EL RIESGO DE DEFENDER LA TIERRA EN MÉXICO Por: Laura Tlachi Santacruz1
América Latina es hoy por hoy la región más peligrosa para ejercer la defensa de los derechos humanos. Nuestro día a día nos confronta con esta realidad de tal manera que esta aseveración ya no necesita citar el Informe Anual 2016 de Front Line Defenders. Como tampoco se necesita fuente alguna para asegurar que quienes mayores riesgos corren son los activistas medio ambientales, y sin embargo la afirmación se puede corroborar en las líneas del mismo informe, así como en el reporte en Terreno Peligroso de Global Witness. Este último, publicado en junio de 2016, daba a conocer los países más mortíferos para los defensores del medio ambiente así como las causas más comunes para privarlos de la vida, las cuales identificaba como minería, agroindustria, proyectos hidroeléctricos y tala. En este reporte, para complacencia de discursos conformistas, México ocupaba el último lugar entre los países más mortíferos, con un número total de cuatro muertos. Sin embargo, contrario al ideal de un Estado democrático y apegado a los discursos de defensa de los derechos humanos, el país en lugar de buscar la reducción de cifras parece estar empeñado en superarlas, ya que el año 2017 ha comenzado con un panorama poco alentador para los defensores de la tierra y líderes indígenas en la Sierra Tarahumara. La Sierra Tarahumara, que forma parte de la región montañosa de la Sierra Madre Occidental, se ubica en el noreste de la república mexicana y abarca el suroeste del estado de Chihuahua. En este territorio considerado como uno de los más bellos y abruptos del país, se encuentran asentados los rarámuri o tarahumaras que comparten territorio con otros grupos como los ódami o tepehuanes, warijó o guarojíos, o’oba’o pimas y mestizos. Pero de la mano con su belleza y diversidad, la historia de la Sierra Tarahumara ha estado marcada por la injusticia y el despojo de las tierras forestales. A lo largo de los años, las políticas gubernamentales han quitado a las comunidades el poder sobre sus bosques otorgando concesiones forestales a empresas privadas tanto nacionales como extranjeras. 1
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
El inicio de estas concesiones se puede rastrear hasta finales del siglo XIX cuando la Compañía de Tierras y Madera de Chihuahua y la Compañía de Madera comienzan a operar en el territorio. A partir de ese momento la explotación de la tierra forestal en la Sierra Tarahumara no tendría un momento de pausa. El siglo XX concluiría con números alarmantes, de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en los últimos diez años de ese siglo (1989-1999) fueron deforestadas entre 370 000 y 680 000 hectáreas. De tal manera la entrada del nuevo siglo estaría acompañada con la realidad de la erosión que actualmente se cierne sobre una gran proporción del territorio tarahumara. Pero para la etnia tarahumara o rarámuri el bosque es su casa y por los árboles y su entorno dan la vida. Fieles a este precepto, estas comunidades indígenas llevan una larga lucha por defender sus derechos y proteger su tierra frente a decisiones gubernamentales que sólo han favorecido a capitales privados y a la sed de explotación de recursos naturales poniendo en riesgo la vida, la autonomía, el desarrollo y las tradiciones de este pueblo. Actualmente la lucha de los tarahumaras es la lucha contra la tala, pero la defensa de los bosques tiene un precio muy alto. De 1973 a 2016, en la el municipio de Guadalupe y Calvo, se registraron diez asesinatos de defensores del medio ambiente, la cifra sin embargo volvió a cambiar en enero de 2017. El 15 de enero, ocurrió el asesinato número 11 y sólo dos semanas después la cifra aumentó a 12. El 15 de enero fue asesinado en la comunidad de Coloradas de la Virgen, Isidro Baldenegro López, ganador del premio Goldman Medioambiental en 2005, líder indígena y defensor del medio ambiente quien durante tres décadas lucho en contra de la tala de los bosques y que durante su trayectoria sufrió el asesinato de su padre como consecuencia de su lucha, se enfrentó a amenazas, criminalización, detención arbitraria y desplazamiento interno forzado a causa de la violencia del crimen organizado. Dos semanas después, el 1 de febrero fue hallado el cuerpo de Juan Ontiveros en la comunidad de Choréachi. Un día antes hombres armados ingresaron al domicilio del líder indígena y encargado de la seguridad de la comunidad, donde lo golpearon junto con otros
miembros de su familia y posteriormente se lo llevaron a la fuerza. Ontiveros había sido partícipe de reuniones con organizaciones y representantes del gobierno para discutir la situación de seguridad y el conflicto agrario en Choréachi, mientras que en 2015 ofreció su testimonio de la problemática en las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, que se entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Un año antes, en 2014, el mismo organismo dictó medidas cautelares en favor de varios habitantes de Choréachi debido a que habían sufrido ataques como consecuencia de su oposición a la tala y la defensa de su territorio. Sin embargo las medidas llegaron a oídos sordos puesto que las autoridades mexicanas no mostraron intención alguna de proteger a los defensores del medio ambiente. Esta pasividad tan característica de las autoridades ha contribuido al aumento de la violencia perpetrada por los grupos de delincuencia organizada como consecuencia de las alianzas formadas entre los caciques locales y narcotraficantes, quienes les proporcionan sicarios cuya labor consiste en limpiar los montes para poder plantar mariguana, obligando a las familias a abandonar sus comunidades tras sufrir amenazas. Ante la situación y como consecuencia de su visita a México, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, en un informe presentado el 24 de enero, llamó a las autoridades forestales y estatales a asegurarse de la debida investigación de los delitos cometidos contra los defensores de los derechos de los pueblos de la Sierra Tarahumara. Si bien el informe se presentó más de una semana después del asesinato de Baldenegro y una semana antes de encontrar el cuerpo de Ontiveros, lo cierto es que en ninguno de los dos casos se han tomado medidas para “asegurar la debida investigación”, poniendo en evidencia, una vez más, que en México lo que menos importa a las autoridades es el establecimiento de justicia. Y ante la ausencia de la misma el riesgo para las comunidades indígenas y para todos aquellos que defienden la tierra aumenta no sólo en la Sierra Tarahumara sino en el resto del país. De acuerdo al registro realizado por el Centro Mexicano de Derecho
Ambiental, A.C. (CEMDA) en 2016 se registraron 63 casos de ataques a defensores ambientales en todo el país, encabezando la lista el Estado de México y Sonora con 12 ataques cada uno, y Oaxaca con 6; siendo las agresiones más recurrentes las amenazas, la intimidación, la criminalización y las agresiones físicas, seguidas de hostigamiento, difamación, privación ilegal de la libertad, desalojo forzoso, allanamiento y robo. La situación resulta apremiante y pone ante la mesa la necesidad de exigir a las autoridades un actuar que suponga no sólo la aplicación de justicia en los casos de Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros, sino que asegure un cese a las agresiones contra los pueblos indígenas y los defensores del medio ambiente. Hoy en México se hace necesaria la aplicación y el correcto funcionamiento de instituciones de protección a los derechos humanos porque los discursos y las firmas no protegen a las comunidades, ni a la tierra, ni a los recursos, ni la vida de los defensores.