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LUNES 5 DE JULIO DE 2021
El sistema anticorrupción de Alito, costoso y sin resultados / Rosa Santana En junio de 2019 Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, abandonó la gubernatura sin rendir su cuarto informe y se fue a la Ciudad de México a presidir el PRI. Por esas fechas ya se le cuestionaba su enriquecimiento inexplicable, que incluye una multimillonaria mansión en el inexpugnable fraccionamiento Lomas del Castillo, apreciable sólo en imágenes satelitales. Ese mismo año su correligionario Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, presentó una denuncia contra Moreno Cárdenas ante la Fiscalía General de la República, aunque no logró el ejercicio de la acción penal. En la entidad también se le recriminaba el abultamiento de la deuda pública, que durante su gestión pasó de 812 millones 275 mil pesos a 2 mil 369 millones debido a proyectos faraónicos que se quedaron en maqueta; además de una pobreza creciente que entre el segundo y el tercer año de su cuatrienio pasó de 43.8 a 46.2%; las cifras de extrema pobreza se elevaron de 6.7 a 9.8%, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Antes de irse a dirigir el PRI nacional confeccionó un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) desde cuyas entrañas se trancó la emisión de una política local en la materia, que debió sentar las directrices para prevenir, combatir y sancionar la corrupción en el estado. Sin más remedio, porque la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción así lo obligaba, en julio de 2017, como jefe del Ejecutivo estatal, Moreno Cárdenas envió al Congreso, en el límite del plazo, la iniciativa para crear la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, que fue aprobada en automático. Su prima, Laura Baqueiro Ramos, quien en octubre próximo será por tercera vez diputada local, presidía la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en aquella Legislatura. En paralelo a esa ley, y como parte de la estructura del SEA, fue necesario crear la Fiscalía Anticorrupción del Estado (FAE), a la que se dotó de “presupuesto propio y autonomía”, sólo que a su titular se le otorgó una permanencia de 15 años en el cargo, con lo que trascendería dos sexenios y medio. Según la ley, es facultad del Congreso seleccionar al fiscal anticorrupción de entre los aspirantes propuestos por organizaciones ciudadanas. Sin que se diera a conocer qué organizaciones los propusieron, fueron entrevistados para el cargo 15 personas –10 varones y cinco mujeres–, entre quienes se eligió a quien desde días antes se sabía que sería el fiscal anticorrupción: José Ángel Paredes Echavarría. El periodo de Paredes, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, concluiría en 2033, pero murió el 8 de agosto de 2019. En octubre siguiente se intentó acomodar a José Alberto Calderón Silva, primo de Alito, a quien durante su mandato tuvo al frente del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campe-
| Foto @alitomorenoc che, de donde surgieron varios de los consejeros distritales electorales que estuvieron a cargo de los comicios para gobernador y diputados locales el pasado 6 de junio. Como los otros 17 aspirantes a la FAE, Calderón cumplió con el protocolo ante el Congreso local, donde fue entrevistado por la comisión especial legislativa integrada por la priista Ana Gabriela Sánchez Preve y el entonces dirigente estatal del Partido Verde, Álvar Ortiz Azar, cuñada y sobrino de Moreno Cárdenas, respectivamente. Su imposición abortó debido a la presión mediática y ciudadana al recién nombrado gobernador sustituto, Carlos Miguel Aysa González –quien fungió como secretario de Gobierno de Alito–, con lo que ascendió como fiscal Silvia Moguel Ortiz, a quien Paredes tuvo como vicefiscal. Malas cuentas A la fecha, el SEA ha costado más de 200 millones de pesos sin ofrecer resultados en el cumplimiento de su objetivo, ya que todavía el estado carece de una política anticorrupción que marque las directrices para comenzar a ejercer la ley en la materia, y la FAE en dos años sólo judicializó un expediente, y lo hizo con deficiencias e irregularidades. El caso se abrió en diciembre de 2020 contra Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde de Carmen en el trienio 20152018, y dos de sus colaboradores, en atención a la denuncia que les formuló la Auditoría Superior del Estado (ASE) el día 15 de ese mes por los delitos de peculado y abuso de atribuciones. La acusación devino días después de que el exmunícipe renunció al PAN, inconforme con la alianza electoral que ese partido pactó con el PRI y el PRD y cuando ya se mencionaba su nombre como posible candidato de Morena para disputar de nuevo el 6 de junio esa alcaldía. Así lo hizo y ganó. En enero pasado, el juez segundo de control, Miguel Ángel Jiménez, vinculó a proceso a Gutiérrez Lazarus debido a un pago por 580 mil pesos que su administración hizo a la empresa Strategis, de Rafael Caraveo Opengo –el hombre que aparece en el video de los “moches” de Odebrecht–
para litigar contra la serie de embargos a las participaciones federales que el gobierno de Alito aplicó a ese ayuntamiento por adeudos al Servicio de Administración Tributaria y al IMSS, que heredó de las tres administraciones anteriores. Durante ese trienio fue habitual el hostigamiento político, presupuestal y judicial que Alito ejerció contra Gutiérrez Lazarus, quien en 2018 contendió para reelegirse en el cargo. No lo consiguió por un presunto fraude electoral que favoreció al priista Óscar Rosas. La FAE judicializó el caso de Gutiérrez Lazarus, actual alcalde electo, pero no le notificó de la audiencia de imputación en su contra, con lo que violó el debido proceso. Según comentó aquel a la corresponsal, fue a través de un periódico local al que se le filtró la información como se enteró, por lo que solicitó que se le enviara el citatorio. Además, dijo, el juez tuvo que interrumpir y posponer esa primera audiencia, que se realizó de manera virtual el 6 de enero, pues la Fiscalía “no tenía la carpeta de investigación”. En la segunda audiencia, el 15 de enero, la FAE solicitó que se les dictara arraigo domiciliario y el pago de 250 mil pesos a cada uno de los imputados como reparación del daño, pero el juez sólo les impuso como medida cautelar la prohibición de salir del estado sin previo aviso. Caso opuesto es el del exdirector del Instituto del Transporte del Estado, Candelario Salomón Cruz, uno de los exfuncionarios que más denuncias de corrupción acumula en la FAE por estafar a transportistas con la venta de permisos. A pesar de las constantes protestas de los afectados por la inacción de la FAE, las indagatorias contra el también exalcalde de Candelaria se congelaron. La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción estableció los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción del estado y sus municipios para que las autoridades competentes prevengan, investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción previstos en el artículo 101 de la Constitución de Campeche.
Una sensación / Arturo Rodríguez Horas antes del zafarrancho del 29 de junio, que dejó un herido de bala, la sede nacional del PRI recibió un contingente decidido a establecer un plantón para exigir la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente nacional del partido; entre un hecho y otro también llegó al lugar un grupo de apoyo a Moreno. Los inconformes iban encabezados por Ulises Ruiz, el exgobernador de Oaxaca, quien tuvo un cruce de declaraciones con el líder partidista después de los hechos de violencia. A tres años de la debacle electoral que sacó a ese partido de la Presidencia, y a tres semanas de la elección en la que perdió ocho gubernaturas, el episodio, aun sin ser una crisis interna, proyectó algunas de las peores prácticas políticas asociadas a la historia del PRI: El acarreo de unos y otros; un grupo de choque, cuya actuación nadie reivindica y, en el terreno declarativo, señalamientos por el pasado represor de Ulises Ruiz, quien, en respuesta, acusó nepotismo en candidaturas plurinominales, así como un presunto desvío de 400 millones de pesos de las arcas de Campeche, advirtiendo un proceso penal sobre el exgobernador de esa entidad que hoy dirige el partido. La autoría intelectual de la trifulca no es clara. Moreno acusa a Ulises Ruiz de haberla orquestado; y este responde que se trata de un “montaje” para imputarlo política y penalmente para desestimar su “movimiento” que, sin embargo, contrasta con la actuación identificada en las imágenes de los hechos ocurridos en la calle Héroes Ferrocarrileros. En las entrevistas concedidas por la exdiputada Nayelly Gutiérrez Gijón, quien junto con Ruiz encabeza el plantón en la sede priista, son identificables dos personajes en su entorno, quienes portaban palos durante el encontronazo. Además, entre los agresores destacan Antonio Baltierra, líder del Sindicato de Meseros de Ecatepec, afiliado a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos; Mario Machuca, líder croquista en Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, organización que a nivel nacional preside Isaías González Cuevas. Ambos participan también en el plantón encabezado por Ruiz y Gijón. Sin embargo, Ruiz no admite la autoría y, en entrevista con Proceso, insiste en que fue un montaje: “Yo en el momento que me enteré (asegura que no se dio cuenta de los hechos pues él estaba sobre la avenida Insurgentes y el zafarrancho ocurrió en el otro extremo, cerca de la alcaldía, Cuauhtémoc) descalifiqué esos hechos. No tengo nada que ver en ese asunto y si Alejandro tiene pruebas de lo contrario, que las presente ante la autoridad y detengan a los que lo hicieron. “Pero decir ‘es comando de fulano y están armados’, es un montaje que pretende dar y sobre todo descalificar el plantón que tiene un planteamiento de fondo: su renuncia, (la instalación de) una dirigencia interina para
Ulises Ruiz
