Número 43- Febrero by mexico social

Año 3 - No. 43, febrero de 2014, Precio: $35.00 m.n.

México Social

@mexicosocialorg

www.mexicosocial.org

MÉXICO SOCIAL

ISSN: 2007 - 2600

ESCRIBEN:

» ELENA AZAOLA » ANDRÉS AGUIRRE » CATALINA PÉREZ CORREA » MIGUEL SARRE » RODRIGO MENESES

Sistema Penitenciario:

LA RUPTURA con los Derechos Humanos

ÍNDICE

MÉXICO SOCIAL

RECONSTRUYAMOS MÉXICO

Andrés Aguirre

es una publicación del

CÁRCELES Y TRASLADOS FORZADOS

Rodrigo Meneses Director General y Presidente del Consejo Editorial Mario Luis Fuentes CONSEJO EDITORIAL Jesús Kumate Rodríguez Rolando Cordera Campos Fernando Cortés Cáceres Miguel Concha Malo Irasema Terrazas Enrique Provencio Durazo Marcela Rovzar de González Gustavo Gordillo De Anda Nashieli Ramírez Mónica González Contró Director Editorial Saúl Arellano Almanza Coordinadora Editorial Laura Ilarraza Gálvez Edición Electrónica Jesús Mendoza Franco DISEÑO Alejandra Núñez Valentín

IMAGEN DE PORTADA Cortesía de Excélsior

México Social es una publicación inscrita en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. http://pnmi.segob.gob.mx

LAS VÍCTIMAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO

PARADIGMAS Y DILEMAS CARCELARIOS

Catalina Pérez Correa

Miguel Sarre

DESESPERANZA

Elena Azaola

LA FORMA SUTIL DE LA VIOLENCIA SEXUAL

Gabriela Saldívar

DERECHOS HUMANOS Y MUJERES INDÍGENAS

FUNDAMENTOS LEGALES DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Manuel Campa

LA OPACIDAD EN LOS FIDEICOMISOS

CUERPOS Y DISCURSOS

Sara Murúa / Patricia Carrillo

Rogelio Flores

Próximo número Educación Superior

Sylvia Marcos

México Social, Año 3, No. 43, febrero 2014, es una publicación mensual editada por el Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). Pennsylvania No.86, Col. Parque San Andrés, CP. 04040 Delegación Coyoacán, México, D.F. Tels. 5659-6120 y 5659-6209 www.ceidas.org, informacion@ceidas.org. Editor responsable: Saúl Arellano Almanza. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2010-032312331700-102 ISSN: 2007 - 2600, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Contenido No. 15077, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX IM09- 0840. Impresa por Expressarte Print Services, Calle Juan Sánchez Azcona No. 307, Col. Narvarte, México, D.F. Distribuida por la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. y la Comercializadora GBN S.A. de C.V., Calzada de Tlalpan No.572, Desp. C-302,Col. Moderna, Del. Benito Juárez C.P. 03510, México D.F. Tel. 0155-56188551 Mail: comercializadoragbn@yahoo.com.mx comercializadoragbn@gmail.com este número se terminó de imprimir el 25 de enero de 2014. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). f e b r e r o 2014 MÉXICO SOCIAL

EDITORIAL

MARIO LUIS FUENTES Director general del CEIDAS, A.C.; en la UNAM es integrante de la Junta de Gobierno; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas

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a justicia, uno de los principales pilares de cualquier democracia, se encuentra fracturada. Vivimos en un país en el que la legitimidad de las instituciones responsables de procurar e impartir justicia se encuentra sumamente cuestionada. En efecto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad (envipe), más del 65% de las y los ciudadanos desconfían de los jueces y magistrados. Las policías y los ministerios públicos por su parte, aparecen en esta encuesta mucho más abajo en el ámbito de la credibilidad de la ciudadanía; escenario que en su conjunto, obliga a pensar que vivimos en un país en el que el Estado de derecho sigue siendo solo una quimera. Impartir justicia toda una estructura institucional capaz de proteger a quienes han sido víctimas de algún delito, así como de detener, sancionar, pero sobre todo, de reintegrar socialmente a quienes han sido sentenciados por su probable responsabilidad en la comisión de conductas ilícitas. En este escenario, uno de los temas en el que menor atención se ha puesto es el relativo al sistema penitenciario nacional; pues en efecto, de acuerdo con múltiples estudios, se trata de uno de los espacios de mayor corrupción, ineficacia y opacidad del Estado mexicano. El Reporte que ha presentado recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no deja lugar a dudas: se trata de espacios en los que la presencia de la autoridad es sinónimo de nulidad: la mayoría de los penales se rigen por esquemas de autogobierno, controlado por quienes han sido sentenciados; y en los que no ocurre así, hay una combinación de ejercicio de autoridad compartida entre la población penitenciaria y los responsables de su custodia y rehabilitación. Asimismo, si puede identificarse a un grupo de población vulnerable en los penales mexicanos, éste es el de las mujeres: no existen espacios adecuados para su internamiento, pues en la mayoría de los casos, son recluidas en “anexos” a los penales

en los que están internos los hombres. De igual forma, la atención médica que reciben es de pésima calidad; las instalaciones y las inadecuadas condiciones de higienes les provocan constantes infecciones y enfermedades; y por si fuera poco, son víctimas también el aislamiento y de traslados forzados que las segregan de todo posible contacto con sus familias y entornos. Sin duda alguna, la estrategia nacional de seguridad pública debería incluir nuevas líneas de política que permitan, como lo establecen las recomendaciones de la cndh, pero también de múltiples organismos internacionales, construir un nuevo sistema orientado desde la perspectiva de los derechos humanos para lograr, por un lado, hacer efectiva la sanción social que le corresponde a quien comete un ilícito; pero también para permitirle su pronta reintegración social. Con base en estas consideraciones, México Social dedica la presente edición a un análisis crítico y riguroso del sistema penitenciario nacional, a través de artículos seleccionados y estructurados con la generosa colaboración de Elena Azaola, una de las académicas más reconocidas en esta materia en nuestro país. Las prisiones mexicanas responden todavía a una visión autoritaria y persecutoria, que impide dar pleno cumplimiento a lo que establece nuestra Constitución, tanto en su artículo 1º, como en los Artículos 18 y 19; pilares todos de un sistema de justicia que debería garantizar el estricto cumplimiento del Estado de derecho, así como el permanente apego a un trato digno y humanitario, tanto para las víctimas como para las personas privadas de su libertad. No podemos continuar siendo un país de “presuntos culpables” y para ello, tanto los jueces como los magistrados; así como las autoridades coadyuvantes del Poder Judicial en el cumplimiento de las sentencias, deben replantear, con urgencia, los principios que rigen su actuación y, en consecuencia, construir un nuevo andamiaje de políticas públicas; porque en definitivamente, las que se operan actualmente, simplemente son inaceptables.•

UN DEFICIENTE SISTEMA DE JUSTICIA El sistema de procuración e impartición de justicia en México se encuentra profundamente cuestionado. Muy pocas personas confían en la capacidad y la ética en la actuación de las policías, de los Ministerios Públicos y de los jueces; y los tres ámbitos, es decir, la seguridad pública, la procuración de justicia y la impartición de justicia enfrentan una percepción ciudadana que apunta hacia la ineficiencia y la corrupción. Sin duda, la construcción de un Estado democrático de bienestar requiere de una autoridad legítima ante los ojos de la ciudadanía, pues de otro modo es muy difícil construir un marco de seguridad y en el que todas y todos podamos reconocer, sin regateos, que es siempre preferible obedecer la Ley que confrontarla. CEIDAS/Investigación

Los contenidos de esta sección fueron coordinados por la Doctora Elena Azaola

En México, son los más jóvenes quienes están cometiendo la mayoría de los delitos, y en consecuencia, quienes están poblando las prisiones. El 63% de quienes están detenidos en prisiones federales tiene menos de 40 años; 53.7% tiene estudios por debajo del nivel de la secundaria; al menos el 50% ha tenido a algún familiar en prisión; mientras que más del 80% tiene hijas e hijos. Estos datos dan un panorama preocupante en torno a cómo se procura e imparte justicia en nuestro país.

LA PÉRDIDA DE LA CONFIANZA Uno de los elementos clave para el funcionamiento democrático se encuentra en la confianza que tiene la ciudadanía respecto de las instituciones públicas. En nuestro país, dos terceras partes de las personas mayores de 18 años declaran algún grado de desconfianza y se muestran sumamente escépticos respecto del desempeño institucional en el ámbito de la justicia. Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, 2013, coordinada por el inegi, muestran que el 65% de quienes tienen 18 años o más cree que los Ministerios Públicos son corruptos y una cifra similar considera que las policías ministeriales también lo son. Asimismo, el 64% de la población cree que los jueces están vinculados constantemente a prácticas de corrupción, lo cual es sumamente grave, pues si dos de cada tres personas desconfían de la imparcialidad de las y los jueces, entonces puede sostenerse que las condiciones para construir un verdadero Estado de derecho se encuentran comprometidas.

83.8

79.9

% de personas que declaran tener poca o ninguna confianza en:

79.0 67.9

66.4

63.5 54.9

26.8

Universid ades

31.5

Iglesias

Vecinos

Medios comunic de ación

Sindicato s

Segurida d privada

Ministeri públicos os (mp)

Policía

Cárceles y reclusori os

34.5

Partidos políticos

Los políticos, las cárceles y reclusorios, así como las policías y los Ministerios Públicos, son quienes gozan del mayor descrédito ante la ciudadanía, pues son señalados reiteradamente por corrupción, negligencia e ineficacia

84.6

Diputad os o Senadore s

CORRUPCIÓN Y DESCONFIANZA

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción del Delito (envipe, 2013) www.inegi.org.mx

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En el mismo tenor, sólo el 43% de las y los ciudadanos cree que los ministerios públicos son eficaces en su trabajo; el 44% piensa que las policías ministeriales tienen un buen desempeño, y únicamente el 49.4% de la población asume que las y los jueces tienen un buen desempeño en sus responsabilidades.

INVESTIGACIÓN DEFICIENTE La debilidad de la cadena de procuración e impartición de justicia en México inicia desde la integración de la Averiguación previa. En primer lugar debe destacarse que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (2012), de todos los delitos que se cometen, en el 91% de los casos no se inicia una averiguación por parte de las autoridades ministeriales. La Primera Encuesta realizada en los Centros Federales de Readaptación Social, 2012, coordinada por Elena Azaola y Catalina Pérez-Correa, destaca que del total de las personas detenidas en prisiones en nuestro país, el 53.7% declara que fueron llevados a “otro lugar”, antes de ser puestos a disposición del Ministerio Público (M.P.), como lo marca la Constitución.

65%

DE LAS PERSONAS cree que los Ministerios Públicos son corruPtos (enviPe, 2013)

Adicionalmente, de quienes sí fueron puestos a disposición del M.P., el 30% declara que pasaron entre una y tres horas antes de ser llevados ante esta instancia; uno de cada 5 declara que pasaron entre 4 y 8 horas antes de ser presentados ante la autoridad; el 12% declara que pasaron entre 9 y 12 horas; 13.5% señala un lapso de entre 13 y 24 horas; mientras que el 17% sostiene que la policía u otras autoridades los retuvieron entre uno y cuatro días.

POBRES Y JÓVENES: LOS DETENIDOS El estudio de Azaola y Pérez Correa muestra que, del total de quienes están detenidos en prisiones federales, el 38.2% son jóvenes entre los 31 y los 40 años; el 27.3% se ubica en el grupo de población de los 41 a los 50 años; uno de cada cuatro, es decir, el 25% tiene entre 21 y 30 años; y el resto, equivalente al 9%, tiene 51 o más años. Asimismo, el 80% de quienes se encuentran en prisiones federales tienen hijos, destacando que más del 65% de las mujeres tuvo a su primer hijo antes de cumplir los 19 años. Debe destacarse además que prácticamente el 18% de quienes se encuentran recluidos han tenido a un hermano o hermana en prisión; el 11% declara que algún tío lo ha estado; mientras que el 9% sostiene que al menos un primo ha estado antes o se encuentra detenido.

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Adicionalmente debe mencionarse que el 53.7% de quienes están detenidos en prisiones federales carece de estudios de educación básica completa; el 20.4% estudió la secundaria completa; el 12% cuenta con preparatoria incompleta; el 7.3% cursó la preparatoria completa; el 4.3% cursó la universidad de manera trunca; mientras que sólo el 2% terminó una carrera universitaria o cuenta con educación de posgrado.

EL MUNDO DE LAS PRISIONES

91% DE LOS DELITOS no tienen seguiMiento, ya que no se lleva a cabo una averiguación Previa

(enviPe, 2013)

Como ya se señaló, México tiene un sistema penitenciario sumamente débil, tanto en lo que a capacidad instalada se refiere, como en cuanto a la calidad de los servicios, el trato a las personas en reclusión, y el desempeño de quienes tienen la responsabilidad de llevar a cabo la custodia y el funcionamiento de los mismos. De acuerdo con la encuesta citada, en México existen 418 centros penitenciarios: 306 son de operación y responsabilidad estatal; 90 están adscritos a la autoridad municipal; mientras que 12 lo están a la Federación; y 1 al Distrito Federal. Según este estudio, al mes de enero de 2012, la población penitenciaria total era de 233,277 internos, de los cuales el 95% eran del sexo masculino y únicamente el 5% eran mujeres.

PRESUNTOS CULPABLES La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, como un principio básico para la procuración e impartición de justicia, el principio de la Presunción de Inocencia; es decir, nadie puede ser tratado como si fuese culpable, hasta que no le sea demostrado por parte de la autoridad. Sobre este tema debe destacarse en primer lugar, que una enorme cantidad de personas se encuentra en prisión sin haber recibido todavía una condena por parte de la autoridad judicial. En efecto, según el estudio mencionado, sólo el 59% de quienes se encuentran en prisión por un delito del fuero común han recibido una sentencia. En el ámbito federal la cuestión es todavía peor, pues el 53.3% de quienes están en prisión han recibido una sentencia condenatoria; lo anterior significa que el 53.3% guarda una calidad de “procesado”, lo cual, en términos absolutos implica que, de los 48,066 internos contabilizados en el año 2012, un total de 25,619 se encontraban en la cárcel sin haber recibido todavía una sentencia condenatoria.

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3,884

EN MANOS DE LICENCIADOS

Jueces y Magistrados según su grado de escolaridad

2,410

El 62% de los jueces y magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia los estados apenas cuentan con educación licenciatura; el 28% cuenta con maestría y sólo el 4.5%ha cursado un doctorado

1,119

176

Sin espe cificar

Doctora do

Maestría

Licencia tura

Total

179

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, inegi, 2012 www.inegi. org.mx

El estudio señala que la inmensa mayoría de las personas recluidas fueron detenidas en flagrancia, un indicador inequívoco de que el sistema penal mexicano carece de un adecuado sistema de investigación del delito, lo cual es responsabilidad de los Ministerios Públicos y de las Policías Ministeriales y de Investigación.

JUSTICIA DUDOSA De acuerdo con el estudio de Azaola y Pérez-Correa, sólo el 48.3% de quienes se declararon culpables admiten haber cometido un delito; el 30.5% dice haberse declarado culpable porque fue torturada o torturado; el 24.5% lo hizo porque fue presionado o amenazado para hacerlo; 4.7% lo hizo porque el Ministerio Público le indicó “que era lo mejor”; mientras que el 4.4% se declaró culpable porque amenazaron a su familia. Asimismo, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, únicamente en 24 entidades los Poderes Judiciales cuentan con “Oficinas internas de control” que verifiquen todos sus procedimientos; sólo en 23 hay esquemas de sanción a servidores públicos; y únicamente en 17 existen esquemas de investigación contra servidores públicos.•

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SISTEMA PENITENCIARIO

Reconstruyamos GUILLERMO ANDRÉS AGUIRRE AGUILAR Director General de Quejas y Tercer Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es Abogado por la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha ejercido diversos cargos en dependencias y entidades del Gobierno Federal, así como Instituciones del Estado de México, entre las que destacan la Secretaría de Gobernación; el ISSSTE; la Procuraduría General de la República; el SAT; la Secretaría de Hacienda; el Instituto Nacional de Migración; el IFAI; la Agencia de Seguridad Estatal; la Sedesol; y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

México

La corrupción y su tolerancia se observan en gran parte del cuerpo social, pero, sin duda, se acrecientan en aquellos medios y materias que tienen que ver con la seguridad pública, la procuración y administración de justicia, y, por supuesto, el ámbito relativo a la ejecución penal

an inaceptable es que desde el interior de las cárceles se organicen y operen delitos, como lo es el régimen de autogobiernos y cogobiernos de los centros penitenciarios, que, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, del que dio cuenta el año pasado el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha ido en aumento respecto de 2011, lo que representa una muestra de la debilidad institucional y de gobierno por parte de las autoridades responsables, en un entorno, como lo hemos mencionado, de fomento y tolerancia a la corrupción en este tipo de espacios.

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El repudio, la estigmatización y el desprecio social hacia todo lo que tiene que ver con las personas que cometen delitos y están en prisión se incrementa ante el embate cotidiano de la delincuencia y la ineficacia para combatir y prevenir los delitos, lo que provoca que las prisiones estén alejadas del ojo público y de la fiscalización y monitoreo de las autoridades administrativas encargadas de la fiscalización de los recursos y el ejercicio del gasto, dejando amplios espacios para la corrupción e impunidad, generadoras de una enquistada subcultura burocrática y penitenciaria de extorsión, violencia y desatención, que se traducen en condiciones de riesgo y maltrato para gran parte de la población penitenciaria y que implican violaciones a los derechos humanos de los internos y personas que los visitan.

Los desafíos más inmediatos del Sistema Penitenciario, desde la base del respeto a los derechos humanos, están plasmados en el Artículo 18 de la Constitución, y son los siguientes:

• Implementar un efectivo y vigoroso programa de actividades deportivas

• Cumplir con la debida separación entre procesados y sentenciados, de preferencia en inmuebles distintos • Que en todos los centros penitenciarios se realice una eficaz clasificación penitenciaria de los internos, para una conveniente y estratégica ubicación de los mismos

• Que las mujeres purguen sus condenas en lugares totalmente separados a los de los hombres, con una perspectiva de género

• Ofrecer de manera efectiva el derecho a la educación durante el tiempo que permanezcan privados de libertad

• Cumplir de manera apropiada y sin demora con la atención de la salud

Asimismo, no se debe olvidar el cumplimiento del último párrafo del Artículo 19: “todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”

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MÉXICO SOCIAL

Fotos: cortesía de EXCÉLSIOR

• Ofrecer y brindar (con posibilidades materiales de llevarlo a cabo) trabajo y capacitación para el mismo a todos los internos a través de una inteligente y constructiva industria penitenciaria (los internos podrían confeccionar por ejemplo, sus propios uniformes; los de los centros de salud de las entidades y del gobierno federal, envases diversos, entre muchas otras necesidades de las propias dependencias, etcétera); cuestión de voluntad política

SISTEMA PENITENCIARIO

La corrupción y la tolerancia ante ella son de los mayores males de nuestro país. En ambas se incuban el abuso y la impunidad, y México no va cambiar si no se encabeza un esfuerzo

extraordinario para combatir su terrible flagelo El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la cndh resulta ser una especie de fotografía de lo que sucede en las prisiones al momento de las visitas. Deseo que en 2014 el panorama de los centros penitenciarios cambie de manera significativa, por eso hago votos para que no sólo en las prisiones, sino en todos los ámbitos de la vida nacional se trabaje en una renovada y verdadera cultura de combate a la corrupción y a la tolerancia de autoridades y sociedad ante ella, por medio de una verdadera cruzada para combatir también sus efectos más inmediatos y perniciosos: el abuso y la impunidad. Por eso y por el bien de todos:

¡Alto a la Corrupción! Los abusos y actos de corrupción realizados en las dependencias y entidades públicas de nuestro país, en los organismos descentralizados y en empresas paraestatales, han significado el enriquecimiento de innumerables servidores y ex servidores públicos, quienes han amasado enormes fortunas en su paso por la administración o el servicio público, permitiendo a un buen número de ellos constituir empresas o asociarse con ellas. Asimismo, hay empresarios que nunca han sido servidores públicos y se han visto “seducidos” por servidores públicos en sus

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relaciones comerciales, o bien francamente se les ha “presionado” para la asignación de tal o cuál contrato u obra, a cambio de dinero o porcentajes sobre el monto de los mismos, etcétera; de igual forma, está aquel “sector mixto” entre empresarios y ex servidores públicos, o bien, personas o familiares cercanos a éstos, muy vivos también, que a través del tráfico de influencias han podido desarrollar verdaderos “emporios” virtuales de gran éxito lucrativo.

Todos somos corresponsables Esa permisividad, esa tolerancia hacia la corrupción y el abuso; esa ley del más fuerte o el más influyente, el más “vivo”, ha llevado a la acuñación de frases y refranes populares como “el que no transa no avanza”; “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”; “la mordida y los mordelones”, y muchas expresiones más que son parte de la cultura popular y una referencia social muy particular entre los mexicanos, y que tienen sin duda orígenes remotos, pero no por ello justificables o aceptables. Hoy día hemos caído en un enorme embudo, y nuestro país, algún día con sus grandes “riquezas” e “inagotables” recursos, ha venido sufriendo mermas importantes, y lo que fue la “gran gallina de los huevos de oro”, se encuentra en los umbrales de una amarga agonía. Si no ac-

tuamos todos de inmediato, habremos de ser testigos de su terrible extinción, junto a la nuestra y la de nuestras familias, seguramente a manos de la delincuencia y el resquebrajamiento mayor del tejido social derivado de las condiciones de miseria y pobreza de millones de personas en nuestro país, sin permitirnos acceder al México que de verdad nos merecemos todos, y romper con las enormes desigualdades que nos caracterizan como nación. Con los índices de corrupción prevaleciente, la falta de conciencia y compromiso social, así como visión de Estado por parte de la mayoría de los funcionarios públicos de este país, ninguna política pública será eficaz. Tienen que generarse verda-

deros y eficientes controles y supervisión de la gestión pública y la transparencia que inhiban y combatan estás abusivas e indebidas prácticas. Esto tiene que ser materia del lanzamiento de un nuevo y agresivo programa que encabece (y en el que necesariamente participe) el Jefe del Ejecutivo, con los gobernadores de los estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, denominado “Alto a la Corrupción, Reedifiquemos México”, donde no sólo se incluyan las fuerzas políticas, sino las fuerzas empresariales y los organismos de la sociedad civil organizada, pero, sobre todo, los ciudadanos de este país y las personas que en él habitan, pasando por

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Las prisiones están alejadas del ojo público y del monitoreo de las autoridades administrativas encargadas de la fiscalización de los recursos y el ejercicio del gasto, dejando amplios espacios para la corrupción e impunidad

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Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

SISTEMA PENITENCIARIO

Los principios de legalidad y seguridad jurídica deben regir en todo momento los parámetros de actuación de los servidores públicos

las escuelas y medios de comunicación. Tenemos que ser capaces de construir una nueva cultura cívica de México y la ética de todos. Una verdadera cruzada nacional para combatir la corrupción y su tolerancia, que incuba abusos e impunidad. No debemos olvidar que la impunidad vulnera los derechos de las víctimas y potencializa y extiende el peligro para todos los demás, como ya se ha mencionado. La impunidad invita y alienta la repetición de los delitos y de prácticas indebidas, por eso es preciso y urgente combatirla con la mayor energía. Esta cruzada nacional tiene que provocar de manera práctica que los principios de legalidad y seguridad jurídica sean los que rijan en todo momento los parámetros de actuación de los servidores públicos, así como el rumbo de todas las instituciones; pero también del respeto y observancia de la ley por cada uno de los integrantes de la sociedad. Que nadie y por ningún motivo se exceptúe del cabal acatamiento de las normas y de las reglas, empezando por las más básicas, como un reglamento de tránsito o buen gobierno. Que todos y a todos nos exijamos y nos exijan el cumplimiento cabal de nuestras obligaciones, empezando

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por la familia y la escuela. Ahí encontraremos el verdadero cambio; ahí el inicio de la lucha contra la desigualdad y el privilegio; ahí el inicio de la verdadera revolución del siglo xxi que el México de hoy demanda para lograr una verdadera justicia e igualdad entre todos los mexicanos para que, como lo dijo el Caudillo José María Morelos, y se evoca frecuentemente, las diferencias entre nosotros las hagan sólo “el vicio o la virtud”.

Que nadie se exalte ni se sienta incómodo Reconozcamos la corrupción y su tolerancia como una mancha en nuestro rostro; como el oncólogo encuentra enferma a una persona, y tratemos sus efectos, como son el abuso y la impunidad, con la inmediatez y urgencia que se debe atender el cáncer para que no se propague más. Combatamos esta grave afección con el aplomo y la fortaleza requerida, pero también con la humildad necesaria para enfrentar el tratamiento, para que una vez sanada esta seria enfermedad social, con la sensatez y el optimismo de su cura, celebremos todos el inicio de una nueva etapa: la del México que merecemos.•

SISTEMA PENITENCIARIO

RODRIGO MENESES

Más allá de los costos y los grados de incertidumbre que representan para los reos y sus familiares, los traslados forzados han sido considerados por algunos tribunales federales, e incluso por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, como anticonstitucionales

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Profesor Investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Es Doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Maestro en Sociología del Derecho por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica. Es miembro del SNI nivel I; y ha sido reconocido con el Premio Marcos Kaplan a la mejor investigación en derecho y ciencias sociales (UNAM). Es autor de diversos artículos en revistas nacionales e internacionales sobre la regulación de espacios públicos, la evaluación de políticas urbanas y la violencia homicida. Ha colaborado en el diseño y análisis de la Encuesta de Victimización y Eficacia Institucional (CIDE) y la Primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social (CIDE)

Cárceles y traslados forzados

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radicionalmente se ha conceptualizado a la pena privativa de libertad como un medio para aislar a determinados miembros de la sociedad con el fin de rehabilitarlos o, simplemente, confinarlos. Sin embargo, no es la pena lo que aísla, sino el espacio en que se cumple: las cárceles, y es precisamente en esta capacidad de aislar a la población delictiva del resto de la sociedad que las cárceles encuentran su principal motivo para existir. A lo largo de la historia, los motivos para aislar a los delincuentes del resto de la sociedad han sido muy diversos. Por un lado, se encuentran lo que podríamos denominar como posturas organicistas, para las que el aislamiento de los criminales es visto como una medida que trata de excluir del conglomerado social a aquellos elementos no asimilables que constituyen un peligro. Por otro lado, se encuentran lo que podríamos denominar como posturas reintegradoras, en las que el aislamiento –los años

de completa separación del resto de la sociedad– tiene como objetivo someter al criminal a un proceso constante de reflexión, con el fin de lograr su arrepentimiento y su voluntad de volver a la sociedad. Sin embargo, para dimensionar la magnitud del castigo es necesario ir más allá de los diseños de política pública y entender que la población penitenciaria representa un agregado heterogéneo de sujetos que han sido suprimidos de su ambiente familiar, desplazados, aunque sea por un momenEn algunos casos, como se to, de su comunidad. Esto observa en el gráfico, es posible es lo que la literatura más identificar casos extremos, como el reciente ha denominade una familia que debe desplazarse do como “movilidades regularmente desde Chetumal para visitar a forzadas”, es decir, un su familiar recluso en el penal de Guasave, es decir, poco más de 2,210 kilómetros. En proceso a través del que otros, particularmente en el caso de Islas la población acusada Marías, las distancias pueden no ser muy de cometer un delito es grandes, pero el camino a recorrer es obligada a dejar sus famás desgastante milias y comunidades para cumplir una pena privativa de libertad.

VISITAS DESGASTANTES De acuerdo con los datos de la Primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social (CIDE,2012), la distancia promedio que deben recorrer los familiares de los reclusos federales para visitarlos es de poco más de 793 kilómetros 2500 2,210.16 2000

1500

1000

500

9.56 Distancia en kilómetros entre las comunidades de origen de los reclusos y los Centros Federales de Readaptación Social, México Fuente: Elaboración propia a partir de Primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social (CIDE, 2012)

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MÉXICO SOCIAL

SISTEMA PENITENCIARIO

Las distancias y las familias Cierto es que todas las cárceles aíslan o separan a los reclusos del resto de la sociedad, pero en ocasiones esta dimensión punitiva de las prisiones se agrava por las distancias existentes entre las comunidades de origen de los reclusos y los penales en que se encuentran recluidos(I). En este sentido, un análisis de la Primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social elaborada por el cide en 2012(II) permite ilustrar muy bien las dimensiones que tiene este fenómeno en México. Como señala Pérez-Correa(III), aquí “los costos del viaje son impagables para muchos”, además de que las familias deben recorrer un largo proceso burocrático para visitar a sus reos: el trámite consiste en presentar copia simple de acta de nacimiento (del visitante); comprobante de domicilio;

identificación oficial (del visitante); acta de matrimonio o documento que certifique el concubinato (en caso de estar casados o vivir en unión libre); así como fotografías tamaño infantil a color, con fondo blanco y sin retoque. Pero, más allá de estas dificultades, hay algo que la población en general desconoce por completo y que es tan sistemático que se ha convertido ya en una práctica institucional: los traslados forzados de la población de un centro penitenciario a otro.

Iniciativa sin precedentes Hacia 2009, las autoridades del Sistema Penitenciario Federal desarrollaron una iniciativa sin precedentes tendiente a reconfigurar el sistema penitenciario mexicano. Básicamente, se trataba de poner en marcha de un verdadero sistema penitenciario federal en el que los procesados acusados de haber cometido un delito del

INESTABLES En el contexto de los traslados forzados, no es sorprendente que el 49.5% del total de los reos entrevistados (N=820) lleven menos de un año recluidos en el penal en que fueron entrevistados, ni que la gran mayoría (68%) declare haber sido trasladado recientemente desde un centro penitenciario estatal (cide, 2012) No fui trasladado de otro centro

Más de un año

414 De 6 meses a un año 301

301

De 3 a 6 meses

62 Menos de 3 meses

Tiempo de reclusión en Centros Federales de Readaptación Social, México (N=820) Fuente: Elaboración propia a partir de Primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social (CIDE, 2012)

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Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

ENGAÑOS Y ZOZOBRA Sólo el 17% de los entrevistados declararon haber aceptado su traslado. De hecho, como se muestra en el gráfico siguiente, la inmensa mayoría de los reos entrevistados (81.5%) declaró haber sido trasladado sin su consentimiento o con engaños

660

139 1 Ns / Nc

"Pedí/acepté ser trasladado a este centro"

"Fui llevado sin que se me preguntara"

"Me engañaron / me dijeron que reducirían mi condena"

"Me enseñaron un video bonito"

"Me prometieron que podía estar con mi familia"

1 "Me prometieron que tendría trabajo"

Condiciones de traslado de la población reclusa en Centros Federales de Readaptación Social, México (N=820) Fuente: Elaboración propia a partir de Primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social (CIDE, 2012)

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NOTAS Y REFERENCIAS:

I. Quizá el caso más documentado de esta dimensión punitiva de la pena privativa de libertad sea el del movimiento Euskal Presoak Euskal Herrira, a través del que los familiares de los presos acusados de participar en el movimiento terrorista-vasco ETA han demandado, sistemáticamente, la repatriación de poco más de 600 prisioneros para que cumplan sus sentencias en cárceles ubicadas dentro del País Vasco. Un análisis pormenorizado de este proceso puede ser visto en: Muro, D (2009) “Thepolitics of warmemory in radical Basquenationalism”, Ethnic and Racial Studies, Vol. 32 No. 4 pp. 659-678. II. CIDE (2012), Primera Encuesta a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social. Disponible en: http://hdl.handle. net/10089/16531 III. Pérez-Correa, C (2013) “Las Islas Marías: Del paraíso al motín”, Nexos [http://tinyurl.com/ kvqmbx6 IV. Hasta el año pasado, de acuerdo con datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, el Sistema Penitenciario Mexicano estaba estructurado por: un sistema federal [13 centros de reclusión]; 31 sistemas estatales[304 centros de reclusión y 91 cárceles municipales] y el sistema del Distrito Federal [10 centros penitenciarios], véase: Secretaría de Seguridad Pública-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal (2012) Avances y retos del sistema penitenciario federal. V. http://tinyurl.com/lrf6og7 VI. Reformado mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, que entró en vigor el 19 de junio de 2011. VII. P./J. 19/2012; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Décima Época; SCJNPleno; Libro XIII, Octubre de 2012 Tomo 1, Página. 14, Jurisprudencia (Constitucional) [http://tinyurl. com/mplowl3]

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Poco más

del 90% de los procesados en el fuero federal fueron desplazados a Centros Federales de Readaptación Social fuero federal pudieran cumplir sus penas. Hasta entonces, los presos pasaban su condena en cárceles estatales(IV). El resultado final de esta iniciativa consistió en el desplazamiento de poco más del 90% de los procesados en el fuero federal a Centros Federales de Readaptación Social. Evidentemente, los efectos de estas prácticas no se limitan a causar zozobra en el individuo trasladado, también impactan a los familiares. De hecho, algunas autoridades locales, como la Fiscalía General del Estado de Chihuahua(V) han debido incluir dentro de sus páginas web información para orientar a las familias sobre qué hacer en caso de que sus familiares presos sean trasladados a algún penal federal, como las Islas Marías. Así, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la

posibilidad de que los sentenciados puedan purgar la pena de prisión en un centro penitenciario más cercano a su domicilio representa un derecho humano, reconocido en el párrafo octavo del Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(VI):“ello, porque la palabra ‘podrán’ que el Constituyente utiliza para denotar su contenido, está dirigida a los sentenciados y no a las autoridades legislativas o administrativas, habida cuenta de que el ejercicio de tal derecho representa un acto volitivo del sentenciado que puede manifestarlo en una petición concreta para ser trasladado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo así, en atención a la cercanía con su comunidad, puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social”(scjn,p./j. 19/2012)(VII).•

De acuerdo con el Artículo 18 de la Constitución, el sentenciado puede realizar “una petición concreta para ser trasladado al centro penitenciario más cercano a su domicilio, pues sólo así, en atención a la cercanía con su comunidad, puede alcanzar con mayor eficacia el objetivo constitucional de la reinserción social”

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Las víctimas del sistema

penitenciario

(I)

Se estima que cada sábado acuden alrededor de 7 mil personas a visitar a los internos del Reclusorio Sur, entre 10 y 12 mil personas visitan el Reclusorio Norte y más de 6 mil el reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Aunque casi todas las visitantes son mujeres, rara vez se habla de ellas o de lo que implica para ellas estar ahí

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CATALINA PÉREZ CORREA

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Profesora-Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

as cárceles ponen en evidencia muchas de las estructuras de la sociedad. En el caso del género, permiten visibilizar el papel marginal que las mujeres tienen en la construcción, implementación y evaluación de las políticas penales y de seguridad. Como han notado numerosos estudios, los espacios para mujeres en reclusión suelen ser una extensión de

Mientras el Estado no tome en cuenta el castigo indebido de miles de mujeres (madres, esposas e hijas) que formal e informalmente cargan con los costos del encarcelamiento de los internos, nuestro país seguirá optando por una política que invisibiliza y empobrece a este importante sector de la sociedad

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los reclusorios destinados para hombres y no cuentan con lugares o servicios específicos para atender sus necesidades particulares(II). Es común, por ejemplo, que no exista atención para internas embarazadas, o que simplemente se les niegue la visita íntima por temor a que se embaracen. Es también frecuente que las internas tengan a sus hijas o hijos viviendo junto con ellas en las celdas para adultos por carecer de espacios familiares o, en el caso de los penales federales, que se les niegue a las niñas y a los niños el derecho a estar con sus madres por la falta de espacios donde alojarlos(III). Quizás la marginación de las mujeres en la política penitenciaria se debe al bajo porcentaje que representan de la población carcelaria nacional. De acuerdo con las Estadísticas del Sistema Penitenciario Nacional, a principios de 2013 el 95% de la población penitenciaria en México eran hombres y sólo 5% eran mujeres. Sin embargo, las mujeres que se encuentran en reclusión no son las únicas discriminadas por el sistema penitenciario actual. Existe un grupo significativamente más grande que ha sido históricamente invisibilizado por el discurso penitenciario que insiste en que las sanciones penitenciaras son penas individuales. Se trata de las mujeres (madres, hermanas o hijas de los internos) que –informalmente– mantienen los penales de nuestro país y asumen los costos de mantener a la población masculina que se encuentra en reclusión. En cualquier parte del mundo, el uso de la prisión implica ciertos costos, que pueden dividirse en directos e indirectos. Los costos directos se refieren fundamentalmente a la pérdida de la libertad, mientras que los costos indirectos se refieren, entre otros, a la restricción al derecho a la libre asociación; a la información; a la familia; la estigmatización social –que afecta la obtención de un trabajo futuro–; la vulneración a la salud; y, frecuentemente, la pérdida de un empleo, entre otros. Los costos indirectos, a la vez, se dividen en económicos, de salud y sociales. Estos últimos costos son asumidos por mayoritariamente por mujeres.

60%

MÁS PROBABILIDAD DE EMBARAZARSE

MÁS PROBABILIDAD DE SER ENCARCELADOS durante la temprana adultez tienen las niñas y los niños con un padre o madre encarcelados

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

en la etapa de la adolescencia tienen las niñas con un padre o madre encarcelados

6 veces

Costos económicos En México, como en otros países de América Latina, el Estado frecuentemente omite cubrir las necesidades básicas de aquéllos a quienes encarcela. Así, los internos de los reclusorios locales mexicanos deben pagar con recursos propios bienes básicos como comida; medicina; ropa; cobijas; jabón; papel de baño; e incluso agua para beber. Existen, además, gastos informales que el contexto de corrupción institucional exige a los internos, tales como cuotas para poder dormir en una cama, recibir visitas, recibir alimentos e incluso evitar ser golpeados por otros internos. Azaola

& Bergman (2009), por ejemplo, señalan que en el Distrito Federal y el Estado de México, el 35% de los internos dijo que sus familiares tuvieron que pagar por mandarlos llamar; 29% por traerles comida; 33% por traer ropa; y 14% por hacer visita conyugal. Por encima de los bienes básicos que un interno necesita, el encarcelamiento de una persona implica gastos en abogados, costas judiciales, viajes a los reclusorios, etcétera. Para las mujeres que son madres heterosexuales, el encarcelamiento del padre frecuentemente también implica que deben asumir la carga completa de educar, cuidar y mantener a los hijos. En un contexto en el que a los internos no se les f e b r e r o 2014

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Los espacios para mujeres en reclusión suelen ser una extensión de los reclusorios destinados para hombres y no cuentan con lugares o servicios específicos para atender sus necesidades particulares. Algunas internas tienen a sus hijas o hijos viviendo junto con ellas en las celdas para adultos por carecer de espacios familiares Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

dan oportunidades laborales hay que preguntar: ¿quién paga dichos costos? Ya sea porque social y culturalmente es atribuido a ellas o simplemente porque lo asumen como su deber, lo cierto es que cuando sus parejas, padres, hijos o hermanos son recluidos, el peso económico de mantenerlos recae principalmente en ellas.

Costos sociales Estos se refieren a los costos no económicos que tiene el encarcelamiento de una persona como la estigmatización (propia o de la familia) o el efecto que puede tener en los hijos de un interno. Designar a alguien como un criminal confiere a esa persona un estatus social inferior: se trata, discursivamente, de personas contaminadas y riesgosas para los demás. Dicho estatus no se confiere de forma individual, sino que se extiende a la fami-

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lia del “criminal”. Así, es frecuente que las familias de los internos sean desdeñadas por sus comunidades, simplemente por asociación con un delincuente o presunto delincuente (recordemos que cerca del 50% de nuestra población penitenciaria está presa sin haber sido sentenciada). La visita al reclusorio, para las familias, es un recordatorio del estatus inferior que ahora ocupa la familia en la sociedad. Las y los visitantes son sometidos a procedimientos estrictos y en ocasiones degradantes que incluyen inspecciones físicas de la persona –a veces la persona debe desvestirse y ser auscultada–, de los objetos personales, la obligación de vestirse y peinarse de cierta forma y largos periodos de espera. En el caso de los hijos, algunos estudios señalan que el encarcelamiento produce en estos: ansiedad; enojo; abandono; tristeza; miedo; vergüenza; insomnio; com-

NOTAS:

Las cárceles están ligadas con una prevalencia más alta de enfermedades de transmisión sexual que la población en general, debido a una gran cantidad de relaciones sexuales sin protección, consumo de drogas, deficientes servicios sanitarios y falta de servicios médicos y de higiene portamientos agresivos; disminución en el desempeño escolar; e incluso embarazos adolescentes –un estudio muestra que las niñas con un padre o madre encarcelada tienen 60% más probabilidad que otras niñas de embarazarse en la etapa de la adolescencia–. Otro estudio muestra que las niñas y los niños con un padre o madre encarcelados tienen hasta 6 veces más probabilidad de ser encarcelados durante la temprana adultez, lo que comprueba que el encarcelamiento tiene matices inter-generacionales.

Costos a la salud Los costos a la salud no sólo se refieren a la afectación que tiene el encarcelamiento en la persona interna, sino también abarcan la afectación a la salud de su pareja y familia. Las cárceles han sido ligadas, a nivel mundial, con una prevalencia más alta que en la población general de ciertas enfermedades como el vih/sida, tuberculosis, hepatitis C y otras enfermedades de transmisión sexual, esto se debe a los factores de riesgo que marcan la vida en prisión, tales como el hacinamiento, la alta prevalencia de relaciones sexuales sin protección, el consumo de drogas (en particular las inyectables), la falta de servicios médicos, los deficientes servicios sanitarios (incluyendo la falta de agua) y la falta de higiene en general. En consecuencia, la vulnerabilidad de la población carcelaria a la infección de estas enfermedades es mayor. Estos riesgos son compartidos por las familias de los internos, en especial por sus parejas sexuales. Algunos estudios demuestran una alta proporción de relaciones sexuales sin protección entre los internos recién liberados y sus parejas, lo que significa que las pare-

jas sexuales de los internos también están expuestas a los mismos riesgos a la salud que tienen los internos. El discurso penitenciario predominante sostiene que el encarcelamiento impone la pérdida de la libertad –el costo principal– no como castigo, sino como una forma de lograr la resocialización del delincuente. Los costos indirectos y las personas que cargan con ellos rara vez son tomados en cuenta. De esta forma, el derecho penitenciario impone una visión del mundo: una que concibe a las personas como seres autónomos, independientes, separados, y, por lo tanto, separables de sus comunidades. Esta forma de entender a los seres humanos niega la complejidad de las relaciones humanas y la dependencia que existe entre un ser humano y otro, y niega los valores de cuidado que las mujeres, en nuestras sociedades, bien o mal, asumen. En el contexto aquí analizado, esta visión resulta en la discriminación y el castigo indebido de miles de mujeres que formal e informalmente cargan con los costos del encarcelamiento de los internos de nuestro país. El castigo penal implica hacer a otros y otras algo que, en circunstancias normales, consideramos incorrecto, pero que, en circunstancias extraordinarias, aceptamos con una idea ulterior de justicia. Las penas de prisión, no obstante, implican castigar a quien supuestamente consideramos irreprochable: mujeres, niños y comunidades “inocentes”. Mientras el Estado no tome esto en cuenta, seguirá optando por una política que invisibiliza y empobrece a un importante sector de la sociedad, y que además reafirma la inequidad de género que aún prevalece en nuestra sociedad.•

I. Este texto está parcialmente basado en el texto: Pérez Correa, C. (2013), “Las que se quedan: las penas de prisión desde una perspectiva de género”, en Cruz Parcero, J. y Vázquez, R., La mujer a través del derecho penal, México: Fontamara-SCJN. II. Véase por ejemplo: Azaola, E., y Yacamán, C. (1996), Las mujeres olvidadas, México: El Colegio de México y Briseño, M. (2006), Garantizando los derechos humanos de las mujeres en reclusión, México: INMUJERES. III. Pérez Correa, C. y Azaola, E. (2012), Resultados de la Primera Encuesta Realizada a Población Interna en Centros Federales de Readaptación Social, México: CIDE

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MIGUEL SARRE Profesor numerario del ITAM. Es Miembro del Subcomité contra la Tortura de la ONU.

Paradigmas y dilemas carcelarios Para mejorar la vida cotidiana de las prisiones son tan necesarios los cambios conceptuales como los normativos y los operativos, considerando que los poderes públicos solo tienen en sus manos la clase de prisiones que tenemos y no el modelo de presos que quisieran Nada hay más práctico que una buena teoría

Para mayor información sobre el tema, los invitamos a consultar los documentos complementarios de este artículo en su versión electrónica, en: www.mexicosocial.org

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as cerca de 450 prisiones en México pueden dividirse, muy grosso modo, en dos grupos: por una parte, aquél que comprende los centros federales de alta seguridad y, por la otra, el conformado por los centros del Distrito Federal y los que están bajo la responsabilidad de los gobiernos estatales. El primer grupo, cuyo prototipo fue Almoloya, se caracteriza por contar con una vasta infraestructura de concreto, acero y cristal, donde no suele haber hacinamiento, y cuya población es generalmente sometida a un régimen disciplinario rígido que llega a comprender 23 horas diarias de reclusión en celda. Sus implicaciones pre-

Ricardo A. Guibourg

supuestarias presentes y futuras son similares a las de las grandes carreteras, como también son similares las oportunidades para la corrupción; solo que los muros hacen más difícil verla. En las prisiones del segundo grupo predominan las instalaciones decadentes, aunque suelen contar con mayores espacios abiertos e inclusive algunas áreas verdes. En este grupo existen pactos entre autoridades, custodios e internos, quienes venden su protección a algunos internos y someten al resto a distintos grados de servidumbre y exigencias extorsivas; algunos ejemplos son los reclusorios del Distrito Federal y el de Barrientos (Tlalnepantla, Edomex ). Se trata de espacios

con un diseño ideal para la corrupción generalizada, cuya dimensión se puede apreciar multiplicando cualquier suma de dinero por el número de internos, de “pases de lista” y de visitas en cada establecimiento.

El quiebre orgánico Bajo la Constitución, a las autoridades judiciales les corresponde determinar

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

De acuerdo con el Artículo 21 Constitucional, la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial; sin embargo, la ausencia de un control judicial efectivo y directo sobre las prisiones explica en buena parte que las condiciones reales de ejecución de la pena rebasen las sentencias

las penas –o la prisión preventiva, en su caso–, mientras que a los poderes ejecutivos, quienes tienen un carácter de auxiliares de la justicia, les compete administrar las prisiones. Es decir, los funcionarios y empleados del gobierno son los responsables de cumplir con los mandatos judiciales. Esto, que no por desconocido pierde vigencia, se desprende tanto del Artículo 21 constitucional: “La imposición de las penas, su modificación y duración son f e b r e r o 2014

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Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

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Las condiciones en reclusión penal como

mayor rigidez o pésimas condiciones de vida no obedecen a una determinación judicial, sino a excesos y

omisiones discrecionales de los auxiliares de la justicia

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propias y exclusivas de la autoridad judicial”, como del Artículo 89 constitucional, relativo a las atribuciones del Poder Ejecutivo, que establece entre ellas la de “Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones”. Lo anterior se traduce en la prohibición para los gobiernos federal y local de apartarse de los mandatos judiciales y del marco legal relativo cuando reciben a una persona privada de la libertad bajo su responsabilidad (no “a su disposición”, como suele decirse). Si a ello agregamos el poco explorado derecho humano “a la plena ejecución de las resoluciones judiciales” (Artículo 17 constitucional), concluimos que los encargados de las prisiones no tienen la potestad de graduar las penas.

La ausencia, hasta ahora, de un control judicial efectivo y directo sobre las prisiones explica en buena parte que las condiciones reales de ejecución de la pena en los dos grupos de prisiones identificadas rebasen el título legal que les presta legitimidad, esto es, la sentencia o el mandato judicial que impone la prisión preventiva. En efecto: • Las diferencias que observamos en la naturaleza de las condiciones en reclusión penal (algunas veces mayor rigidez; otras pésimas condiciones de vida) no obedecen a una determinación judicial, sino a excesos y omisiones discrecionales de los auxiliares de la justicia. • En nuestro régimen jurídico la única medida de intensidad de la pena es la duración impuesta por los jueces. La prisión sólo comprende la pérdida de la libertad y las consecuencias inherentes a esa situación; están descartadas las aflicciones adicionales por cuenta de los auxiliares, incluso las revestidas de medidas de seguridad. Afortunadamente, la reforma al Artículo 21 constitucional en 2008 senta las bases para que los jueces de ejecución restablezcan el orden de las piezas constitucionales. Con ello deberá completarse el destierro del sistema inquisitivo: tan absurdo es que seamos juzgados por el Ministerio Público en la averiguación previa, como que en la ejecución penal la autoridad administrativa desplace al juez.

El quiebre dogmático El desgobierno en las prisiones mexicanas (por exceso o por defecto) se agravó por la ideología de la readaptación social, abandonada por el Artículo 18 constitucional en 2008. Los presos ahora ya no serán considerados objeto de tratamiento, sino adultos responsables, sujetos de derechos y obligaciones. Bajo dicho modelo readaptador, la opinión de psicólogos y criminólogos ha sido

determinante para calificar si la persona privada de la libertad registra un cambio en lo íntimo de su ser; de lo contrario, se emite un dictamen “no favorable” cuyas consecuencias pueden ser más drásticas que las de la sentencia misma: cancelación de expectativas de libertad anticipada; reubicación dentro de la cárcel de origen; segregación temporal o permanente; traslado a otras prisiones o relegación; entre otras. El componente de la progresividad de la pena en el sistema de la readaptación social, lo condujo a establecer formas de restricción de la libertad distintas a la prisión que, a la manera de purgatorio de salida, constituyen espacios de transición entre la reclusión y la sociedad libre. Así se introdujo la preliberación y ahora el brazalete electrónico. La reinserción social incorporada en la Constitución, aunque todavía no en la ley, significa una oportunidad para la secularización del Derecho de ejecución penal: limitarlo a aplicar las consecuencias jurídicas del delito bajo un modelo de debido proceso, paralelo al aplicable para lograr juicios justos. Se trata de establecer un sistema de derechos y obligaciones para las personas privadas de la libertad (así, los internos conservan derechos, al tiempo que otros se les limitan y algunos se les amplían). La reinserción social no mirará hacia el fuero interno de los presos, sino hacia el cumplimiento de la pena. Mientras que en el modelo precedente el único destinatario de las normas de ejecución penal parecía ser el interno, las reglas en el nuevo sistema se dirigirán tanto a las autoridades administrativas —obligadas a promover y respetar los derechos humanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales— como a los presos. Las reglas serán más parecidas a las de la sociedad libre, donde tanto el presidente municipal como el tendero deben cumplir con una ley que ambos conocen. Así, el concepto de reinserción adquirirá una dimensión jurídica y no psicológica, moral o religiosa. La reintegración no significa la adopción de una nueva personalidad, sino

EL DATO EL NUEVO PARADIGMA PENITENCIARIO

• Bajo el nuevo modelo constitucional, los presos ya no serán considerados objeto de tratamiento, sino adultos responsables, sujetos de derechos y obligaciones • El concepto de reinserción adquirirá una dimensión jurídica y no psicológica, moral o religiosa • La reintegración no significa la adopción de una nueva personalidad, sino la restitución plena de los derechos y libertades como consecuencia del cumplimento de la sanción penal

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presente; al aquí y al ahora. Dentro de este modelo, los directivos y los internos solo responden por su conducta intramuros: no más, no menos. El Estado readaptador es un componente del Derecho Penal simbólico: aquél que confunde la intensidad y arbitrariedad de las penas con su efectividad, creyendo ilusamente que si se sanciona a ultranza a una de cada cien personas responsables, se logrará que las noventa y nueve restantes escarmienten en cuerpo ajeno y que, con ello, más de noventa y nueve millones de habitantes vivan seguros.

Los dilemas

Imagen: Lorena Sarre Alba

la restitución plena de los derechos y libertades como consecuencia del cumplimento de la sanción penal. De asumirse nuevos los principios constitucionales en la legislación ordinaria en discusión legislativa, la persona interna será afectada en su proyecto de vida sólo hasta donde sea necesario hacerlo para llevar a cabo su encerramiento, en vez de que se le expropie su futuro hasta donde sea posible. La reinserción social no atenderá al pasado criminal del preso (lo cual corresponde al juez del proceso), ni a su futuro (lo que en todo caso atañería al Ministerio Público y la policía), sino que se limitará al

El dilema no se presenta entre seguir transitando de las mazmorras locales a los bunkers federales (o incluso locales, como en Chihuahua), o en frenar este costoso tránsito, sino entre mantener las distintas formas de violencia institucional con que operan ambos modelos, o garantizar seguridad y condiciones decorosas en todas las prisiones. Para conseguir la gobernabilidad bajo este último esquema se requiere que la nueva legislación nacional de ejecución penal regule recursos procesales puntuales que favorezcan el ejercicio de los derechos constitucionales, ahora redimensionados; que los defensores hagan valer el nuevo marco normativo, y que los jueces de ejecución penal y de amparo asuman sus funciones a plenitud. De manera similar, en pocos años tras la caída del franquismo, las prisiones españolas mejoraron significativamente, por poner un ejemplo.•

La nueva legislación nacional de ejecución penal debe regular recursos procesales puntuales que favorezcan el ejercicio de los derechos constitucionales; asimismo, los defensores deben hacer valer el nuevo marco normativo, y los jueces de ejecución penal y de amparo asumir sus funciones a plenitud

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Desesperanza A continuación describo las circunstancias en que habitan las internas trasladadas a Islas Marías, según pude constatarlo y me fue narrado por ellas mismas en tres visitas que realicé entre 2011 y 2012. Se trata de un régimen que impone restricciones que no se justifican, que carecen de todo fundamento legal y que a todas luces no parecen orientadas por la racionalidad, la proporcionalidad o el sentido humano

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ELENA AZAOLA Antropóloga y psicoanalista. Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. eazaola@ciesas.edu.mx

1. Contra su voluntad. La gran mayoría de las internas dijeron haber sido trasladadas a Islas Marías de manera involuntaria y empleando medidas para intimidarlas o someterlas. Señalaron que no se les notificó su traslado con anticipación, sino que llegaron autoridades a buscarlas por la noche y las conminaron a firmar un documento en el que supuestamente lo aceptaban de manera voluntaria. En la mayor parte de los casos no se les permitió llevar consigo su ropa ni otros objetos personales, que con mucho esfuerzo habían logrado adquirir, e inclusive muchas no pudieron llevar los datos que les permitieran comunicarse

Cada noche duermen en nuestras prisiones 248 mil personas,

la mayoría de ellas en condiciones infrahumanas. Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Poco menos del 5%, alrededor de 11 mil, son mujeres, y las que han sido enviadas a al Complejo Penitenciario de Islas Marías son alrededor de 400 mujeres

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con sus familiares para informarles de su traslado. Para muchas resultó especialmente denigrante haber sido sacadas sólo con su ropa de dormir y sin ropa interior, además de que se les esposó y se les hizo mantener la cabeza agachada durante el viaje, y que, al llegar, se les desnudó e inspeccionó frente al grupo con el cual fueron trasladadas. Para algunas el agravio se prolongó, ya que tardaron algún tiempo en poder recibir ropa interior y para otras constituía también un agravio el que les hubieran dotado de ropa interior masculina.

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

La comida es insuficiente, de mala calidad y escaso valor nutritivo, y la mayoría de las internas padece con frecuencia de infecciones intestinales. Además, a aquellas que padecen enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes no se les proporciona la dieta especial que requieren

2. Engaños. Una parte minoritaria de las internas dijeron haber solicitado o haber aceptado su traslado, ya sea porque su pareja había sido previamente trasladada y tenían la expectativa de reunirse con ella, o bien porque les habían mostrado un video en donde aparecía un régimen de vida completamente distinto al que encontraron, un régimen en el que podían circular con cierta libertad por la Isla —donde incluso se mostraban un baile y una boutique—, además de que se les ofrecía que tendrían trabajo e ingresos y que podrían “pagar” su sentencia “al dos por uno”, es decir, que su sentencia podría verse reducida a la mitad. A estas mujeres les dolía haber sido engañadas y se sentían defraudadas por las autoridades que las habían convencido de esta manera a aceptar su traslado. 3. Dificultades para comunicarse. Indudablemente, la comunicación con su familia es la preocupación principal de las mujeres internas en Islas Marías. De hecho, la razón principal por la que se oponían a ser trasladadas era por el temor de alejarse del lugar donde viven sus familias y perder el contacto con ellas, tanto por vía telefónica como mediante visitas. Mientras que en el penal donde esta-

ban podían comunicarse diariamente con su familia, en la Isla sólo se les permite hacer una llamada de 10 minutos cada 15 días. Además, sólo se les permite registrar tres números telefónicos a los que pueden comunicarse, y si no encuentran a su familiar en dichos números o la trabajadora social que las comunica se equivoca al marcar, pierden su turno y deben esperar otros 15 días para tener contacto con su familia. Con frecuencia se topan con la actitud poco comprensiva por parte de las trabajadoras, quienes, con cualquier pretexto, dan por terminado su turno para llamar a sus familiares sin entender que ello les significa un mes sin poder tener noticias ni comunicarse con su familia. 4. Dificultad para recibir visitas. A pesar de que el régimen de la Isla les permite recibir la visita de sus familiares cada tres meses durante una semana, casi ninguna ha podido recibir a sus familiares ni piensa que podrá hacerlo, debido al alto costo que representa para las familias trasladarse desde distintas entidades hasta Mazatlán, donde deberán abordar el barco oficial que los conduce a la Isla. Para casi la totalidad de las internas esto significa que durante el f e b r e r o 2014

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Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

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tiempo que dure su estancia en la Isla no podrán ver a sus familiares, lo que es vivido como una pena adicional a la de la pérdida de la libertad, y como un derecho que, de facto, les ha sido arrebatado. 5. Prohibición de tener contacto con sus parejas. Tanto las internas que aceptaron su traslado por la expectativa de mantener contacto con su pareja que también fue trasladada, como aquellas que tienen familiares varones en la isla, o las que quisieran poder relacionarse con algún interno, han visto que todas sus gestiones han fracasado, pues de manera determinante se prohíbe a internos e internas todo tipo de contacto, de manera que se

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les niega el derecho a la visita conyugal. Las internas refirieron con particular dolor y preocupación que, con el propósito de impedir toda posibilidad de algún vínculo con internos, cada vez se les restringe más el espacio y se les impide abandonar el área donde se encuentra el Centro Femenil, o bien se les imponen severos castigos de aislamiento a aquellas que lograron tener algún contacto mínimo con algún interno. 6. Falta de trabajo, de actividades y de ingresos. Otro de los puntos que las internas resienten es haber perdido el trabajo y la posibilidad de obtener algún ingreso como el que tenían en los penales donde

se encontraban, lo que no sólo les permitía hacerse cargo de sus necesidades más elementales, sino también enviar alguna pequeña cantidad para la manutención de sus hijos. Sólo unas cuantas internas reciben ingresos, ya sea por lavar ropa de algunos oficiales, o bien por la elaboración de tortillas, pero el resto no tiene trabajo ni ingreso alguno y tampoco cuentan con otras actividades que puedan darle sentido al tiempo. Muchas mujeres que estaban acostumbradas a ser activas y trabajar sienten una enorme tristeza que intentan apagar durmiendo en exceso. Las actividades educativas son también muy escasas: unas cuantas acuden a lecciones de alfabetización y otras más a clases de inglés que les imparte una interna. Dado que la mayoría no tiene ingresos, resienten aún más no recibir o recibir con mucha demora los bienes que sus familiares les han enviado. 7. Condiciones de vida indignas. Les preocupa la situación de las internas que recién llegan y tienen que pasar un periodo de tres meses mientras se les realizan estudios y se encuentran en observación. Estas internas viven hacinadas en un área que no cuenta con baños y que sólo dispone de algunas casetas sanitarias portátiles que están permanentemente sucias y llenas de moscas, donde, además, se les obliga a ducharse ya que se les prohíbe hacerlo en sus habitaciones. También refirieron que la comida es insuficiente, de escasa variedad y valor nutritivo y de mala calidad, lo que explica que la mayoría de las internas padezca con frecuencia de infecciones intestinales que en ocasiones llegan a prolongarse hasta por 15 días. De igual modo refirieron que a las internas que padecen enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes no les proporcionan la dieta especial que requieren. 8. Atención médica deficiente. Las internas refirieron que la atención médica es deficiente, especialmente para aquellas que han padecido infecciones intestinales hasta por 15 días sin recibir medi-

camento, así como para aquellas que tienen padecimientos crónicos que no son adecuadamente tratados por falta de los medicamentos necesarios. Tampoco la isla cuenta con un ginecólogo, no obstante que varias internas se encuentran embarazadas. 9. Incertidumbre jurídica. Un tema que es particularmente sensible es la necesidad de tener un panorama claro respecto a su situación jurídica y a la duración de sus penas. Las internas refieren que la isla no cuenta con personal que esté dispuesto a revisar sus casos y atender sus dudas respecto a la posibilidad que tienen, o no, de obtener beneficios. A dicha incertidumbre se le añade la falta de un reglamento que norme la vida del Centro Femenil y que brinde parámetros claros, tanto respecto de los límites a que debe ajustarse el comportamiento de las internas, así como también el de las autoridades. Sin este reglamento es claro que se hallan a expensas de la discrecionalidad y de los posibles actos arbitrarios por parte de la autoridad. 10. Malos tratos, humillación y abusos por parte del personal. Quizás por encima de los puntos antes señalados, el que mayor preocupación e inquietud me generó fue el de una actitud de rechazo, desprecio y maltrato constante por parte de la mayor parte del personal hacia las internas. Aun cuando este maltrato pudiera, al menos en parte, tener como origen el propio malestar que el personal refiere al sentirse sometido a un régimen similar al que se aplica a las internas, de ninguna manera se justifica. El hecho de que durante los meses previos a mi visita cinco internas hubieran intentado privarse de la vida nos habla de una situación poco común que las autoridades deberían escuchar de manera cuidadosa a fin de efectuar los cambios que se requieren para eliminar las causas profundas que, desde el régimen que se ha instaurado, alimentan la desesperanza y la pérdida de sentido.•

Debido al alto costo que representa para sus familias visitarlas, durante el tiempo que dure su estancia en la Isla no podrán ir a verlas, lo que es vivido como una pena adicional a la de la pérdida de la libertad, y como un derecho que, de facto, les ha sido arrebatado

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COLABORACIÓN ESPECIAL

GABRIELA J. SALDÍVAR HERNÁNDEZ Investigadora en Ciencias Médicas “D” en la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” saldivh@imp.edu.mx

La forma sutil de la violencia sexual En una relación amorosa o de noviazgo se esperaría que se incluyera una interacción sexual de tipo positivo y deseada; desgraciadamente, en ocasiones ésta puede implicar algún tipo de violencia sexual, generando grandes problemas en las áreas de la salud mental, sexual y reproductiva de los sujetos que la sufren(II)

n la mayoría de las culturas, el noviazgo es una etapa de experimentación y de búsqueda para los jóvenes y adolescentes, en donde el enamoramiento, el juego, el flirteo y la aventura de conocer a otra persona los hace sentir diferentes. También es cierto que brinda la oportunidad de vivir situaciones nuevas que les permite crecer, y en ocasiones, puede llegar a ser un preámbulo para una relación de mayor duración. Sin embargo, existen cierto tipo de experiencias como la violencia, que no siempre son funcionales para iniciar una pareja estable. Este tipo de violencia entre los jóvenes y adolescentes está comenzando a ser reconocida como un serio problema

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que se afronta en la actualidad en las relaciones de parejas jóvenes. Si bien es cierto que la violencia en el noviazgo es un fenómeno menos estudiado que la violencia marital, se han detectado principalmente tres tipos de violencia es esta etapa: la física, la psicológica y la sexual(I). Asimismo, diversos estudios mencionan que el tipo de violencia menos frecuente en las relaciones de noviazgo es el de tipo sexual, sin embargo, la violencia sexual es un fenómeno donde hombres y mujeres pueden ser víctimas, y varias investigaciones documentan que es un fenómeno que afecta predominantemente a las mujeres y niñas de distintas edades, condiciones de vida y regiones geográficas. Para acotar un poco el gran espectro

COERCIÓN SEXUAL Imposición de acercamientos no deseados a una persona por parte de otra para obtener cualquier tipo de actividad sexual

QUÉ ES

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

que puede definir a la violencia sexual, recientemente se está estudiando uno de sus tipos: la coerción sexual, definida como la imposición de acercamientos sexuales no deseados a una persona por parte de otra para obtener cualquier tipo de actividad sexual que puede incluir besos, caricias, penetración o sexo (oral, vaginal o anal)(II).

Las tácticas de coerción sexual pueden variar desde la presión psicológica o física, incluyendo la intimidación, el chantaje, las amenazas de daño físico y las lesiones. Este tipo de violencia se diferencia de la violencia física ya que atenta en primera instancia contra la libertad sexual de la persona y no solamente contra su integridad física(III). f e b r e r o 2014

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COLABORACIÓN ESPECIAL

Aunque es un fenómeno que afecta predominantemente a mujeres, ellas también llegan a ejercer coerción sexual hacia los hombres, a través de tácticas como: insinuaciones sexuales; uso de violencia física; uso de la violencia verbal; cuestionamiento de la preferencia sexual; y uso de alcohol y drogas En los últimos años se ha encontrado que la coerción sexual se asocia con muchas consecuencias físicas y psicológicas para las víctimas, como los embarazos no planificados, síntomas de estrés postraumático, depresión, salud sexual no plena, bajo desempeño académico, entre otros.

No se ve como un problema Un elemento en común que se puede encontrar en las definiciones de coerción sexual es la “presión a hacer algo que no se quiere”. En estos casos, la presión se define

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como un tipo de coerción psicológica en la cual se involucran la persuasión verbal; la amenaza de “dejar de querer”; el soborno; o la intoxicación por algún tipo de sustancia. Este tipo de presión psicológica es utilizado principalmente por los hombres, sin embargo, también las mujeres llegan a ejercer coerción sexual hacia su pareja masculina. Es muy importante señalar que cuando se está en una relación de pareja, ya sea iniciando o con un poco más de tiempo, existen ciertas conductas en el área sexual que no son identificadas como un problema o algún tipo de violencia, ya que se ven como formas normales de la relación; por ejemplo, existe la creencia de que en los roles tradicionales de género los hombres tienen que insistir cuando una mujer dice “No” a un avance sexual. Porque “No” significa “Sí”, pero dentro de los roles masculinos tradicionales un hombre cree que una mujer dice “No” al principio, porque no quiere parecer “tan accesible” a la conducta sexual. Cuanto más sutil es el tipo de presión verbal para tener accesibilidad a algún tipo de gratificación sexual, más difícil será reconocer para hombres y mujeres que están sufriendo este tipo de violencia, esto se debe a que los involucrados en la relación no conocen la definición o tácticas relacionadas con este fenómeno. En una investigación cualitativa realizada en estudiantes universitarios mexicanos para conocer el significado de coerción sexual y las tácticas utilizadas por hombres y mujeres, se encontró que no es fácil para los estudiantes reconocer o definir el término de coerción sexual como un evento posible en una relación de pareja(IV).

Perspectivas interna y externa Los hombres y las mujeres de esta investigación asocian más el término con violencia hacia las mujeres en donde puede existir la fuerza física o una violación; en menor medida el término se identifica con la violencia familiar. Dada la sutileza de muchas de tácticas

utilizadas en la coerción sexual no es fácil poder definir el fenómeno por parte de las personas que la sufren, ya que se pueden manejar dos perspectivas: la interna y la externa. La perspectiva interna es cuando la víctima incluye los sentimientos negativos de la pérdida de control ante la relación sexual no deseada, o la víctima no quiere reconocer el evento coercitivo como tal por miedo a reconocer que ha sufrido violencia o porque la contextualiza como natural en una relación. La perspectiva externa en este caso podría ser cuando una persona externa a la relación, como un amigo, menciona a la víctima que ciertas conductas como presionar a tener conductas sexuales no deseadas o no obtener gratificación sexual son parte de la coerción sexual. La persona externa a la relación (perspectiva externa) puede identificar la presión vivida por el sujeto en el evento sexual, pero la víctima (perspectiva interna) no lo reconoce como tal, ocasionando que el fenómeno de la coerción sexual sea difícil de identificar y evidenciar.

con el derecho de cometer el delito sexual argumentando “me sedujo”, ya que existe una delgada línea entre donde termina la seducción e inicia la coerción sexual. Por lo tanto, al no comprender de una manera clara el concepto y las conductas involucradas en la seducción, se origina que un alto porcentaje de víctimas no reconozca que está viviendo un evento de violencia sexual en su relación de pareja(V).

Tácticas directas e indirectas Los tipos de tácticas más utilizados por hombres y mujeres para obtener un encuentro sexual van desde las tácticas verbales hasta el uso de la fuerza física. En la literatura se han identificado dos formas básicas de tácticas de coerción sexual: las indirectas y las directas. Las tácticas indirectas son estrategias en las que la persona oculta su propósito sexual y que, preci-

Para muchos otros es particularmente difícil determinar los límites entre la seducción y la coerción, ya que no saben identificar los eventos violentos. La seducción, al igual que los conceptos como el amor, la tristeza, la soledad, etcétera, ha tratado de ser definida por ciertas áreas de las ciencias sociales, pero sólo se ha llegado a una aproximación de los conceptos: se le conoce como el “arte de ligar”, y se basa primordialmente en tácticas de negociación, en una serie de señales que cada uno de los individuos tiene que descifrar según su realidad, donde se tiene que deducir si la otra persona te está “dando entrada” o si sólo te quiere “como amigo(a)”. Las estrategias de seducción requieren de la participación de la conciencia, la inteligencia y la voluntad de ambos miembros de la pareja, ya que en muchas ocasiones el término de seducción es utilizado a favor de los agresores, pues estos se sienten

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Actos de “seducción normal”

Es importante el desarrollo de estrategias de prevención temprana diseñada para adolescentes que les permita adquirir las habilidades necesarias para iniciar relaciones románticas libres de este tipo de violencia

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COLABORACIÓN ESPECIAL

Es necesario concienciar a las y los jóvenes y a la sociedad en general sobre las conductas violentas que se consideran “naturales”, “normales” y hasta “adecuadas” en las relaciones sexuales durante el noviazgo

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samente por su sutileza, pueden ser muy efectivas para lograr el objetivo pues “confunde” a la víctima al disfrazar la intención (obtener el comportamiento sexual deseado) por otro motivo (obtener “una prueba de amor”, por ejemplo). Las tácticas directas son estrategias en donde la persona usa abiertamente la fuerza física o psicológica para obligar a que la persona se involucre en cierta actividad sexual. Entre las tácticas de tipo verbal más usadas destaca la amenaza de terminar la relación si el encuentro sexual no ocurre. En una investigación realizada en México en 320 estudiantes universitarios se encontró que un 33.4% de la muestra total menciona que ha sido víctima de coerción

sexual (VI). Las mujeres (56.1%) reportan haber sido víctimas principalmente de coerción sexual a diferencia de los hombres (43.9%.). El grupo que ha sufrido coerción menciona a el o la novio(a) (57%) como el o la principal perpetrador(a), seguido(a) del amigo o la amiga (22.4%); un o una conocido(a) (14.7%), etcétera. Un 9.4% de la muestra total menciona que ha ejercido coerción sexual hacia su pareja. Los hombres (83.3%) reportan haber ejercido principalmente coerción sexual hacia su pareja a diferencia de las mujeres (16.7%). También en este mismo estudio se preguntó sobre las tácticas utilizadas por hombres y mujeres para obtener cualquier

tipo de gratificación sexual por parte de su pareja. En general los y las participantes mencionan que las tácticas indirectas son las más utilizadas por los hombres. El tipo de tácticas indirecta más utilizadas por los hombres fueron el chantaje (26.6%); los engaños verbales (20.9%); amenazas psicológicas (10.6%); prueba de amor (17.2%); y el uso de la caballerosidad (3.4%). En cuanto a las tácticas directas utilizadas por los hombres se encontró que fueron las frases insistentes (13.1%); el uso de violencia física (2.8%); las amenazas de violencia física (1.9%); tocamientos insistentes (1.6%); y el uso de alcohol y drogas (2.2%). En cuanto a las tácticas utilizadas por las mujeres para obtener algún tipo de gratificación sexual por parte de su pareja,

el uso de las tácticas indirectas en mujeres fue de la más frecuente, entre las más utilizadas están el chantaje (19.7%), los engaños verbales (14.1%) y las amenazas psicológicas (2.8%). Los tipos de tácticas directas más frecuentes utilizadas por mujeres fueron: insinuaciones sexuales usando el cuerpo o frases insistentes (36.9%); uso de violencia física (0.3%); uso de la violencia verbal, cuestionando la preferencia sexual del hombre (12.2%); y uso de alcohol y drogas (1.6%). Es cierto que el fenómeno de la violencia en pareja no es un fenómeno exclusivo de las parejas establecidas, también está presente en las relaciones de pareja nuevas, no formales o en proceso de establecimiento formal como el noviazgo.•

¿QUÉ HACER? La coerción sexual en el noviazgo ha sido evidenciada en varios estudios a nivel internacional, encontrándose consecuencias a nivel social, legal y de salud física y mental. Por tal motivo, siendo un fenómeno que existe en nuestra sociedad, es importante el desarrollo de estrategias de prevención temprana diseñada para adolescentes que les permita adquirir las habilidades necesarias para iniciar relaciones románticas libres de este tipo de violencia. Para el grupo de jóvenes es importante implementar programas de prevención e intervención, para que hombres y mujeres sean capaces de identificar un evento en donde perciban que están siendo presionados a tener un encuentro sexual no deseado. Los programas de educación sexual dirigidos adolescentes y jóvenes tienen que contemplar una perspectiva de género, donde exista un desmantelamiento de los estereotipos sexuales que podría ayudar a mujeres y hombres jóvenes a entender lo que los impulsa a tener relaciones sexuales (tomando en cuenta aspectos en lo físico, lo psicológico y lo social) y se

permita explorar otros medios para cumplir necesidades de tipo sexual, con el fin de reducir el riesgo de coerción sexual en sus relaciones de pareja, enfatizando la noción de derechos de las personas para erradicar las desigualdades de poder y así eliminar cualquier tipo de violencia. También se tiene que cuidar que dichos programas estén integrados entre escuela, sociedad y comunidad. En materia de derechos sexuales y reproductivos, es necesario concienciar a las y los jóvenes y a la sociedad en general sobre todas aquellas conductas violentas que se consideran “naturales”, “normales” y hasta “adecuadas” en las relaciones sexuales durante el noviazgo. Sobre todo, es importante que se vaya reconociendo que estas formas de ejercer control y poder pueden constituir el preámbulo para conductas más graves de violencia sexual. Se necesita crear modelos de intervención efectivos en donde se enseñe una forma de convivencia sexual y erótica más informada y libre en los jóvenes, para poder fomentar una sexualidad libre violencia.

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COLABORACIÓN ESPECIAL

SYLVIA MARCOS Directora del Centro de Investigaciones Psicoetnológicas de Cuernavaca, Morelos. Tiene un post-doctorado en Psicología y Sociología de las Religiones de la Universidad de Harvard; es profesora visitante de la Facultad de Estudios de las Religiones del Posgrado de la Universidad de Claremont, CA; integrante y fundadora del seminario permanente de Antropología y Género del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM; e integrante del comité directivo permanente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Es autora de varios libros, numerosos artículos y ha publicado ampliamente sus investigaciones etnohistóricas en el área de género, religiones mesoamericanas, epistemologías tradicionales, sobre el Curanderismo y sobre Derechos Humanos y Globalización. Fue consultora de la Primera Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas (Oaxaca, Dic. 2002) y ha participado y organizado varios talleres con mujeres indígenas de varias regiones de México y de Sudamérica sobre Derechos de las mujeres. Fue fundadora del Centro de documentación de CIDHAL, y profesora de psicología social y psicología sexual de la primera generacion de la Escuela de Psicología de la UAEM.

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Derechos humanos y mujeres indígenas (Segunda y última parte)

En el resumen ejecutivo sobre “Género desde la visión de las mujeres indígenas”, de la Primera Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas(I) se evidencia la búsqueda de un puente necesario con las luchas del movimiento amplio de mujeres. Empleando el concepto de derechos humanos, se reconocen ciertas comunalidades—sobre todo con respecto a la lucha en contra de la violencia de género—, pero también serias diferencias. Género y “derechos humanos de las mujeres”

os desencuentros entre el movimiento amplio de mujeres indígenas y el feminismo son interpretados por aquéllas como producto de la pertenencia a una etnia y una clase social.

Por otro lado, en relación con las particularidades de su concepción autóctona de género, se establece otra gran división. Tarcila Rivera me envió una carta, en abril de 2004, pidiéndome que participara en la IV Reunión del Enlace Continental de Mujeres Indígenas. En su misiva me explicaba cuál era el valor que ella veía en mi participación: “para que nos ayudes a

Ellas son un nexo facilitador que agranda las posibles prioridades exclusivas de los pueblos indígenas. Tienden un puente amplio hacia la sociedad en general, hacia las mujeres todas, hacia los y las desposeídas. Son vínculo y recreación de otra colectividad que empieza en ellas desde abajo y a la izquierda —donde está el corazón— para incorporarnos a todas.

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desprejuiciar ese concepto de género desde nuestra visión indígena”(II). Como es bien sabido, las múltiples teorizaciones sobre la construcción del género han sido aportadas, en gran medida, por teóricas feministas de tradición intelectual euronorteamericana. Algunas de estas teorías no son aplicables a los pueblos indígenas. Para comenzar, si el género —explicándolo muy sencillamente— se define comola construcción cultural sobre la diferencia sexual, habría que elaborar teorías muy finas y matizadas que incorporen detalladamente los aspectos culturales que modifican la percepción de los seres, empezando por lo “biológico”. La división misma entre sexo y género —como categorías mutuamente excluyentes— entraría en debate… y esto es sólo el principio. Se sabe que en varias comunidades lo que define si un ser es femenino o masculino no son sus ca-

racterísticas genitales —el sexo—, sino la manera como este ser interactúa con su medio colectivo social y familiar, o sea, el género. Entonces, en estos mundos, la diferencia y definición de varones y mujeres empieza con el género y no con la anatomía: el sexo(III). Lo que quisiera enfatizar aquí es aquello que expresan de incomodidad y rechazo las mujeres indígenas cuando se les hacen propuestas de “justicia de género” desde el contexto de las mujeres urbanas. Algunas referencias al documento de Género de la Cumbre en Oaxaca pueden darnos pistas para saber en dónde se sitúan ellas en sus relaciones con los varones de sus comunidades, así también sabremos respetar sus prioridades y sus especificidades. El género en los mundos mesoamericanos indígenas está concebido en el marco f e b r e r o 2014

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Foto: Eduardo Loría Casanova

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Al reclamar

el derecho a la forma en que su cosmovisión concibe el género, las mujeres indígenas revelan el lugar del que emanan sus luchas

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del concepto de dualidad. Todo el universo se rige en estos términos. Masculino y femenino son complementarios; sin embargo, al reclamar, como parte de sus derechos, el derecho a la forma en que su cosmovisión concibe el género, revelan el lugar del que emanan sus luchas: “La dualidad como teoría existe en nuestra cosmovisión y en nuestra costumbre, pero en la práctica se ven muchas situaciones donde solamente el hombre decide (…) Los medios de comunicación, las escuelas y muchos otros elementos han influido para que este principio de la dualidad esté un poquito tambaleante(IV)”. Este es un lugar simbólico que ellas quieren recuperar, revitalizar, en vez de transitar haciala forma como las mujeres urbanas enmarcan el género en sus reivindicaciones. Las mujeres indígenas están muy activas,reconceptualizando todas las costumbres que atentan contra la dignidad de las mujeres: violencia de todo tipo, obligación de casarse por arreglos de los padres, desprecio por su condición como mujeres. “(…) Desde que somos niñas, piensan que no valemos”, decía la comandanta Esther en el recinto de la Cámara de Diputados, en 2001.

Pero esa evaluación menospreciadora de un polo de la dualidad no corresponde a la filosofía de sus pueblos, a la ancestral ni a sus pervivencias contemporáneas. Ellas reconocen la dualidad y la exigen ahora, en la complementariedad con el varón. Y ahí empieza otra gran confrontación con el feminismo de la igualdad —y con los derechos humanos concebidos desde una filosofía individualista (los derechos de la persona individual)—. El sujeto de derecho es un ser independiente, y no interdependiente como lo es en los pueblos indígenas, donde la interconexión no sólo existe entre varón y mujer, sino también entre las colectividades más amplias como la familia extensa, la comunidad, el pueblo y mas allá aun, con los seres de la naturaleza toda. En el Encuentro de Mujeres Zapatistas con Mujeres del Mundo, en el Caracol de la Garrucha, en diciembre de 2007, escuchamos a las mujeres expresarse así: “Luchar junto a ellos”; “podemos caminar juntos, compañeros y compañeras”; “tengamos respeto, hombres y mujeres”; “tengamos unidad”; “caminemos juntos”; “nuestra lucha no es sólo para nosotras las mujeres indígenas, sino para todos los pueblos

indígenas y no indígenas”; “yo como niña tengo derecho a todo”; “yo como niña tengo derecho de hacer lo que me gusta”(V). Para ellas, la equidad entre los géneros es concebida y denominada “equilibrio” entre los dos opuestos: lo femenino y lo masculino. Este “equilibrio” estabiliza momentáneamente las polaridades y sus extremos. Estamos ante todo un programa de re-conceptualización, tanto del término “derechos humanos”, como del de “relaciones de género”. En el “Mandato” de la Primera Cumbre Continental de Mujeres Indígenas de AbyaYala(VI), leemos: “Con base en los principios cosmogónicos, y teniendo como premisa que nuestras culturas son cuna de valores fundamentados en el equilibrio, la armonía, la reciprocidad y la complementariedad (…)”. Estas dimensiones y reelaboraciones son perceptibles en ese movimiento de mentalidades incesante gestado y gestionado —dirigido— por las mujeres de los pueblos indígenas. La comandanta Esther expresaría para la movilización de Vía Campesina(VII): “También le queremos decir a los hombres que nos respeten nuestro derecho como mujer (…) Pero no lo vamos a pedir de favor, sino que lo vamos a obligar a los hombres que nos respeten. Porque muchas veces el maltrato que recibimos las mujeres no sólo lo hace el rico explotador. (…) Entonces, decimos claro que, cuando exigimos respeto a las mujeres, no sólo lo demandamos de los neoliberales, también se lo vamos a obligar a los que luchan contra el neoliberalismo y dicen que son revolucionarios,

pero en su casa son como el Bush (…). Es importante pasar del discurso a la práctica de nuestros valores cosmogónicos, desde lo personal, lo familiar, lo comunitario y en nuestras organizaciones”.

Defensa y recuperación de la espiritualidad indígena Los pueblos indígenas del continente están reclamando el derecho a vivir y expresar su espiritualidad. Este reclamo se sustenta en el ámbito de los “derechos culturales”; es decir, es relativo a aquellos derechos que han venido a expandir el ámbito de los “derechos humanos”. La espiritualidad ha sido asociada, generalmente, al ámbito religioso y cristiano, y particularmente al católico —sobre todo en América Latina—. La espiritualidad que reclaman los pueblos indígenas es la espiritualidad en su dimensión “indígena”. Es una “espiritualidad que no es una religión”, como lo afirman las mujeres indígenas mexicanas en su respuesta a los obispos de la Comisión Episcopal de Indígenas, emitida durante la Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas. Es una espiritualidad que se deslinda frecuentementede las creencias católicas aunque —a veces— conserve visiblemente las imágenes, desprovistas ya de sus significantes originales yresignificadas. La espiritualidad así concebida demanda la recuperación de los espacios sagrados destruidos y vandalizados por los conquistadores, colonizadores y violentos catequizadores que llegaron a estas tierras.

REFERENCIAS: I. Primera Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas, Oaxaca, diciembre de 2002. II. Comunicación epistolar privada, Rivera-Marcos. III. Henrietta Moore, A Passion for Difference, Bloomington, Indiana University Press, 1994, p 24. Para un desarrollo mayor de este tema ver: Marcos, Sylvia, “La construcción del género en Mesoamérica: un reto epistemológico”, 1996. IV. Doc. “Género”, 7. V. Notas personales de la autora. 30 de mayo de 2009. VI. Cancún, sept., 2003. http:// www.nodo50.org/pchiapas/ chiapas/documentos/ cancun.htm#2 VII. Mandato de las Mujeres Indígenas de AbyaYala, 2009. VIII. Memoria”, p. 44. IX. Sierra, T., op. cit., p.19. X. Véase: http://www.ilo.org/ public/spanish/region/ampro/lima/ publ/conv-169/convenio.shtml XI. Convención de Belem do Pará, Brasil, junio de 1994. XII. Véase: http://chiapas. indymedia.org/display. php3?article_id=121813 XIII. En Bellinghausen, H. y S. Chávez ., La Jornada, 7 de mayo de 2006.

En los pueblos indígenas el

sujeto de derecho es un ser interdependiente y la interconexión

no sólo existe entre varón y mujer, sino también entre las colectividades más amplias como la familia extensa, la comunidad, el pueblo y los seres de toda la naturaleza f e b r e r o 2014

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Existe incomodidad y rechazo por parte de las mujeres indígenas cuando se les hacen propuestas de “justicia de género” desde el contexto de las mujeres urbanas Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Un ejemplo, en los tiempos de la Cumbre de Mujeres Indígenas de América, en Oaxaca, México, fue la demanda de iniciar la Cumbre con una ceremonia en la ciudad sagrada de Monte Albán, en el mismo estado de Oaxaca. “Más de 60 mujeres indígenas: zapotecas; mixes; mixtecas; chontales; tzotziles; tzeltales; k‘iche’s; kaqchikeles; q’eqchi’s; poqomames; tzutujiles; popti’; chorti’s; mames; achi’es; y q’anjobales; de 28 organizaciones y varias comunidades de Oaxaca, Chiapas y Guatemala, unidas en nuestras diversidades, cosmovisiones, necesidades y experiencias de trabajo y esperanzas de justicia y dignidad, hemos reflexionado colectivamente sobre nuestras reivindicaciones: “Estamos recuperando y fortaleciendo las prácticas ancestrales y la espiritualidad de nuestros pueblos; “Estamos promoviendo un desarrollo con identidad basado en la cosmovisión de los pueblos indígenas…”. La “espiritualidad indígena” no es asun-

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to de iglesia, de devoción personal o de creencias individuales. Es aquello que unifica e identifica a las colectividades; que les da una cohesión. Es lo que se recupera de los ancestros, lo que dota de sentido a sus luchas políticas y sociales. No es, en definitiva, una religión institucional. El “Mandato”de AbyaYala” demanda: “Respeto a los lugares sagrados y la administración de los mismos desde nuestros pueblos; rescatamos la cosmovisión indígena de los pueblos para mantener viva la espiritualidad y la cultura; exigimos que nuestra cosmovisión no sea folclorizada por parte de los Estados y las empresas privadas”(VIII). Y en las resoluciones de las mesas de trabajo: Género desde la Visión de las Mujeres Indígenas: “Instamos a las organizaciones de mujeres indígenas a profundizar, analizar y socializar propuestas sobre cómo abordar la perspectiva de género desde la cosmovisión de los pueblos indígenas y encaminar nuestras acciones en parámetros comunes”(IX).

Demandas de justicia transculturales/ transnacionales Las demandas de las mujeres indígenas por sus “derechos” no se refieren solamente al derecho indígena al interior de los sistemas normativos indígenas, sino que apuntan a garantizar un acceso a la jurisdicción del Estado y a las instancias oficiales de salud, educación, etcétera con base en la no discriminación y el respeto(X). Esta última es una importante reflexión, ya que las mujeres indígenas, en su condición de pueblos originarios, apelan ensus instancias internas a los sistemas normativos indígenas. Con ellos también luchan por la implementación del Convenio 169 de la oit(XI), que atañe a los derechos de sus comunidades indígenas. Pero, como mujeres, establecen más fácilmente un vínculo por encima de sus particularidades étnicas y de sus comunidades y aun más allá, con otras mujeres afuera de sus linderos regionales. Crean una nueva colectividad. Están reformulando e interpelando al Estado para que cumpla muchos de los compromisos suscritos internacionalmente —como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres(XII). Se unen a las mujeres todas de México y del mundo para exigir el derecho a una vida libre de violencia y a que se considere la violencia

contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. En el “Pronunciamiento de Mujeres de Chiapas en contra de la Represión gubernamental en San Salvador Atenco”(XIII), leemos: “(…) a todas las presas y heridas, desaparecidas, les decimos: ¡No las dejaremos solas! (…) también queremos decir que cuando las mujeres denunciamos la violencia en nuestra contra, las autoridades y los que tienen poder nos niegan o lo esconden y lo minimizan, por eso no nos extraña que ahora las mujeres detenidas denuncien que fueron violadas, y las autoridades lo nieguen. Siempre hacen eso (…) Compañeras mujeres: Estamos con ustedes porque en Chiapas sabemos lo que sufren las mujeres cuando hay matanza y represión” Así, ellas son un nexo facilitador que agranda las posibles prioridades exclusivas de los pueblos indígenas. Tienden un puente amplio hacia la sociedad en general, hacia las mujeres todas, hacia los y las desposeídas. Son vínculo y recreación de otra colectividad que empieza en ellas desde abajo y a la izquierda —donde está el corazón— para incorporarnos a todas. En el cuarto Congreso Nacional Indígena, las delegadas mazahuas ofrecieron entregarse 50 de ellas a cambio diez presas de Atenco. Como actitud innovadora emergente de sus luchas, no dejan de enfatizar sus particularidades: “Lo importante de los tiempos nuevos —dijo una rarámuri de Chihuahua— es que hemos empezado a valorar otra vez nuestras costumbres”(XIV).•

LUCHAS FUNDAMENTALES Las mujeres indígenas están muy activas, reconceptualizando todas las costumbres que atentan contra su dignidad: violencia de todo tipo, obligación de casarse por arreglos de los padres y desprecio por su condición como mujeres • “El ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas empieza por empoderarnos de nuestras vidas y nuestros cuerpos y rechazar toda forma de violencia” • “La realización del Buen Vivir se fundamenta en la reconstrucción de la complementariedad entre mujeres y hombres y con todos los seres que habitan los territorios” • “Los Estados son los responsables de garantizar derechos individuales y colectivos reconocidos a nivel nacional e internacional, respetando la Autonomía y la libre autodeterminación de los pueblos” Fuente: Citas con base en la Declaración de la II Cumbre de Mujeres de AbyaYala, que tuvo su sesión final el 15 de Noviembre de 2013

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COLABORACIÓN ESPECIAL

MANUEL CAMPA Especialista certificado “In Tempore” por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana (U.V.) desde 1966; fue Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz de 1999 a 2008.

Fundamentos legales de la planif icación familiar

a Ley General de Población, promulgada el 23 de diciembre de 1947, muestra la tendencia pronatalista de nuestro país; en los artículos relativos a los problemas demográficos, el artículo segundo decía: “El aumento de la población debe procurarse: I) Por el crecimiento natural y II) por la inmigración” Entre 1950 y 1960 México tuvo una tasa porcentual de crecimiento de la población de 3.1%. En el censo de 1970 se estimó una tasa de crecimiento demográfico de 3.4%, la más alta jamás observada en el país. En noviembre de 1969 se publicó en un diario de circulación nacional la siguiente noticia: “Tras el control natal se esconde una actitud pesimista respecto al futuro, se ignora la potencialidad de las nuevas generaciones en el mejoramiento de México; se calificó de sistema totalitario y se aseguró que lo importante es producir, crear riqueza y que, al contrario de lo que se piensa, urge poblar al país”. En diciembre de 1973 se incorporó en el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente párrafo: “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el de-

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sarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”. Como consecuencia de este precepto constitucional, en enero de 1974 se decretó la Nueva Ley General de Población, y para diciembre de ese mismo año se creó el Consejo Nacional de Población (conapo). Este es una instancia gubernamental, desconcentrada de la Secretaría de Gobernación, que tiene por objeto el diseño y la evaluación de las políticas públicas destinadas a regular el crecimiento de la población y los movimientos demográficos, así como la distribución de los habitantes de México en el territorio. El propósito de esta misión es favorecer las condiciones de igualdad de los mexicanos y la planificación de la dinámica demográfica en el país. El 28 de noviembre de 1977 en la IX Sesión del Consejo Nacional de Población se presentó el Plan Nacional de Planificación Familiar del Sector Salud, bajo la dirección de un Coordinador Nacional de Planificación Familiar, cambiando su nombre en 1989 por Servicios de Planificación Familiar y Salud Reproductiva. La Ley General de Salud se publica en Enero de 1984. En el capítulo IV, Servicios de Planificación Familiar, señala:

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Es primordial que todos los encargados de la educación y planificación familiar en nuestro país conozcan y apliquen estos fundamentos legales en todos los niveles de atención para elevar la calidad de vida de los mexicanos

Artículo 67 La planificación familiar tiene carácter prioritario. En sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa para los adolescentes y jóvenes; asimismo, para eliminar el riesgo reproductivo se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia del embarazo antes de los 20 años, o bien después de los 35, así como la conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser oportuna, eficaz y completa a la pareja. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad. Quienes practiquen esterilización sin la voluntad del paciente o ejerzan presión para que este la

admita serán sancionados conforme a las disposiciones de esta ley, independientemente de la responsabilidad penal en que incurran. En materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad que se trate.

Artículo 68 Los servicios de planificación familiar comprenden: I.- Promoción del desarrollo de programas de comunicación educativa en materia de servicios de planificación familiar y educación sexual, con base en los contenidos y estrategias que establezca el Consejo Nacional de Población. II.- La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar. f e b r e r o 2014

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COLABORACIÓN ESPECIAL

“El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos” (Artículo 4º, Constitución Méxicana)

III.- La asesoría para prestación de servicios de planificación familiar a cargo de los sectores público, social y privado y la supervisión y evaluación en su ejercicio, de acuerdo con las políticas establecidas en el Consejo Nacional de Población. IV.- El apoyo y el fomento de la investigación en materia de anticoncepción, infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana. V.- La participación en el establecimiento de mecanismos idóneos para la determinación, elaboración, adquisición, almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los servicios de planificación familiar. VI.- la recopilación, sistematización y actualización de la información necesaria para el adecuado seguimiento de las actividades desarrolladas.

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Artículo 69 La Secretaría de Salud, con base en las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Población para la prestación de servicios de planificación familiar y de educación sexual, definirá las bases para evaluar las prácticas de métodos anticonceptivos, por lo que toca a su prevalencia y a sus efectos sobre la salud.

Artículo 70 La Secretaría de Salud coordinará las actividades de las dependencia y entidades del sector salud para instrumentar y operar las acciones del Programa Nacional de Planificación Familiar que formule el Consejo Nacional de Población, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Población y de su reglamento, y cuidará que se incorporen al programa sectorial.

Artículo 71 La Secretaría de Salud prestará a través del Consejo Nacional de Población, el asesoramiento para la elaboración de programas educativos en materia de planificación familiar y educación sexual le requiera el sistema educativo nacional. El 30 de Mayo de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM.005-SSA2-1993, “De los Servicios de Planificación Familiar”, cuyo objetivo es uniformar los criterios de operación, políticas y estrategias para la prestación de los servicios de planificación familiar en México, dentro de un marco de absoluta libertad y respeto a la decisión de los individuos y posterior a un proceso sistemático de consejería, basada en la aplicación del enfoque holístico de la salud reproductiva. Esta Norma es de observancia obligatoria en todas las unidades de salud, para la prestación de los servicios de planificación familiar de los sectores públicos, social y privado del país. En ella se define la Calidad de Servicios de Planificación Familiar como la forma en que los individuos y las parejas reciben atención por los servicios de planificación familiar, y considera seis elementos: • Variedad de métodos anticonceptivos disponibles para la decisión • Información que se proporciona a los usuarios

• Competencia técnica de los prestadores de servicios • Relaciones interpersonales de los prestadores de servicio y los usuarios • Mecanismos de seguimiento para favorecer la continuidad del uso de los métodos anticonceptivos • Un conjunto apropiado y coordinado de servicios de salud La Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 1993, en su modificación en 2008 al Artículo 7º, fracción X, señala: “Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas riesgos y consecuencias”. Es primordial que todos los encargados de la educación y planificación familiar en nuestro país conozcan y apliquen estos fundamentos legales en todos los niveles de atención para favorecer en elevar la calidad de vida de los mexicanos. El conocimiento, comprensión, difusión y correcta aplicación de estos preceptos contribuyen en la planeación y bienestar de la familia, reduciendo las infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados.•

La Planificación Familiar tiene como propósito contribuir a la disminución de los embarazos no planeados y no deseados mediante: A. Prevención B. Orientación y Consejería C. Atención especial y Específica

NOM.005-SSA2-1993 La Norma “De los Servicios de Planificación Familiar” tiene como objetivo uniformar los criterios de operación, políticas y estrategias para la prestación de los servicios de planificación familiar en México, dentro de un marco de absoluta libertad y respeto a la decisión de los individuos y posterior a un proceso sistemático de consejería, basada en la aplicación del enfoque holístico de la salud reproductiva

Esta Norma es de observancia obligatoria en todas las unidades de salud, para la prestación de los servicios de planificación familiar de los sectores públicos, social y privado del país

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COLABORACIÓN ESPECIAL

La SARA MURÚA Presidenta de Enclave, Equidad Social y Transparencia, A.C. Ex legisladora de la ALDF en 1997-2000. Autora de la LIAP 1998. Ha sido asesora en la Cámara de Diputados, Inmujeres DF e Indesol, entre otros. Actualmente es consultora independiente en materia de género, política social y Participación Ciudadana.

PATRICIA CARRILLO Técnica académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), UNAM. Es Doctora en Ciencias de la Administración, Maestra en Administración de Organizaciones e Ingeniera en Computación por la UNAM

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opacidad en los

f ideicomisos Para asegurar la calidad y legitimidad de las acciones de la Auditoría Superior de la Federación (asf) es necesario y apremiante promover la transparencia en la administración y operación de los diversos Planes y Programas Estratégicos de la Política Pública y Programas Gubernamentales, dado los cuantiosos recursos públicos que manejan (Primera de dos entregas)

on objeto de atender niveles óptimos de rendición de cuentas en México y de promover ajustes en su operación y gestión, así como en el diseño y ejecución de políticas públicas que permitan preservar y potenciar lo alcanzado, y desarrollar nuevas capacidades y promover detonadores de desarrollo, es necesario garantizar y fortalecer el ejercicio técnico y administrativo en la operación, así como asegurar la transparencia y rendición de cuentas de las finanzas públicas para consolidar nuestro desarrollo democrático. Desde esta perspectiva, en este ensayo planteamos la necesidad de instrumentar un Sistema Integral Nacional de Transpa-

rencia y Rendición de Cuentas para apoyar la labor de Fiscalización de responsabilidad de la asf, que consiste en un proceso permanente de investigación aplicada y desarrollo tecnológico para integrar una estructura modular organizativa en analogía a una red neuronal, cuyos módulos corresponden a cada uno de los programas y planes gubernamentales que integran el universo auditable en sus modalidades de cumplimiento, desempeño y forense; también exponemos una propuesta para su desarrollo, con el objetivo de sustentar e instrumentar la operación, transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Para explicar y mostrar la necesidad expuesta, así como la pertinencia y justificación de la propuesta, describimos como

caso práctico lo que a Fideicomisos para el Desarrollo Regional (fdr) se refiere, ya que es uno de los casos de mayor representatividad y significado de la trascendencia e importancia de la acción de la asf para el desarrollo económico y social de nuestro país. Evidencia de esto lo constituyen las 13 grandes Áreas de Opacidad y Riesgo, entre las cuales se encuentran los Donativos y fdr, resultante de las Auditorías que realizó la asf en 2008.

Necesidad apremiante(I) Uno de los grandes pendientes en materia social y que se traduce en un reto para las responsabilidades de la asf es abatir la opacidad y reducir el riesgo del desvío de los recursos públicos, así como instrumentar un proceso permanente de fiscalización. El tema nodal es la calidad del gasto y para el análisis la triada básica es el presupuesto, los donativos y los fideicomisos. Una parte de los recursos públicos no se fiscalizan debido a que un número importante de fideicomisos, fondos y man-

datos que operan con fondos federales, no rinden cuentas de forma sistemática porque no están incluidos en la revisión de la Cuenta Pública. De 2000 a 2005, la asf practicó 127 auditorías a los ingresos ordinarios del Sector Público que ascendió a un 1 billón 947,816 millones de pesos. En 2008 la asf identificó 13 grandes Áreas de Opacidad y Riesgo, entre las cuales se encuentran los Donativos y Fideicomisos. Para atender esta problemática se requiere de acciones concretas para ajustar políticas públicas como seguimiento y sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública; avanzar en reformas legislativas a la Ley de Sociedades Mercantiles y Secreto Fiscal y revisar normas y procedimientos contenidos en Reglas de Operación. La norma presupuestaria para los donativos es incipiente, débil e insuficiente; por ello propicia laxitud en los procesos de otorgamiento, control y seguimiento, lo que resta transparencia a la asignación y el manejo de los recursos públicos.

VACÍOS JURÍDICOS El entramado institucional presenta vacíos jurídicos en los ordenamientos actuales de entre los cuales destacan: • D iscrecionalidad en las partidas y capítulos a través de los cuales se otorgan los donativos • Adjudicación directa y licitaciones; dispersión, ausencia de homologación en reglas de operación para donativos y fideicomisos

En términos concretos, reales y prácticos se requiere reorientar la normatividad y operación del ejercicio presupuestario para garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público y de esta forma asegurar que los recursos destinados a garantizar el bienestar de la población se distribuyan de forma eficiente y equitativa

• Falta de obligatoriedad en la Cuenta Pública para rendir cuentas en estos rubros • N o aplicación de sanciones penales por el mal manejo de recur sos en materia social

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OSCURIDAD A pesar de que se ha avanzado en la reducción, el registro y el control del número de estas figuras jurídicas, en el caso de los ffmca aún persiste un alto grado de opacidad y se continúan manejando montos importantes de disponibilidades de recursos públicos. En la tabla se pueden observar los 1,993,840.9 millones de pesos durante el quinquenio 2008-2012, de los cuales el 90.4% fueron asignados a Fideicomisos TOTAL (millones $)

1,993,840.9

DISTRIBUCIÓN 2008

AÑO 2009

2010

2011

2012

Monto (millones $)

505,758.5

399,252.1

333,852.8

367,540.4

387,437.1

CASOS

353

354

369

361

100

FIDEICOMISOS Monto ( millones $ )

368,855.5

322,769.5

288,240.4

317,447.5

353,907.8

Casos

319

316

328

322

324

90.4

89.3

88.9

89.2

89.8

496,474.5

388,446.1

323,597.4

357,903.4

378,721.4

Casos

258

260

265

259

262

73.1%

73.4%

71.8%

71.7%

72.6%

Monto ( millones $ )

9,006.4

9,699.0

8,915.0

8,407.0

6,518.1

Casos

17.3%

17.2%

19.0%

18.8%

18.3%

Total

Monto ( millones $ ) Ámbito Federal

Ámbito Estatal

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos según ámbito beneficiado 2008-2012 Fuente: Elaboración Propia con datos del Informe de Finanzas Públicas 4 Trimestre e Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública.

Opacidad Explícita(II) Diversos recursos financieros, como los Fideicomisos, Fondos, Mandatos y Contratos Análogos (ffmca) aún contienen un alto grado de opacidad en la Administración Pública Federal, ya que en la Cuenta Pública sólo se reportan aquellos que son considerados como entidades paraestatales. De igual forma, la legislación y normativa correspondiente es ambigua cuando se trata de aquellas figuras jurídicas constituidas por los Poderes Legislativo y Ju-

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dicial y por los organismos públicos constitucionalmente autónomos, en virtud del secreto fiduciario y de la autonomía que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal es el caso de los ffmca, las Universidades y Organismos Autónomos, entre otros. De igual forma, se ha observado que no se cuenta con un adecuado seguimiento global de los recursos federales aportados a estos instrumentos ni de su reintegro al erario cuando estas figuras son extinguidas o canceladas, así como su falta de transparencia, rendición de cuen-

tas y fiscalización superior, toda vez que su ejercicio no se reporta correctamente en la Cuenta Pública(III).

Fideicomisos para el Desarrollo Regional La evolución y actual situación de la Transparencia en nuestro país se puede ejemplificar con la información pública de los Fideicomisos para el Desarrollo Regional (fdr). La Ley de Acceso a la Información (lai) en 2004 detonó procesos al interior de la Administración Pública Federal que dieron como resultado la producción y publicidad de datos, tal es el caso de donativos y fideicomisos. Sin embargo, en cuanto al secreto fiduciario, y una eficiente rendición de cuentas

para los fdr, estamos muy lejos de lograr avances fundamentales para la transparencia óptima y el ejercicio efectivo del Derecho al Acceso a la Información (dai) en México. El tema de los fdr pone a prueba la eficiencia del entramado institucional en materia de Rendición de cuentas y avances hacia un sistema democrático Si analizamos la información publicada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (shcp) en instrumentos como el Presupuesto de Egresos de la Federación (pef), los Informes de Finanzas Públicas, los Analíticos de Gasto y la Cuenta de la Hacienda Pública, podremos observar que la producción o emisión de información data del 2004, en coincidencia con la operación de la lai. No obstante, se publican datos en los In-

SIN INFORMACIÓN NI CUENTAS CLARAS Los fdr fueron creados en el sexenio del Presidente Fox, a partir de 2001, pero a la fecha no hay cuentas claras ni información disponible de fácil acceso, sin embargo, el monto asignado acumulado entre 2004 y 2012 corresponde a 2,928,176.9 billones de pesos, como se expone en la siguiente gráfica:

Monto

505,758.50

398,913.70 367,515.80 335,989.20

327,074.50

232,123.60

387,437.10

220,393.00

152,971.50

Pidió o aceptó ser trasladado a este centro

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

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formes de Donatarias Autorizadas, a partir de 2012, y en el Portal de Transparencia Presupuestaria de la shcp, que promovieron Organizaciones No Gubernamentales y Académicas(IV), la información de fdr sigue siendo opaca, ya que lo publicado es sólo para cumplir un “requisito”, en contraste con el resultado que se obtiene a la solicitud de información acerca de ffmca, o bien específicamente acerca de fdr, pues la respuesta corresponde a “información confidencial” o “inexistente”. Incursionar en el tema de los fdr obliga a revisar no sólo el marco jurídico de los fideicomisos en general, sino a analizar el

ÁREAS DE OPERACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FIDENOROESTE FIDENORESTE FIDERCO FIDCENTRO FIDESUR

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funcionamiento y el manejo de recursos de estas figuras y de los fondos y mandatos análogos. Asimismo, se requiere analizar el panorama legal, legislativo y los programas para el desarrollo regional; en ese contexto se requiere el análisis del panorama de la política social y los recursos sociales, con especial énfasis en los ffmca.

Trayectoria de los FDR(V) En diciembre de 2001 el Plan Nacional de Desarrollo clasificó a los gobiernos de las entidades federativas en 5 mesorregiones: Centro País, Centro Occidente, Nores-

te, Noroeste y Sur Sureste, quedando una distribución regional que se expresa en el mapa “Áreas de operación de los Fideicomisos para el Desarrollo Regional”. Estos gobiernos suscribieron sendos contratos de constitución de un fideicomiso de inversión y fuente de pago con el objetivo de impulsar el desarrollo social de cada región. La función de los Fideicomisos es administrar los recursos aportados a efecto de que se destinen a fomentar y canalizar apoyos a estudios y proyectos que hayan sido identificados como detonadores del desarrollo económico y social de las regiones. Los beneficios que aportan los fideicomisos regionales son: a. Representan una instancia de planeación interestatal en la que participa de forma directa el Gobierno Federal a través de subsidios y planeación regional. b. Por su integración entre las entidades federativas se garantiza la continuidad en los proyectos. c. Identifican las necesidades y proyectos en materia de salud; desarrollo económico; turismo; desarrollo social; asuntos indígenas; seguridad pública; desarrollo urbano; entre otras; que detonen el desarrollo económico de las regiones. d. Constituyen un filtro eficaz para la presentación de proyectos ante las instancias federales. Pese al objetivo, función y beneficios que el Plan Nacional de Desarrollo asignó a los fdr, la realidad actual expone la ineficiencia de la estructura y funcionamiento organizativo para su ejecución y princi-

palmente pone de manifiesto la magnitud de la opacidad que corresponde a 256, 592, 382.14 millones de pesos, en 2010, mismo que refleja una opacidad en franco incremento en magnitud del 1,706 % en los diez años de vida de los fdr. Opacidad creciente y visible en la diferencia de 241, 223,124.30 millones de pesos, resultante de los 15, 269.256 millones disponibles en 2001 frente a los 256, 592,382.14 disponibles para 2011. Si bien estas cifras evidencian clara y explícitamente el grado y aumento de la opacidad, también exponen el consecuente reto que enfrenta la asf en lo que a fiscalización se refiere. Al respecto, es de exaltar y comparar el panorama social y económico de cada una de las regiones, que se presenta en el cuadro siguiente, frente al monto y distribución de los recursos, descritos en las gráficas que se presentan posteriormente. Es de exaltar el grado de marginación, rezago educativo y participación económica de las mujeres. Si bien estas cifras evidencian clara y explícitamente el grado y aumento de la opacidad, también exponen el consecuente reto que enfrenta la asf en lo que a fiscalización se refiere. Al respecto, es de exaltar y comparar el panorama social y económico de cada una de las regiones frente al monto y distribución de los recursos (para consultar el cuadro y las gráficas con esta información visiten el artículo en su versión electrónica en www. mexicosocial.org). Cabe destacar el grado de marginación, rezago educativo y participación económica de las mujeres.•

REFERENCIAS: I. Áreas de Opacidad y Riesgo en el Estado Federal Mexicano. Oportunidades de Mejora. Auditoría Superior de la Federación (ASF), México 2009. Pp. 15-19. II. Áreas de Opacidad y Riesgo en el Estado Federal Mexicano. Oportunidades de Mejora. Auditoría Superior de la Federación (ASF), México 2009. Pp. 15-17. III. Ver “Transparencia en Fideicomisos, Mandatos y Actos Jurídicos Análogos”. Irma Eréndira Sandoval. IIJ UNAM. Pp. 235-246. IV. Portal promovido por el ITAM y Alternativas y Capacidades, A.C. V. SITIO WEB:http://www. sedesol2009.sedesol.gob.mx/index/ index.php?sec=802078

Para abatir la opacidad se requieren acciones concretas para ajustar políticas públicas, como: • Seguimiento y sanciones por parte de la Secretaría de la Función Pública • Avanzar en reformas legislativas a la Ley de Sociedades Mercantiles y Secreto Fiscal • Revisar normas y procedimientos contenidos en Reglas de Operación

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DE E SDDI E T OL R AS I A LLE T R A S

ROGELIO FLORES Escritor. Cursó estudios de Ciencias de la Comunicación en la unam, así como de Creación Literaria en la Escuela de Escritores de la sogem (Sociedad General de Escritores de México), y de Realización Cinematográfica en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba (eictv). Ha colaborado en publicaciones como Arcana, Cambio y El Semanario, entre otras. Es coautor de los libros de cuento Abreletras, Prohibido fumar: cuentos contra la represión, Palabras Malditas y Códices en el asfalto; y autor de Adiós, Princesa y Rocanrol Suicida, también de cuento. Recientemente, ganó el concurso Palabras Malditas.

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Cuerpos y discursos La palabra “alfaqueque” es poco común para nosotros y tiene por sinónimos “correo”, “emisario” y “redentor”. Y así, de esta forma, con dicho apodo, es como se le conoce al personaje central de La transmigración de los cuerpos, de Yuri Herrera, una de las mejores novelas mexicanas de reciente factura, y que nos ocupa en esta ocasión

ayamos por partes. Este personaje, el Alfaqueque, va más allá de ser solamente un mensajero; es más bien un negociador, un encantador de serpientes, un mago de la conversación que sobrevive en un mundo violento y casi apocalíptico, deshabitado y con charcos de sangre en las calles; un mundo apocalíptico, pero extrañamente familiar. Algo que resulta todo un déjà vu, por lo menos para los habitantes de la Ciudad de México, cuyo caos, como el precio del litro de gasolina, aumenta cada treinta días. Recordemos que en 2009, hace muy poco tiempo en realidad, la ciudad se paralizó por completo. La realidad parecía sacada de un relato de La dimensión desconocida, estaba en pausa, como detenida en su marcha ante la posibilidad de una pandemia. La gripe porcina, como se le conoció originalmente o el virus ah1n1, desató en menos de treinta días un estado

de paranoia pocas veces visto; en el que las escuelas y edificios públicos fueron cerrados, los conciertos suspendidos, el transporte público iba y venía sin pasajeros en sus entrañas y los partidos de futbol, incluso, fueron jugados a puerta cerrada, con las gradas vacías. Las personas dejaron de darse la mano y se miraban con desconfianza. O de forma amenazante, casi al punto de la agresión, cuando a un pobre infeliz se le ocurría estornudar. Quienes lo vivimos, aunque ya no lo comentemos ni pensemos en ello, lo tenemos presente. Y es justo en un escenario hermano de ese momento en el que se desarrolla esta historia. Es muy extraño ver una ciudad casi vacía, sin vida y como un fantasma. O mejor dicho, como un universo fantasmal, en el que nadie se ha tomado la delicadeza de informarte que tú sigues vivo. Ese fue el tipo de escenario que vivimos en 2009 y que utilizó Yuri Herrera para La transmigración de los cuerpos: un país asolado por

una epidemia, donde salir a la calle y cualquier contacto físico representa un riesgo. Así, la vida en medio de una epidemia deja de ser vida; el mundo ha dejado de ser tal y se convierte en su pálido reflejo, en su sombra y su fantasma. Pero eso no implica que mueran las actividades más mundanas ni el deseo ni el sexo (y ahí está el personaje de la Tres Veces Rubia para ejemplificarlo). Mucho menos, ha muerto la palabra. Por el contrario, la palabra vuelve a su estado primigenio, en el que nombrar las cosas era parecido a crearlas. Y es justo en este escenario apocalíptico, donde el Alfaqueque, a bordo de un enigmático “vocho”, emprende su misión, una muy cercana a la Cosecha roja de Dashiel Hammet: mediar entre grupos en pugna, dos mafias caciquiles, los Fonseca y los Castro. Uno y otro grupo tienen como rehén a un miembro de la familia rival a quien buscan usar a manera de moneda de cambio. Entonces los sinónimos de su alias, correo, emisario y redentor, tienen sentido. El Alfaqueque será quien deba restablecer el orden en ese caos pesadillesco con sus artes como negociador, con las dotes de las cuales se jacta: verbo y verga (porque de su segundo don también hay y bastante). Con una prosa impecable, salpicada de humor corrosivo y aspectos del habla popular, inmersa en una atmósfera mítica, casi bíblica, pero también cercana a la borrachera, La trasmigración de los cuerpos se convierte en una novela referencial, en una apuesta de forma y de fondo, en un campo minado por el que habrá que caminar, esperando la explosión de sus bombas literarias, simbólicas, placenteras. Literatura en estado puro, pero con un anclaje en la realidad. Y como ejemplo no sólo tenemos la paranoia del 2009 derivada del virus h1n1, también está su lado más perverso en el sinfín de casos de mutilación y tortura, donde los restos humanos forman parte de mensajes y amenazas tan retorcidas como efectivas. Y la lectura de La trasmigración de los cuerpos, de inmediato, nos hace pensar en ello, aunque se trate de ficción en un sentido estricto.

Se ha dicho que esta novela tiene como punto de partida y de llegada, incluso como reflexión, al cuerpo mismo. Y así es, su propio título lo anuncia. Ya sea con vida o inerte, el cuerpo es en esta historia, la medida de todas las cosas: su corrupción derivada de la epidemia, su protección mediante el claustro, y su intercambio como manera de sobrevivir. Somos cuerpo y materia, y por eso queremos sobrevivir. Pero también somos alma y somos discurso, y por eso queremos vivir, hablar, llegar al otro sin usar al cuerpo.•

Somos cuerpo y materia, y por eso queremos sobrevivir. Pero también somos alma y somos discurso, y por eso queremos vivir, hablar, llegar al otro sin usar al cuerpo

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