Número 41- Diciembre 2013

Año 3 - No. 41, diciembre de 2013, Precio: $35.00 m.n.

"Agujeros éticos", un artículo de Bernardo Kliksberg México Social

@mexicosocialorg

» 30

www.mexicosocial.org

MÉXICO SOCIAL

Un país que

ISSN: 2007 - 2600

ESCRIBEN:

» RICARDO BUCIO » JUDIT BOKSER » JESÚS RODRÍGUEZ » PEDRO SALAZAR » SARA MURÚA » TERESA GONZÁLEZ LUNA

discrimina

ÍNDICE

CONSTRUYENDO UN MÉXICO INCLUYENTE

08

Ricardo Bucio

es una publicación del

LAS MINORÍAS RELIGIOSAS EN LAS ENADIS Judit Bokser

GÉNERO Y DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL Pedro Salazar

ENTRE HECHOS Y DERECHOS Teresa González

UNA SOCIEDAD CIVIL EN EBULLICIÓN

14 20 24 28

Adela Cortina

AGUJEROS ÉTICOS

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Bernardo Kliksberg

EL DESAFÍO DE LA DESIGUALDAD DE TRATO

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RECURSOS SOCIALES Y GRUPOS EN CONDICIONES DE DISCRIMINACIÓN

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CAUSAS Y FORMAS

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Sara Murúa

Director General y Presidente del Consejo Editorial Mario Luis Fuentes CONSEJO EDITORIAL Jesús Kumate Rodríguez Rolando Cordera Campos Fernando Cortés Cáceres Miguel Concha Malo Irasema Terrazas Enrique Provencio Durazo Marcela Rovzar de González Gustavo Gordillo De Anda Nashieli Ramírez Mónica González Contró Director Editorial Saúl Arellano Almanza Coordinadora Editorial Laura Ilarraza Gálvez

Jesús Rodríguez

Teresa Zamora

Vinculación y Relaciones Públicas GCL COMUNICACIÓN: Gisela Casarín Alberto Martínez Lorena Martínez Edición Electrónica Jesús Mendoza Franco

LA NECESIDAD DE ALTERNATIVAS

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DISEÑO Alejandra Núñez Valentín

MENTIRLE A TODO EL MUNDO

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IMAGEN DE PORTADA Raúl Zamorano Díaz Alejandra Núñez Valentín

Elba Coria

Rogelio Flores

México Social, Año 3, No. 41, diciembre 2013, es una publicación mensual editada por el Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). Pennsylvania No.86, Col. Parque San Andrés, CP. 04040 Delegación Coyoacán, México, D.F. Tels. 5659-6120 y 5659-6209 www.ceidas.org, informacion@ceidas.org. Editor responsable: Saúl Arellano Almanza. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2010-032312331700-102 ISSN: 2007 - 2600, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Contenido No. 15077, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX IM09- 0840. Impresa por Expressarte Print Services, Calle Juan Sánchez Azcona No. 307, Col. Narvarte, México, D.F. Distribuida por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. y la Comercializadora GBN S.A. de C.V., Calzada de Tlalpan No.572, Desp. C-302,Col. Moderna, Del. Benito Juárez C.P. 03510, México D.F. Tel. 0155-56188551 Mail: comercializadoragbn@yahoo.com.mx comercializadoragbn@gmail.com este número se terminó de imprimir el 25 de noviembre de 2013.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS).

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MÉXICO SOCIAL

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México Social es una publicación inscrita en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. http://pnmi.segob.gob.mx

Próximo número Poblaciones indígenas

EDITORIAL

M

éxico es un país en el que la discriminación es un fenómeno normalizado y tolerado. Sin duda, sus efectos son catastróficos para las poblaciones en mayores condiciones de desventaja social, pero en realidad todas y todos hemos sido víctimas o hemos presenciado al menos un acto de discriminación en nuestras vidas.

Las personas hablantes de alguna lengua indígena o que forman parte de una comunidad indígena, las personas con alguna discapacidad, así como muchas de las personas extranjeras en situación irregular en nuestro país, enfrentan duros escenarios de rechazo, amenaza y hasta violencia de parte de la sociedad.

Lo mismo ocurre con niñas, niños y adolescentes, con las personas adultas mayores, con quienes están enfermos por el vih-sida, o bien todas aquellas personas cuya apariencia no corresponde a lo considerado de manera generalizada como dentro de lo “normal”.

Las preferencias o la identidad sexual, las ideologías, las creencias religiosas o bien, diversas posturas políticas son vistas y asumidas con suspicacia, y con base en ello, quienes las sustentan o afirman son objeto de rechazo, de segregación o de agresión constante.

No es fácil vivir en un país con tan arraigada cultura de rechazo y agresión en contra de la diferencia; en ese sentido, la interpretación de la cuestión social, como sinónimo exclusivo de carencias objetivas de bienestar, debe incorporar la compleja agenda de la subjetividad, incluyendo como uno de sus ejes rectores el complejo fenómeno de la discriminación.

De acuerdo con todos los estudios de opinión pública que se han llevado a cabo en el país, las personas opinan que regularmente no les son respetados sus derechos por alguna de las causas señaladas; y perciben que, en efecto, de manera generalizada

hay grupos de población históricamente discriminados.

Por otro lado, la mayoría de la población percibe que son la educación, el nivel socioeconómico y las creencias religiosas lo que más divide a las personas, y que en ese sentido lo que se requiere es una educación dirigida a promover una sociedad mucho más incluyente, respetuosa y tolerante de los demás.

Recientemente una persona perteneciente a una comunidad indígena fue literalmente sacada de una cafetería porque los propietarios creían que era una vendedora ambulante; lo juzgaron así por su vestimenta. Lo grave del caso es no sólo el estereotipo existente respecto de la forma de vestir, sino que por definición quien se dedica a la venta informal de cualquier tipo de mercancías es visto de inmediato como una amenaza a la que por definición debe rechazársele.

Ejemplos como este sobran y no hay una semana en la que la prensa, local o nacional, no registre un evento que evidencia y desnuda nuestra arraigada visión racista, clasista o de otras formas de intolerancia, reproduciendo así la lógica de la violencia y la exclusión social.

Frente a este pernicioso fenómeno, México Social propone en esta edición de diciembre un conjunto de textos que permiten poner en perspectiva la realidad de que el incumplimiento de muchos de nuestros derechos se debe fundamentalmente la intensa desigualdad que nos divide, así como a nuestra negativa a vivir solidariamente en igualdad, respetando nuestras diferencias.

Presentamos también un texto del profesor Bernardo Kliksberg, quien con enorme generosidad aceptó escribir un artículo exclusivo para México Social.

Sin duda, nuestro país necesita una profunda renovación cultural, y por qué no decirlo, también ética, que nos lleve a una verdadera transición del país intolerante e injusto que hoy somos, a uno donde la prosperidad y el bienestar puedan ser compartidos por todos.•

MARIO LUIS FUENTES Director general del CEIDAS, A.C.; en la UNAM es integrante de la Junta de Gobierno; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas

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{ EDITORIAL}

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Evento anual de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, 2013

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entera, institución con más de 23 años de experiencia, está conformada por un grupo de empresas cuyo sentido de propósito es erradicar la exclusión financiera en América. A través de servicios financieros, ahorro, microseguros y medios de pago ha beneficiado a millones de personas en el continente Fiel a su vocación social, convocó a su evento anual de Responsabilidad y Sustentabilidad 2013, al cual asistieron algunos jóvenes beneficiados por el grupo y por instituciones aliadas, mismo que estuvo encabezado por Carlos Labarthe, Presidente Ejecutivo de Gentera.

Labarthe expresó que Gentera tiene como objetivo generar tres tipos de valor: el valor económico, el valor social y el valor humano, elementos que buscan fungir como un motor de crecimiento para marcar la diferencia al atender a todas aquellas personas que no cuentan con acceso a servicios financieros, así como generar productos y servicios que ofrezcan un impacto positivo en la sociedad compartiendo los beneficios con las comunidades donde trabajan.

Informó que han llegado a 2.8 millones de clientes atendidos, lo cual es una parte fundamental para el impacto que buscan tener. Por su parte el Consejo de Administración de Gentera, hoy encabezado por Carlos

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Danel, decidió desde el 2009, destinar el 2 por ciento de las utilidades netas del grupo a proyectos sociales y de sustentabilidad, teniendo como causa la educación, ya que consideran es fundamental para el crecimiento del país. “Queremos un país lleno de oportunidades, necesitamos trabajar en la educación, y que la calidad de la misma sea óptima”, añadió Labarthe.

Alianzas con valor Gentera buscó alianzas principalmente con organizaciones de la sociedad civil, con quienes han estrechado lazos y colaboran desde el 2006. Este trabajo conjunto ha logrado importantes avances en apoyos en donde el ser humano es la prioridad, pues en la institución siempre piensan en el impacto que sus acciones generan en las personas.

Al evento asistieron jóvenes de fundaciones beneficiadas por Gentera

En la reunión se HTML otorgaron recoHTML B1005D F58025 nocimientos a la Fundación nemi, Fundación quiera, bécalos, Promotora Social México, Nuestros Pequeños Hermanos, Fundación Pro Empleo, Un Kilo de Ayuda y la Fundación Alfredo Harp Helú, aliados estratégicos de Gentera con las que han compartido proyectos que fomentan la educación.

Ayleen Cortés, Directora de Responsabilidad Social, externó su compromiso y el de los más de 18 mil colaboradores de Gentera para continuar trabajando en todas sus empresas en México, Perú y Guatemala con los proyectos que beneficien a las comunidades.

“Nos hemos comprometido con el desarrollo de México y de América, por ello nos vinculamos y comprometemos con acciones que promuevan la educación. En Gentera,

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Para mayor información, visita www.gentera.com.mx y las redes sociales Genteramx y @gentera

creemos que la forma de contribuir en el desarrollo de las personas es a través de una educación que impulse a cada beneficiario a buscar una mejor calidad de vida para él y sus familias”- comentó Carlos Labarthe, Presidente Ejecutivo de Gentera.

En el marco del evento, Compartamos Banco entregó los donativos a las instituciones seleccionadas por la Convocatoria Compartamos con la Familia, que en su quinta edición continúa promoviendo proyectos de organizaciones de la sociedad civil que llevan a cabo acciones a favor de la educación y la salud.

Evaluando bajo criterios de viabilidad, eficacia, potencial, eficiencia, visión a futuro, replicabilidad e impacto, sustentabilidad, innovación e integridad, este año, los asesores técnicos y un jurado de honor externo han determinado beneficiar a las siguientes organizaciones: Educación • Fondo Para la Paz, I.A.P. (Oaxaca).

• Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América, A.C. (Oaxaca).

• Niños Unidos de Tetitla, I.A.P. (Estado de México).

• Centros de Prevención Comunitaria Reintegra, I.A.P. (Distrito Federal).

• Red para el Desarrollo Rural Sustentable, A.C. (Hidalgo).

• Pensamiento, Palabra y Acción en Movimiento, A.C. (Distrito Federal).

• Centro Operacional para el Fortalecimiento de Iniciativas Sociales, A.C. (Hidalgo).

• Germinalia, A.C. (Chiapas).

• Mayama, A.C. (Jalisco).

Salud • Educación y Desarrollo Indígena de Chiapas, A.C. (Chiapas).

• México Reconstruyendo, A.C. (Querétaro).

• Desarrollo Integral de la Juventud Oaxaqueña, A.C. (Oaxaca).

Compartamos Banco, empresa de Gentera, entregó donativos a las instituciones seleccionadas por la Convocatoria Compartamos con la Familia

• Asociación de Ayuda a Niños con Trastornos en el Desarrollo, A.C. (Quintana Roo).

• Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A.B.P. (Chihuahua).

La Convocatoria Compartamos con la Familia en sus 5 ediciones anuales:

• Ha recibido 716 proyectos participantes • Ha beneficiado a 83 organizaciones y más de 55 mil personas aproximadamente en toda la república mexicana • Ha distribuido apoyos por una suma de más de 34 millones de pesos•

LOGROS DE GENTERA En educación financiera, Gentera ha realizado: • 3 millones de horas de capacitación otorgadas a más de un millón personas.

• Emitido 18 millones de publicaciones con contenidos de educación financiera para la vida cotidiana.

En cultura cívica: • Ha realizado más de 176 mil horas en programas de voluntariado Gentera • Ha restaurado 144 espacios públicos en México y Guatemala Educación ambiental: • Más 3 mil 900 familias apoyadas durante desastres naturales • 10 hectáreas en el Nevado de Toluca reforestadas y adoptadas.

• 16 toneladas de desechos reciclados o destruidos adecuadamente En alianzas por la educación: • Se han beneficiado a más de 600 mil personas, en alianza con diversas instituciones.

En Educación Preventiva de Salud • Más de 60 mil personas beneficiadas. d i c i e m b re 2013

MÉXICO SOCIAL

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Detrás de la

discriminación...

un país desigual

M

éxico es un país en el que la mayoría ejerce actos de discriminación, en distintos grados, en contra de diferentes grupos de población, ya sea por edad, cuestiones culturales, ideológicas, religiosas y hasta psicológicas, lo que implica consecuencias graves en términos de limitación o incumplimiento de derechos para quienes son víctimas de actos o procesos discriminatorios.

Una de las consecuencias más severas en la que se sitúan cientos de miles de personas como consecuencia de la discriminación es la pobreza, y lo primero que debe mencionarse es la segregación histórica de los miembros de las poblaciones indígenas, quienes padecen las peores condiciones de vida, con el 79.3% de sus miembros en la pobreza. Otro grupo rechazado es el de las personas con discapacidad, de quienes el 26.4% carece de escolaridad y casi el 85% de los que desarrollan alguna actividad de ocupación laboral lo hace en condiciones de informalidad.

De igual forma, las personas mayores de 65 años en condiciones de pobreza viven ampliados procesos de discriminación, que se recrudecen especialmente cuando

se ha tenido una vida de dificultades y carencias y llegan a esta edad sin derechohabiencia a servicios de salud y sin ingresos mínimos garantizados.

Asimismo, sigue habiendo una muy alta presencia de actos discriminatorios en contra de las mujeres, pues al menos 7 de cada 10 mujeres han vivido actos de violencia en algún momento de sus vidas; 8 de cada 10 ganan menos que sus contrapartes masculinas, aun cuando desempeñen trabajos similares o iguales; y en términos de representación política estamos aún muy lejos de lograr la paridad.

DISCRIMINACIÓN

Construyendo un

México incluyente

Foto: Cortesía de EXCÉLSIOR

La no discriminación es, ante todo, un derecho fundamental, y como tal debe ser reclamado por los ciudadanos y tutelado por las autoridades públicas y gubernamentales

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Legislación

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ablar de igualdad y no discriminación remite a un Estado de democracia que privilegia la cohesión social, el respeto a la dignidad de las personas y los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo desde la reforma de junio de 2011, cuando se incorporó la prohibición de discriminar al orden jurídico nacional.

“La mejor ruta para atajar la discriminación es la del cambio organizativo de las instituciones públicas y privadas, en donde las personas se socializan y desarrollan trayectorias vitales y profesionales, con el propósito de que se conviertan en mecanismos de cohesión social y no permanezcan como reproductoras de la discriminación y la exclusión”, señala el investigador Jesús Rodríguez Zepeda en “Iguales y diferentes: la discriminación y los retos de la democracia incluyente”.

La noción de no discriminación resulta un tema de resonancia actual y reciente en nuestra cultura. A nivel internacional se ha desarrollado a partir de trabajos llevados a cabo en las diversas agencias y organismos del Sistema de Naciones Unidas en todo el mundo, principalmente por el hecho de entender a la discriminación como una fuerza contraria a la libertad.

La discriminación está enraizada en las estructuras sociales, políticas, económicas, culturales, jurídicas, estéticas; esto exige conocer sus interrelaciones para así poder contar con herramientas idóneas en el diseño y definición de políticas públicas incluyentes.

Uno de los grandes retos que tenemos como nación consiste en lograr que este tema cobre visibilidad y que el principio de la No Discriminación pueda permear de manera transversal todas las políticas públicas, para que sean orientadas a fomentar la inclusión social, especialmente la de personas y grupos en situación de vulnerabilidad, como son: las personas con discapacidad; niñas, niños y jóvenes; personas de la tercera edad; integrantes

de las comunidades indígenas; trabajadoras del hogar; y personas de la diversidad sexual.

Habrá quien se pregunte si las mujeres no son un grupo en situación de vulnerabilidad. La respuesta es sencilla, no son un grupo. Las mujeres en México son la mayoría de la población. Lo cual no exime que sean discriminadas. Por ello, es loable, por ejemplo, que atendiendo el porcentaje de población que son, el Gobierno de la República proponga al Congreso de la Unión una iniciativa de ley que les dé paridad de 50% en las postulaciones a cargos legislativos y que también sean mujeres sus suplentes.

En materia de Discriminación, y de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis, 2010), en nuestro país ocho de cada diez personas manifiestan que no han sido respetados sus derechos por sus costumbres; cultura; acento al hablar; educación; por venir de otro lugar; vestir de otra forma; o tener otra religión.

Otras cifras revelan que siete de cada diez indicaron que los tratan de manera diferente por su apariencia física y por no tener dinero. Y cuatro de cada diez opinan que a la gente se le discrimina por su tono de piel.

Esto nos habla de la vigencia del clasismo (que se suma generalmente con racismo), fenómeno que comprende un conjunto de prejuicios y discriminación con base en la pertenencia a un nivel socioeconómico y que está muy enraizado en la mayoría de la población.

Todas las personas que se encuentran en territorio nacional tienen formalmente reconocido el derecho constitucional a la no discriminación. Un componente de la política de derechos humanos es el principio de igualdad y no discriminación como condición indispensable para el ejercicio de los demás derechos.

La política de igualdad y no discriminación se forja a través de un programa especial de gobierno que forma parte de la política de derechos humanos. Una de las estrategias es promover la armonización

RICARDO ANTONIO BUCIO MÚJICA Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y Presidente de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD).

Es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana (UIA) y diplomado en Nueva Gerencia Pública, Gestión Pública y Desarrollo Social por la UIA y la Universidad de Chicago. Fue Director General Adjunto del Indesol, Secretario Técnico de la CDHDF y miembro del Copred en la Ciudad de México. También fue Coordinador Nacional de Cáritas Mexicana, y ha sido especialista invitado de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

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DISCRIMINACIÓN

Foto: Miguel Ángel Cortés

8 de cada 10 PERSONAS manifiestan que no han sido respetados sus derechos por sus costumbres; cultura; acento al hablar; educación; por venir de otro lugar; vestir de otra forma; o tener otra religión (enadis, 2010)

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del marco jurídico de conformidad con los principios constitucionales de igualdad y no discriminación.

En la esfera internacional En este ámbito los ordenamientos legales de derechos humanos se caracterizaron por ser disposiciones que reconocieron derechos en todas las personas sin discriminación de ningún tipo, tal como se puede observar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, o bien en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Económicos, Sociales y Culturales, acogidos por ese mismo órgano en 1966.

Las exigencias de los diversos grupos

sociales que pugnaban por un reconocimiento y respeto de sus derechos, y la necesidad de especificar las obligaciones de los Estados que no se definieron claramente en los instrumentos referidos, dieron origen a un marco normativo de derechos humanos más específico, conformado por las siguientes Convenciones: • Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial de 1966 • Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 • Sobre los Derechos del Niño de 1989 • Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de 1990 • Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006

Legislación En el ámbito nacional En México se ha enriquecido el orden jurídico con diversas reformas y expedición de legislaciones tendientes a garantizar que la totalidad de la población goce y ejerza sus derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. La aprobación por unanimidad de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (lfped), y su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, detona la generación de legislación especializada en el combate de la discriminación y la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Es importante mencionar que la lfped es una de las primeras leyes que incorporan en su mandato la obligación a nivel nacional de aplicar los tratados internacionales relacionados con derechos humanos, anteriores a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011.

A la fecha se cuenta con 24 leyes locales contra la discriminación, cuyo objetivo es dar cumplimiento al mandato contenido en la Constitución, particularmente a la cláusula antidiscriminatoria contenida en el Artículo 1º. Estas leyes fueron elaboradas a partir de 2004, un año después de la publicación de la lfped, siendo la primera de ellas la del estado de Tamaulipas en 2004, seguida por la de Nayarit en 2005, así como Zacatecas y Baja California Sur en 2006; Campeche, Chihuahua, Coahuila y el Estado de México en 2007; Colima en 2008; Chiapas, Durango, Guerrero, Michoacán y San Luis Potosí en 2009; Yucatán en 2010; Distrito Federal en 2011; Aguascalientes, Querétaro, Baja California y Quintana Roo en 2012; e Hidalgo, Sinaloa, Morelos y Veracruz en 2013.

Continuando con el modelo de reconocimiento de la igualdad de derechos se crearon legislaciones específicas para ciertos grupos en situación de discriminación a nivel federal y estatal.

Para el terreno federal: La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del año 2000; la Ley de los

Derechos de las Personas Adultas Mayores de 2002; la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas ambas del año 2003; la Ley General de las Personas con Discapacidad de 2005 (ahora Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en 2011); la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de 2006 y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de 2007.

A nivel estatal: destaca la expedición de ordenamientos jurídicos en materia de discapacidad; de personas adultas mayores; de niñas, niños y adolescentes; igualdad entre mujeres y hombres, y en contra de la violencia ejercida hacia las mujeres; sólo por citar algunas legislaciones, a partir de la publicación y vigencia de sus correlativos expedidos por el Congreso de la Unión, ya sea en su carácter de Ley General o Federal.

Estas transformaciones normativas e institucionales han sentado bases fundamentales en la lucha contra la discriminación; sin embargo, no se puede dejar de reconocer y aceptar que, aun con la existencia y vigencia de un orden jurídico que regula y garantiza el respeto al derecho a la no discriminación de las personas, la sociedad mexicana continúa siendo un entramado social en cuyo seno se originan un cúmulo de actitudes y conductas discriminatorias, lo cual, además de inhibir la igualdad de trato y de oportunidades, obstaculiza la conformación de un país democrático y plural.

A diez años de la publicación de la lfped se ha creado un marco normativo antidiscriminatorio nacional, en donde 22 entidades estatales cuentan con leyes de no discriminación. Su objetivo es dar cumplimiento al mandato del Artículo 1º constitucional, en particular, a la cláusula antidiscriminatoria.

Conviene recordar que la no discriminación no es únicamente la primera de las garantías individuales de la Constitución, sino una suerte de “derecho llave” que hace posible el acceso al ejercicio del sistema de derechos fundamentales.

EL DATO • La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (lfped) fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003 • A la fecha 24 entidades estatales cuentan con leyes de no discriminación

A pesar del orden jurídico que regula y garantiza el respeto al derecho a la no discriminación,

la sociedad mexicana continúa siendo un entramado social en cuyo

seno se originan un cúmulo de actitudes y conductas discriminatorias

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MÉXICO SOCIAL

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DISCRIMINACIÓN

El clasismo (conjunto de prejuicios y discriminación con base en la pertenencia a un nivel socioeconómico) está muy enraizado en la mayoría de la población

7 de cada 10 personas indicaron que las tratan de manera diferente por su apariencia física y por no tener dinero

(enadis, 2010)

La reforma a la ley Actualmente está en proceso una reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, debido a que la reciente reforma en materia de derechos humanos implica la incorporación de obligaciones en materia de no discriminación establecidas en más de 50 tratados internacionales.

La actual ley no está pensada para cumplir con esas nuevas obligaciones internacionales.

La reforma establece que las instancias públicas adoptarán medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas, mismas que deberán reportarse periódicamente al Consejo para su registro y monitoreo. El Consejo determinará la información a recabar y la forma de hacerlo. En caso de realizarse, se contaría con beneficios como: 1) Se fortalecerá la actuación del Conapred como instancia rectora del Estado en el combate a la discriminación y las responsabilidades de la Administración Pública Federal en la materia 2) Habrá más herramientas para transitar hacia una política de Estado en materia de no discriminación 3) Las resoluciones por disposición serán vinculantes también a particulares 4) Clubs, comercios, medios de comunicación, clubes de futbol y vecinos tendrán

que responder por conductas discriminatorias 5) La reforma amplía el catálogo de conductas que son discriminatorias, como la promoción del odio en medios de comunicación 6) Incluye a Sedesol, Inmujeres, Instituto Nacional de Migración y Conadis en la junta de gobierno de Conapred Las obligaciones en la materia son para todo el Estado mexicano; sin embargo, la actual ley sólo prevé mecanismos para el cumplimiento de las mismas por Conapred. Como única excepción está el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (pnped).

La lucha contra la discriminación requiere de todas las capacidades, de todos los recursos y de la voluntad y compromiso de quienes tienen la responsabilidad de diseñar y operar las políticas y programas públicos.

El combate a la discriminación debe ser uno de los ejes principales de la política y la economía en nuestro país, que abarque de manera integral a la sociedad civil, al sector público y al privado.

La aprobación de la reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación significará un gran avance para gradualmente ganar terreno a la discriminación, un problema que nos corroe socialmente.

El Conapred es la institución del Gobierno Federal que articula las acciones en contra de la discriminación del Estado mexicano, y con esa calidad es que propone, desarrolla y consolida acciones y alianzas con las instituciones públicas, con las instituciones privadas, con las sociedad civil, para que la discriminación sea cada vez más un asunto del pasado, pero no del futuro mexicano que busca una sociedad de derechos.

Construyamos todas y todos un México incluyente.•

La reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación fortalecerá la actuación del Conapred como instancia rectora del Estado en el combate a la discriminación, así como las responsabilidades de la Administración Pública Federal en la materia, y ampliará el catálogo de conductas que son discriminatorias

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d i c i e m b re 2013 MÉXICO SOCIAL

DISCRIMINACIÓN

Las minorías religiosas en las enadis Algunos datos apuntan hacia el pluralismo en cuanto al respeto ante credos o religiones minoritarias, en la conciencia del ejercicio de derechos y la libertad de creencias, mientras que otros muestran el recelo y las actitudes discriminatorias que persisten en nuestro país.

Hay también variedad de percepciones entre las propias minorías religiosas, lo que da cuenta de la diversidad y heterogeneidad en cada uno de estos grupos específicos

L

as dos Encuestas Nacionales sobre Discriminación en México (enadis 2005 y 2010) representan un interesante esfuerzo por diagnosticar la situación del problema, al tiempo que permiten alimentar la reflexión teórica. Las percepciones entre la población mexicana a propósito de la discriminación por motivos de conciencia o por razones religiosas han evolucionado con el tiempo.

Las encuestas mencionadas para medir estas variables así lo muestran. Sin embargo, las respuestas son variadas de acuerdo con la zona geográfica, la edad, el sexo, el estatus socioeconómico o la escolaridad. En

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d i c i e m b re 2013 MÉXICO SOCIAL

conjunto, ello muestra los niveles de aceptación o rechazo de profesantes de la religión mayoritaria hacia las minorías y cómo se asumen o se viven las minorías en esos contextos.

México es ya un país diverso religiosamente. En el reciente Censo de Población y Vivienda 2010 se encontró que 82.7% de la población se considera católica. La diversidad religiosa mexicana se centra básicamente en el cristianismo, ya que alrededor de 10% de las personas se identifica con alguna iglesia cristiana distinta a la católica. Hay además otras minorías como el judaísmo y el Islam, el budismo, hinduismo, y sijies, bahais, entre otros. Es

Religión de destacar, asimismo, que 4.6% declaró no tener religión alguna.

Algunos datos y una mirada comparativa a ambas encuestas deja ver que tanto en la práctica como en el discurso, las personas en México han mostrado abiertamente un rechazo hacia otras minorías religiosas. La Enadi 2005, señaló que más de la mitad de los mexicanos encuestados, 50.9 %, afirmó que entre más religiones existieran, mayores conflictos habría entre las sociedades; mientras que un 36.6% opinó que era más difícil enseñarle valores a los hijos cuando se permitía la existencia de muchas religiones en el país(I). En este sentido, 36.2% no estuvo dispuesto a vivir en cercanía de individuos que profesaran otra religión(II) y 20.1% con integrantes de otras razas(III). Todos ellos identificaron a otros grupos religiosos como grupos que pueden generar conflictos(IV).

Desde el punto de vista del discriminado, los números también resultaron ser entonces claros y contundentes: en promedio 9 de cada 10 mujeres, personas con discapacidad, indígenas, homosexuales, personas adultas mayores y pertenecientes a minorías religiosas opinaron que existía discriminación por su condición. Casi un 39.2% de las minorías religiosas encuestadas ganaba menores salarios que el resto de las personas y un 31.4% consideró tener menores oportunidades para conseguir un empleo(V). Del mismo modo, un 20.1% afirmó que el mayor sufrimiento para las personas que pertenecían a una minoría religiosa era la falta de trabajo(VI).

Como la segregación no es sólo un alejamiento espacial sino simbólico, podemos constatarla también en la escuela y el trabajo: 28.9% de las minorías religiosas encuestadas dijo que sus hijos habían sido víctimas de actos discriminatorios por ser una personas de minoría religiosa y 31.4%

de ellas consideró tener menores oportunidades para conseguir un empleo que el resto de las personas(VII).

En los datos arrojados por la enadi en 2005 y los correspondientes a 2010 se nota una mejoría en cuanto a tolerancia vis-àvis la pluralidad religiosa. Por ejemplo, ante la pregunta “¿permitiría que en su casa vivieran personas de otra religión?” sorprende ver que, mientras en 2005 más de 36% de las y los encuestados respondieron negativamente, para 2010 el rechazo disminuyó en aproximadamente 12 puntos; (únicamente 24.2% de las respuestas reportaron la misma negativa). Asimismo, si en 2005, el 50.9% de la muestra encuestada consideraba que “mientras más religiones haya, habrá más conflicto en la sociedad”, en los resultados de la Encuesta de 2010 se observa una disminución relativa a esta inquietud: solo el 35.6% comparte tal opinión. De confirmarse esta tendencia, los mexicanos le estarían perdiendo el miedo a la diversidad religiosa(VIII).

En los grupos más jóvenes, más de dos terceras partes de la población aceptaría vivir con personas de una religión diferente a la suya (cerca de 70% en los grupos de 12 a 39 años). Sin embargo, conforme aumenta la edad, esta respuesta se reduce de manera significativa a 61% en el grupo de 40 a 49 años, 58% en el grupo de 50 a 59 años y 47% entre la población de 60 años o más. El mayor rechazo a vivir con alguien de una religión diferente se registra en los tres grupos de mayor edad, indicando un aumento de la pluralidad, la diversidad y la tolerancia entre las generaciones más jóvenes de nuestro país.

Según la enadis 2010, los grupos de personas cuyos derechos en México son menos respetados son las personas homosexuales (19.5); las personas migrantes (20.3); y las personas indígenas (22.4). De

JUDIT BOKSER MISSES DE LIWERANT Directora y Editora de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Es Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, institución donde acaba de concluir su gestión como Coordinadora del Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales.

Ha sido nombrada Distinguished Visiting Professor de la Universidad Hebrea de Jerusalem. Es miembro del SNI, Nivel III, de la Academia Mexicana de Ciencias y del Consejo de CONAPRED. Fue Miembro de la Comisión Ciudadana de Estudios Contra la Discriminación y Consejera de la CDHDF. Es Autora y editora de 12 libros y ha publicado más de cien artículos científicos y capítulos en libros especializados en las áreas de teoría política, globalización e identidades colectivas y judaísmo contemporáneo latinoamericano.

La diversidad religiosa en México • 82.7% de la población se considera católica • 10% de las personas se identifica con alguna iglesia cristiana distinta a la católica • 4.6% declaró no tener religión

EL DATO

Existen también minorías como el judaísmo y el Islam; el budismo; el hinduismo; sijies y bahais (inegi, Censo, 2010)

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MÉXICO SOCIAL

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DISCRIMINACIÓN

Sólo 7% de las personas

que profesan alguna religión minoritaria considera que no tiene

problemas por su religión

40%

DE LAS PERSONAS PERTENECIENTES A MINORÍAS RELIGIOSAS percibe que no se respetan sus prácticas en cuanto al uso de vestimenta religiosa

29%

cree que el principal problema para las personas de su religión es la desigualdad

28%

cree que es la burla

26%

dice que no se respeta su derecho a realizar ceremonias o prácticas religiosas

17% cree que la gente de su ciudad no acepta que se le enseñe su religión a sus hijos

14%

de los entrevistados considera que las personas católicas deben tener más derechos que las de otras religiones

(enadis, 2010)

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todas las categorías empleadas, las niñas y los niños (42.2), las y los jóvenes (34.9) y las personas no católicas (34.3) son las que menos discriminación sufrirían desde la perspectiva del respeto a sus derechos.

Al mismo tiempo, se percibe menos consideración por las lesbianas (44.1); los homosexuales (43.7 versus 48.4 en 2005); las personas con vih (35.9); y las personas con ideas políticas distintas (25.9 versus 38.3 en 2005), medición basada en la no disposición a vivir en cercanía de estos grupos. Además, 26.6 no está dispuesto a vivir con extranjeros (versus 42.1 en 2005); 24.2 con gente de otra religión (versus 36.2 en 2005: disminución aproximada de 12 puntos); y 23.3 con gente de otras razas (versus 20.1 en 2005). En términos generales, habría “disminuido” el nivel de discriminación o rechazo hacia los homosexuales, las personas con ideas políticas diferentes, los extranjeros, la gente de otras religiones y, al mismo tiempo, habría “aumentado” el nivel de discriminación hacia la gente de otras razas(IX).

Las encuestas consideraron dos dimensiones estructurales: una objetiva (material), asociada a condiciones de desigualdad social, y la otra subjetiva (simbólica), relacionada con las representaciones socioculturales, estereotipos y estigmas, así como con cualquier manifestación simbólica que implique exclusión. Pese a tal distinción analítica es necesario señalar que las dimensiones objetiva/subjetiva guardan un significativo vínculo, pues en la dinámica de la exclusión social podemos observar relaciones recíprocas entre el desprecio subjetivo y las privaciones materiales, entre la inquina personal y la violación a derechos fundamentales. Esta dinámica puede observarse en el caso de

la discriminación a las minorías religiosas.

Un rechazo subjetivo tiene implicaciones objetivas.

Por ejemplo, 29% de las personas pertenecientes a minorías religiosas (casi tres de cada diez) cree que el principal problema para las personas de su religión es la desigualdad; 28% la burla; 6% los prejuicios y la incomprensión; 1% la agresión; y otro 1% la falta de trabajo. Sólo 7% considera que no tiene problemas por su religión(X).

Es decir, casi tres de cada diez personas que pertenecen a alguna minoría religiosa consideran que su principal problema es el rechazo, la falta de aceptación, la discriminación y la desigualdad. Este dato tendría que ser suficiente para que todos los actores sociales decidieran abordar el tema para su comprensión y socialización, así como para trabajar sobre las posibles soluciones al respecto.

Del mismo modo, 40% percibe que no se respetan sus prácticas en cuanto al uso de vestimenta religiosa y 26% que no se respeta su derecho a realizar ceremonias o prácticas religiosas. Asimismo, alrededor de la mitad de las personas que profesan religiones minoritarias perciben mucho respeto de sus vecinos respecto de asistir a los templos y seguir normas religiosas. Sin embargo, 17% cree que la gente de su ciudad no acepta que se le enseñe su religión a sus hijos.

Las personas que profesan alguna religión minoritaria perciben que los entornos más tolerantes se encuentran entre sus correligionarios y su familia (90% y 87%).

Enseguida ubican a las instituciones, como los servicios de salud (74%), el gobierno federal (68%) y los medios de comunicación (66%). Por otro lado, los entornos menos tolerantes están conformados por la gente

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Religión

de su barrio o colonia (12% sostiene que son intolerantes) y por los propios amigos (10% considera que son intolerantes). Este dato es sumamente importante porque muestra que los entornos de sociabilidad más cercanos al individuo son, al mismo tiempo, los más conflictivos a la hora de la convivencia social(XI).

La complejidad del fenómeno es tal que se manifiesta en muchas otras dimensiones cuyo análisis rebasa el alcance de este trabajo. Señalemos sin embargo que ésta se despliega en el marco de una “naturalización” del orden social que conduce a las personas a considerar “natural”, “evidente”, “incuestionable” que exista un otro desvalorizado. Esta característica del actuar se manifiesta en cómo se imputan a los otros “defectos o virtudes que se atribuyen al plano de lo natural”. No nos extrañe el dato que arroja la enadis 2010 en el sentido de que 14% de los entrevistados considera que las personas católicas deben tener más

derechos que las de otras religiones (valor que desciende hasta 10% en el caso de minorías religiosas).

Junto a la edad, el nivel educativo resulta otra variable relevante para explicar el umbral de tolerancia entre la población encuestada. Mientras el 78.7% del segmento de personas que cuentan con estudios universitarios considera positiva la diversidad religiosa, el 55% de las personas sin estudios formales rechazan esta realidad.

La discriminación por motivos de religión y conciencia no presenta las mismas características en todo el país y la distribución regional de la discriminación por conciencia y religión tiene que ver con la fortaleza de la cultura religiosa en los órdenes imaginarios simbólicos y culturales predominantes en cada zona.

En nuestros días, los procesos discriminatorios han adquirido una nueva visibilidad en clave de cuestionamiento de la dignidad de las personas debido, en gran d i c i e m b re 2013

MÉXICO SOCIAL

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DISCRIMINACIÓN

México es ya un país diverso religiosamente; sin embargo, una mirada comparativa a las enadis 2005 y 2010 deja ver que, tanto en la práctica como en el discurso, la población mexicana ha mostrado abiertamente un rechazo hacia las minorías religiosas

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

medida, a las reivindicaciones planteadas precisamente por los grupos sujetos a discriminación.

El desarrollo y la aplicación plenos de los derechos humanos —según los cuales los Estados y los organismos intergubernamentales deben velar por la eliminación de toda forma de discriminación mediante estrategias capaces de fomentar una convivencia social incluyente y respetuosa al tiempo que aseguren, promuevan y fortalezcan el respeto a la dignidad humana y las libertades fundamentales de todos, sin distinción de raza, religión, idioma, sexo, filiación política o expresión cultural— se hace, más que deseable, urgente, si es que se aspira a tener marcos de convivencia donde la igualdad, entendida como la aceptación plena de la Otredad y el respeto

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d i c i e m b re 2013 MÉXICO SOCIAL

a la alteridad por ellas mismas, sea el común denominador del comportamiento estatal y ciudadano.

Por su parte, la eliminación de cualquier forma de discriminación implica acciones sociales y de Estado complejas y plurales, que incluyen dimensiones como la educación, el acceso igualitario a la justicia y la formación de grupos sociales capaces de asumir un papel eficaz en el manejo y control de toda forma de discriminación.

Por ello, pensar la discriminación como un proceso social nos remite a la concepción integral de los fundamentos sobre los que descansa la convivencia social, en cuyo seno el reconocimiento del Otro y las diversas dimensiones del pluralismo abonan para afianzar los supuestos de la democracia.•

Religión REFERENCIAS:

SOBRE LA DISCRIMINACIÓN Si entendemos la democracia como un sistema que nutre y legitima la diversidad y el pluralismo, que está asociado a la inclusión de las minorías en el quehacer nacional y al cumplimiento de la plena igualdad ciudadana a través del Estado de Derecho, entonces resulta evidente que su construcción está estrechamente ligada a la toma de conciencia y visibilidad de los fenómenos discriminatorios. Los procesos de democratización exigen el reconocimiento pleno del Otro como parte sustantiva y legítima del ordenamiento social; demandan pensar su significado y alcance; y, consecuentemente, tener la capacidad de pensarnos a nosotros mismos como Otros, en el cabal alcance del concepto de pluralismo. La verdadera igualdad, en este sentido, no radicaría en la semejanza con “el que es como yo”, sino en la plena aceptación de la diversidad, de aquellos “que no son como yo”.

Los procesos diferenciadores no constituyen en sí mismos un acto de discriminación; lo son sólo en la medida en que esta diferencia implique desprecio, rechazo o limitación de derechos. Como definición, la discriminación refiere que a un actor o grupo específico se “le impone un trato diferenciado en diversos ámbitos de la vida social en la que él participa de una manera que pueda llegar a humillarlo”.

Por ello, los procesos de discriminación son la expresión más contundente, tanto individual como colectiva, de la negación del principio de igualdad de la condición humana. Reflejan la incapacidad social, política y cultural para dar cuenta de la alteridad y de las diferencias.

De esta manera, la discriminación no sólo constituye un “trato desfavorable”, sino que incorpora una serie de elementos como “prejuicio”, “humillación”, “negación” o “privación”, que sólo pueden ser comprensibles si aquélla se entiende como un problema inscrito en una gama de referentes (tanto sociales como culturales; estructurales como individuales) mucho más amplia.

No podemos soslayar el hecho de que la discriminación como mecanismo simbólico que excluye a los otros desde el imaginario negativo que una sociedad haya construido

históricamente sobre la otredad, escapa a las voluntades individuales. Es decir, el “prejuicio”, como elemento de motivación que posibilita a los individuos discriminar, puede estar anclado en estructuras sociales o bien en intereses de grupos donde aquél “hace soportable” y justificable formas extremas de explotación. El prejuicio puede también proceder como válvula de escape cuando grupos sociales tratan de paliar sus angustias o padecimientos mediante una reconstitución imaginaria de un “chivo expiatorio” que resulta ser símbolo y fuente tradicional de todo mal.

Si bien un acto de discriminación puede ser realizado por y con las miradas, las palabras o las actitudes, no por ello puede considerársele un hecho subjetivo, e incluso muchas veces se trata de acciones no perceptibles o voluntarias para las personas. Ello arroja luz sobre la complejidad del fenómeno de la discriminación por tratarse de un fenómeno muchas veces “invisible”, encubierto o negado en la semántica social. Muchas expresiones de discriminación se transmiten de manera velada mediante la eufemización en el discurso que hace de la segregación un fenómeno irreconocible, imperceptible. Estas se inscriben e implican procesos institucionalizados tanto en la vida cotidiana (si por institución entendemos “pautas recurrentes”, “regularidades”), como en discursos mediáticos, políticos y jurídicos.

En ese sentido, la discriminación puede tener manifestaciones tan diversas que en ciertas ocasiones aparece de manera dispersa; incluso podemos enfrentarnos a “estrategias de encubrimiento y disimulo” no sólo por parte de quienes discriminan, sino de los discriminados.

Discursos y prácticas sociales son con frecuencia los canales por los cuales fluye la discriminación de modo no siempre consciente para los actores, pero desde los cuales es posible la reflexión sociológica. Por ello, reiteramos, se insertan en la trayectoria histórica y en la configuración social y política, económica y cultural de las sociedades en las que se desenvuelve, como fenómeno social difuso, a la vez objetivo y subjetivo, estructural y cultural, individual y colectivo.

I. Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Conapred-Sedesol. cap. 8, “Discriminación contra las minorías religiosas”.

II. Ibid., cap. 8, “Discriminación contra las minorías religiosas”.

III. Ibid., Gráfica “Proporción de personas que no estarían dispuestas a permitir que en su casa vivieran personas…”

IV. Ibid., Gráfica“¿Ha tenido, alguna vez, problemas con alguien porque…?”.

V. Ibid., cap. 8, “Discriminación contra las minorías religiosas”.

VI. Ibid., Gráfica “¿Cuál es el mayor sufrimiento de las personas de las minorías religiosas?”.

VII. Ibid., cap. 8, “Discriminación contra las minorías religiosas”.

VIII. Segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación, en México, Conapred, 2010, p . 320 IX. Ibid., p. 49 X. Ibid., p. 110.

XI. Ibid., p. 114

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MÉXICO SOCIAL

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DISCRIMINACIÓN

PEDRO SALAZAR UGARTE Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la FLACSOSede México, en el CIDE, entre otras instituciones de educación superior. Es Doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia, pertenece al SNI (Nivel III), y es miembro del Seminario de Teoría Constitucional de América Latina (SELA) auspiciado por la Universidad de Yale; miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal; de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática; del Comité Editorial de la Revista ISONOMÍA; y del Comité Editorial de la Revista italiana Teoria Politica. En la UNAM es Coordinador de la Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” desde 2012.

Género y discriminación estructural

I

. En México las mujeres han sido históricamente discriminadas por razones de sexo y género. Vale la pena recordar que ambos conceptos no son lo mismo. Como han señalado diversos instrumentos internacionales, en un sentido estricto, el término “sexo” se refiere “a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer”(I); a sus características fisiológicas(II); a “la suma de las características biológicas que define el espectro de los humanos personas como mujeres y hombres”(III); o a “la construcción biológica que se refiere a las características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es clasificada al nacer”. El sexo, entonces, tiene que ver estrictamente con una dimensión fisiológica determinada naturalmente.

El género, en cambio, es una construcción social y se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas(IV). Así que, a diferencia del sexo, el género es el resultado de una construcción social y, por lo mismo, artificial.

Para aclarar el punto conviene advertir lo siguiente: a una persona se le puede asignar un sexo al nacer (“hombre” o “mujer”, tradicionalmente) y, sin embargo, esa persona puede identificarse de manera distinta en términos de su identidad de género (“femenina”; “masculina”; “mujer trans”; “hombre trans”; “persona trans”; “travesti”; u otro). Es relevante señalarlo porque, aunque éste no será el enfoque prioritario de estas páginas, las categorías antes refe-

La discriminación estructural o sistémica es particularmente lesiva para los derechos de las personas que la padecen, y ese es precisamente

el tipo de discriminación que viven las mujeres en nuestro país

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d i c i e m b re 2013 MÉXICO SOCIAL

Género “133. Distintos informes coinciden en que aunque los motivos y los perpetradores de los homicidios en Ciudad Juárez son diversos, muchos casos tratan de violencia de género que ocurre en un contexto de discriminación sistemática contra la mujer. Según Amnistía Internacional, ‘las características compartidas por muchos de los casos demuestran que el género de la víctima parece haber sido un factor significativo del crimen, influyendo tanto en el motivo y el contexto del crimen como en la forma de la violencia a la que fue so-

*Consulta las notas de este artículo en nuestro sitio: www.mexicosocial.org

Foto: Gerardo Loria Casanova

ridas hacen referencia a situaciones reales que tienen enorme relevancia para la vida de muchas personas y que suelen ser causa de múltiples situaciones discriminatorias relacionadas con la perspectiva de género.

II. Una forma de discriminación particularmente lesiva para los derechos de las personas que la padecen es la que se conoce como “discriminación estructural o sistémica”. Y ese es precisamente el tipo de discriminación que padecen las mujeres en nuestro país. Para entender de qué estamos hablando es útil una definición proveniente, de nueva cuenta, del derecho internacional: “(...) la discriminación contra algunos grupos subsiste, es omnipresente, está fuertemente arraigada en el comportamiento y la organización de la sociedad y a menudo implica actos de discriminación indirecta o no cuestionada. Esta discriminación sistémica puede consistir en normas legales, políticas, prácticas o actitudes culturales predominantes en el sector público o privado que generan desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros(V)”.

Esto significa que enfrentamos una situación de discriminación sistémica o estructural cuando las causas de la distinción, exclusión, restricción o preferencia que lesionan los derechos de las personas están incorporadas de tal manera en las instituciones –políticas, jurídicas, sociales– y en las pautas culturales de una colectividad, que son invisibles, y que cuando no lo son, se aceptan sin cuestionamientos.

III. En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “González y otras vs México” –conocida como “Campo Algodonero”–, tanto el Estado mexicano, como la Comisión Interamericana y la propia Corte subrayaron la existencia de una situación de discriminación estructural en México que permitió el secuestro, desaparición, violación, tortura y muerte de tres adolescentes cuyos cuerpos aparecieron junto a otras decenas de cadáveres de mujeres. Ellas sumaron sus nombres al terrible expediente de las “Muertas de Juárez”. Vale la pena retomar las palabras de los jueces interamericanos:

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MÉXICO SOCIAL

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DISCRIMINACIÓN

EL DATO

Sexo. Dimensión fisiológica determinada naturalmente: diferencias biológicas entre el hombre y la mujer; características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es clasificada al nacer; etcétera Género.

Construcción social que se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas

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d i c i e m b re 2013 MÉXICO SOCIAL

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

¿QUÉ ES SEXO Y QUÉ ES GÉNERO?

La violencia de género no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades fundadas en una cultura de violencia y discriminación basada en el género (cedaw)

metida’. El Informe de la Relatoría de la cidh señala que la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez ‘tiene sus raíces en conceptos referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres’. A su vez, el cedaw resalta que la violencia de género –incluyendo los asesinatos, secuestros, desapariciones y las situaciones de violencia doméstica e intrafamiliar– ‘no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades’ y que estas situaciones de violencia están fundadas ‘en una cultura de violencia y discriminación basada en el género(VI)’”.

IV. Identificar cuándo enfrentamos patrones de discriminaciones estructurales es el primer paso para revertirlos. De ahí la relevancia de decisiones jurisdiccionales como la que acabamos de mencionar y la importancia de que se conozcan. Esto es así por un dato que conviene hacer expre-

so: las construcciones culturales no son definitivas. Se trata de situaciones contingentes e históricamente determinadas que, por lo mismo, pueden transformarse.

Ciertamente la transformación de las dinámicas discriminatorias que generan desigualdades estructurales requiere de la acción de una multiplicidad de actores que trascienden a los poderes e instituciones estatales y que exigen la participación activa de la sociedad en su conjunto, pero no debemos olvidar que, en materia de derechos, los poderes del Estado tienen una responsabilidad directa y son los principales obligados en la adopción de medidas para prevenir su violación y garantizar su protección.

Así que las leyes, las políticas públicas y las decisiones jurisdiccionales tendientes a revertir la discriminación estructural que padecen las mujeres en nuestro país son un acto debido para el Estado –que debemos exigir– y no pueden considerarse una concesión discrecional.•

VIVIENDA

m a y o 2013 MÉXICO SOCIAL

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DISCRIMINACIÓN

TERESA GONZÁLEZ LUNA CORVERA Coordinadora de la Cátedra UNESCO “Igualdad y No Discriminación” que impulsan la Universidad de Guadalajara y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Es Doctora en Estudios Científicos y Sociales por la Universidad ITESO, Maestra en Política y Gestión Pública y Licenciada en Ciencias de la Comunicación.

Actualmente se desempeña como Profesora-Investigadora en el Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.

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d i c i e m b re 2013 MÉXICO SOCIAL

Entre hechos y derechos Si bien México cuenta con un andamiaje jurídico más robusto en materia de derechos humanos, todavía hay asignaturas pendientes y difíciles de aprobar

E

s reciente en nuestro horizonte democrático, en el arranque del siglo xxi mexicano, el reconocimiento del derecho humano individual y universal a la no discriminación y el proceso normativo e institucional orientado a combatir las diversas prácticas socioculturales que atentan contra este derecho fundamental. En 2001 se introdujo en el Artículo 1º constitucional la cláusula antidiscriminatoria o igualitarista; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que dio vida al Conapred se promulgó en 2003.

El mismo marco legislativo, aunque sólido, es perfectible; falta, además, armonizar las normas locales y la federal, incluso hay entidades federativas que a la fecha no han legislado al respecto(I). Con todo, los avances normativos e institucionales resultan insuficientes para desmontar el complejo problema de la discriminación.

Más allá de su significado lexicográfico y sentido jurídico general(II), que aluden a toda distinción y trato de inferioridad a una persona o colectividad basadas en un factor o motivo que anula o restringe el ejercicio de derechos, es importante comprender y abordar la discriminación como un fenómeno sociocultural y político de carácter estructural, el cual está relacio-

nado con otras formas de desigualdad, exclusión o injusticia, pero que tiene causas, configuraciones y consecuencias propias.

Cabe entender la discriminación como una forma grave de desigualdad de trato y dominio que limita o anula los derechos fundamentales y las oportunidades de las personas que la padecen, esto es, “una conducta culturalmente fundada y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de prejuicios o estigmas relacionados con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) anular o limitar tanto sus derechos y libertades fundamentales como su acceso a las oportunidades socialmente relevantes en su contexto social”(III).

Ahora se reconoce la desigualdad de trato como un problema social y de interés público, y la no discriminación como un derecho. No podemos ignorar que en los distintos espacios y esferas de la vida social se reproducen de forma sistémica actos discriminatorios y mecanismos de exclusión que dañan las articulaciones entre éstos y dan lugar, entre otros efectos, a la ruptura o pérdida de vínculos sociales y del lazo identitario.

Ante esto, se hace necesario enfrentar el doble desafío de actuar para visibilizar y reducir la desigualdad estructural: por

Derechos Humanos

Es necesario compensar y aproximar al titular abstracto de derechos a quienes viven en situaciones negativas o desventajosas que afectan de manera diferenciada a las personas y grupos sociales

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

un lado, la desigualdad social que tiene su origen en la distribución del ingreso económico; por otro, la desigualdad de trato o discriminación, cuya base es sociocultural y se expresa en prejuicios, estereotipos y estigmas de los que derivan esquemas clasificatorios y visiones que niegan el valor y la dignidad igual de todas las personas. Este estrecho nexo entre desigualdad social y desigualdad de trato explica, en parte, que las palabras “discriminación” y “exclusión” aparecen asociadas con frecuencia en el mismo enunciado. La exclusión como la expresión más drástica de la discriminación.

La no discriminación como derecho fundamental y la realidad discriminatoria, que de manera heterogénea resquebraja toda la geografía nacional, tienen un carácter eminentemente político y están asociados al ejercicio del poder. El predominio de unos cuantos –superiores–sobre otros muchos –inferiores por ser distintos– es la base de la dominación que está presente en todo tipo de práctica discriminatoria. Estas prácticas son propias de sociedades jerárquicas en las que las diferencias de grupo o identitarias dan lugar a la construcción de categorías (raza, género y clase, entre otras más) que, a través de la historia y hasta la fecha, se imponen como parte del orden social naturalizado y legitimado a través de las prácticas hegemónicas y son causa de dominación de un grupo que se autodefine como superior o con mejores y más legítimos derechos que aquellos a los que se desvaloriza y excluye(IV).

Se conforma todo un sistema de dispositivos culturales y mecanismos institucionales en torno a las diferencias, que implican una operación simultánea de separación y jerarquización: el otro (racial o étnico, homosexual, menor de edad, discapacitado, creyente, migrante, etcétera) es valorado como diferente y a la vez como inferior en cualidades, posibilidades y derechos(V). Así, las diferencias son vistas como grados de calidad en la condición humana y a partir de ellas se pretende justificar el trato desigual hacia determinados grupos humanos.

La presencia de personas y grupos sociales discriminados acrecienta la tensión y nutre la duda sobre la capacidad de las instituciones y los alcances de las políticas públicas, que se ejecutan en todos los niveles y órdenes de gobierno, para contener la discriminación y administrar la desigualdad estructural.

Aun cuando el principio de igualdad y el derecho antidiscriminatorio se han insertado, al menos en el discurso, en la agenda pública nacional, el primero se ve invalidado por la realidad discriminatoria y por el hecho de que nuestra sociedad d i c i e m b re 2013

MÉXICO SOCIAL

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DISCRIMINACIÓN

Para desarticular la desigualdad estructural de oportunidades se requiere transitar del nivel de las ideas y del mero reconocimiento discursivo de la diversidad social hacia el paradigma de la inclusión, que asume el principio de que todos somos iguales a la vez que irreductiblemente diferentes

NOTA:

I. Actualmente sólo 12 entidades federativas han incorporado una cláusula antidiscriminatoria en su norma constitucional, 17 cuentan con leyes para prevenir la discriminación y 13 códigos penales estatales tipifican la discriminación como delito.

II. El artículo 1º de la CPEUM, en su párrafo tercero, establece que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

III. Rodríguez Zepeda, Jesús.

La otra desigualdad. La discriminación en México, Conapred, Universidad de Guadalajara y Cátedra UNESCO “Igualdad y No Discriminación, México, 2011, p.19

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funciona en desigualdad y en una desigualdad extrema que produce pobreza y exclusión. La igualdad, como señala Ferrajoli, es un término normativo (no descriptivo) e implica que los diferentes deben ser tratados como iguales. “Quiere decir que de hecho, entre las personas hay diferencias, que la identidad de cada persona está dada, precisamente, por sus diferencias, y que son, pues, sus diferencias las que deben ser tuteladas, respetadas y garantizadas en obsequio al principio de igualdad”.

El problema no está, pues, en las diferencias y en la singularidad de las personas y de los grupos sociales, sino en que éstas se traduzcan en desigualdad social y desigualdad de trato ancladas en relaciones asimétricas de poder(VI).

La igualdad social y la igualdad de trato, como política del Estado de Derecho en las democracias, están asociadas directamente con el conjunto de los derechos humanos y ciudadanos. Cada uno de ellos es fundamental e imprescindible para el ejercicio de todos los demás derechos. Se precisa, por tanto, del desarrollo de políticas públicas que impulsen el cambio de paradigmas para lograr superar las prácticas discriminatorias y las exclusiones en los distintos espacios sociales, con el fin de igualar el impacto de la estructura social sobre las oportunidades de las personas. Dicho en otras palabras, para desarticular la desigualdad estructural de oportunidades se requiere

transitar del nivel de las ideas y del mero reconocimiento discursivo de la diversidad social, que no afectan demasiado los entornos y dinámicas institucionales, hacia el paradigma de la inclusión, que asume el principio de que todos somos iguales a la vez que irreductiblemente diferentes. Desde este enfoque, se entiende la inclusión como una estrategia dinámica que concibe las diferencias individuales no como problema, sino como una oportunidad para la acción política y para el enriquecimiento de la convivencia social.

Respuestas ante la discriminación El Estado mexicano ha crecido en su actividad normativa para favorecer el ejercicio de derechos sin discriminación alguna y registra esfuerzos institucionales importantes en la atención especializada a poblaciones tradicionalmente discriminadas, buscando que éstas puedan tener acceso a ciertos bienes y servicios públicos y disfrutar de sus derechos. Sus resultados, evidentemente, varían respecto a la cobertura territorial, problemas y/o temas específicos sobre los que se interviene, grupos sociales beneficiados e impacto de las acciones y programas instrumentados. Los logros o avances no significan en automático, tal como lo señala el Reporte sobre la Discriminación en México 2012, el establecimiento de un contexto incluyente, a menos que los esfuerzos concurran coordinadamente a favor de la igualdad de trato y las oportunidades económicas(VII).

Sin embargo, advertimos -entre otros problemas- un desajuste entre la realidad y las respuestas que son construidas y desplegadas en forma de políticas públicas, así como dificultades para tomar en cuenta la dimensión simbólica y cultural que penetra la realidad social, la cual trasciende el marco de ordenación legal. Hay que considerar que la igualdad de oportunidades como política del Estado no se debe limitar a operar sólo sobre las condiciones normativas y procedimentales, por lo general carentes de significado social o sentido para los sujetos discriminados, porque así no se resuelve

Derechos Humanos el problema de discriminación estructural.

Por el contrario, se requiere considerar que existen circunstancias que producen problemas para la dignidad de las personas y que es necesario compensar y aproximar al titular abstracto de derechos a quienes que viven en situaciones distintas, en muchos de los casos negativas o desventajosas, que afectan de manera diferenciada a las personas y grupos sociales. Además, hay que tomar conciencia del riesgo y evitar que las políticas focalizadas y acciones afirmativas a las que se recurre para paliar el fenómeno de la discriminación, produzcan el efecto contradictorio e indeseable de estigmatizar o valorar negativamente a las personas que se encuentran en esa situación y son destinatarias de los programas de carácter público.

Desde esta perspectiva, es indispensable que las instituciones se adhieran al proceso de construcción de una política de Estado en materia de no discriminación y que, en sus acciones y funcionamiento regular, propicien que se haga realidad la vigencia del derecho a la no discriminación. El Estado está obligado a actuar para rectificar y evitar la reproducción de las prácticas discriminatorias y cuidar que sus intervenciones sean coordinadas y concurrentes a través, por ejemplo, de la estrategia de la transversalidad que conlleva acciones políticas que inciden en los diferentes ámbitos donde se ejerce y causa más estragos la discriminación: la educación, la salud, las relaciones laborales, el acceso al desarrollo social, la seguridad pública y el sistema de justicia.

Es necesario que las políticas que impulsa el Estado, en clave de derechos humanos, estén acompañadas de una comprensión básica de cada uno de los derechos individuales y sociales, particularmente del derecho a la no discriminación que abraza al conjunto de derechos, e incorporen el dato del contexto social en el que el trato desigual se lleva a cabo, considerando a las personas no solamente en términos individuales sino como miembros de determinados grupos sociales.

Ante la amplia brecha existente entre las normas y su concreción, entre los derechos reconocidos y sus condiciones

reales de efectividad, se confirma la idea y convicción de que no bastan con las legislaciones para transformar la realidad; si bien éstas son necesarias, resultan insuficientes para desmontar concepciones y prácticas en las que se ancla la cultura discriminatoria. Se impone trabajar también en el terreno del entendimiento, de las representaciones, de las capacidades y de las convicciones, desde la dimensión cultural y educativa, para lograr transformaciones sustantivas en las causas o raíces de la discriminación y apuntalar la construcción de una cultura democrática incluyente. De manera particular, resulta crucial una política educativa encaminada a la construcción de sujetos con capacidad de agencia en un contexto de ejercicio y exigibilidad de derechos.

El gran reto para desmontar las prácticas discriminatorias y así garantizar el pleno ejercicio y goce de los derechos fundamentales de cada una de las personas y de todos los grupos sociales, se puede formular en los términos que lo hace Adela Cortina: transitar de una ciudadanía simple, aquella que plantea una igualdad que elimina diferencias (sexo, religión, raza, preferencia sexual, etc.) y refiere a un ciudadano sin atributos, a una ciudadanía compleja que plantea una igualdad que se hace cargo de las diferencias y exige al Estado tratar a todos con igual respeto a su identidad, esto es, gestionar y articular la diversidad en la que se tejen y expresan las distintas identidades(VIII).•

IV. Bourdieu, Pierre Bourdieu y Loic J. D. Wacquant. Respuestas.

Por una antropología reflexiva.

Grijalbo, México, 1995.

V. Hopenhaym, Martín y Alberto Bello, “Discriminación étnico racial y xenofobia en América Latina y el Caribe”, en Serie Política Social, Naciones Unidas-Cepal, Santiago de Chile, mayo de 2001.

VI. Ferrajoli, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil, Editorial Trotta, Madrid, 2009, p.79 VII. Raphael De la Madrid, Ricardo (coord.), Reporte sobre la discriminación en México 2012, Cide y Conapred, México, 2012.

VIII. Cortina, Adela. Justicia cordial, Editorial Trotta, España, 2010.

Existe un desajuste entre la realidad y las respuestas que son construidas y desplegadas en forma de políticas públicas.

Asimismo, hay dificultades para tomar en cuenta la dimensión simbólica y cultural que penetra la realidad social, la cual trasciende el marco de ordenación legal.

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COLABORACIÓN ESPECIAL

Una ADELA CORTINA Catedrática de la Universidad de Valencia.

Es Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia, con estudios de postgrado en las universidades de Munich y Frankfurt. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y directora de la Fundación Étnor. En 2007 fue acreedora al Premio Internacional de Ensayo Jovellanos.

sociedad civil en ebullición Hace años quien deseaba mejorar la sociedad debía ingresar en un partido político. Seguía pesando aquella idea hegeliana de que el mundo político se preocupa por los intereses universales y brega desde la solidaridad, mientras que la sociedad civil es el reino de los intereses particulares, el ámbito del egoísmo. Esta división del trabajo carece de sentido, porque gran parte de la sociedad civil asume un esperanzador protagonismo en la construcción del bien común, que es urgente potenciar

Q

uizá porque la política se limita a buscar votos y conseguir ventajas no le queda fuste para lanzar propuestas atractivas; o porque la financiarización de la economía

Es propio de sociedades con cierta andadura democrática que no haya unos pocos líderes, sino el trabajo

conjunto de personas y grupos generando una inteligencia colectiva

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ha creado un mundo estable; porque el despilfarro, la mala gestión, la corrupción y la falta de unidad han socavado la credibilidad de lo político; lo cierto es que la sociedad civil viene movilizándose en los medios de comunicación, en intervenciones públicas, en las redes, en las calles; aportando críticas y propuestas realizables.

No faltan líderes ni los intelectuales han desaparecido de la esfera pública, lo que ocurre, como decía José Luis Aranguren, es que se han democratizado, crean foros y círculos de opinión, elaboran informes sobre problemas candentes y los transmiten a la esfera pública a través de todos los medios a su alcance. Una tarea ingente para analizar lo que nos pasa, detectar los puntos más débiles y lanzar propuestas constructivas. Una sociedad civil en ebu-

La sociedad civil viene movilizándose en los medios de comunicación, en intervenciones públicas, en las redes, en las calles; aportando críticas y propuestas realizables. El uso público de la razón es el síntoma esperanzador de una sociedad en vías de ilustración

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

llición, capaz de superar la idea de que el poder político se ocupa de los intereses universales, mientras que la sociedad civil se refugia en sus egoísmos particulares.

Por fortuna hay una ingente cantidad de grupos que hace oír su voz en la esfera pública, aportando sugerencias viables y argumentos. Es lo propio de sociedades con cierta andadura democrática: que no haya unos pocos líderes, unos pocos intelectuales sobresalientes, sino el trabajo conjunto de personas y grupos plurales, generando una inteligencia colectiva, capaz de descubrir mundos ignotos. Si es verdad, como dicen los defensores de la mente extendida, que nuestra mente no se encierra en los límites del cuerpo, sino que la componen también datos y personas del entorno; si es verdad que la sinergia de inteligencias personales arroja propuestas más lúcidas, entonces hay que abandonar el fácil lamento de que faltan líderes e intelectuales y escuchar a quienes ya están hablando. El uso público de la razón es el síntoma esperanzador de una sociedad en vías de ilustración.

Pero para que exista una conversación es preciso que alguien descuelgue el teléfono al otro lado y los políticos parecen demasiado preocupados arreglando sus asuntos particulares como para ponerse al aparato. Parece que las tornas hayan cam-

biado desde hace algunas décadas, y que son ellos los que se ocupan de sus intereses personales y dejan a los ciudadanos lanzar discursos sobre los asuntos comunes.

Mala cosa los monólogos, sean crispados o propositivos.

Son los diálogos los que permiten ir incorporando en las instituciones las propuestas más lúcidas y fundamentadas, las que pueden ayudarnos a salir del marasmo, y crear una sociedad justa. La forma política de esa sociedad sería la de una democracia en la que los representantes responden de sus acciones, de sus programas, y también tienen línea directa con los interlocutores más preocupados por el interés común que por los intereses partidarios. La reforma de los partidos políticos es imprescindible en su democracia interna, la transparencia de su financiación o la necesidad de debilitar el poder de los aparatos.

La convicción de que otro mundo es no sólo posible, sino también necesario, porque el que tenemos no está a la altura de los seres humanos; la certeza, cada vez más asumida, de que lo que es necesario es posible y tiene que hacerse real; y el sentimiento de que para lograrlo es indispensable que la sociedad civil ejerza la responsabilidad que le corresponde; la buena noticia es que la está asumiendo y lo hará cada vez más.• d i c i e m b re 2013

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COLABORACIÓN ESPECIAL

Agujeros éticos BERNARDO KLIKSBERG Autor de 56 obras traducidas a multiples idiomas. Entre las más recientes se encuentran “Primero la Gente”, que escribió con Amartya Sen, “Escandalos Éticos”y “Ética para Empresarios”.

Asesor especial de la ONU, PNUD, UNESCO ,UNICEF, OIT, OMS,OPS y otros organismos internacionales.

Ha dado asesoría en: lucha contra la pobreza, reforma del Estado, políticas de desarrollo, y otras áreas claves a los más altos niveles de más de 30 países. Padre de la Gerencia Social, y de la Ética para el desarrollo, ha recibido decenas de Doctorados Honoris Causa, entre los más recientes, los de la Universidad Hebrea de Jerusalem, la Universidad Rey Juan Carlos de España, la Universidad Mayor de San Marcos, la Universidad Autónoma de Nuevo León y otros. Entre otras distinciones, el Rey Juan Carlos de España le confirió la Orden al Mérito Civil; la ciudad de Buenos Aires lo designó ciudadano ilustre; Guatemala le otorgó la Medalla Presidencial; y la Academia China de Ciencias Blandas le dio su mayor distinción. Designado en Octubre de 2013 por la FAO integante del Alto Panel Mundial en Seguridad Alimentaria integrado por 15 prominentes expertos mundiales. Se han publicado y estan en traducción en China varias de sus mas recientes obras.

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La economía mundial en su conjunto se halla complicada. No es de extrañar cuando las políticas ortodoxas como las que están fracasando abiertamente en Europa siguen siendo activamente impulsadas en diversas regiones; cuando factores como la “especulación salvaje”, que produjo la peor crisis de la economía americana después de la de 1930, en el 2008-2009, sigue operando activamente; y hay nuevos desarrollos regresivos como el llamado “evitamiento” de impuestos por algunas de las mayores multinacionales La “codicia desenfrenada” en acción

L

a economía mundial sigue sumida en la crisis. Uno de sus motores, Europa, sigue fuertemente estancada. Según The Economist (28/09/2013), la EuroArea tendrá en 2013 una caida del Producto Bruto del 0.5%.

Grecia, el laboratorio de las políticas de austeridad, caerá un 5.5%, lo que lleva su retroceso desde que se le “prestó” dinero a condición de que las aplicara a ultranza a más de un 30%. En España retrocederá un 1.6%. En Italia un 1.8%. La desocupación europea sigue ascendiendo, es 12.1% en Grecia 27.9%; en España 26.3%; en Italia, una de las mayores economías del planeta, alcanzó la cifra récord de 12%. La desocupación juvenil es casi 60% en Grecia y España, y 40% en Italia.

A pesar de que tanto el FMI como la Unión Europea reconocieron que sus es-

timaciones sobre las posibles reducciones del producto bruto bajo las políticas que han impulsando eran equivocadas, y la realidad las triplicó, no modificaron dichas políticas.

Irónicamente editorializa The New York Times sobre Grecia (10/07/13): “El FMI parece más problematizado por la evidencia de que la austeridad ha hecho reales daños a la economía griega. Pero esa constatación hasta ahora no ha traído cambios en las políticas ni alivio para los sufrientes griegos”.

Está operando lo que Obama llamó “la codicia desenfrenada”. Una muestra.

La Fiscalía del distrito sur de Nueva York está llevando adelante un juicio criminal contra uno de los mayores Fondos Financieros, SAC Capital, que gestiona más de 14,000 millones de dólares.

Lo acusa de haber permitido un fraude de “cientos de millones de dólares que habría sido generalizado a una escala sin precedentes en la industria de los fondos de

EL DATO

Las tácticas de “evitamiento fiscal” seguirán aumentando las ganancias récords de muchas corporaciones. Las grandes empresas pagaban en USA en 1950 el 30% de los ingresos fiscales.

Actualmente, a pesar de su expansión, sólo pagan el 9% de la recaudación fiscal

alto riesgo”. La justicia ha levantado cargos contra criminales ocho operadores de alto rango del Fondo, que usaron datos confidenciales violando las leyes para realizar operaciones en bolsa obteniendo beneficios ilícitos. Ya la empresa había acordado en marzo pagar una multa de 615 millones de dólares por las conductas ilegales de sus

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Menos de 1,000 empresas tienen actualmente el 50% de las acciones de las bolsas del mundo

operadores, pero la investigación siguió encontrando delitos agravantes, y una cultura de corrupción corporativa ampliamente difundida.

Su dueño, integrante conspicuo del 1% más rico que acapara más del 45% del PBI mundial, compró el año pasado uno de los cuadros más caros de la historia para d i c i e m b re 2013

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COLABORACIÓN ESPECIAL

En Brasil se ha

privilegiado lo social y las agresivas políticas sociales lograron que 40 millones de personas, el 20%

de la población, salieran en pocos años de la pobreza, convirtiéndose en pequeña clase media

adornar las paredes de su casa, un Picasso por el que pagó 120 millones de dólares.

Se podrá decir “una manzana podrida suelta en un barril”. Es más complejo.

Una encuesta a 250 operadores de alto nivel de decenas de compañías financieras sobre la que informa The New Yok Times (16/07/13) plantea difíciles interrogantes.

El 23% de los encuestados dijeron que “habían observado o tenían conocimiento de primera fuente de conductas no éticas en su lugar de trabajo”. Se les preguntó muy concretamente: “¿Se involucraría en el manejo ilegal de información confidencial si pudiera ganar 10 millones de dólares y que no lo descubrieran?”. El 24% contesto afirmativamente. La perspectiva es aún más sombría cuando se advierte que la cifra es peor todavía en “las nuevas generaciones”.

Entre los que tenían menos de 10 años de antigüedad, el 38% contestó que lo haría.

El 17% afirmó respecto a los jefes de las organizaciones que “esperaban que los líderes miraran para otro lado si sospechaban

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que alguien con una alta perfomance estaba involucrado en el uso de información confidencial”. Un 15% opinaba que “dudaba que si los líderes se enteraban de delitos cometidos por operadores de alto desempeño los reportarían a las autoridades”.

Sobre las causas de los gruesos vacios éticos, el 26% “creía que los planes de compensación y las estructuras de bonos aplicados en sus empresas incentivaban a los empleados a comprometer los estándares éticos o violar la ley”.

Buscando razones estructurales de estas conductas algunas parecen hallarse en la educación recibida. Numerosos estudios han mostrado la acción de incentivos a gerenciar sin escrúpulos éticos en los programas de alta gerencia, pero adicionalmente un estudio publicado en 2011 por profesores de Harvard y Northwestern concluyó sobre la formación de economistas que “los resultados muestran que la educación en economía es consistentemente asociada con actitudes positivas hacia la codicia”.

Los investigadores plantean: “El dominio no cuestionado de la maximización del interés personal como la lógica primaria de intercambio en las escuelas de negocios y los marcos corporativos puede llevar a las personas a ser más tolerantes ante lo que otras personas ven como conductas moralmente inaceptables”.

Evitando impuestos A la codicia sin límites se suma la política consistente de algunas de las grandes trasnacionales de “evitamiento de impuestos”, aprovechando al máximo las brechas legales que ha dejado la rápida conversión de la economía mundial globalizada, y montando para ello sofisticadas estrategias.

Dado los altísimos niveles de concentración económica actual los prejuicios para los Estados son de enorme magnitud. Se estima que menos de 1,000 empresas tienen actualmente el 50% de las acciones de las bolsas del mundo. En usa las 100 empresas mayores tuvieron en 2009 ventas equivalentes al 35% del producto bruto.

La política sistemática de elusión fiscal que está erosionando seriamente la base

COLABORACIÓN ESPECIAL

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Un estudio publicado en 2011 por Profesores de Harvard y Northwestern concluye que “la educación en economía está consistentemente asociada con actitudes positivas hacia la codicia”

fiscal de los países desarrollados, y provocando un refuerzo de la carga tributaria sobre los sectores sociales medios y bajos que radicaliza aún más las agudísimas desigualdades entre el 1% y el 99% fue tema central de las últimas reuniones del G20 .

Las grandes empresas pagaban en usa en 1950 el 30% de los ingresos fiscales.

Actualmente, a pesar de su expansión, sólo pagan el 9% de la recaudación fiscal.

En 2012 pagaron 242,000 millones de dólares en impuestos federales, frente a una cifra que los multiplicó muchas veces, .1 trillones abonada por los contribuyentes individuales.

Se menciona con frecuencia el caso de Starbucks, que tiene 700 locales en Gran Bretaña, tuvo un monto de ventas de 630 millones de dólares en 2012 y no pagó ningún impuesto. Entre las maniobras usuales está declarar las utilidades en pa-

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raísos fiscales, no en los lugares donde está su mayor actividad; utilizar precios de transferencia entre las subsidiarias, que minimizen impuestos; cobrar elevados derechos de propiedad intelectual al interior de los conglomerados. The Economist (27/07/13) informa que Reuters encontró que el 75% de las principales empresas de tecnología de usa pagan sus impuestos en lugares de baja tributación diferentes de donde venden sus productos.

Ante los graves impactos presupuestarios de la no tributación de quienes deberían ser los principales aportantes fiscales, los G20 aprobaron un plan de 15 principios fiscales nuevos para las grandes multinacionales.

El Secretario General de la oecd, Ángel Gurría, afirmó que “es una cuestión de justicia y juego limpio”. El Senador Carl Lewis, quien preside una Comisión de Investigación del tema que creó el Senado de usa, resaltó que “hay una demanda global para reinar en estos abusos fiscales corporativos”, y destacó: “el Congreso estaba largamente atrasado en cerrar estos indignantes agujeros fiscales, mejorar la equidad tributaria y usar los ingresos para parar que los cortes presupuestarios irracionales siguieran dañando la seguridad nacional, la educación, las salud, la investigación e innovación y más”.

En el largo camino a recorrer para que se implementen las nuevas medidas, las tácticas de “evitamiento fiscal” seguirán aumentando las ganancias récords de muchas corporaciones y facilitando el enriquecimiento en ascenso de los ceo.

En usa, en 2012, los 200 gerentes máximos de empresas con más de 1,000 millones de dólares en ingresos subieron sus remuneraciones en un 16% respecto de 2011. Ganaron en promedio 15.1 millones de dólares por año. Los del tope de la tabla percibieron más de 100 millones de dólares por año. A pesar de la protesta por los muy elevados paquetes de compensación adicionales, cuando algunos se retiraron dichos paquetes superaron en diversos casos los 100 millones de dólares. En contraste, los millones de trabajadores del fast food ganan 9 dólares por hora promedio, 18,000 dolares por año; por primera vez

Se mira con creciente atención a las economías emergentes, sin embargo, en ellas no basta el crecimiento

para asegurar mejora en la vida de la gente

acaban de realizar una huelga, exigiendo les suban sus misérrimos salarios y puedan formar sindicatos.

Otros caminos posibles Mientras que las recetas ortodoxas siguen haciendo estragos en Europa y la codicia especulativa continúa en plena acción en la economía mundial, se mira con creciente atención a las economías emergentes, sin embargo, en ellas no basta el crecimiento para asegurar mejora en la vida de la gente. Contrastan los casos de dos de los Briggs, la India y Brasil.

En la India, a pesar de sus elevadas tasas de crecimiento y fuertes progresos tecnológicos, amplios sectores de su población tienen dificultades de supervivencia básicas. En su nueva obra “Una gloria incierta: India y sus contradicciones”, Amartya Sen y Jean Dreze muestran que el 20% de todos los hombres y el 33% de todas las mujeres son analfabetas; 600 millones de personas, la mitad de la población, no tienen instalaciones sanitarias; 400 millones no tienen electricidad; y que el 43% de los niños tienen hambre. Las políticas públicas no proveen los servicios imprescindibles, y la desigualdad es muy aguda. La inversión en salud es solo del 1.2% del Producto Bruto Nacional, únicamente 39 dólares anuales por persona.

En Brasil, en las presidencias de Lula y Dilma Rousseff, que han privilegiado lo social, con un crecimiento económico muy inferior al de la India, las agresivas políticas sociales lograron que 40 millones de personas, el 20% de la población, salieran en pocos años de la pobreza, convirtiéndose en pequeña clase media.

Hubo un cambio de paradigma. Lula señala (The New York Times, 24/08/13) que el modelo dominante “es un modelo basado en la absurda idea de que el mercado no necesita estar sujeto a reglas, de que cualquier tipo de monitoreo o de supervision es perjudicial, y que los gobiernos no tienen nada que hacer en la economía ( ).

Cinco años de crisis financiera han transcurrido con graves daños económicos y profundo sufrimiento personal, y no ha sido suficiente para reconsiderar este sistema. Por desgracia muchos países no han podido romper los dogmas que permitieron el divorcio entre la economía real y la economía del dinero ficticio, así como el círculo vicioso de bajo crecimiento, alto desempleo y mayor concentración de la riqueza en manos de pocos”.

Dilma Roussef ha puesto las cosas bien claras. Enfatiza (14/09/13): “Hay que acabar con esa historia vieja de que Brasil puede ser un país rico con una población pobre. Este país solo será rico con un pueblo también rico. No basta que crezca el Producto Bruto, tiene que crecer también para el pueblo”.

Con modelos fuertemente inclusivos y una fuerte inversión en salud, educación y lo social, otros países latinoamericanos han creado clase media a pesar de la crisis mundial. Según los datos del Banco Mundial y la onu los encabezan junto con Brasil: Argentina, donde en los últimos ocho años un 25% de la población emergió de la pobreza para integrarse a los estratos medios, y Uruguay, donde en las Presidencias de Vasqueza y Mujica la pobreza se redujo del 39% al 13% de la población. d i c i e m b re 2013

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COLABORACIÓN ESPECIAL pone límites a las culturas de “codicia desenfrenada”.

México tiene un exigente e impostergable desafío por delante con 53.3 millones de pobres, según el coneval, y es estimulante que el problema de la pobreza esté por lo pronto en el centro de la agenda pública.

Los “agujeros éticos” que están arrastrando a la miseria a amplios sectores de la población en diversos lugares del mundo no son inexorables. Se requiere enfrentarlos y renovar el paradigma que los ha incentivado. Debe ser reemplazado por la visión de una economía con rostro humano presidida por la ética. Una alianza entre vigorosas políticas públicas a favor de la gente y una sociedad civil movilizada para impulsar la inclusion y la equidad pueden lograrlo.•

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Contrastando con los modelos ortodoxos, que aumentan las desigualdades, una directriz central de los modelos inclusivos predominantes en el sur es mejorar la equidad. Los aumentos del salario real; los programas inéditos de transferencia de recursos como “Bolsa Familia” en el Brasil (45 millones de beneficiarios) o “Asignación Universal” en la Argentina (protege a todos los niños pobres del país, 3.5 millones); y los esfuerzos por achicar desigualdades en salud, educación, agua potable y crédito, llevaron a que desde 2002 el coeficiente Gini de desigualdad se redujera en un 15% en la Argenina y en un 12% en Brasil. Las clases medias se ampliaron más que en ningún otro lugar del mundo según la onu. En el centro del nuevo desarrollo se hallan vigorosas políticas públicas, con énfasis en lo social, y un Estado activo que

La política sistemática de elusión fiscal está erosionando seriamente la base fiscal de los países desarrollados y provocando un refuerzo de la carga tributaria sobre los sectores sociales medios y bajos y radicaliza aún más las agudísimas desigualdades

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DISCRIMINACIÓN

El desafío de la desigualdad de trato JESÚS RODRÍGUEZ ZEPEDA Doctor en Filosofía moral y política. Es ProfesorInvestigador y Coordinador General del Posgrado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Presidente de la Cátedra UNESCO “Igualdad y no discriminación” e Investigador Nacional, nivel II, en el Sistema Nacional de Investigadores.

Nuestra sociedad abriga poderosos componentes de misoginia, racismo, xenofobia, intolerancia religiosa y homofobia. La secuencia de resultados demoscópicos que nos proporciona el ciclo de las enadis exhibe que la cultura nacional en México está caracterizada por una poderosa heterofobia (un rechazo a lo diferente) y por una igualmente poderosa discriminación o desigualdad de trato

C

onforme a los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2010 (enadis 2010, conapred, iijunam), casi el 50% de las personas en México rechaza la posibilidad de vivir bajo el mismo techo con un homosexual o una lesbiana; una tercera parte de los encuestados rechaza esa posible convivencia con personas que viven con sida y una proporción parecida la rechaza respecto de personas que profesan una religión diferente a la suya. Algo parecido, aunque a menor escala, sucede respecto de los extranjeros o de las personas con discapacidad. Cuando se invierten las preguntas, es decir, cuando se inquiere a personas que componen grupos discriminados, encontramos la constatación práctica de estas opiniones: cuando se pregunta a personas homosexuales o lesbianas acerca de cuál es el mayor problema que sufren, una de cada dos responde que es la discriminación por su preferencia sexual; cuando se inquiere a personas indígenas sobre cuál es el mayor problema que viven, el 20% de ellas responde que es la discriminación por su origen étnico.

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Ya desde la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2005 (enadis 2005, conapred, sedesol), que ofrece resultados no muy divergentes de los señalados arriba, se había hecho notorio que nuestra sociedad abriga poderosos componentes de misoginia, racismo, xenofobia, intolerancia religiosa y homofobia. La secuencia de resultados demoscópicos que nos proporciona el ciclo de las enadis exhibe que la cultura nacional en México, es decir, el conjunto grueso de representaciones colectivas (ideas, valores, opiniones, juicios, narrativas) que pueden ser identificadas como tendencias de pensamiento mayoritarias en la población que habita el país está caracterizado por una poderosa heterofobia (un rechazo a lo diferente) y, derivada de ésta, por una sistemática negación de derechos a quienes llevan formas de vida no atinentes a los cánones de género, raciales, etarios, de capacidades, sexuales, morales o religiosos de la mayoría poblacional, es decir, por una igualmente poderosa discriminación o desigualdad de trato.

La discriminación es un esquema de relaciones sociales, asimétrico y de dominio (una forma de desigualdad), que puede ser

Desigualdad definido como “un conjunto de conductas (prácticas o actos), culturalmente fundado y socialmente extendido, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de prejuicios o estigmas relacionados con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) anular o limitar tanto sus derechos y libertades fundamentales como su acceso a las oportunidades socialmente relevantes de su contexto social”(I). Entendida de esta forma, la discriminación aparece como una de las formas de desigualdad más agraviantes con la que tiene que lidiar el proyecto de construcción de una sociedad democrática y garantista en México.

Los prejuicios discriminatorios, que son el resultado de la propia historia cultural (aunque también política y económica) del país, se presentan ante la conciencia espontánea de las personas como “normalizados” e incluso “naturalizados”, es decir, como si no fueran el resultado de injustas relaciones de dominio y exclusión entre grupos. La mayoría de la población en México tiende a entender y vivir este sistema de prejuicios discriminatorios como formas aproblemáticas de clasificación social y de orientación para el desarrollo de sus relaciones.

Los prejuicios propios de la discriminación poseen el peso que les da la costumbre y las instituciones públicas y privadas que han sido tanto su producto como su vehículo son fuente de buena parte de las identidades que configuran a las personas como sujetos con capacidad de autocomprensión social y moral (quiénes somos nosotros y

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

quiénes son los otros; qué lugar nos toca a nosotros y qué lugar le toca a los otros) y han moldeado en amplia escala las identidades grupales. Son prejuicios y opiniones transmitidos y afianzados por la familia, la escuela, las iglesias; las asociaciones y comunidades; las normas legales; los criterios

La discriminación consiste en

relaciones de dominio

y es muy difícil afianzar la vigencia del derecho fundamental a no ser

discriminado sin alterar el mapa sociológico de la nación

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DISCRIMINACIÓN

PROGRAMA ANTIDISCRIMINATORIO EN RIESGO La no discriminación implica la transformación de esquemas de dominio profundamente implantados entre grupos: • Varones sobre mujeres • Heterosexuales sobre homosexuales • Blancos y mestizos sobre indígenas • Católicos sobre otras religiones o sobre escépticos y ateos • Personas con capacidades regulares sobre personas con discapacidad, entre otros Es decir, tiene como propósito una conmoción de las relaciones sociales en que se mueve toda la población del país

NOTA:

I. Esta definición, aunque agrega pequeñas variantes, repite el concepto de discriminación que ofrecí en Un marco teórico para la discriminación (Rodríguez Zepeda, 2006: 26).

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para diseñar y hacer funcionar las institucionales formales; los medios de comunicación y hasta por las políticas públicas. Se trata de ideas constitutivas de cuánto valemos unos y otros y de cómo debemos vivir sobre la base de ese juicio axiológico.

Tales ideas, al clasificar a los otros y jerarquizarlos según su hipotética calidad humana, también otorgan a los individuos un lugar en el mundo que habitan y les conceden una jerarquía propia. Por ello, la discriminación no consiste sólo en un juicio externo relativo a quien se presenta como diferente, sino también en un juicio sobre la propia existencia, valor y emplazamiento social. Al imponer un lugar a los otros, el prejuicio cumple la tarea de darnos certidumbre sobre el lugar que corresponde al discriminador y al discriminado.

La discriminación se anida en el tejido mismo de la cultura, aunque no como un agregado irrelevante o accesorio, sino como elemento constitutivo de las identidades grupales e individuales. Ello explica que, hasta hace poco tiempo, el derecho fundamental a la no discriminación ni siquiera estuviera en la agenda nacional, es decir, que la invisibilidad política, cultural y hasta académica de la discriminación impidiera que este derecho se constituyera como un tema central de la agenda política nacional. En efecto, la discriminación no aparecía hasta inicios del siglo xxi como uno de los temas de preocupación de las élites políticas y de los grupos sociales organizados. Si discriminar era lógico y natural en el imaginario colectivo de la nación, ¿por qué habría de convertirse una problemática a resolver?

En el pasado reciente de México ni siquiera se contaba con una percepción social de que la construcción colectiva de la nación hubiera constituido un espacio de discriminación y desprecio sistemático hacia grupos sociales completos que constituyen la mayoría de nuestra población: mujeres; indígenas; afrodescendientes; personas con discapacidad; minorías sexuales; minorías religiosas; ancianos; niños; jóvenes pobres; e inmigrantes. La desigualdad que estos grupos sufrían era invisible y por ello parecía, sencillamente, no existir.

Un gran logro nacional ha consistido no sólo en darle visibilidad en la esfera pública de la nación a esta forma de desigualdad, sino en avanzar en su prohibición constitucional y legal. Sin embargo, estos pasos de enorme importancia no sólo son pequeños respecto de la magnitud de la tarea que enfrenta el país en materia de desigualdad de trato, sino que están en constante riesgo de ser revertidos y anulados. En efecto, pese a los cruciales cambios legales y el avance en el diseño de la institución federal encargada de dirigir la política antidiscriminatoria, la acción de conjunto del Estado mexicano es aún dispersa, esquemática, conceptualmente confusa y con muy escasos recursos económicos y humanos para garantizar de manera amplia y extensa el derecho humano a la igualdad de trato.

Precisamente porque la discriminación consiste en relaciones de dominio es muy difícil afianzar la vigencia del derecho fundamental a no ser discriminado sin alterar el mapa sociológico de la nación. A menos, en efecto, que los poderes del Estado mexicano (en su corte horizontal: los ejecutivos, los le-

Desigualdad gislativos y los judiciales; y en su corte vertical: el federal, el local y el municipal) sean capaces de articular una genuina política de Estado en materia de igualdad y no discriminación, puede seguirse sosteniendo que la discriminación en México es uno de los más graves y casi intactos problemas nacionales.

Tomarse en serio la agenda antidiscriminatoria en México significa abrir la puerta no sólo a la igualdad de trato, sino también a nuevas distribuciones del poder, la autoridad, el prestigio, los privilegios y los rangos; distribuciones más equitativas que reducirían el dominio de quienes se benefician con las prácticas discriminatorias. El mapa social posdiscriminatorio, es decir, la manera en que se vería la sociedad tras una poderosa aplicación del derecho a la no discriminación, exhibiría una mayor equidad en las posiciones de poder y autoridad, así como en los modelos de relación entre los grupos. Por ello es tan difícil que las élites políticas y sociales del país se to-

men en serio la obligación constitucional de no discriminar, porque acaso intuyen que una sociedad más igualitaria pondría en duda buena parte de la legitimidad de sus posiciones de privilegio.

Tomarse en serio la agenda antidiscriminatoria en México significa también que el Estado se haga cargo de su responsabilidad superlativa en la protección y promoción de los grupos discriminados, a efecto de que puedan acceder de manera plena a los derechos que formalmente corresponden a todas las personas. El derecho fundamental a la no discriminación, establecido con claridad y precisión en la Constitución, sólo podrá ser efectivamente garantizado si el país dispone de una genuina política de Estado de igualdad de trato. Esta política, que ha ser estructural, institucional, transversal y con recursos públicos suficientes, es la única manera de expresar con seriedad y decencia cívica el compromiso de los poderes públicos con este derecho todavía novedoso en México. •

REFERENCIAS: I. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CPEUM), 1917 (vigente al 18 de septiembre de 2013) en http://info4.juridicas. unam.mx/ijure/fed/9/ II. CONAPRED-SEDESOL (2005), Encuesta Nacional sobre Discriminación en Méxicoen http://www.conapred.org.mx/ userfiles/files/Encuesta_Nal_sobre_ discriminacion_resumen.pdf III. CONAPRED-IIJ,UNAM (2010) Encuesta Nacional sobre Discriminación en México en http://www.conapred.org.mx/ index.php?contenido=pagina&id =424&id_opcion=436&op=436 IV. RODRÍGUEZ ZEPEDA, J. (2006), Un marco teórico para la discriminación, México, CONAPRED.

ABRIRÁ PRI CANDIDATURAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: CÉSAR CAMACHO • Es el único partido que ha cumplido el Acuerdo Nacional por los Derechos Políticos de las Personas con Discapacidad suscrito ante el ife • Anuncia que el Comité Editorial publicará un libro electrónico sobre el lenguaje de señas

E

l líder nacional del pri, César Camacho, afirmó que este instituto político abrirá espacios en las candidaturas a cargos de elección popular para las personas con discapacidad a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos y diseñar propuestas legislativas óptimas que deriven en políticas públicas de atención a este sector.

En el marco del 146 Aniversario de la Educación de Sordos en México y Día Nacional de los Sordos, agregó que el tricolor sumará a integrantes de dicho sector poblacional a la estructura del partido e impulsará programas especiales de empleo y capacitación, así como proyectos productivos para quienes representan en la población más de 10 millones de mexicanos.

“Sabedores del empeño que han puesto ustedes en hacerse visibles para ser sujetos en pleno ejercicio de sus derechos, en el PRI encontrarán no sólo una caja de resonancia que les prestará voz y tribuna.

Seremos un aliado para llevar ante las autoridades legislativas, las del Poder Ejecutivo y, eventualmente, ante el Judicial, la defensa promoción y garantía en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, aseveró.

En la explanada Benito Juárez de la sede nacional priista y ante la secretaria de Asuntos de las Personas con Discapacidad, Covadonga Pérez Villegas, sostuvo que “el PRI está decidido a reconocer y borrar la primera y más generalizada de las discapacidades: la de aquellos que no se han dado cuenta que todos somos iguales”.

Ante representantes de diversos grupos de personas con discapacidad, César Camacho anunció que el Comité Editorial del PRI prepara un libro electrónico sobre el lenguaje de señas que se publicará a inicios del próximo año.

Asimismo, señaló que el Revolucionario Institucional es el único partido que ha cumplido el Acuerdo Nacional por los Derechos Políticos de las Personas con Discapacidad, suscrito por todas las fuerzas políticas ante el Instituto Federal Electoral (ife).

Los secretarios de Organización, Acción Electoral y Asuntos Jurídicos, José Encarnación Alfaro, Samuel Aguilar y Sadot Sánchez, respectivamente, asistieron al evento donde el dirigente nacional del tricolor reconoció la labor de la titular de Asuntos de Personas con Discapacidad, quien con dignidad y un trabajo incansable hace suyo el compromiso de “consumir la vida sirviendo a los demás”.

Por su parte, Covadonga Pérez Villegas indicó que de acuerdo con cifras del Inegi, en 2010 la población con alguna discapacidad se ubicó en 5.7 millones, mientras que en el mismo año la Organización Mundial de la Salud casi duplicó el número de personas. De ellas -dijo- alrededor del 12 por ciento tiene discapacidad auditiva, y detalló que los estados con mayor población de déficit auditivo son Hidalgo, Nayarit y Tlaxcala.

e n e ro 2013 MÉXICO SOCIAL

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D{ IESDCI R T IOMRI INAAL C} I Ó N

SARA LYGEIA MURÚA HERNÁNDEZ Presidenta de Enclave, Equidad Social y Transparencia, A.C. Exlegisladora de la ALDF en 1997-2000. Autora de la LIAP 1998. Ha sido asesora en la Cámara de Diputados, el Inmujeres DF y el Indesol, entre otros. Actualmente es consultora independiente en materia de género, política social y Participación Ciudadana.

L

Recursos sociales y grupos en condiciones de discriminación Uno de los grandes pendientes en materia social es abatir la opacidad y reducir el riesgo del desvío de los recursos públicos. El tema nodal es la calidad del gasto y para el análisis la triada básica es el presupuesto, los donativos y los fideicomisos

Presupuesto as personas en situación de vulnerabilidad(I) representan el 37.9% de los 112.3 millones que en 2010 habitaban el país, mismos que en el año 2000 ascendían a 31.4 millones de personas, es decir, 32.3% de los 97.5 millones de habitantes de ese año. La atención a los grupos más vulnerables de la sociedad se realiza a través de la asistencia social, con acciones dirigidas a brindar protección a quienes no están cubiertos por sistemas de seguridad social ni cuentan con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas (alimentación, salud, educación y vivienda).

En el umbral del siglo xxi se crea la Comisión de Atención a

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d i c i e m b re 2013 MÉXICO SOCIAL

Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados (2000); la Comisión Ciudadana de Estudios Contra la Discriminación(II) (2001); y el Congreso de la Unión aprueba la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003), que dio origen al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (conapred) como el Órgano de Estado responsable de prevenir y eliminar esta conducta. Hasta 2009 es cuando la Cámara de Diputados etiqueta en los anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación (pef) los recursos a los programas para la atención a los grupos vulnerables, los cuales se distribuyeron en varias secretarías(III).

En 2009 se destinaron 17,731.7 millones de pesos en 23 programas; en 2010 se otorgaron 18,457 millones de pesos para 24 programas y para

2011 se aprobaron 19,235.2 millones de pesos en 28 programas para atender a este sector de la población.

Para 2011, los recursos aprobados para atender a los grupos vulnerables en el anexo del pef representan el 1.1% con respecto a los recursos destinados a la función de Desarrollo Social. Durante los tres primeros meses del año en curso los recursos ejercidos para atender a grupos vulnerables ascendieron a 5,214.3 millones de pesos, monto que representa un avance de 27.1% con respecto a los recursos aprobados en el Anexo por 19,235.2 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2011.

Si bien México ha avanzado en la identificación y atención de los grupos vulnerables, las acciones emprendidas no han sido suficientes para crear condiciones necesarias

Gasto Público para superar los obstáculos que impiden a estos sectores de la población alcanzar un desarrollo con independencia y plenitud. A pesar de que la shcp incorporó en el Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al primer trimestre de 2011 las erogaciones correspondientes al Anexo para la atención a grupos vulnerables, la información es limitada, dispersa y confusa, lo que impide llevar a cabo un análisis preciso y detallado sobre los recursos destinados a estos programas. Asimismo, esta falta de información no permite llevar a cabo un seguimiento oportuno para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos en la atención a estos grupos en situación de vulnerabilidad y así conocer el impacto social que este gasto tiene sobre este segmento de la población(IV).

Donativos(V) En 2008 la ASF identificó 13 grandes Áreas de Opacidad y Riesgo, entre las cuales se encuentran los Donativos y Fideicomisos. Para atender esta problemática se requiere de acciones concretas para ajustar políticas públicas (seguimiento y sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública), avanzar en reformas legislativas (Ley de Sociedades Mercantiles y Secreto Fiscal) revisar

normas y procedimientos (Reglas de Operación).

En lo referente a los recursos aplicados a Donativos, se carece de criterios para acotar la discrecionalidad en su otorgamiento, evaluar el impacto social de los beneficios, verificar su aplicación y cuantificar su contribución a los objetivos institucionales. La norma presupuestaria para los donativos es laxa en los procesos de otorgamiento, control y seguimiento, lo que resta transparencia a la asignación y manejo de los recursos públicos. El entramado institucional presenta vacíos jurídicos en los ordenamientos actuales; discrecionalidad en las partidas y capítulos a través de los cuales se otorgan los donativos (por programas con reglas de operación, adjudicación directa y licitaciones); dispersión, ausencia de homologación en reglas de operación para donativos y fideicomisos; la falta de obligatoriedad en la Cuenta Pública para rendir cuentas en estos rubros; y la no aplicación de sanciones penales por manejo de recursos en materia social. Se requiere reorientar el gasto para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público y de esta forma asegurar que los recursos destinados a garantizar el bienestar de la población se distribuyan de forma eficiente y equitativa.

Fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos Estos instrumentos financieros aún contienen un alto grado de opacidad en la Administración Pública Federal, ya que en la Cuenta Pública sólo se reportan aquellos que son considerados como entidades paraestatales. De igual forma, la legislación y normativa correspondiente es ambigua cuando se trata de aquellas figuras jurídicas constituidas por los Poderes Legislativo y Judicial y por los organismos públicos constitucionalmente autónomos, en virtud del secreto fiduciario y de la autonomía que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A pesar de que se ha avanzado en la reducción, registro y control del número de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, aún persiste en ellos un alto grado de opacidad, y se continúan manejando montos importantes de disponibilidades de recursos públicos, mismas que en 2007 ascendían a 327,074 millones de pesos. De igual forma, se ha observado que no se cuenta con un adecuado seguimiento global de los recursos federales aportados a estos instrumentos, ni de su reintegro al erario, cuando estas figuras son extinguidas o canceladas, así como su

RECURSOS PARA GRUPOS VULNERABLES Año

Recursos1

conapred

Otros

2009

$17,731.70

2010

$18,457.00

$104,939,533.00*

Desarrollo Integral Jóvenes $9,719,300,000.00

2011

$19,235.20

$ 96,600,000.00**

Monumento Estela de la Luz Bicentenario $250,000,000.00

2012

$26,255.92

$119,567,071.00***

Indemnización ABC $36,000.000.00

2013

$34,503.25

$131,426,286.00****

Mitigación Efectos Cambio Climático $34,514,794,262.00

Cifras en millones de pesos * Proyecto de presupuesto de egresos de la federación 2010. Recursos identificados para la atención de grupos vulnerables. CEFP, 2009. Pp.43. **ACTA NO. JG/ORD/1/2011. CONAPRED **ACTA NO. JG/ORD/1/2012. CONAPRED **Con información en http://www.conapred.org.mx

1

d i c i e m b re 2013

MÉXICO SOCIAL

43

D{ IESDCI R T IOMRI INAAL C} I Ó N GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN INFANCIA. En 2010 residen 32.5 millones de niños de 0 a 14 años. En la población infantil los problemas derivados del nacimiento son la principal causa de discapacidad (67.4%).

En 2010, 4.8% de la población de 6 a 14 años no asiste a la escuela. En 2011 fallecen 13.7 niños menores de un año de edad por cada mil nacimientos. En 2012, 10 de cada 100 niños menores de 5 años tienen sobrepeso.

JÓVENES. En 2010, los �óvenes representan la cuarta par� te de la población del país. Conforme a la ENADID 2009, 61.8% de las adolescentes de 15 a 19 años, sexualmente activas, declaró no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual. �as infecciones de tras� misión sexual más frecuentes entre los �óvenes son la can� didiasis urogenital y el virus de papiloma humano. Tres de cada diez �óvenes de 15 a 29 años alguna vez han fumado o tomado bebidas alcohólicas. De los �óvenes en el país, dos de cada cien presentan discapacidad. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad, en 2010 fallecen poco más de 37 mil �óvenes, lo que en términos porcentuales repre� senta 6.3% de las defunciones totales. �a ENVIPE señala entre los temas que preocupan más a la población �oven se encuentran la inseguridad y el desempleo (58.1 y 51.7% respectivamente).

ADULTOS MAYORES. En 2010 el monto de personas de 60 años y más es de 10.1 millones lo que representa 9% de la población total. Según CONEVA�, en 2010 46.7% de los adultos mayores se encontraban en situación de po� breza. Durante el segundo trimestre de 2012, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más es de 34.9 por ciento. Conforme a la ENESS 2009, una cuarta parte de los adultos mayores (25.6%) se encuentran pensionados. En 2010, ocho de cada diez adultos mayores egresan de un hospital por enfermedades no transmisibles. �as enfermedades del hígado en hombres y la neumonía en las mu�eres son la principal causa de letalidad hospitalaria durante 2010.

DISCAPACIDAD. Al año 2010, las personas que tienen al� gún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1% de la población total. Para 2012, el 5.1% de la población total son personas con discapacidad. 48 de cada 100 personas con discapacidad son adultos ma� yores. El Estado de México y el Distrito Federal concentran la mayor proporción de población con discapacidad en el país: 20.4 por ciento. �os dos principales tipos de discapacidad son las relacio� nadas con la movilidad y la vista. �a población con disca� pacidad �oven presenta mayores dificultades para hablar o comunicarse.

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MUJERES. En 2010 hay 105 mu�eres por cada 100 hom� bres en México, y en 12 entidades federativas esta relación de mu�eres es mayor. Según datos censales de 2010, seis de cada diez mu�eres de 15 años y más, en localidades menores de 2 mil 500 habitantes, se encuentran en rezago educativo al no haber concluido el nivel de secundaria. �a Encuesta de Ocupación y Empleo 2012 señala que nueve de cada diez mu�eres de 14 años y más com� binan sus actividades extradomésticas con quehaceres domésticos. �a ENDIREH 2011, informa que 47% de las mu�eres de 15 años y más han sido víctimas de un incidente de violencia, por parte de su novio, compañero o esposo en algún momento de la relación. El Instituto Federal Electoral (IFE) reporta que hasta enero de 2013, del total de personas que solicitaron su inscrip� ción o actualización en el padrón electoral y obtuvieron su credencial para votar, 51.8% son mu�eres.

MIGRANTES. En 1995 el monto de dinero enviado a Méxi� co por los migrantes en Estados Unidos (remesas) fue de casi 3.7 mil millones de dólares, cantidad que aumenta hasta llegar a 21 mil millones en 2010. �a migración interna reciente en el país ha disminuido. �a población que men� ciona un cambio de entidad de residencia respecto a una fecha fi�a anterior (cinco años antes) es de 4.9% en 1990, y de 3.3% en 2010. En 2010, el número estimado de migran� tes internacionales a nivel mundial es de 214 millones, que representan un 3 por ciento de la población en el planeta.

Seis de cada cien migrantes nacieron en México. El Distrito Federal es en 2010 la entidad con mayor pérdida de pobla� ción por efecto de la migración interna con un saldo neto migratorio negativo de 6.3 por ciento.

INDÍGENAS. En 2010, el 6.6% de la población de 3 años y más habla lengua indígena. �as lenguas que cuentan con un mayor número de hablantes son el náhuatl, maya, mix� teco, tzeltal, zapoteco, tzotzil, otomí, totonaca, mazateco y chol, en con�unto representan tres cuartas partes (75.3%) de la población total hablante de lengua indígena. Seis de cada diez hablantes de lengua indígena de 3 años y más reside en localidades rurales. Conforme a la Encuesta Na� cional de la Dinámica Demográfica 2009 (ENADID 2009), la edad promedio a la que se unen por primera vez las mu� �eres en edad fértil hablantes de lengua indígena es a los 18.8 años. En 2010, 9.7% de los niños de 6 a 14 años ha� blantes de lengua indígena no asiste a la escuela y 27.3% de los que tienen 15 años y más no saben leer ni escribir un recado.

Elaboración propia con información de INEGI. Notas Estadísticas 2010�2012.

Gasto Público falta de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización superior, toda vez que su ejercicio no se reporta correctamente en la Cuenta Pública.

Donativos de recursos públicos. En los presupuestos de diversas dependencias y entidades de la administración pública existen partidas de gasto público destinadas a transferir recursos, con carácter de donativos, a distintas figuras jurídicas, como son las instituciones de asistencia privada; fondos y fideicomisos; organizaciones no gubernamentales; asociaciones civiles; sindicatos; instituciones académicas; y entidades federativas y municipios, entre otras. Al no estar regulados los procesos de aprobación, otorgamiento, aplicación y comprobación de los donativos, y al carecerse de transparencia en la utilización de los mismos, la Auditoría Superior de la Federación inició, a partir de la Cuenta Pública 2003, diversas auditorías a estos renglones de gasto.

En ese año, se auditó a la Lotería Nacional, y en particular, al Fideicomiso “Transforma México”, obteniéndose los resultados siguientes: El fideicomiso presentó graves debilidades de control interno en el proceso de otorgamiento de donativos, así como en la vigilancia de su aplicación para los fines aprobados. Se determinaron diversas observaciones, entre las cuales destacan algunas comprobaciones de gasto que no se relacionaban con el objetivo del donativo otorgado; comprobaciones fuera del plazo establecido; comprobaciones duplicadas; donativos no comprobados a la fecha

La falta de información no permite llevar a cabo un seguimiento oportuno para verificar la correcta aplicación

de los recursos públicos en la atención a los grupos en situación de vulnerabilidad y así conocer el impacto social que este gasto tiene sobre este segmento de la población

de revisión; y donativos que no cumplieron con la normativa aplicable.

A raíz de esa revisión, la Auditoría Superior de la Federación planteó la conveniencia de la desaparición del fideicomiso, dada la serie de irregularidades que mostró su operación.

Con base en ello, fue instruida la liquidación del fideicomiso, la cual se encuentra en proceso de conclusión.

En ese mismo año, se revisó la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, con motivo de los recursos otorgados al Comité Nacional Pro-Vida, A.C., y se determinó que no se realizó una adecuada supervisión para constatar, oportunamente, su correcta aplicación, y que Pro-Vida no se ajustó a los rubros y montos establecidos en el Convenio de Colaboración celebrado entre ambas partes. Además, en la documentación que sustentaba la comprobación de las erogaciones realizadas, se detectó que se utilizaron recursos públicos federales para fines distintos de los previstos por un monto de 30 millones de pesos,

lo que derivó en una denuncia de hechos presentada por la Auditoría Superior de la Federación el 13 de mayo de 2005, la cual no ha sido resuelta a esta fecha.

En la revisión de la Cuenta Pública de 2005 se evaluó la normativa para el registro y control de donativos, de cuyos resultados destacan los siguientes: Se carece de criterios para acotar la discrecionalidad en su otorgamiento; evaluar el impacto social de los beneficios que reportan; verificar su aplicación a los fines establecidos; y cuantificar su contribución al logro de objetivos institucionales. En cuanto al control, no se obliga a los beneficiarios a manejar, en una cuenta bancaria específica, los donativos que reciben.

El registro resulta deficiente, ya que no proporciona información veraz sobre el impacto social, el número de beneficiarios y los montos de los donativos otorgados. En otros casos, se otorgaron donativos por montos mayores que los autorizados.

DONATIVOS OTORGADOS 2003

$1,726,776.600.0

2006

$1,593,433,627.0

2009

$1,491,928,009.5

2004

$1,402,187,342.5

2007

$1,691,392,009.7

2010

$1,525,271,249.2

2005

$732,378,328.6

2008

$3,066,448,429.7

2011

$1,184,260,134.8

2012

$2,475,125,273.0

Elaboración propia el 7 de Julio de 2013 con Información en los Informes Trimestrales de Finanzas Públicas del 4to Trimestre de 2003 al 2012.

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MÉXICO SOCIAL

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D{ IESDCI R T IOMRI INAAL C} I Ó N En la Cuenta Pública de 2007 se fiscalizó la totalidad de los donativos otorgados a los sindicatos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal por un monto de 30,879.6 millones de pesos, determinándose los resultados siguientes: No se formalizaron las donaciones a los sindicatos mediante un instrumento jurídico, no se presentó el proyecto que justificara su utilidad social, y tampoco se establecieron compromisos programáticos con objetivos, metas y fechas de cumplimiento. Los sindicatos destinaron los recursos a diversas actividades de carácter festivo y que no necesariamente repercutieron en mejorar las condiciones laborales, físicas o educativas de sus agremiados. Las áreas administrativas no dieron seguimiento ni ejercieron control sobre el destino de los recursos donados, por lo que no hubo transparencia y se pudo hacer un uso indebido de ellos.

Recursos federales transferidos a Estados y Municipios La transferencia de recursos federales que se realiza mediante los Fondos de los Ramos Generales 23 y 33 significó, en 2007, el 22.1% del gasto programable del sector público presupuestario. Esta relación, en 2008, fue del 19.3%. El impulso de la descentralización de facultades y recursos a las entidades federativas, ha presentado serios obstáculos que se centran en tres factores principales: una responsabilidad política limitada, una cultura administrativa insuficiente y un marco jurídico ambiguo. La alta subordinación fiscal de estados, municipios y del Gobierno del Distrito Federal con respecto a la Federación y, consecuentemente, su menor dependencia frente a los ciudadanos, ha estimulado un bajo nivel de responsabilidad polí-

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d i c i e m b re 2013 MÉXICO SOCIAL

RECURSOS DEL PATRIMONIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PATRONATO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA Presupuesto ejercido

Programa “Apoyo a Personas Físicas”

Proyectos de coinversión a osc

2006

62,575,855

2007

9,418,092

2007

12,960,000

2007

64,921,631

2008

11,323,958

2008

6’592,552

2008

64,891,451

2009

24,251,260

2009

9’759,635

2009

85,663,779

2010

15,369,520

2010

9’759,635

2010

88,859,523

2011

10,039,015

2011

17’388,478

2011

66,344,155

2012

11,174,552

2012

117,853,180

TOTAL 551,109,574

TOTAL

81,576,397

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 2006�2012.

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

tica para ser transparentes y rendir cuentas a la población. Un buen número de instancias municipales y delegacionales en el país no cuenta con normatividad administrativa suficiente ni con reglamentos de planeación, careciendo también de sistemas adecuados de registro contable y preservación del patrimonio que pertenece a todos los ciudadanos. En cuanto a los distintos Fondos que conforman el Ramo General 33, se han detectado debilidades en las Reglas de Operación de los mismos, así como en su distribución y aplicación correspondientes, destacando las siguientes: Existen tendencias importantes de concentración de recursos en las cabeceras municipales. Debido a la falta de disposiciones sobre la anualidad del gasto, existe un desfasamiento en el ejercicio de los recursos. La difusión de los programas y la aplicación de los recursos así como de las acciones y resultados alcanzados en la operación de estos Fondos, observa muy poco avance, afectando la transparencia y la rendición de cuentas de su manejo.

Los Fondos no han sido objeto,

desde su creación en 1997, de una evaluación crítica para actualizar y reorientar las estrategias que los conforman. La fórmula de distribución de estos recursos no reconoce los esfuerzos realizados por algunas instancias de gobierno, lo cual no estimula la eficiencia en su aplicación. Las autoridades locales no cuentan con mecanismos de planeación adecuados para garantizar la orientación de los recursos hacia los grupos más pobres y a las necesidades más apremiantes. La población de las comunidades no es tomada en cuenta para determinar las obras que se requieren; las localidades más pobres y más lejanas son las más afectadas.

Las transferencias federales, participaciones y aportaciones federales, han pasado de representar el 69% en 2001 al 66% en el 2004, de los ingresos brutos totales de los Municipios del país. Esta dependencia financiera podría seguir disminuyendo, de forma cada vez más importante, si los Municipios aprovecharan sus potestades tributarias, a través de cambios en el orden legal, modernización de sus sistemas administrativos y una

mayor profesionalización de los servidores públicos. Es importante subrayar que los Municipios, que son la base del sistema federal, adopten medidas de racionalidad del gasto público como la de disminuir su gasto administrativo, que en 2004 fue de 50% del total del gasto ordinario, fortaleciendo a su vez el gasto en inversión, especialmente en obra pública para beneficio de sus gobernados(VI).

FINANCIAMIENTO AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES Y PARTIDOS POLÍTICOS Partidos políticos

apn

1997

20,635,016.40

1997

2,111,493,862.21

1998

20,112,075.12

1998

1,046,566,954.67

1999

23,854,931.85

1999

1,312,364,394.68

2000

30,009,122.22

2000

3,064,092,232.97

2001

44,131,395.36

2001

2,250,685,592.84

2002

46,073,176.46

2002

2,439,871,186.19

2003

48,432,238.83

2003

4,823,580,695.43

Recursos destinados a procesos electorales

2004

35,719,304.83

2004

1,854,982,039.91

2005

39,073,106.65

2005

2,013,252,441.28

2006

39,471,225.67

2006

4,171,096,908.42

Desde hace 25 años nuestro país vive un cambio radical en su vida política. Transitamos por diversas etapas de carácter democrático de manera institucional y gradual por medio de reformas sucesivas. El régimen de partidos se ajustó en las diversas reformas electorales (1986, 1989-90, 1993, 1994 y 1996). Actualmente rigen las normas aprobadas en 2007. Esta reforma fue sumamente amplia en cuanto a las reglas relativas al financiamiento de los partidos, financiamiento público y privado, mecanismos de fiscalización de las finanzas de los partidos, topes de campaña y las relativas a las prerrogativas en radio y televisión. En el periodo 2001-2008 se han aprobado en los presupuestos públicos 70,891.8 millones de pesos para el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y para el Instituto Federal Electoral. En 2006 el costo total del voto en el territorio nacional fue de 351.8 pesos y el de los mexicanos residentes en el extranjero fue de 8,160.5 pesos, lo que arroja un costo promedio del voto de 383.8 pesos (35.2 dólares); este costo contrasta con el de Nicaragua de 11.8 dólares, el de Brasil de 2.3 dólares, el de Costa Rica de 1.8 dólares, el de Chile de 1.2 dólares y el de Estados Unidos de América de 1.0 dólar, entre otros(VII)

2007

53,241,248.58

2007

2,704,100,762.62

2008

20,308,593.78

2008

2,690,311,483.58

2009

3,631,639,027.91

2010

2,997,358,834.02

2011

3,212,932,808.88

2012

5,142,514,887.61

2013

3,670,843,752.87

Elaboración propia con documento del IFE de Financiamiento Público 1997�2013.

Consultado el 8 de �ulio de 2013.

OSC 2013 Asociaciones Sociales y Civiles de beneficio a terceros (Cluni y sat 2013)

Número

Porcentaje 60,7%

6,893 Donatarias Autorizadas 20,979 Asociaciones Civiles con Cluni 1,448 (iap/scSC) con Cluni 22,427 osc*

Religiosas (Segob, 2013)

7,869 Asociaciones Religiosas

21%

De mutuo beneficio: Sindicatos(stps 2013) y Asociaciones de profesionistas (Cemefi 2008)

7,813 Subtotal

18%

Agrupaciones Políticas Nacionales (apn) (2013)

90 (apn)

2,682 Sindicatos 5,131 Asociaciones de profesionistas 0.25%

7 (Partidos)

Partidos políticos federales (ife, 2013) TOTAL

38,206 Organizaciones

*Con información proporcionada por el Registro de Organizaciones Civiles. Indesol. 5 de Julio de 2013.

El resto de la información de 2013 está actualizada al 21 de octubre del año en curso. d i c i e m b re 2013

MÉXICO SOCIAL

47

DISCRIMINACIÓN

Programa de Coinversión Social 2008 238,174,443.81 2009 383,761,535.71 2010 365,029,857.64 2011 361,873,350.09 2012 329,492,664.26 2013 250,907,746.39

Apoyps de la apf a osc 2005 1,173 Apoyos $1,232,992,843.06 2006 3,078 Apoyos $2,201,282,340.00

Donatarias autorizadas

2008 22,463,950,832 13,359,596,018 Asistenciales 2009 32,977,175,369

2007 3,838 Apoyos $4,842,004,109.00

21,609,656,306 Asistenciales

2008 3,625 Apoyos $3,199,205,283.00

2011 26,368,196,443

2009 6,028 Apoyos $4,350,397,799.00 2010 3,049 Apoyos $4,350,397,799.00 2011 5,211 Apoyos $4,565,3,65,343.00

17,034,075,428 Asistenciales 2012 24,936,254,804 14,426,872,674 Asistenciales

2012 5,716 Apoyos $6,249,125,131.00 Elaboración propia el 7 de Julio de 2013 con Información en los Informes de Donatarias Autorizadas 2008 al 2012. SHCP. Elaboración propia con datos en los Informes de la Comisión de Fomento de 2005 a 2012.

Informes de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Organizaciones de la Sociedad Civil De acuerdo con el Centro Mexicano para la Filantropía (cemefi), podemos visualizar la organización social en nuestro país como una estructura compuesta por tres sectores principales(VIII): 1. El gobierno o sector público, compuesto por los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, así como los tres ámbitos de acción: federal, estatal y municipal.

2. El sector empresarial como sociedad organizada en torno a un fin de lucro. En este sector se diferencian a las personas morales (empresas, corporaciones, etcétera) de las físicas (individuos que realizan una actividad productiva como profesionistas, artesanos, etcétera) 3. El tercer sector, integrado por asociaciones, instituciones, movimientos organizados, alrededor de actividades sin fines de lucro.

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d i c i e m b re 2013 MÉXICO SOCIAL

Dentro de este crisol se encuentran las asociaciones religiosas, las de autobeneficio, los partidos y agrupaciones políticas y las instituciones de ayuda a terceros.

De las 22,427 osc(IX) registradas en Indesol, 5,101 osc realizan actividades asistenciales, lo que representa el 22.74%. Del total de organizaciones con Cluni 20,979 tienen la figura jurídica de asociación civil. De acuerdo al sat 6,893 están registradas como donatarias autorizadas(X), de las cuales 1991 tienen la deducibilidad para obtener donativos del extranjero. El 66% de las organizaciones con deducibilidad son asistenciales.

Las instituciones de ayuda a terceros son la que integran el sector llamado “filantrópico”, que son aquellas que buscan el beneficio y la ayuda a otros, tales como las fundaciones, asociaciones operativas y las instituciones al servicio del sector. Las organizaciones de la sociedad civil de

beneficios a terceros representa cerca del 60% de las organizaciones que componen el tercer sector, mientras que las de mutuo beneficio (como sindicatos y asociaciones de profesionistas) y las religiosas representan alrededor del 20% respectivamente.

Las asociaciones políticas y los partidos políticos federales representan una mínima proporción. Según datos del Cemefi de 2008, las organizaciones relacionadas la Asistencia social y la Salud representan más del 50% de las osc de beneficio a terceros, seguido por el sector de Desarrollo Social (14%). En tercer lugar se ubican las de carácter educativo y de derechos humanos (10% respectivamente).

En 2012 el Nacional Monte de Piedad otorgó donativos por más de $327 millones de pesos entre 438 instituciones beneficiando a cerca de dos millones de personas entre los grupos más necesitados y desfavorecidos. En la convocatoria 2012 se recibieron 565 solicitudes de 27 estados de la República, distribuidas de la siguiente forma: Salud 42%; 30% Problemas Sociales; y 26% Educación.

En México la mayoría de los ingresos de las osc provienen de cuotas y servicios que proveen. En otros países el financiamiento público constituye más del 70%, por ejemplo Bélgica e Irlanda. El porcentaje estimado de donaciones respecto al PIB en México es muy bajo en comparación con otros países con menores niveles de desarrollo como Uganda o Sudáfrica(XI). La institucionalización de las organizaciones sociales y civiles en nuestro país tiene diversas aristas, entre las cuales está la transparencia y la rendición de cuentas, así como la forma de relación con el poder público.• Consulta las notas de este artículo en nuestro sitio: www.mexicosocial.org

DISCRIMINACIÓN TERESA ZAMORA DÍAZ DE LEÓN Maestra en Trabajo Social por la Universidad de Toronto y Licenciada en Trabajo Social por la UNAM. Es presidenta de la Asociación de Transparencia Universitaria, A.C. por medio de la cual promueve en la comunidad de Trabajo Social una cultura de transparencia entre los alumnos y profesores de la misma.

Ha sido invitada para participar como miembro en distintos comités de evaluación tanto de educación como de proyectos de investigación en la ANUIES, INDESOL y los CIEES y CONACYT. Ha sido asesora en distintas facultades y escuelas de la UNAM y de otras universidades del país en la elaboración de planes y programas de estudio.

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d i c i e m b re 2013 MÉXICO SOCIAL

Causas y formas La permanencia de la discriminación se relaciona con factores psicológicos, sociales, culturales, políticos, económicos, estéticos y jurídicos que requieren ser examinados con profundidad para buscar la vía de combatirla, ya que las normas per se no logran eliminarla

J

osé Sánchez Carrasco, jornalero agrícola, murió bajo un árbol en el patio del Hospital General de Guaymas, Sonora después de cinco días de no recibir atención médica por no contar con seguro ni dinero para su atención; el caso de José es un caso paradigmático de discriminación por pobreza(I).

Para el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (conapred), Ricardo Bucio, el caso del jornalero refleja todas las formas de discriminación, ya que no sólo hubo negligencia médica, sino una clara violación a sus derechos humanos y el derecho a la salud.

Su apariencia y condición socioecómica le condujeron a la muerte(II).

El asunto de José Sánchez sería un caso de lo que Adela Cortina, filósofa española, denomina “aporofobia” (del griego á-poros: pobre, y fobéo: espantarse), término acuñado por ella y que refiere repugnancia ante el pobre, ante el desamparado, una forma de discriminación que opera desde un deleznable anonimato(III).

De nada sirvieron los Artículos 1º y 4º constitucionales que establecen el respeto a los derechos humanos y a la salud.

Tampoco fue de utilidad la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, porque la discriminación es un comportamiento que opera con base en prejuicios, y para Norberto Bobbio los prejuicios son opiniones aceptadas por

costumbre o bien por una autoridad cuyo dictamen se acepta sin discutirlo: acríticamente y pasivamente, sin verificarlas, por inercia, por respeto, o por temor, y se aceptan con tanta fuerza que resiste a toda refutación racional.

“Por esto se dice, con buen sentido, que el prejuicio pertenece a la esfera de lo no racional, al conjunto de aquellas creencias que no nacen del razonamiento y se sustraen a cualquier refutación fundada sobre un razonamiento”. Se basan en creer una opinión falsa como verdadera”(IV).

Asimismo, argumenta que existen diversas formas de prejuicios individuales y colectivos, pero son los prejuicios colectivos los más peligrosos, porque son los que causan conflictos entre grupos que pueden derivar en violencia y muerte en su percepción. Los más influyentes son el prejuicio nacional y el prejuicio de clase.

La principal secuela del prejuicio es la discriminación, que el conapred define como “una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido(V)”.

Dicho de otra manera, la discriminación consiste en tratar arbitrariamente a una persona o un grupo social por motivos raciales, religiosos, políticos o económicos. No obstante, existe una discriminación positiva que hace referencia a lo que

Paradigmas

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

El conocimiento y la educación de la población serían dos formas importantes de inculcar la tolerancia y con ello evitar la discriminación

se conoce como política social y consiste en apoyar a grupos vulnerables en función de alcanzar la equidad social. En Derecho el término hace referencia al trato de inferioridad dado a una persona o grupo de personas por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de filiación o ideológicos, entre otros.

La discriminación negativa, en cambio, es una práctica injusta porque trasgrede el principio esencial de la justicia y la igualdad jurídica, es, entonces, un principio normativo sobre la forma universal de los derechos que se ha convenido sean fundamentales: del derecho a la vida a los derechos de libertad; de los derechos políticos a los sociales; hasta el metaderecho que es el derecho a la igualdad, es decir, al tratamiento de iguales ante la ley(VI).

Se puede señalar que la discriminación negativa ha estado presente a lo largo de

la historia de la humanidad, baste señalar que la esclavitud se practicaba desde la antigüedad en las civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, China, Grecia y Roma, en donde se elaboraron leyes y costumbres para legitimizar y regular la esclavitud.

Otras formas de discriminación que se presentan están relacionadas con el sexo; la edad; las preferencias políticas; la discapacidad; la religión; la etnia; la clase social; la estética; el nivel educativo; y la enfermedad.

Hacia la mujer. Arraigada casi en todo el mundo, esta forma de discriminación presenta diversas formas que limitan sus derechos y libertades, basada en estereotipos y prácticas que atribuyen superioridad al sexo masculino, y se les obliga aceptar una serie de tareas en función de su naturaleza biológica. De vuelta a México, prácticamente el 40% de las mujeres entrevis-

DE LA PRÁCTICA DISCRIMINATORIA SE DESPRENDEN DOS TÓPICOS: Racismo Forma de discriminación centrada en diferencias biológicas, reales o imaginarias, basadas en una ideología de superioridad, que se hacen extensivas a signos o indicadores culturales o religiosos.

Xenofobia Tiene su origen en el odio y rechazo a los extranjeros por considerarlos una amenaza a su bienestar, el caso de los migrantes es en la actualidad una clara manifestación de ello.

d i c i e m b re 2013

MÉXICO SOCIAL

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DISCRIMINACIÓN

*Consulta las referencias de este artículo en nuestro sitio: www.mexicosocial.org

tadas por conapred (2010) afirman pedir permiso a sus esposos para salir solas en la noche, y el 8.6% de las mujeres para tomar anticonceptivos. Además, el 27% de la población está de acuerdo con que a una mujer se le castigue por haber abortado. Todo ello implica un deterioro de la libertad y autonomía para tomar decisiones sobre el cuerpo propio, y por lo tanto para acceder a oportunidades de desarrollo entre las mujeres(VII).

Por etnia. Es una de las más extendidas en el mundo, y tiene lugar cuando una persona o grupo humano son tratados como inferiores. En México la población indígena vive en constante discriminación, como el caso de la clase social, también motivo de discriminación, particularmente en contra de los pobres.

Estética. Se presenta cuando una persona es excluida o segregada por no contar con un estereotipo de apariencia solicitada. En México, paradójicamente, se rechaza a la gente morena cuando la mayaría de la población es de ese color.

Las causas

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Para conapred los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de

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derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.

En México, la discriminación se presenta de diferentes formas y en diferentes magnitudes, en la Encuesta sobre Discriminación realizada en la Ciudad de México en 2013 (EDIS-Cd.Mx 2013), por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (conapred), se encontró que la discriminación de manera espontánea se asocia con el término “derechos humanos”, y que de los quince derechos humanos contemplados en el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, el derecho a la igualdad y a la no discriminación ocupan el cuarto lugar de importancia, precedido por el derecho a la educación, a la salud y al trabajo, no obstante de que existe alta discriminación en el Distrito Federal, ya que su calificación fue de 7.2., donde el 10 significaba una alta discriminación y cero que no existía(VIII).

A nivel nacional, conapred realizó la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis, 2010), en la cual, ante la interrogante: “¿qué tanto cree usted que provoquen las divisiones entre la gente?”, se presentó una interesante respuesta, en orden de prioridades: la riqueza; los partidos políticos; la educación; la repartición de apoyos del gobierno; las preferencias sexuales; las ideas políticas; los valores; la religión; la etnia y la gente que llega de fuera.

En relación con las diez principales causas de discriminación a nivel nacional, éstas fueron: las preferencias sexuales; discapacidad; las condiciones de salud; el género; la apariencia física; el embarazo; la condición social; ser extranjero; ser indígena; y emitir opiniones diferentes. Un aspecto digno de considerar fue observar que a menor nivel educativo, se presentan mayores actitudes discriminatorias(IX).

En México, existe un alto grado de marginación principalmente hacia los grupos indígenas, los pobres, las mujeres y los gays, entre otros. El conocimiento y la educación de la población serían dos formas importantes de inculcar la tolerancia y con ello evitar la discriminación.•

DISFRUTO Y APOYO AL ARTE

CONOCE EL PROGRAMA COLABORA Y APOYA AL MUSEO DISFRUTA DE LOS BENEFICIOS ANUALES HAZTE

AMIGO

AMIGO

Vence: 07/13

Alejandra Ramírez Olvera Miembro desde: 07/10

www.amigosmunal.org amigos@patronatomunal.org

@amigosmunal amigosmunal

COLABORACIÓN ESPECIAL

ELBA CORIA Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y egresada con honores de la Maestría en Ciencias Sociales en materia de Seguridad Internacional y Estudios de Conflicto de la Universidad de la Ciudad de Dublín en Irlanda. Es abogada pionera en la defensa legal del derecho al debido proceso y la libertad personal de personas migrantes y solicitantes de asilo en México en detención.

Actualmente es Asociada Regional para las Américas de la Coalición Internacional contra la Detención, organización internacional dedicada a la defensa y promoción de alternativas a la detención de personas migrantes y solicitantes de asilo.

Con agradecimiento a Vanessa Martínez

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d i c i e m b re 2013 MÉXICO SOCIAL

La necesidad de alternativas Pese a que existen algunas disposiciones legales, políticas públicas y prácticas gubernamentales tendientes a evitar e incluso erradicar la detención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, hasta la fecha la infancia migrante y solicitante de asilo sigue siendo detenida por motivos migratorios

M

ás de 200 millones de migrantes cruzan fronteras internacionales, de los cuales una cuarta parte son niñas, niños y adolescentes. Al salir de su país a causa del abuso, la violencia, la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades educativas y la reunificación familiar, entre otras razones, son privados de su libertad por carecer de documentación migratoria Si bien la mayoría de los gobiernos no tienen ni difunden datos sobre la detención de esta población, la Coalición Internacional contra la Detención (idc por sus siglas en inglés) estima que miles de ellos son detenidos cada año en países como Estados Unidos, Canadá y México, entre otros.

En el contexto de los flujos migratorios en destino y tránsito por México, la detención es uno de los principales mecanismos de control migratorio. En el periodo 20092011, cada año fueron detenidos alrededor de 4,000 niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de asilo, mayoritariamente nacionales de Guatemala, Hondura y El Salvador. Tres cuartas partes de esta infancia carecía de la protección y cuida-

dos parentales (infancia no acompañada) y en el 80% de los casos se ubicaba en el rango de edad de 12 a 17 años. A partir de 2012 el número de eventos de detención de niños, niñas y adolescentes supera el promedio anual de los años previos para llegar a 6,100(I).

La detención por motivos migratorios es incompatible con la garantía y protección a los derechos humanos de la infancia conforme a la legislación nacional e internacional. Asimismo, es de destacar que la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes produce diversas afectaciones en su salud mental y desarrollo psicosocial (angustia, depresión y estrés posttraumático, pensamiento suicida, entre otras), tanto durante la detención como después de haber ocurrido ésta(II).

En atención a esas afectaciones, las publicaciones del idc, “Infancia Cautiva” (2012)(III) y “Dignidad sin Excepción” (2013)(IV) destacan la necesidad de adoptar medidas y mecanismos que protejan la libertad de movimiento de niñas, niños y adolescentes al tiempo en que garanticen, mediante la gestión de casos, la protección integral a sus derechos, en tanto sean adoptadas las decisiones migratorias más acordes a su interés superior. Es por ello

que a fin de proteger los derechos y el sano desarrollo emocional, físico y psicológico de la infancia migrante, resulta indispensable evitar la detención migratoria, así como desarrollar e implementar alternativas a la detención.

Se entiende por alternativas a la detención migratoria: “toda legislación, política o práctica que permite que los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes residan en la comunidad con libertad de movimiento, mientras que su situación migratoria se resuelve o mientras esperan la deportación o la expulsión del país(V)”. Así, las alternativas a la detención migratoria diseñadas para niñas, niños y adolescentes permiten que ellos gocen de asistencia y protección institucional integral de cualquier Estado sin importar su situación migratoria, sobre la base de que niñas, niños y adolescentes son ante todo niños y que, por tanto, toda decisión gubernamental debe regirse por los principios de no discriminación, interés superior del niño y participación.

Bajo el nuevo esquema legal migratorio en México, a partir de 2012(VI) se distinguen grupos de personas migrantes y solicitantes de asilo en situación vulnerable que no deben ser objetos de detención, entre estos se encuentran niñas, niños y adolescentes migrantes o solicitantes de asilo no acompañados que ingresan, transitan o permanecen de manera temporal o definitivamente en el país.

La prohibición al Instituto Nacional de Migración (inm) de detener a la infancia en el contexto de los flujos migratorios se acompaña también de la responsabilidad de las estancias del Desarrollo Integral de la Familia (dif) del país en brindar atención y proteger los derechos de la niñez y adolescencia migrante, así como del deber de intervención de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (comar) respecto a la infancia no acompañada solicitante de asilo y refugiada para la garantía y respeto de sus derechos.

En los casos en que existe oportunidad de canalizarlos a un albergue del dif como el Albergue Temporal para Mujeres y Niños Migrantes en Tapachula, Chiapas, por regla

Foto: Grant Mitchell

sólo se canaliza y recibe a un porcentaje mínimo de niños y niñas menores de 12 años de edad que son acogidos bajo un régimen a puertas cerradas. La infancia de entre 12 y 17 años, que constituye la mayor parte de esta población migrante, es detenida en estaciones migratorias o estancias provisionales que carecen de las condiciones necesarias para asegurar desde su integridad personal hasta el goce de sus derechos más esenciales. En este sentido, las normas migratorias no tienen, hasta el momento, los efectos reales esperados y deseables.

Adicionalmente, las normas migratorias que establecen avances en materia de protección a los derechos de la infancia excluyen de la protección contra la detención a niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados por sus padres o familiares, con lo que su adecuada protección se parcializa y coarta, ya que los padres o guardianes legales, al estar ellos mismos en detención, no están en posibilidad de satisfacer las necesidades, ni proteger adecuadamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo su guarda o cuidado.

Por ello, la detención es en todos los casos indeseable y contraria a los derechos humanos de la niñez y adolescencia, y el Estado debe velar también por la protec-

4,000

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES Y SOLICITANTES DE ASILO, mayoritariamente nacionales de Guatemala, Hondura y el salvador fueron detenidos cada año en el periodo de 2009-2011

75%

DE ELLOS

carecían de la protección y cuidados parentales

80%

DE LOS CASOS se ubicaba en el ranGo de edad de 12 a 17 años

6,100

FUERON DETENIDOS en 2012

d i c i e m b re 2013

MÉXICO SOCIAL

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COLABORACIÓN ESPECIAL

Foto: Jon Frank

Las niñas, los niños y los adolescentes migrantes o solicitantes de asilo no acompañados que ingresan, transitan o permanecen de manera temporal o definitivamente en el país no deben ser

objetos de detención

*Consulta las referencias de este artículo en nuestro sitio: www.mexicosocial.org

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d i c i e m b re 2013 MÉXICO SOCIAL

ción y el interés superior de niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados mediante la adopción de medidas alternativas a la detención de familias que sería la forma más consistente de salvaguardar la protección integral de los derechos de la infancia, incluido el derecho a la unidad familiar.

Ya que nunca es el interés superior del niño ser detenido por motivos migratorios, los Estados deben garantizar la existencia de un nivel mínimo de protección y apoyo para los niños en la comunidad. Sin embargo, es importante destacar que la no detención de niñas, niños y adolescentes migrantes implica no sólo su efectiva canalización a las instancias dif en la República, sino también la existencia de condiciones adecuadas de recepción, atención y protección en tanto se determina, conforme a un procedimiento de determinación del interés superior del niño, su retorno, reunificación familiar o permanencia en el país.

Aunque el marco jurídico migratorio dista de regular adecuadamente formas alternativas a la detención, existen ventanas de oportunidad a nivel operativo y de políticas públicas para su implementación. Para México, a corto plazo el reto es lograr que todos los niños, niñas y adolescentes para quienes la ley otorga una alternativa a la detención, esta sea identificada y accedan de manera oportuna y efectiva a ella a través de la adopción de: a) mecanismos que faciliten su colocación en el entorno social, ya sea para vivir de manera independiente bajo la supervisión de las instituciones competentes, o bien para ser acogidos por albergues dif o de la sociedad civil que posibiliten contacto con el medio social; y b) políticas y prácticas que permitan realizar la determinación del interés superior del niño por autoridad especializada e independiente.

La libertad y el sano desarrollo psicosocial del niño son derechos humanos fundamentales de la infancia. México debe seguir desarrollando su legislación, políticas y prácticas para asegurar que los niños refugiados, solicitantes de asilo y migrantes irregulares puedan residir libremente en la comunidad en tanto se toman las decisiones que más satisfagan su interés superior.•

Kliksberg

lo de Bernardo

os", un artícu

México Social

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2000

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ES » ROSARIO ROBL » JOSÉ WOLDENBERG EF » UNIC » INAES HERNÁNDEZ LICONA » GONZALOSZÉKELY » MIGUEL

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reza-Exclusió

-Pob Desigualdad

D { E DS DI TEO LR AI AS L L} E T R A S

Mentirle a todo el

mundo

Nadie debería ser maltratado, mucho menos por sus iguales o sus seres queridos. Aún menos alguien debería elegir ser victimario para no ser víctima. Sin embargo pasa, y muchas veces no lo notamos o pretendemos no hacerlo. Los adolescentes, aunque estén rodeados de gente y atención, sufren en la soledad Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

C

harlie tiene 16 años y a pesar de ser profundamente inteligente no se da cuenta de cómo funcionan las cosas. Su inocencia es apabullante. Es, además, tan sensible como cariñoso. Todo le conmueve y le preocupa, todo le genera empatía. Sin embargo, no sabe relacionarse y mira todo desde lejos, tomando distancia. Su mejor amigo se ha suicidado, su hermano se ha ido de la casa a estudiar la universidad y el único que parece entender su personalidad es Bill, su profesor de literatura. Entonces conoce a Sam y a Patrick, una chica y un chico mayores que él, e inician una amistad. Con ellos conoce a más muchachos, y de pronto es parte de un grupo y es feliz.

Sin embargo, como siempre pasa con los adolescentes, las razones de su angustia y su depresión ahí están, escondidas, agaza-

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d i c i e m b re 2013 MÉXICO SOCIAL

padas, esperando el momento para saltarle encima. Y llegado el momento lo hacen.

En resumen, de eso trata Las ventajas de ser invisible, novela de Stephen Chbosky, recientemente adaptada (con mucho éxito) al cine, sobre las anecdotas de un chico que se ha sentido un marginado toda su vida “que, de hecho, lo ha sido”, sin que eso haya minado su capacidad para amar al mundo y a los demás. Los niños solitarios no son solitarios porque sí, y cuando crecen, suelen ser adolescentes aún más solitarios, aunque estén llenos de amor. Así es Charlie.

Todos lo sabemos, no hay adolescencia perfecta.

Lo sabemos de primera mano porque estuvimos ahí: equivocándonos, cometiendo errores y pifias, sintiendo temor por todo. En general la vida es difícil, pero creo lo es más para el adolescente prome-

dio. Más ahora. Y aunque la energía y las hormonas opinen diferente, nunca te sientes más vulnerable y solo, nunca más frágil que cuando eres adolescente. Tal pareciera que los huesos que te sostienen son cartílagos: estructuras elásticas, pero carentes de fuerza.

Quizá definir la adolescencia de ese modo parezca convencional, o cursi. O pesimista. Sin embargo, creo que no hay otra manera de hacerlo. Toda definición, tarde o temprano, se refiere a lo mismo: a un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta a una serie de cambios tanto físicos como emocionales, y por tanto, psicológicos, así como a los eventos que llegan con esos cambios para los que, dicho sea de paso, nadie parece estar preparado.

Sobre los cambios físicos no hay mucho que decir. Los seres humanos no dejamos de cambiar biológicamente apenas nacemos. Nuestro proceso de crecimiento (que eventualmente se convertirá en envejecimiento y muerte) está presente desde el inicio y, sin detenerse, en algunos momentos observa transformaciones radicales, pero no tan profundas como las que tienen que ver con las emociones y lo psicológico, es decir, las que nos cambian por dentro.

El descubrimiento de la personalidad propia, además de cambiarnos, nos revela nuestro verdadero ser, más allá de que seamos una extensión de la familia con la que crecimos y los valores que nos inculcaron.

Con el despertar de la sexualidad pasa algo similar, como pasa también con los cuestionamientos existenciales y morales hacia nuestros actos y nuestra educación; o la confrontación con la realidad (representada por “los otros”, por “los demás”, por “el mundo”), así como la necesidad imperiosa de expresarse. Todo lo anterior nos define como individuos y son temas ya difíciles de manera intrínseca.

Nunca, como ahora, se había hablado del tema del bullyng y sus consecuencias.

Lo paradójico es que tampoco, nunca como hoy, en medio de campañas y políticas públicas encaminadas a combatirlo, la agresividad y la discriminación entre adolescentes habían alcanzado niveles tan alarmantes. Acoso escolar, acoso y abuso

sexual, violencia de género, xenofobia, suicidios y crímenes de odio han aparecido en la prensa nacional y mundial, develando que el mundo de los adolescentes, a pesar de su alegría, su entusiasmo y su inocencia, es más oscuro de lo que parece.

Y esto sucede en las narices de la familia, la escuela y la sociedad.

Cómo combatir y cómo erradicar estas prácticas, no lo sé. Supongo que con amor, con respeto y con atención. Supongo que el personaje de Bill, el profesor de literatura, cumple con esa misión dentro de la novela, al ofrecerle a Charlie algo más allá de la enseñanza escolar con su amistad, las lecturas y el consejo que parece influir mucho en él: “sé un filtro, no una esponja”, que yo traduciría como “sé tú mismo”, “confía en ti, aunque sea tan difícil, valdrá la pena”.

Eso es lo que se puede encontrar en la lectura de Las ventajas de ser invisible, en Charlie y en sus amigos. Tanto él, como Sam y Patrick (y el resto de los personajes adolescentes, incluida su genial hermana y Mary Elizabeth, la feminista snob que es adorable); están en el punto exacto en que o abrazan su naturaleza, con todas las pérdidas a futuro que ello implica, o se condenan a representar sus versiones convencionales y políticamente correctas para el resto de sus vidas.

No es casual que casi todos los chicos que protagonizan la historia sean parte de una pequeña compañía de teatro que siempre representa la misma obra “The Rocky Horror Picture Show”, y que llegado el momento la dejen, casi siempre al enfrentar un hecho radical en sus vidas y su decisión al respecto.

Decisión que por cierto puede acarrear rechazo y discriminación (Patrick es gay y deja la obra al salir del closet, por ejemplo). Decía Oscar Wilde que los viejos se lo creen todo y que los adultos todo lo sospechan, mientras que los jóvenes, por el contrario, todo lo saben, que ellos son realmente los verdaderos sabios. Creo que el genio irlandés se refiere a que los adolescentes, en su inocencia, han aprendido a mentirle a todo el mundo, menos a sí mismos.•

ROGELIO FLORES Escritor. Cursó estudios de Ciencias de la Comunicación en la unam, así como de Creación Literaria en la Escuela de Escritores de la sogem (Sociedad General de Escritores de México), y de Realización Cinematográfica en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba (eictv). Ha colaborado en publicaciones como Arcana, Cambio y El Semanario, entre otras.

Es coautor de los libros de cuento Abreletras, Prohibido fumar: cuentos contra la represión, Palabras Malditas y Códices en el asfalto; y autor de Adiós, Princesa y Rocanrol Suicida, también de cuento.

Recientemente, ganó el concurso Palabras Malditas.

d i c i e m b re 2013

MÉXICO SOCIAL

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Año 3 - No. 41, diciembre de 2013, Precio: $35.00 m.n.

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