Número 56- Marzo 2015 by mexico social

MIRADA RETROSPECTIVA p. 04

Año 4 - No. 56, marzo de 2015, Precio: $35.00 m.n.

Los primeros ocho años del proyecto México Social

Ricardo Uvalle Omar Guerrero Antonio González

MUNICIPIOS El eslabón más débil

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CONTENIDO 06

SUICIDIOS: OTRA DIMENSIÓN DE LA VIOLENCIA

DESIGUALDAD: LA GRAN URGENCIA

DISCRIMINACIÓN Y POBREZA

MORTALIDAD MATERNA: SIGNO DE LA DESIGUALDAD

es una

Salud Pública 56

publicación del

LOS RIESGOS DEL EMBARAZO Manuel Campa

Director General y Presidente del Consejo Editorial Mario Luis Fuentes CONSEJO EDITORIAL

REPENSAR LOS MUNICIPIOS DESDE LA MARGINACIÓN CEIDAS / México Social

Jesús Kumate Rodríguez

Rolando Cordera Campos Carlos Rojas Gutiérrez Fernando Cortés Cáceres Miguel Concha Malo Irasema Terrazas

TAREAS PENDIENTES Antonio González

Enrique Provencio Durazo Marcela Rovzar de González Gustavo Gordillo De Anda

EL DÉFICIT EN LA CAPACIDAD DE GESTIÓN Ricardo Uvalle

Nashieli Ramírez Mónica González Contró Director Editorial Saúl Arellano Almanza

UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SOCIALMENTE NECESARIA Omar Guerrero

Coordinadora Editorial Laura Ilarraza Gálvez Edición Electrónica Jesús Mendoza Franco México Social es una publicación inscrita en el Padrón Nacional de Medios

Foto: MÉXICO SOCIAL

Impresos de la Secretaría de Gobernación.

PRÓXIMO NÚMERO: La medicina en México

México Social, Año 4, No. 56, marzo de 2015, es una publicación mensual editada por el Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). Pennsylvania No.86, Col. Parque San Andrés, CP. 04040 Delegación Coyoacán, México, D.F. Tels. 5659-6120 y 5659-6209 www.ceidas.org.mx, informacion@ceidas.org.mx. Editor responsable: Saúl Arellano Almanza. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2014-052912521500-102 ISSN: 2007 - 2600, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Contenido No. 15077, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX IM09- 0840. Impresa por Multigráfica Publicitaria S.A. DE C.V. Avena No. 15 Col. Granjas Esmeralda Del. Iztapalapa C.P. 09810 México D.F. Tels. 54451590, 55822344. Distribuida por la Comercializadora GBN S.A. de C.V., Calzada de Tlalpan No.572, Desp. C-302,Col. Moderna, Del. Benito Juárez C.P. 03510, México D.F. Tel. 0155-56188551 Mail: comercializadoragbn@yahoo.com.mx comercializadoragbn@gmail.com este número se terminó de imprimir el 25 de febrero de 2015.

Los artículos e imágenes publicados en esta edición son de responsabilidad exclusiva en su contenido y forma de las y los autores que generosamente contribuyen en nuestra publicación. Sus opiniones teóricas no necesariamente reflejan la postura del editor. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS).

ensar el desarrollo social exige tener en consideración una perspectiva republicana; es decir, la reducción de la desigualdad y el combate a la pobreza requieren de un esfuerzo compartido entre la Federación, los Estados y los Municipios. La complejidad de la cuestión social, requiere de un proceso continuo de fortalecimiento del federalismo, el que no puede consolidarse si no se da simultáneamente el desarrollo institucional de los municipios y, en consecuencia, de los gobiernos estatales. Hasta ahora, sin embargo, los resultados en la materia son alarmantes. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), son escasos los municipios que cuentan con información transparente y confiable en torno a los programas, acciones y recursos que destinan para el desarrollo social. Aunado a lo anterior, las autoridades municipales son las más devaluadas en términos de credibilidad y confianza; de hecho en el Informe País, presentado recientemente por el Instituto Nacional Electoral (INE), la ciudadanía expresa su malestar y descontento ante el hecho de que, desde un punto de vista mayoritario, las autoridades y los políticos, en lo local predominantemente, sólo ven por su beneficio y no por el de la ciudadanía en general. Hay adicionalmente agendas como el manejo del agua, de los recursos naturales, de las reservas de suelo y su uso, la disposición de residuos sólidos, el cobro de impuestos locales y derechos, el registro civil, entre otras, que se encuentran sumamente desatendidas y en condiciones de subdesarrollo institucional en cientos de municipios, y ello constituye un verdadero lastre para las posibilidades de una adecuada planeación del desarrollo. La reforma municipal que nos hace falta tiene sin duda un carácter eminentemente político. Se trata de un replan-teamiento de estructuras, funciones, responsabilidades y

Editorial facultades, que pasa necesariamente por un nuevo pacto federal dirigido a la democratización y desarrollo institucional de los municipios, con el objetivo central de construir capacidades compartidas para el desarrollo. No hay federalismo posible sin “Municipio Libre”, tal y como fue plasmado en el ideario revolucionario de inicios del siglo XX. Consolidarlo plantea retos formidables que es urgente resolver y por ello México Social dedica esta edición al análisis de este tema. Todos estos temas han abierto una vez más la discusión entre vocaciones federalistas y tentaciones centralizadoras; el debate de fondo se encuentra en cómo recuperamos las nociones de complementariedad y subsidiariedad, y cómo logramos construir una verdadera República social en la que el cumplimiento de los derechos humanos sean la norma y regla de actuación cotidiana. En otro orden de ideas, no puede dejarse de mencionar en esta edición que este mes, el proyecto México Social cumple ocho años de vida. En este tiempo, hemos logrado consolidar una oferta sui géneris desde la sociedad civil, logrando tener una amplia presencia en medios. En ese sentido, agradecemos el espacio al Periódico Excélsior, en cuyas planas inició esta propuesta, y en donde continuamos colaborando cada martes; nuestra revista se ha consolidado como uno de los espacios más serios para la reflexión de la cuestión social; y desde hace dos años tenemos el privilegio de hacer, en alianza con el Canal Once del IPN, el programa que también lleva el mismo nombre. En este trayecto nuestro proyecto ha recibido el Premio Nacional Rostros de la Discriminación “Gilberto Rincón Gallardo”; así como el Premio INEGI, en los años 2013 y 2014. Finalmente, expreso mi beneplácito por la reincorporación del Ingeniero Carlos Rojas Gutiérrez a nuestro Consejo Editorial, en la convicción de que su profundo conocimiento y pasión por lo social enriquecerán invaluablemente a nuestra propuesta.

MARIO luis fuentes Integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; institución en la que también es Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas. Es Director general del CEIDAS, A.C.

MÉXICO SOCIAL Marzo 2015

Mirada retrospectiva MÉXICO SOCIAL

La columna México Social, publicada por el CEIDAS, A.C. cada martes en la sección nacional del periódico Excélsior, cumple ocho años como un espacio de análisis de los temas más relevantes de la agenda social del país. A lo largo de estos años el trabajo del Centro de Estudios ha recibido diversos reconocimientos, y entre los más recientes se encuentran los siguientes:

PREMIOS INEGI El 21 de agosto de 2013 se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios INEGI 2013, que son otorgados a las personas e instituciones que difunden de manera responsable y asidua la información generada por este Instituto. En la categoría de "Ensayo, calidad y amplitud" se premió al Mtro. Mario Luis Fuentes, Director General del CEIDAS, por el trabajo publicado en dos columnas: • “Suicidios: Otra dimensión de la violencia” (del día 11 de septiembre de 2012) • “Desigualdad: La gran urgencia” (del 4 de diciembre de 2012) En 2014 se premió por segundo año consecutivo en esta categoría al Maestro Fuentes, por el análisis de la estadísticas de mortalidad en la columna "Mortalidad materna: signo de inequidad", publicada el 11 de marzo de 2014.

ROSTROS DE LA DISCRIMINACIÓN El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación otorgó el 29 de agosto de 2013 el 9º Premio Nacional Rostros de la Discriminación "Gilberto Rincón Gallardo", en la categoría de Artículo de Opinión a la plana: • “Discriminación y pobreza”, publicada el 26 de marzo de 2013

A continuación presentamos los cuatro artículos galardonados MÉXICO SOCIAL Enero 2015

SUICIDIOS:

20% en una década 06

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Foto: Cortesía Excélsior

El número de suicidios ha crecido de manera preocupante en los últimos años: aproximadamente

Artículo ganador del PREMIO INEGI 2013

otra dimensión

de la violencia Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención de los Suicidios; en México el tema es de la mayor relevancia, pues los fallecimientos por lesiones autoinfligidas constituyen la tercera causa de muerte entre las y los jóvenes que tienen entre 15 y 19 años de edad

demás de ser un problema de salud pública, los suicidios constituyen uno de los fenómenos sociales de mayor complejidad, pues involucran factores antropológicos, sociológicos, psicológicos y económicos, que rodean e influyen en las circunstancias y contextos de las personas que deciden intentar quitarse la vida. Debe recordarse que, de acuerdo con especialistas, por cada suicidio que logra consumarse, hay al menos ocho intentos fallidos, lo cual habla de una

muy alta incidencia y prevalencia de las condiciones, tanto estructurales como individuales que determinan la conducta y decisiones de las personas con tendencias suicidas.

La violencia y el suicidio Nuestro país ha vivido una creciente espiral de violencia en la última década. Por su impacto, se ha hecho especial énfasis en la mortalidad por homicidios, la cual muestra una tendencia aceleradamente creciente, sobre todo a partir del año 2007.

SUICIDIOS DIARIOS en promedio ocurrieron de 2008 a 2010

MÉXICO SOCIAL Marzo 2015

PREMIO INEGI 2013 Por cada suicidio que logra consumarse, hay al menos ocho intentos fallidos

3.7%

de los suicidas de 2001 a 2010 tenían entre 10 y 14 años Aunado a lo anterior, es importante destacar que otros tipos de violencia crecen de manera simultánea, pues de la mano de los homicidios se ha acelerado también la tendencia de crecimiento de la mortalidad por suicidios, accidentes y secuelas de “causas externas” de hospitalización (generadas por todo tipo de lesiones). Sobre lo anterior es importante destacar que en la década de los noventa, en el siglo pasado, la co-

15000 12000

12,711

9000

17.6%

de las personas que se suicidaron en ese periodo eran mujeres

rrelación estadística existente entre las tendencias de la mortalidad por causas violentas es muy baja; y, de hecho, para algunos años se da una correlación negativa, que también es muy baja (con un índice de Pearson de -.163). Sin embargo, a partir del año 2001 la tendencia cambia y se presenta una muy fuerte correlación (con un índice de Pearson superior al .826), sobre todo a partir de 2003, la cual ofrece evidencia so-

46%

Números de espanto De acuerdo con los datos oficiales del INEGI, entre los años que van de 2001 a 2010, en México se han dado al menos 43,773 casos de suicidios, es decir, un promedio de 4,370 casos anuales, o bien, 12 suici-

de los suicidios de 2001 a 2010 fueron cometidos por menores de 30 años

9,145

6000

5,861

5,734

3000

Número de suicidios por grupos de edad 2001-2010 3,626 2,304

1,626

bre el hecho de que a medida en que crecen los homicidios y los accidentes, crece también el número de suicidios.

10-14 años

15-19 años

20-24 años

30-39 años

40-49 años

50-59 años

60-69 años

1,557 70-79 años

889 80 y más años

Tasa: Número de muertes por cada 100 mil habitantes. Fuente: Elaboración propia con base en el sistema de consulta interactiva de datos de www.inegi.gob.mx

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El suicidio constituye un acto de renuncia a la vida, pero también de rechazo y reclamo a los contextos y ambientes en que se vive

Foto: Cortesía Excélsior

dios diarios en todo el territorio nacional. Sin embargo, si se toma como referencia sólo a los últimos tres años para los que se cuenta con información, es decir, del 2008 al 2010, el promedio anual es de cuatro mil 961 suicidios, es decir, casi 14 casos al día, cifra significativamente mayor a la que se presenta en los años previos. Este apunte tiene pertinencia, pues, como ya se señaló, si a mayor número de accidentes y homicidios, crece también el número de suicidios, entonces lo esperable para 2011 y 2012 es que la cifra de personas que lograron quitarse la vida se haya incrementado de manera importante. Por otro lado, es necesario subrayar que del total de los suicidios que se consumaron en la década pasada, en 3.7%, es decir, en 1,626 casos, quienes se quitaron la vida tenían entre 10 y 14 años de edad; 13.1%, esto es, en 5,734 casos, los suicidas tenían entre 15 y 19 años de edad; mientras que en 29%, las

y los suicidas tenían entre 20 y 29 años, es decir, en 12,711 casos. Como puede verse, en México 46% de quienes se quitan la vida son menores de 30 años, lo que significa un severo cuestionamiento a nuestro orden social, pues en el fondo, el suicidio constituye un acto de renuncia a la vida, pero también de rechazo y reclamo a los contextos y ambientes en que se vive.

Tendencia creciente El número de suicidios ha crecido de manera preocupante en los últimos años: Si se analiza lo ocurrido en la década pasada, entre los años 2001 y 2004 se contabiliza un promedio de 3,976 suicidios; para el periodo de 2005 a 2007 el promedio crece a 4,329 casos anuales; mientras que entre 2008 y 2010 el promedio anual se incrementa a 4,961 casos anuales. En términos de porcentajes, lo anterior implica un crecimiento de aproxi-

MÉXICO SOCIAL Marzo 2015

PREMIO INEGI 2013

ENTIDADES CON MÁS CASOS Las diez entidades del país con mayores tasas de mortalidad por suicidio son: • Quintana Roo, con un promedio (para el periodo de 2001 a 2010) equivalente a 9.2 suicidios por cada 100 mil habitantes • Tabasco, con una tasa de 9.1 suicidios por cada 100 mil personas • Yucatán y Campeche, con una tasa de 8.7 suicidios por cada 100 mil habitantes • Baja California Sur, con una tasa de 7.7 • Chihuahua, con una tasa de 7.2 • Sonora, con una tasa de 7.1 • Coahuila, con 5.7 • San Luis Potosí, con 5.3 • Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León, con una tasa, cada uno de ellos, de 5.1 suicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente

madamente 20% en una década, lo cual muestra que el incremento no se debe al aumento en el número de habitantes del país.

Se suicidan más los hombres De acuerdo con los datos oficiales, de todos los casos de suicidio que se consumaron en la década de 2001 a 2010, alrededor del 17.6% fueron cometidos por mujeres; de forma que de los 43,773 casos que se contabilizan para el periodo señalado, 36,055 fueron

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cometidos por hombres, mientras que 7,711 fueron cometidos por mujeres. Otro dato a destacar es que los suicidios ocurren en la gran mayoría de los casos en el propio hogar del fallecido; así, de los 43,773 casos de la década pasada, 31,147 tuvieron lugar en la propia vivienda del suicida; en segundo orden de magnitud se encuentran los cometidos en la vía pública, los cuales representan, en promedio para los diez años de referencia, un 5.2%. De acuerdo con el boletín del INEGI relativo al Día Mundial para

la Prevención del Suicidio, el método más empleado para cometerlo es el del ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. Sostiene el instituto que: “en ambos casos, el medio más empleado fue el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación (78.3% en hombres y 69.7% en mujeres); el disparo con arma larga fue el segundo método más utilizado por los hombres (12.1%), el cual tiene mayor probabilidad de causar la muerte; mientras que en las mujeres fue el envenenamiento por gases, vapores, alcohol y plaguicidas (17%).

Los métodos más empleados son el ahorcamiento, el estrangulamiento o la sofocación Foto: Cortesía Excélsior

MÉXICO SOCIAL Marzo 2015

P re m i o IN E G I 2 0 1 3

Desigualdad: Según los datos oficiales, en todo el territorio nacional hay profundas inequidades. Por ejemplo, mientras que en la delegación Benito Juárez en el D.F. el promedio de escolaridad es de más de 13 grados, en Batopilas, Chihuahua, el promedio es de 3.7 grados; asimismo, si en San Nicolás de los Garza la cobertura de derechohabiencia en salud supera el 87%; en Apatzingán, Michoacán, no supera el 43%; y si en el Distrito Federal el 2% de las viviendas no tiene agua dentro de sus muros, en Macuspana, Tabasco, el porcentaje es de 40%. Estos datos muestran que nuestra gran falla geológica es efectivamente, la desigualdad

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Artículo ganador del PREMIO INEGI 2013

la gran

URGENCIA L

a administración 2006-2012 deja múltiples pendientes y tramos a medio recorrer. En materia de reducción de la marginación y el rezago social, los avances fueron muy lentos, y en lo que respecta a la pobreza y el desempleo, no sólo se desarrollaron acciones insuficientes, sino que ahora hay más pobreza y personas desocupadas o en la informalidad que al inicio de la administración de Felipe Calderón. A pesar de lo anterior, el mayor saldo social de la administración que concluyó se encuentra en el hecho de que las desigualdades se mantuvieron intocadas a lo largo del sexenio, y, en muchos casos, los abismos existentes entre los Estados y entre los municipios al interior de cada una de las entidades federativas se profundizaron aun más.

Estas desigualdades han llevado a que, en el conjunto, comparar en términos del desarrollo humano al Municipio de Aguascalientes (Aguascalientes) con el Municipio de Santa Catarina (Guanajuato) equivalga a comparar a Estados Unidos de América frente a Bolivia. Desde esta perspectiva, el mayor reto que tendrá la administración del Presidente Peña Nieto será precisamente la de construir un gobierno capaz de atemperar y sentar las bases para la reducción de la desigualdad, y con ello, cimentar un país basado en los principios de inclusión plena y no discriminación.

Las desigualdades en educación México sigue siendo un país en el cual nacer en un determinado

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P re m i o IN E G I 2 0 1 3

Foto: MÉXICO SOCIAL

territorio condiciona el grado de cumplimiento, acceso y garantía de los derechos fundamentales de la población; y uno de los ámbitos más marcados se encuentra en el ámbito de la educación. En efecto, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, 2010, el grado promedio de escolaridad de la población nacional es de 8.63 grados formales de educación. Sin embargo, los promedios permiten conocer el estado de desarrollo de un país, a la par que, si no se tiene cuidado en su interpretación, pueden contribuir a ocultar desigualdades. En ese sentido es de suma relevancia hacer notar que en el Distrito Federal el grado promedio de escolaridad de la población es de 10.54 grados, mientras que en Chiapas es de 6.67 grados; es decir, entre estas

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dos entidades la perspectiva de la población en términos educativos es de 4 grados. Sin embargo, si se comparan demarcaciones territoriales en ambas entidades, lo que se encuentra es que, en la Delegación Benito Juárez, el grado promedio de escolaridad en 2010 era de 13.52 grados, mientras que en Tuxtla Gutiérrez, el municipio con mayor escolaridad en Chiapas, el promedio alcanzado es de 10.03 grados. Si se comparan las dos demarcaciones con menor grado de escolaridad, las diferencias se hacen aún más notorias; así, en Milpa Alta la escolaridad promedio es de 9.07 grados, mientras que en Las Margaritas, el promedio de escolaridad alcanzado es de 4.3 grados. Estas desigualdades no sólo se presentan frente a entidades en

condiciones generalizadas de pobreza, pues aun en aquellas en las que se han alcanzado importantes niveles de desarrollo persisten enclaves de atraso inaceptables; es el caso, por ejemplo, del Municipio de Batopilas, en donde el hambre sigue siendo la constante, y en el cual el promedio de escolaridad en 2010 era de 3.77 grados.

Desigualdades en salud Otro de los ámbitos de polarización en el país se encuentra en la carencia de servicios de salud o seguridad social para toda la población. Por ejemplo, la entidad que según el Censo de 2010 en ese año tenía la más amplia cobertura en servicios de salud, pues alrededor del 80% de su población era derechohabiente a alguno de los sistemas públicos, era Nuevo León. En ese estado, en ese mismo año,

en San Nicolás de los Garza la cobertura era de 81%; o bien, en el Municipio de Victoria, en el estado de Tamaulipas, la cobertura llegaba a 87%. En contraste, en Tepeaca, en el estado de Puebla, la cobertura en derechohabiencia a servicios de salud no rebasaba en el 28% de la población; o bien, Apatzingán, en el estado de Michoacán, en donde la cobertura registrada en el Censo era de 43%. La existencia de extremos puede verse en localidades como El Tejocote (una localidad de 1,000 habitantes), en el municipio de Malinaltepec, Guerrero, en donde, según el Censo, el 95.7% de la población carecía de derechohabiencia a cualquier sistema de salud.

Desigualdades en acceso a servicios Según el Censo de 2010, el porcentaje de viviendas sin agua dentro de

DESIGUALDAD EDUCATIVA En México, el lugar en que se nace determina el grado de cumplimiento del derecho a la educación; las diferencias pueden ser de hasta tres veces si se compara a los municipios más desarrollados frente a los más pobres

13.5

12 10.8

10.6

10.5

10.1 Grado de escolaridad en municipios seleccionados, 2010

7.6

5.4

5.3

Tila, Chiapas

Ajalpan, Puebla

4.95

3 0

Benito Juárez, DF

Toluca, Edomex

Pachuca, Hgo.

Cd. Victoria Tamps

Ensenada BC

Taxco, Gro.

Quchulte- La Indepennango, dencia, Gro. Chiapas

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados por localidad del Censo de Población y Vivienda, 2010. www.inegi.gob.mx MÉXICO SOCIAL Marzo 2015

P re m i o IN E G I 2 0 1 3 INEQUIDAD EXTREMA Mientras que en el sur-sureste hay mayor cantidad de agua dulce en el país, las entidades en esa región tienen las más bajas coberturas de agua en sus viviendas. El caso más dramático es Guerrero, en donde 45 de cada 100 casas no tienen líquido

45.7

41.7

29.9

23.2

20 10 0

% de viviendas sin agua dentro de su construcción

2.4

3.1

Nvo. León

Coahuila

4.6

4.7

Tamps

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Guerrero

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda, 2010. www.inegi.gob.mx

sus instalaciones era de 11.09%. En el Distrito Federal, el porcentaje de viviendas con esta característica era de 2%; en Veracruz de 23.2%; en Oaxaca era de 29.2%; mientras que en Guerrero el indicador se ubicó en 37.5%. Visto por municipios, se tiene que, por ejemplo, Ecatepec de Morelos, el municipio más poblado del país, registra un 3.5% de viviendas sin agua entubada dentro de sus construcciones; en contraste, en un municipio densamente poblado, como León, en Guanajuato, el porcentaje es de 8%. Por otra parte, en Macuspana, Tabasco, el porcentaje de viviendas sin agua dentro es de 40.5%; en Coyuca de Benítez, Guerrero, el porcentaje era del 57.2% en 2010; en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, el porcentaje ascendía a 65.5%; en Pinotepa Na-

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cional, Oaxaca, es de 68%; en Coronango, Puebla, el indicador se ubica en 81.6%; y en extremos como Santa María Chilchotla, el porcentaje es de hasta del 95%.

Calidad de las viviendas Un indicador relevante de la pobreza y la desigualdad es el piso de tierra dentro de las viviendas. Según el Censo 2010, el promedio nacional de viviendas con este tipo de pisos es de 6.1%. Sin embargo, las desigualdades entre estados son muy grandes. En Nuevo León el porcentaje es de 2%; y en Baja California y Tamaulipas de 3.2%. En contraste, en Veracruz el porcentaje es de 11.5% y en Guerrero de 18.2% En un Municipio como Papantla, el porcentaje es de 26.7%; en Ajalpan,

estado de Puebla, el porcentaje es de 32.7%; en Aquismón, San Luis Potosí, el porcentaje identificado por INEGI es de 44.2%. Otro indicador relevante es el relativo al hacinamiento, el cual se mide a través del promedio de ocupantes por cuarto en las viviendas; según el censo, a nivel nacional el promedio es de 1.06 personas. En Nuevo León, el promedio es de 0.91 y en el DF es de 0.87. En un municipio como Guada-

lajara el promedio es de 0.88 habitantes por cuarto; en contraste, hay localidades en el municipio de Batopilas donde el promedio es de 10, como el caso de Guachochi, una de las localidades en las que se re-gistró mayor hambruna en los meses pasados. En algunas localidades como Nocupétaro, en Michoacán, el hacinamiento es de cinco habitantes por cuarto o el de Nayar, en el estado de Nayarit, donde los promedios son similares.

Foto: MÉXICO SOCIAL

MÉXICO SOCIAL Marzo 2015

Discriminación La discriminación sigue siendo un grave problema en el país que está asociado a procesos culturales y estructurales que se expresan en pobreza y exclusión: prácticamente 80% de quienes hablan una lengua indígena son pobres; el 85% de las personas con alguna discapacidad que logran ocuparse lo hacen en condiciones de informalidad; dos de cada tres adultos mayores están en rezago educativo; y 8 de cada 10 mujeres han vivido algún episodio de violencia de género lo largo de sus vidas

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Artículo ganador del PREMIO NACIONAL ROSTROS DE LA DISCRIMINACIÓN "Gilberto Rincón Gallardo"

y POBREZA L

a pobreza tiene rostro y nombres. Sin embargo, su carácter masivo ha llevado a que tenga predominancia el número y no cada historia y cada caso de angustia, dolor, frustración y hasta resentimiento u odio en medio de la carencia y la presión cotidiana provocada por la angustia de no saber si se tendrá algo qué comer o qué darle de comer a sus familias. El 21 de marzo, además de conmemorar el natalicio del Benemérito de las Américas en nuestro país, es el Día Internacional en contra de la Discriminación Racial, dato que debe llevarnos a una reflexión sobre ésta y otras manifestaciones de la discriminación y lo que se denomina como “otras formas conexas de intolerancia”. Frente a lo anterior, debe decirse con todas sus letras que México es un país en el que la mayoría ejerce actos de discriminación, en distintos grados y en contra de diferentes grupos de población, ya sea por edad, por cuestiones culturales, ideológicas, religiosas y hasta psicológicas. El tema es mayor, porque implica consecuencias graves en términos de limit-

ación o incumplimiento de derechos sociales para quienes son víctimas de actos o procesos discriminatorios. Desde esta perspectiva, una de las consecuencias más severas es la pobreza en la que se sitúan cientos de miles de personas como consecuencia de la discriminación.

Segregación histórica Infortunadamente sigue siendo común utilizar la palabra “indio” para denostar a otras personas, bajo la connotación asignada al término de “tonto”, “limitado” e “inferior”. Esta circunstancia, de suyo reprobable, tiene consecuencias que se expresan en lo que puede considerarse una segregación histórica en contra de quienes son hablantes de alguna lengua indígena, o que sin serlo, pertenecen y se autoadscriben a un pueblo o comunidad indígena. Lo primero que debe decirse es que en México las peores condiciones de vida las padecen al interior de estos grupos de población. Según los datos

79.3%

de las y los hablantes de alguna lengua indígena son pobres

MÉXICO SOCIAL Marzo 2015

PREMIO NACIONAL ROSTROS DE LA DISCRIMINACIÓN "Gilberto Rincón Gallardo" oficiales, el 79.3% de quienes son hablantes de alguna lengua indígena son pobres. Un dato que debe indignar y llamar a una acción urgente, es que entre los pueblos originarios hay más pobres extremos que pobres moderados; en efecto, según el CONEVAL, el 40.9% de ellas y ellos viven con ingresos por debajo de la “línea del bienestar mínimo”, mientras que el 39.2% vive en lo que se denomina “pobreza moderada”. Lo anterior implica que haya casi 2.8 millones de personas hablantes de lenguas indígenas viviendo en pobreza extrema, y 2.7 millones viviendo en la llamada pobreza moderada. Otro ámbito de exclusión sumamente relevante es el educativo. De acuerdo con los datos del Censo de 2010, en México las personas hablantes de lenguas indígenas siguen siendo excluidas del sistema educativo. En efecto, según el INEGI, el 22.2% de las personas mayores de 12 años y que son hablantes de alguna lengua indígena carecen de escolaridad. El 27% de ese mismo grupo de población no logró concluir la primaria; el 20.1% logró terminar la primaria pero no completó ningún grado de secundaria; el 6% cuenta

con estudios de primaria incompleta; el 13.8% terminó los tres grados de secundaria. Asimismo, sólo el 7.2% accedió a algún grado de la educación media-superior; y únicamente el 3.5% de quienes son hablantes de lenguas indígenas han logrado llegar a algún grado de educación superior.

Discapacidad Otro grupo que es rechazado, ya sea por barreras culturales, o también por barreras físicas y arquitectónicas, es el de las personas que tienen algún tipo de discapacidad o necesidades especiales. Respecto de este grupo de población debe decirse que registran el menor porcentaje de personas ocupadas en el sector laboral; y al mismo tiempo, de acuerdo con algunas estimaciones, de las personas con alguna discapacidad que desarrollan alguna actividad de ocupación laboral, casi el 85% lo hace en condiciones de informalidad. Uno de los temas en que mayor grado de rezago hay en esta materia es el lograr el acceso universal de todas las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad a la educación regular, y abatir los niveles de rezago educativo, así

28.4%

de las personas con alguna discapacidad no terminaron la primaria

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como los rezagos que existen en materia de educación especial. En esa lógica es importante destacar que del total de personas mayores de 12 años que tienen alguna discapacidad, el 26.4% carece de escolaridad; el 28.4% tiene estudios de primaria incompleta; sólo el 17.9% tiene primaria completa; el 3.3% logró ingresar a la secundaria, pero no concluirla; el 7% cuenta con algún grado de educación media superior; mientras que únicamente el 6% logró concluir algún grado de educación superior.

La vejez Las personas mayores de 65 años viven ampliados procesos de discriminación, que se recrudecen especialmente cuando se ha tenido una vida de dificultades y carencias; es decir, no es lo mismo llegar a los 65 años con una pensión y con acceso a servicios médicos de calidad, que en condiciones de pobreza, sin derechohabiencia a servicios de salud y sin ingresos mínimos garantizados. Por ello es importante destacar que en la vejez se viven agudos procesos de exclusión que se expresan fundamentalmente en in-

de las personas con discapacidad concluyó algún grado de educación superior

EXCLUIDOS DE LA EDUCACIÓN Es necesaria una reforma integral a las normas laborales para darles a las mujeres las condiciones necesarias para que puedan llevar a cabo la lactancia

27.5

26.4

Porcentaje de personas mayores de 12 años hablantes de lenguas indígenas, según su escolaridad

22.2

20.1

Porcentaje de personas mayores de 12 años con algún tipo de discapacidad, según su escolaridad

17.9

13.8

9.7 7.2 6.0

5 0

6.9

3.5

3.3 0.5

Sin escolaridad

0.9

Preescolar o kinder

0.1

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria Secundaria incompleta completa

6.0

0.9

Estudios técnicos o comerciales con primaria terminada

0.3

Educación media superior

0.5

Educación No superior especificado

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema de consulta interactiva de datos del Censo de Población y Vivienda, 2010. www.inegi.gob.mx

dicadores de pobreza y rezago social. Por ejemplo, según los datos del CONEVAL, el 45.7% de las personas adultas mayores vive en condiciones de pobreza. Asimismo, dos de cada tres adultos mayores viven en condiciones de rezago educativo; 5 de cada 10 carecen de servicios de salud o de seguridad social; uno de cada cuatro vive en vulnerabilidad por carencia de servicios o por insuficiente calidad en la vivienda; y uno de cada cuatro vive en vulnerabilidad por carencia de acceso a una alimentación adecuada.

Género o preferencia sexual En México sigue habiendo una muy alta presencia de actos discriminatorios en contra de las mujeres por el hecho de

serlo; esto se puede apreciar en los niveles salariales y en el tipo de cargos que ocupan en los empleos a que se tiene acceso. Los datos se han consignado en distintos estudios y basta con destacar que al menos 7 de cada 10 mujeres han vivido actos de violencia de género en algún momento de sus vidas; que 8 de cada 10 ganan menos que sus contrapartes masculinas, aun cuando desempeñen trabajos similares o iguales; y que en términos de representación política, estamos aún muy lejos de lograr la paridad en los congresos locales y el federal; en las presidencias municipales y muy destacadamente, en los gobiernos estatales, en los que hoy no hay ninguna mujer al frente de ningún gobierno estatal. Por otro lado, está la discriminación que se ejerce en contra de personas que

MÉXICO SOCIAL Marzo 2015

PREMIO NACIONAL ROSTROS DE LA DISCRIMINACIÓN "Gilberto Rincón Gallardo"

45.7%

manifiestan abiertamente su preferencia no heterosexual. Un estudio reciente construido por CEIDAS y el Fondo de Población de las Naciones Unidas muestra que las personas transexuales, transgénero o tra-vesti enfrentan severas condiciones de discriminación que les impiden el ejercicio de sus derechos, desde tener un nombre y una identidad, hasta el acceso al trabajo digno, a servicios médicos o incluso al libre tránsito y acceso a todos los espacios públicos.

de las personas adultas mayores viven en condiciones de pobreza

7 de cada 10

mujeres han padecido violencia

FACETAS DISCRIMINATORIAS México sigue siendo un país en el que la inclusión de todas y todos al bienestar es una realidad muy lejana; urge por ello fortalecer a instancias como el Conapred, a fin de prevenir y erradicar, en el corto plazo, las prácticas discriminatorias

100

% de personas mayores de 65 años en: % de personas hablantes de una lengua indígena en:

83.5

79.3

% de niñas, niños y adolescentes en: 66.2

53.8

50.6

48.6

45.7

40 26.3

29.8

29.5

28.8

20.1 16.3

Pobreza

Rezago educativo

19.8

21.4

10.4

9.8

40.5

37.2

Carencia por acceso a los servicios de salud

Carencia por acceso a la seguridad social

Carencia por calidad y espacio de la vivienda

Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda

Carencia por acceso a la alimentación

Fuente: Elaboración propia con base en el sistema de consulta interactiva de datos del Censo de Población y Vivienda, 2010. www.inegi.gob.mx

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Invita a investigadores, académicos, representantes de la sociedad civil y de la administración pública, estudiantes y público en general a la próxima sesión de su

SEMINARIO SOBRE TRATA DE PERSONAS, MIGRACIÓN Y VIOLENCIAS Invitada:

Lic. Eva Reyes Ibáñez Coordinadora del Proyecto IDF-Unidad de Trata de Personas, Género y Niñez Migrante, Organización Internacional para las Migraciones, con su ponencia:

"Las mujeres, niñas y niños migrantes y la trata de personas"

Jueves 26 de marzo a las 18:00 horas Sala de Consejo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, CU

P re m i o IN E G I 2 0 1 4

Mortalidad materna: En México fallecen cada año 1,192 mujeres durante el parto o a consecuencia de él. En el periodo que va del año 2003 a 2012, la cifra acumulada es de 11,915 decesos, de los cuales pudieron haberse evitado cerca del 85%; Guerrero es la entidad con el peor indicador, al presentar una tasa de 91 decesos por cada 100 mil nacidos vivos

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Artículo ganador del PREMIO INEGI 2014

signo de la

DESIGUALDAD

l pasado 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres; más que una fecha para el festejo, este día ha sido asumido por las Naciones Unidas como un llamado a la reflexión y a la urgencia en la acción para frenar todas las formas de violencia y discriminación que se ejercen cotidianamente en contra de las mujeres. En nuestro país, estos elementos tienen una doble dimensión: por un lado, las acciones que en el mundo de lo privado se ejercen, mayoritariamente por las parejas, padres y hermanos de las mujeres; y por el otro, la violencia que por acción u omisión se ejerce desde el ámbito institucional, en detrimento de la garantía de sus derechos. En ese segundo ámbito recae el tema de la mortalidad materna, pues dados los recursos y desarrollo de

la medicina con que contamos en el país, las muertes ocasionadas durante o a consecuencia del parto podrían evitarse, de acuerdo con diversos estudios, hasta en un 85%.

Dimensiones inaceptables Reducir la Mortalidad Materna es uno de los objetivos centrales planteados por las Naciones Unidas en el marco de las Metas de Desarrollo del Milenio. Para México, se tenía como compromiso alcanzar una tasa de 22 decesos por cada 100 mil nacidos vivos en el año 2015; sin embargo, el último reporte del país ante el mecanismo de monitoreo de la ONU, indica que estamos aún muy lejos, pues en 2012 el indicador era de 42.3 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos. A pesar de que los reportes oficia-

42.3

fue la tasa de mujeres que fallecieron a consecuencia del parto, por cada 100,000 nacidos vivos, en 2012

MÉXICO SOCIAL Marzo 2015

P re m i o IN E G I 2 0 1 4

Urge redoblar los esfuerzos, pues México no cumplirá la meta en el marco de los Objetivos del Milenio

les del país muestran avances, éstos se han dado de manera sumamente lenta, por lo que el cumplimiento de esta meta se encuentra comprometido y será muy difícil que se alcance para el año 2015. En efecto, mientras que en el año 2002 la tasa era de 56.1 muertes maternas por cada 100 mil nacidos vivos, 10 años después, en 2011, era todavía de 43, y en 2012, el ya señalado indicador de 42.3. Lo anterior significa, en números absolutos, que en los diez años que van de 2003 a 2012, en México se tiene un promedio de 1,192 decesos de mujeres que han perdido la vida al momento de dar a luz, o bien, como consecuencia del parto, debido a una mala o inoportuna atención médicohospitalaria. El año con mayor número de de-

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cesos en el periodo señalado fue precisamente el 2003, con un total de 1,339 casos; cifra que ha ido descendiendo gradual, pero muy lentamente hasta llegar a 1,073 casos en el 2012, cifra ligeramente superior a la registrada en el año 2011, en el que el INEGI contabilizó 1,067 casos de muertes maternas.

Desigualdades extremas La mortalidad materna tiene una expresión regional diferenciada en el país, que muestra las inmensas desigualdades que existen en todo el territorio nacional; es decir, no sólo son las entidades más pobres las que presentan peores indicadores, sino que hay estados en los que ciertas regiones contrastan con las localidades

más urbanizadas. En este contexto es de señalarse que en el año 2011, el INEGI identificó a Tamaulipas como la entidad con más baja tasa de mortalidad materna, con un indicador de 17.5 decesos por cada 100 mil niñas y niños nacidos vivos; en segundo lugar se encuentra Sinaloa, con un indicador de 16.8; le sigue en tercer sitio Aguascalientes con 18.5; en cuarto sitio está Jalisco con 23.4; y luego Tlaxcala, con 27.3 decesos por cada 100 mil nacidos vivos. En términos estrictos, sólo estas entidades tendrían garantizado hasta ahora, por las tendencias mostradas, mantenerse en el marco de cumplimiento de las Metas del Milenio, o llegar al compromiso internacional contraído en 2002, de llegar a 2015 con 22 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos.

En el extremo opuesto se encuentra, con el peor indicador a nivel nacional, el estado de Guerrero, en donde la tasa registrada en el año 2011 es de 90.1 decesos por cada 100 mil nacidos vivos; en la segunda peor posición se encuentra Chihuahua, con 67.7; en el tercer peor sitio Campeche, con 63.1; y en cuarta y quinta se encuentran Oaxaca y Michoacán, con 61.3 y 57.9 decesos por cada 100 mil niñas y niños nacidos vivos.

Grandes magnitudes Aun cuando en el análisis estadístico es importante presentar la información en términos relativos, y con ello evidenciar el peso real que tiene un indicador respecto del total de su población, cuando se habla de temas tan sensibles como el de la mortali-

EL CONTRASTE

17.5

DECESOS por cada 100 mil nacimientos se registraron en Tamaulipas en 2011, el estado con mejor indicador en el país

90.1

CASOS DE MUERTE MATERNA por cada 100 mil nacidos vivos se registraron en Guerrero, la entidad con el peor panorama

22 muertes maternas por

cada 100 mil nacidos vivos era la meta a alcanzar en 2015, de acuerdo con las Metas del Milenio MÉXICO SOCIAL Marzo 2015

00 90.1

ENORMES DESIGUALDADES

La tasa mortalidad materna entre el estado peor posicionado (Guerrero) es 6 veces mayor al del mejor indicador (Tamaulipas). Lo más preocupante es que no son necesariamente los estados más pobres los que muestran mayores mayores rezagos 67.7

63.1 61.3 57.9

56.3 51.8

Tasa de mortalidad

50.0 48.1 45.9

44.7 43.0

42.9

41.4

40.8

40.4

40.2

40.0

39.5

39.3

39.1

37.1

35.9

35.6

35.0 31.7 29.3

28.9

27.3

23.4

15.7

Tamps.

16.8

Sinaloa

Ags.

Jalisco

Tlaxcala

Hidalgo

Nvo. León

B.C. Sur

Guanajuato

Yucatán

Durango

Coahuila

B. California

Morelos

Querétaro

Zacatecas

Colima

Sonora

Tabasco

México

PROM. NAL.

SLP

Nayarit

Puebla

Q. Roo

Chiapas

Veracruz

Michoacán

Oaxaca

Campeche

Chihuahua

Guerrero

18.5

0 Guerrero Chihuahua Campeche Michoacán Oaxaca Veracruz Chiapas Q.Puebla Roo Nayarit Prom. SLP México Tabasco Nal. Sonora DF Colima Zacatecas Querétaro Morelos Coahuila BC Durango Guanajuato Yucatán Nvo. BCS Hidalgo Tlaxcala León Jalisco Tamaulip Ags. Sinaloa Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda, 2010. www.inegi.gob.mx

De 2003 a 2012, un promedio anual de 1,192 mujeres perdieron la vida al momento de dar a luz, o bien, como consecuencia del parto, debido a una mala o inoportuna atención médico-hospitalaria dad materna es relevante presentar los números absolutos, a fin de mostrar todo lo que falta por hacer en determinados ámbitos. Este es el caso de la mortalidad materna, indicador en el que el Distrito Federal, junto con el Estado de México, acumulan la mayor cantidad de decesos, con alrededor de 1,300 casos, en cada uno de ellos, durante el periodo que va de 2003 a 2012. Es relevante destacar además que los estados de Chiapas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Jalisco son entidades en las

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que se encuentran grandes cifras. Al respecto, es pertinente señalar que Jalisco es una de las cinco entidades con menor razón de mortalidad materna; sin embargo, es el octavo con mayor número de defunciones por esta causa. Lo anterior deja ver cómo aun en los estados en los que se tienen avances relevantes, las cifras absolutas son muy altas, por lo que urge redoblar los esfuerzos, pues debe insistirse en el hecho de que la República Mexicana no cumplirá la meta en el marco de los Objetivos del Milenio.

META COMPROMETIDA

1500

Como se observa, la reducción en la mortalidad materna es sumamente lenta; esto nos llevará a incumplir la meta comprometida ante la ONU, que en 2015 implicaría un promedio aproximado de 600 muertes maternas anuales Número anual de defunciones 1,339 1,273

1,281

1,278 1,202

1200

1,157

1,167

1,078

900

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1,073

1,067

2010

2011

2012

Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de mortalidad de INEGI

85%

DE LOS CASOS DE MUERTE materna podían evitarse

1,339

MUERTES DE MEXICANAS en el alumbramiento ocurrieron en el año 2003

MÉXICO SOCIAL Marzo 2015

LA CRISIS MUNICIPAL Los últimos 16 años las entidades y los municipios han recibido más de 5.6 billones de pesos a través del Ramo 33, y ni en materia de marginación, salud, educación o seguridad se han logrado los resultados esperables: 6.9% de los mayores de 15 años son analfabetas; casi 9% de la población no tiene agua entubada; casi el 40% percibe menos de dos salarios mínimos; una de cada tres viviendas registra hacinamiento; y anualmente se cometen más de 23 millones de delitos.

Municipios

Repensar los municipios desde la

MARGINACIÓN CEIDAS / México Social

Foto: MÉXICO SOCIAL

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n el marco de la debilidad institucional documentada y percibida en nuestro país, los municipios se revelan como el eslabón más débil, en el cual, desde las capacidades administrativas, hasta las relativas al complejo ejercicio del gobierno y el cumplimiento de responsabilidades exclusivas que les otorga la Constitución, siguen siendo un riesgoso saldo pendiente para la consolidación de una República social, equitativa y sustentada en el Estado de derecho. Es urgente enfrentar la realidad de lo que Rolando Cordera ha denominado como “un federalismo social salvaje”, e iniciar un acelerado proceso de transformación de los procesos que se han puesto en marcha para tratar de fortalecer a los municipios en sus capacidades de gestión y de gobierno. Desde esta perspectiva, la lógica de la política pública siempre impone el reto de la practicidad: ¿cómo iniciar tal proceso de revisión que, más allá de lo conceptual, proponga medidas que puedan concretarse en el corto plazo, en líneas de decisión y acción para los programas y las políticas públicas? Lo anterior requiere de un diagnóstico inicial, el cual ya ha sido elaborado por el CONEVAL, y desde el cual se pueden plantear varias acciones que podrían concretarse en meses, de haber el interés y la genuina preocupación para responder, con la urgencia y velocidad requerida, a la severa crisis por la que atraviesan la mayoría de los municipios del país.

El carácter regresivo del Ramo 33 En 1997 se creó, por decisión presidencial, el Ramo de Gasto 33; fundamentalmente se construyó

cercenando al antiguo Ramo 26, el cual había servido para financiar las acciones emprendidas, y construyendo un nuevo Ramo de gasto dirigido a financiar acciones para reducir la marginación en los municipios del país, para fortalecer las acciones de educación, salud, educación, seguridad pública y asistencia social. A pesar de las incontables cantidades de dinero que se han invertido desde entonces, las condiciones en los municipios han mejorado sólo parcial y lentamente: a la fecha no se cuenta con evidencia suficiente para sostener que el Ramo 33 ha permitido superar la marginación o mejorar la eficiencia y fortaleza de los municipios para cumplir con su mandato constitucional. Por el contrario, las tres conclusiones que obtiene de su evaluación el CONEVAL obligan a repensar sus objetivos y, por lo tanto, su estructura y reglas de operación.

Los municipios siguen siendo un riesgoso saldo pendiente para la consolidación de una República social, equitativa y sustentada en el Estado de derecho

Tales conclusiones son: a) El Ramo 33 no tiene un carácter redistributivo. Esto debido a que los municipios reciben los recursos tomando en consideración, fundamentalmente, tres variables: los recursos recibidos el año anterior; la posición de los municipios (para el caso del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social) en el Índice de Marginación; y asignaciones adicionales en función inversa al crecimiento del PIB. b) El CONEVAL no encontró evidencia, en su evaluación de 2011, respecto de que el Ramo 33 contribuya efectivamente a reducir las disparidades en la asignación de recursos a las entidades federativas. c) Los recursos del Ramo no se

Entre 1998 y 2014 el monto total anual de dinero destinado a través de este Ramo de gasto ha crecido en 5.5 veces, al haber pasado de poco más de 98 mil millones de pesos en el primer año referido, a 545,578 millones de pesos en el año fiscal que está por concluir 5.3 billones de pesos, casi todos mal invertidos en los últimos 15 años

MÉXICO SOCIAL Marzo 2015

Municipios

Lejos de resolverse los problemas, el pésimo ejercicio y gestión del Ramo 33 nos ha llevado a la agudización y a la creación de nuevos y más profundos problemas sociales otorgan de manera proporcional a la magnitud de los rezagos presentes en las entidades ni en los municipios. Por ejemplo, los recursos del Fondo dirigido a fortalecer las capacidades para el cumplimiento del derecho a la educación no corresponden al nivel de rezago educativo presente en cada municipio o entidad de la República.

Un desperdicio infame De acuerdo con la información oficial, el Ramo 33 ha crecido de manera gigantesca en el monto de recursos que se

envían a los municipios año tras año. En efecto, entre 1998 y 2014 el monto total anual de dinero destinado a través de este Ramo de gasto ha crecido en 5.5 veces, al haber pasado de poco más de 98 mil millones de pesos en el primer año referido, a 545,578 millones de pesos en el año fiscal que está por concluir. La cifra acumulada es estratosférica, pues se trata de la friolera de 5.3 billones de pesos, casi todos mal invertidos en los últimos 15 años. Para dimensionar de lo que se está hablando, los municipios del país han recibido en 15 años más dinero que el presupuesto de egresos total para

5.3

billones de pesos se han asignado en 15 años a los municipios de la República

5.5

veces ha crecido el monto anual destinado al Ramo 33 entre1998 y 2014 Imagen:<ahref="http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/negocios">Vector de Negocios diseñado por Freepik</a>

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COMO BARRIL SIN FONDO En los últimos 15 años, los estados y municipios han contado con miles de millones de pesos para el desarrollo social, vía el Ramo 33; sin embargo, el impacto ha sido mínimo 600000

513,904 500000

451,168 382,283

400000

322,319 300000

260,031 230,758 247,028

199,576 218,664

200000

137,177

100000

545,578

482,155

405,062

356,787

287,031 (millones de pesos)

168,960

98,847

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de los acuerdos de distribución, publicados anualmente por la SHCP en el Diario Oficial de la Federación, disponible en: http://www.inafed.gob.mx/es/inafed/Aportaciones_Federales_Ramo_33

este 2014, y bien vale la pena preguntar en dónde está esa cantidad de recursos y si efectivamente se ha cumplido con los propósitos públicamente planteados. Para dimensionar lo que aquí se plantea basta considerar que, de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, el nuevo Hospital Infantil de Michoacán tendrá un costo de 817 millones de pesos. Si se compara esta cifra con el monto de recursos asignados históricamente a través del Ramo 33, podrían construirse 6,100 hospitales de este tipo. Resulta paradójico que uno de los objetivos del Ramo 33 era mejorar las capacidades para fomentar un nuevo ordenamiento y desarrollo urbano, cuando en realidad, lo que ha ocurrido es que se ha generado un verdadero desorden, tal y como se expresa en el diagnóstico del Programa Nacional de Infraestructura, en el cual se afirma: “En concreto, en las

ciudades de más de un millón de habitantes, la población creció en promedio 1.7 veces y el área (urbana) creció cinco veces de 1980 a 2010. Y para las ciudades de 500 mil a un millón de habitantes, la población se multiplicó por 2.4 veces y el área urbana se multiplicó por siete (…) Debido a la generación de ciudades cada vez más dispersas, no se pudieron desarrollar sistemas de transporte público de alta calidad, aunque es el más utilizado en las principales ciudades del país”. Como puede verse, lejos de resolverse los problemas, el pésimo ejercicio y gestión del Ramo 33 nos ha llevado a la agudización y a la creación de nuevos y más profundos problemas sociales; esto, como resultado de la corrupción o de la incapacidad de gobernar, las cuales, en palabras del Ministro José Ramón Cossío, en realidad son dos caras de la misma moneda.

MÉXICO SOCIAL Marzo 2015

Municipios

Urge cortar de tajo las densas cadenas de corrupción e incompetencia que se han enquistado en este orden del gobierno

LA BORRACHERA DE LOS RECURSOS En los últimos 15 años, los estados y municipios han contado, como nunca antes, con recursos propios, los cuales, en una gran cantidad, se han dilapidado con un impacto mínimo en el bienestar

202,429.4 202,429.4

Millones de pesos 192,677.4 192,677.4

227,469.2 227,469.2

225,726.2 225,726.2

243,216.3 243,216.3

Millones de pesos 240,951.6 240,951.6

341,884.1 341,884.1

300000 200000

266,935.4 266,935.4

342,438.1 342,438.1

400000 300000

473,487.8

500000

Edomex

38,879.1 38,879.1

40,072.6 40,072.6

Colima BCS

56,154.0 56,154.0

56,333.2 56,333.2

58,077.2 58,077.2

64,086.2 64,086.2

61,602.4 61,602.4

78,951.3 78,951.3

75,606.4 75,606.4

90,268.2 90,268.2

88,681.6 88,681.6

95,010.7 95,010.7

112,582.4112,582.4

107,379.6107,379.6

115,523.9115,523.9

125,409.3125,409.3

118,670.5118,670.5

136,227.0136,227.0

132,451.7132,451.7

142,104.6142,104.6

148,487.9148,487.9

DF Veracruz Chiapas Jalisco Oaxaca Puebla Guerrero Michoacán Guanajuato Tamaulipas Nuevo León Hidalgo Chihuahua SLP BC Sinaloa Coahuila Sonora Tabasco Durango Yucatán Zacatecas Morelos Querétaro Nayarit Q.Roo Tlaxcala Campeche Ags

Edomex

147,469.2147,469.2

200000 100000 100000 0 DF Ver Chia Jal Oax Pue Gro Mich Gto Tam NL Hgo Chi SLP BC Sin Coah Son Tab Dur Yuc Zac Mor Qro Nay QRoo Tlax Cam Ags Col BCS 0 DF Ver Chia Jal Oax Pue Gro Mich Gto Tam NL Hgo Chi SLP BC Sin Coah Son Tab Dur Yuc Zac Mor Qro Nay QRoo Tlax Cam Ags Col BCS Fuente: Elaboración propia con base en los datos de los acuerdos de distribución, publicados anualmente por la SHCP en el Diario Oficial de la Federación, disponible en: http://www.inafed.gob.mx/es/inafed/Aportaciones_Federales_Ramo_33

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No sabemos si hemos avanzado Otro de los problemas que enfrentamos es que en realidad, a pesar de que el CONAPO cuenta con el Índice de Marginación, los expertos Fernando Cortés y Delfino Vargas nos alertan sobre el hecho de que, por su metodología de construcción, el Índice del CONAPO no permite en sentido estricto medir o comparar qué tanto han avanzado o no los municipios en lo que a la reducción de la marginación se refiere. Para documentarlo, proponen una medición alternativa en la cual revisan sobre todo las etiquetas referidas al grado de marginación en que se encuentran los municipios y las entidades, llegando a la conclusión de que la evolución en el tiempo de las condiciones existentes a nivel territorial obliga a reclasificar los grados

de marginación imputables a cada demarcación, pasando, por ejemplo, de los cinco grados de marginación que establece el CONAPO, a sólo tres. A través de esta medición se pueden conocer las trayectorias de marginación que han tenido en el tiempo los municipios, obteniendo resultados sumamente preocupantes, porque de su interpretación lo que se desprende es que en términos generales el Ramo 33 y su impacto en el mejoramiento de la infraestructura social y el acceso a servicios básicos es realmente marginal, considerando el monto de recursos ya mencionados. Lo que urge, en síntesis, es repensar cómo hemos planteado al federalismo en México, cómo pueden generarse nuevos instrumentos para mejorarlo, pero, sobre todo, cómo frenar y cortar de tajo las densas cadenas de corrupción e incompetencia que se han enquistado en este orden del gobierno.

1.7

veces aumentó la población en las ciudades de más de un millón de habitantes

millones de delitos se cometen anualmente en el país Foto: Cortesía Excélsior

MÉXICO SOCIAL Marzo 2015

Municipios

TAREAS

pendientes por ANTONIO GONZÁLEZ

SOBRE EL AUTOR:

Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

espués de la independencia, la historia de México se fue construyendo entre un ir y venir en la adopción del sistema federal, intentando que éste fuera más allá de la Constitución y lograra hacerse efectivo en la realidad, pues en la práctica dominaba una política históricamente centralista. En 1917, cuando por fin se reafirma en nuestra carta magna el carácter federal del Estado mexicano, se integra por primera vez a un ordenamiento federal al municipio libre como base de la organización política de los estados integrantes de la unión. Así el sistema federal mexicano se caracterizaría por ser una especie de gobierno tripartita –al menos desde el diseño institucional–I. Como principio de organización del poder político, el federalismo combina las ventajas de la unidad y de la diversidad, buscando una articulación efectiva entre el gobierno compartido y el autogobierno regional. El objetivo que busca es establecer una relación intergubernamental de tipo cooperativo. En principio, para lograr relaciones intergubernamentales bajo una lógica de cooperación y un alto nivel de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en las últimas décadas del siglo

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XX, la Constitución fue adicionada y reformada. Podemos mencionar la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de 1979, que estableció un esquema de ingresos compartidos entre los tres órdenes; así como la reforma al artículo 115 constitucional de 1983, que definió tres atribuciones puntuales para los municipios: la prestación de servicios públicos, el cobro del impuesto predial y la facultad para formular, aprobar y administrar el uso del suelo y los planes de desarrollo urbano. Asimismo, la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal de 1997 derivó en la creación del fondo de infraestructura social municipal y el de fortalecimiento municipal dentro del ramo 33, representó con su operación un incremento real de 30% de los recursos recibidos por los municipios; finalmente, en 1999, en una nueva reforma constitucional al artículo 115, se reconoce a los ayuntamientos como instancias de gobierno con atribuciones exclusivas, facultadas para reglamentar su vida interna. Estos cambios han otorgado mayores recursos y atribuciones a los gobiernos locales del país, pero el resultado no ha sido satisfactorio en

El endeudamiento, la falta de más transparencia y el declive de la seguridad pública son fallas institucionales que repercuten en el desempeño negativo de los gobiernos municipales

términos administrativos, hacendarios y gubernamentales. La fórmula “más dinero igual a mejores gobiernos”, no funcionó del todo. En otras palabras, las nuevas facultades y recursos transferidos a los municipios no han derivado en un pleno fortalecimiento institucional. Prueba de lo anterior es la debilidad reflejada en los bajos niveles de eficacia gubernamental y en la deficiente administración de los recursos públicos. Entre la problemática que resulta del arreglo institucional vigente se encuentra que las finanzas públicas estatales y municipales están lejos de considerarse “sanas”. Por un lado, tenemos la deficiente recaudación de los municipios y por el otro el creciente endeudamiento público de estados y municipios. Muchos gobernantes locales han privilegiado la popularidad de no cobrar impuestos, descuidando el fortalecimiento de las finanzas. Los ingresos de los municipios y las entidades federativas tienen una dependencia de más del 80% de las transferencias federales en promedio. La mayoría del ingreso proviene de las participaciones y aportaciones, generando una actitud pasiva en la recaudación propia, ante la seguridad de recibir los recursos provenientes del gobierno central. Así, en el mediano plazo, no se

vislumbran suficientes incentivos para transformar a los gobiernos municipales en instancias recaudatorias eficientes y en organismos responsables en su ejercicio presupuestal. No hay duda de que con las distintas reformas en materia hacendaria los gobiernos municipales han mejorado sus ingresos, entonces, ¿qué ha motivado a los municipios a recurrir a un endeudamiento público que podríamos calificar de irresponsable? Uno de los factores que explica este comportamiento ha sido el crecimiento de la burocracia, mismo que ha comprometido las participaciones hasta en un 100% en algunos municipios del país. El engrosamiento de la estructura organizacional es una constante en la administración pública municipal. Otra inquietud va en el sentido de saber a qué destinan los gobiernos municipales los recursos provenientes de créditos bancarios, situación difícil de saber al enfrentarnos a un complejo y diversificado escenario financiero municipal en el país. Podemos inferir ante la falta de una regulación clara con respecto a la contratación, destino y administración de la deuda pública, un importante número de municipios habían utilizado estos fon-

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Municipios Entre las propuestas para alcanzar el fortalecimiento institucional y financiero de los gobiernos locales están:

a) Realizar un ajuste presupuestal para racionalizar el gasto, detonando así el saneamiento financiero de los gobiernos subnacionales

b) Dar prioridad a la prestación de servicios públicos municipales de calidad que son obligación constitucional de los municipios y su ejecución sea vista como gasto de inversión

c) Incrementar la eficiencia recaudatoria de los municipios, principalmente en el cobro del predial y el agua

d) Revisar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para ampliar los recursos hacia los municipios y que dicho proceso se acompañe con un compromiso claro, efectivo y real de los distintos órdenes de gobierno para que el dinero público beneficie a la población

Ante los escenarios de cierto descrédito de los gobiernos locales, implementar estas medidas con resultados tangibles, genera un círculo virtuoso de confianza mutua, donde los ciudadanos pagan lo justo al gobierno municipal, al ver que éste responde con eficacia a sus necesidades más inmediatas. dos para cubrir el gasto corriente. El endeudamiento que aqueja a los gobiernos locales es muestra clara de la deficiente administración pública. Ante este panorama, los retos de los municipios parecen claros: reducir la estructura burocrática ser menos dependientes de la federación y ser capaces de recaudar más; sin embargo, el cómo lograrlo no resulta tan evidente. Entre los factores de la debilidad financiera municipal está la falta de profesionalización en las instancias hacendarias municipales, así como el limitado ejercicio de sus facultades recaudatoriasIV. En este rubro, como en muchos otros de la administración pública local, es urgente la certificación de los tesoreros municipales y directores de finanzas, pues no contar con perfiles especializados en el ramo genera costos mayores a mediano y largo plazo por el ineficiente manejo de los recursos. Si le sumamos la ausencia de procesos de modernización catastral, las finanzas municipales se ven mayormente afectadas, pues dejan de lado una importante

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fuente de ingresos que deriva también en el ineficiente cobro del catastro, recaudación de derechos por el uso de la vía pública, el servicio de agua potable, entre otros. Es urgente la inversión en procesos administrativos de punta que permita la utilización de la tecnología para el procesamiento de la información y su posible georreferenciación para su fácil administración y cobro eficientes, tan solo por poner un ejemplo. Se vuelven urgentes reformas para fortalecer las finanzas de los municipios, como la aprobada recientemente en la Cámara de Diputados y que fue turnada el pasado 5 de febrero de este año al Senado para su discusión, donde, entre otras cosas, se plantea un endeudamiento responsable y transparente; prohibir la contratación de deuda para gasto corriente; privilegiar el gasto de inversión; ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar la deuda adquirida; y que estados y municipios no puedan adquirir deuda el último trimestre de su periodo gubernamental, entre otrasV.

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Por otra parte, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INAFED), desde su ámbito de competencia, y respondiendo al llamado del Presidente Enrique Peña Nieto de fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales, se dio a la tarea en 2014 de elaborar e iniciar la implementación de un instrumento que pretende ser una guía de los gobiernos locales hacia la superación de los retos administra-

tivos que tienen frente a ellos. La nueva Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM) tiene como objetivo orientar a los municipios a través de indicadores de gestión y de desempeño, respecto a sus competencias delimitadas en el artículo 115 constitucional. En suma, la ADM busca ser un apoyo que dirija a los gobiernos locales hacia el logro de una administración más eficiente, ayudando así al fortalecimiento institucional para

Las finanzas públicas estatales y municipales están lejos de considerarse “sanas”, por la deficiente recaudación de los municipios y el creciente endeudamiento público de estados y municipios

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Municipios ENDEUDADOS Según datos de la Secretaría de HaciendaII, al mes de septiembre de 2014 el monto total de la deuda pública de los municipios mexicanos ascendió a 49,083.7 millones de pesos, esto, por obligaciones adquiridas con banca múltiple, banca de desarrollo, emisiones bursátiles, entre otras instituciones financieras 25,000

20,000

15,000

Millones de pesos 10,000

5,000

0 Banca Múltiple

Banca de Desarrollo

Emisiones Bursátiles

Otros

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Secretaría de Hacienda, consultados en: http://hacienda.gob.mx/Estados/Deuda_Publica_EFM/2014/ Paginas/3er_trimestre.aspx

Las facultades y recursos transferidos a los municipios no han derivado en un pleno fortalecimiento institucional un funcionamiento efectivo del federalismo mexicano. Asimismo, con el objetivo de acelerar el desarrollo de las entidades federativas, así como lograr mayor coordinación entre los estados y la federación en el fortalecimiento de los municipios, el INAFED elaboró la Agenda para el Desarrollo Estatal, partiendo de las materias constitucionales en las que los estados

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son corresponsables y estableciendo ocho verdaderas prioridades nacionales: seguridad; desarrollo económico; creación de empleo; combate a la pobreza y la desigualdad; construcción de infraestructura; mejoramiento en sus finanzas y administración; protección del medio ambiente; y apoyo a los ayuntamientos en la prestación de servicios públicos municipales.

CRECE BUROCRACIA MUNICIPAL Según datos del INEGIIII, en el periodo de 2008 a 2012 la burocracia municipal había crecido cerca del 50%. No es de extrañarse entonces que la mayor parte de recursos disponibles en los gobiernos locales esté destinada a cubrir el gasto corriente, dejando pendiente en ocasiones el pago a proveedores, y heredando estas deudas a posteriores administraciones

1,000,000

Servidores públicos

944,234 853,076

800,000

600,000

623,629

400,000

200,000

2008

2010

2012

Fuente: Elaboración propia con base en el Censos Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011 y en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013, INEGI

En un contexto como el actual, donde se muestra una gran debilidad institucional, los municipios deben lograr su desarrollo con una burocracia profesionalizada, coherente con la población que gobiernan, con sueldos acordes a las posibilidades financieras, reduciéndose así el gasto corriente, y destinando los recursos al gasto en infraestructura y a la prestación de servicios públicos de calidad. Las anteriores propuestas no podrían convertirse en medidas efectivas sin una estrategia sólida de combate a la corrupción enquistada en muchos lugares del ámbito local, ya que además de una deficiente admi-

nistración de los recursos públicos, existen muchos casos de desviación de recursos, malversación de fondos, tráfico de influencias en la licitación o adjudicación de obras públicas. Los gobiernos municipales mexicanos tienen un potencial considerable para la recaudación y administración financiera, lo cual puede traducirse en el mediano plazo en capacidad gubernamental para la efectiva prestación de servicios públicos, mejorando así la calidad de vida de sus habitantes, que es el objetivo que da sentido y vigencia plena al sistema federal mexicano.

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EL DÉFICIT de la capacidad de gestión Introducción El presente trabajo tiene como objetivo analizar problemas que impactan la vida municipal desde la perspectiva de fallas de gestión, entendidas como fallas de gobierno. Una característica del buen gobierno es la articulación funcional de las partes que dan vida a la gestión pública y con ello, al diseño e implementación eficaz de las políticas públicas. En este caso, las fallas de gestión tienen incidencia desfavorable en el rendimiento institucional de los gobiernos municipales, lo cual provoca que la vida comunitaria no tenga condiciones óptimas para su desarrollo y eficacia. SOBRE EL AUTOR: Doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es Profesor Titular de Tiempo Completo, adscrito al Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III, del Consejo de Ciencia y Tecnología del Gobierno Federal

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Importancia de la vida municipal La organización política de la sociedad es el Estado democrático de derecho. La organización política y administrativa inmediata de los ciudadanos es el municipio. Esto significa que la vida de los ciudadanos tiene dos planos de referencia para situar su ubicación en la vida comu-

nitaria. El municipio moderno es un espacio de convivencia que se organiza en un sistema de instituciones que lo validan como un orden de gobierno que se caracteriza por combinar autonomía política, capacidad de decisión, formalización de impuestos y ejecución de las normas de interés público y comunitario. En el caso de Francia, contribuyen a la caída de la monarquía absoluta (Tocqueville, 2005); en el caso Norteamericano, el primer escalón de la vida organizada en el siglo XIX es el gobierno comunal (Tocqueville, 1985). Como institución moderna en la visión del Estado democrático de derecho y la sociedad civil, el municipio es una forma política y administrativa de gobierno que se erige en la representación inmediata de la vida comunitaria y constituye por eso la forma de administración pública que atiende y resuelve problemas que tienen como base necesidades domésticas que se convierten en soluciones comunitarias. El municipio es un ámbito de organización, deliberación, gobierno, gestión y participación que ocupa un lugar medular en el quehacer colectivo. Su impor-

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por RICARDO UVALLE

El endeudamiento, la falta de más transparencia y el declive de la seguridad pública son fallas institucionales que repercuten en el desempeño negativo de los gobiernos municipales

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Municipios

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Los gobiernos no tienen condiciones favorables para realizar mejor las tareas comunitarias y endosan a los ciudadanos los costos erráticos de la gestión pública

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EL MUNICIPIO EN MÉXICO Desde el siglo XIX y en el transcurso del siglo XX y el siglo XXI, el municipio tiene un lugar en la historia de la vida nacional, lo cual indica que ha sobrevivido a divisiones políticas, guerras civiles, revoluciones, contrarrevoluciones, dictaduras y gobiernos democráticos. La sobrevivencia del municipio no es dato aislado, sino relevante para situar su naturaleza política, administrativa y comunitaria, que explica cómo es parte de la unidad civil de la nación y cómo se ha formalizado como una institución que, desde el constitucionalismo de 1917, ha ganado un sitio importante en la vida económica, política y social del país. En este caso, la vigencia del artículo 115 constitucional ratifica que es la célula de la organización política y administrativa que ha formalizado el Estado mexicano para institucionalizar la dinámica de la vida comunitaria. Desde 1999, el municipio es reconocido como un orden de gobierno, lo cual implica que tiene fundamento constitucional y político de la más alta significación para que se desarrolle con autonomía política. Como orden de gobierno es productor de políticas públicas en un esquema más deliberativo y participativo, motivo por el cual es parte de la acción pública coordinada que se ha generado con mayor fuerza, en la medida que la vida ciudadana es más activa y vigilante

tancia radica en que en él se localiza la vida más activa de un país, dado que es punto de convivencia y corresponsabilidad para dar salida funcional a los problemas de la vida comunitaria. Esto significa que el municipio no es un apéndice de las estructuras centralizadas en los Estados nacionales, sino un centro vivo, actuante y efectivo de poder. Si el municipio es entendido como nivel de gobierno o como último escalón en las relaciones de poder, se omite que su lugar en la historia moderna se inscribe en procesos de lucha, cambio y estabilidad que estructuran a las instituciones de la democracia moderna. Por eso su energía organizada deriva de la actividad comunitaria de la sociedad civil, y en ese sentido, su papel como forma de gobierno tiene que destacarse para situar que es pieza medular en la funcionalidad de los Estados, dado que se fundamenta en relaciones y procesos descentralizados de poder. En la relación tensa y cooperativa de la centralización y la descentralización, el municipio es parte dinámica en los balances del poder institucional. Su relevancia, en consecuencia, se fundamenta en que es un orden de

gobierno con autonomía política y capacidad de gestión pública.

Disminución de la capacidad de gestión No obstante que el municipio es un centro de poder que acredita una vida secular, regular y relevante, en la actualidad su desarrollo institucional tiene puntos críticos que dañan su desempeño en la sociedad, la economía y la vida ciudadana. Por una parte, el poder centralizado del ámbito federal controla la asignación de los recursos para los municipios a través de instrumentos como la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Coordinación Fiscal; el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, entre otros. Otro factor que abona en su desempeño crítico es el manejo de sus finanzas que, en algunos casos, provoca alerta de focos rojos, debido a su monto. En efecto, el endeudamiento municipal está aumentando de manera crítica. El endeudamiento municipal se relaciona con decisiones políticas, la falta de una

Los municipios generan sólo el

2.9%

de ingresos totales del país y se gastan el

8.3%

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Municipios

En junio de 2014 la deuda en 825 municipios era de 54,670 millones de pesos, y 46% de ese monto se concentró en sólo 20 de ellos (IMCO, 2014) gestión apropiada de los recursos públicos y la falta de vigilancia en los procesos de política pública. El endeudamiento refleja que hay fallas de gobierno -diseños erróneos de control, implementación y vigilancia y gestión-, así como errores de planeación, programación y ejecución que se reproducen, provocando costos públicos que dañan a la economía y afectan los servicios públicos, pues estos dependen de los recursos comprometidos en la deuda y se descuidan los programas que permitan vigilar con mayor eficacia su aplicación. El endeudamiento de los municipios indica que los gobiernos no tienen en algunos casos condiciones favorables para realizar mejor las tareas comunitarias y que endosan a los ciudadanos los costos erráticos de la gestión pública.El endeudamiento compromete recursos futuros e indica que hay fallas de gestión que tienen repercusión pública, dado

que se consumen recursos que generan daños a la vida productiva. De acuerdo con información del Instituto Mexicano para la Competitividad, la deuda municipal en 825 municipios ascendió a 54,670 millones de pesos a junio de 2014, y de ese monto, el 46% del total se concentra sólo en 20 municipios del país (IMCO, 2014). Los municipios generan sólo 2.9% de ingresos totales del país y se gastan el 8.3%. Respecto a la recaudación local, puede calificarse de baja, en comparación con otros países. Además, la recaudación del impuesto predial representa el 0.3% del PIB nacional, mientras que en Colombia es de 0.6%, en Chile 0.6% y en Uruguay de 0.65% (IMCO, 2014). Un elemento más que contribuye al endeudamiento de los municipios es la falta de transparencia, pues ésta, como política pública, puede evitar la reproducción de costos negativos a la comuni-

Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los municipios más endeudados al 30 de junio de 2014 son:

• Tijuana, con 2,496 millones

• Guadalajara, con 2,482 millones

• Monterrey, con 2,103 millones

• Hermosillo, con 1,438 millones

• León, con 1,405 millones (SHyCP, 2014)

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dad. El Índice de Información Presupuestal Municipal 2014 también evaluó la calidad de información presupuestal de 410 municipios: “la calificación promedio fue de 28% y 271 ayuntamientos obtuvieron 30% o menos de calificación” (IMCO, 2014). Por otra parte, en materia de seguridad pública, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación destaca que el “75% de los municipios en México podrían tener vulnerabilidad a la infiltración de la delincuencia organizada, lo que afecta su actividad económica, social, cultural y política”. Es decir, “1,800 municipios de los 2,457 que hay en el país podrían tener vulnerabilidad en relación con la infiltración de la delincuencia organizada” (Milenio, 2015).

productivos y de bienestar social. Cuando la capacidad de gobierno disminuye, los problemas públicos se reproducen con mayor intensidad. Por tanto, la vida municipal en México tiene fallas de gestión que son significativas y tienen impacto directo con el estancamiento de la vida comunitaria. Es necesario en esta visión, emprender una reforma en el orden municipal de gobierno, a fin de evitar fallas de gestión que inciden de manera desfavorable en la dirección de los gobiernos locales.Por tanto, es fundamental que la reforma municipal sea centrada en:

Conclusión

2) La adopción de nuevos diseños institucionales en materia fiscal y presupuestal que permitan revertir el endeudamiento local

En las actuales condiciones del país, la vida institucional de los municipios tiene como saldo un déficit de gestión en materia de endeudamiento, transparencia y seguridad pública. Ante esta situación, viven condiciones de vulnerabilidad que dañan la vida de sus habitantes y reflejan que su capacidad de gobierno se encuentra disminuida. La ausencia de una capacidad vigorosa de gobierno da como resultado que su vida productiva no tenga un desempeño más efectivo que permita a las esferas de la vida privada, pública y comunitaria un mayor fortalecimiento en términos

1) La revisión del marco constitucional para situar al municipio en la visión federalista del siglo XXI

3) El fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación pública 4) Que los Congresos locales refuercen la vigilancia y la fiscalización sobre los gobiernos municipales

REFERENCIAS I. Brito, Omar y Angélica Mercado (2015), “Vulnerables al crimen, 3 de cada 4 municipios: Segob”, en Periódico Milenio, sección Policía, 22 de enero, consultado en: http://www. milenio.com/policia/municipios_vulnerables_crimen-crimen_organizadomando_unico_0_450554946.html (última fecha de revisión: 05 de febrero de 2015). II. Instituto Mexicano para la Competitividad (2014), Índice de Información Presupuestal Municipal 2014, consultado en: http://imco. org.mx/indices/indice-de-informacionpresupuestal-municipal-2014/ (última fecha de revisión: 05 de febrero de 2015). III. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2014), Indicadores de deuda subnacional y afectación de participaciones, segundo trimestre, consultado en: http://hacienda.gob.mx/ Estados/Deuda_Publica_EFM/2014/ Paginas/2doTrimestre.aspx (última fecha de revisión: 05 de febrero de 2015). IV. Tocqueville, Alexis (1985), La democracia en América, México, Fondo de Cultura Económica. V. Tocqueville, Alexis (2005), El antiguo régimen y la revolución, Madrid, Alianza Editorial

5) El rediseño de incentivos positivos y negativos de gran calado para reordenar el desempeño de las tareas de la seguridad pública local

El endeudamiento municipal está aumentando de manera crítica, comprometiendo recursos futuros

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Una administración pública

SOCIALMENTE NECESARIA por Omar Guerrero

onstruir un paradigma de administración pública que pueda considerarse como socialmente necesaria constituye un poderoso incentivo para la reflexión de quienes nos dedicamos a la academia como una actividad profesional. A pesar de la impronta social que exige esta disertación, no voy a poner el énfasis en los aspectos interpersonales e impersonales, ni en los organizativos, funcionales o procesales de la administración pública. Deseamos, más bien, subrayar lo humano como la esencia social de dicha administración, y que es lo más relevante. Pero dentro de lo humano acentuaremos a los elementos de participación de aquellos que son los usuarios de los servicios administrativos y de profesionalización, de quienes tienen por actividad vital

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al servicio público, pues una administración pública socialmente necesaria debe partir de una premisa humanística. Razonamos que la administración pública socialmente necesaria debe configurarse con base en dos elementos sustanciales: a) la militancia cívica en la administración pública, y b) la carrera administrativa en el servicio público. La militancia cívica, que entraña una multiplicidad de modos de intervención que incluyen a la participación ciudadana, la participación comunitaria, ha dado pruebas de gran eficacia en situaciones de excepción tales como los siniestros naturales, o bien en sucesos políticos como los vigentes ahora en Chiapas. En este sentido, las organizaciones no gubernamentales requieren un adecuado acomodo social y político que permita extraer de e-

llas ese gran caudal de energías desplegadas allí donde el Estado deje de actuar. Los servicios públicos y las contralorías sociales constituyen ámbitos en los cuales se podría convocar dicha militancia sin excluir los programas de desburocratización, protección del consumidor, defensa del contribuyente y otros similares. Una sociedad civil participante supone un Estado protagónico razonablemente activo y preocupado de sus deberes, tanto de las responsabilidades primigenias, tales como el cuidado de la paz y el orden, como otras referentes a su modernidad, entre ellas las del bienestar social y la administración del patrimonio económico de la nación. Hablamos de un Estado al margen de la abstinencia económica y la indolencia social; estamos pensando en un Estado social y públicamente responsable, pero

Foto: MÉXICO SOCIAL

alejado finalmente de la hiperactividad y el súper-protagonismo. Un Estado tal requiere un gobierno cuya administración pública socialmente necesaria sea distinta, donde la militancia cívica tenga un acomodo adecuado. Por consiguiente, una opción deseable para discernir el espacio público organizativo y funcional de la administración gubernamental, bajo nuevos requerimientos, consiste en la identificación de los ámbitos posibles y deseables de participación ciudadana a través de sus propias organizaciones formales. Se trata de una vía de actividad continua, directa y organizada, no de una acción espontánea y difusa, y, por lo tanto, posiblemente infructuosa. Un buen ejemplo lo constituyen los órganos colegiados de planeación y diseño de políticas públicas, en especial en los cuerpos de autoridad públi-

ca próximos a sus intereses. Estamos hablando de instituciones públicas territoriales, principalmente de carácter local y regional, en las cuales es propicia y deseable la incorporación de vecinos y moradores de los barrios, colonias y ciudades pequeñas. Además de la corresponsabilidad en la gestión de los negocios colectivos, se mejoraría la contraloría social de los servicios públicos y su adecuada inspección. Debido a las deficiencias de los prestadores de servicios públicos y privados, en nuestros países el usuario se ha convertido de manera informal en un monitor de la calidad de esos servicios, y hasta en contralor y enmendador de las deficiencias de los prestadores de los mismos. Inclusive, con frecuencia el prestador demanda al usuario el no haberle reclamado la falla o deficiencia, el no haber hecho a tiem-

Una administración pública socialmente necesaria debe partir de una

premisa humanística

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Una administración pública personalizada está integrada por servidores públicos formados de manera profesional y capacitados continuamente

Foto: Cortesía Excélsior

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Ningún país Iberoamericano está mejor dotado que el nuestro en cuanto a escuelas, facultades y centros de administración pública, ya que México cuenta con:

• 21 programas en Licenciatura • Cuatro en Maestría • Dos en Doctorado • Cuatro especializaciones

po la reclamación. Institucionalizar este papel y hacerlo un deber público, con respaldo de autoridad, haría de estos organismos de planeación y elaboración de políticas, centros de recepción de demandas y de participación ciudadana y, además, de democratización de la administración pública. Asimismo, los ciudadanos podrían participar más propiamente dentro de contralorías sociales de defensa de derechos civiles relativos a servicios públicos, y extender su acción dentro de comisiones mixtas de servicios públicos y sociales, y en las visitadurías de servicios públicos prioritarios de carácter funcional. En nuestros países, el abandono de servicios es más evidente en la vida municipal, como los referentes al agua potable y alcantarillado, los mercados y el abasto, los transportes y otros servicios similares. El problema, sin embargo, suele hacerse más complejo cuando en ciudades medias y pequeñas se introducen elementos tales como el flujo turístico, el crecimiento industrial o el desarrollo comercial, inci-

diendo en la vivienda, los servicios municipales, la oferta educativa y otros similares. La concurrencia de autoridades administrativas no resuelve el problema, lo agrava, por la imposibilidad de hacer coherente y sincrónica la operación de entidades cuyos mandos son diversos. La falta de colaboración y sincronía se advierte, a menudo, en los asfaltos abiertos mucho tiempo, luego de que se rompieron para la instalación de líneas telefónicas y están a la espera de los trabajadores municipales para su arreglo. La opción es hacer participar a los habitantes del lugar, a los prestadores de servicios y a las autoridades locales, para atender ciertos servicios estratégicos por su grado de repercusión funcional o geográfica. Hay servicios públicos que son insumos de otros servicios, ellos deben asumir un carácter prioritario y ser adjudicados por la congregación de esfuerzos organizativos que, al mismo tiempo, sea pública, civil y privada. También es menester considerar el papel de nuevas entidades profesionales que pueden fungir como

auxiliares de la administración pública, de modo similar a como lo hacen los notarios públicos. Debemos recordar que, de antaño, se ha ido generando consenso en el sentido de observarlos, más que como profesionales liberales, como agentes de una función pública. Un estatuto similar pueden tener los despachos de consultoría, integrados por profesionales de procedencia diversa, a cuyo cargo estén tareas delegables por la administración pública, pero que no se definan bajo el tradicional concepto de la contratación o concesión. Los colegios profesionales podrían tener un papel principal como auxiliares de la administración pública en asuntos que antaño se llamaban de administración consultiva y deliberante, y requerían el concurso de “facultativos”. En cuanto a una administración pública profesional, ésta debe ser proyectada a través del establecimiento de la carrera administrativa, tomando como bases las experiencias ancestrales del servicio exterior y las más recientes del Instituto Federal Electoral (IFE).

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Municipios Pero estaríamos alertas de meditar sobre proyectos de una carrera administrativa general, que en Iberoamérica han fracasado, y optaríamos por tres vías aparentemente más factibles. La primera es la creación de nichos organizativos singulares de servicio civil, en aquellas actividades administrativas altamente especializadas o que exijan la necesaria imparcialidad política. Tal es el caso ya experimentado del servicio exterior y el IFE, y se podría extender al INEGI, Archivo General de la Nación, Acervo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Banco de México, Nacional Financiera y los centros e institutos de enseñanza e investigación del gobierno, tales como el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y el Centro de Estudios Históricos del Agrarismo Mexicano, entre otros más. El segundo es el establecimiento de carreras administrativas funcionales, que podrían comprender actividades administrativas demandantes de un elevado sentido de ética profesional y, por consiguiente, un código de conducta estricto referente al ingreso al cargo, desempeño, permanencia y rendimiento. Tales funciones podrían ser, por

ejemplo, las relativas a la administración interna, asuntos internacionales de las Secretarías de Estado (distintas a la SRE) y asuntos jurídicos de las mismas. Comprendería también a los sectores de bienestar social, tales como la salud, educación y vivienda, formando “gente social” especializada en la gestión de programas sociales masivos que constituyen intrincados modos de comportamiento administrativo moderno que reclama el concurso de una diversidad de organizaciones públicas, privadas y sociales. Finalmente, nos referimos a la formación de cuerpos de servidores públicos para el desempeño de funciones de alta gerencia pública –a manera de los administradores gubernamentales argentinos y los gestores gubernamentales brasileños-, que se ocuparían de las tareas generales de coordinación, planificación, dirección, asesoría, hechura de políticas públicas estratégicas e implementación de programas gubernamentales en gran escala. Más particularmente, atenderían deberes de asistencia técnica, auditoría y el seguimiento de programas sociales masivos. Serían agentes de vinculación organizativa; se encargarían de la regimentación de la implementación y la

colaboración intra e intergubernamental. Estos cuerpos funcionariales tendrían como postulantes a los egresados de las escuelas, facultades y centros de administración pública. En México hay 21 programas en licenciatura, cuatro en maestría y dos en doctorado, además de cuatro especializaciones; ningún país Iberoamericano está mejor dotado que el nuestro al respecto. Debemos agregar seis programas de enseñanza de ciencia política en pregrado, y a las cuatro instituciones que ya están enseñando políticas públicas, y gobierno y asuntos públicos. Esos focos de formación en administración pública, ciencia política, políticas públicas, y gobierno y asuntos políticos están repartidos en todo el país, lo cual ayudaría a la formación profesional para la carrera administrativa en las entidades federativas, de acuerdo con los principios de un federalismo fortalecido. En estas entidades se podrían formar cuerpos funcionariales y establecer nichos organizativos, como en el gobierno federal, pero en ellas se podrían extender a los gobiernos municipales, en los cuales el calendario político de renovación trienal requiere de servidores públicos imparciales y

Los focos de formación en administración pública, ciencia política, políticas públicas, y gobierno y asuntos políticos están repartidos en todo el país, lo cual ayudaría a la formación profesional para la carrera administrativa en las entidades federativas, de acuerdo con los principios de un federalismo fortalecido

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La concurrencia de autoridades administrativas no resuelve el problema, lo agrava, por la imposibilidad de hacer coherente y sincrónica la operación de entidades cuyos mandos son diversos

capaces de organizar la continuidad de los asuntos administrativos, como contraparte al cambio de autoridades políticas. La experiencia de los Institutos de Administración Pública de las entidades federativas podría ser un gran nutriente de sabiduría acumulada a favor de estas carreras administrativas. Una administración pública personalizada, así como responsable y responsiva, está integrada por servidores públicos formados como tales, como servidores públicos profesionales, capacitados continuamente. No se puede exigir capacidad de desempeño y responsabilidad de deberes, sin la debida preparación en los negocios públicos, tanto para el funcionario de carrera, como para el de confianza. El papel del funcionario de confianza es, y será, de principal relevancia debido a la intensificación de la politización de los asuntos públicos. Su presencia y postura, bajo un compromiso de partido, lo presenta como un elemento imperecedero de la vida política. Las mencionadas instituciones académicas de enseñanza en administración pública, ciencia política, políticas públicas, y gobierno y asuntos públicos pueden surtir de

aspirantes al servicio público, cuyos programas de enseñanza y adiestramiento partan de los requerimientos gubernamentales concretos y reales, para ser respondidos mediante el desempeño en cargos seriados de la administración pública, que constituyan una carrera, un cursus honorem. En una escuela tal, establecida por y para el gobierno, se prepararían los aspirantes al servicio público que provienen de aquellas instituciones, además de otras más, para formar al personal de carrera en los nichos continuamente; toda vez que se realizarían cursos de perfeccionamiento para funcionarios de confianza. Una escuela así tendría un estatuto propiamente nacional, y podría servir tanto para el gobierno federal, como para los gobiernos de las entidades federativas. Aquí el Instituto Nacional de Administración Pública tiene una larga experiencia que puede ser aprovechada, principalmente en el aspecto de formación y capacitación de servidores públicos en el nivel de posgrado. Estas, entre otras, son algun a s i d e a s q u e p u e d e n s e r v e rtidas sobre una administración pública socialmente necesaria.

MÉXICO SOCIAL Marzo 2015

Salud Pública

LOS RIESGOS DEL EMBARAZO El nacimiento de un niño sano es un acontecimiento que se celebra en todas las sociedades. El embarazo es un evento fisiológico, sin embargo, debe ser considerado como de excepción (hecho o fenómeno que no se adecúa a una regla), ya que es capaz de producir la muerte, o daño permanente, tanto a la madre como al recién nacido por MANUEL CAMPA

SOBRE EL AUTOR

Especialista certificado "In tempore" por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana desde 1966. Fue Comisiado de arbitraje médico del estado de Veracruz de 1999 a 2008.

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¿Qué es el Riesgo Reproductivo (RR)? Es la probabilidad de enfermedad o muerte que tienen la mujer o su futuro hijo en caso de embarazo en condiciones no ideales; es decir: todos aquellos factores externos o intrínsecos a la mujer que puedan desarrollar alguna complicación durante la evolución del embarazo, el desarrollo del parto, del puerperio o que puedan alterar de alguna forma el desarrollo normal o la supervivencia del producto. El riesgo reproductivo se clasifica de la siguiente manera: Riesgo Preconcepcional (RRP), el cual se aplica a las mujeres en edad reproductiva en los periodos no gestacionales: su objetivo es clasificar a la mujer en edad fértil no gestante de acuerdo al riesgo que un futuro embarazo produciría en la salud de ella, el feto o el recién nacido. Riesgo Obstétrico (RRO), que se aplica a las mujeres durante la gestación, el trabajo de parto, alumbramiento y en el puerperio. Riesgo Perinatal (RRPN), éste abarca desde la vigésimo cuarta semana de gestación hasta la primera semana de vida del recién nacido, comprendiendo el periodo fértil tardío y el periodo neonatal precoz. Es un concepto más evolucionado que el riesgo obstétrico, pues es un instrumento de predicción que, además de considerar los riesgos maternos, incluyen los riesgos para el feto o recién nacido. La gestantes de RR constituyen del 20% al 30% del total de embarazadas, y son responsables de 70% a 80% de la mortalidad

perinatal. El éxito de la atención prenatal reside en la identificación temprana de las gestantes con factores de riesgo. El (RRP) puede ser de carácter biológico, psicológico y social, y no es valorado por igual en cada caso, es decir, que la misma condición de riesgo no repercute de forma igual en cada mujer o pareja, por lo que debemos hacer un enfoque y análisis individualizado en cada caso. Generalmente se aborda con insistencia la presencia de RRP en la mujer, sin abordar el concepto de género y los riesgos preconcepcionales en el hombre, tanto aquellos relacionados con afecciones sistémicas modificables y los del aparato reproductor (infecciones de transmisión sexual), como los que tienen que ver con hábitos tóxicos como, por ejemplo, el alcoholismo, o con conductas sociales inadecuadas. En países como Brasil, México y Venezuela se ha incrementado el número de mujeres con RRP, alcanzando la población de menores de 20 años hasta un 25% o 30% del total de mujeres. La consulta preconcepcional permite detectar anticipadamente los posibles riesgos obstétricos que pudiera enfrentar una mujer cuando desee embarazarse. En México la NOM-007-SSA2-2010 relativa a la atención del embarazo y publicada en el DOF el 05 de noviembre de 2012 señala que la consulta pregestacional debe ser un fundamento que se

debe fomentar en la práctica clínica y obstétrica moderna. Idealmente, la mujer debe tener una valoración preconcepcional tres meses antes de intentar un embarazo. El RRP puede y debe ser detectado aun antes de que el embarazo ocurra, y causado por padecimientos presentes en la madre o por antecedentes desfavorables en gestaciones o en hijos previos; para que esto sea posible, la mujer susceptible al embarazo debe favorecer su evaluación oportuna para permitir la corrección de su patología, la limitación de su reproducción o al menos el conocimiento de riesgo. Si en las instituciones de salud o en las comunidades se dispusiera de mecanismos para identificar mujeres en edad reproductiva no embarazadas y portadoras de uno o más factores de riesgo, el paso

siguiente sería el de instruirlas sobre el peligro de enfermedad o muerte que representaría un embarazo futuro. En el IMSS las mujeres que deseen embarazarse pueden asistir junto con su pareja a las unidades de medicina familiar para que se les valore el RRP. El Instituto dio a conocer que se solicitarán los exámenes básicos que el médico considere pertinentes, y dependiendo de los resultados, se enviarán al nivel de atención correspondiente. Lo anterior se hace con el fin de que las mujeres se embaracen en las mejores condiciones de salud, controlando o modificando sus factores de riesgo. La intención es que el embarazo no tenga complicaciones. En caso de no existir las condiciones favorables para procrear se sugiere posponer

UNIDO, EL PRI SE ALISTA PARA LA CONTIENDA ELECTORAL El PRI se encuentra listo para iniciar las campañas electorales de cara al 7 de junio, en las que con estricto apego a la legalidad y en medio de un ambiente partidista de unidad, busca alzarse con una clara victoria. En días recientes, el tricolor realizó convenciones de delegados en las 32 entidades del país, en donde formalizó la selección de sus abanderados a diputados federales, que en su gran mayoría fueron de unidad. Será la primera vez que participe igual número de candidatas mujeres priistas que varones, gracias a la paridad de género que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto y que fue aprobada en el Congreso de la Unión. Pero también descollará la participación de un gran número de candidatos jóvenes tricolores, al que corresponderá un tercio de las candidaturas del partido, tal y como quedó establecido en los documentos del PRI en la XXI Asamblea Nacional. Y una vez que los aspirantes del tricolor se registren ante el Instituto Nacional Electoral la última semana de marzo, estarán listos para que, un día después, tal y como lo marca el calendario electoral, inicien sus campañas, que tendrán una duración de 60 días. Un hecho que destaca en la actual coyuntura política nacional es que los abanderados priistas, que se distinguieron por preservar la unidad interna de su partido durante el proceso de

selección, serán los aspirantes más cuidados de la historia, pero también los más capacitados. Todos los partidos se han esmerado por cuidar la honestidad de sus aspirantes y en esta tesitura, el PRI, de una manera discreta pero eficaz, investigó a todos sus candidatos (antecedentes, trayectorias y relaciones) e incluso sondeó las opiniones de sus vecinos. Paralelamente, por medio del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político y la Escuela Nacional de Cuadros, el tricolor se dio a la tarea de examinar a sus aspirantes, a quienes aplicó exámenes sobre el conocimiento del partido y sus documentos básicos que debieron aprobar para obtener la postulación, En este marco, el presidente nacional del PRI, César Camacho, anunció que el Revolucionario Institucional invitará a sus candidatos a que hagan pública su declaración de intereses, y una vez que sean candidatos electos, la patrimonial y la fiscal. “Estamos listos para honrar el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas; más allá de que sea una exigencia legal, es un asunto de ética política. Vamos de la mano con las medidas anunciadas en la materia por el presidente Enrique Peña Nieto”, puntualizó el líder nacional del tricolor. Así, con trabajo, organización, buenos candidatos, propuestas atractivas, cultivando el valor de la unidad, la suma de esfuerzos y actuando

siempre dentro de la ley y con transparencia, el PRI de César Camacho se alista para presentarse al escrutinio de los electores este 7 de junio. El tricolor busca obtener la mayoría de las diputaciones federales de manera amplia, contundente y legítima, que le permitirá apoyar desde el Congreso de la Unión, los Congresos locales y los gobiernos estatales, al proyecto transformador de la nación impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto.

a b r i l 2014 MÉXICO SOCIAL

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Salud Pública Los factores de RRP más frecuentes son: • Desnutrición • Que hayan pasado menos de dos años del último parto • Ser menor de 18 años • Tener embarazos muy seguidos • Tener muchos embarazos o abortos espontáneos • Enfermedades crónicas, como diabetes mellitus, que es una de las condiciones patológicas que con mayor frecuencia complican el em barazo, con gran influencia en el futuro de la mujer y de su hijo. En su desarrollo influyen antecedentes familiares, obesidad, muerte fe tal y diabetes gestacional previa, incrementándose la morbilidad neonatal • Hipertensión arterial, cardiopatías, nefropatías y hepatopatías. És tas son las más importantes por su repercusión sobre la vida del bi nomio, seguidas en frecuencia por el asma bronquial, las anemias y el papanicolau anormal Cuando se asocian los factores, el riesgo se incrementa.

de las mujeres menores de 20 años presentan RRP en países como Brasil, México y Venezuela

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la planeación de la gestación, se les indica un tratamiento específico y el empleo de un método anticonceptivo, hasta que las condiciones de salud le permitan a la mujer embarazarse y tener un bebé sano. Mejorar el manejo y control del RRP tiene sus bases en un trabajo comunitario, interdisciplinario y multisectorial, que se apoya en la medicina familiar. Está orientado a la atención de los casos de más alto RR, brindan atención prenatal a pacientes con determinados riesgos, tales como nutricionales, genéticos e infecciones del tracto reproductivo. Para ello es conveniente perfeccionar los servicios de planificación familiar y riesgo reproductivo existentes, mejorando el manejo y control del RRP. Para conocer la real magnitud del problema fundamentado en el diagnóstico de salud, es preciso enfocar las acciones para modificar el riesgo sobre la base del respeto al derecho de toda pareja o mujer a decidir cuándo y cuántos niños desean y conocer el momento oportuno para la concepción deseada, con acciones previas que eliminen, atenúen o modifiquen positivamente el RRP existente para aplazar el embarazo deseado, hasta el momento más oportuno para la concepción, mediando solo el tiempo necesario para ello.

Este programa establece una “negociación” con la pareja o la mujer sobre su futuro reproductivo, con pleno conocimiento de su riesgo, para que espere un tiempo (acordado entre ambas partes) para su estudio y mejoramiento de las condiciones. Esta conducta debe guiarse con una orientación adecuada, no imponerse, ya que se rompería la relación de respeto médico-paciente. En el nivel de atención primaria de salud debe existir un programa para el control del RRP con el objetivo fundamental de incidir y modificar positivamente el riesgo existente antes de que la mujer se embarace, con el fin de lograr que la concepción ocurra en las mejores condiciones posibles. La tendencia actual de todas las instituciones y países del mundo es canalizar todos sus esfuerzos en ofrecer el recurso más calificado y la tecnología más avanzada hacia la planificación familiar y la salud reproductiva. Sin embargo, una gran cantidad de gestantes de algunos países latinoamericanos no tienen la oportunidad de recibir atención preconcepcional y sus embarazos son atendidos en ambientes rurales por personal no médico. El impacto de esta orfandad de servicios médicos calificados produce incremento en las tasas de mortalidad materna y perinatal. Uno de los aspectos cuya demanda au-

El IMSS ha elaborado la siguiente encuesta para identificar RRP, en el cual se responde “sí” o “no” a las siguientes preguntas: 1. ¿Tienes tres o más hijos? 2. ¿Tienes menos de 20 años o más de 35? 3. ¿Hace menos de dos años que tuviste tu último embarazo? 4. ¿Alguno de tus hijos nació con alguna malformación o muerto? 5. ¿Alguno de tus hijos murió durante el primer mes de vida? 6. ¿Has tenido abortos? 7. ¿Eres diabética o tienes la presión alta? 8. ¿Estás enferma del corazón o de los riñones? 9. En algún embarazo anterior: ¿te han hecho cesárea? 10. En algún embarazo anterior: ¿tuviste sangrado antes, durante o después del parto? En caso de que hayas contestado “sí” a una o más preguntas ¡CUIDADO! tienes RRP mentará previsiblemente en la atención primaria de salud es la atención en Salud Reproductiva (SR), teniendo en cuenta que el conocimiento médico basado en la evidencia, los criterios consensuados entre médicos de atención primaria y especialistas y las guías de buena práctica clínica definirán las actitudes, valores y expectativas en la atención primaria, y que la información modificará las relaciones con las pacientes, al aumentar el nivel de conocimientos de la población se hace necesario prestar atención a los principios éticos profesionales. La calidad de atención en los servicios de SR responde a una estructura básica (recursos, organización, disponibilidad y prestación de servicios) en un proceso continuo de interrelación entre los usuarios, los prestadores de servicios, el sistema de salud y el sistema social. Este proceso puede verse afectado por prácticas inadecuadas o falta de capacitación, no solo en aspectos técnicos, sino en aquellos que involucran la comunicación con los usuarios. La prestación de servicios médicos de calidad y calidez reducen el RRP; en el país existían en 2012 alrededor de 14,000 centros de salud, y el 63% están a cargo de pasantes: no hay personal per-

manente calificado. El 10 de febrero del presente año se reunieron en la Ciudad de México los representantes de servicios de salud involucrados en el Programa de Centros Regionales de Atención Integral en Salud Reproductiva (CRAISaR) para analizar el “Reporte de Diagnóstico Inicial del Programa”. Entre los principales temas de discusión se comentaron las fortalezas de cada CRAISaR en el proceso de atención a la mujer embarazada y sus áreas de oportunidad, con la finalidad de focalizar sus estrategias a mejorar dichos rubros a futuro, destacando la importancia de colaborar con los esfuerzos de la Secretaría de Salud para mejorar la salud materna y los resultados perinatales. La atención de la SR, para que sea verdaderamente preventiva, debe ser preconcepcional. Se estima que para el año 2025, México tendrá 11.7 millones de diabéticos, y una oportunidad para evitarlo es a través de políticas públicas con estrategias de educación para la salud de la población, incluyendo el RRP.

El éxito de la atención prenatal reside en la identificación temprana de las gestantes con factores de riesgo

Los factores de riesgo para la diabetes durante el embarazo son: predisposición genética, sedentarismo y obesidad. La diabetes es un desafío nacional. MÉXICO SOCIAL Marzo 2015