Número 53- Diciembre

Año 4 - No. 53, diciembre de 2014, Precio: $35.00

Erik Vittrup (ONU Hábitat) Enrique Cabrero Alberto Cano Vélez

Entre el desorden

y la desigualdad

L

as ciudades son los territorios en los que la mayoría de la población nacional vive y sueña.

De acuerdo con los datos en la materia, en el año 2012, aproximadamente el 57% de la población vivía en las principales zonas metropolitanas del país y prácticamente el 80% vive en lo que se considera como localidades urbanas, es decir, aquellas que tienen más de 2,500 habitantes.

A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por algunas instituciones, y en lo local por algunos gobiernos estatales y municipales, el mapa de las ciudades en el país nos revela un verdadero caos urbano: agotamiento de las reservas territoriales; deterioro ambiental; caos en los sistemas de transporte público; insuficiencia y mala calidad de los servicios públicos; y una larga lista de pendientes que pueden resumirse en la noción del desorden.

Estamos en la segunda década del siglo XXI y no hemos encontrado aún la fórmula para consolidar un modelo de federalismo eficaz, basado en la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas que posibilite el desarrollo y la generación del bienestar desde lo local.

Por el contrario, lo que sí tenemos es un enorme cúmulo de pendientes: las ciudades siguen siendo incapaces de generar modelos de gobernanza, sobre todo en aquellas regiones en las cuales se han consolidado vastas zonas metropolitanas: la Ciudad de México; Monterrey; Guadalajara; Toluca; Puebla; León; Torreón; Tijuana; Ciudad Juárez; Querétaro; y Veracruz son los preclaros ejemplos del inmenso desafío que tenemos en ese terreno.

En medio de las distintas crisis por las que atravesamos, se ha confirmado que los municipios siguen siendo el eslabón más débil de la cadena en la estructura del Estado mexicano.

La idea de un Estado disfuncional, como le han llamado algunos expertos, o bien, el déficit de estatalidad, se refleja con mucho mayor contundencia en los ámbitos municipales.

Desde esta perspectiva, y de cara al futuro, si hay un reto que habrán de enfrentar los gobiernos municipales, éste es precisamente el de la gobernabilidad de las ciudades: espa-

Editorial cios territoriales en los que deben cumplirse todos los derechos humanos y en los que deben generarse condiciones de competitividad territorial, es decir, la generación de capacidades para que los territorios permitan el cumplimiento de estos derechos.

Sin duda alguna, uno de los núcleos fundamentales de las ciudades son las viviendas; éstas constituyen el “corazón” de toda actividad y propósito público, en el sentido de que es ahí en donde las personas y sus familias arraigan sus más importantes anhelos y aspiraciones.

Por ello resulta paradójico que si también hay un ámbito en el que no se ha logrado incidir de manera suficiente –en cantidad de servicios y calidad de los mismos- es precisamente el de las viviendas en todo el país, y en particular de las viviendas disponibles y en las que habitan las personas de clases medias o las más pobres.

Debemos reconocer que las ciudades se han convertido en territorios de la desigualdad, en los que se ha perdido la noción del espacio público como “la región” en la que se construye y se vive en civilidad; es decir, de manera paradójica, ante la ruptura de la legalidad, las ciudades han dejado de ser el espacio privilegiado para construir democracia y ciudadanía.

En esa dinámica, la población se encuentra atrapada en densas franjas de exclusión y hasta segregación; sin servicios de transporte público eficientes y en territorios escondidos entre las zonas en donde se puede trabajar y las zonas en donde es medianamente posible vivir, erosionándose así también el tiempo de convivencia y cuidado del que disponen las familia Ciudades y viviendas constituyen, pues, el núcleo en torno al cual giran los artículos de esta edición de México Social, las cuales deben ubicarse adicionalmente en un contexto mayor: la agenda del desarrollo post 2015, la cual estará definida por la idea de un nuevo desarrollo con sustentabilidad.

De esa magnitud es el reto: transitar en los próximos 10 años de un modelo caótico y desordenado de ciudades en constante expansión y crecimiento, a uno en el que el eje del desarrollo se constituye desde una noción amplia de los derechos humanos desde los gobiernos municipales.

MARIO luis fuentes Integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; institución en la que también es Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas.

Es Director general del CEIDAS, A.C.

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EN PORTADA COMPETITIVIDAD: FACTOR CLAVE DEL DESARROLLO URBANO Enrique Cabrero/Isela Orihuela

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VIVIENDA CON HUMANIDAD, DIGNIDAD Y MODERNIDAD José Reyes Baeza

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TRANSICIÓN A UN NUEVO MODELIO URBANO Y DE VIVIENDA Jesús Alberto Cano Vélez

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UN DERECHO HUMANO EN RIESGO 26 Daniel Rodríguez LEGISLACIÓN URBANA: HERRAMIENTA PARA CIUDADES EXITOSAS ONU-Hábitat/Erik Vittrup

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MONTERREY: HISTORIA DE CLAROSCUROS 34 Ismael Aguilar/José de Jesús Salazar GUADALAJARA: DISTRIBUCIÓN INEQUITATIVA 40 Sergio González

FE DE ERRATAS En nuestra edición número 52 (noviembre, 2014) se publicó erróneamente el cargo del Sr. Antonio Mazzitelli, en su artículo "Hacia una nueva seguridad para México" (p.48); quien es actualmente Representante Oficina de Enlace y Partenariado en México, Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito.

Ofrecemos una disculpa al autor y a nuestros lectores

Imagen: Oscar Rodríguez

México Social, Año 4, No. 53 diciembre 2014, es una publicación mensual editada por el Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). Pennsylvania No.86, Col. Parque San Andrés, CP. 04040 Delegación Coyoacán, México, D.F. Tels. 5659-6120 y 5659-6209 www.ceidas.org.mx, informacion@ceidas.org.mx. Editor responsable: Saúl Arellano Almanza. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2014-052912521500-102 ISSN: 2007 - 2600, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Contenido No. 15077, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX IM09- 0840. Impresa por Expressarte Print Services, Calle Juan Sánchez Azcona No. 307, Col. Narvarte, México, D.F. Distribuida por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. y la Comercializadora GBN S.A. de C.V., Calzada de Tlalpan No.572, Desp. C-302,Col. Moderna, Del. Benito Juárez C.P. 03510, México D.F. Tel. 0155-56188551 Mail: comercializadoragbn@yahoo.com.mx comercializadoragbn@gmail.com este número se terminó de imprimir el 25 de noviembre de 2014.

CONTENIDO

es una

PRÓXIMO NÚMERO:

publicación del

Lactancia Materna Director General y Presidente del Consejo Editorial Mario Luis Fuentes CONSEJO EDITORIAL Jesús Kumate Rodríguez Rolando Cordera Campos

Fotos portada: cortesía de EXCÉLSIOR

Fernando Cortés Cáceres Miguel Concha Malo Irasema Terrazas Enrique Provencio Durazo

COLABORACIONES ESPECIALES

Marcela Rovzar de González Gustavo Gordillo De Anda Nashieli Ramírez Mónica González Contró

EL PARADIGMA DE LA ETERNA DEPENDENCIA Gerardo Sauri

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Director Editorial Saúl Arellano Almanza Coordinadora Editorial Laura Ilarraza Gálvez Edición Electrónica Jesús Mendoza Franco México Social es una publicación inscrita en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. http://pnmi.segob.gob.mx

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

MIRADAS SOBRE LAS JUVENTUDES CONTEMPORÁNEAS Elí Evangelista Martínez

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Los artículos e imágenes publicados en esta edición son de responsabilidad exclusiva en su contenido y forma de las y los autores que generosamente contribuyen en nuestra publicación. Sus opiniones teóricas no necesariamente reflejan la postura del autor” Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS).

Los asentamientos urbanos de nuestro paĂ­s se han extendido aceleradamente y en forma desordenada, y es preciso impulsar las polĂ­ticas y programas de desarrollo urbano que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los habitantes, fomentando la cohesiĂłn social

Asimismo, es prioritario resolver el problema del acceso a una vivienda digna para toda la poblaci贸n, pues, como resultado de este crecimiento, se han construido millones de viviendas alejadas de las urbes, sin servicios y sin v铆as de comunicaci贸n Foto: Andrea Navarro Hern谩ndez

Desarrollo urbano

COMPETITIVIDAD:

factor clave del

DESARROLLO URBANO

A SOBRE LOS AUTORES Enrique Cabrero Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)

Isela Orihuela Coordinadora académica del Programa de Estudios Metropolitanos del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

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lgunos estudios muestran las discusiones en torno al uso del término competitividad, el cual comenzó a aplicarse en el entorno empresarial, pero más tarde se trasladó al nivel de los países y posteriormente se identificó la utilidad para su aplicación territorial, ya sea regiones o ciudades (Begg, 2002; Krugman, 1996; Lever y Turok, 1999; MooriKoening y Yoguel, 1998;Porter 1995 y 1996; Sobrino, 2002).

El término competitividad urbana se refiere a la capacidad de las ciudades para construir y promover un entorno social, tecnológico, ambiental e institucional para el mejor desempeño de sus actividades económicas y la generación de bienestar social (Cabrero, Orihuela y Ziccardi, 2005; Cabrero y Orihuela, 2009; Cabrero y Orihuela, 2013). Su importancia radica en que se considera un factor determinante del desarrollo urbano y regional, ya que promueve la sustentabilidad, en donde la actividad económica va de la mano con el bienestar social y el medio ambiente, y

por lo tanto de la cohesión social.

El papel de los actores que residen, trabajan, producen y dirigen las ciudades es fundamental para atraer inversión, servicios especializados, financiamiento, capital humano y generar las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El gobierno tiene una participación importante en estos espacios, ya que sus decisiones pueden resultar en la promoción de los espacios locales o en detrimento de los mismos. Al tener las posibilidades de crear políticas públicas, los gobiernos pueden generar la atracción de inversión, la promoción de la economía local, el desarrollo social y cultural, así como el cuidado del medio ambiente.

La competitividad urbana está entonces estrechamente ligada al estudio del desarrollo urbano y metropolitano del país, el cual se muestra en la transformación de espacios, población, actividades y sus relaciones, de un entorno en donde alguna vez prevalecieron las actividades y vida agropecuarias y las reducidas concentracio-

Los procesos generados por la globalización de la economía y la adopción de políticas en torno al tema han provocado transformaciones profundas en el entorno urbano y metropolitano alrededor del mundo, así como también diversas perspectivas para su estudio.

Una de ellas es la competitividad por ENRIQUE CABRERO / ISELA ORIHUELA

nes de población a un entorno en donde predominan las actividades económicas ligadas a la industria y los servicios; las concentraciones de población en ciudades; su localización en pocos puntos sobre el territorio, que en muchos casos han rebasado los límites políticosadministrativos dando paso a las zonas metropolitanas (que concentran al 57% de la población nacional en 2010); y en donde la mayor parte de la población nacional se considera urbana (77% en 2010).

La complejidad de este desarrollo urbano y metropolitano que se está presentando en México requiere de perspectivas de análisis como el que proporciona el estudio de la competitividad urbana. Particularmente, el enfoque que han desarrollado los autores de este artículo pretende dar una visión comprehensiva de lo que pasa actualmente en las ciudades del país tomando en cuenta economía, sociedad, territorio, medio ambiente y gobierno, estudiados de manera individual y en conjunto. Se considera que todos in-

fluyen de manera significativa en el desa-rrollo urbano y metropolitano del país, y que su análisis permite en un primer momento caracterizar a las ciudades de México, es decir, identificar los principales elementos que las componen, mientras que en un segundo momento permite estudiar las principales fortalezas y debilidades, focalizar ventajas locales y, finalmente, dar paso a lineamientos de política pública para todas las ciudades en su conjunto y para cada una en particular. Todos estos elementos han sido estudiados a partir de un índice que se ha construido y que, a través de sus tres versiones (2004, 2007 y 2011), ha permitido también analizar cambios, adelantos y retrocesos en cada una de las ciudades. A continuación se detalla este índice.

El Índice de Competitividad de las Ciudades de México (ICCM) constituye un instrumento de medición de las ciudades en el país sobre su capacidad para generar las condiciones de competitividad necesarias que demanda un mundo globa-

Competitividad urbana Capacidad de las ciudades para construir y promover un entorno social, tecnológico, ambiental e institucional para el mejor desempeño de sus actividades económicas y la generación de bienestar social

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Desarrollo urbano Los concesos, la disponibilidad de información y las oportunidades de participación de los diferentes grupos en los diversos procesos del país hacen que existan mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo en todas las áreas lizado (Cabrero, Orihuela y Ziccardi, 2005; Cabrero y Orihuela, 2009; Cabrero y Orihuela, 2013). Está integrado por el análisis de cuatro componentes, constituido cada uno por una serie de variables: económico, institucional, urbano-ambiental y sociodemográfico. El económico pretende medir el alcance de las actividades productivas de las ciudades a través del estudio de la estructura económica, perfil de desarrollo, nivel salarial y riqueza. El institucional da cuenta del papel de los gobiernos locales, su estructura y funcionamiento. El urbano-ambiental se refiere a las características en cuanto a disponibilidad de infraestructura, capital humano, condiciones de se-

guridad, afectaciones al medio ambiente y servicios públicos. Por último, el sociodemográfico muestra las características de la población que reside en las ciudades.

Los resultados del ICCM construido en tres diferentes momentos -2004, 2007 y 2011- muestran que las variables que han tenido mayor peso en la competitividad urbana del país han sido las siguientes: i) tamaño de la ciudad; ii) niveles de producción; iii) desempeño gubernamental; iv) niveles de pobreza y marginación; v) telecomunicaciones, y vi) capital humano. A continuación se da una breve explicación de estas variables.

En cuanto al tamaño de las ciudades, en 2010 el sistema de ciu-

57% 77% 08

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dades de México se encontraba liderado por la Ciudad de México, la cual concentraba al 18% de la población nacional y el 31% de las zonas metropolitanas. En segundo lugar aparecían las zonas metropolitanas de más de un millón de habitantes, como Tijuana, Torreón, Ciudad Juárez, León, Guadalajara, Toluca, Monterrey y Puebla. En tercer lugar aparecían las ciudades de menor tamaño, que en términos absolutos eran mayoría, pero no así en términos de concentración de población.

El peso de las actividades productivas se resalta a través del índice.

Ciudades como Saltillo, Hermosillo, Querétaro y San Luis Potosí se

de la población nacional se concentra en las zonas metropolitanas (2010)

de la población nacional se considera urbana (2010)

mantuvieron dentro de los primeros lugares del componente económico, destacando principalmente por su proporción de producción por habitante, nivel salarial y participación de actividades económicas ligadas a la utilización de media y alta tecnología.

Los gobiernos locales han tenido un papel fundamental en el desarrollo urbano y metropolitano del país. Al ser los conductores de la política local, el ICCM ha mostrado que las ciudades con mejores indicadores en cuanto a capacidad financiera, menor dependencia de otros niveles de gobierno, mayor ingreso per cápita, disponibilidad y actualización de marco reglamentario y catastro, así como introducción de mecanismos de planeación, transparencia y evaluación han sido las que se encuentran en los primeros lugares de competitividad en el componente institucional. En este segmento aparecen ciudades como Los Cabos, Nuevo Laredo, Puerto Vallarta y Querétaro.

La disponibilidad de infraestructura de telecomunicaciones ha mostrado un peso relevante en el

componente urbano, lo cual concuerda con las tendencias a nivel mundial en cuanto a contar con mayores proporciones de población que pueden utilizar tecnologías de la información, así como redes e instalaciones para el desarrollo de las actividades económicas ligadas al uso de esta tecnología. En este rubro los primeros lugares los han ocupado la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Colima y La Paz. Por otra parte, las ciudades que se han posicionado en los primeros lugares del componente sociodemográfico son aquellas que tienen menores niveles de marginación, menor proporción de población en situación de pobreza y mayores proporciones de empleo formal y de desarrollo humano. Entre estas ciudades se encuentran Chihuahua, Hermosillo, Monterrey y Los Cabos.

La disponibilidad de infraestructura para la generación de conocimiento, así como el grueso del capital humano del país para el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología se encuentra concentrado principalmente en la Ciudad Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

En la Ciudad de México se ha concentrado principalmente la disponibilidad de infraestructura para la generación de conocimiento, así como el grueso del capital humano del país para el desarrollo de actividades de ciencia y tecnología

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Desarrollo urbano Las variables que han tenido mayor peso en la competitividad urbana del país, con base en los resultados los ICCM 2004, 2007 y 2011, han sido: • • • • • •

El tamaño de la ciudad Los niveles de producción El desempeño gubernamental Los niveles de pobreza y marginación Las telecomunicaciones El capital humano

de México. Aunque otras ciudades grandes también cuentan con proporciones importantes, la Ciudad de México es la que ha contado con los mayores niveles. Por lo tanto estos dos aspectos también muestran una gran concentración en el territorio.

Al analizar la competitividad a través de los tres ejercicios realizados con el ICCM (2004, 2007 y 2011) se observa que las ciudades han tenido algunos cambios en cuanto a su posición de competitividad promedio, es decir en su posición uniendo los cuatro componentes, pero las grandes ciudades han permanecido como líderes en los cuatro aspectos. En los primeros lugares de competitividad se han mantenido la mayoría de las ciudades durante los tres años pero sólo Ciudad de México y Chihuahua han estado en los primeros cinco lugares durante los tres ejercicios. Otras que han mantenido sus posiciones en las primeras posiciones son Querétaro, Monterrey,

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Saltillo, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hermosillo, Torreón y Monclova.

Comentarios finales Los retos que actualmente enfrentan las ciudades y zonas metropolitanas de México y que se observan a través del análisis de la competitividad urbana son temas que están siendo discutidos alrededor del mundo para lograr mejores condiciones en las ciudades. Uno de ellos se refiere a la coordinación. Se requieren esfuerzos conjuntos de los tres niveles de gobierno para lograr la coordinación metropolitana. Los tiempos actuales reclaman la concurrencia de los diversos niveles de gobierno para la atención de problemas comunes en un mismo territorio que no pueden tratarse de manera aislada o independiente.

Otro de ellos es lograr cohesión social. La cooperación y acuerdos entre los diferentes participantes

de la vida del país, tanto en materia económica como social y cultural, es uno de los pilares de la economía del conocimiento, en donde los concesos, la disponibilidad de información y las oportunidades de participación de los diferentes grupos en los diversos procesos del país hacen que existan mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo en todas las áreas. Además la cooperación-vinculación entre diversos grupos genera resultados benéficos para todas las partes involucradas.

Y por último, el proceso para lograr ciudades sustentables, en donde medio ambiente, economía y sociedad estén interrelacionadas y en donde los encargados de la toma de decisiones elaboren políticas públicas tomando en cuenta que las repercusiones en uno u otro ámbito son también actividades necesarias para lograr que el desarrollo urbano y metropolitano del país tienda hacia la equidad territorial, la distribución equitativa de los recursos y la inclusión social.

Medio ambiente, economía y sociedad están interrelacionadas y las repercusiones en uno u otro ámbito son actividades necesarias para lograr que el desarrollo urbano y metropolitano del país tienda hacia la equidad territorial, la distribución equitativa de los recursos y la inclusión social

Los principales temas a tratar en la agenda urbana y metropolitana son: • Heterogeneidad y desigualdades regionales por las altas concentraciones de población y actividades en pocas ciudades y pocos puntos del territorio • Exclusión social debido a los altos niveles de pobreza y marginación mostrados en la mayoría de las ciudades • Importancia del desempeño gubernamental en el manejo de las políticas de desarrollo local, ya que su participación puede generar la promoción de su economía o frenarla • Uso de las tecnologías de la información para las actividades productivas, y la relevancia de contar con capital humano capaz de llevar a cabo actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación, lo cual ha sido un factor determinante en el desarrollo económico de las ciudades y los países MÉXICO SOCIAL Diciembre 2014

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Desarrollo urbano

VIVIENDA CON

Humanidad, Dig

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SOBRE EL AUTOR Vocal Ejecutivo, Fondo de la Vivienda del ISSSTE

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n la nueva política de vivienda fijada por el Presidente Enrique Peña Nieto se aborda como principio fundamental el hecho de que la vivienda no es un asunto de estadística.

Es cierto que no se menosprecian las cifras y el contexto, pero los ladrillos, los muros y las varillas no sólo son materiales, sino que en su conjunto bordan la piel del hogar, dando la relevancia de ese espacio a la familia que lo habite y en donde pueda ejercer su derecho a tejer sueños e ilusiones y a heredar valores universales a sus hijos. Ese es el propósito que nos ilumina y nos alienta.

Y así, sin dejar de lado esta importante precisión, es cierto que debemos abordar con su importancia los temas sobre el número de casas que se puedan financiar, construir o rehabilitar. En ello encontramos las solu-

ciones nuevas e imaginativas que respondan a un derecho constitucional y esencialmente humano.

El equilibrio de estos principios lo da la dignidad.

La instrucción del Presidente Peña Nieto ha sido muy clara: no construir ni otorgar créditos para viviendas que no tengan un mínimo de dos recámaras y el espacio suficiente y digno para sus habitantes, además de tomar en cuenta los desafíos de la familia sobre sus valores, los riesgos del hacinamiento y las nuevas formas de integración familiar.

Asimismo, atender el desafío que nos plantea el crecimiento desmesurado de nuestras grandes ciudades, las distancias que atentan contra la cohesión y la convivencia y las amenazas medioambientales; en suma, responder a la necesidad urgente de recuperar a plenitud el trinomio de vivienda, comunidad y ciudad.

nidad y Modernidad por JOSÉ REYES BAEZA

En cuanto a la necesidad de entender y comprender la modernidad donde debemos inscribir nuestra acción, nos hemos propuesto mejorar y sobre todo dar cabal entendimiento sobre la evolución y cambio del FOVISSSTE con una nueva imagen ante la opinión pública. Una imagen que difunda verdades que hasta ahora parecían poco claras: no se trata de una institución burocrática, absurda u onerosa que nos cueste a todos los mexicanos, ni siquiera con cargo a las arcas del gobierno federal; es, en cambio, una entidad que se moderniza y busca la eficiencia en su labor, que es administrar fondos de los trabajadores al servicio del Estado a fin de otorgar créditos para la adquisición y mejoramiento de vivienda; que, adicionalmente, incrementa su patrimonio mediante novedosos mecanismos de asociaciones financieras, incluso con colocaciones bursátiles

avaladas por calificadoras internacionales, hasta por 17 mil millones de pesos, tan solo en este año, con lo que se busca fortalecer su patrimonio sin poner en riesgo su estabilidad financiera.

Queremos que el FOVISSSTE se perciba ahora ya no como un apéndice burocrático, sino como un organismo vivo que, considerando los montos que maneja, es ya la quinta financiera del país. Por ello, está jugando un papel cada vez más significativo en la tarea cotidiana del desarrollo y el crecimiento al impactar e impulsar hasta 37 ramas de la economía, apoyando la construcción de viviendas, generando con ello miles de empleos.

Hasta el día de hoy, el FOVISSSTE ha otorgado créditos a más de un millón de trabajadores, pero hacen falta un millón y medio más; así que el potencial plantea un gigantesco desafío y nos convierte en una insti-

Es preciso responder a la necesidad urgente de recuperar a plenitud el trinomio de vivienda, comunidad y ciudad

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Desarrollo urbano Debemos abordar con la debida importancia los temas sobre el número de casas que se puedan financiar, construir o rehabilitar.

En ello encontramos las soluciones nuevas e imaginativas que respondan a un derecho constitucional y esencialmente humano

Foto: Andrea Navarro Hernández

tución con futuro.

En respuesta a estos retos, estamos diseñando e implementando nuevos productos como el llamado “Nuevo FOVISSSTE en pesos”. Esquema de crédito hipotecario que está revolucionando esta modalidad porque ahora se toma en cuenta no solo el sueldo base del trabajador,

como había ocurrido en los últimos 42 años, sino también su compensación garantizada. Ello deriva en que los montos de los créditos que fluctuaban entre 600 y 900 mil pesos nos permitan montos que podrían alcanzar el millón y medio de pesos, e incluso más, algo que creemos es una gran oportunidad para la adqui-

sición de mejor vivienda para los trabajadores federales.

Con ejemplos como éste es que, día a día, hacemos nuestro mejor esfuerzo por alcanzar y cumplir con los tres grandes propósitos que nos motivan y alientan: otorgar vivienda con humanidad, dignidad y modernidad.

FOVISSSTE ha otorgado créditos a más de un millón de trabajadores, pero hacen falta un millón y medio más

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Editorial

MARIO luis fuentes

S

i hay un bien que debería estar en los cimientos de la cohesión social en una democracia, éste es el del acceso a la justicia. Infortunadamente, la percepción ciudadana, producto de años de autoritarismo, impunidad y uso abusivo de la justicia para fines políticos, apunta a un profundo rechazo de las autoridades y a un severo cuestionamiento en torno a su legitimidad.

Vivimos en un país en el que acceder a investigaciones imparciales y objetivas, así como a procesos judiciales justos y expeditos, como marca la Constitución, sigue siendo una cuestión mayoritariamente de recursos; pues para las personas que viven en pobreza o en la precariedad económica, verse involucrados en un proceso judicial puede representar vivir años meses o años de infortunio y de vejaciones inaceptables, para una sociedad que busca convertirse en un verdadero Estado de derecho.

La credibilidad y la confianza, dos de los elementos más relevantes para la pervivencia de una democracia, están severamente erosionadas en nuestro país; así lo muestran todos los estudios que hay en la materia, tanto en México como a nivel internacional.

El Latinobarómetro 2013 nos dice que una de las principales razones para que las personas consideren que la democracia no es necesariamente la mejor forma de gobierno, es precisamente la existencia de severas condiciones de inseguridad y violencia, lo cual ocurre, según la percepción ciudadana, bajo la complicidad, el silencio o la incapacidad de las autoridades.

El reciente estudio del Instituto Nacional Electoral (INE), publicó el mes pasado un informe sobre la calidad de la democracia en nuestro país. Los resultados son más que preocupantes, pues confirman el grado de indefensión que se ha documentado, en el mencionado Latinobarómetro, pero también a través de Encuestas Nacionales como la ENVIPE. El diagnóstico del INE nos dice, en primer lugar, que el 12% de la población declara haber sido víctima de algún acto de la delincuencia; es decir, considerando que tenemos alrededor de 118 millones de habitantes, y que el estudio del INE refiere a personas mayores de 18 años, entonces habría que decir que más de 10 millones de personas han sido víctimas de algún

delito.

Hay además dos de cada tres ciudadanos que piensan que en México las leyes se cumplen poco o nada; además de un 29% que considera que sólo se cumplen “algo”; es decir, hay una verdadera ruptura de la cultura de la legalidad tanto de parte de la ciudadanía como de las autoridades que son responsables de cumplir y de hacer cumplir la Ley. Esto nos ha llevado a una situación peligrosa en la que la ciudadanía considera que es más importante que la autoridades capturen a los delincuentes, que abocarse al respeto de los derechos humanos; pues en una situación así, el linchamiento y la fabricación de “presuntos culpables” se convierte en la regla de la actuación de las autoridades de procuración e impartición de justicia.

Enfrentamos una realidad que es espejo del peor de los mundos, pues hay cientos, quizá miles de casos de personas que deberían estar enfrentando a la justicia; pero también hemos conocido por los medios de comunicación, vergonzosos casos en los que se ha perseguido y encarcelado a inocentes.

Frente a ello, debe comprenderse que en una democracia es tan grave promover la impunidad a través de la no acción penal en contra de quienes delinquen, como poner en la cárcel a personas que son inocentes o cuya responsabilidad penal no quedó fehaciente y plenamente acreditada.

Nos dice el INE que más del 50% de la población que acudieron ante un Ministerio Público o un Policía cercano, declaran que haberlo hecho no sirvió de nada; mientras que las policías (todas) y las y los jueces, no alcanzan siquiera el 30% de confianza ciudadana.

Lo que tenemos enfrente es un panorama desolador, en el que no se ha logrado construir una cultura en la cual el acceso a la justicia sea visto como uno de los bienes sociales más importantes que podemos tener.

El malestar que se percibe por todos lados es reflejo del hartazgo social ante tanta impunidad, abuso de poder, corrupción y falta de capacidad para reformar a todo el aparato de justicia en el país. Es precisamente a estos temas, que está dedicada la presente edición de México Social.

Director general del CEIDAS, A.C.; en la UNAM es integrante de la Junta de Gobierno; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas

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Desarrollo urbano

Los problemas asociados a los fenómenos de crecimiento desordenado de las ciudades hicieron necesario un cambio decidido en la política de vivienda del gobierno federal ya que, de lo contrario, estaríamos promoviendo una política que no garantiza el bienestar de la población ni promueve la competitividad de las ciudades del país

E

n los últimos años el país ha experimentado un gran crecimiento en la urbanización, al pasar de 43% en 1950 a 78% en 2010I, un crecimiento superior a varios países de la OCDE. Sin embargo, este crecimiento no ha tenido políticas de vivienda y urbanización efectivas, que verdaderamente eleven la calidad de vida de la población, generen un incremento considerable en la productividad y competitividad de las ciudades y, consecuentemente, permitan un incremento en los salarios; necesitamos una política para “hacer ciudad”.

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Foto: Andrea Navarro Hernández

Hoy en día el 50% de la población mundial vive en áreas urbanas. En los países en desarrollo, cada mes cinco millones de personas emigran a las grandes ciudades, ya que la densidad urbana provee un camino para salir de la pobreza. Se estima que a medida que la población urbana aumenta en 10%, la producción per cápita aumenta en 30%. Asimismo, los trabajadores en las grandes áreas urbanas perciben 30% más que los que viven en otros ladosII. Tokio, Bangalore y Nueva York son un gran ejemplo de ciudades productivas. Estas ciudades han logrado retener a habitantes al-

tamente calificados a costos muy bajos, lo que ha atraído la Inversión Extranjera Directa (IED) y ha logrado incrementar los ingresos a sus habitantes, generando de este modo más ingresos para la ciudad y por ende un incremento en la inversión pública de la misma.

La competitividad de las ciudades en México Uno de los principales problemas que presentan las ciudades es la imposibilidad de retener inversión o talento en espacios en donde no existe un planeación efectiva, ya que este factor es

Transición a un

nuevo modelo urbano y de

VIVIENDA por JESÚS ALBERTO CANO VÉLEZ

fuente de incertidumbre para los inversionistas y para los propios habitantes.

Una ciudad competitiva es aquella que resulta atractiva para retener el talento y la inversión, es decir, es una ciudad que maximiza la productividad en todos los sectores y genera bienestar para sus habitantes.

En 2014 el IMCO publicó su Índice de Competitividad Urbana 2014, que evalúa las 78 zonas metropolitanas más representativas del país. La muestra concentra alrededor del 64% de la población nacional, que genera alrededor del 83% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

En contra de lo que se podría suponer sobre la correlación entre densidad y

competitividad, en México el territorio de las zonas metropolitanas se ha expandido considerablemente. De 1990 a 2010 la superficie ocupada en conjunto de las zonas metropolitanas paso de 142,377m2 a 171,816m2, lo que significa un crecimiento de más de 20% en este periodo, en contraste con la Densidad Media Urbana en el mismo periodo, que pasó de 124 a 111.5 hab/ha2, un decremento de más de 7%IV. En este sentido se podría decir que México en los últimos años ha vivido una “desaglomeración”.

Las consecuencias de esta desaglomeración se pueden ver en distintos fenómenos que se observan en el país, tales como la falta de servicios públi-

SOBRE EL AUTOR Director General de Sociedad Hipotecaria Federal. Es Economista egresado de la Universidad de Guadalajara. Entre otros cargos, ha sido Oficial Mayor en la Procuraduría General de la República, Director General de Programación y Presupuesto y Asesor del Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP).

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Desarrollo urbano APORTE AL PIB Las tres ciudades que más aportan al PIB son el Valle de México, con 25%; Monterrey, con 8%; y Ciudad del Carmen, con 5% (Índice de Competitividad Urbana 2014) Valle de México Monterrey Cd. del Carmen Guadalajara Puebla Toluca Saltillo Otras ciudades

Fuente: INEGI, IMCO.

cos suficientes, la falta de conectividad y la vivienda deshabitada.

Este último fenómeno se ha convertido en un problema creciente en el país, ya que muchas personas han optado por abandonar sus casas u ocuparlas de forma temporal, dados los altos costos en el transporte.

En los últimos años, particularmente en la década anterior, las grandes ciudades crecieron desordenadamente, lo que causó complicaciones para los gobiernos municipales y para la población. Se presentó un aumento en los costos de urbanización (transporte público, vías de acceso, avenidas y servicios públicos diversos), cuyo costo fue asumido por el municipio. Asimismo, los gastos de los habitantes de las zonas alejadas incrementaron considerablemente, lo que bajó la productividad por el aumento en el tiempo de traslado.

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Municipios Rurales

Nueva Política de Vivienda La nueva Política Nacional de Vivienda anunciada en la presente administración ha traído un cambio sustancial que pretende implantar un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente.

Con la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) como la encargada de alinear las diversas acciones de los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS), dentro de los cuales está la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el gobierno federal ha recuperado el control de la planeación del territorio y está impulsando diversas acciones para promover ciudades integrales y competitivas.

Dentro de la nueva Política Nacional de Vivienda se ha presentado la Política de Desarrollo Urbano y de Vivienda, así como los distintos programas sectoriales e institucionales que complementan

el desarrollo del sector. A partir de esta nueva política, se ha propuesto lograr que las ciudades del país sean más compactas, ordenadas y conectadas, todo esto respetando la sustentabilidad de las mismasVI. En este sentido, el Programa pretende: 1) Controlar la expansión de las manchas urbanas a través de políticas efectivas de vivienda; 2) Mejorar la calidad de vida de la vivienda rural y urbana, al igual que su entorno social, para abatir el déficit de vivienda; 3) Diversificar la oferta habitacional de calidad; 4) Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de vivienda; 5) Fortalecer la coordinación interinstitucional para garantizar la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno; 6) Generar información de calidad para una óptima toma de decisiones en el sector.

Teniendo en cuenta esta nueva política, se han definido perímetros de contención para delimitar

EJEMPLOS DE LA “DESAGLOMERACIÓN” La urbanización

En el caso de Puebla-Tlaxcala, se cuenta con un factor de crecimiento de la superficie urbana de 5 veces el crecimiento de habitantes, y en el de Guadalajara fue de 1.9 vecesv 15

10

Factor de crecimiento 1980-2010

5

0

43% a 78%

5.2X

12.4

pasó de

de 1950 a 2010

1.9X

2.4 Puebla-Tlaxcala

Superficie

3.8

2.0

Guadalajara

la mancha urbana. Estos perímetros constan de tres categorías: U1, son zonas urbanas consolidadas que ya cuentan con acceso a equipamiento y la mayoría de los servicios; U2, son zonas en proceso de consolidación con infraestructura y servicios mayores al 75%; y U3, que son zonas contiguas al área urbana que no están desarrolladas. Este instrumento sienta las bases para frenar la expansión de las manchas urbanas, e incentiva la densificación de las ciudades, con el fin de tener urbes más competitivas y dar un mayor nivel de vida a los habitantes.

1. Controlar Expansión de manchas Urbanas

Programa Nacional de Vivienda 2014-­‐2018

Participación de SHF Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), como banco de desarrollo cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda a través del otorgamiento de garantías para la construcción, adquisición y mejora de vivienda, actúa de forma alineada con esta Nueva Política de Vivienda, realizando adecuaciones a sus productos para atender las nuevas

Habitantes

2. Mejorar calidad de Vivienda

3. Mejorar oferta Habitacional

4. Créditos y Subsidios

5. Coordinación Interinstitucional

6. Información efectiva de toma decisiones

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Desarrollo urbano LA CIUDAD MÁS COMPETITIVA De acuerdo con este índice, la ciudad más competitiva del país es la Ciudad del Valle de México, la cual cuenta con un PIB de casi 4 billones de pesos y una densidad de población de 10,857 hab/km2. Estos dos factores parecerían estar, de una forma u otra, correlacionados, como se puede observar en la siguiente lista de las Ciudades más Competitivas del PaísII: Competitividad

No.

Ciudad

1 2 3 4 5 6 7 8 74 75 76 77 78

Valle México Los Cabos Querétaro Monterrey Cancún La Paz Saltillo Guadalajara Nuevo Laredo Río Verde-Cd Fernández La Piedad-Pénjamo Tulancingo Acapulco

Alta Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja Muy baja

Densidad de población (hab/km2) 10,857 6,139 8,698 6,516 5,489 5,523 4,292 9,128 3,825 3,675 7,540 3,698 6,623

Fuente: Ciudades más competitivas del país ICU 2014, IMCO

Una política encaminada a “hacer ciudad” es una política viable, deseable y sustentable

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necesidades del mercado. Dentro de ellos, se destacan los cambios en los parámetros de evaluación para el financiamiento a la construcción, los Desarrollos Certificados, el nuevo crédito para vivienda en renta y el Programa Ecocasa.

El primer elemento que hay que considerar es que SHF ha integrado a su análisis sobre los desarrollos a financiar elementos de ubicación y conectividad. Con el nuevo crédito sindicado, además de impulsar decididamente la construcción de vivienda en el país, se están financiando únicamente desarrollos ubicados en los perímetros de contención urbana señalados, lo que permite mejorar significativamente la calidad de las viviendas. El financiamiento a

la construcción acompaña a una estrategia nacional de re-densificación y urbanización.

El programa de Desarrollo de Certificados (DCs) busca detonar el desarrollo de vivienda ordenada y sustentable. Los DCs son áreas de desarrollo integralmente planeadas que contribuyen al ordenamiento territorial y promueven un desarrollo compacto, ordenado y sustentable.

Recientemente, hemos hecho cambios para dar mayor relevancia a que estos desarrollos contemplen la integración ordenada de suelos mixtos, la provisión suficiente de infraestructura y equipamiento y, sobretodo, a que exista conectividad eficiente hacia los núcleos laborales y medios de transporte sustentable.

Una de las alternativas para ampliar

el acceso a la vivienda ha sido el arrendamiento, ya que este es un mecanismo para personas de bajos ingresos o con alta movilidad laboral para acceder a una vivienda digna. Se estima que en México únicamente 15.5% de la población habita en una vivienda rentada, lo que contrasta con países desarrollados en donde la proporción alcanza niveles del 50%. Sin embargo, se sabe que dicha proporción incrementa en las zonas metropolitanas (20%) y que hay una alta correlación con la densidad de poblaciónVII. Por ello, SHF se dio a la tarea de ofrecer el financiamiento para la construcción y remodelación de vivienda en renta, un producto que se adapta a las necesidades de los inversionistas que quieren desarrollar este tipo de vivienda.

Con este producto se podrán financiar proyectos que estén muy bien ubicados y en zonas altamente densificadas. De hecho, en septiembre de este año se aprobó el primer proyecto de este tipo por un monto de crédito de 461 mdp, en la zona metropolitana de Monterrey.

Por otra parte, considerando que el impacto ambiental que se genera en las viviendas es alto y se estima que el sector es responsable por alrededor de 32% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), hemos

desarrollado el Programa Ecocasa.

Este Programa se diseñó junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo Alemán (KFW) y busca financiar la construcción de viviendas con un menor impacto ambiental, particularmente viviendas que reduzcan hasta un 20% los GEI. Este programa ha tenido mucho éxito, ya que a septiembre de 2014 se habían financiado 9,835 casas con una inversión de 1,790 mdp.

CONSULTA LAS NOTAS DE ESTE ARTÍCULO EN NUESTRA PÁGINA:

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La Transición al Nuevo Modelo La transición hacia un nuevo modelo de vivienda o urbanismo en México ya está en marcha. Las diversas instituciones relacionadas con el diseño, financiamiento (como es el caso de SHF) e implementación de la nueva política están alineadas a una estrategia clara.

La idea del gobierno federal es que seamos capaces de hacer ciudades con densidad y competitivas, en las que los mexicanos tengan acceso a una vivienda digna, con servicios y bien comunicadas.

La ciudad representa un entorno único para el desarrollo del individuo y para su crecimiento económico y personal. Por ello, una política encaminada a “hacer ciudad” es una política viable, deseable y sustentable.

Imagen: Oscar Rodríguez

Las grandes ciudades crecieron desordenadamente, y aumentaron en los costos de urbanización y los gastos de los habitantes de las zonas alejadas incrementaron considerablemente, lo que bajó la productividad por el aumento en el tiempo de traslado

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Pr贸ximos n煤meros ENERO Lactancia materna FEBRERO Enfermedades transmisibles

Desarrollo urbano

Un Derecho Humano

EN RIESGO por DANIEL RODRÍGUEZ

Imagen: Oscar Rodríguez

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E

l derecho de toda persona a la vivienda forma parte del derecho internacional aplicable en México (Rodríguez, 2007: 16), como son el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales que establece el concepto de vivienda adecuada (vigente en México desde 1981) y diversas convenciones relativas a eliminar la discriminación racial (1973) y contra la mujer (1981), además de declaraciones tales como la Universal de Derechos Humanos (1948) y las relativas a Asentamientos Humanos (1976 y 1996).

En nuestro país es definido como el derecho de toda familia a la vivienda digna y decorosa, consignado en el artículo cuarto de la Ley Fundamental (desde 1984) y reglamentado en la Ley de Vivienda (2006) que a su vez reconoce y define criterios para apoyar la producción social de vivienda; igualmente, la Constitución define en su artículo 123 el derecho de los trabajadores al crédito “barato y suficiente” para adquirir “habitaciones cómodas e higiénicas”, en el marco del sistema de seguridad social (1972). Lo anterior implica compromisos del Estado mexicano por observar y acatar los tratados internacionales y la Constitución; sin embargo, hay problemas institucionales, ya que en los ámbitos programáticos y operativos que rigen el servicio público las decisiones correspondientes no se ciñen a los preceptos que tutelan y garantizan el diseño y aplicación de políticas públicas orientadas a hacer valer el derecho humano a la vivienda.

La estructura y la estrategia gubernamental están enfocadas a privilegiar dos aspectos. Primero, la implementación de políticas hipotecarias para crear un mercado cautivo (Coulomb y Schteingart, 2006) donde los actores supuestamente participan

en un proceso de libre comercio en el cual los acreditados son objeto de endeudamiento por 30 años sin acceder a plena propiedad de sus viviendas, periodo que constituye la vida útil de las viviendas financiadas con recursos públicos (destacando Infonavit y Fovissste); segundo, se otorga mayor respaldo institucional a los oferentes, mismos que rigen su actuación con criterios de ren-tabilidad y obtención de ganancias inmediatas una vez vendidas las viviendas, lo que significa que las necesidades sociales no son prioritarias, el derecho se convierte en asunto mercantil y se crean distorsiones urbanas en las ciudades, tal y como lo reconoció en febrero de 2013 el jefe del ejecutivo federal, al advertir que las ciudades “han crecido de forma desordenada, sin planeación integral”, ocasionando “expansión descontrolada de las manchas urbanas” (Peña Nieto, 2013a).

La vivienda en las ciudades El proceso de expansión periférica forma parte del modelo promovido por el Banco Mundial (BM) que respalda la producción industrial masiva. El BM inició en 2002 proyectos de vivienda de bajo costo para financiar 750 mil viviendas en 2006 y un millón anualmente, de 2007 a 2012 con 500 millones de dólares, reforzado en 2008 con el “Mexico Private Housing Finance Markets Strenghthening Project”, que contó con mil millones de dólares, enfocado a fortalecer al sector privado (Delgado, 2011: 149), planteándose desde 1990 el fomento del mercado hipotecario y la desregulación del sector (Rodríguez, 2007: 21).

Ello explica las causas de que las proyecciones de oferta anual se basan en cálculos empresariales que argumentan pronósticos de demanda en función de sus intereses.

A manera de ejemplo, tenemos que

El modelo urbanohabitacional resultante se basa en construir viviendas “de calidad cuestionable”, en “suelos de bajo valor”, en zonas periféricas de las ciudades mexicanas

SOBRE EL AUTOR Profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM. Es Doctor en Ciencias Sociales, Maestro en Urbanismo y Licenciado en Trabajo Social; Miembro de la Red Nacional de Investigación Urbana y de la Asociación Mexicana de Urbanistas; y fue asesor del Congreso de la Unión para la elaboración de la Ley de Vivienda en la LIX Legislatura

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Desarrollo urbano

CONSULTA EL ANÁLISIS DEL AUTOR SOBRE EL PROBLEMA DE VIVIENDA EN TABASCO, ASÍ COMO LAS NOTAS DE ESTE ARTÍCULO EN NUESTRA PÁGINA: www.mexicosocial.org

la “distribución de viviendas vigentes” -inscrita en el Registro Único de Vivienda- por municipios nos muestra una sobreoferta concentrada en los cuatro municipios con más inversión en vivienda, que resulta mayor al 20% de las necesidades reales en 25 entidades federativas, superando el 40% en 14 entidades.

Cabe señalar que desde hace diez años las corporaciones inmobiliarias han centrado su actuación en los municipios metropolitanos periféricos; en 2014 destacan entre otros los casos de Aguascalientes; Tijuana; Juárez; Villa de Álvarez; León; Acapulco; Tecámac; Puebla; Benito Juárez (Cancún); Centro (Villahermosa); y Mérida. El problema de viviendas abandonadas, que ascendían a 4.2 millones en 2005 y más de 5 millones en 2010 se concentra precisamente en las zonas metropolitanas, donde el exceso de oferta responde a la expectativa empresarial de obtener rápidas ganancias

con el menor esfuerzo.

El modelo urbano-habitacional resultante se basa en construir viviendas “de calidad cuestionable” en “suelos de bajo valor” en zonas periféricas de las ciudades mexicanas. Para lograr esta venta masiva se cuenta con respaldo institucional del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste); el modelo implica “expansión acelerada de infraestructura de servicios”, presionando al medio natural y se favorece también un mayor consumo de combustibles fósiles, sobre todo para transporte privado. Se implantan “enclaves habitacionales socialmente cuestionables”, desde 2000 se observa un incremento “de modo exponencial” de unidades habitacionales que actualmente son “grandes áreas monofuncio-

Aproximadamente 69% de las viviendas existentes en el país son construidas por la propia gente, con sus propios esfuerzos y recursos, sin apoyos institucionales, jurídicos, técnicos y financieros; este porcentaje se incrementa a 83% entre la población con ingresos inferiores a cinco salarios mínimos Foto: Andrea Navarro Hernández

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70%

Más de de la población nacional está marginada de los sistemas de seguridad social y derechohabiencia para solicitar créditos hipotecarios nales”, con problemas ambientales, de segregación social e inseguridad (Delgado, 2011: 150 y 151).

La actual crisis urbana tiene en el negocio hipotecario un factor que debe ser resuelto. Dos ejemplos ilustran esta grave situación. En 2013 se inundaron cerca de 15 mil viviendas en Acapulco durante el paso de tormenta tropical Manuel (septiembre de 2013), la mayor parte localizadas en la zona Diamante, donde se autorizó ilegalmente la construcción de miles de viviendas denominadas “de interés social”, adquiridas con financiamiento de Infonavit, principalmente, al estar asentadas en la cuenca del río La Sabana, que ante la imposibilidad de encontrar salida a dichas aguas, inundó un área que el Atlas de Peligros Naturales municipal reconocía el riesgo de inundación fluvial. Otro caso se observa en los municipios de Tecámac y Chalco, donde la expansión inmobiliaria referida está devastando las fuentes de agua existentes.

Mercado habitacional distorsionado Desde la instauración de la estrategia hipotecario-mercantil se ha configurado un patrón de desigualdad en la asignación de recursos, apoyos institucionales y definiciones jurídicas, reglamentarias y operativas, en detrimento del derecho a la vivienda y de la producción social.

Aunque el diagnóstico presidencial (Peña Nieto, 2013a) reconoce un rezago o déficit de 9 millones de viviendas, correspondiendo 5.1 millones a mejoramiento y 3.9 millones a vivienda nueva o completa conforme a un reporte gubernamental (SHF, 2010), en el periodo 2007-2014 se han otorgado más créditos y subsidios para la adquisición de vivienda completa por representar un muy lucrativo negocio hipotecario, absorbiendo en estos últimos años un promedio anual superior a 92% del total de recursos ejercidos (Peña, 2014). Cabe señalar que los costos promedio por vivienda en el caso de mejoramiento son inferiores a $20 mil pesos, mientras que para vivienda completa superan los $300 mil pesos (Peña, 2014), lo que muestra la ausencia de un enfoque estratégico centrado en la vivienda como derecho humano, ya que la mayor parte de la oferta de vivienda es generada por los productores sociales, quienes carecen de apoyos institucionales.

En un reporte interno (SHF, 2014b) se reconoce que hay una drástica reducción presupuestal y cambios operativos que perjudican la producción social de vivienda (PSV) reconocida en el título séptimo (artículos 85 al 94) de la Ley de Vivienda promulgada en 2006, ya que en 2013 hubo reducciones de más de 30% de la inversión pública otorgada mediante la Comisión Na-

cional de Vivienda (Conavi) respecto al año anterior, tendencia que continuará en 2014. Cabe señalar que desde su creación la Conavi ha dado prioridad a Infonavit, organismo que absorbe -a través de subsidios otorgados individualmente a los trabajadores- más del 65% del total de recursos, mientras que la PSV capta menos del 8% de tales recursos. El papel de Conavi ha sido fortalecer el mercado hipotecario, violando así las disposiciones de la Ley de Vivienda aplicables a la PSV. Más de 70% de la población nacional está marginada de los sistemas de seguridad social y derechohabiencia para solicitar créditos hipotecarios; en este orden de ideas, tenemos que 65% de los hogares reportan ingresos inferiores a seis veces el salario mínimo. Esta situación, de carácter estructural, permite comprender que aproximadamente 69% de las viviendas existentes en el país son construidas por la propia gente, con sus propios esfuerzos y recursos, sin apoyos institucionales, jurídicos, técnicos y financieros; este porcentaje se incrementa a 83% entre la población con ingresos inferiores a cinco salarios mínimos (Torres y Eibenschutz, 2006: 23). Este proceso de producción masiva, en ciclos de varios años, es conocido como Producción Social de Vivienda (PSV), la cual históricamente ha liderado la producción habitacional en México.

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Desarrollo urbano

Legislación

herramienta por ONU Hábitat / Erik Vittrup

En los últimos 30 años se ha producido un aceleramiento inmenso del proceso de urbanización. La cantidad de gente que se está urbanizando y el incremento, año tras año, de esta proporción no tiene precedentes en la historia de la humanidad

E

sto representa una nueva realidad porque ahora, con las nuevas tecnologías y las nuevas capacidades industriales somos capaces de construir una ciudad entera en tres años como se evidencia por ejemplo en la China de hoy. Esto nunca antes había pasado a la escala que se realiza. La población urbanizada se duplicará en tan solo 50 años, un reto que había tomado más de 4,000 años de historia de construcción de ciudades, y que representa enormes demandas de inversión

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sólo en la cantidad de recursos que hay que destinar para servicios urbanos.

El aspecto positivo es que la urbanización genera crecimiento económico. La actividad industrial es mucho más rentable en las ciudades que en el campo.

Las economías de aglomeración que se impulsan en las ciudades representan el hecho de que los factores de producción están más cercanos y los mercados más grandes, por lo que tienen mayor diversidad de insumos para la manufactura y la venta de sus pro-

urbana: para

ciudades

EXITOSAS

Artículo basado en el discurso del Dr. Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Hábitat en su conferencia en el Senado de la República: “El papel de los legisladores en la Agenda Urbana del Hábitat: rumbo a la Conferencia Mundial Hábitat III en 2016”, en su visita a México en Agosto de 2014I

ductos. Las ciudades son los núcleos en donde aumenta la velocidad de transmisión de información, de conocimiento y la productividad. Es la ciudad como artefacto, como estructura para favorecer intercambios a una velocidad que no se compara con la que se produce en otras formas de la vida humana.

Por lo tanto, la productividad de la economía incrementa con la urbanización. Se hace urbanización y a través de la urbanización se obtiene desarrollo y no al revés como se suponía antes. La urbanización no es una consecuencia del desarrollo. Ningún país ha llegado a niveles de desarrollo intermedio sin an-

tes urbanizarse.

La urbanización es un fenómeno artificial, diseñado por las sociedades y debe ser regulado. El artefacto urbano es producto de la ley, y la ley es imprescindible para una buena ciudad: productiva, eficiente, justa, digna.

Hay corrientes de pensamiento que sugieren que la economía de mercado puede resolver todo a través de la oferta y la demanda, penetrando la estructura urbana. Las mismas corrientes critican la regulación urbana que ha sido abolida en muchas partes del mundo en las últimas décadas. Esto ha dado pie a una urbanización caótica, que no solo

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Desarrollo urbano

Hay que defender el espacio público porque no es natural, la gente no lo tiene o no lo va a defender por sí mismo. Además, el espacio público destinado a la calle debe tener capilaridad, no concentración en calles muy anchas y poca capilaridad interna. Es importante la forma del espacio público.

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

es disfuncional, porque el mercado no ha logrado producir buenas ciudades, ni tiene por qué, pues las ciudades son diseñadas.

Hay que intervenir en el diseño urbano, porque es un artefacto humano. En ONU-HABITAT hemos estudiado las ciudades del mundo; y vemos que donde la regulación es más baja, el caos urbano es mayor. ¿Tendrá que ver que en México, por ejemplo, las formas urbanas del país sean resultado de los mandatos de los alcaldes de apenas tres años? Hay una relación evidente entre la regulación legal administrativa, de infraestructuras (agua, energía, telecomunicaciones), de sanidad, educación, fiscal, etcétera y el resultado de la configuración urbana. La legislación condiciona la forma urbana.

Se necesita una buena coordinación de toda la estructura jurídica, teniendo en cuenta las necesidades del contexto ur-

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bano.

La legislación urbanística debe atender los principios básicos de la urbanización.

Hacer ciudad, hacer urbanismo es una cosa altamente especializada. Es diseñar áreas urbanas, tomando en cuenta aspectos básicos que se enlistan a continuación, los cuales, por simples y obvios que suenen, casi nunca se contemplan.

Lo primero que hay que diseñar es el espacio no edificable separado del espacio que va a ser edificable: el espacio público. Para que una ciudad sea productiva, debe haber 50% del suelo urbano no edificable: calles y parques. Pocos lo creen, pero esto se ve en ciudades como Barcelona y Manhattan en Nueva York. Hay que defender el espacio público porque no es natural, la gente no lo tiene o no lo va a defender por sí mismo. Además, el espacio público destinado a la calle debe tener capilaridad, no concentración en calles muy anchas y

poca capilaridad interna. Es importante la forma del espacio público.

El segundo punto básico que debe tomar en cuenta la legislación urbana es el otro 50%. Hay que ordenarlo, lotificarlo.

Establecer lo metros edificables, por ejemplo para contemplar las redes de infraestructura. La edificabilidad tiene que ser una potestad del sector público, porque si la edificabilidad no es una potestad del sector público, se genera una cantidad de distorsiones en el tejido urbano que generan costos mayores para el sector público.

El tercer aspecto es la regulación de la lotificación. La parcelación resulta determinante para la forma de la ciudad.

Cuando tienes una parcela mínima de 200 o 250 metros cuadrados, que es lo recomendable, puedes encontrar multitud de inversores que tienen acceso a invertir en estas parcelas, pequeñas compañías familiares, pequeños inversores, y grandes corporaciones para hacer estructura urbana: amplías el abanico de actores urbanos.

El cuarto aspecto de la legislación urbanística fundamental son los usos de edificabilidad. Es decir, una vez que tenemos regulado el espacio público, la edificabilidad, la parcelación, entonces entramos a regular la edificación. Los edificios sólo son consecuencia a posteriori. Uno de los problemas que tenemos por ejemplo es la vivienda para todos, vivienda asequible, esto indujo a fabri-

car viviendas de manera masiva, como si la vivienda pudiese ser un producto urbano, descontextualizado de la urbanización, en zonas en donde el precio del suelo era más barato. Esto es desurbanización, esto es generar patologías urbanas.

Para edificar vivienda, incluida la vivienda de interés social, antes hay que hacer lotes para vivienda pública. La regulación de los lotes puede exigir que un porcentaje de los lotes, por definición de la autoridad, se destine para vivienda social y automáticamente está garantizada la integración de la vivienda social en un tejido urbano.

Ejemplos abundan de buenas prácticas, pero aun así, son apenas faros en un mar lleno de ciudades fracasadas, disfuncionales, con altos costos tanto para la gente, el inversionista y las instituciones públicas que deben asegurar la funcionalidad y los servicios urbanos a la ciudadanía.

La legislación urbanística tiene una importancia fundamental para la ciudad de la gente, en el siglo XXI. Es hora que se tome consciencia de la necesidad de una legislación general que sea favo-rable a la sanidad, educación, seguridad y redistribución. Así posiblemente haremos ciudades justas, ciudades integradas, ciudades asequibles e inclusivas, ciudades con personalidad cultural y ciudades sostenibles.

Ejemplos abundan de buenas prácticas, pero aun así, son apenas faros en un mar lleno de ciudades fracasadas, disfuncionales, con altos costos tanto para la gente, el inversionista y las instituciones públicas

Para que una ciudad sea productiva debe tener

50% de suelo no edificable (calles, parques)

NOTA: I. Compilado por Lic. Nina Izabal, Urbanista y consultora de ONUHábitat en México

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Desarrollo urbano

Monterrey:

CLAROSC por ISMAEL AGUILAR / JOSÉ DE JESÚS SALAZAR

E

Imagen: Ulises Rosas

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n el modelo económico dominante -capitalismo y su expresión en la aparente libre competenciacoexisten el aumento de la riqueza en unas cuantas manos y la creciente marginación y desigualdad que afecta a las grandes masas de población. Hoy no se habla de la ciudad feliz, sino de la ciudad competitiva, suponiendo tácitamente que esta cualidad le llevará a aquel fin. Ni siquiera se establece claramente la causalidad entre competitividad urbana y, para expresarlo en términos más acotados, desarrollo económico,

entendido éste como un mayor bienestar de las personas.

En México, donde el 80% de la población reside en ciudades (IMCO, 2014), los especialistas en el tema de competitividad han hecho importantes esfuerzos por definir la ciudad competitiva y por obtener un indicador que muestre su nivel y evolución en las ciudades del país. En este sentido, tanto el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideran que el reflejo de la cualidad competitiva de una ciudad es su capa-

una historia de

CUROS Una mirada más cercana a las realidades de las ciudades mexicanas comúnmente consideradas competitivas, como Monterrey y su zona metropolitana, muestra claroscuros y contrastes entre la modernidad y el atraso. De no atenderse, estos rezagos terminarán por afectar al proceso mismo de generación de riqueza, y al final de la propia competitividad de la ciudad cidad de creación de riqueza y empleo, así como de atracción y retención de inversión y talento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuenta con un sistema de acceso libre, OCDE Regional Well Being, que permite conocer niveles de bienestar para 363 lugares, ciudades y estados dentro de sus países miembros; los conceptos que contempla son muy similares a aquellos que consideran los índices de competitividad. Competitividad y bienestar parecen converger hacia un mismo concepto.

Sin embargo, una mirada más cercana a las realidades de las ciudades mexicanas comúnmente consideradas como

competitivas –como Monterrey y su zona metropolitana– muestra claroscuros, contrastes entre la modernidad y el atraso. Este acercamiento social a la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) –y los fuertes rezagos que se registran– pudiera causar extrañeza en círculos externos, generalmente más propensos a pensar en las dimensiones avanzadas de la metrópoli –y que ciertamente tiene–.

De no atenderse, estos rezagos terminarán por afectar el proceso mismo de generación de riqueza y al final de la competitividad misma de la ciudad. Al ser la ZMM un pilar económico para el país, esta desatención también afectará a la competitividad de México.

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Desarrollo urbano SOBRE LOS AUTORES

El Monterrey competitivo

Ismael Aguilar

Si bien con menos fuerza que hace unos cuantos años, Monterrey sigue un referente nacional y latinoamericano de modernidad y empuje económico. Las revistas de economía y finanzas latinoamericanas como América Economía, o internacionales como Fortune, así como prensa internacional como el Financial Times, se han referido a la ciudad como un muy buen lugar para hacer negocios, a pesar incluso del clima de inseguridad de hace unos tres años. Nacionalmente, estudios sobre competitividad –como los realizados por el CIDE o el IMCO– generalmente ubican a Monterrey y su Zona Metropolitana en las primeras posiciones. Con un clima de relativa mayor seguridad, la inversión extranjera ha ampliado sus inversiones en la entidad. La llegada de la coreana KIA Motors es un ejemplo ilustrativo.

Indudablemente, la ciudad goza de varias ventajas y ha logrado capitalizarlas en un proceso acumulativo que ha implicado varias décadas: buena posición geográfica en relación con los Estados Unidos (con Texas, especialmente); calidad emprendedora; una masa crítica de universidades que garantiza recursos humanos altamente calificados; capacidades tecnológicas y de innovación; servicios médicos especializados. La ciudad goza de una buena conectividad área nacional

Profesor Titular del Departamento de Economía en el Tecnológico de Monterrey.

Es Ingeniero Civil por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Maestro en planeación regional y urbana; y Doctor en Economía por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Es miembro del SNI, Nivel 2

José de Jesús Salazar Profesor Titular del Departamento de Economía en el Tecnológico de Monterrey. Es Licenciado en Economía y Maestro en Ciencias de la Administración por el Tecnológico, así como Maestro en Economía y Doctor en Ciencias Sociales por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es editor de la Revista Estudiantil de Economía y miembro del SNI, Nivel 1

e internacional. Recientemente se ha inaugurado el vuelo directo Monterrey-Tokio, como fiel reflejo de los lazos económicos entre la metrópoli y el lejano oriente. La oferta cultural, de espectáculos, y de negocios es muy significativa y se ha convertido también en un referente nacional. En términos de recreación, el Canal Santa Lucía y el Parque Fundidora muestran a un Monterrey moderno, de avanzada.

Monterrey ocupa una posición privilegiada en la ruta del comercio entre México y los Estados Unidos.

Más particularmente, sus relaciones económicas con Texas datan de muchas décadas anteriores a la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

No sorprende que la ZMM, ante el papel que juega como articulador de la economía del Noreste de México, sea señalada como uno de los grandes espacios que se han beneficiado del TLCAN.

El Monterrey con atraso social Si bien a nivel de cohesión social la ZMM presenta niveles superiores a los del país, en lo referente a la pobreza la ciudad mantiene características que son muy preocupantes, especialmente las referidas a la tendencia laboral, la que a su vez parece mantener lazos estrechos con la inseguridad. La ZMM está integrada por 13 municipios (INEGI, 2012a).

En 2010 se asentaba el 88.2% de la población del estado de Nuevo

La resistencia mostrada por los niveles de pobreza en la ZMM y la desigualdad aún imperante son un marco propenso para el surgimiento de hechos delictivos 36

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León en la ZMM, la cual, de acuerdo con CONEVAL, presenta un alto nivel de cohesión socialI, así como polos de baja marginaciónII en todos y cada uno de sus municipios.

Entre 1990 y 2010 la pobreza se redujo en 10 de los 13 municipios de la ZMM, los que la vieron incrementada fueron Monterrey, San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza. Ello significó también que en este lapso la ZMM experimentara poca mejoría en la proporción de personas en pobreza con respecto al total; sólo se dio una pequeña baja en el grupo en pobreza alimentaria.

En este sentido, el caso del estado de Nuevo León es preocupante, dado el rápido crecimiento del grupo de hogares a los cuales no alcanza con el ingreso laboral para satisfacer sus necesidades alimenticiasIII, la entidad es la segunda con mayor crecimiento en el índice de tendencia laboral de la pobreza, que en el periodo del primer semestre de 2005, al segundo de 2014, ha crecido un 99.1%, comparado con el nacional que lo ha hecho en 19.7%. Dada la alta concentración poblacional de Nuevo León en la ZMM, estos datos son muy reveladores y preocupantes.

POBREZA Y DESIGUALDAD EN LA ZMM Los indicadores de pobreza en todos los municipios de la metrópoli, medida de acuerdo al ingreso, son menores que los correspondientes a los del país y lo mismo puede decirse para los coeficientes de desigualdad en la distribución del ingreso. Lo anterior, a pesar de que en este último rubro sobresalen San Pedro Garza García y Monterrey como los de mayor desigualdad Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey (ZMM)1: Indicadores económicos y sociales

Lugar

Población2

Pobreza3 Alimentaria Capacidades (% en 2010)

2010 Apodaca 523,370 Cadereyta Jiménez 86,445 Carmen 16,092 García 143,668 San Pedro Garza G. 122,659 General Escobedo 357,937 Guadalupe 678,006 Juárez 256,970 Monterrey 1,135,550 Salinas Victoria 32,660 San N. de los Garza 443,273 Santa Catarina 268,955 Santiago 40,496 ZMM 4,106,081 Nuevo León 4,653,458 México 112,336,538

Crec. Ac

1990-2010(%)

351.5 61.3 228 991.4 8.5 264.7 26.6 817.3 6.2 243.1 1.5 64.1 34.2 53.7 50.2 38.3

Cambio

1990-2010(%)

6.7, -5.9 8.1, -5.7 2.4, -10.9 10.9, -8.0 5.5, 2.1 7.9, -3.0 7.2, -0.3 8.6, -6.2 7.6, 0.0 5.9, -8.8 3.7, 0.8 8.2, -2.1 5.3, -6.3 7.1, -0.3 7.8, -1.8 18.8, -4.9

(% en 2010)

Cambio

1990-2010(%)

11.9, -8.6 14.1, -7.2 4.7, -14.7 18.3, -8.1 9.7,3.7 14.0, -4.0 12.7, -0.1 15.5, -7.3 13.2, 0.5 10.0, -11.5 6.9, 1.2 14.1, -2.8 9.5, -9.2 12.5,0.1 13.3, -1.8 26.7, -4.6

Desigualdad4 Patrimonio (% en 2010)

De ingresos

(Coef. de Gini, 2010)

Cambio

1990-2010(%)

34.1, -13.7 38.7, -7.5 18.9, -22.8 46.7, -4.3 26.6, 9.1 39.2, -4.4 35.5, 1.6 43.1, -6.1 35.2, 2.7 28.8, -16.0 23.2, 2.7 38.3, -3.3 29.3, -14.8 34.9, 2.5 35.8, 0.2 51.3, -1.9

0.395 0.396 0.358 0.418 0.470 0.403 0.426 0.365 0.455 0.340 0.410 0.392 0.424 nd.

0.498 0.509

Fuente: Elaboración propia con datos de: 1INEGI (2012); 2Censos de Población y Vivienda 1990 y 20103,4, CONEVAL. nd. No disponible

Desarrollo urbano La resistencia mostrada por los niveles de pobreza en la ZMM y la desigualdad aún imperante son un marco propenso para el surgimiento de hechos delictivos. En este sentido, no es de extrañar que el indicador de bienestar regional de la OCDE evalúe con 0.0 el rubro de seguridad para el estado de Nuevo León, esto en una escala de 0 a 10, donde 10 es la situación de mayor seguridad. Igualmente, la tasa de prevalencia delictiva (INEGI, 2011, 2012b, 2013 y 2014) del estado de Nuevo León, ha sido más elevada que la tasa promedio nacional en tres de los cuatro años en que ha sido calculada.

Además de este rostro con rezagos sociales, la ZMM muestra deficiencias en su funcionalidad metropolitana que comprometen la posición competitiva de la ciudad –como la entienden el IMCO y le CIDE– y afectan el bienestar de sus habitantes. Entre estas deficiencias están las siguientes: un proceso de urbanización anárquico que le cae bien a la voracidad de los constructores y es propenso a la corrupción; un sistema de transporte público y vialidad que dejan mucho que desear; una ciudad con lo que quizás sea el aire más contaminado del país; aun lluvias moderadas y de corta duración pueden desquiciar la urbe, ante una infraestructura de drenaje pluvial con un rezago de ya casi 20 años. A más de cuatro años de la presencia del huracán “Alex”, las principales avenidas de la ciudad –Constitución y Morones Prieto– siguen acusando las huellas del huracán en trabajos costosos y cuya calidad no ha sido tan satisfactoria. “Ciudad enferma” es como intitula la revista local Residente, de septiembre 2014, a Monterrey. Columnas de opinión recientes en la prensa local también dan cuenta de estas preo-

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cupaciones con esta cara menos brillante de MonterreyIV, que no se corresponde con esa imagen de ciudad avanzada que usualmente transmite Monterrey a México y al resto del mundo.

Conclusiones En las conclusiones de un trabajo escrito hace 10 años se sostenía que las exigencias sobre competitividad económica estaban ejerciendo muchas presiones sobre cómo se abordaba el espacio en las estrategias nacionales de desarrollo en general y en torno a la cuestión metropolitana en particular se urgía la implementación de estrategias metropolitanas más inteligentes (Aguilar Barajas, 2004). También se concluía textualmente que a la par de su peso y relevancia económica nacional y su cara moderna, Monterrey y su área metropolitana también arrastraba una carga muy pesada de problemas que de no atenderse podían comprometer la posición competitiva de la metrópoli en el contexto regional, nacional e internacional (p. 257). Esta desatención, se expresaba, podía derivar costos financieros, sociales, políticos y ambientales, en una escala que podía resultar inmanejable. Diez años después se confirma la urgente necesidad de diseñar mejores políticas de gestión metropolitana.

Si el estilo de urbanización refleja el grado de competitividad y, más comprensivamente, de desarrollo de una metrópoli, es claro entonces que en el caso de la ZMM hay mucho por hacer.

Esta colaboración sugiere que es demasiado riesgoso que las tareas correspondientes sigan esperando hasta mañana.

NOTAS: I. Los índices de cohesión social integran 4 elementos: Coeficiente de Gini, razón de ingreso, grado de polarización social e índice de percepción de redes sociales, el detalle metodológico de su construcción puede consultarse en CONEVAL, medición de la pobreza.

II. Un polo de baja marginación es aquel lugar donde más del 70% de la población exhibe un grado de marginación bajo o muy bajo. (Ver CONEVAL, medición de la pobreza).

III. Ver CONEVAL, índice de la tendencia laboral de pobreza. (Ver CONEVAL, Índice de tendencia laboral de la pobreza).

IV. Veánse, por ejemplo, El Norte, 18 y 19 de octubre, 2014, páginas 7 y 6, respectivamente. En sus contribuciones Celina Canales intitula su opinión “De Monterrey a Montepeor”, Sandrine Molinar como “Regios, ¿qué queremos?”

La OCDE evalúa con 0.0 el rubro de seguridad para el estado de Nuevo León en una escala de 0 a 10, donde 10 es la situación de mayor seguridad. La tasa de prevalencia delictiva del estado de Nuevo León ha sido más elevada que la tasa promedio nacional en tres de los cuatro años en que ha sido calculada (INEGI, 2011, 2012b, 2013 y 2014)

Imagen: Ulises Rosas

MÉXICO SOCIAL Diciembre 2014

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Desarrollo urbano

Guadalajara: DISTRIBUCIÓN

INEQUITATIVA El propósito de este artículo es mostrar cómo las políticas de fomento a la competitividad se pudieran relacionar con que el crecimiento y la expansión urbana de Guadalajara fuesen anárquicos, inequitativos y muy conflictivos por SERGIO GONZÁLEZ

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D

esde las dos últimas décadas del siglo XX hasta en la actualidad, los gobiernos municipales que conforman el área metropolitana de GuadalajaraI (AMG) y el propio del estado de Jalisco buscaron crear las condiciones jurídicas así como de infraestructura necesaria para poder competir por atraer inversión extranjera. Si bien tuvo una importante captación de inversión extranjera y nacional que derivo en más empleos para los habitantes y un mayor crecimiento económico, en materia de desarrollo urbano no se tuvieron los mejores resultados, debido a que la ciudad sufre un crecimiento urbano desordenado y con bajos niveles de bienestar social.

Foto: Israel Estrada Ortiz, con edición de Karla Guadalupe Álvarez Aguirre

El AMG y la promoción de la competitividad El origen del concepto de competitividad se sitúa al nivel de empresa o firma, en la cual se define como la capacidad de producir los bienes y servicios de mejor calidad y precio, en el momento adecuado y que se satisfagan de una manera eficaz y eficientemente las necesidades de los consumidores, que lo que pudieran ofrecer las firmas rivales (Taylor, 1999).

Trasladando este concepto al ámbito urbano, se definiría como el grado en que las ciudades puedan producir bienes y servicios que satisfagan toda la región de influencia, los mercados nacionales e internacionales, y al mismo tiempo aumentar los ingresos re-

ales, mejorando con ello la calidad de vida de los ciudadanos y el fomento del desarrollo en forma sostenible.

Lo anterior indica que el papel de los gobiernos locales de las ciudades (como el representante social de esta instancia) es fundamental para la movilidad o atracción de inversión; servicios avanzados; mano de obra calificada; obtención de fondos públicos; desarrollo de sectores de alta tecnología; turismo; eventos internacionales u otras actividades productivas; organización de eventos internacionales; etcétera (Cabrero, 2009).

En el caso de la AMG, desde principios de la década de los noventa a la fecha las autoridades municipal y estatal buscaron integrar a esta metrópolis al contexto internacional

MÉXICO SOCIAL Diciembre 2014

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Desarrollo urbano para que sea atractiva para atraer inversión extranjera, principalmente del ramo de la electrónica que es la que mayor ventaja comparativa tenía con respecto a otras urbes.

Para ello se conformó, por parte del gobierno estatal y la iniciativa privada, el Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE) en el año de 1997. Este fungió como un órgano promotor de las inversiones.

Posteriormente se promulgó la Ley para el Fomento Económico. También de gran relevancia fueron los

cambios que realizaron modificaciones a la política fiscal como un instrumento principal para atraer inversión, mediante la reducción o exención de impuestos tanto en el ámbito estatal como municipal.

En lo urbano, si bien los principales factores de competitividad que buscaban las empresas eran mano de obra y la cercanía al clúster de la electrónica, también era de gran importancia la dotación de suelo urbano para uso industrial. Un instrumento de gran relevancia es la modificación de

la Ley de Desarrollo Urbano del estado de Jalisco de 1998. Con la promulgación de las reformas a esta ley se pretendía aprovechar al máximo la infraestructura urbana, así como la concentración de la mano de obra existente en el conglomerado urbano. (García, 2002:272).

De esta forma los principales rubros en que se gastaron el presupuesto municipal y estatal durante todo este tiempo se destinaron a la dotación de incentivos a las grandes empresas; la promoción económica;

EVOLUCIÓN 1960-2010 La metrópoli ha crecido de una forma horizontal y con una densidad de población con diversos altibajos de un año a otro. El dato que corresponde al año 2010 nos muestra una de las más bajas densidades de población, de 67.48 habitantes por hectárea, de todo el periodo 1960-2010. Tanto la política de construcción de 14 parques industriales, como la de creación de vivienda para la población trabajadora y la construcción de un número muy amplio de centros comerciales contribuyeron a este panorama

Año

Población

Superficie Hectáreas

Densidad Hab/hect.

1960

740,394

9,469

78.19

1970

1,119,391

11,005

108.98

1980

1,626,152

22,000

73.91

1990

2,797,586

23,900

117.05

2000

3, 665,739

9,000

93.99

2010

4,240,426

62,832

67.48

Densidad de población área metropolitana de Guadalajara, 1960-2010 Fuente: elaboración propia con base en García (2002), Consejo metropolitano de Guadalajara (2000), plan Intermunicipal de desarrollo urbano de Guadalajara (2008), y censos de población de los respectivos años.

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apoyos a la grande y mediana empresa; la dotación de financiamiento; y la compra de reservas territoriales para la construcción de 14 parques industriales.

Como resultado de la política de promoción de la competitividad arribaron grandes capitales para los sectores comercio, servicios e industria, destacando en particular, aquellos pertenecientes a las ramas de la industria electrónica y de telecomunicaciones. Para el año de 1997 el complejo industrial de la electrónica del área

metropolitana contaba con más de 70 empresas y ofrecía 28,000 empleos directos y más de 100,000 indirectos (Naciones Unidas, CEPAL, 2000:119).

Sin embargo, a principios del siglo XXI, como consecuencia del proceso de desaceleración de la economía estadounidense y una pérdida de competitividad derivada de la poca construcción de infraestructura productiva y de comunicaciones; falta de servicios aduaneros; aumento de inseguridad; poco respeto al Estado de Derecho; aumento de los costos

SOBRE EL AUTOR Profesor-Investigador y Director del Centro de Estudios del Desarrollo Regional del Departamento de Estudios regionales-INESER de la Universidad de Guadalajara.

Doctor del Ciencias Sociales por la misma Universidad y miembro del SNI

La voracidad del capital inmobiliario privado y de los especuladores del suelo urbano contribuyeron significativamente a que la ciudad se expandiera hacia su periferia de una forma caótica y desordenada

Foto: Israel Estrada Ortiz, con edición de Karla Guadalupe Álvarez Aguirre

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Desarrollo urbano

Tasa de crecimiento media anual de los municipios y zona conurbada de Guadalajara 1960-2010

16 14 12

1960-1970

10

1970-1980

8

1980-1990

6

1990-2000

4

2000-2010

2 0

Guadalajara

El Salto Tlajomulco Tlaquepaque

44

Tonalá

Zapopan

ZCG

Fuente: Elaboración Propia con base en los censos de población de sus respectivos años.

Foto: Israel Estrada Ortiz, con edición de Karla Guadalupe Álvarez Aguirre

-2

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POBLACIÓN EN CRECIMIENTO

Los municipios periféricos a Guadalajara, en particular El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, han crecido de una manera espectacular en los últimos veinte años

NOTA: I. Según el decreto del día 28 de agosto de año 2008, promulgado por el congreso del Estado de Jalisco. El área Metropolitana de Guadalajara está conformada por los municipios de Guadalajara, El Salto, Tonalá, Tlaquepaque, Tlajumulco de Zúñiga, Zapopan, Juanacatlán e

Ixtlahuacán de los Membrillos, siendo los seis primeros los

que cuenta con un mayor continuo urbano que los últimos dos

EL PRI ELEGIRÁ A LOS MEJORES CANDIDATOS PARA TRIUNFAR EN 2015 Una vez que el PRI definió las reglas con las que seleccionará a sus candidatos a cargos de elección popular para el proceso electoral de 2015 y que estableció los calendarios para el lanzamiento de sus convocatorias, se encuentra en condiciones de elegir a los mejores abanderados y de construir un triunfo contundente e inobjetable el año próximo.

Entre los retos que sorteará el tricolor está el de cumplir con la paridad de género, que el presidente Enrique Peña Nieto impulsó y que los legisladores aprobaron durante este año reformador.

Y el PRI lo hará, como ya dejó bien claro el líder priista César Camacho, no sólo para ser congruente con sus postulados y estatutos, sino con un claro sentido de vocación, porque uno de los activos más valiosos del Revolucionario Institucional son sus mujeres: respetadas, capaces y preparadas para triunfar.

Aunado a la paridad de género, que

será una obligación partidaria en las elecciones de 2015, el siguiente reto y no menor será el blindaje de los candidatos ante la delincuencia organizada y el narcotráfico, en los actuales tiempos difíciles.

El caso Iguala ha sido un parteaguas para los mexicanos y el mundo. Durante la XXXI Sesión Extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, que se realizó apenas el martes pasado, César Camacho presentó el “Acuerdo para la Transparencia y la Legalidad en los Procesos para la Selección de Candidatos”, que fue aprobado por aclamación.

Con este acuerdo, el tricolor se reafirma como el partido de la legalidad y contribuye a impulsar un proceso electoral transparente. Establece que aquellos militantes que aspiren a participar en procesos internos de selección y postulación a cargos de elección popular, deberán suscribir una carta-compromiso con la que autorizan al partido a investigarlos.

Esta investigación se efectuará sobre su situación patrimonial o fiscal, entorno social, actuación como servidor público y respecto a responsabilidades penales o

administrativas. Adicionalmente, los aspirantes priistas se someterán a evaluaciones y pruebas para corroborar que no han realizado actos antijurídicos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita y que no tienen vínculos con la delincuencia organizada, ni son adictos al consumo de estupefacientes.

Pero para garantizar la probidad de los aspirantes tricolores, este partido pedirá una intensa participación de la sociedad, para que los ciudadanos verifiquen el comportamiento ético de quienes primero serán sus candidatos y luego sus autoridades. a b r i l 2014 MÉXICO SOCIAL

El blindaje y los controles ya están establecidos, aunque será fundamental la participación de todos los mexicanos, porque es claro que los partidos políticos no pueden hacerse responsables de los actos personales. Así pues, el PRI se prepara53 para ganar y lo hace trabajando intensamente, con organización, rechazando la violencia, haciendo política, sujetándose a la ley, escogiendo a los mejores candidatos y preparando una plataforma electoral en la que ofrecerá prosperidad para todos.

MÉXICO SOCIAL SOCIAL Diciembre Noviembre2014 2014 MÉXICO

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Desarrollo urbano de los energéticos; ausencia de empresas nacionales y locales que doten de insumos a las plantas productivas; y un encarecimiento de la mano de obra se propició una disminución de hasta un 80% de la inversión en el ramo de la electrónica y telecomunicaciones, en el periodo comprendido de 2002-2004, y el cierre o disminución de la actividad productiva de 27 de las principales firmas de alta tecnología, entre ellas IBM y Hewllett Packard (González, 2012).

Hoy en día el principal proyecto que busca reactivar el clúster de la industria de alta tecnología es la “Ciudad creativa Digital” la cual se localizaría en el polígono perteneciente al parque Morelos en pleno centro de la ciudad de Guadalajara. Es un proyecto apoyado por los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada que, si bien ha recibido ya a empresas del ramo del entretenimiento y generación de video y películas, aún sigue siendo un mero proyecto inmobiliario que a la fecha no ha “despegado”.

Sobre el crecimiento urbano No obstante la promulgación de una nueva ley de desarrollo urbano, ésta no estuvo dirigida a tratar de regular el crecimiento físico de la ciudad ni tampoco a combatir la especulación del suelo de reciente incorporación.

Era más bien una política de “dejar hacer y dejar pasar” que se ajustaba a las necesidades del capital inmobiliario privado; la voracidad de éste y de los especuladores del suelo urbano contribuyeron significativamente a que la ciudad se expandiera hacia su periferia de una forma caótica y desordenada.

Si bien la estructura urbana del AMG dejó de conformarse como el tradicional núcleo principal que mostraba a principios de los años setenta, hoy en día ha tomado la forma de aglomeración cuya configuración y estructura alcanzan una complejidad creciente, en donde la mancha urbana ha envuelto a un considerable número de localidades rurales pertenecientes principalmente a los municipios de Tonalá, El Salto y

Tlajomulco de Zúñiga.

La expansión urbana refleja la inequidad social de ciudad; los especialistas coinciden en señalar que alrededor del 60% de las hectáreas que se han incorporado a la mancha urbana son irregulares, y la calidad de vida de sus habitantes disminuye considerablemente. Una parte considerable del nuevo territorio en que se expande la AMG pertenece al extracto bajo, principalmente la parte oriente de la zona conurbada, en particular los municipios de El Salto, Tlaquepaque y Tonalá, así como el norponiente del municipio de Zapopan.

Conclusiones Los gobiernos de los municipios que conforman la AMG, en aras de la competitividad, descuidaron el buen desarrollo del proceso de urbanización, ya que la metrópolis presenta mayores desequilibrios sociales y un crecimiento caótico en su estructura urbana. Esto también es consecuencia de una distribución inequitativa, a nivel urbano, de los logros del fomento de una política de competitividad urbana.

Foto: Andrea Navarro Hernández

La expansión urbana refleja la inequidad social; alrededor del 60% de las hectáreas que se han incorporado a la mancha urbana son irregulares, y la calidad de vida de sus habitantes disminuye considerablemente

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Editorial

MARIO luis fuentes

S

i hay un bien que debería estar en los cimientos de la cohesión social en una democracia, éste es el del acceso a la justicia. Infortunadamente, la percepción ciudadana, producto de años de autoritarismo, impunidad y uso abusivo de la justicia para fines políticos, apunta a un profundo rechazo de las autoridades y a un severo cuestionamiento en torno a su legitimidad.

Vivimos en un país en el que acceder a investigaciones imparciales y objetivas, así como a procesos judiciales justos y expeditos, como marca la Constitución, sigue siendo una cuestión mayoritariamente de recursos; pues para las personas que viven en pobreza o en la precariedad económica, verse involucrados en un proceso judicial puede representar vivir años meses o años de infortunio y de vejaciones inaceptables, para una sociedad que busca convertirse en un verdadero Estado de derecho.

La credibilidad y la confianza, dos de los elementos más relevantes para la pervivencia de una democracia, están severamente erosionadas en nuestro país; así lo muestran todos los estudios que hay en la materia, tanto en México como a nivel internacional.

El Latinobarómetro 2013 nos dice que una de las principales razones para que las personas consideren que la democracia no es necesariamente la mejor forma de gobierno, es precisamente la existencia de severas condiciones de inseguridad y violencia, lo cual ocurre, según la percepción ciudadana, bajo la complicidad, el silencio o la incapacidad de las autoridades.

El reciente estudio del Instituto Nacional Electoral (INE), publicó el mes pasado un informe sobre la calidad de la democracia en nuestro país. Los resultados son más que preocupantes, pues confirman el grado de indefensión que se ha documentado, en el mencionado Latinobarómetro, pero también a través de Encuestas Nacionales como la ENVIPE. El diagnóstico del INE nos dice, en primer lugar, que el 12% de la población declara haber sido víctima de algún acto de la delincuencia; es decir, considerando que tenemos alrededor de 118 millones de habitantes, y que el estudio del INE refiere a personas mayores de 18 años, entonces habría que decir que más de 10 millones de personas han sido víctimas de algún

delito.

Hay además dos de cada tres ciudadanos que piensan que en México las leyes se cumplen poco o nada; además de un 29% que considera que sólo se cumplen “algo”; es decir, hay una verdadera ruptura de la cultura de la legalidad tanto de parte de la ciudadanía como de las autoridades que son responsables de cumplir y de hacer cumplir la Ley. Esto nos ha llevado a una situación peligrosa en la que la ciudadanía considera que es más importante que la autoridades capturen a los delincuentes, que abocarse al respeto de los derechos humanos; pues en una situación así, el linchamiento y la fabricación de “presuntos culpables” se convierte en la regla de la actuación de las autoridades de procuración e impartición de justicia.

Enfrentamos una realidad que es espejo del peor de los mundos, pues hay cientos, quizá miles de casos de personas que deberían estar enfrentando a la justicia; pero también hemos conocido por los medios de comunicación, vergonzosos casos en los que se ha perseguido y encarcelado a inocentes.

Frente a ello, debe comprenderse que en una democracia es tan grave promover la impunidad a través de la no acción penal en contra de quienes delinquen, como poner en la cárcel a personas que son inocentes o cuya responsabilidad penal no quedó fehaciente y plenamente acreditada.

Nos dice el INE que más del 50% de la población que acudieron ante un Ministerio Público o un Policía cercano, declaran que haberlo hecho no sirvió de nada; mientras que las policías (todas) y las y los jueces, no alcanzan siquiera el 30% de confianza ciudadana.

Lo que tenemos enfrente es un panorama desolador, en el que no se ha logrado construir una cultura en la cual el acceso a la justicia sea visto como uno de los bienes sociales más importantes que podemos tener.

El malestar que se percibe por todos lados es reflejo del hartazgo social ante tanta impunidad, abuso de poder, corrupción y falta de capacidad para reformar a todo el aparato de justicia en el país. Es precisamente a estos temas, que está dedicada la presente edición de México Social.

Director general del CEIDAS, A.C.; en la UNAM es integrante de la Junta de Gobierno; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas

MÉXICO SOCIAL Julio 2014

1

3 de diciembre, DĂ­a Internacional de las Personas con Discapacidad

El paradigma de la

eterna dependencia por GERARDO SAURI

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COLABORACIÓN ESPECIAL

L

a infancia en general es objeto de diversas representaciones sociales sobre su persona, mismas que se han construido a lo largo de la historia y que se traducen en universos valorativos y prácticas que dificultan el pleno reconocimiento de sus derechos humanos en los distintos entornos en los que interactúan: familia, comunidad, escuela, medios de comunicación, instituciones. Tal es así, por ejemplo, la que considera que las niñas y los niños son propiedad de su familia o de sus tutores y no simplemente integrantes de una comunidad familiar en la que todas las personas se deben respeto mutuo, independientemente del rol que juegan ahí.

Otra representación muy común en nuestras sociedades es la que vislumbra a niñas y niños como seres del futuro, cuyo rol central es aprender en el presente para poder tomar adecuadas decisiones para cuando sean personas adultas y, por lo tanto, responsables, pero sin considerar que su derecho es que sus opiniones sean escuchadas desde que se encuentran en esta etapa de vida y que cuando no participan en las decisiones que les afectan en la realidad presente se fomenta el desinterés y la falta de responsabilidad para todos los otros momentos de la vida.

También es común que a niñas y niños se les considere incapaces de decidir y resolver debido a su edad, a pesar de que la Convención sobre los Derechos del Niño establece el principio de autonomía progresiva, mismo que implica que en la medida en que las personas van desarrollando funcionalidades es necesario que aumenten su rol participativo.

Estas y otras representaciones sociales que prevalecen aún hacia la infancia se tornan más agudas cuando se trata de niñas y niños con discapacidad, lo que en parte tiene que ver

con el predominio de concepciones profundamente arraigadas sobre lo que es la discapacidad, como las que suponen que se trata de una desgracia personal o familiar, o que es motivo de vergüenza debido a que esa persona nunca será “completa” o “plena”, tomando como parámetro la plenitud que se supone tienen las personas adultas de una cierta edad productiva. Se trata en efecto de una forma específica de adultocentrismo -el sistema de representaciones en que cierto estereotipo de persona adulta se constituye en el referente para el desarrollo infantil en general-, pero que para quienes tienen una discapacidad, constituye una condición que les hará ser tratados como “eternamente niños”, “permanentemente incapaces”.

Así, mientras determinadas condiciones de discriminación relacionadas con la edad de niñas y niños pueden desaparecer cuando alcanzan su mayoría de edad, o a veces hasta que logran su independencia económica, en el caso niñas y niños con discapacidad su limitación en determinadas funcionalidades provocará un trato de permanentes incapaces que se podrá perpetuar hasta la vida adulta y que les dará un trato de eternamente dependientes de otros, como parte de lo que denominaremos: paradigma incapacitante.

Dicho paradigma incapacitante observa a las personas con discapacidad como reducidas a sus particulares limitaciones funcionales; su valor y definición se establece a partir de la forma en que puede superar tales limitaciones y no por su condición de sujetos plenos de derechos. La discapacidad es un concepto que engloba una gran diversidad de formas y condiciones humanas y detrás suyo va creando clasificaciones en la búsqueda de mejor entendimiento de las carac-

Es necesario construir un sistema de garantías para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad basado en políticas y programas que fomenten contextos en donde pueda desarrollarse la máxima autonomía de las personas

SOBRE EL AUTOR: Director Ejecutivo de Apoyo a Personas con Discapacidad del DIF-Distrito Federal

MÉXICO SOCIAL Diciembre 2014

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El paradigma incapacitante observa a las personas con discapacidad como reducidas a sus particulares limitaciones funcionales; su valor y definición se establece a partir de la forma en que puede superar tales limitaciones y no por su condición de sujetos plenos de derechos terísticas de cada grupo de personas que se integran dentro de una gran representación social en la que lo que predominan son las limitaciones como característica más reconocida; de ahí que una amplia capa de la sociedad le cueste trabajo referirse a este grupo no como personas, sino como discapacitados.

A lo anterior ha contribuido en parte una aproximación médica tradicional que les percibe como enfermos por razones congénitas o adquiridas. Se trata de un enfoque médico que, por un lado, ha sido valioso porque ha promovido las políticas y programas de rehabilitación que buscan que tanto niñas y niños como adultos con discapacidad alcancen al máximo posible las funcionalidades que tienen el resto de las personas, generando miradas especializadas que incorporan las tecnologías de la información y la movilidad. Pero, por otro lado, este enfoque establece una profunda línea divisoria entre quienes su discapacidad les permite superar las limitaciones y entre quienes no lo logran porque la oferta rehabilitatoria no les brinda mayores resultados, en el caso de que hubieran logrado acceder a ésta.

El enfoque incapacitante genera procesos de segregación, discriminación y desigualdad de relación que pueden reproducirse, incluso, entre las personas con discapacidad,

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debido a que se basa en la “ley del más funcional”, es decir, en donde quien logra superar de forma individual lo que se considera una adversidad tendrá más posibilidades de ser considerado como persona con todos sus derechos, pero no será así para quienes su propia condición no les permita acercarse al parámetro del adulto productivo, pese al mayor esfuerzo que realicen.

En ese sentido personas con cierto tipo de discapacidad motriz podrán tener mejores posibilidades de ejercicio de sus derechos que, por ejemplo, personas con discapacidad intelectual (como con tipos pronunciados de Síndrome de Down o Parálisis Cerebral).

Esta condición que parece “natural” es en realidad una construcción social que se constituye en lo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (CDPCD) denomina como barreras para el ejercicio de sus derechos, bajo la lógica de que son obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad para lograr ejercerlos.

La condición de discapacidad que puede enfrentar un niño o una niña es de entrada un factor que les coloca en una alta probabilidad de discriminación debido a que las sociedades se han construido históricamente (no sólo en términos arquitectónicos, sino también

COLABORACIÓN ESPECIAL económicos, políticos y culturales) de una forma en la que no es sencillo tener cabida para quienes no cuentan con el poder para expresar sus necesidades y hacer valer sus intereses, lo cual es común para muchos grupos de personas y no sólo para las que tienen una discapacidad.

En la medida que una persona con discapacidad requiere mayor apoyo de otras personas y de herramientas para la realización de determinadas funciones que otras personas no necesitan, tiene que hacer frente no sólo a esa necesidad de apoyos de quienes pueden proporcionarlo, sino que, por el hecho de tener que recibir dicho apoyo, se opera frecuentemente una re-

lación incapacitante, aun cuando sean familiares quienes brindan la asistencia. La dinámica descrita afectará uno de los elementos que son centrales para el ejercicio de los derechos humanos: la autonomía.

Las barreras socioculturales para reconocer la capacidad de autonomía de niñas y niños atraviesan a la sociedad entera y se expresan con mayor agudeza, como ya se ha señalado, hacia quienes se encuentran en una condición de discapacidad, pero dependerá de características comunitarias y familiares (poder adquisitivo, nivel educativo, entre otras) que afectarán de manera diferenciada la capacidad de desarrollo de esta autonomía.

El Estado tiene la obligación de generar políticas y programas que promuevan entornos socioculturales inclusivos y accesibles para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad de acuerdo a sus características particulares

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COLABORACIÓN ESPECIAL Una familia que se encuentra, por ejemplo, con el hecho de que uno de sus miembros manifiesta parálisis cerebral seguramente no pensará de manera inmediata en el desarrollo de la autonomía, sino en resolver las apremiantes necesidades de supervivencia del mismo. Además puede ocurrir que, por el hecho de que haya nacido un hijo o hija con discapacidad, el padre abandone el hogar culpando a la pareja por el hecho y dejando a su suerte no sólo la supervivencia de los hijos, sino la posibilidad de atención adecuada de quien se encuentra con una condición de discapacidad.

Es por ello que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) hace referencia a las obligaciones del Estado para construir un sistema de garantías para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, con especial énfasis en aquellas que enfrentan otras condiciones que lo hacen más difícil, basadas en políticas y programas que fomenten contextos en donde pueda desarrollarse la máxima autonomía de las personas.

Uno de los debates más actuales en la materia, respecto al desarrollo de la autonomía, es la capacidad de las personas con discapacidad para decidir y ser responsables sobre su propia vida y sobre lo que les afecta, un derecho que ya desde la Convención sobre los Derechos del Niño se reconocía a niñas y niños y que también es recogido dentro de la CDPCD para todo este grupo de población. En el mejor de los casos se considera que el derecho a tomar decisiones es proporcional al logro de una vida independiente, lo que significa que para quienes requieren de mayor apoyo de otras personas o de más herramientas estaría más restringido, además de que se considera que la decisión debe estar ligada al nivel de desarrollo intelec-

tual, lo que hace que para quienes presentan un grado alto de discapacidad en este sentido se considere que su imposibilidad de decidir será eterna.

Ejemplo de lo anterior lo podemos encontrar en personas con discapacidad intelectual severa: aun cuando se trate de personas de edad adulta avanzada, se considera que deben de ser tuteladas indefinidamente no sólo en aspectos como los patrimoniales, sino en el ejercicio de otros muchos derechos, como es el caso de los sexuales y reproductivos, mismos que además frecuentemente les son negados bajo la representación social de que son “eternamente niños”. Si bien es común que se aspire a que las personas con discapacidad adquieran una mayor autonomía para el logro de una vida independiente, no pasa así para cuando se trata de la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo: acá se reproduce también una desigualdad en tanto de si se trata de un niño o un adulto con discapacidad como de si se trata de una niña o una mujer en esta condición.

Uno de los propósitos fundamentales que señala la CDPCD para el ejercicio de los derechos es el desarrollo de la autonomía y la vida independiente sin discriminación y en condiciones de igualdad, pero no desde una visión donde las personas con discapacidad deban de alcanzar las mismas funcionalidades que otras personas, sino bajo el paradigma de adultos productivos.

Desde el enfoque de derechos humanos también niñas y niños deben tener la posibilidad de que se fortalezca su autonomía, su capacidad de decidir y de desarrollar otras numerosas funcionalidades. La asistencia personal y el diseño de herramientas deben de estar orientadas al desarrollo y no a la cancelación de la autonomía, para lo cual el Estado tiene la obligación de generar

políticas y programas que promuevan entornos sociocuturales inclusivos y accesibles para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad de acuerdo a sus características particulares.

Así se destaca por ejemplo en las primeras recomendaciones del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas al Estado Mexicano emitidas en septiembre de 2014, en donde se plantea que se deben “adoptar las medidas legislativas, financieras y otras que sean necesarias para asegurar la vida independiente de las personas con discapacidad en la comunidad.

Tales medidas deben incluir los servicios de asistencia personal, ser adecuados culturalmente y que les permitan a las personas con discapacidad elegir su forma de vida y el lugar de su residencia e identificar sus preferencias y necesidades, con enfoque de género y edad”.

Es posible orientar las políticas públicas desde las nuevas representaciones sociales que aporta el enfoque de derechos humanos para las personas con discapacidad. Este año, por ejemplo, desde la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF DF) hemos emprendido un proceso de reingeniería institucional en función de cinco ejes organizadores de las acciones: desarrollo de la autonomía; impulso a la implementación del diseño universal; evolución de los ajustes razonables; conocimientos e incidencia para la inclusión; y sistemas de información. A estos ejes les son transversales los de participación ciudadana e igualdad de género. En otro momento podremos compartir algunas experiencias en la ejecución de estos en las acciones concretas.

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Miradas sobre

contemp L SOBRE EL AUTOR: Licenciado en Trabajo Social por la ENTS-UNAM, Maestro en Trabajo Social y Políticas Sociales por la Universidad de Concepción, Chile, y Doctorando en Ciencias Sociales por la UAM-Xochimilco.

Académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es Director de Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

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as juventudes son procesos históricos, porque siempre son una parte de la memoria de la sociedad; son pilares distintivos de la misma, donde adquieren sus propias significaciones histórico-culturales que no son únicas, unitarias o unidimensionales y que les permiten insertarse institucional o alternativamente en los diferentes pilares de la sociedad, tanto a nivel micro, meso o macro social. Por lo anterior, la definición de las juventudes no es solo situacional, sino principalmente contextual y estructural, y es variable y cambiante, depende del espacio donde se desenvuelve: en relación con la familia; las redes de amistad; la escuela; los espacios de ocio e interacción; el barrio; la comunidad; la colonia; el pueblo; el municipio; la ciudad; el país; el continente; el mundo.

Al hablar de las juventudes es indispensable tomar en cuenta que al ser un fenómeno sociohistórico suponen

ser también construcciones sociales y culturales, por lo que lo juvenil deja de ser una etapa de la vida basada solamente en una delimitación cronológica o en una edad determinada, llegando a configurarse en una construcción social y cultural que adquiere significaciones, sentidos, historias, procesos, identidades y culturas propias. Por esa razón, al referirnos a las juventudes como construcción social y cultural es indispensable tomar en cuenta las condiciones, normas, prácticas e instituciones que ayudan a caracterizar, distinguir o identificar a los y las jóvenes de los no jóvenes.

Además a este conjunto de condiciones sociales, se les suman una serie de imágenes, atributos, valores y ritos asociados cuasi exclusivamente a ellos, aunque es muy importante mencionar que un elemento central en el marco de las juventudes y sus condiciones sociales es incluir las diferencias y desigualdades propias de nuestras realidades, ya que esto

COLABORACIÓN ESPECIAL

las juventudes

poráneas por ELÍ EVANGELISTA MARTÍNEZ

se reflejará también en los mundos juveniles.

SUS MIRADAS SOCIALES Los mundos plurales, diversos y desiguales de las juventudes no pueden ser expresados sólo como imágenes estáticas, mecánicas, evolutivas. No hay una condición juvenil única ni una realidad común para todas las juventudes, porque nunca son homogéneas ni uniformes, sino diversas y plurales, por eso se propone hablar de “las juventudes” en lugar de "juventud". Asimismo, se puede observar cómo las posiciones, prácticas o propuestas que las juventudes desarrollan en la sociedad y el papel que juegan en su devenir son uno de los temas más polémicos, controversiales y posicionados social y políticamente. Por eso las polémicas que se dan sobre la situación de las juventudes habitualmente están atravesadas por imágenes sociales paradójicas o dicotómicas: se les presenta desde perspectivas que expresan intereses de los adultos sobre sus asuntos, pero tam-

bién se les identifica como sujetos sociales plenos que le dan autonomía a sus propias vidas y a sus relaciones sociales. Podemos encontrar, entre otras, las siguientes miradas sociales sobre las juventudes contemporáneas: Las juventudes tuteladas Es una mirada que se centra en entender al joven como persona tutelada, necesitada de apoyo, atención y acompañamiento por alguien necesariamente adulto. Por eso se basa en una perspectiva adultocéntrica del ser joven, donde este requiere un tutor, nunca joven, siempre adulto, que le indique el camino a transitar para dejar de ser joven e integrarse a la vida adulta. Esta mirada siempre tiene una visión vertical y excluyente donde se les asigna a las y los jóvenes connotaciones como adultos incompletos, personas en formación que requieren a otra persona “no joven” que los guíe, acompañe y tome decisiones por ellos, o aún más, que les diseñe el camino a transitar.

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Las juventudes son procesos históricos, porque siempre son una parte de la memoria de la sociedad

Se considera el joven como persona en preparación, que no está listo para enfrentar al mundo, que está en espera de asumir los roles del adulto, quien es conceptualizado como el ideal de ser humano, por lo tanto, las juventudes tienen que prepararse para llegar a ser a imagen y semejanza de los adultos.

El adultocentrismo, por eso, es una visión del mundo donde se replantea que sólo los sujetos adultos son las personas que están "preparadas" para dirigir la sociedad y que son el modelo de desarrollo ideal, al tener experiencia y madurez. Podemos decir que en esta mirada social el adulto es concebido como centro y motor de la sociedad y le son atribuidas características como la completitud; la madurez; la experiencia; la capacidad de producir; la posibilidad de dar opiniones respetables; la centralidad; la capacidad de dirigir a la sociedad al contar con los fundamentos para la toma de decisiones.

En contrasentido, se define al joven como la negación del adulto, como una persona que requiere un tutor que le diseñe su plan de vida, asociando al joven con la inmadurez; inexperiencia; incapacidad de decidir; sin conocimiento autónomo; sin saberes suficientes; con atributos que se relacionan con lo desorganizado; lo desordenado; lo aislado; lo anómico; lo trunco; lo inacabado; lo imperfecto; etcétera; por lo que se cimenta en conceptos como tutela; tutoría; atención; contención; orientación; asistencia; control; dádiva; protección; y ayuda.

Juventudes como problemas Para esta mirada social al joven se le conceptualiza a través del cristal de la problematización de los mundos juveniles y de una mirada criminalizadora y coercitiva: ser joven es igual a ser problema o carencia, ser delincuente o presunto criminal, ser

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persona peligrosa o en riesgo social, subversiva y cuestionadora del orden social, por eso se basa en una definición y conceptualización del ser juvenil que se sustenta en una categoría de problema. En el marco del joven problema solo se resaltan o visualizan los atributos negativos de las juventudes, dejando de lado los positivos; se mira a las juventudes en relación con vida social compleja, peligrosa, amenazadora, caracterizada por la rebeldía, la desobediencia y por no tomar importancia a los aspectos de la vida social.

Desde esta postura se considera a las juventudes como “subculturas” desintegradas del sistema, marginales y anómicas, como “contraculturas” subterráneas, oscuras, peligrosas, subversivas y contestatarias al sistema; y finalmente, como población en “riesgo social”: delincuentes en potencia; desempleados y prescindibles socialmente; pobres e indigentes; sectores vinculados a las enfermedades, sexuales principalmente, y a las adicciones. Es decir, esta mirada es estigmatizadora, criminalizadora, moralista, maniquea, basada en visiones que identifican al joven como problema y no como sujeto social con problemas pero también capacidad de resolverlos; se inscribe a verlos más como victimarios que como víctimas; y a identificarlos como incapaces, inhabilitados o no empoderados, antes que verlos como potenciales candidatos a resolver socialmente sus problemas y aportar a la solución de los de toda la sociedad, teniendo como principios de acción lo coercitivo y lo orientado al control o la regulación social.

Juventudes consumidoras La mirada del joven como objeto de consumo tiene cuatro grandes orientaciones. La primera identifica a los jóvenes como potenciales consumidores de elementos materiales que

COLABORACIÓN ESPECIAL produce el mercado para su reproducción socioeconómica (ropa; moda; estéticas; música; tiempo libre; lugares de la nocturnidad; tecnologías de información y comunicación); la segunda los visualiza como consumidores simbólicos de estilos, imágenes, estéticas y discursos que les otorgan un sentido e identidad como juventudes, frente a la sociedad “no” joven; la tercera los vislumbra como consumidores en los procesos de producción, creación, distribución y comercialización de modas, estilos e imágenes culturales propios; mediante sus propias microempresas, cooperativas juveniles, bancos del tiempo o espacios de trueque, aunque también con la piratería o falsificación de prendas, marcas y otros instrumentos; y el cuarto enfoque los ve como consumidores de lo “negativo” del sistema: sustancias, drogas lícitas e ilícitas (desde la perspectiva criminalizadora y desde la perspectiva del uso

social de drogas y reducción del daño).

Por ello la condición juvenil del consumo se construye no solamente por el consumo material (ropa, moda, información, tecnologías), sino también por los procesos de producción, creación y consumo simbólico, por el consumo de los bienes, servicios o instrumentos producidos por ellos mismos y por consumir o usar socialmente “lo negativo del sistema”, como las sustancias o drogas lícitas o ilícitas.

Instrumentos Esta mirada configura al joven con potencialidades, riquezas, oportunidades y fortalezas, pero utilizándolas para cubrir intereses no necesariamente vinculados a las demandas de las mismas juventudes.

Este perspectiva expropia el poder, orienta las fuerzas juveniles, controla sus energías para lograr objetivos vinculados a

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las esferas de lo “no” juvenil, por lo que se prioriza un esquema utilitario, instrumental. Resalta los rasgos que la distinguen como el vigor físico, la acción incansable y la frescura juvenil, pero mediatizándolos, utilizándolos o instrumentalizándolos para otros fines o intereses que van más allá de las mismas juventudes, por lo que este enfoque se vincula a la persuasión, coerción y control social.

Las juventudes invisibles Esta mirada invisibiliza al joven en el presente, porque no lo ubica en el contexto actual como actor y protagonista, sino que lo traslada de manera ahistórica a un futuro imaginario, que no tiene sustento en le realidad, que se proyecta sin fundamento y que por lo mismo no necesariamente existirá. Las juventudes desde esta mirada se vislumbran como lo que no existe hoy, pero que quizá existirá en el mañana; son vistas entonces como el futuro de nuestras sociedades. Las juventudes son un futuro, no presente, son proyección, no contexto, es enfoque que sólo imagina o proyecta un futuro, el joven desaparece del contexto histórico-social y aparece en un supuesto futuro sin sustento estratégico.

En términos prácticos, se invisibiliza o se saca de la escena actual a las y los jóvenes con un discurso de algo que va a ser probablemente, pero

que no es en los momentos actuales o presentes. Por eso le otorga a las juventudes potencialidades para el futuro, pero no para actuar en el presente, la percibe en un futuro incierto, negándola en el presente real y difícil, vinculándose a esquemas ahistóricos, casuísticos y descontextualizados de aquí y del ahora social juvenil.

Una mirada alternativa: las juventudes como sujetos sociales Esta mirada identifica a las y los jóvenes como sujetos sociales plenos; es decir, los potencia como actores activos; proactivos; sinérgicos; movilizados; en constante cambio; con posibilidades para desarrollar propósitos y finalidades transformadoras; dentro del entorno que los identifica; buscando siempre tomar decisiones colectivas que les permitan establecer espacios para crear y recrear sus intereses y expectativas, a través de planteamientos estratégicos y de acciones afirmativas. Se les ve también como actores sociales que colectivamente definen y logran concretar objetivos y metas, que cuentan con la capacidad de comunicar y generan conciencia de ciudadanía, protagonismo juvenil como acción cultural y política.

Además, esta mirada social es histórica y contextual ya que involucra a las juventudes en su presente

de manera activa, considerándolas estratégicas para el desarrollo de la sociedad, priorizando aspectos positivos, críticos o propositivos, como la inclinación a participar en cuestiones solidarias, orientadas al compromiso social dentro de sus entornos y más allá de ellos. Además, resalta la visión sinérgica de las juventudes para vislumbrarlas como colectivos dotados de derechos, deberes y capacidad de decisión, acción y proyección social, por lo que la visión de sujetos sociales implica procesos de participación y organización, que en sí son referentes y espacios de ejercicio y aprendizaje de la ciudadanía juvenil.

Esta última perspectiva, conceptualiza a las juventudes como colectivos juveniles que tienen reconocidos derechos, deberes y responsabilidades y que son actores sociales plenos que desarrollan propósitos y finalidades transformadoras, dentro del entorno que los identifica, buscando siempre tomar decisiones colectivas que les permitan establecer espacios para crear y recrear sus intereses y expectativas, con el respaldo de la sociedad. En consecuencia, desde esta perspectiva, se tiene como finalidad el formar ciudadanos juveniles con claridad de sus derechos y que fundamentalmente tengan en sus manos los mecanismos para ejercerlos y hacerlos realidad, transformando para mejorar sus entornos juveniles, pero también a la sociedad en su conjunto.

La finalidad es formar ciudadanos juveniles con claridad de sus derechos y que fundamentalmente tengan en sus manos los mecanismos para ejercerlos y hacerlos realidad para mejorar sus entornos y a la sociedad en su conjunto 58

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ECONOMÍA SOCIAL: MOTOR Y PILAR ECONOMÍA SOCIAL: MOTORDEL Y PILAR EN EL DESARROLLO PAÍSEN EL DESARROLLO DEL PAÍS

En el INAES, apoyamos el gran movimiento productivo del Gobierno de la República, incentivando a la economía social en el país.

Nos interesa la consolidación de los recursos otorgados, para dar inicio

En el INAES apoyamos el gran movimiento productivo del Gobierno a historias de vida para las familias y comunidades, y continuar así de la República, incentivando a la economía social en el país. con la transformación de México.

Nos interesa la consolidación de los recursos otorgados, para dar inicio a historias de vida para las familias y comunidades, y continuar así con la transformación de México

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