Número 31- Febrero 2013

Año 2 - No. 31, febrero de 2013, Precio: $35.00 m.n.

Javier Alejo-Ramón Torres » 24 México Social

@mexicosocialorg

/ Un texto de Adela Cortina » 13 ISSN: 2007 - 2600

www.mexicosocial.org

MÉXICO SOCIAL

ESCRIBEN:

» » » » »

CLARA JUSIDMAN MICHAEL D. LAYTON ALBERTO OLVERA GABRIEL ROJAS JACQUELINE BUTCHER

L I V I C D A D E I SOC ENTRE EL

ESTADO Y EL MERCADO

5

{ EDITORIAL}

4

e n e ro 2013 MÉXICO SOCIAL

rtés

Fernando Co

@mexicosocialorg

Javier Alejo -

Ramón Torres

» 26 ISSN: 2007 - 2600

mexicosocial.org

www.

MÉXICO SOCIAL

Año 2 - No. 30,

enero de 2013,

Precio: $35.00 m.n.

México Social

» 21

ESCRIBEN:

LA BARREDA » LUIS DEALMA ZÁN » SOFÍA HA LUCÍA MART » BORBOLLAMÍCHER » JULIA CALDERÓN » DAVID MONTOYA » ISABEL

las los ríos de a s

violenci

ÍNDICE EL PRESUPUESTO Y LA CUESTIÓN SOCIAL

04

Saúl Arellano / CEIDAS

LA CUESTIÓN SOCIAL EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

10

UN ESTADO PARA LA INFANCIA

16

MÉXICO SOCIAL es una publicación del

CEIDAS / Comunicación Nashieli Ramírez

¿HACIA DÓNDE PODRÍA IR LA SEGURIDAD SOCIAL? 18 Berenice Ramírez

OCDE: ¿COMPROMISO CON EL DESARROLLO INCLUYENTE O CON EL MERCADO?

24

Javier Alejo / Ramón Torres

OSC Y POLÍTICA SOCIAL Clara Jusidman Rapoport

LA PARADOJA DE LA GENEROSIDAD MEXICANA

30 35

Michael D. Layton

RETOS ENORMES, CAPACIDADES ESCASAS

39

Alberto Olvera Rivera

EDNICA: CONTEXTO, INSTITUCIONALIDAD Y AGENDA 42 Gabriel Rojas Arenaza

HA MUERTO UN FILÓSOFO

45

Adela Cortina

LAS OSC EN LA TRANSFORMACIÓN DEMOCRÁTICA

46

UN SOLO CAMINO

50

Elio Villaseñor Gómez

Patricia López Guerra

CREANDO CONCIENCIA AMBIENTAL

54

Fedro Carlos Guillén Rodríguez

LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

56

Jacqueline Butcher García-Colín

México Social, Año 2, No. 31, febrero 2013, es una publicación mensual editada por el Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). Pennsylvania No.86, Col. Parque San Andrés, CP. 04040 Delegación Coyoacán, México, D.F. Tels. 5659-6120 y 5659-6209 www.ceidas.org, informacion@ceidas.org. Editor responsable: Saúl Arellano Almanza. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2010-032312331700-102 ISSN: 2007 - 2600, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Contenido No. 15077, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX IM09- 0840. Impresa por Grupo Infagón, Alcaiceria No. 8, Col. Zona Norte Central de Abastos, Del. Iztapalapa, C.P. 09040 México, D.F., este número se terminó de imprimir el 25 de enero de 2013. Distribuida por Publicaciones CITEM, S.A. de C.V., Av. Del Cristo 19, Colonia Xocoyahualco, C.P. 54080, Tlalnepantla, Estado de México.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS).

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f e b re ro 2013 MÉXICO SOCIAL

Mario Luis Fuentes Director General CONSEJO EDITORIAL Mario Luis Fuentes Jesús Kumate Rodríguez Rolando Cordera Campos Fernando Cortés Cáceres Carlos Rojas Gutiérrez Miguel Concha Malo Javier Guerrero García Irasema Terrazas Enrique Provencio Durazo Marcela Rovzar de González Gustavo Gordillo De Anda Nashieli Ramírez Mónica González Contró Saúl Arellano Almanza Director Editorial Laura Ilarraza Gálvez Coordinadora Editorial GCL COMUNICACIÓN: Gisela Casarín Alberto Martínez Lorena Martínez Vinculación y Relaciones Públicas Jesús Mendoza Franco Edición Electrónica DISEÑO Alejandra Núñez Valentín Israel Cruz Avila Imagen portada: Israel Cruz Avila México Social es una publicación inscrita en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. http://pnmi.segob.gob.mx

EDITORIAL

D

esde hace varios años se ha advertido que América Latina en general, y nuestro país en lo particular, enfrentan un grave déficit de ciudadanía que se expresa en distintas dimensiones: a) en una baja confianza en las instituciones; b) en una limitada participación organizada en la defensa de causas o desarrollo de trabajo comunitario; c) en bajos niveles educativos que se traducen en una mentalidad generalizada favorable al autoritarismo; d) en elevados niveles de corrupción gubernamental.

Todo lo anterior se traduce, si se quisiera resumir, en una debilidad estructural del Estado de derecho, el cual es incapaz, en medio de estas condiciones, de transitar hacia nuevos estadios de respeto a la ley, así como hacia una nueva lógica de promoción para una mayor colaboración social a través de la solidaridad y el desarrollo comunitario.

En el 2004, numerosas organizaciones sociales impulsaron la creación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Desarrolladas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, misma que, si bien abonó relativamente a dar certidumbre y una mayor transparencia al uso de los recursos públicos, al final no ha logrado ser un marco eficaz para promover y fomentar la participación ciudadana a favor del desarrollo y el bienestar social.

A 9 años de haber sido promulgada (su fecha de publicación en el DOF es el 9 de febrero de 2004), ni la Ley ni las instituciones responsables de su aplicación lograron dar un mayor impulso a la organización y participación social, las cuales, al menos en el ámbito de la organización formal, siguen siendo muy pocas, si se considera la dimensión demográfica y territorial del país, y sobre todo si se toman como referencia las acciones y avances en otros países.

De acuerdo con datos de USAID, en el año 2011, en los Estados Unidos de América había 65 organizaciones por cada mil habitantes; en Chile hay 63 por cada mil personas; en Argentina hay 29 organizaciones por cada mil habitantes; en Brasil la proporción es de 17 por cada mil personas; mientras que en nuestro país es de 3.6 OSC por cada mil habitantes.

Enfrentamos un panorama de suma complejidad en el que es necesario fortalecer las capacidades del Estado a fin de garantizar plenamente los derechos sociales de la población, y de regular con eficacia la prestación de bienes y servicios que forman parte de la oferta privada.

Es un hecho que la democracia sólo podrá consolidarse en la medida que haya una ciudadanía participativa y capaz de exigir, no sólo el cumplimiento de sus derechos, sino de ser una vigilante activa del cumplimiento del orden constitucional, sobre todo a raíz de la aprobación de la reforma al artículo 1º Constitucional en materia de derechos humanos y tratados internacionales.

Ante este reto, en la edición de febrero presentamos diversos artículos de expertas y expertos en el análisis y estudio de la sociedad civil en México: sus retos, sus posibilidades de fortalecimiento y sobre todo, los dilemas que habrán de enfrentarse en los próximos años en la construcción de un México mucho más solidario, justo e incluyente.

Desde esta perspectiva, uno de los mayores retos para el nuevo Gobierno se encuentra precisamente en diseñar una nueva lógica de cooperación, diálogo y entendimiento con las organizaciones de la sociedad civil; para lo cual deberá construir también nuevos instrumentos para generar estímulos fiscales; flexibilizar los requisitos para la constitución formal; así como horizontalizar y democratizar la entrega de los recursos.

En México hay una enorme energía social que no está siendo aprovechada y que puede contribuir en gran medida al desarrollo nacional. INEGI estima que las organizaciones sin fines de lucro aportan casi el 3% del PIB nacional, lo cual evidencia otro de los aspectos de la relevancia de las OSC, en cuanto a su capacidad de generar y redistribuir la riqueza.•

Director general del CEIDAS, A.C.; integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía -UNAM; e Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo-UNAM

f e b re ro 2013 MÉXICO SOCIAL

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presupuesto y la El

cuestión social

De acuerdo con el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del territorio, Javier Guerrero García, en México habría, al inicio de 2013, una suma de 1.3 millones de pobres más que en 2010. Esto significa que de 11.7 millones de personas en situación de hambre, con el ajuste que implican las proyecciones de población del conapo, pasamos a 13 millones de pobres extremos.

L

a cuestión es un asunto mayor, porque si esto ocurre con la pobreza extrema, entonces también hay que llevar a cabo la adecuación de la suma del número de pobres multidimensionales, la cual pasaría, en números absolutos, de 52 millones de personas, considerando una población de 112 millones de habitantes, a 57 millones, asumiendo que ahora tenemos, al inicio de 2013, una población cercana a los 117 millones.

Otro tema a destacar es la nueva metodología de estimación del trabajo informal, pues inegi lo define en su boletín 449/12 como: “el trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como los trabajadores subordinados que, aunque trabajan para unidades económicas formales, lo hacen bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social”.

SAÚL ARELLANO / CEIDAS

Desde esta perspectiva, el Instituto considera que en México hay alrededor de 29.3 millones de personas ocupadas informalmente, de un total de 47.3 millones de personas que se encuentran ocupadas, con o sin remuneración en todo el país.

Lo anterior implica que la tasa de informalidad en el país equivale

60% de la población ocupada pertenece al sector informal

Pie de foto:

f e b re ro 2013 MÉXICO SOCIAL

60%

de la po-

blación ocupada pertenece al sector informal

Foto: Cortesía de EXCÉLSIOR

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al 60% de la Población ocupada, cifra que supera a la registrada con la misma metodología en el año 2005; es decir, a pesar del supuesto crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años, la calidad de los empleos, y en general, todo lo que podría considerarse como “el mundo del trabajo” se encuentra fracturado.

MUNDO LABORAL FRACTURADO

La precisión de la metodología del inegi resulta de una singular relevancia, porque al analizarla frente a la magnitud de la pobreza que hay en cada una de las entidades de la República y el Distrito Federal, lo que se encuentra es una correlación muy fuerte respecto de la tasa de informalidad.

Correlaciónde Pearson de las variables Tasa de Informalidad Laboral y % de Personas en Pobreza Multidimensional.

85

Tasa de informalidad laborar

80 75 70 65 60 55 50 45 40 20

30

40

50

60

70

80

% de personas en pobreza multidimensional Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2012, así como del Anexo estadístico de la Medición multidimensional de la pobreza, CONEVAL, 2010.

Nota: Con un nivel de confianza del 95% y un P-Valor de .0001, la correlación de Pearson es de .901, valor en extremo elevado, pues el número 1 indicaría la existencia de una correlación perfecta. Esto se observa con mayor claridad en la gráfica 1.

Matriz de correlación (Pearson): Variables

% de personas en pobreza

% de personas en pobreza Tasa de informalidad laboral

Estos datos permiten sostener que el problema de la pobreza difícilmente podrá resolverse únicamente mediante los programas que se han desarrollado a partir de la década de los noventa. Esto, sin desconocer la enorme relevancia que tienen los programas de asistencia social hasta hoy vigentes, entre ellos, el más importante, Oportunidades.

Desde esta lógica, el Presupuesto de Egresos, considerado el principal instrumento de la política económi-

Tasa de informalidad laboral

1

0.901

0.901

1

ca −que debería ser al mismo tiempo la mejor política social−, resulta fundamental para dimensionar los retos por venir, así como las posibilidades que se tienen para darle orden y sentido a la enorme dispersión de acciones y falta de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios en materia de combate a la pobreza.

El Presupuesto y el rubro de lo social De acuerdo con el Decreto por el que

se expide el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, el monto de los recursos disponibles para la Administración Pública Federal, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial de la federación y los Órganos Constitucionales del Estado, asciende a prácticamente 4 billones de pesos.

En lo que respecta a los programas sociales, destaca el Decreto el Artículo 31, en el cual se establecen los criterios que se deben seguir en f e b re ro 2013

MÉXICO SOCIAL

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las Reglas de Operación de los subsidios correspondientes al Ramo Administrativo 20, Desarrollo Social.

En tal Artículo se establece que los Programas: “se destinarán, en las entidades federativas, en los términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios de resultados que defina el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria formulada por la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y programas asistenciales; el desarrollo regional; la infraestructura social básica y el fomento del sector social de la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios que propongan las entidades federativas”.

En esa lógica, es de fundamental relevancia el resultado que publicó

el conapo con respecto al grado de marginación en que se encuentra cada uno de los municipios y las localidades que los integran a lo largo y ancho del país, así como el Índice de Rezago Social, elaborado y publicado por el coneval.

Otro elemento a destacar es que de acuerdo con el citado Decreto del pef, 2013, la Secretaría de Desarrollo Social deberá informar a la Cámara de Diputados, a más tardar el último día hábil del mes de febrero, es decir, el día jueves 28, de la integración del Padrón de las Familias Beneficiarias del Programa Oportunidades.

En este rubro se tiene la oportunidad para que la nueva sedesol lleve a cabo una adecuada depuración del Programa; que clarifique a nivel de Área Geoestadística Básica y Manzana cuáles son las familias que reciben el Programa; y que se transparente lo que a lo largo de los gobiernos panistas se denunció constantemente en torno a la opacidad, o al menos, de las deficiencias de los padrones.

También hay una ventana de oportunidad, en el mismo sentido, de comenzar a sentar las bases para la construcción de un Padrón Único de Beneficiarios, a fin de evitar la duplicidad en la entrega de los apoyos y para mejorar los criterios de inclusión

y permanencia en los programas, así como los criterios de focalización que se han seguido hasta el momento.

Por ejemplo, será indispensable que sagarpa, Salud y sedesol puedan establecer mecanismos de coordinación a fin de contrastar los padrones de Oportunidades, el Seguro Popular y Procampo para garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.

La urgente visión de género Un avance relevante en los últimos años es que la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres establece con claridad la responsabilidad del gobierno y en general de todas las instancias del Estado mexicano, para diseñar presupuestos con perspectiva de Género.

En esa lógica, en el Artículo 24, incluido en el Capítulo iv del decreto del pef, 2013, se establecen cinco criterios mínimos que deben seguirse por todas las dependencias y entidades ejecutoras: “I. Incorporar la igualdad entre mujeres y hombres y reflejarla en la matriz de indicadores para resultados de los programas bajo su responsabilidad;

Recursos enormes; ¿fracasos monumentales?

Las últimas dos administraciones contaron con cuantiosos presupuestos; sin embargo, no lograron cambiar el rumbo del país. El nuevo Gobierno se encuentra ante una ventana de oportunidadesque deberá aprovechar.

260,277,219,671

121,856,567,399 95,251,838,395

75,402,528,121

56,471,236,212 5,867,839,355

SEP

Salud

Desarrollo Social

SAGARPA

SEMARNAT

Reforma Agraria

5,429,182,914

4,474,889,781

INEGI Trabajo y Prevensión Social

1,375,127,220 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Fuente: elaboración propia con base en el Anexo 1 del Decreto de expedición del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2013.

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f e b re ro 2013 MÉXICO SOCIAL

MONTOS PRESUPUESTALES (EN MILLONES DE PESOS) EL MAYOR SE ENCUENTRA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN, CON MÁS DE SALUD IMSS

260 mil

$122 mil

$421 mil

ISSSTE

$161 mil

DESARROLLO SOCIAL

$95, 200 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

$75, 400 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

$57, 400 REFORMA AGRARIA $5,800 INEGI

$5,400

SECRETARÍA DEL TRABAJO

$4,470 COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

$1,375 DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS

$74 mil PROGRAMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

$70,300 GENERACIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

$18,760 ATENCIÓN DE LOS GRUPOS VULNERABLES JUVENTUD

$34,500

$142,300

PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

598,900

II. Identificar y registrar la población objetivo y la atendida por dichos programas, diferenciada por sexo, grupo de edad, región del país, entidad federativa, municipio o demarcación territorial del Distrito Federal, y población indígena en los sistemas que disponga la Secretaría y en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda; III. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puedan identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres y hombres; IV. Establecer o consolidar en los programas bajo su responsabilidad, las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con igualdad entre mujeres y hombres; V. Aplicar la igualdad entre mujeres y hombres en las evaluaciones de los programas, con los criterios que emitan el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social”.

La entidad responsable de dar seguimiento al cumplimiento de estos criterios elementales es el inmujeres, el cual debe elaborar un informe que tiene que entregar, a más tardar 30 días después de concluido el trimestre correspondiente, a la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.

Es decir, el primer informe de este tipo deberá ser enviado a más tardar el 30 de abril, para la nueva administración, en el cual deberían incluirse recomendaciones sobre cómo han logrado transitar todas las dependencias de la nueva adminis-

tración, en el impulso a la equidad entre hombres y mujeres a través de la ejecución del gasto público.

Desarrollo rural y desarrollo social Ya se mencionó la necesaria articulación efectiva entre los programas de desarrollo rural sustentable y los programas de desarrollo social; en esa lógica, deben considerarse los datos mostrados en torno la tasa de informalidad, sobre todo en el sector rural, pues es ahí en donde más se han concentrado las condiciones de bajo salario, explotación, y en algunas regiones, hasta la trata de personas con fines de explotación laboral.

De acuerdo con el pef, hay una responsabilidad explícita, pensando, por ejemplo, en el Programa Especial Concurrente −el cual ha sido utilizado en distintas ocasiones para fomentar el clientelismo en el campo mexicano−, de contribuir al combate a la pobreza rural, así como a la generación de empleos en ese ámbito.

En el Artículo 35 del pef se establece, como una responsabilidad explícita para la operación del Programa Especial Concurrente, apegarse a las siguientes prioridades: “a) Apoyar en el combate a la pobreza, contribuyendo con la agricultura de autoconsumo a las familias pobres que habitan principalmente en las zonas rurales; b) Contribuir al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas de las comunidades rurales; c) Ampliar la oferta de bienes públicos, particularmente en materia de infraestructura, investigación y desarrollo, capacitación rural e información; d) Contribuir a mitigar y a adaptar las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras mediante acciones para prevenir, mitigar y atender los impactos del fenómeno del cambio climático; f e b re ro 2013

MÉXICO SOCIAL

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Es indispensable garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan. Frente a la inmensa corrupción que se ha documentado en gobiernos estatales y municipales deberá generarse una

intensa tarea de revisión de la cuenta pública

Foto: Cortesía de EXCÉLSIOR

e) Prevenir y administrar los riesgos climáticos, sísmicos, sanitarios y de mercado, y f) Contribuir a la sustentabilidad de las actividades agropecuarias y pesqueras en lo referente al aprovechamiento responsable del agua y la tierra; IV. Propiciar la generación de información, y el desarrollo de mercados de las actividades agropecuarias y pesqueras; V. Establecer como estrategia la competitividad de las ramas productivas básicas, a que se refiere el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; VI. Coadyuvar al impulso de los mercados y a perfeccionar la información disponible para el sector; VII. Apoyar a las entidades federativas con recursos presupuestarios para la ejecución de proyectos estratégicos de impacto estatal o regional…”.

¿Con cuánto contamos?

El Presupuesto de Egresos para 2013 es gigantesco; de ahí lo incomprensi-

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f e b re ro 2013 MÉXICO SOCIAL

ble de por qué, si estamos invirtiendo año con año miles de millones de pesos en programas sociales, lejos de reducirla, la pobreza sigue creciendo, como ya lo informó la sedesol y lo cual seguramente será corroborado por el coneval cuando en el mes de julio dé a conocer los resultados de la medición oficial de la pobreza y la cohesión social, 2012.

En ese terreno, es importante decir que el mayor monto presupuestal se encuentra en el ámbito de la educación, en donde existe un presupuesto de más de 260 mil millones de pesos, el cual es más del doble que el monto total asignado a Salud, en donde el presupuesto es de casi 122 mil millones de pesos, sin contar al imss; el cual tiene una asignación de 421 mil millones de pesos, así como el issste, en el cual el presupuesto asignado es de 161 mil millones de pesos.

Enseguida estaría Desarrollo Social, área para la cual están asignados, como Gasto Neto Total, poco más de 95,200 millones de pesos, cantidad que, en sentido estricto, parece mucho dinero, pero que, en un ejercicio reduccionista, si se dividiera equitativamente entre cada una

de las personas pobres del país, daría como resultado una suma de 1,670 pesos con 8 centavos.

Sigue en ese orden Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la cual le fueron asignados 75,400 millones de pesos como Gasto Neto Total, a los cuales deben agregarse otros rubros contenidos en Ramos Generales de Gasto.

Para Medio Ambiente y Recursos Naturales hay destinados 57,400 millones de pesos; ámbito que necesariamente debe estar íntimamente ligado al desarrollo de las zonas rurales y de manera prioritaria a las regiones con población mayoritaria hablante de lenguas indígenas, pues es ahí en donde se encuentran más del 70% de las áreas protegidas, así como de los principales cuerpos de agua que hay en el país.

Están, además, Reforma Agraria, la cual cuenta con 5,800 millones de pesos; el inegi, cuya relevancia en el ámbito del desarrollo nacional es fundamental, pues su labor permite una mejor planeación, cuenta con un presupuesto de 5,400 millones de pesos; la Secretaría del Trabajo con 4,470 millones; así como la Comi-

sión Nacional de Derechos Humanos, la cual contará con 1,375 millones de pesos para su operación en 2013.

Debe adicionarse lo contenido en el Anexo 9 del pef, en el cual se consideran 74 mil millones de pesos para el desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas; así como 70,300 millones de pesos destinados para el Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, de los cuales más de 23 mil millones deberán ser operados por el conacyt.

Sobre las disposiciones mencionadas para la generación de la Igualdad entre Hombres y Mujeres, están considerados 18,760 millones de pesos, así como 34,500 millones de pesos destinados para la atención de los Grupos Vulnerables, divididos en múltiples dependencias y programas, entre los que destacan 28 mil millones destinados al área de Desarrollo Social.

Es de destacar que en este Decreto

del pef se especifica cuántos recursos, del total de lo que se gastará en 2013 están dirigidos a grupos de población específicos. Para el caso de las y los jóvenes, el monto total, distribuido en las diferentes dependencias del gobierno, entidades y municipios, se erogarán más de 142,300 millones de pesos; mientras que para la protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes están previstos 598,900 millones de pesos, que deberán aplicarse en los diversos programas de salud, alimentación, educación, desarrollo social, etcétera.

Comentarios finales Una de las principales tareas de los Congresos en las democracias consolidadas es la del control del Gobierno a través de la vigilancia y el control del Presupuesto; desde esta perspectiva, y frente a la inmensa corrupción que se ha documentado en gobiernos estatales y municipa-

les, deberá generarse una intensa tarea de revisión de la cuenta pública y, sobre todo, sobre la eficacia de las acciones que desarrollen los gobiernos, en todos sus órdenes y niveles.

Por otro lado, deberá concretarse la reforma legal pendiente para crear la Comisión Nacional Anti Corrupción, la cual deberá contar con las facultades, pero sobre todo con los instrumentos, para verificar el adecuado cumplimiento de las normas y para llevar a cabo evaluaciones de impacto respecto de los programas y políticas públicas.

Finalmente, queda pendiente también fortalecer a instancias como el coneval, a fin de que sus evaluaciones y recomendaciones se conviertan en instrumentos de aplicación obligatoria, a fin de darle a las políticas y programas una mejor orientación, porque no debe olvidarse que estamos hablando de los recursos que son de toda la población.•

El Ramo 33, “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, se compone de la siguiente forma: MONTO Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en: Estatal Municipal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de: Asistencia Social Infraestructura Educativa Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se distribuye para erogaciones de: Educación Tecnológica Educación de Adultos Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas TOTAL

278,503,059,277 67,871,103,191 53,090,815,000 6,434,606,778 46,656,208,222 54,413,838,110 17,286,369,364 7,909,403,901 9,376,965,463 5,375,729,913 3,302,372,196 2,073,357,717 7,631,760,775 29,730,856,400 513,903,532,030 f e b re ro 2013

MÉXICO SOCIAL

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MÉXICO SOCIAL EN EL DOF

La Cuestión Social en el DOF A partir de esta edición, México Social dará seguimiento a las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación (dof), relacionadas con las distintas agendas de la cuestión social en nuestro país CEIDAS / COMUNICACIÓN

D

ebe recordarse que el DOF es el órgano a través del cual, el Estado mexicano le da carácter oficial y vig encia a todas las disposiciones reglamentarias, normativas, legales y constitucionales que son aprobadas por el Congreso de la Unión y promulgadas por el Ejecutivo Federal, o bien, de todos aquellos Decretos que, en el ámbito de sus facultades, emite el titular de la Presidencia de la República.

En esta primera entrega, México Social presenta un resumen de tres Decretos; dos de ellos están relacio-

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f e b re ro 2013 MÉXICO SOCIAL

nados con Leyes de suma relevancia.

La primera es la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, Reglamentaria del Artículo 18 Constitucional, la cual deberá permitir construir el modelo que tanto le urge al país para la adecuada rehabilitación y tratamiento de las y los adolescentes en conflicto con la Ley. La segunda es la Ley General de Víctimas, la cual ha generado una fuerte discusión en cuanto a algunos de sus contenidos específicos, pero cuya promulgación permite comenzar a cerrar las heridas y a resarcir justicia a las víctimas de la violencia extrema que se ha desatado en el país

en los últimos 12 años.

El tercer tema a destacar es el Decreto que contiene la determinación de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2013, las cuales incluyen a todos los municipios y localidades que habrán de recibir recursos para el combate a la pobreza extrema, tanto en los ámbitos rurales como urbanos.

Se asume como prioritaria esta declaratoria, pues en buena medida se espera que sea uno de los ejes rectores para la actuación que desarrollará el Gobierno Federal en el combate a la pobreza extrema, agenda que ya ha sido señalada como de atención urgente por el Ejecutivo Federal.

Resumen del DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Justicia para Adolescentes Fecha de publicación en el DOF27 de Diciembre de 2012 Esta ley tiene como objeto la creación del Sistema Federal de Justicia para Adolescentes, el cual incluye a los órganos, instancias, procedimientos, principios, derechos y garantías previstos, y derivados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley, la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y los tratados y convenios internacionales aplicables. La ley está compuesta por seis títulos, 20 capítulos, 22 secciones, 180 artículos y 9 artículos transitorios.

Para efectos de esta Ley y para el Sistema Federal de Justicia para Adolescentes se considerará como adolescente a las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.

Esta ley será aplicable a quienes se les atribuya o compruebe la realización de una o varias conductas tipificadas como delito competencia de las autoridades federales y tengan al momento de la comisión de dichas conductas, entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Sin embargo, también para los efectos de esta ley se considerará a los adultos jóvenes, que son aquellas personas entre 18 y 25 años a los que se les compruebe la comisión de un delito cuando eran aun adolescentes, es decir, en el ya mencionado rango de edad de entre 12 y menos de 18 años.

Dentro de los objetivos más importantes de esta ley se encuentra: crear instancias especializadas, y establecer sus atribuciones y facultades para la aplicación del Sistema Federal de Justicia para Adolescentes; el reconocer los derechos y garantías de las personas sujetas al Sistema y garantizar su efectivo respeto así como; establecer los procedimientos

y mecanismos para determinar la responsabilidad de los adolescentes y adultos jóvenes por la realización de una conducta tipificada como delito.

Como principios enunciativos del Sistema Federal de Justicia para Adolescentes se establecen, entre otros: • El interés superior del adolescente, y para determinarlo en una situación concreta se deberá valorar, la opinión del adolescente.

• Presunción de inocencia.

• La subsidiariedad, que establece que previo al sometimiento del adolescente o adulto joven al Sistema Federal de Justicia para Adolescentes, deberá privilegiarse la aplicación de medidas preventivas o alternativas.

• La flexibilidad, que implica que, en beneficio del adolescente, la autoridad tiene la posibilidad de suspender el proceso en cualquier momento.

• La reintegración social y familiar del adolescente.

Además, dentro del artículo 5º, se enuncia que en ningún caso podrá aplicarse al adolescente o adulto joven, en el supuesto de haber cometido la conducta delictiva cuando era aún adolescente, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En el artículo 9 se establece que las y los adolescentes tienen derecho a la libertad. Cualquier medida que implique una restricción a este derecho deberá aplicarse de forma excepcional, como último recurso y durante el tiempo más breve que proceda, únicamente para conductas consideradas como graves, tales como: terrorismo, delitos contra la

salud, violación, asalto a carreteras o caminos y homicidio, entre los más importantes.

En la Sección II de esta Ley se enmarcan acciones que tienen como objetivo evitar que las y los adolescentes que han cometido conductas delictivas catalogadas como “delitos menores” reincidan en este tipo de comportamientos; para este fin, se establece, con base en el previo mandato o disposición del Juez, que el adolescente deberá ser sujeto de las llamadas “medidas de orientación y protección”. Algunas de estas medidas son: • La libertad asistida, que consiste en permitir al adolescente o adulto joven, continuar con su vida cotidiana, pero bajo la vigilancia de un supervisor y de conformidad con el Programa Individualizado de Ejecución. La duración de esta medida no podrá ser inferior a tres días ni mayor de cuatro años.

• Prestación de servicios a favor de la comunidad, en la que la o el adolescente o adulto joven deberá llevar a cabo acciones no remuneradas de interés general, en entidades de asistencia pública o privada, hospitales, escuelas u otros establecimientos del sector social.

• Prohibición de relacionarse con determinadas personas • Prohibición de asistir a determinados lugares, o de conducir vehículos automotores • Obligación de obtener un trabajo, que consiste en ordenar al adolescente mayor de catorce años o al adulto joven, ingresar y permanecer, f e b re ro 2013 MÉXICO SOCIAL

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CEIDAS en un empleo que le permita desarrollar actitudes positivas de convivencia social y fortalecimiento de autoestima, siempre que no perjudique su desempeño escolar. Para este punto La Unidad Especializada deberá suscribir convenios de colaboración con aquellos centros de trabajo públicos o

privados que estén interesados en emplear a adolescentes o adultos jóvenes.

Además, en el Título Sexto de la Ley se establecen los diferentes recursos que podrán interponerse en los tiempos y formas que la propia Ley marca y estos son: Revocación, Apelación, Queja, Queja Administrativa y Reclamación.

Finalmente, se establece que el Decreto de esta Ley entrará en vigor el 27 de diciembre de 2014, y para esa fecha se abrogará, en su aplicación de ámbito federal, la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal.

DECRETO por el que se expide la Ley General de Víctimas.

Fecha de publicación en el DOF: 09 de Enero de 2013 Esta Ley tiene como objetivo reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, así como garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso y establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción u omisión de cualquiera de sus disposiciones.

La Ley General de Víctimas se compone de 10 títulos, 51 capítulos, 189 artículos y 17 artículos transitorios.

Dentro del contenido de la Ley destaca el Título V y los cinco capítulos que lo integran, en los que se establecen los mecanismos para lograr la reparación integral, que es el derecho de las víctimas a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del hecho punible que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido.

Esta reparación integral comprende las medidas de: restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, las cuales se abordan de manera más puntual a continuación: Medidas de restitución: Se busca que las víctimas sean restituidas, de ser posible, en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y propiedades,

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si hubieren sido despojadas de ellos.

En los casos en que la persona haya sido víctima de secuestro o desaparición forzada le será restablecida su libertad. En los casos en donde la víctima ha sufrido una condena ilegítima, la restitución comprende, además de la libertad en los términos que lo establezcan las autoridades competentes, la eliminación en los registros de los respectivos antecedentes penales.

Medidas de rehabilitación: Incluyen atención médica, psicológica y psiquiátrica; servicios y asesoría jurídica, y; programas de educación orientados a la capacitación y orientación. En este punto se hace énfasis en el trato especial que tendrán los niños y niñas víctimas de delitos o hijos de las víctimas.

Compensación económica: Se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, y el monto será señalado por la autoridad jurisdiccional o por dictamen del Ministerio Público según sea el caso.

Medidas de satisfacción: Estas comprenden, entre otras, la verificación del hecho y la revelación pública y completa de la verdad; la búsqueda de las personas desparecidas, o de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas; una declaración oficial o

decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; una disculpa pública de parte del Estado; y la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

Medidas de no repetición: Son aquéllas que se adoptan para que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y que contribuyen a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza, ejemplos de estas son: el ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas armadas y de seguridad, la protección de los defensores de derechos humanos, la promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales, entre otras.

Para llevar a cabo la reparación integral del daño, así como el resto de los procesos que la propia Ley marca en el Artículo 139 se establece la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que se conformará por: recursos previstos para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación, recursos obtenidos por la enajenación de bienes decomisados en procesos penales, recursos provenientes de multas y sanciones impuestas al Estado por violaciones a derechos humanos, entre otros medios de

obtención de los recursos necesarios para cumplir todos los objetivos que la Ley General de Víctimas plantea.

Finalmente, los Artículos Transitorios de la Ley General de Víctimas señalan que ésta entrará en vigor 30 días después de su publicación, es decir, el 6 de febrero de 2013, y que para su

cabal cumplimiento se derogarán todas las disposiciones legales contrarias a la Ley, así como que el Reglamento correspondiente deberá expedirse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que la Ley entre en vigor.

Esta Ley es de singular relevancia porque su aplicación implicará, en

la práctica, la construcción de todo un sistema integral de atención a las víctimas, el cual exige, a su vez, el realineamiento y la coordinación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; así como entre éstas y las de los Estados de la República y el Distrito Federal.

27 de Diciembre de 2012

DECRETO por el que se emite la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria para el año 2013 Esta declaratoria se formula con apego al artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social que establece que “El Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto, hará la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria”.

Estas zonas de atención prioritaria se catalogan en dos áreas que son: Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) Urbanas; compuestas por 367,763 manzanas en 1,788 localidades urbanas, pertenecientes a 1,024 municipios; en ellas viven aproximadamente 3.87 millones de hogares, cuya población registra altas concentraciones de pobreza multidimensional, rezago social, marginación o pobreza extrema.

Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) Rurales; compuestas por 1,080 municipios en 26 entidades federativas. En esta categoría se encuentran las localidades con menos de 2,500 habitantes. En el Cuadro 1 se mues-

tra la cantidad de municipios, por entidad federativa, que componen las ZAP Rurales.

Para catalogar las Zonas a Atención Prioritaria Rural se utilizan indicadores incluidos en la medición de la pobreza por municipios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), así como otros contenidos en los Índices de Marginación elaborados por el Consejo Nacional de Población (CONAPO); específicamente los indicadores más relevantes son: el grado de marginación; el grado de rezago social; y la existencia de 25% o más de la población municipal en situación de pobreza extrema.

El Grado de Marginación es definido como la incapacidad del desarrollo pleno de las personas que se da con base en las carencias sociales que enfrentan. El Índice elaborado por CONAPO está compuesto por 10 indicadores agregados en cuatro dimensiones: educación, vivienda, disponibilidad de bienes en el hogar y salud.

Por su parte, el grado de rezago social es una ponderación que resume cuatro dimensiones de carencias sociales, contenidas como criterios mínimos en la Ley General de desarrollo Social; estos son: educación, salud, servicios básicos y calidad de los espacios en la vivienda.

Finalmente, la población en situación de pobreza extrema es definida como aquella que se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo, es decir, aquellas personas cuyos ingresos no son suficientes para adquirir una canasta alimentaria básica.

Con base en lo anterior, es preciso decir que el campo mexicano en general, y particularmente las regiones con mayor número de personas hablantes de lenguas indígenas, son las que enfrentan mayores carencias, por lo que es pertinente destacar que dentro de las Zonas de Atención Prioritaria Rurales, de los 1,080 municipios que las integran, 441 (40.8%) tienen un grado de marginación muy alto; 408 (37.8%) un grado de marginación alto; mientras que 213 (19.7%) tienen un grado medio de marginación.

En lo que respecta al rezago social en el ámbito rural, 113 municipios (10.5%) se ubican en un muy alto grado de rezago social; 495 (45.8%) en un grado de rezago social alto, 380 (35.2%) en grado medio; y 92 (8.5%) con bajo grado de rezago social.

Finalmente de los municipios que componen estas ZAP en 1 037 hay un 25% o más de población en pobreza extrema y solo en 43 localidades este porcentaje es menor al 25%.• f e b re ro 2013 MÉXICO SOCIAL

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{GEÉDNIET ROOR I A L }

Atención a la

perimenopausia y la postmenopausia La NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-035-SSA2-2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de enero de 2013 y establece lineamientos normativos oficiales para brindar a todas las mujeres que se encuentran en estas etapas una adecuada atención médica integral con absoluto respeto a sus derechos sexuales y reproductivos.

La esperanza de vida actual de la mujeres es de 77.6 años, y la población femenina en etapas de perimenopausia y postmenopausia (etapas previa y posterior a la menopausia, respectivamente) está en continuo ascenso; se estima un incremento anual de 600,000 mujeres mayores de 40 años que demandarán al Sistema Nacional de Salud acciones de promoción de la salud, atención médica y prevención de estas enfermedades

Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para el personal de los servicios de salud de los sectores público, social y privado que conforman el Sistema Nacional de Salud que brinden atención médica a las mujeres durante las etapas de la perimenopausia y la postmenopausia, y su objetivo es establecer los lineamientos específicos en materia de perimenopausia y postmenopausia para: • Brindar una atención médica integral a la mujer durante estas etapas • Contribuir a la prevención y tratamiento oportuno de los síntomas y signos propios • Contribuir a la prevención y trata-

miento oportuno de las enfermedades que se presenten en la perimenopausia y postmenopausia • Fomentar en la población femenina hábitos higiénicos, dietéticos y saludables que contribuyan a dis-minuir los riesgos de enfermedades asociadas al síndrome climatérico • Procurar, con enfoque de género, el acceso a la información, consejería y servicios para la prevención y control de las manifestaciones clínicas y patologías asociadas

Disposiciones generales Se incluirá como mínimo en la prestación de los servicios de salud:

a) promoción de la salud b) prevención c) consejería y d) atención integral y específica.

Prevención primaria: • Acciones para lograr un estilo de vida saludable • Información y educación con perspectiva de género sobre cambios físicos, psicológicos y sexuales que ocurren en la perimenopausia y la postmenopausia y sus principales factores de riesgo • Orientación alimentaria y promoción de estilos de vida saludables • Participación social: Lograr la participación activa de la comunidad, desarrollo de competencias en sa-

*Para consultar los lineamientos completos de la NOM-035-SSA2-2012 consulta nuestra página: www.mexicosocial.org

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fe e nbe r eor2o0 1230 1 3 MÉXICO SOCIAL

monal, o que por cualquier motivo no deseen utilizar hormonas

Tratamiento de la osteoporosis:

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR

lud acompañados con la difusión de información de los factores de riesgo y autocuidado

Prevención secundaria: • Acciones dirigidas a evitar su progresión • Se deben tener en consideración los lineamientos normativos oficiales vigentes de la prevención primaria y los procedimientos terapéuticos aprobados para cada padecimiento en particular

Prevención terciaria: • Las mujeres que hayan sufrido daño secundario a alguna enfermedad deberán recibir apoyo para su rehabilitación física y psicológica por personal capacitado

Cartilla Nacional de la Salud: • Asegurar que las mujeres mayores de 40 años cuenten con la Cartilla Nacional de Salud

Consejería: • Se debe proporcionar a toda mu-

jer que se encuentre en las etapas de la perimenopausia y la postmenopausia que acuda a la unidad médica y que requiera información • Explicar los conceptos de ambas etapas con absoluto respeto a sus derechos sexuales y reproductivos • El personal de los servicios de salud de los sectores público, social y privado debe estar capacitada/o para establecer un diálogo ágil y empático con la mujer, procurar un ambiente de confianza

Atención médica: • Tiene el propósito de valorar las condiciones generales de salud de las mujeres, y de acuerdo con ellas determinar la conveniencia o necesidad de administrar tratamiento médico o no médico para problemas o patologías específicas • Tratamiento de la sintomatología asociada a la menopausia • Terapia hormonal bajo los criterios de la Guía de Práctica Clínica para la Atención del Climaterio y Menopausia (cenetec) • Tratamiento no hormonal que se podrá prescribir a aquellas mujeres que presenten contraindicación para la administración de terapia hor-

• Deberán referirse a las pacientes al segundo o tercer nivel de atención, cuando sea necesario • Se podrá prescribir tratamiento farmacológico hormonal o no hormonal, según se requiera y exista disponibilidad, con la finalidad de prevenir fracturas • Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que presten servicios de salud de primera elección utilizarán los insumos establecidos en el cuadro básico de medicamentos • Ninguna modalidad de terapia hormonal está indicada para el tratamiento de la osteoporosis. Su indicación es sólo para la prevención en casos seleccionados. El tratamiento farmacológico no hormonal se basará principalmente en los bisfosfonatos para prevenir fracturas osteoporóticas

Sistema de información: • Son motivo de registro las mujeres mayores de 40 años que acudan a consulta de primera vez o subsecuente con el objetivo primario de consultar por presentar síntomas y signos asociados con la perimenopausia o la postmenopausia, independientemente de que se les haya otorgado o no terapia hormonal • La notificación será mensual • En las instituciones del sector salud, el registro se llevará a cabo en la hoja diaria de consulta externa • El nivel correspondiente concentrará la información en los formatos del Sistema de información de sistemas de salud, con base en lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 017-SSA2-1994• feb en re ro 2013 MÉXICO SOCIAL

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V { IESDI IÓTNO RE IXAPLE}R T A

Estado

NASHIELI RAMÍREZ Fundadora y coordinadora general de Ririki Intervención Social, organización que trabaja por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y por el desarrollo de sus familias y comunidades. Cuenta con una especialidad en Investigación Educativa de la UNAM. Actualmente es Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; de la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil; de Radio Ciudadana del IMER; y del Observatorio de Políticas Públicas y Derechos Humanos. Ha participado en el diseño, instrumentación y operación de programas y estudios sobre indicadores de infancia, entre los que destaca la Infancia Cuenta en México en sus versiones del 2005 al 2009; formación de profesores; promoción social; organización y participación social; fortalecimiento municipal; programas sociales; desarrollo y microfinanciamiento rural; equidad y género; y derechos humanos, tanto en el ámbito de la administración pública, como en el no gubernamental.

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f e b re ro 2013 MÉXICO SOCIAL

Un para la

infancia

Durante muchos años, el trabajo de las organizaciones ha sido fundamental para millones de niñas y niños mexicanos, a quienes les han proporcionado techo, alimento y de manera directa o indirecta, educación. Su participación sigue siendo fundamental, aunque dentro del marco de la asistencia social vigente, que en teoría debería de apoyar y regular sus funciones, existe una agenda pendiente que permita superar vacíos y omisiones en este ámbito

S

NASHIELI RAMÍREZ

in duda, el denominado por algunos tercer sector, caracterizado por incluir actividades que no son del mercado y no son del gobierno, ha tenido un crecimiento significativo en nuestro país, especialmente durante este siglo. A la fecha aún no contamos con un sistema de información único a partir del cual podamos saber el número exacto de entidades de la sociedad civil o no gubernamental que existen en nuestro país, pero todas las fuentes disponibles reportan un incremento de este tipo de entidades.

Según la Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro de México (inegi), para 2008 se contabilizaban 40,089 instituciones que realizaban actividades sin fines de lucro y el Registro; por otra parte, reporta 19, 283 organizaciones con Clave Única de Inscripción (cluni)

al cierre de 2012, en comparación con las 3,594 registradas en 2006, es decir, se ha sextuplicado.

A partir de los años noventa surgen organizaciones del terreno sembrado por la Convención de los Derechos del Niño (1989). La incorporación de la perspectiva de derechos involucra necesariamente modificaciones en su actuación cotidiana en la manera que operan sus servicios.

Pero también un compromiso de construcción de agenda pública, de incidencia en política pública y de generación y difusión de conocimiento sobre niñas, niños y adolescentes y sus derechos.

Sin duda, quien abre el camino a la participación de la sociedad civil en este marco es el Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez. Comexani, como fue conocido, colocó las bases, tanto en gestión de conocimiento, como de incidencia en política

pública en la materia de derechos de la infancia. Durante la primera década de vida la Convención, generó investigaciones, inició la socialización de la Convención, demandó la generación de la institucionalidad gubernamental para cumplirla y realizó los dos primeros ejercicios de reportes alternativos de este instrumento y articuló a organizaciones y personas.

La conclusión de estos cimientos es producto del trabajo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, surgida en 2001, a partir del impulso de organizaciones que en su mayoría trabajaban con poblaciones callejeras, paradójicamente, un grupo que actualmente ya no está constituido por menores de edad. La Red logró en un lustro visibilizar tanto en los actores sociales, como en los políticos, a los niños y sus derechos. Uno de sus principales ejes, del cual es además pionera, es la línea de incidencia en política pública basada en datos, principalmente con la Infancia Cuenta en México, que hasta 2010, año en que unicef lanzó Infoniñez.mx, estaba posicionado como el principal difusor de indicadores en la materia. La Red también participó en la integración de las agendas legislativas de infancia y se constituyó en referente la temática.

Hacia 2005, la conformación de organizaciones ligadas a temas de la niñez iba en aumento, a partir de agendas como la de explotación sexual comercial infantil, como Infancia Común y de defensa, y como la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. También de colectivos como el Observatorio Ciudadano de Políticas de Niñez, hoy desaparecido, pero que al igual que la Red presentó un informe alternativo al tercer reporte de México al Comité de los Derechos del Niño de la onu y de otros que siguen vigentes, como la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, contamos con colectivos de organizaciones a nivel local que tienen amplia influencia en sus territorios, como son la Red de los Derechos de la Infancia de Juárez y el Foro Oaxaqueño de la Niñez.

A lo anterior se suma desde 2011 la Alianza por los Derechos de los Niñas,

Niños y Adolescentes en México, cuyo grupo promotor está integrado por organizaciones e instituciones especializadas en infancia, pero también en otras esferas que de manera transversal atienden problemáticas que finalmente tienen que ver también con niñas, niños y adolescentes.

Es un grupo que parte de un principio no sectorizado, sino sistémico.

Desde sus respectivos espacios de estudio y trabajo se construye una visión integral de lo que representa la vida y los derechos de la tercera parte de la población en nuestro país.

Se parte del principio de que la garantía de los derechos no es responsabilidad de una sola institución ni de una mirada, sino que requiere de un enfoque transversal y multidisciplinario. La alianza es, por lo tanto, un espacio de encuentro, discusión, reflexión y difusión que tiene la finalidad de generar un trabajo conjunto dentro de la especificidad y generar lazos de apoyo, de transferencia de experiencias y conocimiento que le permitan constituirse en una voz y referente responsable y autorizado desde la sociedad civil, en lo que a las materias de infancia y adolescencia se refiere.

Con apenas 16 meses de existencia la Alianza, integrada entre otros por Cauce Ciudadano A.C.; ceidas; Colectivo contra la Trata de Personas México; Compromiso, Solidaridad y Ayuda Social A.C. (incluye); gendes, A.C.; Incide Social; Observatorio Ciudadano Educación; Programa Infancia. uam-x; Save the Children México; Sin Fronteras; y Ririki Intervención Social; emitió las recomendaciones generales iniciales al Informe de México a la Convención correspondientes al cuarto y quinto periodos; participó en la consulta sobre niñez migrante de la día de Debate General en el Comité de los Derechos de la onu; y participa activamente en la integración del nuevo marco legislativo de protección y garantía de derechos.

Hoy, sin duda, se trabaja de manera activa desde la sociedad civil en la construcción de un Estado para la infancia y adolescencia. El mayor pendiente en este campo está en la integración plena a este ejercicio ciudadano de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.•

EL DATO Al menos cuatro de cada diez organizaciones tienen como sujetos de atención a niñas, niños y adolescentes

f e b re ro 2013

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{C EO DL IATBOORRI AA CL }I Ó N

BERENICE RAMÍREZ Investigadora Titular del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, berenice@unam.mx

ESPECIAL

¿HACIA DÓNDE PODRÍA IR LA SEGURIDAD SOCIAL? Ha quedado en evidencia la crisis de la seguridad social contributiva, resultado del lento crecimiento de la economía mexicana y de la baja creación de empleos protegidos; 18 millones de empleos formales frente a 28 millones de informales(I) nos dan cuenta de uno de los aspectos que ha contribuido a profundizar la crisis de la seguridad social y de la imposibilidad de lograr cobertura para 50% de la población BERENICE RAMÍREZ

J

unto a este proceso se ha impuesto un nuevo paradigma en el diseño de política social. La seguridad social se estableció en los años cuarenta como obligación del Estado de proteger ante contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de salud e ingresos como consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte. También se fue acompañando del establecimiento de guarderías, créditos para vivienda y de acceso a la cultura y la recreación.

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A pesar de que constitucionalmente hace referencia a una cobertura de todos los trabajadores, asalariados, campesinos y no asalariados, en la práctica sólo funcionó para los trabajadores urbanos protegidos por contratos y beneficios laborales. Desde principios de los años noventa, y con mayor claridad desde 1995(II), la seguridad social se fue desdibujando, adoptando la perspectiva de protección social, determinada por organismos internacionales, como la generada por el Banco Mundial,

quien la define como “intervenciones públicas y privadas para asistir a los individuos, hogares y comunidades a mejorar su manejo del riesgo y proporcionar apoyo a quienes se encuentran en la extrema pobreza” [Banco Mundial; 1996]. Así, se fue asumiendo que la política social tenía una principal orientación: el combate a la pobreza, y se fueron dejando de lado políticas que coadyuvaran a una mejor distribución y redistribución de la riqueza, así como situarla como política de Estado.

Diversos actores entraron a escena, sin una clara rectoría del Estado o de una manifiesta definición de seguridad social, fue más contundente el proceso de mercantilización y de privatización que el de construcción de bienes públicos. A la sociedad

civil se le involucró, pero desde la filantropía o mediante aportaciones individuales.

Este cambio de eje en la política social se hizo acompañar de una serie de programas focales y de asignaciones y transferencias que poco han hecho en cuanto al combate a la pobreza y mucho menos en cuanto a mejorar la polarizada distribución del ingreso, o al menos a mitigar la extrema desigualdad del país. La pobreza siguió aumentando de 48.8 millones registrados en 2008 a 52.2 millones en 2010.

El crecimiento y la dispersión de programas focales no contribuyó a una universalización, ya que sigue estando fuera de los programas sociales y de la seguridad social el 40% de la población, de los que la mitad son los más pobres.

El imss y el issste cubren toda la gama de enfermedades; el peligro de la portabilidad y la convergencia en estas condiciones es que prevalezca el catálogo de enferme­dades y no la atención integral del estado de salud de los mexicanos Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

f e b re ro 2013

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C { EO DL IATBOORRI A CL }I Ó N E S P E C I A L

El 92% de los que ganan hasta un salario mínimo no tienen prestaciones laborales, a diferencia de los que ganan más de 5 salarios mínimos, donde el 64% cuentan con ella La protección de la seguridad social aumenta de acuerdo con el decil de ingreso: 2.8% del decil 1 cuentan con pensión o jubilación, a diferencia del 65.5% del decil 10 Las cuentas individuales no ofrecen una protección económica adecuada en la vejez

Foto: Cortesía de EXCÉLSIOR

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La relación focalización y efectividad ha seguido caminos opuestos. De acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (coneval, 2012) en 2010 sumaban 273 programas y acciones federales y 401 los ejecutados por derecho social o por dimensión de bienestar económico. El crecimiento de los programas de focalización y de transferencias condicionadas aumentaba, así como la participación del gasto social en el PIB, que pasó de 6% en 1991 a 11.5% en 2011, pero quedando muy por debajo del promedio en América Latina, que se sitúa para 2011 en 18.6%. El presupuesto asignado a los programas pasó de 72,122.23 a 692,003.81 millones de pesos de 2004 a 2011. Entre 2004 y 2007 se incrementó 17% el número de programas y 1% el presupuesto de los mismos. Entre 2008 y 2011 aumentó en un 11% el número de programas y 42% el presupuesto[Coneval; 2012].

En el reciente proceso electoral por el que atravesó México llamó la atención que, después de haber perdido espacio el término seguridad social, volviera a ser parte de la plataforma de gobierno, en el caso del pri y en el prd; por ello, a continuación el objetivo es analizar el contenido y los alcances de lo establecido como seguridad social universal en el denominado Pacto por México firmado el 2 de diciembre por los tres principales partidos.

Contenidos del Pacto Los primeros seis compromisos establecen lineamientos orientados a la construcción de una Seguridad Social Universal; señala que: “Se creará una red de protección social que garantice el acceso al derecho a la salud y otorgue a cualquier mexicano, independientemente de su condición social o estatus laboral, un conjunto de beneficios sociales procurados por el Estado a través de un Sistema de Seguridad Social Universal que incorpore lo siguiente: • Acceso universal a los servicios de salud.

Para ello, se deben impulsar dos principios de reorganización del sector salud: el de la portabilidad de las coberturas para que todos los asegurados puedan ser atendidos en cualquiera de los sistemas públicos de sa-

lud a su elección; y la convergencia de la portabilidad de las coberturas para que todos los asegurados puedan ser atendidos en cualquiera de los sistemas públicos de salud a su elección; y la convergencia de los sistemas para igualar gradualmente la cobertura y calidad de todos ellos (Compromiso 1).

Adicionalmente, ante el crecimiento de los males asociados a la obesidad, se modificarán las normas mexicanas para prohibir en las escuelas los llamados alimentos chatarra (Compromiso 2)”.

Si consideramos que el imss y el issste tienen la virtud de cubrir toda la gama de enfermedades, y el seguro popular un catálogo de ellas, el peligro de la portabilidad y de la convergencia, en estas condiciones, es que prevalezca el catálogo de enfermedades y no la atención integral del estado de salud de los mexicanos. Se deben revisar también las repercusiones de la apertura comercial y los incentivos al consumo de la comida rápida originada por la vertiginosa entrada de filiales y franquicias, principalmente de origen norteamericano.

Queda también por definir lo siguiente: es un acierto que se haya optado por vincular a la seguridad social con los derechos humanos, no obstante, cabe preguntarse cómo enfocar para este proceso las tensiones que se expresan entre los derechos individuales (libertad, autonomía) con los derechos económicos, sociales y culturales, que establecen cuestiones tan básicas para la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua y que como tales deben ser tomados a cargo de la colectividad con una expresa obligación estatal.

• Pensión para los adultos mayores de 65 años que no cuenten con un sistema de ahorro para el retiro o pensión del imss o issste. Como un primer paso, el programa “70 y más” pasará a ser “65 y más”.

Como un segundo paso, se establecerá una cuota social adicional aportada por el Gobierno Federal a una cuenta individual a todos los Mexicanos al cumplir 18 años y hasta la edad de 65 años, para dar plena portabilidad a los beneficios pensionarios de la población a lo largo de su vida (Compromiso 3). f e b re ro 2013

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COLABORACIÓN ESPECIAL

El 40%

de la población sigue estando fuera de los programas sociales y de la seguridad social; de ellos, la mitad son

los más pobres Si consultamos la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Hogares que levanta inegi, nos encontramos que para 2010 sólo el 24% de los mayores de 60 años contaban con una jubilación o pensión de retiro. Además de la baja cobertura, se expresa la inequidad de género, ya que reciben pensión el 32.7% de los hombres y el 17% de las mujeres [Ramírez et. al;2012a].

Si analizamos el Censo de 2010, encontramos que el 55% de los hombres y el 17 % de las mujeres mayores de 60 años siguen trabajando, incluso en el grupo de edad de mayores de 80 años, el 18.5% de los hombres siguen trabajando y el 4% de las mujeres [Ham-Ramírez; 2012].

Si consultamos la información de coneval, la protección de la seguridad social aumenta de acuerdo con el decil de ingreso; cuentan con pensión y/o jubilación el 2.8% del decil 1, a diferencia del 65.5% del decil 10 [coneval; 2012], y ello es resultado de que el 92% de los que ganan hasta un salario mínimo no tienen prestaciones laborales, a diferencia de los que ganan más de 5 salarios mínimos, donde el 64% cuentan con ella. Cabe recordar que el 75.2% de los ocupados ganan hasta 5 salarios mínimos.

Con esta información quiero señalar que suena muy bien el establecimiento

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de una pensión universal para los que carecen de ella, pero estamos hablando del 75% de los mayores de 65 años, cifra que se va a incrementar, ya que muchos de los que tienen una cuenta individual tienen una densidad de cotización muy baja (38.2 como promedio) y no lograrán cumplir con los requisitos para acceder a ella. El problema es más complejo de lo que el pacto intenta resolver y se está tratando de atacar de forma inversa a la solución. Lo primero que hay que hacer es colocar en el centro de la discusión al trabajo, sus modalidades y la obligatoria necesidad de contar con protección laboral. Para ello se requiere conciliar la información, tener en cuenta que: el costo de los sistemas de pensiones de privilegio [pemex, cfe, rjp, , Banca de Desarrollo), que tienen un gran costo con tendencia ascendente que los hacen insostenibles, y que dan cuenta de la desigualdad en el país; las cuentas individuales no ofrecen una protección económica adecuada en la vejez, ya que muy pocos lograrán pensión y los que lo logren significarán entre el 16% y el 30% del salario de referencia; el nivel de ahorro individual es insuficiente en gran parte por el nivel salarial, la tasa de aportación y los altos costos de

REFERENCIAS:

I. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2012) “Informe de la evaluación de la política de desarrollo social”, México, CONEVAL,252 pp.

II. Ramírez López, Berenice (2012) “Qué hacemos con y para los viejos” en Córdova, Murayama, Salazar (Coord) México 2012, Desafíos de la Consolidación Democrática, México, tirant la blanche, ISBN; 978-607-95830-0-2, pp. 161-167 III. Ramírez López Berenice, et. al (2012) “Las pensiones en México: prospectivas y propuestas” en Calva José Luis (Coord) Derechos Sociales y desarrollo incluyente, México, Análisis Estratégico para el Desarrollo, vol, 12, Juan Pablos Edit, ISBN 978-607-711-052-1, pp, 104-123 IV. Ramírez L., Berenice y Ham Chande, R (2012) "Seguridad económica en la vejez" El reto del envejecimiento en México" México, UNAM- Academia Mexicana de Medicina e Instituto Nacional de Geriatría

NOTAS:

SÓLO

de los mayores de 60 años contaban con una jubilación o pensión de retiro en 2010

la administración privada; y una tarea pendiente y absolutamente indispensable es convertir los recursos de la capitalización individual en ahorro productivo. ¿Por qué sólo se busca la centralidad del Estado y no se acompaña de cambios en el modelo productivo? No hay lineamientos que conduzcan a una reactivación adecuada del mercado interno; se sigue

alentado lo asistencial al no ubicar la centralidad del trabajo. Además, no define qué áreas de la interacción humana quedarán libradas al funcionamiento del mercado, y qué áreas quedarán parcial o totalmente desmercantilizadas. La seguridad social requiere de la construcción de bienes públicos y del ejercicio solidario, por lo tanto, de una real distribución del ingreso.•

Foto: Cortesía de EXCÉLSIOR

24%

I. Esta cifra es resultado de la suma de trabajadores que se encuentran en el sector informal (14 millones), más trabajadoras domésticas, de la agricultura de autosubsistencia, trabajadores no remunerados y de aquellos que se encuentran en el sector formal y que por razones de contratación (honorarios, tiempo determinado, etc) no cuenta con seguridad social.

II. En diciembre de 1995 se aprobó la Reforma a la Ley del Seguro Social. Entró en vigencia el primero de julio de 1997, determinando nuevas formas de financiamiento.

Para las pensiones se introduce la capitalización individual de administración privada, y en la salud, la separación entre financiamiento y prestadores de servicios.

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PUED

FRANCISCO JAVIER ALEJO LÓPEZ Investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo. Es Doctor en Economía por la Universidad de Oxford, con posgrado en Planificación Económica y Social en el ILPES de la ONU y licenciatura en Economía por la UNAM. Ha sido profesor en la ENE/UNAM, el ITAM y el Colmex, así como director de la Maestría en Economía en este último. Fue Subsecretario de Ingresos de la SHCP y de Promoción y Fomento en la Secretaría de Turismo; Secretario del Patrimonio Nacional; Embajador de México en Japón, Corea e Italia; y VicePresidente de la IFC del Banco Mundial. Es autor de tres libros y más de cien artículos sobre temas económicos, políticos y sociales. En 1971 recibió el Premio Nacional de Economía.

programa universitario de estudios superiores del desarrollo unam

OCDE: ¿COMPROMISO CON EL DESARROLLO INCLUYENTE O CON EL MERCADO? (Segunda de dos partes)

Las recomendaciones de la ocde (en el documento “México, mejores politicas para un desarrollo incluyente”) se centran en áreas estratégicas específicas y transversales de la economía, entre las que se destacan las siguientes: política hacendaria, competencia de mercados, laboral, energía, agua y medio ambiente, salud y educación JAVIER ALEJO / RAMÓN TORRES

RAMÓN CARLOS TORRES FLORES Investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo-UNAM. Licenciado en Economía (UNAM), Diplomado en Planificación Económica y Social (ILPESCEPAL) y Maestro en Administración Pública (Harvard University). Ha ocupado cargos en la administración pública, organismos internacionales y empresas privadas. Ha sido docente en la UNAM, el IPN, el ITAM y la Universidad Anáhuac.

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A

Sustento de las reformas la política hacendaria, incluida la reforma fiscal, le asigna particular prominencia, concentra casi 40 de las 106 recomendaciones: ampliar la base recaudatoria (del iva principalmente); eliminar susidios a la energía, la agricultura, al suministro de agua y a la salud; sustituir algunos de ellos por transferencias monetarias transparentes –en el marco de una

política social activa no asistencialista–; otorgar estímulos a la inversión, la innovación y el empleo formal; mantener un estricto equilibrio fiscal; establecer fondos de estabilización para atender las fluctuaciones de la economía; transparentar las transferencias federales; asignar un responsable único de la política regional; otorgar mayor responsabilidad fiscal a los gobiernos de los estados y municipios y hacer más eficiente, eficaz y moderna la gestión pública (presupuesto multianual, contabilidad gubernamental, profesiona-

PROPUESTAS COINCIDENTES En la Conferencia Magistral impartida el 18 de octubre de 2012, el entonces Presidente Electo de México, a partir de una visión de mayor apertura e impulso al libre comercio, dio a conocer los objetivos de gobierno que considera fundamentales para atender los rezagos del país y elevar los niveles de desarrollo y bienestar; las medidas propuestas coinciden en lo esencial con el esquema de recomendaciones de la OCDE Son cinco objetivos: seguridad pública, pobreza, educación, crecimiento económico sostenido y presencia de México en el mundo • Ante la pobreza, propone adoptar una política social de Estado que evolucione de un modelo asistencialista a uno participativo, de mayor acceso a las actividades productivas, y la capacitación e inducción a trabajos de mejores ingresos • En términos de educación, el propósito es extender la cobertura preescolar y básica a los niveles medio y superior, elevar la calidad y los incentivos a docentes y utilizar tecnologías modernas para facilitar la educación a distancia y la mejoría en su calidad • En cuanto al mayor crecimiento sostenido de la economía, la finalidad es generar un mejor entorno propicio para el desarrollo social, el combate a la inseguridad y la mayor cobertura y calidad educativa

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR

lización del servicio público y gobierno electrónico).

Otro conjunto relevante de recomendaciones, cerca de 25, se refiere a reformas que impulsen la competencia en los mercados: continuar la liberalización comercial en bienes, servicios y capitales; desregular más (sobre todo en los gobiernos locales); abrir la competencia en industrias y sectores que suministran bienes y servicios en red; combatir a los monopolios públicos o privados; y eliminar barreras y restricciones a la inversión extranjera, especialmente en sectores donde su participación está inhibida.

En materia laboral recomienda aumentar los incentivos para el empleo formal; alentar a los trabajadores informales a registrar sus actividades; simplificar el régimen tributario; promover los contratos temporales y de tiempo parcial; adoptar nuevas formas de capacitación laboral; fomentar los períodos de prueba y poner en marcha una reforma laboral integral y equilibrada para reducir el costo de la contratación y el despido de trabajadores; facilitar la contratación temporal; aumentar la libertad de los sindicatos; mejorar la representación de los trabajadores en los contratos colectivos de trabajo; y crear un plan de protección para los desempleados.

En energía destaca la necesidad de planeación en la cfe para fortalecer las energías renovables, establecer en pemex un gobierno corporativo y dar acceso a la inversión privada en las actividades de petróleo y gas. En medio ambiente propone establecer un sistema de subasta de permisos de emisión de gases de efecto invernadero (bonos de carbono, entre otros), revisar el marco regulatorio del agua, adoptar criterios ambientales en las políticas sectoriales y modernizar el transporte público.

En salud el énfasis de las recomendaciones está puesto en mejorar la calidad y eficiencia de los servicios, reducir sus costos, hacer cumplir las obligaciones fiscales y de seguridad social para incentivar la formalidad y fortalecer el seguro popular. En educación, las recomendaciones se centran en la capacitación de los docentes; la gestión escolar; la mejor información

La menor intervención del Estado como regulador de los mercados coincide con una concentración del ingreso, de la riqueza y del bienestar en niveles no vistos desde hace un siglo, consideraciones que se omiten en el análisis y las recomendaciones de la ocde f e b re ro 2013

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E D I TPOUREIDA L

programa universitario de estudios superiores del desarrollo unam

Las recomendaciones apuntan al ob­jetivo de que sean los mercados de los bienes y servicios, del trabajo y del capital los que establezcan las condi­ciones necesarias para atraer inversiones, elevar la productividad y aprovechar el

potencial de crecimiento de la economía

sobre el desempeño de los estudiantes; el financiamiento de proyectos de innovación; y la aplicación de criterios de costo-beneficio a la educación superior.

El conjunto de recomendaciones formuladas en el documento apuntan al objetivo claramente identificable de que sean los mercados de los bienes y servicios, del trabajo y del capital los que en condiciones de competencia establezcan las condiciones necesarias para atraer inversiones, especialmente la extranjera directa, elevar la productividad y aprovechar el potencial de crecimiento de la economía.

Se asume que con ello se logra la inclusión social y la disminución de la pobreza. Es decir, supedita los objetivos sociales a los económicos y propone restringir la participación del Estado para evitar opacidad de los mercados; ésta sólo se justifica en tanto se adopten acciones de impulso a la competencia.

El documento no ofrece argumentación que justifique la posición doctrinaria de los mercados como estrategia para el desarrollo incluyente y la reducción de la pobreza.

Por el contrario, son múltiples las evidencias empíricas en sentido contrario, o al menos en el sentido de que ha habido recorridos alternos, no lineales, de algunos países que después de una larga, nutrida y racional intervención del Estado devinieron en el fortalecimiento de la economía de mercado.

Más aún, las evidencias empíricas muestran que la menor intervención

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del Estado como regulador de los mercados en varios países, notoriamente los Estados Unidos y el Reino Unido, coincide con una concentración del ingreso, de la riqueza y del bienestar, en niveles no vistos desde hace un siglo. Pero todas estas son consideraciones que se omiten en el análisis y las recomendaciones de la ocde.

Evaluación del planteamiento El Presidente Electo impartió la Conferencia Magistral “Los Desafíos de México y su Papel en un Contexto Mundial Cambiante”, en la sede de la ocde, el 18 de octubre de 2012.

Manifestó en esa ocasión la coincidencia de sus postulados con el diagnóstico y las recomendaciones de la organización. A partir de una visión de mayor apertura e impulso al libre comercio dio a conocer los objetivos de gobierno que, según expresó, considera fundamentales para atender los rezagos del país y elevar los niveles de desarrollo y bienestar. Los objetivos, puntualizó, son cinco y se refieren a temas de seguridad pública, pobreza, educación, crecimiento económico sostenido y presencia de México en el mundo.

En particular, respecto al segundo de ellos, el de la pobreza, señaló que el objetivo es reducir su alto nivel, resultante del bajo nivel de crecimiento de la economía, con la consecuente falta de oportunidades laborales que ello implica. Por eso propone adoptar una política social de Estado que evolucione de un modelo asistencialista

a uno participativo, de mayor acceso a las actividades productivas, y la capacitación e inducción a trabajos de mejores ingresos.

En materia de educación, el tercero de los objetivos, el propósito es aprovechar los avances en la cobertura preescolar y básica, así como las inversiones realizadas en el sector, a fin de extender dicha cobertura a los niveles medio y superior, elevar la calidad y los incentivos a docentes y utilizar tecnologías modernas para facilitar la educación a distancia y la mejoría en su calidad.

En lo que hace al cuarto objetivo, el de mayor crecimiento sostenido de la economía, la finalidad expresada es generar un mejor entorno propicio para el desarrollo social, el combate a la inseguridad y la mayor cobertura y calidad educativa.

Postuló para ello diez acciones específicas: I. Mantener la estabilidad macroeconómica (disciplina fiscal y respeto a la autonomía del Banco Central) II. Impulsar la competencia (marco legal, organismos reguladores y evitar la actividad monopólica) III. Impulsar un nuevo marco legal que incentive y facilite la participación privada en las actividades reservadas a pemex y el desarrollo de fuentes renovables y limpias para la generación de energía IV. Vincular al mercado laboral la formación de capital humano

de las instituciones de enseñanza e incrementar la inver-

sión en ciencia y tecnología al 1% del Producto V. Incentivar la ampliación del crédito de la banca comercial y fortalecer la banca nacional de desarrollo VI. Incrementar la infraestructura de transporte con la participación privada VII. Crear un sistema de seguridad social universal (salud, desempleo, riesgos de trabajo y retiro) a fin de generar empleos formales; VIII. Diseñar una política de comercio exterior que aliente la exportación en el marco de los mecanismos y acuerdos de libre comercio IX. Potenciar las vocaciones económicas naturales del país, especialmente el turismo, y diseñar una política industrial inductora de la innovación X. Impulsar una reforma hacendaria integral.

Las medidas propuestas coinciden en lo esencial con el esquema de recomendaciones de la ocde.

Tal es el caso del papel y las expectativas que se cifran en la primacía de los mercados, en la respuesta de la iniciativa privada nacional y extranjera para fortalecer inversiones e invertir en nuevas áreas y en el impacto de las reformas hacendaria, laboral y energética como fuentes generadoras de empleo y reducción de pobreza.

Hay, desde luego, diferencias que conviene subrayar; por ejemplo, el señalamiento de un sistema de seguridad social universal y la mención a la política industrial, aunque sea tangencial, no forman parte del planteamiento de la ocde. Por el contrario, la tajante propuesta de eliminar subsidios no se recoge, al menos explícitamente, en la Conferencia del Presidente Electo.

El desarrollo incluyente y la reducción de la pobreza constituyen un enorme desafío para el México actual,

así lo confirma el enorme rezago que muestran las comparaciones internacionales presentadas por la organización. Lo anterior plantea la urgencia de una estrategia de desarrollo con horizonte de largo plazo, donde, a diferencia de lo que propone la ocde, el Estado se comprometa a satisfacer objetivos económicos y sociales, sin subordinar los segundos a los primeros y sin supeditar la consecución de ambos a la eventual respuesta de los mercados.

La legislación y las instituciones del país, aunque perfectibles, ofrecen instrumentos y mecanismos para esa tarea formidable; uno de ellos es precisamente la elaboración y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo para el período 2012-2018, el cual deberá ser publicado antes del primero de junio del próximo año, como lo establece la Ley de Planeación vigente. En ese marco institucional, no obstante su anomalía cronológica merecedora de una revisión a fondo, es que las recomendaciones de la ocde, al igual que las múltiples expresiones surgidas de la sociedad mexicana, o expresiones que surgirán de ella en los próximos meses, se constituyen en elementos fundamentales para legitimar las políticas económicas y sociales de la nueva Administración Pública.

La interrogante sobre cómo lograr el desarrollo incluyente se puede abordar desde visiones estratégicas distintas. Una de ellas, cercana a lo que plantea la ocde, se funda en la convicción doctrinaria de que los mercados en competencia son la vía recomendable. Otra, fincada en nuestras leyes, instituciones e historia otorga al Estado el compromiso del desarrollo incluyente como una de sus razones constitutivas de ser.

El asunto no es de litigio entre visiones distintas, sino de apego a los principios democráticos emanados de nuestras leyes y aspiraciones políticas.•

Es urgente una estrategia de desarrollo donde, a diferencia de lo que propone la ocde, el Estado se comprometa a cumplir con objetivos económicos y sociales, sin supeditar la consecución de ambos a la eventual

respuesta de los mercados

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR

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S { OE DC I TE OD RA IDA LC}I V I L

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EL DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) ES LAPIDARIO: AMÉRICA LATINA, Y EN ELLA NUESTRO PAÍS, PADECEN UN ENORME DÉFICIT DE CIUDADANÍA. DE ACUERDO CON LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CULTURA Y PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS (ENCUP), MÁS DE LA MITAD DE LAS Y LOS CIUDADANOS CONSIDERA QUE NO VIVIMOS EN UNA DEMOCRACIA; 4 DE CADA 10 CIUDADANOS CREEN QUE “ESTAMOS MÁS CERCA DE UN GOBIERNO QUE VIOLA DERECHOS QUE DE UNO QUE LOS GARANTIZA”; MIENTRAS QUE SEGÚN EL PNUD, CERCA DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN ESTARÍA DISPUESTA A CEDER DERECHOS A CAMBIO DE MAYOR BIENESTAR Y SEGURIDAD. ANTE ESTE PANORAMA, EL RETO ES LOGRAR QUE EL ESTADO PROMUEVA Y ALIENTE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, DESDE UNA FUERTE VISIÓN DE APERTURA DEMOCRÁTICA. Ilustración: Israel Cruz Avila f e b re ro 2013 MÉXICO SOCIAL

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SOCIEDAD CIVIL

CLARA JUSIDMAN RAPOPORT Presidenta honoraria de INCIDE Social, AC y comentarista en Radio Educación. Estudió economía en la UNAM y fue directora del Registro Federal Electoral y Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal.

OSCy

política social

Es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana y del consejo académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Forma parte de la Asamblea Consultiva del CONAPRED Es integrante de los consejos del PUED, UNAM, del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, de CADHAC y de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) y pertenece a la Red Mexicana de Investigadores en Política Social (REMIPSO), a la Sociedad Mexicana de Demografía, a la Sección Mexicana del Club de Roma y al Centro Tepoztlán.

Claro reflejo de la pluralidad y la diversidad que caracteriza a la sociedad mexicana, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) representan una gama de posiciones frente a la problemática social y a las políticas que se ponen en práctica para atenderla. Aun cuando comparativamente con otros países de América Latina y con respecto al tamaño de la población total de México el número de OSC es muy reducido, sostienen y promueven agendas diversas en lo social, así como en lo económico, lo político y lo cultural CLARA JUSIDMAN

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T

an sólo 19,500 organizaciones cuentan con Clave Única de Identificación (cluni) en el registro oficial que lleva la Secretaría de Desarrollo Social. Se concentran en unas pocas entidades federativas, observándose una lamentable ausencia en muchas comunidades del país.

Ello como consecuencia de una larga historia de oposición gubernamental a la organización autónoma de los ciudadanos, así como por la persistencia de un autoritarismo polí-

tico en gran parte del territorio nacional.

Los temas de mayor controversia entre las osc son los referidos a las familias, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de la población con orientación sexual diversa. Asimismo, se diferencian por cuanto a que tipo de problemáticas sociales les son más importantes y cuáles son sus propuestas de políticas de gobierno para superarlas.

Un grupo importante de osc se preocupa por los grupos en pobreza,

especialmente en pobreza extrema, y por las personas en condiciones de vulnerabilidad por discapacidad, vejez, indigencia, abandono, entre otras causas y proponen medidas preferentemente individualizadas de asistencia social para atenderlas. Sostienen que si es posible son los propios individuos quienes por su esfuerzo deben superar sus condiciones de pobreza. Responden a una posición relacionada con experiencias de acciones de beneficencia privada. Son organizaciones que en general, están de acuerdo y buscan participar en la privatización de los servicios sociales públicos como los de cuidado infantil, la atención a personas con discapacidad, pero también los de educación y salud.

En una posición distinta otro grupo de organizaciones reclaman igualdad, no discriminación y justicia y enarbolan el marco de los derechos humanos para exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones adquiridas al ser parte de diversos instrumentos internacionales en la materia. Promueven la realización de los derechos humanos tanto civiles y políticos, como los económicos, sociales, culturales y ambientales y los derechos de los pueblos y comunidades. Algunas postulan la provisión universal de la protección social mediante servicios del Estado, particularmente en los campos de salud, seguridad social y educación; otras defienden un piso básico de servicios sociales para toda la población en pobreza que para algunos puede o no ser provisto directamente por el Estado.

Es decir, entre estas posiciones contrapuestas existen demandas coincidentes y una gama de combinaciones. Sin embargo, es de reconocerse que son las osclas que tienen una visión más actualizada de los problemas sociales que aquejan al país, entienden la complejidad creciente f e b re ro 2013 MÉXICO SOCIAL

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S { OC OC ILEADBAODR AC CI VI ÓI LN E S P E C I A L }

Las organizaciones se concentran en unas pocas entidades federativas y están ausentes en muchas comunidades del país, como consecuencia de una larga historia de oposición gubernamental a la organización autónoma de los ciudadanos y por la persistencia de un autoritarismo político en gran parte del territorio nacional de lo social y son las que colocan en el debate público los nuevos riesgos sociales y proponen posibles vías de atención a los mismos. Ello, en razón de que están más cerca de la población y del territorio, hablan con las personas y detectan con mayor facilidad los problemas emergentes.

En cambio, el alejamiento de las agencias públicas sociales federales, así como de los partidos políticos de lo que ocurre en el territorio y en la cotidianeidad de la vida de las personas y las comunidades les dificulta actualizarse, por lo que se mantienen en una visión puramente sectorial de lo social, ampliada solamente para

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incluir los programas de combate a la pobreza y las agendas de algunos grupos de población, en consonancia con la tendencia de las agencias internacionales.

A la visión sectorial de la política social (educación, salud, seguridad social, vivienda, alimentación, infraestructura básica) las osc han sumado los temas de discriminación, desigualdad y exclusión que se traducen en trato desigual o maltrato, brechas y conflictos crecientes entre los ricos y los pobres y marginación de amplios sectores de la infancia y la juventud de su derecho al desarrollo y a una vida digna.

De este modo, desde la última década del siglo xx, junto con varios movimientos sociales, las osc agregaron a la cuestión social la dimensión de género, generación y condición étnica, física y mental (infancia y adolescencia, juventud, adultos mayores, mujeres, indígenas, personas con discapacidad y con orientación sexual diversa) y más recientemente han visibilizado las condiciones en que viven las poblaciones migrantes, las víctimas de las violencias, las poblaciones desplazadas, las personas sujetas a trata y explotación y la juventud de bajos recursos.

Algunos de los temas generales de las agendas sociales que parecen concitar mayor interés en la actualidad en el mundo de las OSC, seleccionados de varias agendas recientes(I) son los siguientes:

EN LO GENERAL:

• Incorporar el enfoque de derechos humanos en la política social y garantizar el apego del Estado al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (desca).

• Articulación conceptual y operativa entre política económica y política social.

• Hacer efectiva la participación ciudadana en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales y especiales y en los planes de los gobiernos estatales y municipales.

Ampliar los mecanismos concretos de participación en la gestión: presupuestos participativos, programación, evaluación y control • Fortalecer las instancias y mecanismos de participación ya existentes (consejos ciudadanos, comités de beneficiarios, foros de consulta, solicitudes de información, entre otros) y publicitar y transparentar la selección de los “representantes ciudadanos” en las instancias públicas de deliberación.

• Crear un ambiente propicio para el desarrollo de la participación y organización libre y autónoma de la población y el apoyo a las OSC ya constituidas que incluya entre otros aspectos: facilitación de trámites de registro, aumento, transparencia y equidad en la distribución de los recursos públicos destinados al apoyo de las organizaciones, facilidades en el ámbito fiscal, apoyo a la profesionalización y a la protección social de los participantes en osc.

EN LO SECTORIAL: • Avanzar en la creación de un sistema de protección social que garantice el acceso universal y sostenible de la población a servicios de salud, alimentación, educación y seguridad social de calidad.

• La recuperación del Estado de sus obligaciones y atribuciones constitucionales en materia del control de la educación pública, asegurando una educación de calidad para todos desde la preescolar y hasta la universidad, conforme a estándares internacionales, y promoviendo una ciudadanía activa.

• Garantizar el respeto al estado laico, buscando que la educación mantenga este carácter, en el marco de respeto a los derechos humanos • Aumentar la escolaridad y el número efectivo de horas con los recursos necesarios y con programas atractivos y adecuados al interés de los estudiantes. Dentro de ello ampliar el número de escuelas de tiempo completo enriqueciendo las actividades que se ofrecen para el mejor desarrollo de la población escolar.

• Desarrollar y aplicar diversas estrategias para asegurar la calidad de los profesores y maestros y la dignificación de la función docente.

• Impulsar una educación que permita a la población hacerse de las competencias necesarias para una inserción exitosa en el mundo contemporáneo.

• Desarrollar una política de Estado enfocada a garantizar la seguridad alimentaria asociada a la seguridad nutricional que contemple acciones en toda la cadena alimentaria.

PARA GRUPOS DE POBLACIÓN: • Desarrollar un programa nacional hacia y desde las poblaciones jóvenes que incluya entre otros aspectos: atención psicosocial integral; formación, educación y desarrollo de habilidades para el trabajo; una defensoría de jóvenes; programas y servicios de salud sexual y reproductiva amigables; ampliación de espacios públicos para los jóvenes; protección y atención frente a las adicciones y la ampliación de oportunidades de educación, empleo e ingresos • Formular una estrategia y un programa específico para el desarrollo de la infancia y la creación de un sistema de protección de los derechos del niño que incluya: una instancia rectora para formular y evaluar las políticas públicas en los tres niveles: federal, estatal y municipal; una instancia de procuración de los derechos del niño y un mecanismo para el monitoreo de los Derechos del Niño.

• Proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros y sus familias, así como de sus defensores y adecuar la legislación y las instituciones relacionadas con su protección y atención.

• La socialización, discusión, actualización y promoción del “Programa Nacional para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres” con una participación sustantiva de organizaciones de la sociedad civil, a la luz del marco jurídico internacional.

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SOCIEDAD CIVIL

EN LO GENERAL:

• Definir un programa de educación para la paz y derechos humanos que incluya su incorporación en la educación básica y en la media superior.

EN LO SECTORIAL: • Formular y aplicar programas de prevención social de las violencias en el territorio que fortalezcan el tejido social, los factores de contención social, la resiliencia comunitaria, de las familias y las personas e incluyan acciones en materia de desarrollo urbano y vivienda, educación, salud física y mental, deporte, cultura y recreación, impartición y procuración de justicia, cultura de la legalidad y recuperación de espacios públicos con actividades para el empoderamiento, la participación y la organización ciudadana.

• Establecer un Fondo para Emergencias Sociales para realizar intervenciones sociales y económicas acordes a los requerimientos emergentes en comunidades afectadas por desastres humanos (violencia, desempleo, hambre). y que permita remontar la inflexibilidad derivada de las reglas de operación de los programas sociales.

Las osc están más cerca de la población y del territorio, hablan con las personas y detectan con mayor facilidad los problemas emergentes, por ello, tienen una visión más actualizada de los problemas sociales que aquejan al país, entienden la complejidad creciente de lo social y son las que colocan en el debate público los nuevos riesgos sociales Las anteriores son sólo una muestra de las promociones que defienden en materia social las osc. En la mayoría de los casos tienen propuestas legislativas, institucionales y presupuestales concretas para ponerlas en práctica.•

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PARA GRUPOS DE POBLACIÓN: • Homologar causales en la legislación estatal para garantizar el acceso al aborto legal con base en el estándar más alto del país.

• Aumentar las capacidades del Estado y los presupuestos dirigidos a erradicar, investigar y castigar los feminicidios, las violaciones, desapariciones y la explotación de mujeres y niñas.

• Desarrollar políticas, programas y legislación para armonizar las tareas productivas y reproductivas y una distribución equitativa de estas funciones entre sexos, generaciones y entre las familias, el mercado y el Estado.

• Garantizar el cumplimiento del convenio 189 de la Organización Internacional del trabajo en el que se reconocen los derechos de las comunidades originarias, así como la implementación de una política pública transversal en materia de derechos y desarrollo Indígena de acuerdo a los estándares internacionales y con la participación de los pueblos y comunidades.

• Instrumentar una estrategia nacional para elaborar políticas públicas para la inclusión y reconocimiento de la comunidad LGBTTTI y para garantizar el ejercicio de sus derechos en igualdad y sin discriminación.

NOTA:

I. Se consultaron varios trabajos que resumen propuestas de las OSC y diversas agendas del movimiento feminista, del grupo México a Debate, de las mesas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, de la Cumbre Ciudadana y del Espacio Social de Diálogo Estratégico.

SOCIEDAD CIVIL

La

PARADOJAde la

GENEROSIDAD

MEXICANA

Los mexicanos son justamente percibidos como un pueblo generoso, pero la sociedad civil organizada y la filantropía institucional están poco desarrolladas.

Parece una forma paradójica de generosidad que no deriva en el fortalecimiento ni de la sociedad civil ni de las entidades donantes; el propósito de este artículo es esclarecer esta paradoja y ofrecer una comprensión más profunda de cómo donan los mexicanos

S

MICHAEL D. LAYTON

e puede considerar que los mexicanos son muy solidarios y que se apoyan mutuamente en tiempos de necesidad; el mejor ejemplo de esto ocurrió el 19 de septiembre de 1985, cuando un terremoto azotó a la Ciudad de México, lo cual ocasionó miles de muertos, heridos y significativas pérdidas materiales. El gobierno fue incapaz de responder ante esta tragedia, así los residentes de la ciudad se organizaron de una forma rápida y efectiva para otorgar auxilio. Varios historiadores y activistas apuntan a ese momento como un punto de inflexión para el desarrollo de la sociedad civil mexicana.

Actor pequeño y marginal La sociedad civil se ha mantenido un actor pequeño y marginal, y las entidades do-

nantes son pocas; los datos cuantitativos del Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector confirman este problema. Entre los 36 países encuestados, México fue el último en términos del porcentaje del pib dedicado a la sociedad civil (0.5%) y en términos del pib dedicado a la filantropía, empató en el último lugar. En cuanto a las fuentes de ingresos, la filantropía, que incluye los donativos de los individuos, las entidades donantes y donantes empresariales, desempeñó un papel mucho menor en el apoyo a la sociedad civil que otros países de América Latina y de la muestra en general.

Los datos en el estudio de Johns Hopkins se recopilaron a mediados de los noventa, pero datos más recientes de los registros gubernamentales confirman la visión de que la sociedad civil en México está poco

MICHAEL D. LAYTON Director del Proyecto sobre Filantropía y Sociedad Civil y es coordinador académico del Seminario de Filantropía Corporativa en el ITAM. En este mismo instituto funge como profesor titular del Departamento de Estudios Internacionales y es miembro del SNI. Su libro más reciente es Filantropía y sociedad civil en México: Análisis de la ENAFI 2005-2008 (Miguel Ángel Porrúa 2010), con Alejandro Moreno.

Ha trabajado como consultor y asesor de una serie de instituciones donantes y oficinas gubernamentales, entre las cuales se encuentran: Fundación Ford, Fundación Kellogg y United Way International.

Obtuvo los grados de maestría y doctorado en Ciencia Política por parte de la Universidad de Duke (1993, 1997) donde se especializó en teoría política y política estadounidense. Obtuvo el título en Filosofía (1982) por parte del Haverford College.

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S { OE DC I TE OD RA IDA LC}I V I L

PERCENTAGE (RANKING) Población Económicamente activa en el sector Honorarios por servicios Gobierno Filantropía PIB dedicado a la filantropía

TODOS LOS PAÍSES 4.4%

53% 34% 12% 0.37%

EN DESARROLLO Y TRANSICIÓN

AMÉRICA LATINA

1.9%

ESTADOS UNIDOS

MÉXICO

2.3%

9.80% (#4)

0.40% (#36)

Fuentes de financiamiento 61% 74%

57% (#15)

85% (#2)

31% (#25) 13% (#13) 1.01% (#2)

9% (#30) 6% (#24) 0.04% (#33)

22% 17% 0.30%

15% 10% 0.23%

Fuente: Datos de Salamon, M. L., Sokolowski, W. and List, R., “Global Civil Society: an overview”, and, “Appendix”, in Global Civil Society, Dimensions of the Nonprofit Sector, ed. Salomon, et. al., Vol. 2, (New York: Kumarian Press, 2004), 29 and 300.

Nota: El porcentaje de América Latina representa los porcentajes agregados de Argentina, Brasil, Colombia, Perú y México. Los datos para el porcentaje de la Población Económicamente Activa provienen de 36 países, mientras que las fuentes de financiamiento incluyen 34 países.

desarrollada. Existen dos registros gubernamentales importantes a nivel nacional.

El más antiguo se mantiene por el Servicio de Administración Tributaria (sat) y consiste en una lista de organizaciones que tienen su autorización para recibir donativos deducibles de impuestos, un incentivo fiscal clave para la filantropía comunitaria. Éstas se conocen como donatarias autorizadas y en 2012 fueron contabilizadas unas 7 mil. El otro registro lo lleva el Instituto Nacional de Desarrollo Social (indesol) y existe desde 2005. El principal incentivo para formar parte de éste es poder ser elegible para obtener fondos federales. En 2012, hubo unas 19,000 organizaciones en la lista. En cuanto a la filantropía organizada, para 2010 fueron identificadas 155 entidades donantes(I). ¿Cómo es posible que una nación con gente generosa, dispuesta a responder de una manera filantrópica en momentos de necesidad, cuente con pocas organizaciones de la sociedad civil y un número diminuto de entidades donantes/filantrópicas?

Se podría asumir que tal generosidad se traduciría en una base fuerte para una sociedad civil dinámica y una filantropía ins-

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titucionalizada. Para poder solucionar esta paradoja, este artículo se enfocará en los principales valores culturales y las prácticas comunes de la filantropía y la sociedad civil en México.

Baja confianza e informalidad El contexto cultural es un elemento crucial para entender cómo se desarrolla y manifiesta la filantropía comunitaria en un contexto específico. La cultura refleja la trayectoria histórica de una nación, al mismo tiempo que la refuerza y la mantiene. La cultura se define aquí como "los valores, actitudes, creencias, orientaciones y suposiciones subyacentes prevalentes entre las personas en una sociedad”. La mejor evidencia la muestra la Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil (enafi), la cual fue diseñada por el Proyecto sobre Filantropía y Sociedad Civil del Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam). Esta es la primera encuesta nacional que abarca cuestiones de donativos, voluntariado y capital social, y ha sido realizada en 2005 y en 2008(II).

Las dos características más llamativas de la cultura filantrópica mexicana son el

bajo nivel de confianza y la informalidad al dar. Esto favorece una forma al donar directamente a la gente necesitada sobre los medios formales e institucionales. El contexto cultural es un producto de la trayectoria histórica de un país y del contexto institucional actual. Aunque los mexicanos donan, prefieren hacerlo vía medios informales, por lo que la sociedad civil organizada y la filantropía no logran desarrollarse del todo.

Para efectos de este artículo, los resultados relacionados con las donaciones son de la mayor relevancia y los hallazgos más sorprendentes en este campo se refieren a las donaciones a las organizaciones formales y lo que se da directamente a los individuos. En nuestro análisis de la encuesta anterior, México se denominó "una nación de filántropos", ya que más del 90% de los mexicanos realizaron algún tipo de contribución en efectivo o en especie. Mientras que menos de uno de cada cinco mexicanos (19%) realizaron una contribución a una de las 12 categorías de organizaciones; más de cuatro de cada cinco (84%) informaron que dan dinero en la calle a los que piden por él.

Este comportamiento refleja una clara preferencia. Cuando se les preguntó si prefieren dar a una persona necesitada o a

una institución, el 60% declara preferir la donación directa a una persona necesitada, mientras que sólo el 16% opta por dar a las instituciones: un porcentaje igual, exactamente el 16%, es indiferente entre las donaciones personales e institucionales.

También hay variaciones interesantes de preferencias entre los niveles de ingreso: mientras que un porcentaje ligeramente inferior a la media del quintil de mayores ingresos prefieren donaciones individuales (65%), los del quintil más bajo prefieren la asistencia directa por un margen de once puntos (76%). La preferencia se invierte para los donativos institucionales, con casi uno de cada cuatro de los individuos con mayores ingresos prefieren este método (24%), mientras que sólo el 13% de los ingresos más bajos optaría por donar a las instituciones, lo que resulta una vez más en un espacio de 11 puntos.

La tabla “¿Por qué se dona directamente a las personas necesitadas?” desglosa por nivel de ingreso las respuestas ofrecidas por aquellos que prefieren dar directamente a las personas necesitadas. Dos de las opciones contrastan la motivación positiva que el entrevistado tiene en que el destinatario individual haga un buen uso de la donación, y la motivación negativa que el entrevistado no se fía de que la or-

¿POR QUÉ SE DONA DIRECTAMENTE A LAS PERSONAS NECESITADAS? Los mexicanos de todas las clases sociales no sólo utilizan canales informales y no institucionales para dar, sino que lo prefieren claramente

NIVEL DE INGRESO

CONFÍA QUE POR LÁSTIMA PORQUE VA USAR / CARIDAD / ES MUY BIEN SU SOLIDARIDAD FÁCIL APORTACIÓN NS-NC 42% 30% 16% Hasta $1,300 40% 24% 18% $1,301-$3,900 31% 33% 22% $3,901-$6,500 32% 27% 25% $6,501-$13,000 29% 26% 22% $13,001 ó más 26% 7% 31% Promedio 33% 28% 18%

PORQUE NO CONFÍA EN LAS ORGANIZACIONES 10% 15% 11% 13% 21% 33% 17%

OTRAS / NS-NC

2% 3% 4% 3% 2% 2% 3%

Tabulación cruzada del nivel de ingresos con preferencia por donativos interpersonales( ENAFI 2008) Fuente: Datos de la Encuesta Nacional Sobre Filantropía y Sociedad Civil (ENAFI) 2008: PFSC-ITAM. f e b re ro 2013

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ganización haga lo mismo. Los mexicanos en la categoría de ingresos más bajos expresan la mayor confianza en que la persona necesitada va a utilizar bien sus contribuciones y son los menos propensos en seleccionar la desconfianza en las organizaciones como sus motivos. Los que están en los niveles de ingresos más altos reflejan lo opuesto: sólo uno de cada cuatro creen que los necesitados utilizan bien su contribución, y un tercio de estos afirman que la desconfianza en las organizaciones motiva sus donaciones a individuos, lo que representa su principal motivación para realizar una donación directa. El punto clave aquí es que la falta de confianza en las organizaciones, sobre todo por parte de quienes están en condiciones de donar grandes sumas, es un impedimento para el crecimiento de las expresiones institucionalizadas de la filantropía comunitaria.

Estas observaciones se ven confirmadas por las respuestas a una pregunta más general sobre la confianza en las instituciones. Cuando se les preguntó cuánto confían en las organizaciones sociales o no gubernamentales, los encuestados dieron una valoración bastante desfavorable y respondieron de la siguiente manera: "Muy alto" 6%; "bastante alto" 29%; "Bajo" 34%; "No hay confianza en absoluto "23%; y el 7% respondió "no tengo opinión”, una tasa muy alta de no respuesta y una indicación de la falta de visibilidad del sector.

En cuanto a la confianza del público, esto sitúa a las organizaciones no gubernamentales un poco por debajo de la policía y un poco por encima del Congreso mexicano, dos instituciones que son ampliamente vistas como corruptas e indig-

nas de confianza. Aunque se espera que las asociaciones sean un medio para generar capital social, en México no gozan de los niveles de confianza de la población para llevar a cabo esta función social. Los valores y hábitos que constituyen esta cultura filantrópica tienen importantes implicaciones tanto para la estructura organizacional y las estrategias de la sociedad civil.

Conclusión Este artículo inició con la paradoja de una nación poblada de un pueblo generoso, carente de una sociedad civil fuerte y de una filantropía institucionalizada. Como se ha demostrado en el curso de este ensayo esta forma paradójica de generosidad se expresa a través de medios inter-personales y no institucionales. Aunque los mexicanos dan, sus donaciones no se traducen en organizaciones visibles y viables.

A lo largo de su historia, las autoridades mexicanas han marginado y reprimido a aquéllos que buscaban crear un sector independiente. Esta trayectoria histórica se expresa en una cultura filantrópica que desconfía de los que afirman actuar para fines públicos y prefiere dar una mano de una forma más directa, de manera personal. El contexto institucional, específicamente el marco fiscal, presenta una maraña demasiado complicada, en la que unas pocas organizaciones y entidades donantes se atreven a incursionar. Estos tres factores juntos comienzan a resolver el enigma de esta forma paradójica de la filantropía, que aún no se ha transformado en una forma institucionalizada de filantropía y una sociedad civil organizada dinámica.•

RESOLVIENDO EL ENIGMA Tres factores ayudan a comprender la forma paradójica de la filantropía en México: • Las autoridades mexicanas han marginado y reprimido a aquéllos que buscaban crear un sector independiente • Debido a lo anterior, existe una cultura filantrópica que desconfía de los que afirman actuar para fines públicos y prefiere dar una mano de una forma más directa • El contexto institucional -el marco fiscal- presenta una maraña demasiado complicada, y pocas organizaciones y entidades donantes se atreven a incursionar en ella

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Retos enormes, capacidades escasas Visto el panorama en su conjunto, podemos decir que la sociedad civil mexicana vive un momento de debilidad, dispersión y falta de unidad política que ha permitido el éxito temporal del proyecto de restauración autoritaria que estamos viviendo actualmente ALBERTO J. OLVERA

Situando los conceptos y los retos Existe en la opinión pública un cierto consenso respecto a que la sociedad civil ha jugado un importante papel en el proceso de democratización mexicano. En efecto, diversos actores civiles fueron protagonistas importantes de las luchas por la democracia electoral que culminaron con la alternancia en el año 2000, y lo han sido también, antes y después de ese momento histórico, en el proceso de creación de instituciones garantes de derechos, tales como las Comisiones de Derechos Humanos, los Institutos Electorales y los Institutos de Transparencia y Acceso a la Información, así como en la apertura de numerosas instancias de participación ciudadana(I).

Esta imagen, siendo correcta, es parcial.

Los aportes democráticos de la sociedad civil son mucho más amplios: abarcan todo el campo de la promoción de derechos humanos (movimiento feminista, por la defensa de los derechos civiles, por la autonomía indígena, etcétera) y de la defensa de la ecología y del espacio público como bien colectivo. Pero la sociedad civil mexicana también padece límites muy relevantes,

pues por diversas razones no ha podido dar pasos decididos en la generalización de los derechos de ciudadanía ni democratizar las organizaciones laborales, empresariales, profesionales, y populares urbanas, por lo cual la cultura política democrática sigue siendo residual en nuestro país.

Para hacer un balance objetivo del problema aquí analizado debemos empezar por unas consideraciones preliminares sobre los conceptos e hipótesis subyacentes que usamos cotidianamente.

En nuestro tiempo y en nuestro país, ha habido una tendencia hegemónica a entender la sociedad civil como el conjunto de actores sociales organizados autónomamente del Estado, por lo que en la práctica se asume que las ong y asociaciones civiles urbanas −sean de promoción de derechos o asistenciales− son la sociedad civil(II). En realidad, la sociedad civil no define un conjunto de actores social y políticamente homogéneos, sino un vasto conjunto de sujetos sociales con muy diferentes intereses y proyectos políticos. Por lo tanto, no hay una sociedad civil, sino múltiples sectores de la sociedad civil, cada uno de los cuales asume una distinta posición en el escenario político. Se trata, en México, de una sociedad civil muy pequeña, fragmentada y dispersa.

ALBERTO JAVIER OLVERA RIVERA Doctor en Sociología por la New School for Social Research (Nueva York). Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana desde 1981. Es miembro del SNI Nivel III, y de la Academia Mexicana de Ciencias. Destacan en su producción los libros: La Sociedad Civil: de la Teoría a la Realidad, Colegio de México, 1999 (reimpresión en 2001); Sociedad Civil, Espacios Públicos y Democratización en América Latina: México, FCE-UV, 2003; con Evelina Dagnino y Aldo Panfichi: La Disputa por la Construcción Democrática en América Latina, FCE-CIESAS-UV, 2006 (reimpresión en 2010); y su más reciente obra, La Democratización Frustrada: Limitaciones Institucionales y Colonización Política de las Instituciones Garantes de Derechos y de Participación Ciudadana en México, CIESAS-UV, 2010. Ha publicado también libros de divulgación junto a más de 40 artículos y capítulos de libro publicados en México, Argentina, Brasil, Colombia, Nicaragua y Estados Unidos.

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S { OE DC I TE OD RA IDA LC}I V I L En segundo lugar, el concepto de demo-cratización(III) debe entenderse como un proceso mucho más amplio que las elecciones. En realidad, la democratización implica un largo proceso de construcción del Estado de Derecho, la consolidación de sus instituciones, la operatividad de los derechos de ciudadanía, y la construcción de una sociedad civil democrática.

Es en este marco conceptual que debemos analizar el papel de la sociedad civil en la democratización mexicana.

Actores civiles prodemocráticos La transición mexicana ha sido un largo proceso centrado en reformas electorales sucesivas, al cual se han sumado, después de la alternancia, una serie de innovaciones legales e institucionales centradas en la protección de algunos derechos civiles (derechos humanos, acceso a la información, derechos de las mujeres). Actores civiles pro-democráticos han sido protagónicos en momentos cruciales.

Siendo estos actores los más visibles del proceso de democratización, han estado acompañados por múltiples actores de escala local o regional, que en sus respectivos espacios defienden derechos individuales, colec-

tivos y comunales. La característica central de estos movimientos es su dispersión, fragmentación y escasa visibilidad nacional, en buena medida debido a la continuidad de la tradición centralista mexicana.

Como puede percibirse de esta incompleta enumeración, el enorme activismo de los sectores prodemocráticos de la sociedad civil ha resultado en reformas importantes que han ampliado el espacio de los derechos y abierto la puerta a ciertas innovaciones legales e institucionales, que, sin embargo, no se ha logrado poner fin al viejo régimen. El fracaso de los intentos por impulsar una “Reforma del Estado” marca los límites de este tipo de activismo civil, que por sí mismo no puede cambiar la dinámica básicamente conservadora de la vida política. El problema principal radica en que las reformas parciales no han alterado los fundamentos del viejo régimen.

¿Qué puede hacer la sociedad civil, en su infinita heterogeneidad, para impulsar la democratización?

Aquellos sectores de la sociedad civil

interesados en ese proyecto deberán apostar a que en medio del previsible caos en la negociación política, y ante el aumento de la conflictividad social, se puedan crear algunos espacios públicos, aprovechando los esfuerzos reformadores, para abrir nichos de empoderamiento de los sectores prodemocráticos de la propia sociedad civil. Ante el intento del nuevo gobierno de crear instituciones legitimantes, como la Comisión Nacional Anticorrupción −y darle nuevo estatuto al ifai− será necesario exigir que esas reformas sean más profundas y no queden simplemente en una nueva ficción jurídica y política, como ha sucedido hasta ahora.

Será necesario también empujar en serio la democratización del mundo laboral y de las organizaciones sociales en general, en las que la ausencia casi absoluta de democracia constituye un lastre histórico extraordinario, y concentrarse también en la defensa de los derechos usando los instrumentos que potencialmente ha abierto la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos. La apelación al poder judicial y el uso sistemático de los tribunales para avanzar causas se constituirá en un mecanismo importante de avance

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SOCIEDAD CIVIL IN EXTENSO: SUS ACTORES Y ESTRATEGIAS Analicemos la evolución de los diferentes segmentos de la sociedad civil mexicana en el proceso de democratización: 1. El mundo sindical continúa dominado por la viejas estructuras corporativas, muy particularmente en sus sindicatos principales, el snte y el petrolero, mientras que la ctm, la croc y otras viejas centrales que se dedican al manejo mafioso de contratos protegidos, continúan siendo absolutamente hegemónicas en el campo de la contratación laboral formal.

2. En el ámbito empresarial ha habido un proceso de fragmentación organizacional y política, derivada en parte de la profunda polarización de la economía mexicana y la descorporativización de sus organizaciones históricas. Esto ha conducido a la fragmentación organizacional y al surgimiento de múltiples grupos y corrientes al interior de los empresarios.

3. Es conocida la fragmentación organizacional, territorial y sectorial de lo que queda de las organizaciones campesinas y del movimiento indígena.

4. En México existe un déficit monumental de organizaciones profesionales auténticas y representativas, sector que fue también políticamente colonizado por el Estado. En el siglo xxi apenas han despuntado algunas pocas organizaciones autónomas.

5. El sector formal de las organizaciones civiles consiste en una mayoría de organizaciones asistenciales, distribuidas en el territorio, que no tienen ni aspiran a desarrollar una intervención política pública −su acción es privada−, mientras que un número importante de las organizaciones del modelo ong, distribuidas en un muchos campos de acción, y que son las más públicas, resultan pocas para un país tan grande. Las que hay tienen relativamente poca influencia pública −si bien muchas desarrollan un intenso activismo−, y están poco relacionadas con las élites económicas y políticas del país.

6. Han emergido múltiples tipos de movimientos sociales, dispersos por todo el país, en varios campos. En la defensa de la ecología, se registran movilizaciones importantes y la emergencia de nuevas ong, junto con la activación de ciertos pueblos para resistir las explotaciones mineras y otros tipos de proyectos modernizantes. Han emergido también movimientos que defienden los espacios públicos de diversas maneras, desde la protección del patrimonio histórico de las ciudades hasta movimientos de bicicleteros y de artistas que reclaman espacios de expresión, así como múltiples movimientos juveniles, reclamando bienes culturales y acceso a la educación. El ejemplo más conocido por todos nosotros en meses recientes es el del #YoSoy132, un movimiento realmente novedoso, histórico a pesar de su brevedad, pues ha sido el primer movimiento juvenil universitario prodemocrático verdaderamente nacional. de los derechos de ciudadanía y de la defensa de aquellos sectores movilizados de la sociedad civil que insisten en proteger el medio ambiente, los derechos de mujeres, de las víctimas de la violencia.

Al mismo tiempo, los movimientos sociales de diverso tipo se seguirán expandiendo, sin una dirección central ni una tendencia única. El movimiento estudiantil posiblemente se dividirá en varios frentes, pero cada uno hará una contribución importante al cambio de la cultura política pasiva y privatística que parecía caracterizar a las mayorías juveniles. Los movimientos ecologistas pueden encontrar convergencias nacionales si los partidos se abstienen de tratar de colonizarlos y líde-

res ambiciosos no se tratan de subir demasiado rápido al carro. Y nuevas convergencias de organizaciones civiles pueden surgir si se plantean una agenda de cambios profundos del orden político sin protagonismos y sin negociaciones detrás de la puerta con la clase política.

Se tratará de un combate político librado en múltiples frentes en varios tiempos, con distintos interlocutores y con alianzas y coaliciones variadas, que no podrán tener un mando central porque no existe hoy esa capacidad de liderazgo. Deberán coincidir en la orientación fundamental del fortalecimiento de la ciudadanía, el control de la acción del Estado y la democratización de la propia sociedad civil.•

BIBLIOGRAFÍA: Olvera, Alberto J. (coord.), 2003: Sociedad Civil, Esfera Pública y Democratización en América Latina: México, FCE-Universidad Veracruzana, México.

Olvera, Alberto J. (coord.), 2010: La Democratización Frustrada. Limitaciones Institucionales y Colonización Política de las Instituciones Garantes de Derechos y de Particpación Ciudadana en México, CIESASUniversidad Veracruzana.

Whitehead, Laurence, 2011: Democratización: teoría y experiencia, FCE, México.

REFERENCIAS: Ver un balance de estas luchas en Olvera (coord.), 2010. Para una visión general de la formación de la sociedad civil en México, ver Olvera, 2003.

Para una crítica de estos conceptos, ver Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006.

Sobre el concepto de democratización, ver Whitehead, 2011. f e b re ro 2013

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ednica: GABRIEL ROJAS Estudié Sociología en la FCPyS de la UNAM. Prácticamente toda mi vida profesional la he desempeñado en organizaciones de sociedad civil.

Actualmente soy director de ednica, IAP, organización que tiene ya 23 años de trabajo continuo favoreciendo el ejercicio de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes y familias que realizan actividades económicas en espacios públicos de la ciudad y de jóvenes que viven en las calles.

contextos, institucionalidad y agenda Para comentar sobre cuáles son los aportes y retos de las organizaciones de sociedad civil (osc) en un país como el nuestro me remitiré a abordar el tema desde la experiencia y estructura de ednica iap, institución en la que colaboro y que tiene como tarea que niñas, niños y jóvenes en situación de calle, así como sus familias, conozcan, ejerzan y exijan el cumplimiento de sus derechos GABRIEL I. ROJAS

E

Los contextos n una primera aproximación, debo aceptar que no puedo hablar de las osc con neutralidad; estoy convencido de que el sector contiene muchas bondades que se traducen en distintos aportes al país, desde aquí se identifican áreas en las que el Estado tiene poca o nula presencia, se crean propuestas innovadoras para abordar determinadas problemáticas sociales, se enriquece la vida política, se crean foros de participación, se colocan temas para la discusión pública, incluso como fuente de trabajo, las osc adquieren relevancia creciente como empleadoras −no exentas de inestabilidad económica− de miles de profesionistas.

Asimismo, muchas y muchos nos cuestio-

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namos sobre qué va a pasar con el nuevo presidente; en la agenda que a nosotros nos corresponde tenemos un interés genuino en conocer qué nos va a decir respecto de sus propuestas en materia de niños y niñas, de derechos humanos, de política social, de vínculo con sociedad civil, entre otros temas de relevancia.

Dentro de un ámbito más cercano, les comento que en ednica, el segundo semestre del 2012 fue intenso en cuanto a trabajo, ya que nuestro equipo enfrentó situaciones personales de inseguridad que no habíamos vivido directamente, y, por otro lado, también estamos trabajando con familias que padecen problemas cada vez más acentuados; familias que han en-

contrado en el espacio público y la economía informal una fuente de ingresos y que de manera constante sobrellevan inseguridad, actos de corrupción, mala procuración de justicia, pésima atención a víctimas del delito, más la habitual indolencia y mala actitud de servidores públicos en los servicios más cotidianos y elementales (actas de nacimiento, acceso a servicios de salud, mala educación pública). Describo esta situación de la manera más sencilla que puedo, tratando de alejarme de los clichés que de cuando en cuando se ponen de moda; hago un esfuerzo muy grande para no decir que vivimos en un Estado fallido y que a nosotros nos toca recoger sus piezas, pero cierto es que los sistemas e instituciones públicas que deberían garantizar el ejercicio de los derechos humanos están muy deteriorados y en algunos se mantiene un movimiento inercial que no les permite cumplir sus tareas con resultados positivos; los ejemplos ya los hemos esbozado líneas arriba y faltaría papel si la lista fuese exhaustiva.

Los contextos que refiero en los párrafos anteriores ya trazan con relativa claridad puntos de agenda que las organizaciones de la sociedad civil tendremos que mantener estratégicamente en nuestras propuestas de trabajo.

El diseño institucional y la agenda En ednica tenemos 23 años de trabajo con niñas y niños que realizan actividades económicas en espacios públicos, con jóvenes que se encuentran vinculados con la vida en calle, más las familias a las que pertenecen o han pertenecido; en concreto queremos favorecer que ellas y ellos ejerzan sus derechos y que no tengan una vida determinada por la sobrevivencia en la calle.

El diseño institucional de ednica está orientado sobre dos componentes: 1) el trabajo que se hace en nuestros centros comunitarios hacia las familias, principalmente niñas y niños, y 2) los programas de apoyo: Salud Emocional, Desarrollo Institucional, Procuración de Recursos, Comunicación Social y Derechos Humanos. En los últimos tres se concentran los esfuerzos de vinculación con la ciudadanía, medios de comunicación, donantes potenciales y actuales y, sobre todo, con distintos actores gubernamentales de los tres niveles de gobierno para abordar temas de interés común.

La propuesta institucional abre sus puertas para que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y madres de familia participen

Nuestra propuesta institucional

abre sus puertas

para que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y madres de familia se hagan de

mayores elementos para ejercer sus

derechos,

que se formen como ciudadanas y ciudadanos y accedan a una vida con relaciones

Foto: Cortesía EXCÉLSIOR

equitativas y no violentas

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de procesos que impulsan que ellas y ellos se hagan de mayores elementos para ejercer sus derechos, que se formen como ciudadanos y ciudadanas y que accedan a una vida con relaciones equitativas y no violentas.

Entre las tareas que atraviesan nuestro trabajo diario están los siguientes elementos e intencionalidades: 1. Colocar como sujetos de derecho a cada niño, niña, joven y mujer que participa en nuestras actividades 2. Fortalecer sus habilidades ciudadanas 3. Favorecer el existencia de un tejido comunitario fuerte 4. Que ednica sea un gozne, una especie de intermediario, entre las instituciones públicas y el ciudadano y la ciudadana 5. Familiarizar, fundamentalmente, a grupos de mujeres y madres de familia con los porqués y paraqués de las Comisiones de Derechos Humanos, principalmente la del df, el infodf, copred, conapred, entre otros

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6. Que ednica y sus instalaciones sean reconocidas como un entorno de seguridad en las comunidades en las que tenemos presencia 7. Que la institución está conformada por personas que no sólo son profesionales en su trabajo, sino también sensibles para brindar una respuesta amable y oportuna en lo cotidiano y en circunstancias emergentes (una detención, episodios de violencia familiar, entre otros) 8. Favorecer una cultura de la denuncia cuando se es víctima de un delito de carácter sexual o que implique violencia o mala actuación de servidoras y servidores públicos

9. Que la institución participe de grupos de trabajo como Consejos Delegacionales y locales en temas vinculados al ejercicio de los derechos humanos y en los que se deberían de discutir las políticas públicas y toma de decisiones Los resultados que hemos alcanzado varían en sus avances y no siempre presentan los resultados estratégicos que nos planteamos de inicio, sin embargo, generan aprendizajes que nos permiten ratificar que estas tareas son relevantes para el quehacer de una organización de sociedad civil como ednica, aunque las estrategias siempre deben ser actualizadas y nuestro lenguaje tiene que ser inteligible, tanto para quienes acuden a nuestros programas, como para la gente que es parte de las instituciones públicas.

Sobre este último punto, la necesaria y compleja relación entre sociedad civil y gobierno (incluso con el sector empresarial) podríamos extendernos con más amplitud, pero ahora sólo menciono el hecho de que la acción de instituciones como ednica deben enfrentar y solventar escollos innumerables, debido a que −en nuestra experiencia− los actores gubernamentales siguen viendo con recelo, desconfianza y desconocimiento a las organizaciones de sociedad civil; esto debería cambiar; esperamos que los relevos en el gobierno federal y de la capital mexicana abran el diálogo para que en los distintos niveles de gobierno éste le pierda el miedo a la sociedad civil. Nosotros seguiremos insistiendo en ello. •

En nuestra experiencia, los actores gubernamentales siguen viendo con recelo, desconfianza y desconocimiento a las organizaciones de sociedad civil

COLABORACIÓN ESPECIAL

HA

MUERTO UN

FILÓSOFO Guillermo Hoyos Vásquez, el primer doctor en filosofía de Colombia, maestro de tantas generaciones de colombianos, referencia indiscutible en el mundo iberoamericano

S

ADELA CORTINA

u fe en la capacidad de la filosofía para orientar la vida diaria; su confianza en que la educación es el gran ariete que abre las puertas de un mejor futuro; la convicción de que es la sociedad civil la que debe transformar la vida de los países a través de sus protagonistas, que son los ciudadanos, le llevaron a implicarse en la educación en todos los niveles posibles, haciendo fecundo lo que Kant, Habermas o Rawls llamaron el uso público de la razón.

Su opción por la filosofía práctica se hizo incuestionable en campos como la bioética, la escuela, la guerra, la violencia, la propuesta de una democracia deliberativa, la empresa, la paz y el perdón. Y no solo en el aula, sino también participando en los diálogos de paz con la guerrilla desde 1984, con la convicción, hecha práctica, de que el diálogo es el camino para superar la violencia.

Cualquier persona que tropieza con algún colombiano ligado de algún modo al mundo académico, escucha la siguiente frase, pronunciada con orgullo y admiración:

“Yo asistí a un curso del profesor Hoyos”.

Saben que es un gran filósofo, pero además añaden que lo que oyeron en ese curso, en que se habló de filosofía fuerte, sin concesiones, les ha servido también para vivir.

Y no solo en la Universidad, sino también en el compromiso social desde la oei, la Editorial Siglo del Hombre, la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, El Club El Nogal, la Fundación étnor o la Cátedra unesco de la Universidad de Valencia.

La buena filosofía tiene un uso público, que urge reforzar, y un uso en cada una de las esferas sociales, que importa promover, ése fue el gran empeño del maestro Guillermo Hoyos. Un empeño a todas luces logrado, como reconoció el Ministerio de Educación colombiano al concederle el premio Vida y Obra en diciembre último.

Y lo que resulta más extraordinario: derrochó generosidad en tiempo y saber, e hizo de la amistad cordial un modo de vida. Por eso permanecerá en el recuerdo agradecido de cuantos gozamos de su sabiduría y de su humanidad.•

ADELA CORTINA Catedrática de la Universidad de Valencia. Es Doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia, con estudios de postgrado en las universidades de Munich y Frankfurt. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y directora de la Fundación Étnor.

En 2007 fue acreedora al Premio Internacional de Ensayo Jovellanos.

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OSC en la transformación Las

ELIO ARTURO VILLASEÑOR GÓMEZ Director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., que se dedica a la incidencia, diseño e implementación de políticas públicas en los temas de gobernabilidad, educación y migración.

Estudió Sociología en la UNAM y fue catedrático en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga. Es Fundador y socio de DECA, Equipo Pueblo, y ha publicado artículos de la Sociedad Civil y ONG en revistas especializadas tanto nacionales como extranjeras. Su último libro fue “La Sociedad Civil como Actor de Interés Público”.

Es Miembro del Comité Conciudadano de la Reforma Electoral; Consejero Ciudadano del IMER; y Consejero del Alto Comisionado para la Transparencia de Programas Sociales Federales del PNUD.

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democrática En las últimas cuatro décadas las Organizaciones de la Sociedad Civil en México han contribuido a la transformación de la vida democrática del país desde distintos frentes, generando, por medio de demandas o propuestas de los sectores sociales, laboratorios ciudadanos de políticas públicas para desatar iniciativas con el fin de cambiar las políticas gubernamentales, tanto en el ámbito local, nacional e internacional ELIO VILLASEÑOR

A

l mismo tiempo, también hemos propuesto cambios legislativos en los sectores que más impactan a la sociedad. Por otro lado, en los últimos 10 años las osc también han coadyuvado a la implementación de políticas públicas, especialmente en educación, salud, cultura y proyectos productivos. Este largo proceso de las organizaciones, desató procesos a nivel territorial, temático y sectorial, sobre causas sociales, civiles y políticas.

A finales de la década de los ochenta las organizaciones sociales y civiles se vincularon para exigir los derechos políticos

como un asunto central para pasar de ser actor público, para construir el actor de la ciudadanía para la transición democrática.

En esta construcción se pueden observar claramente dos etapas: Exigencia de derechos: Desde el movimiento de 1968, los miembros de la sociedad civil mexicana hemos exigido nuestros derechos y nuestro ámbito de responsabilidad. Esto significó romper con la idea de que la sociedad civil sólo tenía demandas y no derechos. La idea es que el ciudadano no es solamente un voto cada 3 o 6 años, sino que había que construir una ciudadanía que asume su rol de mandataria.

Actor de interés público: En la etapa

ningún actor tiene la capacidad ni la fuerza para dar solución a los problemas públicos Actualmente

actual tenemos una ciudadanía con vocación de incidencia. Es decir ser parte de la decisión del interés público. Es importante reconocer que actualmente ningún actor tiene la capacidad ni la fuerza para dar solución a los problemas públicos. Es decir, lo público no es exclusivo de nadie.

En este proceso se generaron nuevas formas de intervención de las organizaciones civiles, desde trabajar con la población abierta organizando campañas cívicas, así como poder colocar en la agenda tanto local como nacional los asuntos de los sectores sociales y civiles.

Este proceso generó dentro de los sectores sociales y civiles vínculos de coordinación y de complementación para poder influir, principalmente, en la ley de transparencia, género, derechos humanos y en la reforma política, donde se pudo lograr la ciudadanización del Instituto Federal Electoral.

Después de la alternancia aparece un actor civil diverso, plural y autónomo, donde cada sector irá construyendo sus iniciativas a partir de lo territorial y de lo temático.

Incidencia de las osc en la política Esto va a generar una gran innovación y creatividad de las organizaciones civiles para desatar nuevos temas, así como colocarse para que se le reconociera a nivel legal, con la aprobación de la Ley de Fomento para las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, promulgada el 9 de febrero del 2004, su derecho para incidir en las decisiones, en el seguimiento y en la evaluación de las políticas públicas.

En efecto, aun con todas sus limitaciones, esta ley estableció un parteaguas en las relaciones entre el gobierno y la so-

ciedad, donde se nos reconoce como un actor de interés público, con el derecho a incidir en el rumbo de las políticas públicas. Además, a partir de su promulgación se fueron abriendo espacios al interior de los gobiernos y se formalizaron fondos públicos en apoyo a las actividades de la sociedad civil.

En este contexto hay una doble actitud.

Por un lado, las osc tienen que coexistir con los usos y costumbres del viejo régimen que, desgraciadamente, es lo predominante; y, por otro lado, se han abierto nuevas oportunidades para ir creando políticas de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.

En este periodo como osc pudimos proliferar en muchas regiones del país donde se consolidaron de manera novedosa modelos de intervención de la sociedad civil en muchos temas. Se pudieron generar fondos públicos con fondos privados, tanto nacionales como internacionales, para apoyar políticas públicas desde lo micro hasta lo macro.

Las organizaciones fuimos audaces para colocar temas en la agenda pública tanto local, regional o nacional sobre temas estratégicos para nuestro país. A pesar de las adversidades pudimos, como osc, posesionarnos como un actor público, el cual no solamente criticaba o tenía una actitud de vigilar, sino que pudimos desatar procesos en la agenda pública desde una óptica ciudadana.

En este ambiente de la participación ciudadana por ir disputando espacios públicos, así como innovando nuevos modelos de desarrollo con rostro de participación ciudadana, nos encontramos en 2006 dentro de un ambiente de una elección de las más competitivas en nuestro país y donde se plantearon dos proyectos políticos diferentes. f e b re ro 2013

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Las organizaciones

han trabajando en un ambiente polarizado y de falta de recursos, sin embargo, hemos desatado procesos de resistencia y

generado espacios para que quienes toman decisiones políticas en nuestro país coloquen los temas e intereses de la sociedad

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

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Como todos sabemos, el desenlace de esta elección generó un ambiente de polarización y de no reconocimiento de una de las partes del resultado electoral. En este contexto, se profundizó en los gobiernos de todos los colores un ambiente de partidización del poder público. Por otro lado, se desarrolló una estrategia por parte de los actores políticos de desatar una guerra, donde entramos a una descalificación y una actitud de no dialogar con los contrincantes para llegar a acuerdos.

Además, se desató dentro de las osc algunas tendencias donde algunos se colocaron de manera abierta en reconocer al “gobierno legítimo” y otros grupos consideraron que esta situación puede ser una gran oportunidad para que las osc avanzaran como actores para incidir en la agenda pública y otras tendencias jugaron simplemente un papel de reforzar su papel como simples instrumentos de las políticas de los gobierno; algunas organizaciones ante la falta de recursos, que cada día son más limitados, o por la salida de muchas agencias de la cooperación internacional, tuvieron que cerrar sus instituciones.

En este contexto de polarización, la mayoría de los gobiernos de todos los colores favorecieron más sus políticas con aliados de osc para implementar sus políticas públicas.

En el marco de la lucha política por el control del poder, conquistarlo o recuperarlo, la sociedad civil lo resintió, todos los espacios ganados con la Ley de Fomento se fueron perdiendo y se dejó fuera la visión

de contrapeso de la ciudadanía hacia los poderes públicos.

En efecto, la mirada de los actores políticos hacia la sociedad civil ha sido de desconfianza y de amenaza, por lo que en este periodo se ha ido profundizando la percepción de que el papel de la sociedad civil es de ventanilla o de oficialía de partes.

Además, hay una especie de revanchismo político donde se nos pide lealtad para servir a un proyecto o no somos aceptados.

En este contexto, las organizaciones hemos trabajando en un ambiente polarizado y de falta de recursos, sin embargo, hemos desatado procesos que van desde una actitud de resistencia hasta una cuestión donde queremos generar espacios para que quienes toman decisiones políticas en nuestro país incluyan no sólo los intereses de los grupos políticos o privados, sino que haya una visión de altura política para colocar los temas e intereses de la sociedad.

Desafíos actuales Aunque ha habido grandes avances, así como nuevas formas de intervención de las organizaciones de la sociedad civil, hoy se plantea un nuevo reto de identidad, donde las osc sean parte de las definiciones y decisiones del espacio público.

En este contexto, es muy importante poder construir osc que tengan como identidad ser actores de interés público, así como su actuación, ya sea dentro de una visión intersectorial, y poder generar espacios de interacción para construir causas comunes.•

LOS PRINCIPALES DESAFÍOS QUE LAS OSC PRESENTAN ANTE EL NUEVO GOBIERNO SON: • Fortalecerse como puente de confianza • Generar espacios de interés público, a través de un diálogo con enfoque de corresponsabilidad y rendición de cuentas • Construir el diálogo intersectorial, donde todos asumimos nuestra responsabilidad sobre el bien público • Construir una cultura en todos los sectores de transparencia y rendición de cuentas.

• El actor de la sociedad civil está llamado a ser el portavoz del bien común • Llevar a cabo estrategias de diálogo e interacción • Una nueva estrategia de la sociedad civil se debe ver reflejada en nuevas instituciones y reglas del juego en el espacio público. f e b re ro 2013

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Un solo

PATRICIA LÓPEZ GUERRA Fundadora y Directora Ejecutiva del Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles, A.C. (CERI), centro de aprendizaje/ biblioteca que difunde los procesos oficiales para acceder a donativos internacionales destinados a causas sociales; los estándares internacionales de administración de organizaciones civiles; y la formación de redes internacionales entre dichas organizaciones (www. recursosinternacionales.org).

Es Licenciada en Derecho por la UNAM, Maestra en Política Públicas por el ITAM, graduada del Programa de Administración de Organizaciones No Lucrativas de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos de América y en proceso de terminación de otro posgrado en Desarrollo Organizacional y Uso Estratégico de Recursos Humanos por la misma Universidad.

camino Sin la posibilidad real de otro movimiento armado que les permita conquistar o reivindicar sus derechos sociales, los mexicanos sólo tienen un camino, uno que ya establecieron las sociedades altamente civilizadas del norte de Europa, que ya siguieron las del norte de América, y por el cual ya se aventuraron incluso las del sur: el de la organización legalmente establecida, profesional y especialista en una causa social PATRICIA LÓPEZ GUERRA

“Hay muchas cosas cómicas en el mundo; entre otras, la idea del hombre blanco de que es menos salvaje que aquellos a los que llama salvajes” Mark Twain

N

o somos un pueblo que destaque por su gran capacidad de organización, como el danés, el holandés, el estadunidense o el alemán. Históricamente, esto nos ha llevado a guerras internas encabezadas por intere-

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ses no necesariamente populares, a una creciente corrupción del sector público −que cada sexenio se sorprende y se aprovecha de la escasa vigilancia ciudadana−, y al retraso en la solución de problemas sociales tan antiguos que ya se convirtieron en tradiciones, como la pobreza y la desigualdad

Somos un pueblo que ha prosperado a la sombra y a la espera de la voluntad gubernamental. Nuestra historia se ha escrito con una débil intervención de la sociedad organizada. Participamos esporádicamente, como carne de cañón en las guerras o como masas revueltas que cruzan una boleta electoral sin la necesidad –o el deseo− de responsabilizarse por los elegidos. Cuando se trata de elegir a quienes tomarán las decisiones públicas, seguimos firmando cheques en blanco.

Entonces, ¿cómo hablar de la posición que ocupa la Sociedad Civil mexicana en el entorno internacional? Hoy día se utilizan tres indicadores para medir el grado de participación ciudadana y su impacto en un territorio: Número de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) registradas 1. Número de empleos que generan Contribución al Producto Interno Bruto (PIB) Analicemos objetivamente el lugar que ocupamos en el planeta para construir una estrategia que permita a los ciudadanos mexicanos el recuperar el terreno perdido.

1er indicador: Número de osc registradas Las OSC son “unidades económicas dedicadas principalmente a la promoción y defensa de causas de interés civil, como salud; educación; cultura; seguridad de la comunidad; derechos de los colonos; caridad; derechos humanos; protección al medio ambiente y a los animales(I)”.

El número de OSC es una prueba fehaciente de la capacidad de organización de un pueblo en el mundo moderno, del deseo de sus ciudadanos de abrirse espacio en las decisiones públicas y de su responsabilidad

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

por habitar un territorio (algo semejante al antiguo honor troyano).

Siendo un país de casi 115 millones de habitantes, México cuenta con menos de 20,000 OSC(II) debidamente registradas y con acreditación ante el Estado (es decir, con CLUNI o Clave Única de Inscripción al Registro Federal de OSC). Para mantener vigente la capacidad de comparación internacional, este dato estadístico no puede incluir aquellos casos de grupos informales que carecen de registro legal (sin demérito de su gran valor social). Esto significa que hay una OSC legalmente establecida por cada 5,750 mexicanos.

Estados Unidos de América, con casi 315 millones de habitantes, registra alrededor de 2 millones de OSC. Es decir, hay una OSC debidamente registrada por cada 156 estadounidenses.

En Canadá residen 35 millones de personas y se han registrado aproximadamente 1 millón de OSC, revelando una proporción sorprendente: hay una OSC legalmente constituida por cada 35 habitantes.

Vayamos al sur del continente.

Con poco más de 42 millones de habitantes, Argentina alberga a poco más de 100,000 OSC, arrojando una proporción de una OSC en regla por cada 420 argentinos. En Colombia habitan casi 46 millones de personas y se han constituido aproximadamente 70,000 OSC, lo cual equivale a una OSC por cada 657 colombianos.

Los países europeos, como es de esperarse, registran proporciones más entusiastas.

2º indicador: Número de empleos que generan las osc Como cualquier otra unidad económica, las OSC no estamos exentas de la responsabilidad y del privilegio de generar empleos. Sin embargo, ello exige una administración eficiente que permita el mantenimiento de, al menos, un equipo de colaboradores que defienda, promueva y fortalezca la causa social que se abandera. Gran parte de las OSC en México no puede asegurar el pago de salarios, honorarios o compensaciones al personal, debido a la insufif e b re ro 2013 MÉXICO SOCIAL

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SOCIEDAD CIVIL ciencia de recursos económicos que les permitan mantener una estructura mínima.

Este problema es más complejo de lo que parece a simple vista. Un porcentaje importante de las osc mexicanas desconoce el conjunto de leyes, normas y reglamentos que regulan su actividad en el sector no lucrativo. Incluso, producto de la herencia colonial, algunas osc piensan que no deben generar ingresos dado que el ser “no lucrativas” limita su potencial como unidades económicas.

Esto las introduce en un círculo vicioso: al no generar ingresos constantes, no pueden contratar personal ni tener instalaciones adecuadas, lo cual les impide ofrecer servicios profesionales en su comunidad. Desesperados por mantener su causa social a flote, los ciudadanos de estas osc terminan en relaciones parasitarias, dependiendo de una modesta e inconstante fuente gubernamental que apenas les permite ayudarse a sí mismos. En estos casos, es natural que la comunidad perciba a las osc como un puñado de arribistas que, con dinero público, son incapaces de provocar soluciones de largo plazo. Con esto viene otro daño colateral: la desconfianza de la comunidad se traducirá en la

negativa a donar a las OSC, perdiendo la oportunidad de recurrir a otra fuente de ingresos tradicional para nuestro sector.

Evitar un final tan triste obliga a los ciudadanos que se involucran con una OSC a conocer el marco de leyes que regulan al sector, especialmente la sección de ingresos y los impuestos que generan, cuya supervisión queda en manos de la autoridad fiscal.

En un entorno tan gris, el sector de las OSC en México genera apenas un millón de empleos al año, de los cuales solo el 44% son remunerados y, el resto, esfuerzos gratuitos de voluntarios(III). Esto nos ubica en el último lugar de una lista de 22 países(IV) que generan empleos a través de sus organizaciones ciudadanas.

¿Es posible aspirar a otra realidad?

El sector de osc en Estados Unidos de América genera el 8.2% del empleo remunerado del sector privado, triplicando el número de empleos del sector de agricultura, duplicando el total de empleos que genera la industria del transporte, empleando a 60% más trabajadores que la industria del

comercio al mayoreo y la industria de seguros y servicios financieros(V).

Por otro lado, el cúmulo de OSC en Canadá genera el 12% del empleo de la Población Económicamente Activa(VI).

Si todavía queda duda sobre la gran oportunidad que tenemos los ciudadanos organizados en México (las OSC) de generar los empleos que queremos, basta revisar las tasas de crecimiento del empleo generado por diversos sectores económicos en los países desarrollados: en las últimas dos décadas, el sector de las OSC se ha convertido en uno de los motores más potentes para generar empleos(VII). ¿Existe un mejor trabajo que el que nos permite mejorar nuestra propia comunidad?

3er indicador: Contribución de las osc al pib Nuevamente, y haciendo un esfuerzo por mantener el ánimo inquebrantable, México presenta un gran espacio de mejora en el rubro de contribución al PIB por parte de sus OSC. Todos los sectores económicos que cohabitan en un país deben realizar su correspondiente aportación a los ingresos nacionales, para

• En México hay una osc legalmente establecida por cada 5,750 mexicanos, mientras que en EEUU hay una por cada 156 estadounidenses, y en Canadá una por cada 35 habitantes • La contribución del sector mexicano de osc se limita a un 2% del pib, comparada a la aportación del 5.2% del PIB por parte de las de Estados Unidos y a la impactante generación del 7% del pib de las de Canadá

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mantener estándares mínimos de bienestar social. Y el sector “social”, o de las OSC, no está exento de esta obligación.

Entra en juego otra debilidad de las OSC mexicanas: la indefinición de su oferta de bienes y servicios sociales. Cuando se les pregunta cuál es su causa social (objeto social), gran parte de ellas responde “hacemos de todo”, inconscientes de la gravedad de su revelación: la falta de profesionalismo y especialidad. Como cualquier otra unidad económica, la OSC debe ser especialista para explotar sus ventajas competitivas, ofrecer a la comunidad servicios profesionales, y colocar en el mercado bienes sociales que le permitan satisfacer una demanda comunitaria, pero también para generar los ingresos necesarios para continuar operando. Nadie compra productos defectuosos, de la misma forma que nadie acude a una OSC a recibir un servicio improvisado y poco profesional, aunque lo provean personas con una intención inmaculada.

La indefinición y falta de profesionalismo en la oferta de bienes y servicios sociales, impide a las OSC mexicanas el participar exitosamente en un mercado altamente competitivo.

El sector de las OSC en México genera apenas 1 millón de empleos al año, de los cuales sólo el 44% son remunerados, y el resto son esfuerzos gratuitos de voluntarios. Esto nos ubica en el último lugar de una lista de 22 países que generan empleos a través de sus organizaciones ciudadanas Es un porcentaje ínfimo el de las osc que logran generar una parte de sus ingresos por actividades relacionadas con su objeto social. Las demás no generan, dependen de lo que el gobierno puede o quiere otorgarles. Éste es el panorama que ha provocado que la contribución del sector mexicano de OSC se limite a un 2% del PIB, comparada a la aportación del 5.2% del PIB por parte de las de Estados Unidos(VIII) y a la impactante generación del 7% del PIB de las de Canadá (contribución similar a la

de la industria de minería, petróleo y gas, y superior a la aportación del comercio al menudeo)(IX).

Conclusión Los tres indicadores descritos en este documento revelan a los ciudadanos mexicanos uno de los mayores retos al que la historia los ha enfrentado. Con el poder del grupo y las armas letales de la ley y la prensa, los ciudadanos mexicanos harán escuchar y respetar sus causas individuales. Y entonces, sólo entonces, serán peligrosos.•

BIBLIOGRAFÍA:

I. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI (2012). www.inegi.gob.mx . Incluye también: asociaciones de automovilistas, asociaciones de condóminos y clubes de pasatiempos sin instalaciones. Excluye: u.e.d.p. a proporcionar servicios de orientación y trabajo social mediante pláticas y conferencias para la prevención o combate de adicciones o enfermedades (624191, Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y personas con otras adicciones); a la promoción y representación de los intereses de profesionistas (813130, Asociaciones y organizaciones de profesionistas); a la promoción, regulación y normatividad de las actividades recreativas de sus afiliados (813140, Asociaciones regulatorias de actividades recreativas), y clubes de pasatiempos que cuentan con instalaciones (713992, Clubes o ligas de aficionados).

II. Instituto Nacional de Desarrollo Social, INDESOL (2012). www.indesol.gob.mx III. Cuenta Satélite del Sector de Instituciones sin Fines de Lucro, 2008. INEGI. IV. I ncluye (en este orden) a Holanda, Irlanda, Bélgica, Israel, Estados Unidos de América, Australia, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Austria, Argentina, Japón, Finlandia, Perú, Colombia, Brasil, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Rumania.

V. The Nonprofit Sector in Brief (2007). Facts and Figures in the Nonprofit Almanac. Urban Institute, 2007. USA. No incluye empleo del sector público. Bureau of Labor Statistics (2005). Monthly Labor Report September 2005. Quarterly Census of Employment and Wages. Bureau of Labor Statistics, 2005.

VI. Statistics Canada (2008). Satellite Account of Nonprofit Institutions and Volunteering: 1997-2005. Statistics Canada, 2008.

VII. Salamon, Lester (1999). Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector. Johns Hopkins University, Center for Civil Society Studies. Baltimore, Maryland, U.S.A. VII. The Nonprofit Sector in Brief (2007). Facts and Figures in the Nonprofit Almanac. Urban Institute, 2007. USA. IX. Statistics Canada (2008). Satellite Account of Nonprofit Institutions and Volunteering: 1997-2005. Statistics Canada, 2008.

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CREANDO

FEDRO CARLOS GUILLÉN RODRÍGUEZ Fundador del Centro de Especialistas en Gestión Ambiental, S.C. Es Licenciado en Biología, Maestría y Doctorado en Ciencias por la UNAM, y egresado del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de El Colegio de México.

Participó en la creación del Museo de las Ciencias; ha sido docente en la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Baja California y el Instituto Nacional de Administración Pública; y, entre otros cargos, se desempeñó como Director General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental en el Instituto Nacional de Ecología y Director General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental, órgano de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del DF. Es autor de 25 libros de divulgación y narrativa, tiene capítulos en tres libros más, y ha colaborado en prácticamente todos los diarios de circulación nacional; actualmente mantiene columnas en Milenio y la revista Etcétera, y participa con un comentario semanal en la sección “Conciencia” en el 107.9 del IMER.

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CONCIENCIA AMBIENTAL

La década de los sesenta significó un hito en la historia del hombre moderno; la invención de la pastilla anticonceptiva, las revueltas estudiantiles, el clímax de la guerra fría y los movimientos por los derechos civiles son sólo algunas de las muestras de este período de cambio al que pertenece el nacimiento de una percepción social inédita: la del deterioro ambiental

D

FEDRO CARLOS GUILLÉN

iversos factores contribuyeron a ello: la publicación en 1962 de “La Primavera silenciosa”, el canónico libro de Rachel Carson acerca de las consecuencias del uso de pesticidas, y diez años más tarde se presentó el informe “Los límites del crecimiento”, encargado por el Club de Roma al MIT, en el que se advertían consecuencias muy importantes a nivel planetario si los seres humanos no modificaban sus patrones de consumo y crecimiento.

No es casual que en las agendas públicas las primeras entidades encargadas de atender problemas ambientales se crearan en la década de los setenta y con ellas grupos de la sociedad civil con preocupaciones en cuestiones de medio ambiente que, si bien en un principio eran genéricas, han ido ganando precisión y formando una serie de agendas específicas.

No es desmedido afirmar que las organizaciones de la sociedad civil a lo largo de estos años, han influido de manera decisiva en la generación de políticas am-

bientales, sin embargo, es justo consignar que esta explosión civil que se manifiesta en cientos de organizaciones sociales que velan por el derecho a un medio ambiente sano debe ser analizada cuidadosamente, ya que en este universo hay muchísimas acciones destacables pero que admiten matices.

Durante décadas nuestro país vivió una condición de impunidad ambiental en todos los términos, la prioridad era el desarrollo nacional y ello provocó que perdiéramos el 90% de nuestras selvas tropicales, la contaminación de la mayoría de las cuencas nacionales o la contaminación ambiental en las grandes ciudades. El Presidente Echeverría incluso creó una Comisión Nacional de Desmonte en aras de abrir terreno productivo a la agricultura y la ganadería.

La creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el Instituto Nacional de Ecología y la Semarnap permitieron una plataforma institucional inédita y se convirtieron en un interlocutor gubernamental autorizado para la discusión de los problemas ambientales del país. Resulta evidente que las autoridades han reconocido el papel clave de la sociedad civil en la defensa de los derechos ambientales y, en consecuencia, han creado figuras jurídicas como la consulta pública en los casos de manifestaciones de impacto ambiental, e inclusive consejos consultivos para el desarrollo sustentable en los cuales se manifiestan preocupaciones sociales de muy diversos tipos.

Es evidente que cualquier demanda o propuesta debe basarse en un contexto de información confiable y veraz; éste es un asunto de la máxima importancia, ya que uno de los sesgos más frecuentes entre algunos grupos organizados es la manipulación –a veces bien intencionada, en otras no– de la información con la que se cuenta con el fin de producir una mayor reacción pública. Al respecto también se pueden reportar avances, ya que los sistemas de acceso a la información pública son ya un hecho y ello ha favorecido una mayor rendición de cuentas.

Durante décadas nuestro país vivió una condición de impunidad ambiental en todos los términos, la prioridad era el desarrollo nacional y ello provocó que perdiéramos el 90% de nuestras selvas tropicales Otro tema en que la sociedad ha resultado un baluarte es en el de la creación de conciencia ambiental. Temas como las enormes matanzas de animales, la deforestación de las selvas tropicales, los vertederos de contaminantes en cuerpos acuáticos o la generación de proyectos de desarrollo en zonas con enorme valor son ya centro de atención pública gracias a los esfuerzos de muchos grupos organizados que, valiéndose de los avances tecnológicos como las redes sociales y medios masivos, los exponen de manera pública propiciando de esta manera una mayor conciencia colectiva.

Grupos ciudadanos han propiciado la restauración de áreas verdes, la oferta de transporte no contaminante, las vedas forestales. Asimismo, han hecho pública información acerca del estado de nuestros recursos y las presiones que los amenazan; esta labor invaluable debe ser reconocida y valorada. Es necesario también que los ciudadanos contemos con filtros e información suficiente para entender aquellas propuestas que tienen un alcance diferente y en las que algunos grupos han aprovechado la buena voluntad de muchas personas con el objeto de manipularlas y obtener botines políticos. Ésta no es una tarea fácil, pero en la medida que la sociedad civil organizada se manifieste de forma abierta, informada y responsable, será relativamente sencillo entender cuáles son las causas que debemos apoyar para que nuestro país cuente con un verdadero desarrollo sustentable que nos brinde bienestar a todos los mexicanos.• f e b re ro 2013 MÉXICO SOCIAL

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JACQUELINE BUTCHER GARCÍA -COLÍN Presidente y directora del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil (CIESC), A.C. en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es Licenciada el Bioquímica por la Universidad de Wisconsin, con Maestría y Doctorado en Desarrollo Humano por la UIA. Es investigadora a nivel internacional del fenómeno de la acción voluntaria.

Participó recientemente en el reporte Mundial sobre el Estado del Voluntariado en el Mundo de Voluntarios de Naciones Unidas presentado en 2011 y en el Manual sobre el Trabajo Voluntario de la OIT. Es editora asociada en las revistas Prometeo, de Desarrollo Humano y Voluntas sobre el Tercer Sector. Presidió la Sociedad Internacional de Investigadores del Tercer Sector (ISTR) y el CEMEFI. Es consejera de OSC como FUNSALUD y PPAM (Pensamiento Palabra y Acción en Movimiento). Es socia fundadora del Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano, A.C. (INIDH). Es también miembro del Comité Nacional Consultivo y de Asignación de Recursos de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. Entre sus últimas publicaciones está el libro México Solidario: participación ciudadana y voluntariad. rivasjb@prodigy.net.mx,butcher. jacqueline@gmail.com

La importancia de la

participación social El nivel de desarrollo de una sociedad se mide a partir de las actividades de sus miembros en diferentes ámbitos. ¿Cómo participan los integrantes de la sociedad civil y cuáles son las formas que utiliza para ello? ¿Cómo es que percibimos su presencia? ¿Cuál es el papel que desempeña para que se avance o no en este desarrollo?

JACQUELINE BUTCHER

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La democracia se logra a través de una verdadera participación de los individuos y depende del grado de madurez de los ciudadanos de un país. Esto solamente se logra cuando existe un esfuerzo por incluir los principios democráticos de responsabilidad y participación desde la niñez

E

studiosos en la materia desde Tocqueville hasta nuestros días nos recuerdan la importancia de que la ciudadanía busque asociarse para lograr una mejoría social o un “bien común” para todos. El intelectual francés mencionaba en sus escritos que una democracia se forjaba alrededor de la participación social: “…si los hombres que viven en países democráticos no tuviesen derechos y ninguna inclinación de asociarse para propósitos políticos, su independencia estaría en gran riesgo… sin embargo, si ellos nunca adquirieran el hábito de formar asociaciones en la vida

ordinaria, la civilización entera estaría en riesgo… en países democráticos, la ciencia del asociacionismo es la madre de las ciencias; el progreso de todo lo demás depende del progreso que ésta haya adquirido(I)”.

El arte de asociación y la acción voluntaria están fuertemente ligados con la preservación de las democracias, como una forma de gobierno elegido por el pueblo y controlado por los ciudadanos. Hace dos siglos, Tocqueville insistía en que el arte de asociarse era lo que podría mantener a los ciudadanos libres y fuera del autoritarismo poderoso, aunque fuese de un gobierno benevolente. Aun respetando y reconociendo el poder de las asociaciones empresariales y políticas que podían alcanzar grandes logros, su atención fue mayormente puesta en las que llamaba las asociaciones morales e intelectuales, en donde el corazón se amplía y se permite que los individuos comprendan su mutua influencia.

Lo que se ha observado en la modernidad es que existe una fuerza contundente y específica en los países que tienen socie-dades participativas. Cuando la sociedad civil es capaz de organizarse para bien, los logros suelen ser impresionantes, ya que el simple hecho de asociarse con otros, generalmente alrededor de una causa, permite el libre flujo de las ideas además de su comparación y análisis. Así, los cambios producidos provienen de la reflexión grupal y la participación activa de

0.77

DEL PIB NACIONAL corresponde al accionar de la sociedad civil organizada de forma no lucrativa

1,234,000 INDIVIDUOS

pertenecen a asociaciones y organizaciones sin fines de lucro y realizan el trabajo voluntario de manera formal en organizaciones establecidas

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2.30% FUE EL PIB

de las organizaciones no lucrativas respecto del PIB total nacional en 2010

1.53%

De ese porcentaje lo generan los organismos

PÚBLICOS QUE SON ISFL

los individuos, los cuales, en la búsqueda de metas que beneficien a la comunidad, muchas veces logran cambios reales y positivos más allá de la intervención de los gobiernos. Esto refleja una fuerza intrínseca de las sociedades que debe de tomarse en cuenta para lograr cambios sociales significativos desde las aportaciones de sus miembros. A manera de reflexión, aquí nos sirven las palabras de la antropóloga norteamericana Margaret Meade a quien se le atribuye la frase “nunca dudes de que un pequeño grupo de individuos cambie el mundo, en realidad, son los únicos que lo han logrado”.

Los grupos sociales, al asociarse bajo diversos formatos, reciben distintas connotaciones según la perspectiva académica que se elija: instituciones sin fines de lucro (ISFL)(II), sociedad civil organizada, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y también se refiere a ellos, en términos económicos, como el Tercer Sector, es decir, son : “las formas en que actúan y se coordinan los grupos sociales emergentes que no dependen del Estado o el mercado para funcionar(III)”. Estos grupos se han convertido en agentes indispensables en la gestión de bienes colectivos y son los que se conforman a partir de un sinnúmero de intereses de individuos que de manera no lucrativa buscan asociarse para fijar sus propios rumbos. Por dar algunos ejemplos, unos se asocian para hacer una agrupación de abogados y a éstos los podemos designar como de auto beneficio, otros, por razones políticas o religiosas,

forman sus propias organizaciones y otros más se asocian para dar servicio a terceros, como en un hospital o en un orfanato.

Dada la importancia, el impacto de este sector y su avance, en México existe una cuenta satélite (CSISFLM(IV)) de reciente elaboración, una serie 2008-2010 elaborada por INEGI(V), que considera y refleja el tamaño y el peso del Tercer Sector y las instituciones sin fines de lucro relacionado al PIB del país. Entre los años 2008 y 2010, el crecimiento de este sector fue mayor al crecimiento de la economía nacional pasando de 238, 276 millones de pesos a 287,255 millones de pesos.

El PIB de las organizaciones no lucrativas respecto al PIB total nacional fue en 2008: el 2.01%, en el 2009, el 2.36% y 2.30% en el 2010. Para 2010, de ese total de 2.30%, el 1.53% lo generan los organismos públicos que son ISFL y el 0.77 del PIB nacional corresponde al accionar de la sociedad civil organizada de forma no lucrativa.

En el contexto internacional, el PIB del total de las ISFL mexicanas es comparable con la riqueza económica producida por algunos países latinoamericanos. Para establecer el contexto, es casi tres veces mayor que el PIB de Bahamas y mayor en 19.3% al PIB de Paraguay y 13.5% más que el de Bolivia.

Un aspecto importante en la formación de OSC y organizaciones civiles la constituye el trabajo voluntario de los individuos que las conforman y las inician. Por tra-

La actividad voluntaria, ya sea de manera formal y asociada o de manera informal e individual, funciona como una base importante en la formación de ciudadanos y en la construcción de un mejor capital social para el desarrollo de los pueblos

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bajo voluntario entendemos aquel que no se realiza bajo la lógica de la obtención de beneficios económicos y en el que se compromete tiempo y energía en beneficio de otros. “Es la persona que por elección propia y sin recibir remuneración aporta tiempo a una actividad que va más allá del ámbito familiar en el servicio a los demás para el beneficio de terceros y la sociedad en su conjunto(VI)”.

El trabajo voluntario ha sido poco valorado al no ser conocido en su completa dimensión. En 2011, Naciones Unidas presentó un reporte mundial sobre estas labores en donde se recalca que además del trabajo de los voluntarios que colaboran dentro de organizaciones civiles formales existe una enorme masa crítica no contabilizada de personas que a diario hacen algo por sus semejantes de manera voluntaria y solidaria sin necesariamente estar dentro de estas estructuras organizativas sociales. En este reporte se defiende la tesis de los valores inherentes al voluntariado, lo cuales dotan a este de consecuencias de amplio alcance para el desarrollo humano, en donde se incluyen factores como la solidaridad, la inclusión social, el empoderamiento y el bienestar individual y social. Por ello, se señala que la actividad voluntaria debe de ocupar para el fu-

EL DATO

Entre 2008 y 2010 el crecimiento de este sector fue mayor al crecimiento de la economía nacional, pasando de 238,276 a 287,255 millones de pesos

turo un lugar central en el discurso sobre desarrollo y la paz a escala mundial, regional y nacional.

El reporte asevera: “Asimismo, se observan cada vez más signos del respaldo de los gobiernos al voluntariado como forma de compromiso cívico, no sólo para mejorar la prestación de servicios, sino también para fomentar los valores que sustentan la cohesión social y la armonía(VII)”. Este reporte también se refiere a la importancia de este tipo de actividades en el contexto de los medios de vida sostenibles. La actividad voluntaria, ya sea de manera formal y asociada o de manera informal e individual, funciona como una base importante en la formación de ciudadanos y en la construcción de un mejor capital social para el desarrollo de los pueblos.

En México existen algunos esfuerzos por cuantificar y comprender esta labor.

El INEGI indica en su CSISFLM que alrededor del 1% de la población, 1,234,000 f e b re ro 2013 MÉXICO SOCIAL

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SOCIEDAD CIVIL individuos, pertenecen a asociaciones y organizaciones sin fines de lucro y que realizan el trabajo voluntario de manera formal en organizaciones establecidas.

Esto representó el 0.36% del PIB en 2010.

Para dar una idea del valor económico de estas aportaciones voluntarias, el valor del trabajo voluntario mexicano fue superior al gasto ejercido por concepto de sueldos y salarios de la paraestatal PEMEX en 15.4% y mayor al monto de los recursos públicos ejercidos en el mismo año por la UNAM en 38.8%.

Otros esfuerzos como la encuesta sobre filantropía del ITAM, llamada ENAFI(viii) y la encuesta sobre acciones voluntarias y solidarias del Cemefi, ENSAV(ix), han incursionado en investigar la participación social, el trabajo voluntario desde los grupos organizados y la segunda especialmente, ha revisado la actividad solidaria en un contexto informal. Los resultados de la ENSAV (2005) indican una mayor participación voluntaria y solidaria de las personas y calcula un valor que rebasa el 1% del PIB. Los números presentados indican que existe una incidencia contundente y fehaciente de la sociedad civil en el desarrollo económico y social del país tanto desde los grupos organizados representados en el Tercer Sector como por medio de las actividades voluntarias y solidarias informales de sus individuos.

Uno de los resultados más significativos del estudio sobre participación y solidaridad en México(X) es la forma en que las personas aprenden las actitudes solidarias a partir de los entornos dentro de los cuales conviven. El servicio a los demás se forja y se aprende desde los primeros años, sobre todo en seno de la familia y en el ámbito escolar. La democracia se logra a través de una verdadera participación de los individuos y depende del grado de madurez de los ciudadanos de un país. Esto solamente se logra cuando existe un esfuerzo por incluir los principios democráticos de responsabilidad y participación desde la niñez. Para ello, se requiere de profundos cambios en la formación social y educativa de los mexicanos.

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Las actividades voluntarias y las actitudes solidarias son caminos que aportan a la formación y construcción de ciudadanía y requieren de visibilidad, continuidad e impulso para lograr un mayor alcance e impacto. El ser voluntario y el ser ciudadano no es equivalente, sin embargo, la labor voluntaria sensibiliza hacia los problemas comunitarios, aporta a la construcción del tejido social, y provee de habilidades para la responsabilidad social que son requeridos para actuar conscientemente en sociedad y tomar las decisiones experimentadas e informadas que precisa una democracia participativa.

Es en las aulas, en donde las metodologías pedagógicas probadas como las del aprendizaje-servicio(XI), tan utilizadas en otros países tanto de América como de Europa, podrían ayudar a las escuelas a recuperar su misión cívica en la formación de ciudadanos. Estas experiencias vivenciales, que incluyen programas desde preescolar hasta el nivel universitario, son actividades estudiantiles solidarias no sólo para atender necesidades de la comunidad, sino para mejorar la calidad del aprendizaje académico, la formación personal en valores y para la participación ciudadana responsable.

De ahora en adelante, las transformaciones que el país necesita se lograrán con instancias de gobierno en acuerdo con la sociedad civil. Éste será un actor preponderante en el desarrollo social y en el logro de actitudes democráticas en la medida en que la misma sociedad civil logre articularse, establecer objetivos con visión de conjunto y presentar las metodologías adecuadas para la resolución de las problemáticas sociales existentes. Todavía hay un largo camino que recorrer en materia de participación para el alcance del desarrollo en México; aquellos que logren integrar la responsabilidad social en su actuar y convertirlo en un valor en lo cotidiano son los que realmente impulsarán el desarrollo hacia el futuro. Nos corresponde a todos, tanto sociedad civil como gobierno, poner manos a la obra.• * Consulta la bibliografía y las referencias de este artículo en nuestra página: www.mexicosocial.org

e n e ro 2013 MÉXICO SOCIAL

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