ejido, el Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos e Indígenas.

En 2020 la comunidad indígena Arroyo del Pajarito, del municipio de Guachochi –a tres horas de Boycona–, denunció ante el gobierno federal las amenazas que han recibido. Les respondieron que acudieran a la Fiscalía General de Chihuahua. Al final, los talamontes-sicarios, como les llaman, terminaron de deforestar la comunidad y se cambiaron a otra al norte de la cabecera.

*Este trabajo fue realizado por Patricia Mayorga para Proceso y Connectas dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.