El Tercer Expolio y la Reconquista
Seguimiento de empresas transnacionales en Guatemala www.eltercerexpolioylareconquista.blogspot.com memoriagua@yahoo.com Autor: Andrés Cabanas Díaz
Documento número 5 31 de agosto de 2013
Todo el dolor (y la rabia transformadora) de Monte Olivo Andrés Cabanas La indiferencia de medios de comunicación y actores político-económicos ante el asesinato de dos niños en Monte Olivo, Alta Verapaz, revela la estrecha connivencia entre poderes empresariales, gobernantes y mediadores de opinión, tanto nacionales como internacionales. Al mismo tiempo, los silencios institucionales alientan la impunidad y facilitan que hechos similares, incluso de mayor gravedad, vuelvan a repetirse. En el análisis de los asesinatos de Monte Olivo es necesario tener en cuenta al menos cuatro elementos estructurales, que rebasan una visión local e individualizada (agresor en estado ebrio quien, de forma casual, comete un hecho condenable, sin que la empresa y gobernantes tengan responsabilidades). El primer elemento contextual ubica los asesinatos como consecuencia de una permanente y cada vez más agresiva campaña de persecución de las luchas y de los movimientos en defensa del territorio (en general, de todos los movimientos sociales), a los que sistemáticamente se acusa de criminales, terroristas, aliados con actores espurios (narcotráfico y otros), o se deslegitima al pretender que actúan con desinformación y están cooptados, manipulados, asesorados y financiados por organizaciones de fuera (de la capital e internacionales). En el marco de una dictadura de facto
(hipercentralización del poder y gobierno sin apoyo de la ley) se niegan derechos reconocidos constitucionalmente, entre otros la libertad de acción (hacer lo que la ley no prohíbe, artículo 5 de la Constitución); los derechos de reunión y manifestación, que no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados (artículo 33); el derecho de asociación (artículo 34); el derecho de libre emisión del pensamiento (artículo 35); la legitimidad de la resistencia para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados por la Constitución (artículo 45); el derecho a la consulta reconocido por la OIT.