2011 – 2014 RAMSAR. 97,591 hectáreas para la tríada

Tras revisar los procedimientos de Ramsar, no se pudo encontrar un procedimiento para “dar de baja” o “sacar” un sitio designado de la Lista. Solo existe un mecanismo de reubicación de sitos al mecanismo de Montreaux, para sitios Ramsar que están sujetos a cambios negativos, pero ¿Y si los dueños de las áreas donde está el humedal no querían en primer lugar su sitio incluido? Si la designación fue de un tercero, sin autorización. En el caso de Laguna Chichankanab, el sitio, sin Ramsar y sin ANP, funcionaba bien y estaba bajo un esquema de aprovechamiento y conservación mediante Programa de Manejo Forestal y de vida silvestre con autorización a nivel federal, muchos años antes, por decisión y aprobación comunitaria real. Porque la comunidad no necesitaba encomenderos ambientales, tal vez por eso. Si no fueran como ANP, si solo se tratase de sitios para conservación de especies silvestres de aves, como era el espíritu inicial de la convención (o su pretexto) – se razonó localmente - estarían supervisadas y bajo el manejo y supervisión de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS), de la misma SEMARNAT, que es precisamente a quien se le concede el tema de manejo y protección de manglar y especies en categoría de riesgo de flora y fauna, como las aves acuáticas, desde la época de la Presidencia de Felipe Calderón. Es decir, un sitio Ramsar sería más una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), supervisada por la DGVS; y no serían un Área Natural Protegida (ANP) manejada por al CONANP.

¿Qué incluía la propuesta de Ramsar para Bacalar? Entre 2008 y 2009 algunos académicos e investigadores de ECOSUR y la Universidad de Milwakee, habían venido preparando el terreno mediáticamente para crear una ANP, impulsando foros y reuniones de trabajo en torno a la urgencia de establecer algún sistema de protección para el frágil ecosistema de la laguna de Bacalar. Pero no fue hasta 2011 que dos investi-

gadoras del Instituto de Ecología de la UNAM (IEUNAM), encabezadas por la Dra. Luisa Falcón, especializada en ecología microbiana, tapetes microbianos, microbialitos y biofilms, en diferentes ambientes acuáticos, y la M.C. Osiris Gaona, especialista en microbiomas de murciélagos, presentaron de manera unilateral la propuesta de incorporación de la Laguna de Bacalar como un sitio Ramsar.

Pareciera que desde que hicieron su propuesta para Bacalar, se propusieron hacerse del respaldo de otros actores de la tríada y esto fue no solo para impulsar su idea, pero para incrementar el número de hectáreas que iban a obtener y dejar bajo protección / control, a costa de quien fuera. La relación a continuación expone no solo los actores involucrados que se montaron en la propuesta, pero también el número de hectáreas que cada incorporación le sumó a la propuesta de Falcón y Gaona:

• 2011. Propuesta por Instituto de Ecología de la UNAM. Cabildeo con investigadores, académicos, organizaciones y gobiernos locales (5,893 hectáreas)

• 2014. Incorporación de investigadores de ECOSUR: Dr. Héctor

Hernández Arana (con especialidad en ecología Béntica Marina), entonces director de ECOSUR, el Dr. Miguel Ruiz Zárate (especialidad organismos bénticos y, después de 2015, percepción remota) y el MC

Alejandro Vega Zepeda (Ecólogo marino, SIG y percepción remota) para replantear la propuesta para Ramsar, ahora planteando estromatolitos y conexión con Laguna Chile verde al oriente del sistema Bacalar (22,255 hectáreas).

• 2014. Segunda propuesta. (26,422 hectáreas), incluyendo ecosistemas humedales entre laguna de Bacalar y Estero de Chac.

• 2014. Tercera propuesta. Expansión de actores involucrados:

Secretaría de Medio ambiente, representada en esa época por el licenciado Rafael Muñoz Berzunza, el subsecretario Lic. José Luis Funes

Izaguirre, el director de la Reserva del Manatí, Biol. Víctor Manuel

Hernández y el director estatal de ordenamientos el Biol. Salvador

Poot Villanueva. (92,591 hectáreas).

Esta propuesta estuvo apoyada por el ayuntamiento de Bacalar, presidido por José Alfredo Contreras Méndez, y el ayuntamiento de

Othón P. Blanco, encabezado por Eduardo Espinoza Abuxapqui. Esta iniciativa era mucho más ambiciosa, ya que incluía ecosistemas terrestres y acuáticos en los territorios de propiedad comunitaria de 11 ejidos, con 4 centros de población, directamente afectados, así como otras 4 poblaciones, afectadas de manera indirecta. Ni ejidos ni pobladores fueron consultados o tomados en cuenta. Se incorporaba el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, El Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal (71% de la propuesta) y el restante 29% se encontraba en áreas “no protegidas” como el Estero de Chac (Hernández-Arana, et al, 2015).

• 2014. Cuarta propuesta. La anterior superficie no les pareció suficiente y finalmente se incorporó el cuerpo de agua, aparentemente propuesto por la CONANP. Esta propuesta final contó con 97,591 hectáreas.

Actores involucrados: Secretaría de Medio ambiente, representada en esa época por el Rafael Muñoz Berzunza, José Luis Funes Izaguirre, el director de la Reserva del Manatí, Víctor Manuel Hernández y el director estatal de ordenamientos Salvador Poot Villanueva.

También se incluyeron los ayuntamientos de Bacalar, encabezado por José Alfredo Contreras Méndez y de Othón P. Blanco, encabezado por Eduardo Espinoza Abuxapqui. Como representante de la CONANP se citaba a Alfredo Arellano Guillermo, pero en el documento de “carta de intención” no aparece la firma de algún representante legal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, aunque en la zonificación de esta propuesta se expresa que las últimas 5,000 hectáreas adicionales incluidas, que corresponden al cuerpo lagunar, fueron propuestas o se incluyeron por iniciativa de la CONANP.

A la par, los académicos crearon una propuesta paralela para “reforzar científicamente” la propuesta de sitio Ramsar. Ya fuera como justificación o como futura incorporación, los investigadores de ECOSUR y del instituto de Ecología UNAM crearon una propuesta más extensa y la denominaron Corredor Transversal Bacalar – Bahía de Chetumal. Tal y como suele funcionar para la tríada, esta propuesta paralela les generó fondos y prestigio. Este corredor pretendía la conexión entre el área propuesta de 97,591 hectáreas y un corredor mucho más amplio que incluía toda la Bahía de Chetumal y Mahahual, al sur – oriente, con límite con Belice, para incluir el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak (también un ANP federal).

El pretexto era que todas estas zonas estaban interconectadas y la declaratoria de Ramsar garantizaba la permanencia de los procesos biológicos de los ecosistemas interconectados, su mantenimiento, conservación y protección. Si hubieran preguntado a los actores locales cómo funcionaba el sistema geohidrológico de Bacalar, se hubieran enterado que las interconexiones más relevantes y los impactos significativos provienen de los límites de la cuenca alta del sistema, al poniente, NO al oriente como era la propuesta del corredor. Es decir, su propuesta de corredor estaba en el extremo opuesto, la parte receptora de impactos a los procesos geohidrológicos y biológicos. La zona de origen de impactos está a 300 kilómetros al poniente entre los límites de Campeche y Tabasco, y en el norponiente, en los límites de Quintana Roo y Yucatán. NO había mucho por hacer para proteger los procesos biológicos de la zona de Bacalar y hacia la Bahía de Chetumal, de los impactos que sucedían cuenca arriba. Pero trabajar con comunidades agropecuarias y forestales no parece ser tan de caché y, como varios investigadores de la tríada me han referido a mí en lo personal, ellos trabajan con caracoles, con estromatolitos, con contaminación de agua y dando pláticas en escuelas o eventos académicos, pero NO trabajan organizando gente, menos de comunidades. Pueden dar pláticas para enseñarle a la gente cómo “cuidar” su medio ambiente, pero no se van a poner a organizarlos. Ellos no se dedican a eso (ni les interesa). Además, el que las propuestas tengan fundamento o tengan un impacto real positivo nunca es el objetivo de la tríada, con que suenen científicos para la opinión pública es suficiente, como me tocó verificar en más de una ocasión; sus intenciones siempre son beneficiarse ellos. Para el caso de la propuesta del Corredor Transversal, los grupos de la tríada ya estaban recibiendo beneficios por proponer el sitio, aun sin haberlo declarado. Y no tuvieron remilgos para exponerlo abiertamente en una presentación realizada para atraer a otros grupos afines interesados, donde dejaron claro que los beneficiados por las oportunidades que el sitio Ramsar traería a Bacalar, serían los investigadores y académicos, ONGA y autoridades. Si tomamos como ejemplo la propuesta del Corredor Transversal Costero, que es una iniciativa de ECOSUR Chetumal, su inclusión en la propuesta de Ramsar le daba una razón de ser y la validación para justificar que se estaba utilizando la antena ERIS que había estado en reparación los dos años previos, a un costo de 4 millones de pesos; así que era la

oportunidad de generar una serie de proyectos para hacerse de fondos y mostrar que esta-ban utilizando esta tecnología para el bien común. Entre 2014 y 2015, eso le costó a México 15 millones de pesos, para un proyecto de investigación en el cual se involucraron ECOSUR, liderado por Héctor Hernández Arana, entonces director de esa institución en Chetumal, la Agencia espacial mexicana, con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en una alianza con la agencia espacial del Reino Unido y la Universidad de Surrey (Inglaterra) que invirtieron 1.5 millones de libras esterlinas (aproximadamente otros 38 millones de pesos a tasa de cambio de 2015) para realizar un análisis de percepción remota, que entre otras cosas servía para justificar la declaratoria de Ramsar. 53 millones de pesos para investigación que redituó en una serie de artículos científicos, algunas entrevistas, un taller para científicos, ONGA y gobierno, y méritos en el Sistema Nacional de Investigadores, pero que fuera de eso, después de 6 años, no ha demostrado su utilidad práctica en el territorio, aunque sigue siendo utilizado para fundamentar sus peticiones “urgentes” de instaurar un instrumento de control (después de Ramsar, fue el ANP, PROTUR y Hábitat crítico, y otra vez Ramsar), más publicaciones, fondos y más investigaciones. Tratando de vender su propuesta, en esa presentación, los promotores al presentar los beneficios supuestos de la declaratoria del sitio Ramsar, exponían:

• Un recuento alegre de complementar los objetivos de la iniciativa

REDD+

El Programa de Reducción de Emisiones derivadas de Deforestación y Degradación impulsado por la Convención Marco de Cambio climático de la ONU, un grupo internacional que cada cierto tiempo generan carbono a lo bestia para viajar y reuniré por semanas para hablar y planear qué hacer para detener el cambio climático. Al 2021 ya llevan 26 reuniones. Regresando a 2005, en la reunión 11ª se planteó la idea de financiar acciones para que los países en desarrollo redujeran las emisiones por deforestación y degrada-ción de sus ecosistemas. Muchos se preguntarán por qué no mejor frenar y reducir las actividades generadoras de gases de efecto invernadero de países desarrollados, bueno, primero porque no les da la gana dejar de hacer lo que hacen, porque les da pretexto para criminalizar a los países pobres que tienen los bosques y acusarlos de que

no sabemos cuidar lo que tenemos y es necesario que nos presionen mientras controlan nuestras economías por presión internacional y porque ellos tienen el dinero y nosotros los subdesarrollados necesitábamos el dinero. Como un ciclo de violencia internacional donde papá Banco Mundial golpea a mamá México, y mamá y sus hijos favoritos, despojan, matan de hambre y humillan a sus hijos más débiles indígenas y grupos locales para tener contento al padre a fin de que no los mate de hambre y los premie por ser obedientes. Algo así. REDD+ realmente ha pasado sin pena ni gloria y sigue sólo beneficiando a consultores y a intermediarios. Y hora les sirve a los gobiernos para condicionar y hacerse de los fondos por captura de carbono o por deforestación evitada. Y que es actualmente un modelo donde el gobierno federal, a través de sus instituciones del sector ambiental y forestal, se benefician directa-mente para obtención de pagos de bonos de carbono. Aun cuando las zonas estén bajo propiedad privada o comunal, requieren de autorización institucional, para lo cual, a través de CONAFOR, implicaría consultar al resto de las instancias ambientales de gobierno para obtener su venia, principalmente la CONANP, si un área pasara a ser sitio RAMSAR.

• Los beneficios económicos por el desarrollo biotecnológico por ejemplo de las cianobacterias de los estromatolitos que pueden degradar contaminantes.

¿Pues no que los contaminantes los matan? El discurso de la tríada para criminalizar a los locales se va al traste con esta propuesta de los promotores. Resulta que las cianobacterias degradan contaminación y puede ser un buen negocio biotecnológico. Pónganse de acuerdo, pues. Este tema de interés personal para Luisa Falcón y otros académicos que están buscando beneficios para sí, como puede comprobarse con la patente sobre cianobacterias, solicitada a su nombre y nombre de su mentora Valeria Souza en 2012, aprobada en 2014 y concedida por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, justo un año después de que comenzaron a promover su urgencia de decretar a Bacalar como sitio Ramsar. Este beneficio está relacionado con el beneficio supuesto de potencial de mercado / servicios ambientales por fijación de nitrógeno como fertilizante, con fijación de carbono. Eso es bioprospección –potencial biopiratería, aun con las modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología realizadas en 2015 que la promovían. Yo no sé ustedes, pero

yo lo llamaría “Conflicto de intereses de dimensiones estratosféricas” si estos actores que promueven la delimitación de instrumentos de protección donde se localiza este tipo de recursos, estuvieran realizando bioprospección / biopiratería.

• Un potencial pago por servicios ambientales de estromatolitos y manglar para fijación de carbono. Para tener una idea de a qué se refería Luisa Falcón con esta declaración basta darle un vistazo al reporte de Russi, D. y otros autores, denominado: “The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Water and Wetland” (La economía de los ecosistemas y biodiversidad para el agua y humedales), publicado en conjunto por Ramsar, el Instituto Europeo de Política ambiental, Wetlands international, la Convención para la Diversidad Biológica, IUCN y el Centro Helmholtz para Investigación Ambiental UFZ, un reporte donde se calculó el valor monetario de los servicios proporcionados por los humedales en dólares internacionales, por hectárea, por año. Se les puso valor monetario a cuatro tipos de servicios: 1) Los servicios de provisión, 2) Los servicios de regulación, 3) Los servicios de hábitat y 4) Los servicios culturales. En ese documento, el grupo consultor presenta una tabla de valores monetarios mínimos y máximos que los humedales pueden generar. Si se siguen los criterios definidos por ellos, el valor de los servicios generados por los humedales como la laguna de Bacalar, que entra en la clasificación de “lagos” alcanzaría un valor mínimo de $1,779 dólares internacionales por hectárea a un máximo de aproximadamente $13,487 dólares internacionales por hectárea al año, dependiendo de los servicios provistos, calculado para una superficie de 5,814 hectáreas. Pero existe además una extensa zona de humedales que comprende las planicies sedimentarias o inundables que se ubican al centro y los esteros, como el Estero de Chac, los cuales alcanzarían un valor mínimo de $981 dólares internacionales por hectáreas por año a un máximo de $44,590 dólares internacionales por hectárea por año, en el área de planicies sedimentarias, suelos lacustres, humedales, áreas inundables, sabanas y petenes, y comprende aproximadamente 8,413.12 ha y se localiza en las inmediaciones del cuerpo de agua, pero principalmente en el área central. Ya se imaginarán cuantos actores neoliberales ambientalistas se frotaron las manos y les renació el “amor” por proteger y colocar bajo protección (control) tantos humedales como fuera posible.

Se hacen los desetendidos con las comunidades quienes están desarrollando, desde la década de 1980, diversos instrumentos para conservar sus territorios. Éstos incluyen la certificación de impacto sobre servicios ambientales de sus buenas prácticas de manejo del territorio, tal como la certificación internacional del Forest Stewardship Council, y los mercados voluntarios para captura de carbono, gestionados a través de las comunidades y sus equipos técnicos. Si bien estos mecanismos de incentivos, fueron generados en el plano del ambientalismo neoliberal, del mercado para “salvar a la naturaleza”, las comunidades a la vez que las resisten, las adecúan y las aprovechan. No requiere un sitio Ramsar para impulsar el pago de Servicios ambientales.

• Que Bacalar funcionara como una especie de laboratorio natural A disposición de municipios, el Estado, ONGA o centro de investigación pública universidades e instituciones de educación media, dado que las zonas delimitadas no estaban ni en el agua ni en los polígonos ejidales o de propiedades privadas o posesiones, más bien en zonas de planicies sedimentarias inundables y el cuerpo de agua que posteriormente se colocaron como zonas de protección, pero que la mayoría son posesiones.

• Finalmente, el área propuesta tendría el beneficio potencial, argumentaban, de ser presentada como una “zona con un uso sustentable de los recursos naturales en materia turística”. Cómo veremos más adelante ni los sitios Ramsar, ni las ANP, ni el turismo han podido garantizar eso. Una simulación muy bien orquestada entre gobierno y académicos, y una forma efectiva de tener territorios reservados, plenos de biodiversidad que pueden posteriormente comodificarse, es decir, se les puede poner precio como si fueran una cosa, en beneficio de los gran-des capitales. Además de estos atractivos beneficios para los actores de la tríada, estaba el poder controlar un territorio enorme. La iniciativa Ramsar para Bacalar, que empezó con solo 5,893 hectáreas incluía la laguna, el estero de Chac y los humedales entre ambos y terminó proponiendo 97,591 hectáreas (un incremento del 1653% en 3 años), donde se incorporaba el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, el Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal, que en conjunto conformaban el 71% de la propuesta, y el restante 29% en áreas “no protegidas” como Laguna de Bacalar. La tríada engolosinada y en

ningún momento los propietarios legales de los territorios colindantes, los pobla-dores y usuarios de los ecosistemas, fueron incluidos en las negociaciones o siquiera consultados. Afortunadamente la declaratoria de sitio Ramsar para la Laguna de Bacalar quedó en suspenso en 2014. Tal vez los beneficiados son llegaron a un acuerdo, y se dieron cuenta, municipios y estado que todo iba a quedar bajo supervisión y seguimiento de la CONANP, o lo que extra oficialmente haya sucedido, la propuesta no fructificó.

Sin embargo, al menos Luisa Falcón no ha cedido en su intención; de hecho, para abril de 2021, hizo una declaración pública que apunta a que el grupo promotor vuelve a las andadas para declarar un sitio Ramsar a la Laguna de Bacalar. Decía:

“…La universitaria afirma que diversos grupos científicos advirtieron del deterioro de la Laguna Bacalar, al menos siete años atrás, y se ha solicitado que se incluya entre los sitios RAMSAR de México -referente a Humedales de Importancia Internacional- o bien, se declare Área Natural Protegida o

Hábitat Crítico, a fin de procurar su conservación…”

Sin embargo, dichas propuestas no han prosperado y la persecución de la ganancia rápida ha ido en deterioro del ecosistema. “Hay un concepto equívoco con la conservación. La gente cree que no podrá hacer nada; no obstante, es al revés. Si cuidas el recurso lo puedes aprovechar el resto de tu vida”, recalcó...” (Gaceta UNAM, 27 de abril de 2021) Todos los elementos de la manipulación y creación de mitos, criminalización de los locales como ignorantes y mezquinos, justificando las acciones de la tríada como algo casi heroico. Lo cierto es que quien se ha estado beneficiando, incluyendo obtener jugosos beneficios de puntaje en el Sistema Nacional de Investigadores, fondos para establecer un laboratorio de ecología evolutiva, pago de tesistas, equipamiento, sin contar una patente a su nombre para futuros desarrollos de fertilizantes a partir de material genético de cianobacterias y visibilización mediática ha sido la entrevistada. No sé ustedes, pero eso es realmente una “ganancia rápida”, por solo desgarrarse los ropajes, cambiar de discurso dependiendo frente a quien esté hablando y manipulando a sus seguidores con datos “científicos” que va modificando a medida que los locales desenmascaran y rebaten sus señalamientos. 2000 millones de dólares potenciales que vale el mercado de biotecnología de cianobacterias para fertilizantes, como la patente que tiene, también podrían considerarse

ganancia, tal vez no tan rápida porque hay que venderla, pero es más de lo que cualquier grupo local soñaría ganar con sus actividades económicas sumadas, sin contar que es un serio Conflicto de Intereses, o biopiratería, como prefieran llamarle. En Bacalar, Luisa Falcón y su cada vez más grande grupo de entusiastas precursores de la declaratoria de Ramsar insistieron una y otra vez que Ramsar NO era como establecer un ANP. Los locales, en su intuición y entendimiento se preguntaron ¿Por qué si se declarar un sitio Ramsar no significa establecer un Área Natural Protegida, este sistema estaba bajo la administración y seguimiento de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas? Pues porque, efectivamente SI era algo muy similar a un Área Natural Protegida.