Número 38- Septiembre 2013 by mexico social

Año 2 - No. 38, septiembre de 2013, Precio: $35.00 m.n.

México Social

ISSN: 2007 - 2600

@mexicosocialorg www.mexicosocial.org

MÉXICO SOCIAL

ESCRIBEN:

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LORENA CRUZ NELLY MONTEALEGRE ADRIANA DÁVILA RAFAEL CAMACHO MAURICIO HERNÁNDEZ ARTURO ALVARADO

Ámbitos de la violencia

ÍNDICE MÉXICO SOCIAL es una publicación del

IMÁGENES DE LA VIOLENCIA

EL GRAN PENDIENTE SOCIAL

TRATA DE PERSONAS: ASPECTOS Y ACCIONES

Manuel Trejo

Adriana Dávila

Nelly Montealegre Director General y Presidente del Consejo Editorial Mario Luis Fuentes

UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

MIGRANTES INDOCUMENTADOS EN MÉXICO

PAISAJES DEL TERROR

BIENVENIDOS AL INFIERNO

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: RETOS Y ALIENTOS

USO DE DROGAS Y PELIGROSIDAD CRIMINAL

PREVENCIÓN DEL DELITO: LOS RETOS

VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS

ABRIENDO PUERTAS

NI NORMAL NI JUSTIFICADA

IMÁGENES PORTADA Cortesía Excélsior

TRAS UN VELO DE SILENCIO Y OSCURIDAD

México Social es una publicación inscrita en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. http://pnmi.segob.gob.mx

ENFOCARSE EN LOS JÓVENES

PANDILLAS, JÓVENES Y VIOLENCIA

CONSEJO EDITORIAL Jesús Kumate Rodríguez Rolando Cordera Campos Fernando Cortés Cáceres Miguel Concha Malo Irasema Terrazas Enrique Provencio Durazo Marcela Rovzar de González Gustavo Gordillo De Anda Nashieli Ramírez Mónica González Contró Director Editorial Saúl Arellano Almanza Coordinadora Editorial Laura Ilarraza Gálvez Vinculación y Relaciones Públicas GCL COMUNICACIÓN: Gisela Casarín Alberto Martínez Lorena Martínez Edición Electrónica Jesús Mendoza Franco DISEÑO Alejandra Núñez Valentín Israel Cruz Avila

Rafael Lozano/Mauricio Hernández Adalberto Santana Yerko Castro

José Moreno Mena

Lorena Cruz

Rafael Camacho Solís/Miguel Ángel Mendoza Óscar Jaimes/José Guillermo Castillo Arturo Alvarado

Nashieli Ramírez Ana Luisa Nerio Patricia Brogna

Juan Pablo Gutiérrez Héctor Castillo

Próximo número Pobreza, desigualdad y hambre en el país

México Social, Año 2, No. 38, septiembre 2013, es una publicación mensual editada por el Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). Pensylvania No.86, Col. Parque San Andrés, CP. 04040 Delegación Coyoacán, México, D.F. Tels. 5659-6120 y 5659-6209 www.ceidas.org, informacion@ceidas.org. Editor responsable: Saúl Arellano Almanza. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2010-032312331700-102 ISSN: 2007 - 2600, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Contenido No. 15077, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX IM09- 0840. Impresa por Expressarte Print Services, Calle Juan Sánchez Azcona No. 307, Col. Narvarte, México D.F., Distribuida por Comercializadora GBN S.A. de C.V., Calzada de Tlalpan No.572, Desp. C-302, Col. Moderna, Del. Benito Juárez C.P. 03510, México D.F. Tel. 0155-56188551 Mail: comercializadoragbn@yahoo.com.mx comercializadoragbn@gmail.com este número se terminó de imprimir el 25 de agosto de 2013. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS).

EDITORIAL

MARIO LUIS FUENTES Director general del CEIDAS, A.C.; en la UNAM es integrante de la Junta de Gobierno; Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas

a gobernabilidad democrática y la prevalencia del Estado de derecho son condiciones indispensables para la generación del bienestar y para lograr que todas las personas tengan plena garantía de acceso a los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde esta perspectiva, si algo ha puesto en tensión la capacidad de las instituciones públicas en todos los niveles y órdenes de gobierno, es la presencia generalizada de condiciones de violencia generadas, no sólo por la delincuencia organizada, sino también por la violencia cotidiana de lo que en el lenguaje jurídico se denomina como el “orden común”. La evidencia estadística con que cuenta el inegi permite sostener que en los últimos siete años ha habido un crecimiento sostenido de la violencia asociada a la presencia nacional del crimen organizado, pero también se ha incrementado de manera sustantiva el número de suicidios, homicidios

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y muertes por accidentes, en particular aquellos en los que intervienen los vehículos de motor. En lo relativo a los accidentes de tránsito, debe destacarse que si bien la mayoría de las víctimas mortales son las y los conductores, así como los copilotos y otros pasajeros, el segundo tipo de víctimas son los peatones; en efecto, del total de víctimas de accidentes de transporte (incluidas las personas fallecidas y heridas), el 16.5% son peatones arrollados por vehículos de motor. Asimismo, debe considerarse que año con año ha crecido el número de suicidios, y que también anualmente se ha notado una ligera pero constante disminución en la edad en la que se cometen los actos suicidas; con el agregado de que, según las y los expertos, por cada suicidio consumado hay al menos 10 intentos en los que no se cumple el cometido. Según las estadísticas judiciales en materia penal del inegi, también año con año ha crecido el número de delitos sexuales, entre los cuales se incluye la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, el estupro y el abuso y corrupción de menores, lo cual ratifica que en nuestro país enfrentamos una severa pandemia de violencia, ejercida particularmente en contra de las niñas y los niños. Este panorama se confirma con base en los datos relativos al acelerado incremento en el número anual de denuncias ante el Ministerio Público por delitos en el ámbito familiar, entre los que se destacan la violencia intrafamiliar, el abandono de familiares, la exposición de menores e incapaces, y el incumplimiento de obligaciones y responsabilidades de convivencia familiar. Hay, además, otras formas de violencia estructural, que se expresan en decisiones que, o limitan los

derechos de algunos grupos de población o incluso generan profundos procesos de exclusión, como ocurre con la mayoría de las poblaciones indígenas y, peor aún, con poblaciones urbanas que viven en situación de calle. Hay quienes afirman con razón que el acceso a una vida en paz, como concepto social de una envergadura mayor, debe ser considerado como un derecho humano; en esa lógica, a nuestro país le urge construir un acelerado proceso de pacificación de la vida social, y esto no puede ocurrir si no se diseñan los cimientos para una sociedad en donde la cordialidad y la solidaridad sean principios de actuación cotidianos. Tampoco puede haber paz en una sociedad en la que la injusticia y la impunidad son las notas predominantes en la actuación de las autoridades, y en donde la impartición y la procuración de la justicia están al alcance sólo de los privilegiados. Estamos ante una crisis social mayor, en la que la violencia, contextualizada en un marco de desigualdad y pobreza, hace todavía menos llevadera una existencia dura en sus expresiones y dificultades, y sumamente adversa en términos de acceso a oportunidades y al bienestar. México no puede continuar siendo un país fracturado por la desigualdad ni dividido y confrontado por las extendidas condiciones de violencia; por ello, requerimos acometer con urgencia, todas y todos, la tarea de revisar, con humildad, cuáles son los principios de actuación social que hemos privilegiado, y asumir, de una vez por todas, que es sólo a través del diálogo y la tolerancia como podremos avanzar hacia un país en el que sea mucho más fácil realizar nuestros proyectos de vida.•

URGE REDUCIR

LAS VIOLENCIAS El orden constitucional se ha debilitado y actualmente existen espacios de ingobernabilidad como no se había visto en la historia reciente del país. Por ello, partiendo del delito de la trata de personas como la expresión de la violencia más extrema, abordamos la descomposición social que se vive en México como resultado de las violencias, a través de sus distintas expresiones: como problema de salud pública; hacia la infancia, el grupo de población más vulnerable; como resultado de las condiciones de discriminación que padecen las niñas y mujeres, los migrantes y las personas con discapacidad; así como su relación con las drogas, los homicidios y la desigualdad.

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Colaboración del Museo Nacional de Arte y el proyecto Amigos MUNAL Conoce más sobre este programa en www.amigosmunal.org

Imágenes de la violencia MANUEL TREJO URIBE Hizo estudios de Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y se ha desempeñado como profesor en la misma institución. Actualmente es investigador de la Subdirección de Exhibición del Museo Nacional de Arte. Su trabajo se enfoca en la antropología del arte y en semiótica de la cultura.

a documentación de sucesos violentos a partir de registros fotográficos durante la segunda mitad del siglo XX encuentra uno de sus mayores exponentes en la obra realizada por los Hermanos Mayo, cuya denominación identifica la obra de Francisco, Cándido, Julio Souza Fernández, Faustino y Pablo del Castillo Cubillo. El grupo de fotógrafos antes mencionados llegó al país como parte de los exiliados ibéricos que abandonaron la península a finales de los años treinta a causa de la caída de la República Española después de una cruenta guerra civil; cabe mencionar que durante estos acontecimientos la mirada de los Hermanos Mayo se hizo presente a través de su lente, mismo que documentó el panorama desolador de este enfrentamiento bélico. A partir de estas obras tempranas relacionadas con la documentación de la Gue-

rra Civil Española, la obra de los Hermanos Mayo se puede entender como un ejercicio cifrado por dos dimensiones de representación. La primera de ellas nos sitúa en las condiciones de recepción de la imagen fotográfica, es decir, su obra intenta generar en el espectador una conciencia política, y la segunda está relacionada directamente con las condiciones de producción de la imagen a partir de la consolidación de una obra más personal que, independientemente de su contexto sociopolítico, pone de manifiesto las motivaciones estéticas de sus autores. A su llegada a México, los Hermanos Mayo comenzaron a trabajar como fotógrafos de agencia para distintas publicaciones nacionales, entre sus colaboraciones destacaron sus imágenes relacionadas con conflictos sociales, mismas que se caracterizan por la representación de momentos que explícita o implícitamente están cifrados por la violencia.

Obrero herido Esta imagen capta uno de los momentos de la manifestación obrera del 1° de mayo de 1952 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El protagonista de esta imagen es un hombre terriblemente lesionado con la vestimenta ensangrentada; su rostro irradia dolor, preocupación y desasosiego, el sujeto está rodeado por una multitud enardecida y es llevado casi a rastras por un par de hombres que lo sostienen, evitando un linchamiento. Esta fotografía resulta relevante, pues según Mario Rivera Ortiz, doctor en Ciencias Sociales por la UNAM y testigo presencial de los hechos acaecidos en la fecha y lugar antes mencionados, el personaje a quien llevan casi a rastras no es un obrero, sino un policía llamado Carlos Salazar Puebla, miembro del grupo paramilitar “Camisas Doradas”, a quienes se comisionó disolver la manifestación que atravesaba por la calle Ángela Peralta junto al Palacio de Bellas Artes. Los manifestantes que integraban el contingente pertenecían a diversas organizaciones políticas, como el Partido Comunista Mexicano, el Partido Campesino Obrero Mexicano y trabajadores en general que se encontraban en esta marcha rumbo al Zócalo, y que fueron agredidos físicamente por granaderos y por los miembros de este grupo de choque denominado “Camisas Doradas”. Después del enfrentamiento los manifestantes capturan a uno de sus agresores, el policía Salazar Puebla, lo llevan hasta Palacio Nacional y, justo debajo del balcón presidencial, gritan al entonces Presidente, Miguel Alemán Valdés: “¡Aquí está tu asesino!”.

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Las imágenes fotográficas que nos aproximan a sucesos violentos pueden ser entendidas como condensadores de múltiples significados que, independientemente de la intencionalidad con la que fueron producidas, nos sirven como pretexto para preguntarnos: ¿qué es la violencia?; ¿cómo se interpreta?; ¿cómo se expresa?; ¿quiénes son las víctimas y los victimarios? Responder a estas interrogantes no es tarea sencilla; nos enfrentamos ante una especie de espiral en la que pareciera que cada acto violento resulta como respuesta de otro. Si es así, ¿hasta dónde es legítimo el uso de la violencia?

Obrero muerto y madre Generada por los Hermanos Mayo en la fecha antes mencionada, muestra la otra cara del mismo suceso. Mientras que en la primera fotografía se percibe ira; furia; ansia de venganza y justicia; impulso; histeria colectiva y peligro; en esta otra el rostro de la violencia es diferente: nos deja ver la desesperanza, la tragedia, la impunidad o, en otras palabras, el desconsuelo ante la muerte. Cabe mencionar que esta imagen fotoperiodística está anclada a un discurso político y propagandístico a la vez; por una parte, es el testimonio de los hechos ocurridos durante la manifestación del primero de mayo de 1952 en la Ciudad de México, y a su vez, funciona como un ícono que se relaciona con la dimensión simbólica de las conmemoraciones del día internacional del trabajo, las cuales enarbolan la figura de los trabajadores y su compromiso político con las causas sociales. Bajo esta premisa, la imagen del obrero asesinado se vuelve una representación del héroe social abatido por la represión del sistema político dominante. Las imágenes mencionadas anteriormente tienen un común denominador, son representaciones explícitas de la violencia.

Testimonios de una balacera En contraposición a la forma de registro documental que se enfoca en capturar explícitamente lo ocurrido, esta fotografía, además de documentar un fenómeno marcado por la violencia, nos presenta una composición que involucra ciertos elementos de carácter implícito que permiten al espectador construir una idea más amplia del acontecimiento. Uno de los signos indiciales que conforman esta imagen y que aparece al centro de la composición está compuesto por dos elementos: una manta que aparentemente cubre el cuerpo de un personaje caído y un volante que indica la fecha del acontecimiento; a partir de estos signos, el espectador tiene los elementos necesarios para asumir que la escena se relaciona implícitamente a un hecho violento vinculado a la manifestación del primero de mayo. Finalmente, la obra de los Hermanos Mayo es un testimonio imprescindible de la producción de imágenes fotoperiodísticas que dan cuenta de diversos momentos en el panorama cultural mexicano durante la segunda mitad del siglo XX y a su vez las fotografías mencionadas líneas arriba nos permiten reflexionar en torno a las múltiples aristas de un mismo fenómeno: la violencia. s e p t i e m b r e 2013

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VIOLENCIA

ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas de la Cámara de Senadores; Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos; y Secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios. Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano. Escuela de Periodismo Modesto González Galindo. Fue Diputada Federal en la LX Legislatura y durante su encargo fue Secretaria de la Comisión de Comunicaciones; Integrante de la Comisión de Derechos Humanos; Integrante de la Comisión Especial Contra los Feminicidios; e, Integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Entre otros cargos, fue Coordinadora Nacional de Enlace Federal de la Presidencia de la República; asesora del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo; Coordinadora Nacional de Cultura del Agua en la Comisión Nacional del Agua; candidata a Gobernadora del Estado de Tlaxcala por el PAN; Secretaria de Vinculación con la Sociedad del Comité Ejecutivo Nacional del PAN; Coordinadora Estatal de la Campaña de Felipe Calderón Hinojosa a la Presidencia de la República; y candidata a Diputada local por el Distrito XV.

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El gran pendiente social Conocer los testimonios de quienes han sido víctimas de trata de personas es conocer las agresiones directas a la dignidad y libertad de un ser humano sobre otro, y reconocer la existencia, en la mayoría de los casos, de organizaciones perfectamente articuladas y dispuestas a todo con tal de seguir en este lucrativo negocio

a onu define la Trata de personas como el movimiento ilícito de seres humanos, con el propósito de obtener beneficios económicos mediante su venta, compra y/o explotación –laboral y/o sexual–, como si fueran mercancías. Considerado como delito de lesa humanidad, violatorio de los derechos humanos, es conocido como la moderna esclavitud, porque las víctimas involucradas no tienen el control de

sus propias vidas, se minimiza su dignidad y pierden su libertad. Los delincuentes, con traición, engaño y mentira, someten y dominan a una persona para despojarla de identidad y convertirla en mercancía que generará beneficios, principalmente económicos, a un tercero. La unodc señala que México es de alta incidencia, y lo reconoce como país de tránsito, origen y destino. El unicef, por otra parte, calcula que al menos 16,000 niños en nuestro país son víctimas de la trata

T R ATA D E P E R S O N A S de personas, uno de los delitos más lucrativos del mundo, después del tráfico de drogas y de armas. Según el ceidas tenemos cada año unas 20,000 personas víctimas de la trata. Este delito, en cualquiera de sus formas, es un negocio ilegal redituable y rentable, inmerso en un círculo vicioso que involucra autoridades, victimarios, víctimas, corrupción e impunidad, y el Estado y sus autoridades no han hecho lo necesario ni lo suficiente para evitarlo. Las autoridades están obligadas a proporcionar información sobre estas prácticas, de tal forma que todos tengan conocimiento del ilícito. Asimismo, se deben publicitar los instrumentos jurídicos para señalar o denunciar a los victimarios o usuarios, para que sean investigados, procesados y sancionados. Pero también es necesario brindar protección y asistencia a las víctimas o posibles víctimas y a sus familiares; diseñar protocolos de identificación, con personal capacitado y sensible al dolor del prójimo; debe ser prioritario que las víctimas de la trata recuperen los derechos fundamentales de todo ser humano: su vida y su libertad. Sin esto no se puede hablar de respeto a los derechos humanos, y en este ámbito de los derechos humanos es que se debe trabajar en acciones encaminadas a prevenir el delito, fortalecer el marco jurídico y coordinar esfuerzos para detectar, investigar, sancionar y erradicar el problema. Cualquier limitante a la libertad y al respeto a la dignidad de todo ser humano denota apatía, conocimiento distante y cinismo que propician el ilícito. Las víctimas deben saber que tienen derecho a atención médica y psicológica, así como a protección por parte de las autoridades correspondientes, ya que muchas sufren un largo y complejo proceso para reintegrarse a la sociedad y recuperar su autoestima.

No se trata de realizar acciones que busquen sancionar a los responsables para erradicar el problema; es cuestión de evitar que haya más víctimas que sufran la violación a sus derechos, es decir, evitar que se tenga que castigar. La atención debe ser integral, que abarque aspectos legales, psicológicos, sanitarios y de desarrollo social.

El trabajo en el Senado Hay que reconocer que las víctimas de la trata de personas son el gran pendiente social para las autoridades y para los integrantes de la sociedad, porque se les ha quitado la posesión de sus vidas y sus decisiones. Tenemos que hacer empatía con las víctimas, generar espacios que socialicen las causas y tipifiquen el delito, no sólo para demandar, sino para trabajar en políticas públicas eficientes que inhiban su práctica, proporcionarles atención y procurar su reintegración social. El tema y los delitos han sido denunciados durante años porque se han incrementado los casos en México. Por eso en el Senado de la República, en la lxii Legislatura, aprobamos la Comisión Ordinaria contra la Trata de Personas, en septiembre del 2012, cuyo interés por unir esfuerzos y unificar criterios para prevenir, atender, combatir, sancionar y erradicar este delito en todas sus formas, la llevó a crear la Conferencia Nacional de Legisladoras y Legisladores Contra la Trata de Personas, con la finalidad de armonizar las leyes estatales con la ley general. El plan de trabajo de la Conferencia Nacional incluye los rubros de justicia, asuntos migratorios e internacionales y uno relativo al impacto presupuestal y políticas públicas. Es decir, aplicar las mismas reglas en cada rincón de México. La apuesta a la participación de las y los legisladores es para forta-

La Ley General de Trata de Personas presenta problemas en su aplicación porque no se ha logrado su armonización legislativa y por las diferencias que presenta con los Códigos Penales locales, además de la confusión que causa la tipificación de los delitos establecidos en ella

lecer la coordinación de esfuerzos, porque cada uno conoce las necesidades de su entorno y las demandas de recursos humanos, tecnológicos y económicos para que las autoridades competentes cumplan con su responsabilidad, con lo que será posible dar la respuesta que esperan no sólo las víctimas y los afectados de este flagelo, sino todos los ciudadanos. De conformidad con el Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establecerá una Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, en la que participan, entre otros, las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, s e p t i e m b re 2013

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VIOLENCIA la Procuraduría General de la República, representantes legislativos y de la sociedad civil. Si bien en estos momentos contamos con una Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, es necesario precisar que presenta problemas en su aplicación, porque no se ha logrado su armonización legislativa y por las diferencias que presenta con los Códigos Penales locales, además de la confusión que causa la tipificación de los delitos establecidos en ella. Asimismo, se requiere de manera urgente que se emita el Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Trata de Personas, para robustecer los instrumentos jurídicos que beneficien a las víctimas, no sólo porque es una demanda de la sociedad, sino porque es una necesidad para Jueces y Ministerios Públicos para determinar las condiciones bajo las cuales se constituya el Fondo de Protección y Asistencia a las víctimas; para precisar la forma en que debe integrarse la Comisión Intersecretarial; para definir los requerimientos mínimos de una base de datos de las víctimas, entre otros mecanismos que mandata la Ley General. El trabajo de la Comisión no sólo se ha concretado con legisladores federales y locales. Además de la Conferencia Nacional, ha convocado a organizaciones civiles que han trabajado por más de 30 años en este tema, y a los responsables de las Instituciones encargadas de la Procuración de Justicia, con el objeto de que le aporten elementos para reformar y fortalecer el marco jurídico existente. Existe coincidencia en la deficiencia de la ley, por lo que hay que hacerla más operativa para que ataque de manera frontal a aquellos que han hecho del delito de la trata "tanto autoridades coludidas como delincuentes"

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un problema de difícil persecución; y para que atienda a las víctimas y contribuya a erradicar el delito. Demanda común es la urgencia por armonizar, en el menor tiempo posible, la Ley General en la materia con la de las Entidades Federativas y el Distrito Federal, y luego empatarla con la recién aprobada Ley General de Víctimas, dada la evidente falta de coordinación entre autoridades, niveles de gobierno e instancias encargadas de aplicar la ley. Es urgente incorporar la imprescriptibilidad de todos y cada uno de los delitos contemplados en la Ley General, para evitar impunidad de los actores o complicidad, así como establecer que el tipo penal de la Trata de Personas tiene un medio comisivo. Es fundamental crear un modelo de atención que sea aplicado de forma unificada, así como un protocolo único de actuación en los operativos y un programa de capacitación de los servidores públicos responsables. En el Senado de la República hay un interés genuino para discutir y

trabajar, de manera coordinada, en la búsqueda de soluciones a este grave problema, más allá de colores e ideologías. Hay que hacer que la ley sea pronta y expedita. Es esencial trabajar de manera coordinada con la sociedad civil, con los responsables de investigar y sancionar estos delitos, para dar resultados eficientes. Hay que conjuntar esfuerzos para impulsar reformas legales que fortalezcan nuestros instrumentos jurídicos y cuenten con el consenso y la legitimidad social en todos y cada uno de los rincones del país. Ciudadanos, autoridades de los diferentes niveles de gobierno, legisladores y organizaciones civiles tenemos que unir fuerzas en la solución de este problema. Estoy convencida que para lograr la transformación social no sólo se requieren leyes, sino que hay que iniciar con una reforma personal que, necesariamente, transite por el entendimiento de la responsabilidad con el prójimo. Hay que promover una reforma moral que tenga impacto cultural e inhiba este dolor evitable.•

ES URGENTE: 1) Emitir el Reglamento de la Ley, para: • Robustecer los instrumentos jurídicos que beneficien a las víctimas • Que Jueces y Ministerios Públicos determinen las condiciones bajo las cuales se constituya el Fondo de Protección y Asistencia a las víctimas • Precisar la forma en que debe integrarse la Comisión Intersecretarial • Definir los requerimientos mínimos de una base de datos de las víctimas, entre otros mecanismos que mandata la Ley General 2) Incorporar la imprescriptibilidad de todos y cada uno de los delitos contemplados en la Ley General, para evitar impunidad de los actores o complicidad 3) Establecer que el tipo penal de la Trata de Personas tiene un medio comisivo 4) Crear un modelo de atención que sea aplicado de forma unificada 5) Crear un protocolo único de actuación en los operativos y un programa de capacitación de los servidores públicos responsables

T R ATA D E P E R S O N A S

Trata de personas:

aspectos y acciones

éxico se encuentra clasificado internacionalmente como un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y trabajo forzado; su posición geográfica lo convierte en un gran escenario de flujos migratorios, lo cual lo hace aún más propicio para la comisión de este delito dentro y fuera de las fronteras nacionales, a través de las cuales entran y salen anualmente millones de personas entre turistas, visitantes locales o trabajadores temporales. Dicha circunstancia nos permite tener sólo aproximaciones del número real de víctimas de estos ilícitos. La trata de personas es una problemática de múltiples causas y factores, podemos citar de forma enunciativa "más no limitativa" a la pobreza; la desigualdad; la migración indocumentada; la violencia estructural y de género; la desintegración familia; la degradación de valores; la ignorancia y la tolerancia social; lo cual reviste a los delitos en materia de Trata de Personas de una enorme complejidad en su atención e investigación, pero principalmente en su prevención. Al respecto resulta oportuno citar lo expresado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados acnur, quien hace un llamado sobre las consecuencias humanitarias de este flagelo y exhorta a que se adopte un enfoque basado en derechos que vaya más allá de la identificación y el enjuiciamiento de los actores de este delito, e incluya medidas para atender las necesidades de protección de las víctimas o de personas en riesgo de ser víctimas de trata(I).

Respuestas ante el delito Es de destacarse que el Estado mexicano condena la trata de personas y combate de manera integral dichos delitos, con base en el principio de corresponsabilidad entre países de origen, tránsito y destino, a fin de garantizar los derechos humanos de las víctimas. Una de las acciones iniciales y más relevantes fue la expedición de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas (lpstp), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2007; como preámbulo a lo anterior, cabe mencionar la reforma al Código Penal Federal de marzo de 2007, que incorporó el tipo penal de trata de personas. No obstante lo anterior, afortunadamente la visión fue que la atención a este ilícito no podría realizarse sino de manera integral, siendo ésta una de las razones para que meses más tarde se expidiera la citada ley. Dicha Ley creó la Comisión Intersecretarial, como un órgano rector y de coordinación de las acciones y política pública en la materia. Comisión que de conformidad con el Reglamento de la citada Ley se instaló el 16 de julio de 2009, teniendo como integrantes a 17 instituciones, entre ellas la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República. Es de mencionarse que en el seno de esa comisión se designó a la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de personas (fevimtra), como coordinadora de la Subcomisión Consultiva, la cual elaboró el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2011.

NELLY MONTEALEGRE DÍAZ Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República. Es Maestra en Administración de Justicia por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), y ha laborado en diversas áreas de investigación ministerial y policial; asistió como invitada por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea al Programa de Visitantes de la Unión Europea. En el ámbito académico, ha impartido cátedra a nivel licenciatura y posgrado, y como ponente ha participado en más de 30 foros, congresos y otros eventos nacionales e internacionales.

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Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

A partir de dicha ley las entidades federativas comenzaron sus procesos legislativos internos; algunas lo hicieron a través de la expedición de leyes especiales y otros considerando el tipo penal en sus Código penales. Algunos retomaron la tipificación de la legislación federal, en otros casos incluyeron o restaron verbos rectores, así como medios comisivos, contando con una diversificación legislativa que generó dificultades en su persecución. Como ya se dijo, la citada Ley Federal significó un avance importante, no obstante, como toda ley, fue imperfecta, y el adentrarnos más en el tema y su naturaleza permitió identificar vacíos jurídicos importantes, no sólo para los fines de su persecución, sino principalmente para la atención a las víctimas de estos delitos, cuya diversidad de necesidades no resultaba debidamente atendida bajo esta normatividad. Por lo anterior, el marco jurídico en la materia evolucionó, y se llegó a la expedición de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, promulgada en junio de 2012, la cual constituye una gran herramienta para la autoridad ministerial y judicial para el combate

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de este delito, porque permite mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno; abarca las diversas modalidades del delito de trata de personas; se incrementan las penas a quienes incurren en las conductas tipificadas; se amplían las características de los sujetos pasivos de este delito; se prevé la reparación del daño para la víctima en un aspecto jurídico amplio; y se contemplan mecanismos más eficaces para la protección de las víctimas. Es importante destacar que se prevén sanciones para quienes contraten, al igual que para quienes publiciten conductas vinculadas con la trata de personas. En cuanto a las víctimas extranjeras, se prevé su repatriación, siempre y cuando sea voluntaria, conforme a los protocolos existentes y garantizando un retorno digno y seguro. Asimismo, no podemos dejar de citar, pero sobre todo de reconocer, el trabajo comprometido y compartido de organismos internacionales y de la sociedad civil, que puedo afirmar ha significado un alto componente en la evolución del tema para su atención; se ha iniciado una nueva forma de trabajo entre autoridades y sociedad, donde su visión y acompañamiento, muchas veces mostrada a manera de crítica, ha permitido la visibilización, la construcción y la mejora de las diversas acciones gubernamentales, legislativas y de judicialización de los casos.

Capacitación, una tarea medular Nos encontramos ante delitos de reciente tipificación, que definitivamente implican un reto para las diversas autoridades que intervienen en el proceso de persecución y sanción, no sólo desde la perspectiva de la dogmática jurídica, sino también desde el propio entendimiento de la conducta como fenómeno social, respecto de lo que hemos aceptado social e históricamente, y por tanto, naturalizado, por ejemplo, en temas que conocemos como trabajo doméstico y prostitución. Lo anterior, al llevarse al escenario jurídico, ha significado una diversidad de

T R ATA D E P E R S O N A S LOS DELITOS DE LA TRATA La ley general en materia de trata de personas habla ya no del delito, sino de los delitos de Trata de personas, tipificándolos como “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación”, y considerando como explotación de una persona:

DIVERSAS MODALIDADES Esclavitud Condición de siervo Prostitución ajena u otras formas de explotación sexual Explotación laboral Trabajo o servicios forzados EXPLOTACIÓN

Mendicidad forzosa Utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas Adopción ilegal de persona menor de dieciocho años Matrimonio forzoso o servil Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos Experimentación biomédica ilícita en seres humanos

criterios que se han hecho manifiestos en diversas acciones y resoluciones, como lo es la intervención policial y ministerial ante hechos patentes de explotación y su interpretación judicial. Es por ello que aun cuando existen señalamientos que condenan los procesos de sensibilización para operadores del sistema jurídico, al considerarlos como un aspecto básico que debe ser superado por la capacitación, creo que debería elaborarse un recuento de cuántas personas han recibido dicho proceso y ser considerados como un elemento fundamental de los procesos de capacitación, afirmación que me permito presentar al identificar hoy día la existencia de cuestionamientos acerca del consentimiento; los motivos por los que las víctimas llegaron a ser explotadas; las formas de enganche; y el por qué no escaparon en escenarios de “aparente” libertad, cuando contaban con teléfono celular o acudían a revisiones ante autoridades sanitarias o migratorias, por mencionar algunas. Al respecto, la Oficina de las Naciones

Unidas contra la Droga y el Delito (unodc) señala que la trata de personas, en general, y de niñas, niños, adolescentes y mujeres, en particular, es un flagelo internacional que requiere de una agenda global, regional y nacional para combatirlo. Su complejidad y las diferentes modalidades, la vulnerabilidad de sus víctimas y su carácter transnacional obligan a los Estados a asumir un papel activo e integrador que involucre a todos sus actores en un frente de lucha común donde la capacitación, en distintos niveles, enfoques y metodologías, se convierta en una tarea medular para mejorar la eficacia en el combate de la trata de personas(II). La citada complejidad se agudiza con la evolución de la víctima ante los procesos de atención, donde podemos identificar principalmente tres tipos de víctimas, sin que ello signifique o pretenda ser una tipología de ellas, me permito señalar las siguientes: 1) La víctima rescatada como resultado de alguna diligencia ministerial u operación policial, la cual en ocasiones s e p t i e m b re 2013

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REFERENCIAS: I. Ver “La protección de las personas tratadas en las Américas. Perspectiva del derecho de los refugiados”. ACNUR, Mayo 2010 II. Manual sobre la investigación del delito de trata de personas. Guía de autoaprendizaje. 2009. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

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no se asume como tal y consideraba su explotación como algo normal, ya sea porque está enamorada del tratante o porque no considera ser sujeta de derechos. Así como aquellas que al ser rescatadas tienen miedo del cumplimiento de las diversas amenazas que reciben de los tratantes; en otros casos, porque sus hijos se encuentran privados de la libertad por los tratantes en algún lugar que incluso ellas desconocen y que por ello guardan silencio ante las autoridades. 2) Las víctimas que escapan de la explotación, que principalmente son aquellas que se encuentran privadas de su libertad o que ante una ocasión de oportunidad logran su libertad; muchas de ellas se muestran desconfiadas a la autoridades, en la mayoría de los casos porque los tratantes les han manifestado protección de estas. 3) La víctima que es expulsada del esquema de explotación, siendo que por alguna circunstancia ya no les es útil. Cada caso presentará particularidades diversas, pero cada escenario es muy distinto, por eso cuando nos preguntan acerca de modelos de atención a víctimas de trata de personas, sólo nos podemos referir a esquemas generales para su atención, ya que los procesos de dicha atención, sus necesidades y expectativas serán variadas, lo que se verá reflejado en su evolución y respuesta ante las autoridades, lo que influye necesariamente en sus declaraciones y evidentemente se traduce en el avance de las investigaciones, así como en su trascendencia en los procesos judiciales. Por otro lado, un nuevo escenario jurídico de la trata de personas significa aquellos delitos cometidos a través de las tecnología de la información y la comunicación, que hoy día se presentan como espacios que, amparados en el anonimato y ubicuidad del denominado ciberespacio, son perfectos para identificar, seleccionar y enganchar víctimas; y en otros para beneficiarse de su explotación, tratándose de delitos como el de la pornografía, el turismo sexual y la pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

En estos casos, si bien se han logrado grandes avances, aún tenemos mucho por conocer acerca de la identificación, el tratamiento y el procesamiento de la evidencia digital, cuya traducción se reflejara en su valoración judicial, como pruebas que me permitiré señalar como no tradicionales, tales como la testimonial o la documental, esto por su alto componente técnico y volatilidad; y que hoy día se presentan inmersas en diversos ilícitos.

De víctimas a sobrevivientes La pgr, al estar convencida que la trata de personas es la forma más extrema de violencia y que, como así lo avalan los datos y estadísticas, es un delito que posee un alto componente de género al ser las mujeres quienes en mayor medida la padecen, en especial en lo que afecta a la explotación de carácter sexual, en enero del año 2008 creó la actual Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (fevimtra), mediante el Acuerdo A/024/08, de 31 de enero, modificado en 2012 por el acuerdo A/109/2012. Derivado de todo ello, en la actualidad la fevimtra tiene como objetivos prioritarios la persecución de los delitos constitutivos de violencia de género y de trata de personas en el ámbito federal. En lo que se refiere al trabajo ministerial de la Fiscalía Especial, sólo por los delitos en materia de trata de personas, ha iniciado en lo que va del año 66 averiguaciones previas; asimismo, en el mismo periodo, se iniciaron 33 actas circunstanciadas. Como respuesta a este mandato, en el mes de julio de 2009, la PGR, a través de la fevimtra, puso en funcionamiento el Refugio Especializado para Mujeres Víctimas de Violencia de Género Extrema y Trata de Personas, que es el primero de orden federal, en el cual desde su creación se han atendido a 356 víctimas, y que es considerado como un espacio digno y seguro, donde además de su protección se les proporciona atención psicológica, médica, social y pedagógico, así como atención educativa y de talleres para el empleo que faciliten su proceso de reintegración social.

T R ATA D E P E R S O N A S Precisamente el carácter de federalidad es una de las particularidades del refugio, en especial por el elevado número de mujeres víctimas que en él radican y que han sido tratadas sexual o laboralmente, pues los escasos refugios que existen para mujeres provenientes de la trata suelen estar dirigidos por organizaciones de la sociedad civil. La multiplicidad de avances en el tema

dejan de manifiesto la real atención que se le ha dado, no obstante, las acciones pendientes siguen siendo un gran reto para todos. Hoy día la especialización de las y los operadores del sistema de procuración de justicia debe privilegiarse para garantizar procesos de verdadera aplicación del derecho, no sólo para las víctimas, sino también para los sujetos activos del delito.•

Unidades que comparten facultades para conocer e investigar el delito de trata de personas en el ámbito federal: • fevimtra • Unidad Especializada en Tráfico de Personas y Órganos (adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) • Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero (adscrita a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales) • Delegaciones Estatales (adscritas a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo)

MECANISMOS DE LA PGR PARA RECIBIR DENUNCIAS CIUDADANAS Página web: http://www.pgr.gob.mx/denuncia/ Teléfono: 01 800 00 85 400, del Centro de Denuncia y Atención Ciudadana (cedac) Correo: fevimtra@pgr.gob.mx

VIOLENCIA

RAFAEL LOZANO ASCENCIO Director del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México y Profesor de Salud Global en el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington. Investigador en Ciencias Médicas Nivel F, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II y de la Academia de Nacional de Medicina de México.

Un problema de MAURICIO HERNÁNDEZ ÁVILA Director General del Instituto Nacional de Salud Pública. Es médico cirujano por la UNAM, realizó sus estudios de Maestría y Doctorado en Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Es profesor de la Escuela de Salud Pública de México; investigador SNI nivel III; miembro la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Ciencias.

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salud pública

La violencia medida a través de los homicidios refleja un serio problema de salud pública que requiere de atención inmediata, no sólo para recuperar el retroceso que ya se observa en los indicadores de salud, sino para, además, atender las consecuencias no letales que abruman a la sociedad mexicana

SALUD PÚBLICA

ace 30 años las palabras “violencia” y “salud pública” rara vez aparecían en la misma oración(I), ahora se acepta que el abordaje científico de prevención de la violencia que ofrece la salud pública es una de las herramientas más importantes para luchar contra este importante problema social. La violencia es un problema de salud pública porque daña la salud de las personas y puede acabar con su vida; no sólo deteriora la calidad de vida de las familias que la padecen, sino que puede romper el tejido social y generar fuertes desequilibrios en la convivencia, así como desasosiego y pérdida de valores sociales fundamentales. La expresión más drástica de la violencia es el homicidio, pero también se deben incluir las muertes debidas a hechos violentos dirigidos contra uno mismo. A las muertes hay que sumar las consecuencias no mortales de la violencia, que representan uno de los desafíos más importantes para los sistemas de salud. Además de contender con heridos y mutilados debidos a la violencia física, también se tiene que trabajar para recuperar la salud mental de niños, mujeres y adultos mayores que sufren de maltrato, amenazas y todo tipo de violencia psicológica y sexual. Cuando la violencia recrudece se empieza a acumular una importante carga de estrés postraumático, tanto para las víctimas directas, como para sus familiares y vecinos, lo cual tiene impactos importantes

sobre la salud y la calidad de vida de todos ellos. En el sector salud se reconoce la importancia de la violencia como un problema prioritario de salud pública que requiere atención inmediata. La Secretaría de Salud (SS), como parte de la Comisión Intersecretarial(II), contribuirá fortaleciendo la detección oportuna y la atención médica y psicológica en materia de violencia familiar y de género. Priorizará la orientación y consejería a adolescentes y grupos vulnerables, así como la promoción y adopción de estilos de vida saludables y entornos libres de violencia en escuelas y comunidades. De manera sobresaliente la SS, se compromete a desarrollar la vigilancia y análisis de las adicciones, que ya venía haciendo a través de diversas encuestas, así como de las lesiones, accidentes, homicidios y otros determinantes de conductas que propician la violencia y la delincuencia. Esta última se considera esencial para desarrollar acciones preventivas y para evaluar el curso de la epidemia de violencia que afecta al país. Un requisito básico para afrontar el problema de la violencia de manera integral es el de definir y observar la magnitud del problema e identificar sus causas, para poder formular y poner a prueba modelos de intervención. El modelo de prevención(III) que se ha puesto en marcha desde la salud pública incluye la identificación del problema y sus causas, la experimentación con diferentes programas y la evaluación de las respuestas. Se s e p t i e m b r e 2013

MÉXICO SOCIAL

VIOLENCIA

construye con base en la evidencia que demuestra que tanto la conducta violenta como sus consecuencias pueden prevenirse. Es muy importante reconocer que las intervenciones y programas que se plantean desde la salud pública complementan y hacen sinergia las respuestas que la justicia penal y los derechos humanos dan a la violencia.

Crecimiento epidémico El estudio de la Carga Mundial de la Enfermedad, Lesiones y Factores de

Riesgo ubica a México en 2010 dentro de los 15 países con mayor mortalidad por homicidios en hombres, con una tasa de 35 por 100,000. En 2005 nuestro país se ubicaba en el lugar 40, con una tasa de homicidios de 20 por 100,000 hombres(IV). Según los resultados del estudio, en México 9% de los años perdidos por muerte prematura en los hombres en 2010 se asocian a homicidios, por encima de las enfermedades isquémicas del corazón, la diabetes y los accidentes de tránsito. El impacto de esta epidemia también se expresará en una disminu-

ción de la esperanza de vida al nacer de los mexicanos. Según el Consejo Nacional de Población, de 2009 a 2010 se pierde casi un año en la esperanza de vida de los hombres y se estima que ésta se recupera en un plazo no menor a cinco años. No hay que olvidar que sin la epidemia de homicidios no se hubiera atrasado este importante indicador de desarrollo social, que igualmente opaca otras ganancias importantes en salud y condiciona que no se cumpla con el objetivo del programa sectorial de salud de aumentar la esperanza de vida.

Muertes por agresiones en el mundo 4 de cada 5 homicidios suceden en hombres y 60% de las muertes fueron en varones de 15 a 44 años. Asimismo, el riesgo de morir por un homicidio es cinco veces más alto en hombres que en mujeres de ese mismo grupo de edad, pero en los menores de 15 años prácticamente es el mismo riesgo para niños y niñas.

Edad en años <15 15-29 30-44 45-59 60 o más Total

Porcentaje Tasa por 100,000 hab. Hombres 3.4 34.3 25.5 12.3 5.3 80.7

Mujeres 2.7 6.5 4.8 2.6 2.7 19.3

Hombres Mujeres 1.2 1.0 18.4 3.6 17.0 3.3 12.7 2.6 10.4 4.2 10.6 2.6

Distribución de los homicidios estimados (457 mil) y las tasas de homicidios estimadas, por grupos de edad y sexo en el mundo, 2010 Fuente: Lozano R, 2012

s e p t i e m b r e 2013 MÉXICO SOCIAL

SALUD PÚBLICA México, retroceso de 20 años La tendencia de homicidios de 1981 a 2004 presenta un descenso muy importante, con una tasa anual decreciente de 4%. Es claro que la violencia, y menos sus consecuencias, no se mueve linealmente en el tiempo ni sus determinantes sólo cambian de la noche a la mañana cuando emerge la violencia colectiva; sin embargo, a partir de 2005 la tendencia se revierte y aumenta anualmente con una tasa de 11.5%. La gráfica abajo muestra que este cambio es equivalente a un retroceso de más de 20 años. Es decir, a finales de los ochenta la tasa de mortalidad por homicidios era similar a lo que se observa en 2011. Este crecimiento tan importante en los homicidios es lo que le da las dimensiones de epidemia. Tasa Ajs Edad x 100,000 hab

30.0 25.0 20.0 15.0 10.0

y= -0.804x + 29.2 R2= 0.92

5.0 0.0 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011

Fuente: Elaboración propia usando los datos de INEGI, Conapo y OMS. NOTAS: Tendencia de la tasa por homicidios en ambos sexos usando las estadísticas que el INEGI publica periódicamente. Las cifras se derivan de la información sobre las estadísticas vitales captada de los registros administrativos generados por las entidades federativas, básicamente de defunciones accidentales y violentas (esta fuente contiene registros de 4,700 oficialías del Registro Civil y 1,107 agencias del Ministerio Público que mensualmente proporcionan información al INEGI. En las oficialías del Registro Civil se captan datos de las defunciones (homicidios) a través de actas y certificados de defunción; esta información se complementa con la que proporcionan las agencias del Ministerio Público mediante los cuadernos estadísticos) Para el cálculo de las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes, se utilizaron los datos publicados en abril pasado por el Consejo Nacional de Población (Conapo), referentes a las estimaciones de la población para los años 1990-2009 y las proyecciones de la población de México, 2010-2050. Para controlar el efecto ocasionado por el cambio en la estructura de edades, se presentan tasas ajustadas por edad que se calcularon usando las poblaciones estándar publicadas por la OMS.

9 de cada 10 muertes por homicidio son de hombres… …y 72% de ellas fueron de varones de 15 a 44 años. Además, la tasa de mortalidad en jóvenes de 15 a 29 años en México es cuatro veces más alta que el promedio mundial y cinco veces más alta cuando se compara en los hombres de 30 a 44 años. El potencial de vida perdida es brutal: cada joven de este grupo de edad podría vivir entre 60 y 70 años más, lo cual ubica a los homicidios como la primera causa de muertes prematuras en el país. En el caso de las mujeres también se observa que México presenta una tasa de mortalidad por homicidios casi del doble en las mujeres de 15 a 59 años con respecto a las mujeres del mundo de la misma edad. Edad en años <15 15-29 30-44 45-59 60 o más Total

Porcentaje Hombres 1.3 37.4 34.4 12.2 4.7 90.0

Mujeres 0.7 3.9 3.0 1.4 0.9 10.0

Tasa por 100,000 hab. Hombres 2.0 67.7 79.6 44.2 25.9 43.4

Mujeres 1.1 6.8 6.3 4.7 4.4 4.6

Distribución de muertes (los 27 mil homicidios registrados) y tasas estimadas de homicidios (por 100 mil habitantes) por grupos de edad y sexo en México, 2011 Fuentes: INEGI, Conapoy OMS. s e p t i e m b r e 2013

MÉXICO SOCIAL

VIOLENCIA Aumenta 228% tasa de homicidios en jóvenes varones En los últimos 30 años el número de muertes por todas las causas aumenta de 30 a 31 mil y el número de jóvenes aumenta de 9.2 a 15 millones. Esto quiere decir que en ese periodo el país acumula más jóvenes y menos muertes a esas edades. Sin embargo, la disminución de la mortalidad se debe a la caída de todas las causas de muerte, excepto las violentas. En 2010 las causas asociadas a la violencia concentran 38.2% de las muertes de los jóvenes; la tasa de mortalidad por todas las causas disminuye 37% en este periodo, pero la tasa por homicidios aumenta 35%. Más grave aún es que la tasa por homicidios en los jóvenes varones desciende 60% de 1980 a 2004 (50.3 a 20.6 por 100,000), pero de 2004 a 2011 aumenta 228% (20.6 a 67.7 por 100,000). 1980

Total de defunciones

% 30,482

1 Accidentes de vehículo de motor 19.8 2 Homicidios 15.5 3 Ahogamiento y sumersión accidentales 5.0 4 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 2.0 5 Enfermedades infecciosas intestinales 1.9 6 Tuberculosis 1.8 7 Infecciones respiratorias agudas bajas 1.8 8 Consumo de alcohol 1.4 9 Suicidios 1.3 10 Enfermedad cerebrovascular 0.9

2010

Totalde defunciones

31,294

Homicidios Accidentes de vehículo de motor Suicidios

32.8 15.2 5.4

VIH/sida Ahogamiento y sumersión accidentales Nefritis y nefrosis Enfermedades isquémicas del corazón Cirrosis y otrasenfermedades crónicas del hígado Leucemia Infecciones respiratorias agudas bajas

3.0 2.5 2.2 1.9 1.5 1.5 1.3

Fuente: DGIS, SSa/INEGI. Información dinámica. Cubos de defunciones 1979-2010. Servicios de Información OLAP. http://dgis.salud.gob.mx/cubos/

REFERENCIAS: I. Dahlberg LL, Mercy JA. History of violence as a public Health issue.AMA Virtual Mentor, february 2009. Vol 11, No 2: 167-172. Disponible en línea:http:// virtualmentor.ama.org/2009/02/mhstl-0902.htlm II. Bases del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia e Instalación de la Comisión Intersecretarial (http://www.gobernacion.gob. mx/archivosPortal/pdf/Bases120213.pdf) fecha de acceso 22/08/2013 III. Informe mundial sobre la violencia y la salud. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, 2003. IV. Lozano R, Naghavi M, Foreman K, Lim S, Shibuya K, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012, 380:2095-3018.

s e p t i e m b r e 2013 MÉXICO SOCIAL

LA DISCUSIÓN SOBRE Un texto de n Gallardo (In memoriam) rto Rincó Gilbe

AL o » 08 taria de Turism TURISMO SOCI Massieu, Secre Claudia Ruiz

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VIOLENCIA

ADALBERTO SANTANA Director e investigador titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) y profesor del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. También es director de la revista Cuadernos Americanos. Recibió Mención Premio Casa de las Américas y la Moción de Reconocimiento y Trabajo otorgada por la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro, Brasil, entre otras distinciones. Es autor y coautor entre otros libros de: El pensamiento de Francisco Morazán; HondurasMéxico, una relación horizontal; El narcotráfico en América Latina; Retos de la migración latinoamericana; Proyección global de la migración latinoamericana; Venezuela: política y migración.

Migrantes

indocumentados en México (I)

El incremento de la criminalidad en México y Centroamérica es una compleja realidad de nuestros días; esa situación se ha contabilizado por su gran magnitud: “para 2006, los costos económicos de la violencia en Centroamérica alcanzaron los 6,506 millones de dólares (7,7% del PIB subregional)”(II)

stos costos en términos nominales se concentraron en mayor medida en Guatemala y El Salvador. Pero también en toda esta situación se identificaba a la región, y específicamente al llamado “Triángulo del

s e p t i e m b r e 2013 MÉXICO SOCIAL

Norte” (Guatemala, El Salvador y Honduras), como la subregión más violenta del mundo. En ese tenor paralelamente se identificaba como los principales responsables de esa violencia (delitos contra la vida, la integridad y el patrimonio) al fenómeno del narcotráfico, el crimen

MIGRACIÓN

Complejo escenario económico El modelo imperante de libre mercado, con la apuesta de elevar la tasa de capital con bajos salarios, bajos niveles de ocupación, menor seguridad social y precios bajos de las materias primas ha afectado principalmente a Centroamérica. Por ello se sostiene que el 14.2% de su población sufre desnutrición, es decir, casi 6 millones de personas; en cuatro de los seis países de América Central el porcentaje de personas subnutridas supera el 10%; y solo en Costa Rica dicho porcentaje es menor al 5%. En cinco de los seis países de la región, más del 19% de los menores de 5 años sufre desnutrición crónica moderada y grave. El 50% de la población se encuentra en situación de pobreza y las cifras de pobreza extrema representan el 26.8%, media que duplica al resto de los países de América Latina y el Caribe(VI).

organizado y las maras o pandillas juveniles(III). Pero también paralelo a ello se ha indicado que las “altas tasas de criminalidad en la subregión se deben a la superposición de desajustes en varios subsistemas sociales (familiar, laboral, económico, político, cultural e institucional), agravados por la globalización(IV). A todo esto hay que agregar el hecho mismo de que en los países del Istmo centroamericano hay un fuerte flujo de armamento: “se indica que en 2007 existían aproximadamente 4.5 millones de armas cortas, la mayoría de ellas ilegales. Estas armas a menudo están presentes en los crímenes violentos en Guatemala y El Salvador”(V).

La reforma a la Ley de Migración El ingrediente adverso de la situación del narcotráfico y el crimen organizado en México agudizó el panorama de las políticas de tratamiento para la migración y se detectó la necesidad urgente de revisar las legislaciones mexicanas involucradas. Así, en marzo de 2010, dentro del 138 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se celebró la audiencia pública “Situación de los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México”, en la que los peticionarios presentaron el problema del secuestro de personas migrantes en el país.

El primer impacto de la reforma a la Ley de Migración fue el triunfo y la consolidación de las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la defensa de los derechos de los migrantes indocumentados

En este contexto, el 25 de agosto de 2010, elementos de la Armada de México localizaron en un rancho en las inmediaciones de San Fernando, estado de Tamaulipas, los cuerpos sin vida de 72 personas originarias de las repúblicas de Brasil, Ecuador, El Salvador y Honduras(VII). Este terrible acontecimiento y la persistencia de eventos criminales contra migrantes en territorio mexicano aceleró los trabajos de los diputados en el Congreso de la Unión. De esta manera, la Reforma a la Ley de Migración del 25 de mayo de 2011 tuvo una respuesta contra los fenómenos del narcotráfico y el crimen organizado, que en cierta forma modificaron las formas de atención al tema de la migración, tanto a nivel mundial como regional(VIII). s e p t i e m b r e 2013

MÉXICO SOCIAL

VIOLENCIA

RESPUESTA CONTRA LA VIOLENCIA Tras la Reforma a la Ley de Migración: • Se reconoció la labor humanitaria y de asistencia a los migrantes que realiza la sociedad civil organizada, prohibiendo que el Instituto Nacional de Migración les realice visitas de verificación • Se facultó a la SEGOB a celebrar convenios para coadyuvar con organizaciones y autoridades de los tres órdenes de gobierno para establecer acciones de coordinación en materia de prevención, persecución y atención a los migrantes víctimas de delito • Se tipificó el delito de tráfico de indocumentados y se incluyó como agravante el inducir, procurar, facilitar u obligar a niñas, niños y adolescentes o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, bajo la disposición de que el delito habrá de perseguirse de oficio El primer impacto de esta reforma en México fue el triunfo y la consolidación de las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la defensa de los derechos humanos y en particular a favor de los migrantes indocumentados. La ley reconoció la labor humanitaria y de asistencia a los migrantes que realiza la sociedad civil organizada, por lo que prohíbe expresamente que el Instituto Nacional de Migración (inm) realice visitas de verificación en los locales y lugares donde llevan a cabo sus actividades. También se facultó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a celebrar convenios para coadyuvar con esas organizaciones, al igual que con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para establecer acciones de coordinación en materia de preven-

ción, persecución y atención a los migrantes víctimas de delito. Se tipificó el delito de tráfico de indocumentados y se incluyó como agravante el inducir, procurar, facilitar u obligar a niñas, niños y adolescentes o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, bajo la disposición de que el delito habrá de perseguirse de oficio.

Protestas de los migrantes En una reflexión final de esta situación que aquí mostramos, podemos señalar que este tipo de condiciones no ha variado mucho en el submundo de la trata de personas y de la economía sumergida. Damos testimonio de las protestas que los mismos migrantes

indocumentados centroamericanos realizaron en territorio mexicano. Por ejemplo, las registradas en mayo de 2012 contra el abuso policiaco. Tal situación tomó más fuerza el 18 de mayo de 2012, como se reporta en la protesta política de los migrantes centroamericanos, en una marcha en Tultitlán, Estado de México, punto neurálgico de ellos en su ruta por el ferrocarril de carga (“La Bestia”). En ella se hizo énfasis en que a la par que veían violados sus derechos humanos también se violaban las leyes de migración mexicanas. Con ello se ponía de relieve su denuncia política en su crudo testimonio: “’Los migrantes no somos criminales, somos trabajadores internacionales’, ‘No más secuestros’ y ‘Ni una muerte más, ni una masacre más, todos tenemos derecho a migrar’”(IX).•

REFERENCIAS: I. Texto que forma parte del trabajo “Impacto político de la migración centroamericana en México”, trabajo será incluido en el libro de próxima publicación: Migración latinoamericana: experiencias regionales (siglo XXI), CIALC-UNAM. II. Hugo Noé Pineda, Gasto público en seguridad y justicia en Centroamérica, México, CEPAL, octubre, 2011, p. 10. III. Cf.: Francisco Cano, “La vida loca”: pandillas juveniles en El Salvador, Barcelona, “Anthropos”, 2009. IV. Hugo Noé Pineda, op. cit., p. 11. V. Ibid., p. 13 VI. Cf.: Centroamérica en Cifras. Datos de Seguridad Alimentaria Nutricional y Agricultura Familiar, en: http://www.rlc.fao.org/es/publicaciones/centroamericaen-cifras-datos-de-seguridad-alimentaria-nutricional-y-agricultura-familiar/ VII. Cf.: http://www.eluniversal.com.mx/notas/703946.html VIII. Cf.: Adalberto Santana, “Narcotráfico y migración”, en Adalberto Santana y Ricardo Domínguez Guadarrama (coords.), Migración en el Occidente mexicano: una visión latinoamericana, México, CIALC-UNAM, 2012, pp. 75-84. IX. Cf.: http://www.eluniversaledomex.mx/otros/nota29636.html

s e p t i e m b r e 2013 MÉXICO SOCIAL

MIGRACIÓN

PAISAJES DEL TERROR La propia naturaleza del trabajo y la economía actual producen monstruos atrofiados en lugar de seres humanos plenos (Marx, Los manuscritos de 1844)

ientras realizaba trabajo de campo en Arriaga, en las cercanías del tren de la muerte, una de mis alumnas en la universidad se detuvo a conversar con mujeres hondureñas que esperaban subir a la “bestia de acero” con destino al norte. Mi alumna estaba preocupada por comprender la violencia y la manera en que las mujeres se preparan para enfrentarla, y le preguntó a una de las migrantes lo siguiente: –“Antes de partir a este viaje, ¿cómo te preparas?, ¿qué haces para organizarte?”. A lo que la joven respondió: –“Mi mamá me ayudó, ella se queda con mis hijos y yo sé que estarán bien. Antes de salir vendí algunas cosas y junté dinero; traigo pocas cosas porque el viaje es largo. También antes de salir me tomo anticonceptivos porque ya sé lo que me puede pasar”.

YERKO CASTRO NEIRA Coordinador del Posgrado en Antropología de la Universidad Iberoamericana, institución en la que es Profesor Investigador. Es antropólogo y su línea de investigación es Redes de poder y sistemas de justicia. Entre sus últimas publicaciones figuran “Migración y sus efectos en la cultura” y “La justicia y sus márgenes. Notas para comprender los efectos de la migración de indígenas de México a Estados Unidos”.

Mi alumna, desconsolada, compartió con sus profesores este testimonio (Álvarez Velasco, 2011). Todos estábamos tratando de pensar qué hace que una mujer que decide mejorar su vida y la de sus hijos contemple con resignación que puede ser violada en el camino, y que para prepararse es mejor tomar precauciones. O más categóricamente: ¿qué tuvo que pasar para que el cuerpo femenino se transformase en parte de las mercancías que entraban en juego en esa economía del terror?

Economía de vidas humanas La migración puede ser definida como una experiencia de trauma. En el caso de México, con sus migrantes en tránsito, y sus largas y continuas migraciones hacia Estados Unidos, esto cobra aún más relevancia. Existen pocos lugares tan violentos s e p t i e m b re 2013

MÉXICO SOCIAL

VIOLENCIA

¿Por qué hemos llegado a naturalizar la relación entre violencia y migración? ¿Por qué la migración, las fronteras y los movimientos de población por México y el mundo han llegado a estar indisolublemente ligadas a economías del terror y del miedo?

de observación para un científico social como la migración. Desgraciadamente las migraciones contemporáneas se insertan en una verdadera economía política del terror. A diario nos preguntamos cómo es posible que atestigüemos mudos la desgracia de miles de personas que pasan por nuestro territorio y no veamos de las autoridades ni de la sociedad, en absoluto, un “hasta aquí para siempre”. Si no fuese por unas cuantas poblaciones heroicas de mexicanos (como el caso de las Patronas en Veracruz), las organizaciones de derechos humanos o ciertas confesiones religiosas que han tomado para sí estas luchas, terminaríamos por concluir que parece que a nadie le importa esto. Y una de mis tesis en este punto es la siguiente: en lugar de pensar en la violencia y las desgracias de estos migrantes como algo que ocurre al margen de la sociedad y la cultura, lejos de la economía y de la ley, tenemos que pensarlas en su perversa capacidad de ser-parte-integral de una enorme economía de vidas humanas, economía que las toma como mercancía, que considera esos cuerpos como valor y genera ganancias para muchas personas, economías locales y globales y, por supuesto, que descansa en una concepción paradójica del ser humano.

Cifras contundentes En las discusiones legislativas en México donde se debatía una nueva ley migratoria se manifestó que el tráfico de personas indocumentadas hacia Estados Unidos generaba una ganancia económica de unos 6,600 millones de dólares (Diario 10, junio 2011, Congreso Nacional). Además, para el año 2010 la Comisión Nacional de Derechos Humanos estimaba que unos 20,000 migrantes eran secuestrados al año en México. Todas las ganancias y cuerpos que alimentan esta economía nos deben hacer pensar que no estamos frente a un fenómeno marginal o excepcional: más bien lo contrario. En lugar entonces de pensar en la migración sólo como un fenómeno

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demográfico, lo debemos situar como una verdadera economía política de administración de vidas humanas, cuyas ganancias –y allí reside otra de sus perversidades– van a parar a un amplio conjunto de actores que caben dentro del esponjoso concepto de “crimen organizado”. También, por las informaciones oficiales y de muchos organismos internacionales, sabemos que en estos paisajes del terror no sólo tratamos con rostros encubiertos, actores ilegales, sino al contrario, toda una gama de autoridades, actores del “orden” y caras visibles son parte de esta orquestación del terror. En la Séptima Encuesta Nacional sobre Inseguridad realizada por el inegi en 2011 se confirmó que los migrantes secuestrados en su paso por México no denuncian, entre otras cosas, por el miedo (a los agresores, a los extorsionadores), la desconfianza a la autoridad o por la propia hostilidad de estas autoridades. Aquí reside otra de nuestras dramáticas paradojas. Los migrantes, en lugar de buscar la protección de las autoridades en México, huyen de ellas, a sabiendas de las consecuencias que podría traerles una relación con las mismas. En este sentido, el miedo, la desconfianza y la hostilidad son las bases sentimentales que definen las relaciones de la mayoría de los migrantes con las autoridades mexicanas y con la ley. Todo esto tiene un impacto profundo en la subjetividad de los migrantes y de nosotros mismos como observadores. Cuando las líneas que dividen a las autoridades de los perpetradores de agresiones hacia los migrantes se tornan difusas, cuando no tenemos certeza casi de nada respecto a esto, ocurre lo que Sousa Santos ha llamado “exceso de sentido”. Este autor portugués estudió el caso de Colombia en sus peores años y explica como el terror se va apoderando de casi todos los rincones de la mentalidad social, resultando de ello que se torna entonces difícil separar a víctimas de victimarios, buenos de malos, generando un sobresentido que provoca confusión y desconfianza. Y eso es precisamente lo que paraliza cualquier respuesta social al problema.

MIGRACIÓN

20,000 MIGRANTES

son secuestrados al año en México (cndh, 2010)

6,600 MILLONES DE DÓLARES

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

es la ganancia económica del tráfico de personas indocumentadas hacia los Estados Unidos (Congreso Nacional,2011)

Concepción paradójica y perversa Pero si extiendo aquí mi análisis para tratar de entender lo que encontramos detrás de todo esto, no puedo dejar de pensar en esa mujer que antes de iniciar el viaje hacia el norte decide tomar pastillas para evitar un embarazo. ¿Por qué ella, y muchos de nosotros, hemos llegado a naturalizar o a ver como obvia la relación entre violencia y migración? ¿Por qué la migración, las fronteras y los movimientos de población por México y el mundo han llegado a estar indisolublemente ligadas a economías del terror y del miedo? Mi respuesta es que todo esto ocurre todo el tiempo porque subyace en su base una concepción paradójica y perversa del ser humano. Y esta es mi segunda tesis: Toda política contemporánea se sustenta en una doble definición del ser humano y de la vida. El signo visible es que mientras la política busca defender la vida y al ser humano, consagra sus derechos y los establece como prioritarios, invariablemente para lograrlo, para alcanzar sus humanitarios objetivos, debe provocar también la muerte de aquellos que no son tan humanos, o al menos no como nosotros mismos lo definimos.

Es decir, toda política de defensa de la vida lleva implícita su opuesto (Foucault, 1978). Para que unos vivan, otros deben morir. O, en la demoledora expresión de Foucault, “las matanzas han llegado a ser vitales”. Sabemos por los estudios de autores como Agamben, Butler, Esposito y varios más, que nuestra economía política contemporánea descansa en esta antinomia imposible, en una contradicción absoluta. Esposito lo dice de este modo: No hay fenómeno de relevancia internacional que escape a la doble tendencia que lo coloca e una única línea de significado; por una parte, una creciente superposición entre el ámbito de la política, o del derecho, y el de la vida; por la otra, un vinculo igualmente estrecho con la muerte (Esposito, 2011). Mi llamado es a que despertemos de este pesado sueño que produce alienación por todas partes. Necesitamos un compromiso y activismo social y académico que coloque esto como primera línea de discusión y, sobra decirlo, debemos remodelar y transformar radicalmente nuestra concepción de vida y de ser humano. La defensa de ello no sólo nos compromete con los otros, con los que ahora sufren, sino con nuestros más básicos pilares de este edificio social que nunca ha terminado por estar del todo bien construido.•

Debemos situar a la migración como una verdadera economía política de administración de vidas humanas, cuyas ganancias van a parar a un amplio conjunto de actores que caben dentro del esponjoso concepto de “crimen organizado”

*Consulte las referencias de este artículo en nuestra página www.mexicosocial.org s e p t i e m b re 2013

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VIOLENCIA

Bienvenidos al inf ierno

ara tener una mejor comprensión de lo que sucede en la realidad de la violencia contra los migrantes, tomamos prestados algunos conceptos de Johan Galtung que nos presenta el profesor David Spener de la Universidad de Trinity. Según este autor, se puede presentar violencia directa o personal cuando un actor individual o un conjunto de actores identificables (autoridad gubernamental o delincuentes) cometen directamente actos de violencia contra un migrante o conjunto de migrantes. Pero también hay violencia estructural, en la que no hay un perpetrador visible, y es más bien llevada a cabo por la organización social que desde sus estructuras fomenta la desigualdad social. Aquí también cabe la violencia institucional provocada por los propios gobiernos de Estados Unidos y México, que tiene relación con las políticas públicas que ejecutan ambos gobiernos para contener y administrar los flujos migratorios. Un tercer tipo puede ser catalogado como violencia cultural, cuando algunos aspectos de la cultura, llámese religión, ideología, lenguaje o ciencias pueden ser utilizados para justificar o legitimar la violencia, en este caso contra la población migrante. Así podemos entender que la violencia

septiembre MÉXICO SOCIAL

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contra los migrantes no es sólo de los delincuentes aislados o de las bandas organizadas, del ejército o de agentes de migración y policías locales, sino que también proviene de las condiciones económicas, sociales y culturales que impiden el acceso a los medios para solventar las mínimas necesidades de subsistencia de una gran población del país y de la región. La falta de oportunidades propicia la desigualdad social y llevan al éxodo de la población. Desafortunadamente, esa situación está sustentada en una ideología que opera como violencia cultural para legitimar las desigualdades existentes, como lo sostiene Spener, y justifica que las desigualdades entre México y Estados Unidos requieran de una política de administración y vigilancia de los flujos migratorios. De esta forma, el aparato de control de inmigración y de las fronteras por parte del gobierno estadunidense y la omisión del Estado mexicano por proteger a sus connacionales forman parte de la violencia estructural que se impone a los migrantes.

El calvario Los migrantes centroamericanos que llegan a los estados fronterizos del sur de México con destino hacia Estados Unidos pasan por un verdadero infierno, espe-

MIGRACIÓN cialmente los de origen centroamericano. Comienzan su penar al cruzar el Río Suchiate, la región del Soconusco, Tapachula o las selváticas zonas de Chiapas, donde son detenidos por los militares apostados en la zona sin que estos tengan ninguna autoridad para ello. Las desoladas brechas que utilizan algunos migrantes para evadir la vigilancia se tornan un verdadero peligro, especialmente para las mujeres. Según Amnistía Internacional, seis de cada diez mujeres son violadas en el trayecto. Luego, al treparse a la inefable máquina, que todos conocen como “la bestia”, son asaltados por bandas delictivas que controlan esas rutas en complicidad con distintas autoridades de las localidades. En su tránsito por el país se encuentran con los militares, las autoridades de migración, las policías locales y, lo que es peor, con las bandas del crimen organizado, quienes se aprovechan de su vulnerabilidad de indocumentados. La mayoría de las veces gozan de la solidaridad de los pobladores, quienes, como ellos, son pobres, y de las organizaciones caritativas de corte religioso que se encuentran en su camino. Pero en otras ocasiones enfrentan el rostro bárbaro del racismo, a veces instigados por las propias autoridades locales, como fue el caso de Lechería en el Estado de México, o como sucede actualmente en algunos poblados de Coahuila. Los migrantes que parten de los estados tradicionales y los de nueva incorporación a la diáspora mexicana también se enfrentan a un vía crucis. Obligados a emigrar por motivos económicos, reunificación familiar o recientemente por la crisis de inseguridad que se vive en algunas entidades como Michoacán, Guerrero y Veracruz, de pronto se ven asaltados, vejados y secuestrados en el trayecto hacia la frontera. Finalmente, un tercer grupo de migrantes, los que son deportados y expulsados por distintos motivos de Estados Unidos a nuestro país, quienes, según datos de Immigration Customs Enforcement, (ice) para el año fiscal 2012 ascendieron a 320,000, mientras que en el primer semestre de 2013, según la Unidad de Política de Migratoria de la Secretaría de Gobernación, llegaron

a los 189,493. Ellos también viven un calvario: la incertidumbre de haber dejado en territorio estadunidense familia y bienes y no saber si van a poder retornar en el futuro. En la frontera norte de México estos tres grupos convergen con similares necesidades en un espacio que se torna hostil. Ahora se encuentran atrapados en un terreno fangoso plagado de depredadores humanos, como las organizaciones criminales en nuestro país "polleros, narcotraficantes y bajadores de migrantes" que pretenden extorsionarlos, secuestrarlos y hasta asesinarlos como ha sido el caso de la masacre de 72 personas en agosto 2010 y el descubrimiento posterior de fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. A estos grupos delincuenciales se agregan las policías locales que se aprovechan de su vulnerabilidad y que la mayoría de las veces actúan en complicidad con las bandas de facinerosos. Pero, lo que es peor, nuevos actores se suman al desprecio de los migrantes, nos referimos a las autoridades policiacas de los municipios fronterizos que estigmatizan como “delincuentes” a las personas que llegan de otras partes.

JOSÉ ASCENCIÓN MORENO MENA Investigador de la Universidad Autónoma de Baja California. Es Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte, y autor y coautor de los libros “Éxodos, veredas y Muros: perspectivas de la migración”; “Tejedores de esperanza: redes de organizaciones civiles en Baja California”; y “Miradas desde la Frontera: Estudios Sociales sobre Baja California”. Es miembro del SIN, nivel I, Perfil Promep y Premio al Mérito Académico de la Universidad Autónoma de Baja California en Ciencias Sociales, 2009.

Entre dos fuegos Por otro lado, en la frontera norte los migrantes de distintos perfiles se encuentran con el muro virtual y físico que se ha venido construyendo a partir de la famosa operación de control migratorio “operación guardián”, iniciada en la primera mitad de la década de los noventa en el gobierno de Clinton y extendida con la política de securitización de los presidentes que le precedieron, motivados por los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001. Esta nueva visión que se impuso en los gobiernos estadunidenses, pone a la migración junto con el terrorismo y el narcotráfico como asuntos de seguridad nacional. De esta manera, la frontera norte, ese espacio construido, que el profesor David Spener ha denominado “Apartheid global”, porque funciona como un espacio de segregación entre el mundo desarrollado y los miserables del sur, ahora tiene distintos actores persecutorios de los migrantes indo-

La frontera norte funciona como un espacio de segregación entre el mundo desarrollado y los miserables del sur

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VIOLENCIA

La situación de violencia

contra los migrantes tenderá a empeorar

si se aprueba la iniciativa de reforma migratoria, pues los

controles en la frontera norte se agudizarán

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cumentados como “la migra” o border patrol, los agentes de Immigration Customs Enforcement, (ice), Custom and Border Protection (cbp), el Sherif de los condados, Highway Patrol (chp) y los cazadores de migrantes. Pero ellos son solo el instrumento de una política de control migratorio que señala a las personas migrantes como una amenaza a la seguridad nacional, aunque se compruebe que no lo son, pero que, por otra parte, los utiliza como mano de obra barata cuando la economía estadunidense está en auge. La política antiinmigrante del gobierno de Estados Unidos ha traído más de 5,800 muertes de migrantes en el intento por cruzar desde que comenzó la “operación guardián” hasta la actualidad, así como 38 migrantes asesinados por la Patrulla Fronteriza en el periodo de 2000 hasta abril de 2012, según cita el Segundo Informe del Programa de Defensa e Incidencia Binacional, “Violaciones a derechos humanos de personas migrantes mexicanas detenidas en los Estados Unidos 2011–2012”. El mismo pdib señala que el hostigamiento y la violencia de la Patrulla Fronteriza contra los migrantes indocumentados continúan durante el proceso de la detención, la internación y la deportación. Violaciones al debido proceso; condiciones infrahumanas en los centros de detención; separación familiar; retención de pertenencias; obligatoriedad de firmar supuestas salidas voluntarias; deportación de personas con problemas de salud mental; en fin, violencia que justifica el gobierno estadunidense en aras de preservar la seguridad nacional. Esta política institucional también es culpable del cambio de perfil de las personas deportadas por el gobierno de Estados Unidos, identificado tanto por los académicos como por las organizaciones civiles. De migrantes de reciente internación ha cambiado a una población migrante que tenía su residencia de uno a varios años en la unión americana antes de ser expulsados. La violencia estructural contra los migrantes en México también se manifiesta por la estrategia de guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado que inició el anterior presidente Felipe Calderón, y que no ha cambiado mucho con el actual

gobierno. El modelo militarista y la visión securitizante que siguió el gobierno federal, influido por su vecino del norte, para combatir el crimen organizado y el narcotráfico generó que las regiones por las que transitaban regularmente las personas migrantes se encontraran en estado de extrema violencia e inseguridad. Entonces, los migrantes quedaron entre dos fuegos, por un lado, frente a las violaciones a los derechos humanos de la Patrulla Fronteriza, policías locales y el Ejército Mexicano y, por otro lado, frente al crimen organizado, que vio en los migrantes una preciada mercancía. La estrategia del entonces presidente Calderón no consideró medidas de protección a los migrantes y el marco normativo para regular la migración llegó muy tarde, hasta la fecha apenas comienza a operarse. Por esa omisión el Estado mexicano puede tener cierto grado de responsabilidad de las muertes de migrantes en territorio nacional.

Criminalización de los migrantes Otro tipo de violencia contra las personas migrantes y que involucra a las comunidades fronterizas es la criminalización que se está haciendo en los discursos oficiales de las autoridades locales. Desgraciadamente la intensificación de las deportaciones de migrantes que ya tenían años radicando en Estados Unidos derivó en una asociación desfavorable de la migración con la delincuencia y la inseguridad pública. Fue un elemento que, sin duda, intensificó las expresiones de desconfianza y la criminalización hacia los migrantes por parte de distintos actores, sobre todo en los estados del norte de México. Aquellos migrantes devueltos de Estados Unidos, producto de detenciones de los programas Criminal Alien Program (cap) Programa 287(g), así como del Programa de Comunidades Seguras, son estigmatizados como criminales porque así los catalogan las autoridades estadounidenses, aunque hayan sido detenidos por una infracción de tránsito no pagada en su momento, o por no portar los documentos que los acreditaran como residentes legales en Estados Unidos.

MIGRACIÓN Desafortunadamente la ignorancia y la incapacidad por resolver el incremento de la incidencia delictiva ha llevado a distintas autoridades municipales en los estados fronterizos a responsabilizar a la población migrante de los males que aquejan a sus ciudades, como ocurre con las declaraciones revanchistas y antiinmigrante vertidas a los medios de comunicación por presidentes municipales y encargados de la seguridad en las ciudades de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Saltillo durante todo 2012. Esas expresiones, que pueden catalogarse como discriminatorias, xenofóbicas y falta de solidaridad, y que provienen de autoridades, han traído sentimientos encontrados en algunas poblaciones fronterizas de Coahuila, Tamaulipas y Baja California, lo que ha provocado que ahora sean vistos los migrantes, por algún sector de las comunidades locales, como un problema que hay que erradicar. Al respecto, vale la pena mencionar lo sostenido por la organización civil baja-

californiana, Coalición Pro Defensa del Migrante, en su boletín del 17 de mayo de 2012, acerca de que los discursos de ese tipo provenientes de las autoridades resultan graves porque “fomentan el revanchismo contra los migrantes, la xenofobia y se tiende a culpar a los migrantes repatriados de los delitos que se cometen en las ciudades. Eso es peligroso porque rompe con los valores de la solidaridad y la población puede ver a los que llegan como un riesgo”. Parece que la situación de violencia contra los migrantes tenderá a empeorar si se aprueba la iniciativa de reforma migratoria, tal y como fue votada en el Senado, puesto que los controles en la frontera norte se agudizaran aún más. Lo anterior traerá grandes retos al nuevo gobierno mexicano, como el de modificar las condiciones que propician el éxodo de la población y construir una política migratoria integral de Estado que garantice los derechos humanos de las personas migrantes, ¿será capaz de hacerlo?•

6 de cada 10 mujeres son violadas en su trayecto migratorio (Amnistía Internacional)

¿POR QUÉ SÍ A LA REFORMA ENERGÉTICA? Como hacía muchos años no se veía, el pri sacó la fuerza como partido unido que es, y su Comisión Política Permanente (cpp) demostró que respalda al gobierno federal del presidente Enrique Peña Nieto en un tema tan trascendente para el país como es la reforma energética. A pesar de nuestra gran riqueza petrolera, sólo el 16% de nuestras reservas se ha extraído; importamos la mitad de las gasolinas; así como productos petroquímicos por más de 15 mil millones de dólares y la tercera parte del gas que consume la población. ¿Será esto aceptable? Claro que no, sobre todo porque el país tiene hidrocarburos, con los que se pueden producir. Han pasado 73 años desde que el ex presidente Lázaro Cárdenas encabezó la primera gran Reforma Energética de México, cuyo espíritu fue nacionalista, modernizador, visionario y pragmático y ahora se conserva. Desde entonces se estableció la garantía de que la propiedad y la rectoría del Estado en el control de los hidrocarburos, al tiempo que contempló la participación del sector privado en diversas actividades. La propuesta presidencial propone mantener la propiedad de la nación sobre los hidro-

carburos y las grandes empresas energéticas: Pemex y cfe no se venden. Todo seguirá siendo de los mexicanos. La reforma energética no es para favorecer a los que más tienen ni a empresas extranjeras, está destinada a beneficiar a los mexicanos, a todos, ya que habrá gas barato que impulsará la producción de fertilizantes nitrogenados, amoniaco y urea. Hay que destacar que un mayor consumo de fertilizantes es igual a una mayor producción de alimentos. Como lo dijo Francisco Labastida –en la sesión ccp del pri–, también se reducirán las facturas que tienen que pagar los hogares mexicanos por la compra de gas; la cfe ahorrará 7 mil millones de dólares anuales por usar gas, y los mexicanos tendrán energía eléctrica más barata. Al invertirse más en las refinerías y operarlas mejor, se reducirá la importación de gasolinas; se impulsará la producción nacional de bienes para el sector energético. La energía barata implicará menores costos para las industrias, mayor competitividad e impulso a la inversión privada para crear más empleos. Se impulsará la producción del gas de lutitas o Shale, que cuesta menos de la cuarta parte del combustóleo, y del cual hay existencias para más de 100 años; la disponibilidad de este

gas multiplicará por tres las reservas probadas de petróleo. Sabemos que la reforma constitucional es indispensable pero no suficiente, por ello habrá que trabajar en las leyes secundarias y en los reglamentos. La mesa está puesta para fortalecerla. Los edificios se construyen piso por piso. Tenemos que actuar y ser responsables con el mejor futuro de México.

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VIOLENCIA

LORENA CRUZ SÁNCHEZ Presidenta del instituto Nacional de las Mujeres. Es Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma del Estado de México, y cuenta con diferentes diplomados en el país y en el extranjero. Entre otros cargos, fue vocal ejecutiva el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México; Coordinadora de Concertación Interinstitucional de la Secretaría de Desarrollo Social; Directora General de Promoción Internacional y Directora de Inversión Extranjera de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México. Ha participado en foros internacionales en temas como presupuestos públicos y trata de personas organizados por diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas (PNUD, UNIFEM, OIT, OIM, entre otros) y la embajada de Estados Unidos.

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Violencia contra las mujeres: retos y alientos La discriminación por razones de género está entre las causas estructurales de las múltiples violencias que viven cotidianamente las mujeres y las niñas en nuestro país. El derecho a la igualdad se ve permanentemente invalidado por la discriminación y la violencia presentes en los contextos familiar, laboral, político, comunitario y social

l Instituto Nacional de las Mujeres, como órgano rector de la política en materia de igualdad en México, trabaja con la sociedad civil y con los tres poderes y órdenes de gobierno para erradicar la discriminación y la desigualdad de género en México. Sabemos que la discriminación favorece todas las desigualdades que alejan a las mujeres de la justicia y la educación; de la salud y el ejercicio de sus derechos reproductivos; de la participación política y el desarrollo económico; de la autonomía y la libertad. La discriminación está en la base de los delitos más infames contra las mujeres y la sociedad en su conjunto: la trata, que las condena a la muerte en vida, y el feminicidio, el delito más vil y cobarde contra una mujer. El Instituto que tengo el honor de

dirigir ha sido enfático: la muerte de una mujer por razones de género es un delito de la más alta gravedad para el Estado mexicano. En el documento de Conclusiones Acordadas en el 57º Periodo de Sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (marzo de 2013), el Estado Mexicano refrendó su compromiso para hacer frente al reto de erradicar la violencia contra las mujeres. Hoy en día, Naciones Unidas reconoce que el feminicidio existe en todo el mundo y fue nuestro país el que promovió la inclusión de este concepto. Esta aceptación a nivel internacional es un gran logro y refleja el compromiso del gobierno de la República, encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto, para visibilizar, perseguir y castigar de manera ejemplar a los feminicidas en México.

GÉNERO

La muerte de una mujer por razones de género es un delito de la

más alta gravedad para el Estado mexicano

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

Tenemos que impulsar acciones focalizadas, inmediatas y transversales para prevenir los feminicidios, y también debemos encontrar y castigar a los responsables de esos asesinatos, porque la impunidad alienta la comisión de más crímenes de odio contra las mujeres. Estoy convencida de que se necesita la convergencia de esfuerzos y trabajo de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y de los integrantes de los poderes legislativo y judicial para dar una solución integral a estas expresiones extremas de violencia de género en todos los estados de la República. Es preciso responder eficazmente a los familiares de mujeres que han sido asesinadas, que se encuentran desaparecidas o ausentes. Es necesario que las víctimas obtengan justicia. Debemos dar respuestas con acciones eficaces, enmarcadas en la política nacional de igualdad y de alto a la

violencia contra las mujeres. La sociedad ya no tolera más impunidad. La violencia de género se yergue como un enorme obstáculo para construir un México con igualdad y paz, “cuando más de la mitad de su población se enfrenta a brechas de género en todos los ámbitos. Esa es la razón de incluir la perspectiva de género como principio esencial, es decir, incluir acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de desigualdad, exclusión o discriminación”, expresa el Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 2013-2018. Los gobiernos de los estados y de los municipios tienen una alta responsabilidad, pues es en el territorio, en la región concreta, donde toman fuerza las políticas dirigidas a proteger los derechos humanos de mujeres y niñas mediante programas y acciones transversales específicas y eficaces. s e p t i e m b re 2013

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VIOLENCIA

Por primera vez en la historia de nuestro país, el pnd instruye a todas las dependencias de la Administración Pública Federal a alinear los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales en torno a la Estrategia III “Perspectiva de Género”, bajo líneas de acción precisas que den un hilo conductor nacional para avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres. También las y los legisladores tienen un sitio primordial. Un aspecto central de la erradicación de la violencia es conseguir que exista justicia para todas las mujeres, como lo mandatan los instrumentos internacionales en la materia. Por ello, resulta ineludible lograr una verdadera armonización legislativa. Gracias al impulso conjunto, hemos obtenido avances significativos en la creación de leyes para erradicar la trata, la discriminación y la violencia contra las mujeres. También, en la modificación de códigos penales y civiles a partir de la aplicación de la perspectiva de género.

Incorporación de la perspectiva de género En 26 entidades federativas se castiga con una mayor penalidad el robo de ganado que el abuso sexual, algo difícil de creer en el siglo xxi; sin embargo, es tan cierto como el hecho de que en nueve estados de la federación se exculpe el rapto si el secuestrador se casa posteriormente con su víctima, o bien, si un hombre asesinó a una mujer bajo lo que se ha dado en llamar “emoción violenta”, algo que afortunadamente está perdiendo vigencia en los códigos penales de las entidades. No basta con el establecimiento de leyes que protejan los derechos de las mujeres, también se necesita vigilar de qué manera se aplican, por eso requerimos consolidar

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la incorporación de la perspectiva de género en la procuración y la administración de justicia, pues sabemos que con frecuencia aparecen estereotipos de género en los criterios aplicados por peritos, jueces y magistrados, agentes del Ministerio Público, médicos legistas y demás personas encargadas de atender a las mujeres en situación de violencia. Me parece pertinente puntualizar que, en gran medida, la violencia no decrece debido a la persistencia de prejuicios y costumbres misóginas que agreden y limitan las posibilidades para que todas las mujeres disfruten de igualdad de oportunidades y de trato. En inmujeres sabemos que muchas expresiones de violencia de género escapan a la sanción legal, pero no por ello deben escapar a la social. Por ello, de manera paralela a la armonización legislativa, el Instituto está trabajando para incidir en un cambio de mentalidades que reconozca el valor de mujeres y niñas en México, colocándolas en el imaginario social como personas iguales en dignidad y sujetas de los mismos derechos que los varones en todo el país.

El camino aún es muy largo Hoy contamos con tres grandes aliados: un marco legislativo que, como vemos, es perfectible, pero tiene ya bases sólidas; instituciones específicamente creadas y

GÉNERO dedicadas al avance y protección de las mujeres; y un presupuesto etiquetado que garantiza la viabilidad de las acciones emprendidas a través de programas y planes, tanto nacionales como locales. La vía para erradicar la violencia contra las mujeres es construir una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En este sentido, el reto que encara el inmujeres es trabajar con los gobiernos locales, con las instituciones públicas, la academia y las organizaciones de la sociedad civil para lograr la plena vigencia de los derechos humanos de las mujeres en todo el territorio nacional. Estoy convencida de que este es el camino correcto para mover a México hacia la igualdad entre mujeres y hombres. La muerte de una mujer por razones de género es un delito de la más alta gravedad para el Estado mexicano.•

ES CONVENIENTE RECONOCER LOS AVANCES REGISTRADOS HASTA AHORA, QUE NO SON MENORES: • Se reformó el Artículo 1o constitucional en materia de derechos humanos, que representa un paso más para la impartición y procuración de justicia con visión de género. • Los 32 estados de la República tienen su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. • Los 32 estados tienen su Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. • 30 entidades federativas cuentan con el respectivo Reglamento para el funcionamiento de sus Sistemas Estatales. • Un total de 30 estados tienen su respectiva Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Sus Congresos locales ya cuentan con Iniciativas de Decreto con proyecto de ley, pero aún no son aprobadas. • El delito de feminicidio está incluido en los Códigos penales de 26 entidades federativas. Paradójicamente, aún falta en Chihuahua.

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VIOLENCIA

Uso de drogas y peligrosidad criminal RAFAEL CAMACHO SOLÍS rcamachos@df.gob.mx Director General del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA). Es Médico Cirujano por la UNAM, con Extensión Universitaria en Psicología de la Adolescencia y Comunicación en Educación en la UIA. Ha desempeñado diversos cargos, entre ellos: Director General de Fomento a la Salud; Subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario; Delegado de México ante el Órgano de Negociación Intergubernamental de la OMS; y titular de la División de Bienestar Social en el IMSS.

Aunque el consumo de drogas se relaciona con la violencia, es importante aclarar que dicho consumo no es un delito. La adicción debe entenderse como enfermedad crónica progresiva, recurrente y frecuentemente mortal que, como otras enfermedades crónicas, no es curable y únicamente se puede controlar; por esta razón, la adicción no debe ser castigada, sino prevenida y tratada Relación constante, pero no tan clara El fenómeno de la violencia relacionada con drogas en México puede abordarse desde distintas perspectivas. Una de las más comunes en años recientes tiene que ver con estrategias de combate del crimen organizado; desde este punto de vista, las principales explicaciones ofrecidas señalan que la violencia tiene como origen luchas entre diferentes organizaciones que buscan controlar el mercado del narcotráfico y otras actividades delictivas. Estas estrategias generan enfrentamientos entre fuerzas armadas y otras agrupaciones encargadas del orden público, que en diversas ocasiones han resultado en la muerte de civiles, tristemente consideradas como "daños colaterales". A pesar de que el consumo de drogas está despenalizado, su producción, transportación, tráfico, comercio, suministro (aun gratuitamente) y prescripción (sin la autorización correspondiente a que se

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refiere la Ley General de Salud) siguen siendo ilegales (Título séptimo, Capítulo I del Código Penal Federal), lo cual obliga a que los usuarios se involucren en el mundo criminal. Sin embargo, la violencia no sólo está asociada con estos fenómenos; en ciertos casos, el uso de drogas puede funcionar como factor criminógeno, aunque la relación entre consumo de sustancias y delitos no es directa. La peligrosidad criminal asociada con el uso de drogas, entendida como la probabilidad relacionada con los aspectos que permitirán que un individuo se inicie en la comisión de conductas antisociales o cometa una nueva conducta antisocial (Chargoy, 1993) está mediada por el tipo de sustancia y la fase del ciclo de la adicción en la que se encuentre el sujeto. Así, sustancias con mayor potencial adictivo como heroína y cocaína aumentan la probabilidad de cometer delitos debido no solamente al efecto farmacológico, sino a la necesidad de conseguir la sustancia. En relación con la fase de la adicción,

DROGAS es incluso más probable que se manifiesten delitos violentos durante la fase de abstinencia (Serrat, 2003). A pesar de que existe una relación constante entre los dos fenómenos, ésta no es tan clara (White & Gorman, 2000): • Los usuarios de drogas son heterogéneos en cuanto a su nivel de criminalidad • Las personas que cometen delitos son heterogéneas en cuanto a su consumo de drogas • Muchos consumidores de drogas no cometen delitos (a excepción de la posesión y comercio de las mismas) • Las personas que consumen drogas y se involucran en delitos no se especializan en algún tipo de delito en particular • En numerosos casos en los cuales personas consumen drogas y cometen delitos, el consumo de drogas no fue la causa de su primer delito • El alcohol (siendo una sustancia psicoactiva legal) es la primera droga asociada con delitos • Gran número de delitos relacionados con drogas (especialmente violentos) resultan de circunstancias relativas al comercio de drogas; sin embargo, no es un tipo de droga en particular la que

influye en los delitos, más bien son las condiciones del mercado las que determinan la aparición de estos delitos

Factores de riesgo Los factores que favorecen la aparición de eventos violentos pertenecen a distintos ámbitos, esto se conoce como Modelo SocioEcológico (Center for Desease Control and Prevention, s.f.). En este modelo se proponen distintos niveles en los cuales características o circunstancias favorecen la violencia: El nivel individual se compone de factores genéticos, epigenéticos y conductuales, así como de características y experiencias personales; el nivel de las relaciones implica la manera en que se interactúa con otras personas; mientras que el comunitario abarca los ámbitos en los que se desarrolla la vida cotidiana de cada persona. El nivel social, por otra parte, incluye factores que pueden promover o reducir la tolerancia o aceptación entre grupos, además de las condiciones que mantienen o profundizan las brechas entre diferentes segmentos de la sociedad. Una estrategia en este sentido deberá comenzar por intervenciones dirigidas a promover cambios dentro de los propios

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA MELÉNDEZ mmendozam@df.gob.mx Director Ejecutivo de Investigación y Evaluación del IAPA. Es Médico Cirujano por la UAM-Xochimilco y Licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, con Especialidad en Farmacodependencia por la UAEM y Maestro en Salud Pública en Epidemiología por el INSP. Ha cursado estudios de posgrado en neurociencias, ciencias genómicas, medicina de sueño y farmacología clínica. Realizó el Training Post-Doctoral Fellow del Interdisciplinary Research Training Institute on Hispanic Drug Abuse en la University of Southern California.

RELACIÓN COMPORTAMIENTO VIOLENTO-CONSUMO DE DROGAS • Hay factores predisponentes como depresión; búsqueda de novedades; desinhibición conductual; pobre control emocional y estrés que pueden llevar a la externalización de conductas perjudiciales como abuso de drogas y actos delictivos • Tanto el abuso de sustancias psicoactivas como los actos delictivos fluctúan de manera similar a través de la vida de los individuos que cometen delitos • El consumo de drogas y las conductas delictivas entre jóvenes aparecen a mitad de la adolescencia y su frecuencia va disminuyendo cuando se acercan a la adolescencia tardía

Muchos de los factores de riesgo para violencia lo son también para el consumo de drogas; por otro lado, el comportamiento disruptivo y violento es factor predictor para consumo de drogas, al mismo tiempo que el consumo de drogas es factor predictor para el comportamiento violento

(Mulvey, Schubert &Chassin, 2010)

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MÉXICO SOCIAL

VIOLENCIA

En ciertos casos, el

uso de drogas puede funcionar como factor criminógeno, aunque la relación entre consumo de sustancias y delitos

no es directa

hogares (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2012), de modo que la violencia que nace dentro de estos espacios no escale a problemas de mayor magnitud.

Consumo puede facilitar ocurrencia de eventos violentos Si bien es cierto que no en todas las personas que consumen drogas ni en todas las ocasiones en que existe consumo suceden eventos violentos, sí es válido afirmar que el consumo de estas sustancias puede facilitar la ocurrencia de dichos eventos. El alcohol, por ejemplo, aumenta hasta en 15 veces la probabilidad de ingresar a una sala de urgencias debido a lesiones por actos violentos (Borges et. al, 2008). De acuerdo con

s e p t i e m b re 2013 MÉXICO SOCIAL

datos obtenidos de centros penitenciarios de la Ciudad de México, 38% de los internos aceptó haber cometido su delito bajo el efecto de alguna sustancia (iapa, 2012). Por otro lado, existen mitos acerca de que las drogas con efecto depresor del sistema nervioso central vuelven al individuo pasivo e incapaz de involucrarse en conductas disruptivas, sin embargo, debido al efecto depresor que tienen sobre los centros inhibitorios del cerebro, se promueve la aparición de conductas impulsivas y la falta de juicio (Winstanley, Olausson, Taylor, & Taylor, 2010).

Conclusiones Las instituciones de salud y de educación son fundamentales en la detección de casos y grupos de riesgo en relación con la violencia y el consumo de drogas, sin em-

DROGAS

MARIGUANA, INHALABLES Y ALCOHOL: DROGAS ASOCIADAS CON DELITOS De acuerdo con datos publicados en la Primera encuesta de usuarios de drogas ilegales en la Ciudad de México (cuphid, 2012), la mayoría de los usuarios que aceptaron haber cometido delitos bajo efectos de drogas lo hicieron bajo efecto de mariguana e inhalables; mientras que, según datos recabados en centros penitenciarios, el alcohol es una de las principales drogas utilizadas al cometer delitos (iapa, 2012); las tres drogas son depresoras del sistema nervioso central y, sin embargo, se asocian con eventos violentos

bargo, es indispensable que, tanto los profesionales de salud, como los de educación reciban sensibilización y capacitación para esta labor. Es necesario poner en marcha programas y acuerdos que favorezcan el desarrollo de competencias psicosociales o habilidades para la vida. Asimismo, deben fomentarse los factores protectores y disminuirse los de riesgo mediante programas que garanticen un acceso más equitativo a servicios de calidad y ofrezcan opciones de entretenimiento, alternativas tales como actividades recreativas, deportivas y culturales accesibles a la mayoría. Este tipo de programas preventivos deberían establecerse de manera coordinada, flexible y medible. La coordinación deberá mantenerse entre instituciones relacionadas con salud y educación, de modo que puedan detectar casos o grupos de riesgo, para que sean canalizados a programas debidamente diseñados para tal fin. Del mismo modo, a nivel comunitario es necesario localizar poblaciones en mayor riesgo para dirigir estrategias sociales que permitan prevenir la expresión franca de la violencia. En el ámbito de la impartición de justicia es fundamental combatir la impunidad, de modo que no se continúe con una dinámica que incentiva la conducta disruptiva, sino que esta tenga consecuencias que la inhiban, y evitar que los consumidores de drogas que cometen delitos leves sean enviados a prisión, donde aprenden a usar otras drogas y se vinculan con la delincuencia organizada.•

Las personas que han cometido delitos bajo efectos de sustancias son quienes presentan mayor consumo problemático en general, aun en internamiento (Aguilar, et al., 2013).

15 veces INCREMENTA LA PROBABILIDAD de ingresar a una sala de urgencias debido a lesiones por actos violentos por el consumo de alcohol

38% DE LOS INTERNOS

de centros penitenciarios de la Ciudad de México aceptó haber cometido su delito bajo el efecto de alguna sustancia

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MÉXICO SOCIAL

VIOLENCIA

ÓSCAR JAIMES BELLO Director de Desarrollo de Información Gubernamental en el INEGI. Es Licenciado en Administración por la UNAM; Maestro en Políticas y Gestión del Desarrollo por la Universidad de Manchester, Inglaterra; y Doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana.

JOSÉ GUILLERMO CASTILLO KOSCHNICK Jefe de Departamento de Explotación de Información en el INEGI. Es Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internaciones por el CIDE, y ha sido consultor en el Centro de Excelencia de las Naciones Unidas para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia.

Prevención del delito: los retos

finales de la década de 1980 y durante la de 1990 surgió un movimiento en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países europeos que cuestionaron los magros resultados del sistema de justicia para reducir la criminalidad, surgiendo propuestas sobre la prevención, es decir, sobre medidas que buscan anticipar la delincuencia y la violencia (Welsh y Farrington, 2012). Mientras que la orientación del control formal se centra en los mecanismos que tiene el Estado para perseguir, disuadir y sancionar, parte del enfoque de la prevención se encuentra centrado en fortalecer los mecanismos sociales de tipo informal, es decir, la familia, la escuela, la comunidad, el trabajo, entre otras áreas. De esta manera, la prevención social del delito busca atender y reducir los factores de riesgo a nivel individual, familiar y comunitario, por ejemplo: los embarazos en adolescentes; la falta de atención de los niños en los primeros años por uno o ambos padres; el maltrato infantil; la escasa supervisión de las actividades de niños y adolescentes; el bajo rendimiento escolar; la escasez de oportunidades legítimas en la comunidad; las adicciones; entre otras.

Tres grandes perspectivas En la experiencia internacional se encuentran tres grandes perspectivas de la prevención: 1) desde el desarrollo individual; 2) comunitaria; y 3) situacional. La perspectiva del desarrollo se centra en las medidas para generar condiciones propicias para el autocontrol mediante la educación de los niños desde el seno familiar y la generación de habilidades para la interacción social a lo largo de la vida, lo cual va asociado a mayores posibilidades de éxito escolar y oportunidades laborales, aumentando los costos de las desviaciones y reduciendo así la probabilidad de delinquir. El enfoque en la comunidad busca incrementar la capacidad para regular las desviaciones de conducta mediante la generación de vínculos entre los integrantes; la reducción de factores de riesgo; y fomentar la organización y acción colectiva para atender las diversas problemáticas que enfrentan, propiciando así entornos de mayor seguridad. La prevención situacional va dirigida a la modificación y el saneamiento de los espacios físicos o la instrumentación de medidas disuasivas que reduzcan las oportunidades del delito y aumenten los riesgos de los posibles delincuentes, como la iluminación y la insta-

PERSPECTIVAS DE LA PREVENCIÓN

QUÉ ES

s e p t i e m b re 2013 MÉXICO SOCIAL

Desarrollo individual: Medidas para generar condiciones propicias para el autocontrol mediante la educación desde el seno familiar y la generación de habilidades para la interacción social Comunitaria: Incrementar la capacidad para regular las desviaciones de conducta mediante la generación de vínculos y el fomento de la organización y la acción colectiva Situacional: Modificación y saneamiento de los espacios físicos o instrumentación de medidas disuasivas que reduzcan las oportunidades del delito

HOMICIDIOS CONTROL REACTIVO, ENFOQUE PRINCIPAL Mientras que las intervenciones de prevención han venido madurando en otras latitudes, en nuestro país el enfoque principal de seguridad pública desde la década de 1990 ha sido el control reactivo, reflejado en la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el incremento en los recursos públicos para fortalecer los cuerpos de seguridad pública y la persecución de los delitos

Los autores aclaran que el análisis, puntos de vista, comentarios y opiniones vertidas en este artículo son de carácter estrictamente personal y no reflejan en ningún momento la posición oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi)

10,000.0

Millones de pesos

*La gráfica muestra los recursos asignados a los estados y al Distrito Federal para el rubro Seguridad Pública 2000-2013 (millones de pesos). Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (fasp)

6,917.0 5,000.0

5,100.0

6,917.0

7,124.3

2011

2012

7,631.8 7,373.7

6,000.0

5,400.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 3,000.0 2,500.0

0.0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2013

Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

lación de alarmas, cámaras de vigilancia y dispositivos de rastreo(I). La implementación de los programas de prevención ha sido generalmente acotado a zonas urbanas y dirigidas a comunidades con desventajas sociales diversas, como son: bajos ingresos, alta desigualdad, movilidad y violencia, así como desorganización familiar (Welsh y Farrington, 2012). En dichas comunidades se desarrollan múltiples acciones, en algunas ocasiones combinando los distintos enfoques(II). Sin embargo, a pesar de la modernización en el equipo y el aumento presupuestal a las instituciones de seguridad pública, ni la delincuencia ni la violencia relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico han disminuido, sino todo lo contrario. Esto se debe a que la estrategia atiende únicamente a los efectos y no las causas del fenómeno. De ahí que el enfoque en la prevención sea visto como una estrategia necesaria para complementar las políticas de control. Aunque, ciertamente en México se han desarrollado intervenciones con orientación a la prevención desde hace varios años (“Todos somos Juárez”; programas

dirigidos a jóvenes en Acapulco; los Centros Nueva Vida y, con una amplia trayectoria, los Centros de Integración Juvenil, entre otros), no se había establecido como una prioridad a nivel nacional ni se habían articulado bajo una sola estrategia gubernamental, de manera que es muy positivo que el nuevo gobierno federal haya planteado la prevención como una de sus principales estrategias para reducir la violencia y la delincuencia.

Medición del delito y prevención Para que el diseño de las políticas de control o prevención pueda hacerse con diagnósticos y evidencia científica es necesario que esté basado en datos confiables que permitan dirigir los esfuerzos públicos con mayor precisión y que también se utilicen para la evaluación y seguimiento de las intervenciones. En ese sentido, las Naciones Unidas ha establecido una hoja de ruta para mejorar la calidad y disponibilidad de las Estadísticas de Delincuencia a nivel nacional e internacional, recomendando que los sis-

Es importante lograr un balance adecuado entre las políticas de control y de prevención; ante la falta de

certidumbre en la detección y castigo de las conductas antisociales y delictivas por

los mecanismos formales del Estado, los incentivos para la comisión de una falta seguirán sumando

potenciales integrantes

a las filas de la delincuencia

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MÉXICO SOCIAL

VIOLENCIA NOTAS:

I. Para mayores referencias sobre los enfoques de la prevención se sugiere consultar Crawford (2007) y Farrington (2007), para ver específicamente sobre el enfoque basado en el desarrollo se sugiere consultar Cullen, Benson y Makarios (2012); Farrington, Loeber y Ttoffi (2012); Piquero y Jennings (2012) y Lösel; Bender (2012) y Murray et al. (2009). Respecto a las teorías sobre la comunidad se recomienda Messner y Zimmerman (2012); Sampson, Raudenbush y Earls (1997); Sampson y Raudenbush (1999); Hope (1995); Rosenbaum y Schuck (2012). Acerca del enfoque situacional se puede consultar Smith y Clarke (2012) y Johnson, Guerette y Bowers (2012); Welsh & Farrington (2009) y Clarke (1995). II. Para conocer los distintos grados de efectividad de los enfoques consulte: Homel y McGee (2012) y Lawrence et al. (1998) III. Informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre una hoja de ruta para el mejoramiento de las estadísticas de delincuencia a nivel nacional e internacional. Comisión de Estadística 44° período de sesiones. Boletín E/CN.3/2013/11 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. IV. De acuerdo con algunos estudios, por cada dólar invertido en prevención temprana, se pudieron ahorrar 11 dólares que de otra manera hubieran sido gastados ya sea por el sistema de justicia penal o por las víctimas del delito. Al respecto puede consultar Aos et al. (2004). V. Para mayor referencia consultar Censos Nacionales de Gobierno en: http://www.inegi. org.mx/est/contenidos/proyectos/ censosgobierno/default.aspx VI. La información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) puede consultarse en: http://www.inegi.org.mx/est/ contenidos/Proyectos/encuestas/ hogares/regulares/envipe/default.aspx VII. La información de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2012 (ENVE) puede consultarse en: http://www.inegi. org.mx/est/contenidos/Proyectos/ encuestas/establecimientos/otras/ enve/enve2012/default.aspx

s e p t i e m b re 2013 MÉXICO SOCIAL

Pese a la modernización del equipo y el aumento presupuestal a las instituciones de seguridad pública, la delincuencia y la violencia relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico no han disminuido, pues no se atienden las causas del fenómeno

temas nacionales de estadística mejoren la cantidad y calidad de la información que se obtiene a partir de los registros administrativos de las autoridades de seguridad y justicia y la complementen con la información que pueden aportar las encuestas de victimización, lo que permitirá obtener una visión integral del problema de la delincuencia(III). Mediante el aprovechamiento de los registros administrativos se generan estadísticas que proporcionan elementos valiosos para las decisiones de política pública, entre estos se encuentran las estadísticas de homicidios, las denuncias y los delitos registrados en averiguaciones previas y carpetas de investigación de los Ministerios Públicos, así como la información sobre los procesos penales de los tribunales de justicia y del sistema penitenciario. No obstante, se requieren nuevos instrumentos para la recolección, análisis y divulgación de información sobre los elementos de la prevención, principalmente asociados a los controles informales y las instituciones sociales, que pueden ayudar a revelar parte de las causas del fenómeno de la delincuencia y la violencia social.

Evidentemente, invertir en instrumentos que permitan medir y atender las causas sociales de la delincuencia y la violencia es costoso; sin embargo, la evidencia ha mostrado que, en el largo plazo, el costobeneficio es mucho mayor(IV).

Intervenciones de prevención integrales y de largo plazo Por ello, los retos de la prevención se encuentran en el diseño y la implementación de acciones diversificadas que vayan dirigidas tanto a las acciones de desarrollo comunitario y situacional, como también al aspecto del desarrollo de los niños y jóvenes; la identificación de factores de riesgo y su mitigación a través del fortalecimiento de los controles ejercidos por las instituciones sociales, como los hogares y las escuelas, promoviendo el desarrollo de habilidades sociales e inhibiendo las conductas antisociales. También es importante lograr un balance adecuado entre las políticas de control y de prevención, puesto que ante la fal-

HOMICIDIOS ta de certidumbre en la detección y castigo de las conductas antisociales y delictivas por los mecanismos formales del Estado, los incentivos para la comisión de una falta seguirán sumando potenciales integrantes a las filas de la delincuencia. Otro reto relevante se encuentra en la generación de instrumentos de medición que proporcionen mayor información y conocimiento sobre los elementos que constituyen la base para prevenir la delincuencia, es decir, los controles informales que se ejercen desde las instituciones sociales. Además, se requiere de un seguimiento puntual de las diversas intervenciones que sean implementadas en las comunidades seleccionadas. Las encuestas en hogares podrán detectar si se generan cambios en los controles sociales informales por las intervenciones, mientras que los registros de las acciones concretas aportarán evidencia sobre los cambios a nivel micro. En conjunto, representarán la posibilidad a mediano plazo de valorar el nivel de éxito de las intervenciones aplicadas.•

ANTE LA NECESIDAD DE INFORMACIÓN, EL INEGI REALIZA: • Censos Nacionales de Procuración y de Impartición de Justicia desde 2010 (V) • La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (envipe), diseñada en conjunto con la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que se aplica anualmente desde 2011(VI) • La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (enve), levantada en 2012, y que es la primera en su tipo en el continente Americano, al tratarse de un instrumento probabilístico que cubre los diversos sectores de actividad económica del sector privado(VII) • Instrumentos para medir la violencia contra las mujeres, con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (endireh), que se ha levantado en 2003, 2006 y 2011

*Consulta las referencias de este artículo en nuestra página web: www.mexicosocial.org

La prevención social del delito busca atender y reducir los factores de riesgo a nivel individual, familiar y comunitario, entre ellos: la falta de atención de los niños en los primeros años por uno o ambos padres, el maltrato infantil o la escasa supervisión de las actividades de niños y adolescentes

Aunque los registros administrativos del sistema de justicia son útiles para mostrar tendencias y aportan información valiosa para el análisis y el diseño de políticas, no muestran la magnitud del fenómeno delictivo, por ello las encuestas de victimización son muy importantes para contar con estimaciones sobre la cantidad de víctimas y delitos y conocer la cifra oculta de la delincuencia, es decir, los delitos que no son denunciados o que aunque sean denunciados no derivan en una investigación

Con estos instrumentos, los analistas, diseñadores e implementadores de políticas cuentan con información de los controles sociales formales, como los niveles de victimización, la cifra negra y la confianza en las instituciones de seguridad pública y de justicia penal. Asimismo, estas encuestas revelan datos sobre algunos controles informales, como la confianza en instituciones sociales, aunque en mayor medida muestran los efectos y no necesariamente las causas de la delincuencia

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VIOLENCIA

ARTURO ALVARADO MENDOZA Director del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Es Doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología y Miembro del SNI, Nivel II.

Víctimas y victimarios La creciente violencia y la inseguridad amenazan la vida de la población joven y la construcción de regímenes democráticos de derecho. En México más de 80 mil personas han sido asesinadas en los últimos siete años, la mayoría de ellos jóvenes, con altas tasas de impunidad y regiones enteras fuera del control estatal y en manos de grupos de delincuencia organizada

n México, durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón, la violencia incrementó vertiginosamente desde 2006, año en que comenzó la “guerra contra el narcotráfico”, que formara parte de la agenda bilateral de México y Estados Unidos tras la implementación del Plan Mérida. Durante su sexenio se registraron cerca de 95 mil homicidios relacionados con el crimen organizado (tasa de cerca de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes). En el mismo periodo se cometieron 6 millones de delitos (53.5 por cada mil habitantes); 2 mil casos de desapariciones forzadas; 5,500 feminicidios; 24 mil personas desaparecidas; 150 mil desplazados por la violencia; y se presentaron 2,040 quejas por tortura, tratos crueles y degradantes ante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cometidas por militares y policías, actividades abusivas e ilegales que demuestran la persistente

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impunidad de estos grupos. Además de 9 mil quejas por detenciones arbitrarias y 8 mil indígenas en la cárcel sin debido proceso y un nivel de impunidad alto, reportándose sólo 26 mil sentencias condenatorias (a nivel federal)(CNDH,2012). En este contexto, resaltan los altos índices de violencia homicida, principalmente entre la población joven, de 15 a 24 años, en combinación con un mayor uso de armas de fuego como medio de ataque. El incremento de la violencia juvenil es un tema recurrente en Latinoamérica; según la OMS, en 2000 se produjeron a nivel mundial 199,000 homicidios de jóvenes (9,2 por cada 100,000habitantes). Un promedio de 565 niños, adolescentes y adultos jóvenes de 10 a 29 años de edad fallecían diariamente como resultado de la violencia interpersonal (OMS, 2002). En México este fenómeno se ha mantenido en los últimos 20 años, por encima de la tasa de los homici-

HOMICIDIOS

Los más afectados dios en todas las edades. Convirtiéndose en una constante, en la que la población masculina de entre 10 y 29 años de edad es la más afectada, con una concentración en jóvenes de 20 a 29 años. La muerte violenta tiene proporciones muy claras por sexo; no obstante, para el caso mexicano el número de mujeres y la razón de homicidios hombre-mujer es relativamente más alta que en otros países (Concha-Eastman, Peres y Alvarado, 2011). Además, existe una elevada proporción de niñas víctimas de homicidio. En algunas entidades, como son Chihuahua y el Estado de México, las tasas de feminicidio son prominentes. Asimismo, en el período de 2000 a 2011 ocurrió un incremento de más de 63% de jóvenes asesinados en el grupo de 10 a 29 años, el cual parece estar asociado al incremento de 115% en el uso de armas largas de fuego y otras no especificadas.

La tasa de homicidios en la población joven (de 10 a 29 años) es más elevada que la población total (1990-2010)

El grupo que va de los 25 a los 29 años concentra el mayor número de homicidios. Destaca que está creciendo al mismo ritmo el grupo de 20 a 24 años.

Fuente: Elaboración del autor con base en datos de INEGI

Homicidios por tipo de arma en población joven, 1990-2010 (casos 10-29 años)

CRECEN HOMICIDIOS POR ARMAS DE FUEGO

A partir de 2008 los homicidios en población joven por armas de fuego se elevaron súbitamente. Estas muertes pueden haber ocurrido en contextos o en enfrentamientos armados entre bandas criminales o entre éstas y policías o militares(I)

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MÉXICO SOCIAL

VIOLENCIA La violencia homicida en México presenta características espaciales concretas, prevaleciendo en los estados que se constituyen como territorios en disputa por los grupos de la delincuencia organizada que han diversifi-

cado sus conductas delictivas más allá del tráfico de drogas. Los estados de la República que rebasan la media nacional son: Sonora; Morelos; Tamaulipas; Estado de México; Baja California; Nayarit; Guerrero; Durango; Sinaloa;

Fuente: Elaboración del autor con base en datos de INEGI

La muerte violenta que afecta a los jóvenes mexicanos se ha convertido en la principal causa de mortalidad, afectando sus posibilidades para alcanzar una vida plena. Los factores de la mortalidad por causas externas y otras formas de violencia están asociados a la falta de oportunidades, la desigualdad y la discriminación que sufren particularmente los jóvenes más pobres de México. El reciente incremento de los homicidios en el país, y parcialmente en las zonas

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periféricas pobres de la metrópoli es parte del contexto nacional de confrontaciones entre bandas ilegales y el gobierno, así como del enorme incremento en la disponibilidad y el uso de armas fuego largas. En este marco, los jóvenes son víctimas y victimarios, pues reproducen patrones de conductas que a su vez limitan sus oportunidades; más aún, en períodos de crisis económica y de incremento del clima de violencia urbano y nacional las actividades delic-

y Chihuahua; siendo los últimos dos, los que cuentan con la mayor tasa de homicidios. La zona norte del país ha sido la más afectada por la violencia, siete de los diez estados más violentos se encuentra en el norte.

*Consulta las referencias de este artículo en nuestra página web: www.mexicosocial.org

tivas aparecen a la vuelta de la esquina. Vivir en un barrio o una ciudad con una cantidad enorme, intensa y continua de acciones ilegales afecta las relaciones personales y hace más vulnerables a los jóvenes. Así, la condición social es a la vez causa y consecuencia de la calidad deplorable de vida de la juventud, y conduce a crisis de pertenencia y al distanciamiento respecto de las instituciones, lo cual repercutirá en la consolidación de un régimen democrático.•

INFANCIA

Abriendo

puertas E

l 46% de los pobres en México son niñas, niños y adolescentes (CONEVAL 2012). Esta condición violenta su vida cotidiana e impacta en su bienestar y en su desarrollo, y también lo hace cuando coloca a los adultos que los rodean en una situación de déficit para su protección y cuidado: familias volcadas al trabajo, con sueldos precarios; entornos rurales e indígenas que obligan a la separación familiar por migración transfronteriza o a la migración familiar jornalera; ámbitos urbanos inseguros, insalubres y con adultos ausentes. Ejemplos de las violencias hacia la infancia que derivan de la pobreza son los gritos que provoca la convivencia en viviendas de 40 metros cuadrados; las quemaduras o envenenamientos por omisión de cuidados en miles de niños cuya primera infancia transcurre sin acceso a servicios de atención infantil; o las humillaciones a las que se exponen los que ven transcurrir sus días respirando el humo de los escapes de los autos o caminando las calles de las ciudades. Sin duda, la pobreza es por sí misma un elemento de violencia hacia la infancia y también es un generador de ambientes violentos hacia niñas, niños y adolescentes, pero no es el único. Ya en su Informe sobre la Violencia contra los Niños de 2006, la ONU pone en evidencia que la violencia hacia la infancia es generalizada, que no respeta fronteras ni clases sociales y está altamente normalizada, poniendo especial énfasis en el papel de la cultura en el ejercicio de la violencia de la que son víctimas las personas menores de edad. Esta situación no ha cambiado mucho desde que fue publicado el citado informe, si consideramos la campaña que a finales de julio de 2013 lanzó a nivel mundial UNICEF. “Acabemos con la violencia (End s e p t i e m b r e 2013

MÉXICO SOCIAL

VIOLENCIA

El factor cultural es sin duda determinante cuando hablamos de la violencia al interior de los hogares. Las estadísticas sobre violencia familiar en nuestro país nos señalan que en más de la mitad de las familias se golpea y se le grita a los niños 46

s e p t i e m b r e 2013 MÉXICO SOCIAL

violence); hagamos visible lo invisible”, convoca este organismo internacional ante los 223 millones de niñas y niños que según la OMS son víctimas de explotación y violencia sexual, y más de la mitad de los infantes en el mundo que son educados por medio de golpes. La violencia en contra de las niñas y niños es todavía vista como algo normal y culturalmente aceptado por amplios sectores de la sociedad, por lo que esta iniciativa insta a ciudadanos, legisladores y gobiernos a reconocer la violencia contra la infancia y a unirse a los movimientos mundiales, nacionales y locales para acabar con ella.

INFANCIA INFANCIA

El diálogo y la escucha, indispensables para garantizar la resolución no violenta de conflictos y la contención emocional, son elementos en general ausentes en las prácticas de crianza y en la vida cotidiana de la mayoría de las familias mexicanas El factor cultural es sin duda determinante cuando hablamos de la violencia al interior de los hogares. Las estadísticas sobre violencia familiar en nuestro país nos señalan que en más de la mitad de las familias se golpea y se le grita a los niños (ENDIREH, INEGI, INMUJERES, DIF). Un estudio sobre prácticas de crianza en México indica que lo que cambia en los hogares por estrato social es el tipo de violencia, mientras que en los sectores rurales y urbanos populares la violencia física es persistente, los padres y madres de clase media alta tienden mayoritariamente a castigar a través de la violencia psicológica. Sin embargo en todos los casos, “una nalgada” no es un golpe (Detrás de la puerta… que estoy educando. Ririki/2013). Los resultados del estudio en referencia revelan la persistencia de una concepción autoritaria de la crianza. Se dejan pocos espacios al diálogo y a la escucha de las opiniones de las niñas y de los niños, tanto en cuestiones que conciernen a las dinámicas familiares, como en problemáticas que se relacionan con los otros ámbitos en los cuales se involucran niños y niñas, como la escuela, el trabajo infantil o el establecimiento de redes sociales infantiles. El diálogo y la escucha, indispensables para garantizar la resolución no violenta de conflictos y la contención emocional, son elementos en general ausentes en las prácticas de crianza y en la vida cotidiana de la mayoría de las familias mexicanas. México como signante de la Convención de los Derechos del Niño tiene la obligación

de proteger a las niñas y los niños en caso de que sus padres no desempeñen de manera adecuada su papel, pero tiene también la obligación de apoyar a los padres para que puedan asumir este papel primordial en la crianza. En esto último se considera que tiene que fortalecer a las familias como proveedoras de comida, salud, educación, pero también de amor y protección. Como lo señala M. Mauras, es necesario y urgente retomar la “bidireccionalidad perdida” entre el Estado y la familia, a través del desarrollo de políticas públicas adecuadas de apoyo a las familias. Bertolt Brecht afirmaba que “en los países democráticos no se percibe la naturaleza violenta de la economía, mientras que en los países autoritarios lo que no se percibe es la naturaleza económica de la violencia”. Yo agregaría que en todos los países, hoy además, se sigue sin percibir la naturaleza cultural de la violencia contra la infancia. Tenemos que transformar a una sociedad que justifica y ve como natural la nalgada con fines de corrección y castigo; en donde la mayoría de las personas piensan que lo que hagan los padres y madres con sus hijos no es asunto público, sino privado. Tenemos que abrir puertas para fortalecer a las familias y para transitar hacia estilos de educación y crianza basados en la comunicación y el afecto. Las niñas y los niños mexicanos deben saber que tiene derecho a no ser violentados y tener la certeza de que hay un Estado que garantiza su bienestar y desarrollo, asegurándoles el ejercicio de sus derechos sociales.•

NASHIELI RAMÍREZ Fundadora y coordinadora general de Ririki Intervención Social, organización que trabaja por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y por el desarrollo de sus familias y comunidades. Cuenta con una especialidad en Investigación Educativa de la UNAM. Actualmente es Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; de la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil; de Radio Ciudadana del IMER; y del Observatorio de Políticas Públicas y Derechos Humanos. Ha participado en el diseño, instrumentación y operación de programas y estudios sobre indicadores de infancia, entre los que destaca la Infancia Cuenta en México en sus versiones del 2005 al 2009; formación de profesores; promoción social; organización y participación social; fortalecimiento municipal; programas sociales; desarrollo y microfinanciamiento rural; equidad y género; y derechos humanos, tanto en el ámbito de la administración pública, como en el no gubernamental.

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VIOLENCIA

Ni normal ni justif icada ANA LUISA NERIO MONROY Coordinadora de la Clínica Jurídica de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (REDTDT). Es Maestra en Estudios Internacionales. Fue Coordinadora General del CDH Fray Francisco de Vitoria (2006-2012); sus áreas de especialización son: derechos humanos, derecho a la no discriminación, grupos de población discriminados, género, alimentación y DESCA. Es autora del blog Enfoque DH (www. enfoquedh.blogspot.com)

36 mil MUJERES

fueron asesinadas de manera violenta entre 1985 y 2010; de ellas, el 6.3% eran menores de 5 años (ONU Mujeres- Inmujeres, Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones n las entidades federativas, 1985-2010. Primera edición. México, 2012)

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Todas las niñas, los niños y las y los adolescentes tienen derecho a vivir una vida digna y libre de violencia y a gozar de espacios seguros y protegidos. El Estado es el sujeto obligado a garantizar este derecho, sin embargo, México se ubica hoy en día como un foco rojo en materia de violencia contra la infancia(I)

a presencia e incremento de las distintas expresiones de la violencia que afectan a niñas, niños y adolescentes en nuestro país demuestran la ausencia de políticas públicas adecuadas que atiendan las necesidades específicas de este grupo de la población. La violencia pasa desapercibida en gran medida porque no existen mecanismos jurídicos seguros para denunciarla. No existen datos estadísticos confiables y no hay armonización adecuada de los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de la infancia con la legislación federal y mucho menos con las locales, aun cuando ya contamos con la reforma constitucional de junio de 2011. Las expresiones de violencia y sus consecuencias dependen de las condiciones particulares de cada niña, niño y adolescentes así como del contexto en el que viven. La familia, los centros educativos y la comunidad son los principales espacios en los que se presentan las diversas formas de la violencia, diferenciadas por quién es el perpetrador y el impacto del(los) acto(s) violento(s) y el tipo de respuesta que desde

la autoridad se pueda dar: maltrato físico, psicológico y emocional; y castigos corporales disfrazados de medidas disciplinarias; y abuso sexual(II).

No surge de la nada Existen causas estructurales que permiten que la violencia se manifieste: • La pobreza es una violación a los derechos humanos porque impide el acceso al disfrute derechos considerados indispensables para tener una vida digna • La discriminación es una de las formas de violencia más graves por su invisibilidad y por encontrarse culturalmente arraigada entre la población; ésta afecta a niñas, niños y adolescentes quienes por su edad, son mirados como inferiores o incapaces de participar u opinar en la toma de decisiones que conciernen a su vidas • La Encuesta Nacional de Discriminación (enadis) 2010, revela que 19.9% de las personas encuestadas considera que no se respetan los derechos de los niñas y niños; el 27.6% cree que los niños deben tener los derechos que sus padres les

INFANCIA quieran dar; el 65.5% considera que los niños deben tener los derechos que les da la ley; 74.9% no justifica en nada pegarle a un niño o niña para que obedezca; y 54.5% cree que en México les pegan mucho a los niños para que obedezcan • A las niñas y los niños con discapacidad, infancias que por sus características son mayormente discriminadas, se les sigue maltratando físicamente, o negando la atención y cuidados necesarios para que accedan y ejerzan derechos como la salud y educación • Respecto a las niñas, niñas y adolescentes en situación de calle, el informe del experto independiente de la onu sobre violencia contra la infancia (2006) señala que es común que la policía vaya del hostigamiento verbal, la violencia sexual y la tortura hasta las desapariciones

Espacios violentos y peligrosos Durante el gobierno del presidente Felipe Calderón se llevaron a cabo acciones en contra del crimen organizado y del narcotráfico, a partir de una concepción de la seguridad nacional basada en la participación de las fuerzas militares. Esto detonó una espiral creciente de violencia en todo el territorio, que a su vez derivó en una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos, y uno de los grupos de población más afectados ha sido el conformado por niñas, niños y adolescentes. La Red por los Derechos de la Infancia en México (redim) ha documentado un aproximado de 1,700 niñas, niños y adolescentes muertos como consecuencia de esta política, ya sea en medio del fuego cruzado entre autoridades y criminales, o entre los propios grupos delincuenciales(III). Asimismo, hay muchos casos en que las niñas, los niños y los adolescentes son el blanco de ataque directo. Uno de los aspectos graves de estas muertes, particularmente durante el periodo 2006-2012, fue la insistencia de las autoridades en señalar que las muertes se debían al vínculo de los menores o de sus familias con alguna actividad delincuencial, lo que parecía "justifi-

car" el asesinato y la falta de investigación para resolver los casos.

Visibilizar, reto mayúsculo Desafortunadamente, la infancia no fue parte de la agenda central del gobierno federal anterior y no lo es de este, lo que deriva en que el trabajo y el reto para visibilizar la violencia contra la infancia sea mayúsculo. La violencia contra la infancia no puede verse como algo normal, socialmente aceptable o permisible, como parte de la disciplina o como un daño colateral de un supuesto bien mayor como la seguridad pública. La violencia contra la infancia tiene consecuencias graves para la vida futura de cada niña, niño y adolescente: daños físicos, sicológicos, emocionales; comportamiento violento en el seno de la pareja o el espacio social e intentos de suicidio. Debemos recordar que ninguna violencia es justificable y toda violencia es prevenible, tal y como lo coloca el experto independiente para el estudio de la violencia contra las niñas y los niños, de las Naciones Unidas, en su informe elaborado en 2006 y que siete años después mantiene su vigencia e importancia en el contexto mexicano(IV). Es necesario un cambio cultural y de las condiciones económicas y sociales ligadas a las causas estructurales de la violencia; contar con sistemas de información adecuados, mecanismos de justicia accesibles y eficaces; son indispensables leyes y políticas públicas en las que el bien superior del niño y la niña sea central.•

REFERENCIAS: I. REDIM, Infancia y Conflicto Armado en México, 2011 y la Violencia contra niños, niñas y adolescentes en México 2010. II. Asamblea General de las Naciones Unidas A/61/299. Informe del Experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, de las Naciones Unidas, 2006. III. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para I. Todas y Todos" (REDTDT), Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del Examen Periódico Universal de México. México, 2013. IV. Asamblea General de las Naciones Unidas, op,cit.

A finales de 2011, el Dr. Luis González Placencia, ombudsman del Distrito Federal, afirmó en distintos foros que, a noviembre de 2011, la denominada estrategia de combate al narcotráfico y crimen organizado arrojaba un saldo de 3,700 niñas y niños huérfanos, y de 400 reclutados por los cárteles. De 2006 a 2012, 7 de cada 10 homicidios de adolescentes de 15 a 17 años ocurrió por arma de fuego; y a partir de 2008 la tasa de mortalidad a nivel nacional de la población menor de 18 años incrementó, llegando a 4 muertes por cada 100 mil habitantes REDTDT. Informe conjunto presentado por organizaciones de la sociedad civil mexicana para la segunda ronda del Examen Periódico Universal de México. México, 2013.

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VIOLENCIA

TRAS UN VELO DE SILENCIO Y OSCURIDAD

PATRICIA CLAUDIA BROGNA Profesora-Investigadora en la Universidad Tecnológica Santa Catarina UTSC, Monterrey; Coordinadora del Centro de Investigación sobre Inclusión de Personas con Discapacidad UTSC, Monterrey; y Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y Maestra en integración de Personas con Discapacidad (Salamanca, España). Ha publicado numerosos artículos; es autora libro “El trabajo de crecer”; y compiladora del libro “Visiones y revisiones de la discapacidad” del Fondo de Cultura Económica.

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La violencia hacia las personas con discapacidad, como cuestión social, es un problema no visto ni oído

as personas con discapacidad suelen ser víctimas de violencia en el ámbito doméstico, en el laboral, escolar o en las mismas instituciones que atienden sus necesidades de salud o de apoyos sociales. Dos cuestiones se esgrimen con regularidad para restar importancia cuando estas situaciones toman estado público: que han sido casos aislados; que no se tuvo información oportuna; que no hubo denuncias; o que el personal de la institución actuó contraviniendo pautas institucionales. Sin embargo, debemos asumir como un primer paso para desgarrar el velo que existe una cadena de complicidades "por acción u omisión" en toda situación de violencia, y más aún en situaciones de violencia hacia personas que necesitarían un apoyo real y concreto para escapar, denunciar o pedir ayuda. La conjunción de diversas condiciones de vida aumenta la vulnerabilidad ante situaciones de violencia: la pobreza (incluida la pobreza de capacidades) de las familias; el aislamiento; la institucionalización; y el género o la edad de las personas con discapacidad las colocan en posición de mayor riesgo, máxime cuando la ausencia, si no la anuencia o complicidad, de las instituciones hace de las personas con discapacidad víctimas de una violencia sistémica. Asimismo, uno de los factores sistémicos

y estructurales que permiten que la situación de violencia hacia las personas con discapacidad se perpetúe es la ausencia de datos e información al respecto; tenemos que asumir que no ahondar en el seguimiento de estos casos hace más densos la oscuridad y el silencio del velo tras el cual intentamos esconder un tema totalmente vigente.

¿Qué elementos considerar? Existen estudios sobre violencia y maltrato hacia las personas con discapacidad; lamentablemente, la enorme mayoría corresponde a contextos diferentes al latinoamericano, aunque podemos identificar factores, sobre todo políticas de gobierno, que reducen el riesgo de sufrir violencia y aumentan la respuesta efectiva de las instancias encargadas de prevenirla y erradicarla. Entre esos factores merece señalarse la necesidad de que las respuestas al problema de la violencia hacia las personas con discapacidad se basen en un esquema integral de políticas diseñadas e implementadas en un contexto multiagencia, donde definitivamente deben incluirse también las instancias de gobierno que promueven y defienden los derechos humanos y la no discriminación. Por otro lado, el estudio sobre Violencia contra las mujeres con discapacidad, realizado por la Fundación Canadiense de Mu-

D I S C A PA C I D A D jeres y vecova, Centro de investigación y Servicios en Discapacidad, señala barreras que, aun con las notorias diferencias de los contextos, son importantes de considerar: 1) Revelación del abuso 2) Ausencia de: a) intervención oportuna de los servicios de salud; b) sensibilización de los profesionales; c) entrenamiento en prevención –y podríamos agregar de la denuncia– de la violencia por parte de las propias víctimas; d) una educación en derechos humanos y autogestión; y e) la falta de financiación para mejorar la accesibilidad(I) de servicios de intervención. Por otra parte, en nuestro país, el informe "Abandonados y desaparecidos: segregación y abuso de niños y adultos con discapacidad en México", publicado en 2010, da cuenta de la investigación llevada a cabo por Disability Rights International y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en instituciones psiquiátricas, orfanatos, albergues y otras instituciones públicas que alojan niños y adultos con discapacidad(II). Las situaciones de abuso, maltrato y violencia recogidas en el informe dan cuenta de una realidad cotidiana e invisible que sufren miles de personas con discapacidad en instituciones de gobierno o bajo supervisión de éste. La gravedad de los hallazgos y las evidencias recogidas redundaron en la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), con sede en Washington, el pasado viernes 23 de marzo.

Armonizar las normas, un gran pendiente Si bien a nivel nacional no existe una política regulatoria específica, el estatus que los tratados internacionales adquieren en México luego de la reforma Constitucional del año 2011 permite que los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad "adoptada por la Organización de Naciones Unidas en el año 2006 y ratificada por México en el año 2007" marquen el estándar que las personas con discapacidad pueden reclamar. En su Artículo 16, sobre

La reforma constitucional de 2011 permite que los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad marquen el estándar que éstas pueden reclamar

“Protección contra la explotación, la violencia y el abuso”, la Convención señala: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género (…)” Traducir la letra y espíritu de este artículo a acciones concretas por parte de los Estados implica iniciar un ciclo de permanente diagnóstico y operación: de identificar y actuar sobre las condiciones que legitiman y sostienen los discursos y las prácticas de violencia o maltrato hacia las personas con discapacidad. En nuestros contextos la falta de transversalización, de consideración cruzada de las condiciones que agravan los riesgos de las personas con discapacidad a sufrir violencia, se puede ejemplificar diciendo que la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad no menciona el tema de la violencia, maltrato o abuso, y que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no menciona el tema de la discapacidad. Esta necesidad de armonizar las normas, transversalizando criterios nodales, queda como un gran pendiente, pero en un aspecto más concreto y factible a corto plazo. Incluir la variable de discapacidad entre los datos recabados en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres o la endireh representaría una fuente de valiosa información para visibilizar el problema y avanzar en la búsqueda de soluciones, dando el primer paso en la sistematización de datos en fuentes primarias oficiales.•

NOTAS Y REFERENCIAS: I. Accesibilidad entendida de manera amplia: al medio físico, a la comunicación y a la información; esto es, diseñando los servicios de manera que la información que difunden y los canales por los cuales realizar las denuncias (telefónica, virtual o personal) sean accesibles para personas con diferentes discapacidades. II. Cabe señalar que Disability Rights International (DRI) presentó ante la CIDH en el año 2010, una denuncia anterior sobre Maltrato a niños y niñas con discapacidad en instituciones estatales en las Américas. s e p t i e m b re 2013

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VIOLENCIA

JUAN PABLO GUTIÉRREZ Director del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. Es Doctor en Salud y Políticas Públicas por la London School of Hygiene & Tropical Medicine, e investigador del INSP, enfocado principalmente a la evaluación integral de programas y políticas sociales y de salud, tanto en México como en otros países, marco en el cual se ha involucrado en las estrategias de evaluación de la prevención social de violencia.

2% a 4.1% INCREMENTARON LOS DAÑOS

a la salud por violencia interpersonal en los individuos de 10 a 29 años de 2000 a 2012. Entre 2006 y 2012 el aumento fue claramente mayor

83%

del total de individuos con daños a la salud por violencia interpersonal, ésta se puede clasificar como violencia asociada con comportamientos antisociales

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Enfocarse en los jóvenes Incidir en la violencia requiere de incrementar las oportunidades para que todas y todos puedan expresarse plenamente, desarrollando sus capacidades, en un ambiente libre de conflictos La importancia del entorno En el entorno directo o inmediato, la normalización de la delincuencia y la violencia pueden ser factores que aumenten la propensión a participar en las mismas; la experiencia cotidiana de vida en un ambiente con integrantes que participan de forma activa en comportamientos antisociales o delictivos puede relajar la percepción negativa sobre los mismos, e incluso convertirla en una práctica razonablemente aceptable. Por otro lado, en el ámbito de los factores mediatos y distales, las condiciones generales de vida pueden propiciar incentivos para la participación en comportamientos antisociales, en particular cuando existen carencias y falta de oportunidades o alternativas que permitan desarrollar las capacidades de los individuos. Esto es, en contextos de vida en los cuales se limitan las oportunidades de movilidad social y de participación social y comunitaria existe una mayor probabilidad de participar en comportamientos antisociales. De esta forma, se puede proponer que la participación en comportamientos antisociales puede prevenirse a partir de intervenir en los factores que potencialmente

incrementan la propensión a participar en los mismos. En lo particular, estrategias dirigidas hacia los jóvenes podrían disminuir la participación de este grupo de población en los mismos y, en ese sentido, los delitos. Mecanismos preventivos dirigidos a incrementar las oportunidades de participación y a mejorar la percepción de movilidad pueden incidir de forma importante en la probabilidad de participar en comportamientos antisociales.

Magnitud en términos de salud La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ensanut) permite identificar los cambios en la proporción de personas que reportan daños a la salud ocasionados por violencia, así como la heterogeneidad en la presentación de estos eventos por características de la población. Según esta encuesta, entre 2000 y 2012, los daños a la salud por violencia interpersonal en los 12 meses anteriores a la encuesta pasaron de 2% a 4.1% en los individuos de 10 a 29 años de edad, siendo el incremento entre 2006 y 2012 claramente mayor al observado entre 2000 y 2006. El reporte de daños a la salud por violencia es mayor entre hombres que entre mujeres, y

Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

JUVENTUD

24.5%

DE LA POBLACIÓN DE 18 AÑOS o más fue víctima de algún delito durante 2011

la principal magnitud en hombres se observa entre los 20 y 24 años, mientras que en las mujeres es entre los 16 y 19 años(I). Analizando diferencias de acuerdo con el lugar de residencia, y en particular por el tamaño de las localidades, la probabilidad de reportar un daño a la salud por violencia según la ensanut 2012 fue hasta tres veces mayor entre los individuos que habitan en zonas metropolitanas, comparados con aquellos que residen en localidades rurales (de menos de 2,500 habitantes)(II). Asimismo, se identifica que del total de individuos con daños a la salud por violencia interpersonal, 83% se puede clasificar como violencia comunitaria (asociada con comportamientos antisociales), y el res-

tante incluye violencia familiar y violencia en el ámbito escolar(III). Sin embargo, el incremento en el reporte de daños a la salud como resultado de la violencia interpersonal puede considerarse apenas como una aproximación a esta problemática, pues su magnitud real queda aún en gran medida invisibilizada, debido tanto a las características propias de la encuesta, como a la naturaleza propia del problema. Es decir, considerando que la ensanut es una encuesta en hogares, que el reporte de situaciones sensibles tiende a ser menor en este contexto (entrevista en el hogar), y que además una parte considerable de la población que se involucra en actividades violentas no habita en

3.4%

DE LA POBLACIÓN

de 18 años y más padeció violencia asociada a un delito durante 2011

60%

DE LA POBLACIÓN DE 18 AÑOS y más reconoce la ocurrencia de comportamientos antisociales en su entorno residencial inmediato; el más común es el consumo de alcohol en la calle, con 62.2% FUENTE: ENVIPE, 2012

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VIOLENCIA La asistencia a la escuela puede disminuir los comportamientos antisociales en jóvenes, ya sea porque limita el tiempo disponible o porque tiende a incrementar sus expectativas en el futuro

El reporte de daños a la salud por violencia es mayor entre hombres que entre mujeres, y la principal magnitud en hombres se observa entre los 20 y 24 años, mientras que en las mujeres es entre los 16 y 19 años La probabilidad de reportar un daño a la salud por violencia fue hasta tres veces mayor entre los individuos que habitan en zonas metropolitanas, comparados con aquellos que residen en localidades rurales Fuente: ensanut, 2012

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viviendas en las que se puede realizar una entrevista, podemos esperar que este reto de salud sea de una magnitud todavía mayor a lo que nos muestra la encuesta. Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (envipe) de 2012 identificó que 24.5% de la población de 18 años o más fue víctima de algún delito durante 2011, y que en promedio cada una de estas personas fue afectada por 1.2 delitos en el mismo periodo. Considerando los delitos en los que la víctima estuvo presente y que involucraron algún tipo de agresión física, la estimación de la envipe 2012 indica que el 3.4% de la población de 18 años y más padeció violencia asociada a un delito durante 2011(IV). De la misma envipe se estima que más de 60% de la población de 18 años y más reconoce la ocurrencia de comportamientos antisociales en su entorno residencial

inmediato. El más común es el consumo de alcohol en la calle (62.2%), seguido por la ocurrencia de robos o asaltos (38.3%) el consumo de drogas (36.2%) y la presencia de pandillas o bandas violentas (30.8%). Esto es, el entorno de vida cotidiano de la población se percibe con una afectación importante relacionada con la violencia o comportamientos que pueden derivar en la misma(IV).

¿Cómo incidir? Análisis realizados en México han documentado, por ejemplo, que la asistencia a la escuela puede disminuir los comportamientos antisociales en jóvenes, ya sea porque limita el tiempo disponible, o porque tiende a incrementar las expectativas en el futuro, esto es, la percepción de movilidad y las oportunidades actuales.

JUVENTUD En análisis enfocados en población de jóvenes que viven en condiciones de vulnerabilidad económica se identificó que la asistencia y permanencia en la escuela se asocia con una disminución en la probabilidad de participar en peleas y de haber sido detenido por comportamientos antisociales. En sentido inverso, el consumo de tabaco, alcohol, y drogas se relaciona con una mayor probabilidad de participar en diferentes comportamientos antisociales (pelear, robos, destrucción de propiedad ajena), y de haber sido detenidos por la policía. Estos análisis están restringidos a adolescentes y jóvenes que aún residen con su familia, por lo que representan una estimación más cercana a la problemática enfrentada por esta población(V). Se ha identificado asimismo una relación negativa entre la proporción de adolescentes que asisten a la escuela y la probabilidad de participar en comportamientos antisociales, midiéndolo a éste a través de identificar el lugar de origen de los internos en los centros de readaptación social, es decir, individuos detenidos. La adecuada identificación de grupos de población mayormente susceptibles de participar en comportamientos antisociales en lo general, y delictivos en lo particular, permitiría focalizar adecuadamente las estrategias de prevención de esta problemática a partir de la evidencia disponible. En ese sentido, valdría la pena invertir en la identificación de zonas en las que, debido a la presencia de ciertas condiciones contextuales, la propensión a participar en estos comportamientos es mayor y por tanto posible de incidir, buscando con esto evitar que las acciones preventivas se orienten sólo a partir del análisis de los sitios en los que mayormente ocurren los incidentes, que podría estar reflejando otros aspectos más cercanos al análisis de la victimización. En otras palabras, pasar del enfoque de cuantificación y caracterización de los delitos a uno que considere la identificación de sitios con presencia de condiciones consideradas de riesgo. La prevención social de la violencia, en particular la que está asociada a comportamientos antisociales en jóvenes, parte de

reconocer el rol que juega el entorno de los individuos en la propensión de los mismos a participar en este tipo de conductas. Un enfoque preventivo de la violencia implica incidir en las condiciones contextuales antes de que el individuo se involucre en las conductas antisociales, es decir, la identificación debe ocurrir tempranamente de tal forma que se puedan atacar aquellas situaciones que propician y mantienen el ciclo de la violencia.•

*Consulta las referencias de este artículo en nuestra página web: www.mexicosocial.org

ASEGURAR SU PLENO DESARROLLO Un posible abordaje en la prevención de la violencia es desarrollar estrategias para asegurar la permanencia escolar, la existencia de redes sociales y la oferta de actividades culturales y deportivas que ofrezcan una alternativa atractiva y viable para las y los adolescentes y jóvenes, de forma que disminuya significativamente el tiempo disponible para actividades asociadas con los comportamientos antisociales

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VIOLENCIA

Pandillas, HÉCTOR CASTILLO BERTHIER Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; miembro del SNI; director del Proyecto “Circo Volador”; y Coordinador de la Unidad de Estudios sobre Juventud (UNESJUV) de la UNAM. Es Doctor en Sociología y especialista en problemas urbanos en las áreas de Basura, Abasto Alimentario, Caciquismo, Desarrollo Social, Cultura, Juventud y Violencia. Ha escrito varios libros y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales, y es columnista regular del Periódico Metro y conductor de programas radiofónicos.

jóvenes y violencia

Introducción publicada originalmente en: “Pandillas, jóvenes y violencia”, en Revista Desacatos, CIESAS, número 14, pp. 105-126, México, 2004. Se reproduce con autorización expresa del autor

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JUVENTUD ¿Dónde estamos?

Pobreza e inequidad social

La Vida Loca; la Blood for Blood (“Sangre por Sangre”); la Denfo du Barrio (“Morir por el barrio”); la MM (Mexican Mafia); la Mara 13; la 18; los Panochos; la 21; los Salvatrucha… son sólo algunos cuantos de los nuevos símbolos de una vieja realidad: organizaciones de autodefensa juveniles en “territorios enemigos”, donde ser joven pobre —y más aún si se es migrante— tiene un alto costo de discriminación; donde la única “salida” a la marginalidad tiene que romper la ley; donde la violencia, propia del sistema capitalista, es enfrentada con más violencia; donde la vida no vale nada, o más bien, donde se da el encuentro de la funesta realidad de saber que la muerte comienza a ser un negocio lucrativo. Los países: Guatemala; Honduras; Nicaragua; Colombia; Brasil; El Salvador; Costa Rica; Panamá; México y otros más, en donde se está gestando una auténtica unificación latinoamericana respecto a la existencia de estos jóvenes pandilleros que, más allá de la búsqueda de una identidad o del consumo y asimilación de la hibridación cultural globalizada, han encontrado en la violencia una forma para tratar de sobrevivir en una sociedad de la cual han estado excluidos permanentemente. Para los jóvenes pandilleros, su grupo —su “familia”— sigue siendo una parte medular de su existencia, en donde ser pandillero significa ser solidario, alimentar a otro pandillero o asesinar por tu pandilla. Es decir que ser pandillero está considerado por muchos como una auténtica forma de vida. Miles de jóvenes —literalmente hablando—se han sumado a las maras de El Salvador, pero no se trata de un fenómeno local, lo mismo ha ocurrido en Colombia, Los Ángeles, Nueva York, Nicaragua, Honduras o México, y una de las advertencias de un marero indica que tan sólo en la Ciudad de México ya existen unos 1,300 mareros distribuidos en siete clicas, que son la columna vertebral de los Salvatrucha en este país, advirtiendo que si hoy se preocupan de que estén llegando tantos pandilleros “no han visto nada todavía”.

Sin embargo, no es posible hablar de los jóvenes en términos maniqueístas para decir que todos son buenos o, al contrario, malos. Es natural que en los grupos sociales haya una mezcla indeterminada de los dos tipos, subordinada a las condiciones de vida materiales y sociales. No obstante, surge en la sociedad un sentimiento y una percepción de “lo que son los jóvenes”, del peligro que representan y que muchas veces la lleva a actuar en forma violenta e irracional, amparada por la inexistencia de “justicia” o la presencia de un Estado de derecho débil y sin bases sólidas. Así, surgen en Brasil los “Escuadrones de la Muerte”, en Colombia la “Policía Cívica”, en El Salvador la “Sombra Negra”, que inician, por su cuenta, auténticas “operaciones de limpieza”, asesinando a los pandilleros —o a quienes creen ellos que lo son—, y aumentando el clima de violencia y de impunidad que permite que todas estas manifestaciones de barbarie sean, paradójicamente, “aceptadas” e incluso validadas por una buena parte de la sociedad. Un marco general que unifica las realidades específicas de estos países es la pobreza generalizada y sus efectos en la población, que es hoy una discusión de primer nivel para los países de América Latina, debido al considerable aumento de este fenómeno social y económico. Algo que contribuye al debate es que la pobreza se ha dado en medio de un contexto de raquítico crecimiento de la economía, caracterizado a la vez por un proceso de remodelación radical del papel del Estado en relación con las políticas sociales o de bienestar. Junto al tema de la pobreza aparecen nuevas concepciones de la privación: vulnerabilidad, exclusión, discriminación, explotación y violencia. Algunos de éstos son temas viejos en las ciencias sociales, pero olvidados o evitados por ciertos paradigmas científicos disciplinarios. Pero la magnitud de las desigualdades en relación con las clases sociales, las razas, géneros, edades y regiones hacen que estos tópicos vuelvan a plantearse como pertinentes en la discusión de las formas de inequidad social. s e p t i e m b r e 2013

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VIOLENCIA

Es un hecho que actualmente las políticas sociales de los gobiernos están en general disociadas, separadas y, muchas veces, en abierto antagonismo Por estas razones es necesario ampliar el debate sobre la pobreza y sus diversas manifestaciones, así como la concepción y materialización de las políticas sociales en torno a este tema. Es urgente expandir el debate de la pobreza —entendida no sólo como carencia económica— hacia la comprensión de la miseria como elemento clave para la construcción de prácticas sociales que buscan enfrentar de raíz las necesidades del individuo, la familia o la colectividad. Esta tarea implica una perspectiva multidisciplinaria, por lo que el tema de la metodología de estudio y de la reflexión normativa resultan indispensables en una discusión que abra nuevos horizontes a la investigación social. Escenarios plagados de lugares comunes “Pandillas, jóvenes, violencia”, estos conceptos unidos encierran un tema que es común a la realidad de muchos países, no sólo de América Latina sino del mundo entero: la delincuencia juvenil. Su presencia es recurrente y ofrece, contradictoriamente, las visiones convergentes y en cierta forma engañosas que aparecen día con día en los medios de comunicación, en la oficinas de gobierno donde se diseñan las políticas públicas y en los frecuentes temas de conversación de las reuniones familiares. ¿Quién podría no tener una opinión sobre los incrementos de la delincuencia en las calles?; ¿quién podría abstenerse de reflexionar —aunque sea superficialmente— sobre lo que son y representan las bandas y las pandillas juveniles en su ciudad o en su barrio?; ¿quién no tiene una idea cercana a lo que supuestamente es hoy la juventud y a lo que se cree está sucediendo con este importante grupo social?

s e p t i e m b r e 2013 MÉXICO SOCIAL

La interacción de estos conceptos, sin un análisis de mayor alcance, fácilmente permite imaginar escenarios caóticos, plagados de lugares comunes y muchas veces oscuros, como si se tratara de un túnel prefabricado en donde ya se sabe —o al menos se intuye con toda seguridad— “lo que va a ocurrir”. Pero, curiosamente, tanto la juventud como las pandillas o la violencia son categorías que necesitan de una indispensable reconstrucción histórica de acuerdo con los parámetros específicos de cada sociedad, si es que se quiere entender —en un sentido extenso— el presente y el futuro de nuestra sociedad contemporánea, donde, de seguir con las actuales tendencias demográficas, al menos en América Latina, habrá en las dos siguientes décadas más jóvenes que nunca antes en toda la historia del continente. Pero no todo está perdido y agrupaciones como los Homies Unidos, en la ciudad de El Salvador, o Circo Volador en México, se han reunido para buscar en las pandillas, en las bandas, las fortalezas y habilidades que les permitan transformarse en personas productivas y de paso dar una solución al problema de la violencia social existente. Junto a ellas están los programas y las políticas sociales que surgen del gobierno, como es el caso de los partidos de futbol nocturnos organizados en El Salvador por el Consejo de Seguridad. Ante esto, Luis Romero, de Homies Unidos plantea: “¿De qué sirve jugar al futbol si en la noche me voy a morir de hambre?”, o sea, ¿a qué sociedad se les quiere integrar si nunca han pertenecido a ella? Es un hecho que actualmente las políticas sociales de los gobiernos están en general disociadas, separadas y, muchas veces, en abierto antagonismo frente a los esfuerzos realizados desde la sociedad civil: ¿qué quiere decir esto?; ¿no es acaso el momento de replantear seriamente el papel del Estado frente a la caótica realidad existente?; ¿seguirá vigente el viejo lema de las bandas: “no hay futuro”?; ¿hasta cuándo? Estas son apenas algunas de las interrogantes que siguen vigentes hasta el momento.•

POBREZA DESIGUAL

MÉXICO SOCIAL / REDACCIÓN

De acuerdo con los datos sobre la medición de la pobreza dados a conocer el 29 de julio por el coneval, presentamos la siguiente infografía sobre las condiciones de pobreza y vulnerabilidad en las que viven los siguientes grupos de población:

HABLANTES DE LENGUAS INDÍGENAS 76.8% (5.1 millones) se encuentra en situación de pobreza: 38.8% (2.6 millones) vive en condiciones de pobreza moderada; y 38% (2.5 millones) en pobreza extrema

64.3% (4.3 millones) vive con al menos tres carencias sociales; mientras que 2 millones (31.1%) viven con al menos una carencia

social.

as mayores carencias sociales de la población hablante de lengua L indígena son: • Por acceso a la seguridad social: 82.3% (5.4 millones) • Por acceso a los servicios básicos en la vivienda: 69.3% (4.6 millones) • Por rezago educativo: 47.4% (3.1 millones)

49% (3.2 millones) percibe un ingreso inferior a la línea de bienestar

mínimo, es decir, menor a $1,125 en localidades urbanas y a $800 en localidades rurales.

PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD 51.2% (3.5 millones) vive en situación de pobreza

31.6% (2.2 millones) es vulnerable por carencias sociales. 82.8% (5.7 millones) vive con al menos una carencia social. El rezago educativo es la de mayor incidencia, con 54.5% (3.8

millones), seguido por la carencia por acceso a la seguridad social, con 45.3% (3.1 millones).

56.5% (3.9 millones) de las personas con discapacidad en México tiene un ingreso inferior a $1,490 en localidades rurales, y a $2,329 en localidades urbanas, es decir, por debajo de la línea de bienestar. MENORES DE 18 AÑOS 76.2% (30 millones) vive con al menos una carencia social Las mayores carencias sociales de este grupo de población son: • Por acceso a la seguridad social: 65.6% (25.8 millones) • Por acceso a la alimentación: 28.2% (11.1 millones) • Por acceso a los servicios de salud: 19.7% (7.8 millones) • Por rezago educativo: 8.5% (3.3 millones)

e n e ro 2013 MÉXICO SOCIAL

ADULTOS MAYORES 45.8% (4 millones) de adultos mayores se encuentra en situación de pobreza

75.1% de las personas mayores de 65 años (6.5 millones) vive con al menos una carencia social.

La mayor carencia social en este grupo de población es por rezago educativo, con el 63.1%, lo que representa 5.4 millones de adultos mayores en esta condición.

2.3 millones (26.5%) viven con carencia a la seguridad social; mientras que 1.9 millones (22.3%) viven con carencia a los servicios básicos en la vivienda.

MUJERES 45.9% de las mujeres mexicanas viven en situación de pobreza

21.7 millones (36%) se encuentran en situación de pobreza moderada, mientras que 5.9 millones (9.9%) están en situación de pobreza extrema El 27.3% (16.4 millones) son vulnerables por carencias sociales, mientras que el 6.5% (3.9 millones) lo son por ingresos. La mayor carencia social que sufren las mujeres es por acceso a la seguridad social, pues 59.3%, es decir, 35.7 millones, no cuentan con ella.

Contraste entre las condiciones de vida en localidades rurales y urbanas Rural Millones de Porcentaje personas 61.6 16.7 21.5 5.8 93.5 25.4 47.4 12.9 32.4 8.8 20.6 5.6 81.5 22.2 23.4 6.4

57.3

15.6

62.8

17.1

e n e ro 2013

MÉXICO SOCIAL

Indicadores de pobreza y vulnerabilidad Población en situación de pobreza Población en situación de pobreza extrema Población con al menos una carencia social Población con al menos tres carencias sociales Carencia por rezago educativo Carencia por acceso a los servicios de salud Carencia por acceso a la seguridad social Carencia por calidad y espacios en la vivienda Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda Población con ingreso a la línea de bienestar

Urbano Millones de Porcentaje personas 40.6 36.6 6.3 5.7 68.2 61.4 16.9 15.2 15.3 13.7 21.8 19.7 55.1 49.6 10.6 9.5 10.3

9.3

48.3

43.5

Llegó el cambio.

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