Política
EMPRESARIOS EN RESISTENCIA CIVIL
LUEGO DE QUE EL CONGRESO LOCAL aprobara el uso de recursos del 3% a la nómina para el pago de deuda pública, los empresarios veracruzanos han decidido suspender de manera temporal el pago del gravamen en señal de protesta. n
Olivia Hernández
E
l empresariado veracruzano protagoniza actualmente una resistencia civil que no tiene precedentes en el sector. Unos 20 mil empresarios de diversas ramas productivas dejarán de pagar temporalmente el Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal (Impuesto del 3 por ciento a la Nómina) en la segunda mitad del 2016. La recaudación que se realiza a través de dicho gravamen es la principal fuente de ingresos propios que tiene el gobierno del estado de Veracruz, con recursos por el orden de los 3 mil millones de pesos anuales. La negativa de los empresarios está relacionada con una iniciativa aprobada por el Congreso Local, la cual modifica las reglas de operación del fideicomiso que maneja los recursos recaudados a través de este impuesto, para permitir su uso para el pago de la deuda con contratistas y proveedores; y no sólo para la construcción de obra pública que era su destino original. La deuda que se pretende cubrir con el monto obtenido por las aportaciones empresariales es de 11 mil 38 millones 504 mil 824.12 pesos. Eso significa que los recursos recaudados 8
LLAVE EMPRESARIAL
estarían comprometidos al menos durante los próximos cuatro años. Jesús Muñoz de Cote Sampiery, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en Veracruz, principal promotor de la resistencia civil de los empresarios, aseveró que la deuda con proveedores debió saldarse en su momento con el dinero etiquetado para ese fin, por lo que no hay razón para usar recursos adicionales. Por una parte, criticó el hecho de que no se exija a la administración
estatal esclarecer en qué se gastó el dinero asignado para cubrir los pasivos que ahora se arrastran con contratistas y proveedores. Agregó que no tienen la certeza de que los pagos se harán a empresas legalmente constituidas, y no a negocios “fantasma” o a contratistas favorecidos por tener una relación cercana con funcionarios públicos. "La preocupación es porque no se ha hecho buen uso de nuestros recursos, cuestión que es culpa del gobierno estatal, y no queremos que