Ser Roshingya ¿Quiénes son y por qué son excluidos de Birmania? Históricamente este grupo étnico, cuya población se localiza en Birmania occidental, al norte del estado de Rakáin, han sido segregados y perseguidos debido a sus diferencias religiosas. Según Amnistía Internacional, el conflicto se agudiza desde 1978 por su oposición a la formación de un estado islámico en Birmania dando como resultado la huida de muchos de ellos hacia Bangladesh. Los roshingyas constituyen una minoría religiosa de Birmania entre una mayoría budista, que pese a verse forzosamente excluidos de la sociedad, continúan arraigados a sus valores, creencias y costumbres; a su cultura y su modo de vida, demostrando la fuerza de esta pequeña comunidad que ha sido víctima de una oleada de violencia anti musulmánica perpetuada por el movimiento 969 cuyo líder es un monje budista llamado Ashin Wirathu. Hoy se encuentran como parias, sin reconocimiento, desamparados y bajo las más terribles condiciones humanas. En 2016 el ejército birmano ha sido acusado de violaciones de derechos humanos a gran escala, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, violaciones en grupo, incendios premeditados e infanticidios. Dichos reclamos han sido negados por parte del propio gobierno, tildándolos de “operaciones” mediáticas. El conflicto principal se produce en Myanmar, territorio perteneciente a la antigua Birmania. Los roshigyas no son considerados ciudadanos, no tienen reconocimiento como grupo étnico, pese a haber poblado el estado de Rakhine prácticamente desde sus orígenes gracias al desarrollo del comercio árabe. Su nacionalidad se mantiene en debate por parte del Estado birmano quien asegura que son migrantes musulmanes cuya verdadera proveniencia se estipula sería el territorio de Bangladesh, desde donde surge la emigración de la población hacia Myanmar durante la ocupación británica. La situación en la que se encuentran es alarmante, el Estado les prohíbe casarse o viajar sin permiso de las autoridades y no tienen derecho a poseer tierra ni propiedades. Entre la espada y la pared, la población ha logrado huir de la violencia de Myanmar (Birmania), sin embargo Bangladesh, su paradero actual, no es precisamente un paraíso: muchos mueren en condiciones miserables. Lamentablemente, el caso ha llegado a un punto crítico este mes, tras ser encontrados por la guardia costera al menos 20 personas ahogadas en el río Naf, frontera entre Bangladesh y Myanmar. Las fronteras del norte han sido custodiadas desde el 2009 por el ejército de Myanmar conocido como Tatmadaw, específicamente el grupo Border Guard Force (BGF) donde existe una fuerte presencia de carteles del opio (principal producción de Myanmar) que junto con otras organizaciones armadas separatistas han conformado alianzas comerciales, poniendo en jaque a la población que habita.
Las intervenciones de diferentes ONGs en el territorio han reclamado al gobierno de Birmania sobre el estado actual del pueblo Roshingya, incluso con fuertes acusaciones que revelarían un verdadero genocidio en manos de quienes tendrían que ofrecerles protección. Las autoridades de Naypyidaw (Birmania) continúan con una política de indiferencia, enfrentando con negligencia los cargos que se le imputan por parte de investigaciones llevadas a cabo por la ONU. Miles de hombres, mujeres y niños roshingyas están atrapados en la frontera esperando cruzar, mientras otros han logrado escapar de la violencia. Arsa, el ejército de salvación Roshingya de Arakán se reivindicó los ataques efectuados en el 2016 contra la policía. Inmediatamente estos ataques han desatado una respuesta militar que dejó como saldo la muerte de más de cien personas pertenecientes a dicho grupo de “insurgentes”. La población sigue presa del pánico frente a la tensión étnica y sólamente cuentan con el apoyo de ONGs. La crisis generada a raíz de los ataques ha perpetuado contra todos, sin importar edad. No existe resguardo para estas personas, su salud corre riesgo de infecciones como hepatitis B y C; viven hostigados y segregados por el resto de la población y la educación a la que acceden los niños es nula. Según informes de la BBC, ya en febrero de este año, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimaba que unos 66.000 rohingyas habían abandonado el país desde octubre de 2016. Aung Sang Suu Kyi, premio nobel de la Paz, figura líder del país y reconocida mundialmente por sus labores humanitarios, ha sido criticada por muchas autoridades internacionales por su accionar frente al problema existente para la población musulmana de Myanmar. En defensa propia, Suu Kyi alega que los ataques fueron inesperados, en un momento en el que se empezaba con el proceso de verificación, retorno y reubicación de los refugiados y no descarta que tuvieran como propósito frenar el proceso. Mientras tanto, los ciudadanos indocumentados de Myanmar, siguen desprotegidos, víctimas de abusos y sin otra opción más que asentarse en algunos campamentos de refugiados.