El Programa de manejo del ANP no soluciona los problemas

lado, se está reduciendo aceleradamente el presupuesto para la conservación del capital natural de México. Corremos el inmenso riesgo de regresar una vez más, al tiempo de las “reservas de papel”, sin personal y presupuesto, que sólo existen en decretos oficiales, pero no tienen manifestación concreta en el campo. … no hay - no debe haber - marcha atrás. La conservación basada en una ciencia rigurosa es la única alternativa que tiene México para un futuro próspero y una economía viable…” Una visión clara de la postura neoliberal endogámica del sector académico, que ve a las áreas naturales protegidas no solo como su creación, sino como su derecho.

Más adelante analizaremos la estrategia de la academia, las organizaciones ambientalistas y el gobierno para presionar el establecimiento de un ANP en el cuerpo de agua de la Laguna de Bacalar, mediante la manipulación no solo de datos e investigaciones presentadas como científicas, sin cumplir con la rigurosidad del método o con serios errores de percepción u obtención de datos, mediante campañas mediáticas de desinformación en las que muchos medios de comunicación de prestigio, como el New York Times®, la BBC® y El País®, participaron de manera voluntaria o involuntaria y analizaremos a los actores que toman parte de esta simulación bien organizada de ambientalismo neoliberal, de “salvar la naturaleza para negociar con ella”, con serios conflictos de interés.

Mientras incrementaban la urgencia y amarillismo de sus discursos, a las ONGA, académicos y a instituciones gubernamentales ambientales, comenzaron a llegarles recursos financieros en grandes cantidades, para “contribuir” a su cruzada.

Por irónico que parezca, el argumento de que es necesario establecer un Área Natural Protegida para que, a través de su Programa de Manejo, se resuelvan los problemas de contaminación, desarrollo incontrolado y desorganizado en sus inmediaciones y se regulen las actividades económicas, no tiene fundamento.

Los habitantes locales y las comunidades, han insistido que el Área Natural Protegida y su Programa de Manejo no resuelven los retos que enfrentamos, que es necesario que el municipio, por ejemplo, tome su responsabilidad para la consolidación de Programas de Desarrollo Urbano bien fundamentados, los ordenamientos ecológicos territoriales y la reglamentación municipal para resolver aspectos puntuales, además de la inversión para mejorar los sistemas de servicios públicos de las poblaciones en las inmediaciones de la cuenca y en la cuenca. El documento denominado “Áreas naturales protegidas y descentralización en la Península de Yucatán” lo expone claramente:

“…El Programa de Manejo es el instrumento con el que las ANP cuentan para la planeación de los usos del suelo y las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, este instrumento presenta serias limitaciones, aun cuando se plantea como el más indicado para reflejar una verdadera integración de las políticas públicas. Tiene poco peso jurídico, ya que para su elaboración tiene que supeditarse a lo establecido en las distintas leyes y reglamentos de administración territorial, de usos del suelo y de aprovechamiento de recursos naturales. Esto es, no puede establecer nuevas normas y regulaciones si éstas ya están definidas en algún otro instrumento regulatorio, por lo que difícilmente puede resultar un instrumento ad hoc para atender todas las necesidades específicas del manejo particular de cada

ANP.

Asimismo, los Programas de Manejo entrañan limitaciones para la regulación de las densidades y reglas de construcción de obras de desarrollo al interior de las ANP, de suerte que el uso de los Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET-POEL) y los Planes de Desarrollo Urbano (PDU) se convierten en instrumentos alternativos de planeación y regulación. Con base en esta premisa, para atender la necesidad de regular las densidades de construcción en la zona costera de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an fue elaborado un POET, mientras que los Parques Nacionales de Xcalak y Tulum se han considerado dentro de la planeación de POET regionales o locales. En las ANP marinas también resultan limitados los Programas de Manejo para la regulación de actividades pesqueras y de otro tipo de actividades contenidas en otros instrumentos jurídicos.

Dentro de esta complejidad están los procesos de consulta pública para someter los Programas de Manejo de las ANP, en los que se presenta el problema de la representatividad de los sectores económicos, de la

“comunidad” y de las dependencias federales, estatales y municipales. Otro problema es el referente a la continuidad de los consensos y a la

“apropiación”: el hacer propias o compartir las responsabilidades por parte de los sectores involucrados. Generalmente los sectores sociales orientan las responsabilidades de manera unidireccional, dejando recaer en el gobierno la solución total. Y por el lado del gobierno, es el municipio el que con frecuencia no adopta las responsabilidades y capacidades que le corresponden. El problema de la comunicación y negociación tiene que ser considerado no sólo en lo que corresponde a los órganos de gobierno y sus diferentes niveles, sino también a las ONG tomando en cuenta su fuerte dependencia de los momentos y actuaciones de los organismos que financian las actividades de conservación y desarrollo… (Arellano et al, 2008)” Dos de sus autores, Alfredo Arellano Guillermo y Rafael Robles de Benito poseen amplia experiencia directa sobre la gobernabilidad y este tipo de instrumentos en ANP, el primero fue funcionario de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas por más de 12 años, posteriormente fue secretario de Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo (de 2016 a 2020); el segundo es actualmente (2021) director del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales del Estado de Quintana Roo.

No obstante, ocupando estos puestos, sus argumentos son lo opuesto. Para el caso de Bacalar, argumentaban que el establecimiento del ANP y, en consecuencia, su programa de manejo, iba a “salvar” a la laguna de los impactos del turismo, sabiendo que no existe PDU (Programa de Desarrollo Urbano) en Bacalar, que no se ha concluido el proceso de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y que faltan muchos instrumentos municipales, en los que los actores locales insisten se invierta primero.

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