Número 63- Octubre 2015 by mexico social

Año 4 - No. 63, octubre de 2015, Precio: $35.00 m.n.

México Social

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LOS RETOS DE

ser un gobierno ABIERTO

Joel Salas Alejandro González Alonso Cerdán Ana Cristina Ruelas Dionisio Zabaleta

Carlos Jiménez Ma. del Carmen Nava Alejandra Naser Álvaro Ramírez Roberta Solis

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Editorial

a transparencia y la rendición de cuentas son dos características esenciales de toda democracia; su carácter es tan definitorio, que en el siglo XXI resultaría inaceptable pensar en un régimen democrático si no satisface las características señaladas, esto es: si no es todo el tiempo transparente en sus decisiones y si al mismo tiempo no rinde cuentas efectivas sobre el impacto y la eficacia de sus acciones ante la ciudadanía. Ser transparente implica una doble dimensión. Por un lado, que toda la información respecto de acciones desarrolladas con base en recursos públicos esté disponible y accesible para quien desee consultarla, y por el otro, que todos los criterios con base en los cuales se tomaron unas, y no otras decisiones, se hagan lo suficientemente explícitos, a fin de que no quede duda de la racionalidad asumida al momento de decidir por toda la colectividad. Rendir cuentas implica un ejercicio permanente de honestidad. Implica informar con puntualidad y oportunidad sobre el estado de cosas imperantes, pero también asumir la responsabilidad política que corresponde tanto por los éxitos como por los errores que se cometen en el ejercicio del gobierno. El tema es crucial para la consolidación de un régimen plenamente democrático en el país; y en esa lógica se han tenido importantes avances. En los últimos 15 años se llevó a cabo una profunda reforma constitucional y legal mediante la cual se logró el reconocimiento del Estado, del derecho a la información en todos sus alcances en materia de transparencia. Paralelamente, se consiguió diseñar una nueva institucionalidad que permite dirimir conflictos entre la ciudadanía y sus autoridades, relativos a las solicitudes de acceso a la información, pero también para el diseño y la promoción de políticas de transparencia en todos los ámbitos y órdenes del gobierno

MARIO luis fuentes

Este mes de octubre se reunirán en México líderes y Jefes de Estado de más de 60 países para dialogar en el marco de la Alianza por un Gobierno Abierto, en torno a los temas vinculados a la transparencia y la rendición de cuentas. El Plan de Acción signado por nuestro país tiene cinco ejes de trabajo sobre los que debe consolidarse la acción: • Gobierno centrado en la ciudadanía • Presupuesto abierto y participativo • Datos abiertos para el desarrollo • Empoderamiento y participación ciudadana • Gobernanza de recursos naturales Un gobierno que cumple a cabalidad con los ejes de trabajo requiere eliminar la corrupción o reducirla a los niveles mínimos posibles; debe reducir la impunidad en el abuso del poder y el mal uso de los recursos públicos; y debe flexibilizar y democratizar horizontalmente las estructuras y criterios organizativos del sistema institucional. Tengo la convicción de que un México plenamente social sólo será posible en la medida en que nuestra democracia logre consolidarse en sus capacidades jurídicas e institucionales para garantizar nuestros derechos humanos, y entre ellos, sin duda el derecho de acceso a la información pública. México tiene el reto de cumplir con los compromisos asumidos en el marco de la mencionada Alianza para el Gobierno Abierto, de la cual ocupa en este año la Presidencia Pro tempore, lo cual robustece el nivel de compromiso que debe asumirse para dar cumplimiento a los acuerdos que se han signado. El Comisionado del INAI, Joel Salas, ha sido uno de los principales impulsores de esta iniciativa, a nivel nacional e internacional, y ha sido él quien amablemente nos sugirió los ejes de análisis que se abordan en esta edición. En ese sentido, le expreso mi agradecimiento a nombre de México Social por su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país.

Integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM; institución en la que también es Coordinador de la Especialización en Desarrollo Social del Posgrado de la Facultad de Economía; Investigador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo; y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas. Es Director general del CEIDAS, A.C.

MÉXICO SOCIAL Octubre 2015

CONTENIDO

EN PORTADA MÉXICO EN LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO Joel Salas

LA AGA EN PERSPECTIVA REGIONAL Alejandra Naser / Álvaro Ramírez

COORDINAR, CONSTRUIR Y RECONOCER INTERDEPENDENCIAS Alejandro González

APERTURA Y JUSTICIA Carlos Jiménez

AVANCES Y RETOS EN AMÉRICA LATINA Alonso Cerdán / Dionisio Zabaleta

PARLAMENTO ABIERTO: EVALUACIÓN, ÉTICA Y REELECCIÓN Ma. del Carmen Nava

GOBIERNO ABIERTO Y DERECHOS HUMANOS Ana Cristina Ruelas

GOBIERNO ABIERTO A LAS PERSONAS Roberta Solis

SALUD PÚBLICA

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Manuel Campa México Social, Año 5, No. 63,octubre 2015, es una publicación mensual editada por el Instituto de Capacitación, Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, S. C. (CEIDAS). Pennsylvania No.86, Col. Parque San Andrés, CP. 04040 Delegación Coyoacán, México, D.F. Tels. 5659-6120 y 5659-6209 www.ceidas.org.mx, informacion@ceidas.org.mx. Editor responsable: Saúl Arellano Almanza. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 042014-052912521500-102 ISSN: 2007 - 2600, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de Contenido No. 15077, otorgado por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX IM09- 0840. Impresa por Multigráfica Publicitaria S.A. DE C.V. Avena No. 15 Col. Granjas Esmeralda Del. Iztapalapa C.P. 09810 México D.F. Tels. 54451590, 55822344. Distribuida por la Comercializadora GBN S.A. de C.V., Calzada de Tlalpan No.572, Desp. C-302,Col. Moderna, Del. Benito Juárez C.P. 03510, México D.F. Tel. 0155-56188551 Mail: comercializadoragbn@yahoo.com.mx comercializadoragbn@gmail.com este número se terminó de imprimir el 25 de septiembre de 2015.

Los retos de ser un Gobierno Abierto

es una publicación del

Director General y Presidente del Consejo Editorial Mario Luis Fuentes CONSEJO EDITORIAL Jesús Kumate Rodríguez

Rolando Cordera Campos Carlos Rojas Gutiérrez Enrique Del Val Blanco Fernando Cortés Cáceres Miguel Concha Malo Irasema Terrazas Enrique Provencio Durazo Marcela Rovzar de González Gustavo Gordillo De Anda Nashieli Ramírez Mónica González Contró

Director Editorial Saúl Arellano Almanza Coordinadora Editorial Laura Ilarraza Gálvez Edición Electrónica Jesús Mendoza Franco

México Social es una publicación inscrita en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación. http://pnmi.segob.gob.mx

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N Ó I C A M R FO

PRÓXIMO NÚMERO: Violencia de Género

Gobierno

ABIERTO

l gobierno abierto se ha convertido en un concepto cada vez más recurrido, tanto en el ámbito gubernamental como en el social. En México, desde 2011 un grupo de organizaciones de la sociedad civil y el gobierno federal emprendieron el trayecto para entender de manera distinta las relaciones de los ciudadanos con su gobierno, inscribiendo al país en la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Con ello, México se convirtió en uno de los países fundadores de esta Alianza, a la cual preside, por un periodo de un año, desde octubre de 2014. La AGA es una iniciativa multilateral que tiene como objetivo promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los países miembros, con el fin de fomentar la colaboración y la cocreación entre autoridades y ciudadanos. La AGA propone que a partir de información pública útil, gobiernos y ciudadanos pueden plantear objetivos conjuntos y llegar más fácilmente a resultados compartidos. Si esto se cumple, se fortalecerían la capacidad de respuesta del sector público, la lucha contra la corrupción y el combate contra la desigualdad social. Consecuentemente, se allanaría el camino hacia la recuperación de la desconfianza prevaleciente en las democracias contemporáneas. Siguiendo estos principios, los 66 países integrantes de la AGA deben establecer Planes de Acción con compromisos específicos consensados entre las autoridades y los ciudadanos. México ha establecido dos Planes de Acción, uno en 2011 que fue ampliado en 2012, otro para el periodo 2013-2015, y está en puerta la concertación del correspondiente al periodo 2016-2018. Además, como parte de la presidencia de la AGA, se propuso una Visión País en la que se asumió el encargo de impulsar el gobierno abierto entre los países miembros, fomentar que éste genere beneficios sociales y la evaluación de las acciones que se desarrollen. Sin duda, la pertenencia de México a la AGA facilita la difusión y la adopción del gobierno abierto en el país. Permitió colocar en un lapso de tres años el tema en la agenda nacional; conformar una comunidad de actores relevantes que impulsa el gobierno abierto en el territorio nacional; crear espacios de interlocución entre autoridades, órganos garantes de transparencia y sociedad civil para concertar acciones nacionales en la materia; visibilizar la importancia de incluir el gobierno abierto en la legislación de transparencia recientemente aprobada; y promover que actores de otros poderes y niveles de gobierno se sumen a la iniciativa. Toda esta experiencia se amplifica del nivel federal al nacional e, incluso, para transmitirse a otros países. Este empuje ahora se ve reforzado por el marco legislativo actual. La Ley General de Transparencia dispone en su artículo 59 que el INAI y sus homólogos estatales deben coadyuvar, con los sujetos obligados y la sociedad civil, a construir mecanismos de colaboración y promoción de acciones de apertura gubernamental. El gobierno abierto ya no es una opción, es una obligación. En las páginas de este número de México Social se describen los avances del gobierno abierto en nuestro país; las áreas en las que se ha incorporado; los actores relevantes que intervinieron; los mecanismos creados para llevarlo a la práctica; las áreas de oportunidad que se presentan; y, sobre todo, las posibilidades que se abren a futuro para continuar y reforzar dichos avances más allá de 2015. Confío en que el campo sembrado proporcione cosechas aún más abundantes, y que cada vez más actores se sumen a cada iniciativa. El reto es no cejar en los esfuerzos y ser ambiciosos en los impactos que queremos alcanzar, con el fin de que este modelo de gestión contribuya a mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Joel Salas Suárez

Com is io n ado de l I NA I y co o rdin ador de l a Comi sión de Go bie r no Abie r to y Trans pare nc i a Tw itte r : @j o e l sa s

GOBIERNO ABIERTO

MÉXICO en la Alianza para el

Gobierno

Abierto por JOEL SALAS

El gobierno abierto pretende contribuir a la democratización de un país mediante el uso efectivo de la información pública para fortalecer el vínculo de confianza entre autoridades y ciudadanos: autoridades informadas toman mejores decisiones y rinden cuentas; ciudadanos informados podrían motivarse a evaluar a sus autoridades y participar en la solución de problemas prioritarios

a Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), conocida en inglés como Open Government Partnership (OGP)I, es una iniciativa multilateral que tiene como objetivo promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en los países miembros, con el fin de fomentar la colaboración y la cocreación entre autoridades y ciudadanos. Los países integrantes de la AGA deben establecer Planes de Acción que incluyan compromisos específicos y

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consensados entre los gobiernos y la sociedad. El principal instrumento de la AGA para lograr sus objetivos son estos planes de acción nacionales. Desde su integración hace cuatro años, en México se han establecido dos Planes de Acción, uno de ellos en 2011, el cual fue ampliado en 2012, y otro para el periodo 2013-2015. La experiencia para su definición y cumplimiento ha sido gradual pero sostenida. Esto explica que del 55% de cumplimiento en los compromisos del Plan de Acción 2011-

2012 se haya pasado al 100% del Plan 2013-2015. El próximo Plan 2016-2018 está siendo sometido a consulta pública actualmenteII. La integración de México a la AGA ha detonado una serie de acciones innovadoras que lo han colocado como pionero del gobierno abierto en el mundo y generador de buenas prácticas que pueden ser replicadas en otros países. Para garantizar la inclusión y la consecución de acuerdos consensados se conformó un Secretariado Técnico Tripartita (STT) que lidera las acciones de México en la Alianza, y en el cual intervienen actores gubernamentales, sociales y el INAI. El STT ha dado pie al surgimiento de una comunidad de actores relevantes que impulsa activamente el gobierno abierto en el país y da seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los Planes de Acción mediante un Tablero en líneaIII.

Este empuje ahora se ve reforzado por el marco legislativo actual; las reformas constitucionales y la Ley General de Transparencia conceden al INAI atribuciones para promover y coordinar las acciones de gobierno abierto a nivel nacional. Así, el Instituto se propuso fomentar que otros poderes y niveles de gobierno incorporen el gobierno abiertoIV. En cuanto a otros poderes, se firmó la Alianza para el Parlamento Abierto por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), el INAI y el Congreso de la Unión, y a la que se invitará a sumarse a los 32 congresos y órganos garantes de transparencia estatalesV. En cuanto a otros niveles de gobierno, en 2015 arrancó la implementación de ejercicios locales de gobierno abierto en 14 estados del país VI. Replicando la experiencia federal, en estos estados se han con-

formado Secretariados Técnicos y ya hay un Plan de Acción local presentado; están en puerta los demás. Desde luego, existen áreas de oportunidad. Hace falta incluir compromisos que impulsen el aprovechamiento de la información para potenciar su impacto social, promover la colaboración ciudadana, dar seguimiento y evaluar los resultados de las acciones emprendidas. Para ello, debe gene-rarse información sobre temas sensibles en por lo menos cinco ejes temáticos: derechos humanos, corrupción, medio ambiente, seguridad, justicia e igualdad. También debe crearse una estrategia nacional de gobierno abierto para evitar esfuerzos aislados y poco coordinados. El INAI, el gobierno federal y las OSC debemos tomar en cuenta que habrá nuevos sujetos obligados y que bajo el Sistema Nacio-

El paso previo al trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía es garantizar la disponibilidad y uso efectivo de la información MÉXICO SOCIAL Octubre 2015

GOBIERNO ABIERTO

La falta de información pública puede ser considerada como una causa del bajo desarrollo humano, la prevalencia de la corrupción y la ineficacia de las políticas públicas

nal de Transparencia conviene establecer mecanismos que permitan la inclusión de otros poderes y niveles de gobierno hacia la conformación de un Estado Abierto. Finalmente, hacen falta mecanismos que permitan evaluar los resultados alcanzados con los compromisos establecidos y conocer si mejoran la vida de las personas. Las buenas credenciales de México como parte de la AGA llevaron a que asumiera la presidencia del Comité Directivo a partir de octubre de 2014, por un periodo de un año. Para dar a conocer sus objetivos en materia de gobierno abierto y las acciones que desarrollaría como parte de este liderazgo, se propuso una Visión País con cinco objetivos estratégicosVII. En general, se comprometió a impulsar el gobierno abierto entre los países miembros, fomentar que éste genere beneficios sociales y la evaluación de las acciones que se desarrollen. Al respecto, México hizo lo propio innovando, poniendo a disposición de

otros países sus experiencias, y promoviendo estos objetivos en los espacios de encuentro internacional en que participa. Como México, otros países enfrentan graves crisis de desconfianza ciudadana y comparten la urgencia de tomar medidas concretas para salir adelante frente a este reto. En el INAI, estamos convencidos de que la relación autoridades-sociedad que el gobierno abierto propone sí es posible de lograr y de trascender el discurso. El intercambio de experiencias es fundamental para que los objetivos de la AGA se difundan y cada vez más países busquen asegurar la participación libre y sustantiva de la ciudadanía en la construcción de los compromisos nacionales. Como ya dije, el paso previo al trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía es garantizar la disponibilidad de información y el uso efectivo de ésta. Cada país debe proveer de información tanto a sus tomadores de decisión como a sus ciudadanos de acuerdo con las complejidades, las ca-

Debe generarse información sobre temas sensibles en, por lo menos, los siguientes ejes temáticos: derechos humanos, corrupción, medio ambiente, seguridad, justicia e igualdad

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pacidades y las realidades propias. México ha asumido el compromiso de impulsar el desarrollo incluyente que nuestras sociedades requieren. Creemos que la AGA es una herramienta efectiva para conseguir ese fin. Por ello, antes de concluir la presidencia pro tempore de la AGA, se convocó a un encuentro de alto nivel en el marco de la “Cumbre de las Naciones Unidas para la adopción de la Agenda Post 2015” que precedió la apertura de la 70° sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de lanzar una declaración conjunta que identifique las sinergias entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los principios de la Alianza para el Gobierno Abierto. La aportación de este evento es reconocer en la agenda internacional que la información pública y las políticas de transparencia y acceso a la información son un elemento estratégico para el desarrollo. La información es fundamental para dotar de capacidades a los ciudadanos de modo que

se vuelvan copartícipes en las acciones de gobierno encaminadas a la consecución de los Objetivos del Milenio y los Objetivos de la Agenda Post 2015. La falta de información pública puede ser considerada como una causa del bajo desarrollo humano, la prevalencia de la corrupción y la ineficacia de las políticas públicas. Fortalecer la AGA podría abonar a cumplir los objetivos de la Agenda Post 2015. En México, esto ha quedado claro y se buscará que el próximo Plan de Acción incorpore compromisos relacionados con ella. Al mismo tiempo, deberán atenderse las áreas de oportunidad identificadas. El reto no es menor, pero la experiencia indica que los avances son incrementales y deben mantenerse constantes. Desde el INAI creemos que México está preparado para que el gobierno abierto siga avanzando con paso firme. Contamos con que la voluntad, el interés y el entusiasmo demostrado por la comunidad involucrada hasta ahora se mantenga y que se sumen más actores relevantes.

REFERENCIAS: I. La Alianza fue presentada el 12 de julio de 2011 en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York por los presidentes de los Estados Unidos y Brasil, Barak Obama y Dilma Rousseff. En principio, fueron ocho los países participantes: Estados Unidos, Brasil, México, Noruega, Reino Unido, Indonesia, Filipinas y Sudáfrica. Actualmente, la AGA está integrada por 66 países que se han ido sumando gradualmente. Ésta es impulsada y supervisada por un Comité Directivo compuesto por 9 países y 9 organizaciones de sociedad civil internacionales. II. Plan de Acción Ampliado 2011-2012 http://bit.ly/1KcK9Sd; Plan de Acción 2013-2015 http://pa2015.mx/ III. http://tablero.gobabiertomx.org/; Consulta pública Plan de Acción 20162018 http://www.gob.mx/consulta/ auth/login IV. Visión de México para la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, 2014-2015, disponible en: http://gobabiertomx.org/wp-content/ uploads/2014/09/Visi%C3%B3n-MXAGA-STT.pdf

Este espíritu coincide con la Agenda para el Desarrollo Post 2015 (Agenda Post

V. http://www.parlamentoabierto.mx/

2015), también conocida como Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsada

cruz, Coahuila y Puebla en un primer

por la Organización de las Naciones Unidas para complementar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y aprobada el pasado septiembre. El Objetivo 16 de la Agenda Post 2015 es la promoción de sociedades inclusivas y pacíficas para el desarrollo sostenible, que incluyan como metas específicas la reducción de

VI. Durango, Oaxaca, Morelos, Verabloque; Jalisco, Tlaxcala, Hidalgo, Baja California, Chiapas y Tabasco, en un segundo. Zacatecas y San Luis Potosí, se agregaron posteriormente. VII. http://bit.ly/1M5A39C VIII. http://www.un.org/sustainabledevelopment/peace-justice/

la corrupción; la construcción de instituciones efectivas, transparentes y que rindan cuentas en todos los niveles; la salvaguarda para que la toma de decisiones sobre asuntos públicos sea inclusiva; participativa, receptiva y representativa; y la garantía del acceso a la información y de la protección de las libertades fundamentales con arreglo a la legislación nacional y a los tratadosVIII.

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GOBIERNO ABIERTO

Coordinar, reconocer Una de las áreas analíticas que requieren mayor reflexión y sustentación conceptual es la concepción del GA como paradigma de gobernanza. ¿En qué consiste el gobierno abierto como paradigma de gobernanza?; ¿cuál es su contribución al modelo de gobernanza democrática?; y, en ese tenor, ¿cuáles son sus alcances, tensiones y limitaciones?

n los últimos años, el paradigma de Gobierno Abierto (GA) ha cobrado un gran vigor analítico y práctico. Todo inició con el ya famoso Memorando de Transparencia y Gobierno Abierto emitido por el propio Presidente Obama al inicio de su primer mandato en el año 2009I, el cual catalizó un movimiento global inusitado que fue institucionalizado a través del Open

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Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto), que es una iniciativa global multiactor que actualmente suma ya 66 países de los cinco continentes, a más de un millar de organizaciones de la sociedad y a múltiples organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la CEPAL o la OCDEII. Desde el frente conceptual y analítico, día con día se fortalece el cuerpo de literatura teórica y empírica sobre el

construir y interdependencias por ALEJANDRO GONZÁLEZ

tema. Esta edición de México Social es un buen ejemplo. A pesar de ello, tanto el concepto de GA como su empleo como paradigma de gobernanza son relativamente nuevos y aún falta mucho camino por andar en ambos frentes. Como todas aquellas cosas de la vida que poseen cierta relevancia, el del GA es un camino que se va haciendo (estructurando, decantando, precisando y hasta reformulando) al andar. En ese andar también se corren riesgos. Uno de ellos es que un concepto con tanta potencialidad teórica y práctica se degrade a no más que una etiqueta de moda, un lugar común, un término de denotación versátil, o simplemente una manera más atractiva de nombrar

nuestras añejas ideas y prácticas sobre lo que consideramos que el gobierno debe ser y hacer en el ejercicio gubernativo de una sociedad que ahora cuenta con una acreditada autonomía, marcada y potenciada por la conectividad que brindan las nuevas TICIII. En las siguientes líneas elaboraré algunas líneas argumentativas para dar respuestas a estas preguntas en el afán de seguir contribuyendo a un debate que está abierto, inacabado y aún lejos de consensos lapidarios. Para ello, analizaré primero los elementos fundamentales de la teoría de gobernanza, posteriormente haré lo propio con el concepto de GA, y desde ahí ubicaré las particularidades y contribuciones del

SOBRE EL AUTOR:

Director General de GESOC A.C. y Co-Presidente a nivel global del Comité Directivo del Open Government Partnership.

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GOBIERNO ABIERTO GA al paradigma de gobernanza democrática.

De la gobernación a la gobernanza El final del Siglo XX trajo consigo un movimiento telúrico que cimbró la autocontención y ensimismamiento gubernamental que caracterizaba el ejercicio gubernativo de todos los tipos de regímenes político-administrativos que coexistían entonces. Los primeros cambios se dieron en los Estados Sociales democráticos de la posguerra a raíz de las crecientes presiones fiscales que comenzaron a suscitarse en los años setenta y ochenta. Posteriormente, fueron los Estados Centralmente Planificados del bloque soviético en los albores de la década de los noventa; y, finalmente, los Estados predemocráticos y prerrepublicanos (como los

de la región latinoamericana), en donde las transiciones democráticas se catalizaron con fuerza a partir de la década de los noventa. En mayor o menor grado, todos estos regímenes políticos compartían un enfoque político-administrativo común respecto al rol que el gobierno debía jugar en el ejercicio gubernativo de sus sociedades: era el gobierno el agente central y único de la gobernación de una sociedad, a la cual concebían como un ente disperso y amorfo que por definición debía ser gobernado, administrado y controlado, y en algunos casos (como el de los países Latinoamericanos), hasta sometido. En este enfoque, la sociedad es entendida como parte fundamental del problema del ejercicio gubernativo (nunca como parte de la solución) y lo que subyace en el fondo es un gran escepticismo respecto de

sus capacidades de cualquier tipo (organizativa, técnica, económica) (Aguilar, 2006). En conexión, el problema de la conducción social se resolvía dotando al gobierno de los instrumentos adecuados para ejercer su rol de mando y control sobre sus ingobernables sociedades. Dotar a los gobiernos de capacidades y poderes institucionales, administrativos, fiscales y policiales suficientes era la respuesta al problema de la gobernación de sus sociedades. Aquí no se requieren capacidades o recursos extragubernamentales para gobernar a una sociedad. Desde este enfoque gubernamentalista, el gobierno se tiene a sí mismo y con eso le basta. Estos son los rasgos distintivos del patrón o modo de gobernar que con mayor o menor medida predominó en la segunda mitad del Siglo XX en todos los regímenes

Más allá de las fronteras administrativo-burocráticas del gobierno existen recursos, capacidades e información que pueden resultar cruciales no solo para identificar y estructurar de mejor manera los problemas públicos que marcan la vida asociada, sino también para establecer alternativas de solución e implementarlas

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del mundo. Esta es la esencia del paradigma de la gobernación. Las condiciones de relativa estabilidad económica y social que hicieron posible y viable el paradigma de la gobernación comenzaron a minarse lenta pero inexorablemente desde la década de los setenta. Por un lado, la crisis fiscal de los Estados Sociales les obligó a reducir la dimensión de sus administraciones públicas, a introducir variables de costo-beneficio a sus modelos fiscales, y por tanto, a buscar recursos (financieros, organizativos, tecnológicos) en otros lados diferentes al gobierno que pudieran auxiliarlos en la consecución de los objetivos que se habían trazado. Ello implicó repensar el rol que el gobierno debía jugar en la conducción de una sociedad para alcanzar sus objetivos de desarrollo, así como también el rol que la sociedad misma debía jugar en dicho proceso. Un proceso similar ocurrió en los regímenes centralmente planificados y los predemocráticos-prerrepublicanos. En ambos, una combinación de crisis fiscales con la emergencia de movimientos libertarios y prodemocráticos logró cambiar el rol del gobierno, así como el de sus respectivas sociedades en la conducción gubernativa. La creciente reivindicación autonómica de la sociedad respecto a su gobierno, la cual comenzó a acrecentar y acreditar sus diferentes capaci-dades (sobre todo la auto-organizativa), obligó a que los gobiernos descubrieran que ya no podían disponer de los recursos en manos privadas y sociales dictando (como antes) órdenes a sus poseedores, planificando centralmente y regulando. Un factor adicional y determinante en este proceso fue la aparición de las nuevas TIC a finales

del Siglo XX y su auge en los primeros lustros del siglo XXI. Las TIC no solamente facilitaron y reivindicaron en definitiva la capacidad autoorganizativa de la sociedad y su autonomía frente al gobierno, sino que modificaron las formas de relación entre ambos, al disminuir las asimetrías de información (y de poder), facilitando las interacciones gobierno-sociedad, al efectuarlas sin necesidad de los tradicionales y poco funcionales canales institucionales-normativos de participación ciudadana. Estos cambios en el ejercicio gubernativo de la sociedad fueron configurando el paradigma de gobernanzaIV. Este enfoque le implica al gobierno abandonar su ensimismamiento y autosuficiencia para reconocer que más allá de las fronteras administrativo-burocráticas del gobierno existen recursos, capacidades e información que pueden resultar cruciales no solo para identificar y estructurar de mejor manera los problemas públicos que marcan la vida asociada, sino también para establecer alternativas de solución e implementarlas. En muchas ocasiones, incluso para identificar y abordar problemas que el gobierno no quiere ver o abordar a falta de incentivos o conveniencia, o para vigilar que el gobierno se mantenga en las rutas de implementación trazadas cuando éstas enfrentan resistencias por actores afectados. En suma, una sociedad con recursos significativos que potencialmente puede colaborar con el gobierno para resolver problemas públicos, o bien, que puede ejercer control sobre éste para que haga o deje de hacer cosas que de otra forma no haría. Esto implica un cambio radical en la concepción que el gobierno tenía de la sociedad respecto al paradigma preex-

El gobierno requiere nuevos instrumentos de coordinación de la acción colectiva que aprovechen y canalicen las capacidades autoorganizativas de la sociedad

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GOBIERNO ABIERTO

istente (el de la gobernación), en tanto que ésta deja de ser solamente la fuente del “problema” que el gobierno providencial debe resolver, sino que es también parte de la solución del mismo, ya sea por vía de la colaboración con el gobierno o del control hacia el gobierno. Bajo estas premisas, el gobierno abandona su papel como el agente central y único del proceso gubernativo de una sociedad. En conexión, los típicos instrumentos unilaterales de conduc-

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ción social de los gobiernos, basados en la lógica del mando, el control y la regulación sobre sus ingobernables sociedades no solo pierden su eficacia coordinadora de la acción colectiva, sino que en el camino desaprovechan los valiosos recursos extragubernamentales con los que cuenta la sociedad (en sus sectores privado y social) para resolver los cada vez más complejos problemas públicos. Por tanto, el gobierno requiere nuevos instrumentos de coordinación de la acción colectiva (sin

abandonar del todo los anteriores) V que aprovechen y canalicen las capacidades autoorganizativas de la sociedad. Visto así, el enfoque de gobernanza bis a bis el enfoque de gobernación es una aproximación menos gubernamentalista del proceso directivo del gobierno sobre su sociedad y más asociado (desde la colaboración y el control) a los sectores privado y social. En última instancia, y parafraseando a Luis F. Aguilar (op cit), es un modo de gobernar que le reclama a los go-

biernos reconocer interdependencias donde antes había dependencia.

Contribución al paradigma de gobernanza democrática El paradigma de gobernanza tiene implícita la idea de que las prácticas políticas que un gobierno sigue en su interlocución con los ciudadanos para dirigir a su sociedad pueden dilapidar o subutilizar el potencial y alcance de los recursos que posee o, en sentido contrario, explotarlo cabalmente y llevarlo al máximo de su capacidad, desplegando cursos de acción que tienen como efecto que las situaciones sociales deseadas sean transformadas en situaciones reales (Aguilar, op cit). ¿Cuáles son esas prácticas políticas concretas de interlocución gobierno-ciudadanos?; ¿en qué consisten y de qué factores dependen?; ¿cómo se traducen en cursos de acción para efectuar los objetivos sociales deseados? Estas preguntas son la materia prima del gobierno abierto y, por tanto, representan su contribución al inacabado paradigma de gobernanza en contextos democráticos. El gobierno abierto aborda los factores y atributos político-administrativos de los cuales depende la capacidad de un gobierno (en un con-

texto democrático) para relacionarse con sus ciudadanos en el abordaje de los problemas públicos, de forma tal que se aprovechen al máximo el potencial y recursos que ambos poseen. En ocasiones, las formas de relacionamiento óptimo implicarán procesos de colaboración y co-creación gobiernosociedad para abordar y resolver problemas públicos. En otras, las formas de relacionamiento óptimo implicarán procesos de tensión creativa en la cual la sociedad ejercerá un rol de demanda-control sobre el gobierno para que éste haga o deje de hacer cosas que de otra forma no haría a falta de incentivos o simplemente porque no le conviene a sí mismo, aunque sí resulte socialmente conveniente (González, 2008). Subyace la idea de que los procesos de generación de valor públicoVI son compartidos entre gobierno y sociedad y que éstos son producto de un relacionamiento tanto colaborativo como de tensión entre ambos actores. El tipo de relacionamiento óptimo (colaboración vs tensión) es contingente a la situación de política concreta que se abordaVII. Desde el GA como paradigma de gobernanza, tres son los atributos político-administrativos de los cuales dependen los procesos de co-generación de valor público gobiernosociedad, a saber, del grado de trans-

Un factor adicional y determinante en este proceso fue la aparición de las nuevas TIC a finales del Siglo XX y su auge en los primeros lustros del siglo XXI. Las TIC no solamente facilitaron y reivindicaron en definitiva la capacidad autoorganizativa de la sociedad y su autonomía frente al gobierno, sino que modificaron las formas de relación entre ambos, al disminuir las asimetrías de información (y de poder), facilitando las interacciones gobierno-sociedad, al efectuarlas sin necesidad de los tradicionales y poco funcionales canales institucionales-normativos de participación ciudadana.

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GOBIERNO ABIERTO REFERENCIAS: I. Aguilar, Luis. (2006) Gobernanza y Gestión Pública. México: FCE II. González, Alejandro (2008) “Orientación a Resultados y Sociedad Civil, el rol de las OSCs en el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el valor púbico de la AP”, en González A. Coord. (2008) ¿Gobernar por resultados? Implicaciones de la política de evaluación del desempeño del gobierno mexicano. GESOC, A.C.: México. III. Kooiman, J. (1993) (ed) Modern Governance: New Government-Society Interactions. Londres: Sage. IV. Moore, M. H. (1995) Creating Public Value. Cambridge: Harvard University Press. V. Ramírez, A. (2014) Informe de Conclusiones y Recomendaciones Coloquio Iberoamericano sobre Gobierno Abierto:

Una sociedad con recursos significativos puede colaborar con el gobierno para resolver problemas públicos o ejercer control sobre éste para que haga o deje de hacer cosas que de otra forma no haría, lo que implica un cambio radical en la concepción que el gobierno tenía de la sociedad, en tanto que ésta deja de ser solamente la fuente del “problema” que el gobierno providencial debe resolver, sino que es también parte de la solución del mismo

Lecciones y Desafíos para la Región. Mimeo VI. Ramírez A. y N. Dassen (2014) Vientos de cambio. El avance de las políticas de gobierno abierto en América Latina y el Caribe. BID: Washington DC.

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parencia del gobierno; del grado de colaboración e innovación intragubernamental y entre el gobierno y los ciudadanos; y, finalmente, del grado de participación y control que los ciudadanos puedan tener y ejercer en los procesos de política. Desde la perspectiva del GA, la adecuada (y contingente) articulación de estos tres atributos político-administrativos determina la capacidad de un gobierno para relacionarse con sus ciudadanos en el abordaje y la resolución de los problemas públicos, de forma tal que se aprovechen al máximo el potencial y los recursos que ambos poseen. Cabe destacar que los tres atributos han sido revitalizados y potenciados en los últimos lustros por las posibilidades que abren las nuevas TIC. Entendido así, el GA no es solamente una agenda de reformas en materia de transparencia, de

rendición de cuentas, de participación y control ciudadano, o de innovación tecnológica y organizativa para la colaboración dentro y fuera del gobierno. Es un paradigma de gobernanza democrática que requiere y demanda de esos atributos político-administrativos para establecer procesos de relacionamiento gobierno-sociedad (de colaboración y de tensión creativa), que aspiren a resolver problemas públicos de forma eficaz, eficiente, sostenible y con plena legitimidad democrática. En última instancia, el reto teórico y práctico del GA consiste en cómo consolidar la capacidad de gobernar en un nuevo contexto, en el cual la autonomía de la sociedad ante su gobierno y su capacidad autoorganizativa han quedado más que acreditadas, en un siglo en el cual las TIC juegan un rol fundamental para ambos fines.

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munida

Gobierno Abierto

Avances y retos en

AMÉRICA Foto: Cortesía Excélsior

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por ALONSO CERDÁN / DIONISIO ZABALETA

LATINA SOBRE LOS AUTORES: Alonso Cerdán Gerente del Programa en la Unidad de Apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto. Las opiniones expresadas en este documento son propias y no representan las de la Alianza para el Gobierno Abierto

Dionisio Zabaleta Candidato a Doctor en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE)

MÉXICO SOCIAL Octubre 2015

Gobierno Abierto

urante el primer semestre de 2015, el gobierno y las organizaciones de sociedad civil en Colombia colaboraron para construir un plan de acción con 19 compromisos específicos que buscan fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Entre los compromisos que se incluyen en este plan están el diseño y la evaluación participativa de las políticas para la comunidad LGBTI y de equidad de género, así como la mejora en el acceso a trámites y servicios de educación, salud, justicia e inclusión social. Para facilitar la implementación y el cumplimiento de estos compromisos, los colegas colombianos mantendrán una estrecha comunicación con una red de expertos internacionales que incluye a organismos multilaterales, organizaciones de sociedad civil e inclusive contrapartes gubernamentales. El avance en el cumplimiento de los compromisos será verificado continuamente por medio de dos mecanismos: uno interno y otro externo. Por un lado, el gobierno colombiano se comprometió a publicar una autoevaluación anual que debe ser consultada con la sociedad civil para validar los resultados que se presentan; y por otro lado, un investigador local independiente elaborará una valo-ración del proceso que siguió el diseño y la implementación del plan, así como del cumplimiento alcanzado en cada uno de los compromisos. La plataforma que ha facilitado la rea-

lización de estas actividades en Colombia es la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). Colombia, al igual que otros 66 países, participa en AGA, iniciativa internacional voluntaria y multilateral que tiene como objetivo promover la transparencia, empoderar a los ciudadanos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad, por medio del establecimiento compromisos concretos por parte de los gobiernos hacia sus ciudadanosI. Estos compromisos se formalizan con la elaboración, cada dos años, de planes de acción que son desarrollados a partir de la colaboración entre autoridades gubernamentales y miembros de la sociedad civil. Los planes de acción incluyen compromisos específicos y medibles (en temas como transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y tecnologías de la información) que los países deben cumplir en un plazo no mayor a dos años. Es importante destacar que los actores nacionales participantes en AGA cuentan con plena la libertad para definir sus propios compromisos, dependiendo de sus contextos y sus prioridades nacionalesII. La alianza busca brindar a los reformadores de sociedad civil y gobierno todo el apoyo necesario para concluir los compromisos realizados. Por ello cuenta con cinco grupos de trabajo compuestos por expertos de diversos sectores que apoyan en el diseño y la implementación de compromisos re-

Uno de cada cinco países que participan en la Alianza son de América Latina y el Caribe, lo

cual refleja el compromiso político de las autoridades de esta región con las agendas de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana

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A la fecha, los 66 miembros de AGA han elaborado poco más de 110 Planes de Acción en los cuales se incluyen cerca de 3,000 compromisos (cerca de 20 por cada plan). Los cinco temas que los países han dado mayor prioridad en los planes de acción son: participación política, datos abiertos, transparencia fiscal, mejora de servicios públicos y acceso a la información.

Países de América Latina y el Caribe que integran la AGA Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras

México Panamá Paraguay Perú República Dominicana Trinidad y Tobago Uruguay

Desde 2011, las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil de los países de esta región han elaborado 28 planes de acción nacionales (esto es, en casi todos los países de la región participantes se han emprendido ya dos procesos de planeación) en los que se han incluido cerca de 1,000 compromisos Entre los principales temas que se han incluido en los planes de acción de estos países están lo de participación política; datos abiertos; legislación y regulaciones; mejora de servicios públicos; y transparencia fiscal.

Países miembros de la AGA (66) TEMA

Compromisos

Países de ALCA miembros de AGA (15) TEMA

Compromisos

Participación Pública

303

Participación Pública

181

Datos Abiertos

242

Datos Abiertos

139

Transparencia Fiscal

204

Legislación

113

Servicios Públicos

165

Servicios Públicos

108

Acceso a la información

132

Transparencia Fiscal

Como puede apreciarse en la tabla, los compromisos impulsados por los países de la región latinoamericana (de acuerdo a su temática general) son muy parecidos a los emprendidos a escala global. La única excepción es el lugar que ocupa el tema de legislación, probablemente debido a la tradición legalista en los países latinoamericanos. MÉXICO SOCIAL Octubre 2015

En enero de 2015 el IRM liberó una base de datos sobre la evaluación de 958 compromisos de 40G países que entregaron su primer Plan de Acción antes del final de 2012IV. Esta base repreo b i e r n o A b i e r t o senta una fuente de información importante para valorar los resultados obtenidos durante el primer ciclo de planes de acción que fueron implementados en el periodo 2011-2014. ESTATUS

Cerca de 82% de los compromisos tuvieron cierto grado de avance, de los cuales 21.29% tuvieron un cumplimiento sustancial y 28.19% fueron completados por completo

Compromisos

Porcentaje

No iniciado

116

12.11%

Cumplimiento limitado

319

33.30%

Cumplimiento sustancial

204

21.29%

Completado

271

28.29%

No aplica

0.84%

No es claro

2.40%

Compromiso se retiró

1.77%

958

100%

TOTAL

Si se analiza la información de los países de la región encontramos resultados similaresV ESTATUS

Compromisos

Porcentaje

No iniciado

12.45%

Cumplimiento limitado

28.02%

Cumplimiento sustancial

24.90%

Completado

30.74%

No aplica

1.95%

No es claro

1.95%

257

100%

TOTAL

Más del 80% de los compromisos tuvieron cierto nivel de avance, de los cuales casi una cuarta parte tuvieron avance sustancial y 30% fueron completados totalmente

Los resultados presentados son alentadores. Por un lado, demuestran que el mecanismo de rendición de cuentas independiente está cumpliendo su labor al reportar diferentes niveles de cumplimiento. Por otro, demuestra que los compromisos realizados por los gobiernos de los países participantes no se han convertido en promesas sin sustento, sino que se han implementado y en casi una tercera parte de las ocasiones, se han terminado por completo. Existe un indicador adicional, desarrollado por el IRM, que permite hacer una valoración de la calidad de los compromisos realizados. El IRM define un compromiso como estelar cuando: a) es específico, es decir, su construcción es específica permite conocer claramente qué intenta lograr; b) tiene un impacto potencial moderado o transformador, es decir, su implementación modificará considerablemente el estatus quo; y c) tieneFoto: un Cortesía nivel Excélsior de VI avance sustancial o completo . Del universo de 958 compromisos analizados en la base, se encuentra que 194 fueron considerados estelares lo que corresponde a 20.25% de los compromisos. En el caso de América Latina, 22.95% los compromisos se consideraron estelares, es decir, 59 de los 257 evaluadosVII. 24 deVisita www.mexicosocial.org

El 20 de septiembre se celebró el cuarto aniversario de la Alianza para el Gobierno Abierto lativos a transparencia fiscal, apertura en el poder legislativo, datos abiertos, acceso a la información y apertura en recursos naturales. Asimismo, la alianza realizó convenios de colaboración con ocho agencias multilaterales (ADB, Banco Mundial, BID, CEPAL, OEA, OECD y PNUD) para que brinden apoyo financiero y técnico para el desarrollo de los compromisos nacionales. Finalmente, la Alianza organiza eventos virtuales y presenciales que fomentan el aprendizaje entre pares y a través del cual se comparten experiencias exitosas en todo el mundo. Los participantes en AGA se comprometen a poner en marcha un esquema de rendición cuentas “doble” para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos. En primer lugar, cada gobierno debe entregar dos reportes de autoevaluación durante la implementación de su Plan de Acción: uno al primer año y uno al final del segundo. Estos reportes deben ser consultados y validados con actores de sociedad civil. El segundo elemento del esquema de rendición de cuentas es el Mecanismo Independiente de Revisión (MIR). El MIR establece lineamientos de valoración de los planes y coordina una red de 66 investigadores locales que se encargan de determinar el cumplimiento de los compromisos y analizar los procesos de creación e implementación del PlanIII. Se ha realizado un análisis global de los temas y resultados de los compromisos realizados en el marco de AGA. Sin embargo, vale la pena detenerse para destacar algunos compromisos innova-

dores que están siendo implementados por los países de la región como consecuencia de su participación de los países en la alianza:

1. Planeación participativa en la rehabilitación urbana en Uruguay: En este país se impulsa un programa de rehabilitación de barrios y colonias con valor histórico, cuyo componente central es la participación de diversos actores sociales y comerciales con el propósito de planear el desarrollo de barrios artísticos y culturalesVIII. 2. Ley de Lobby en Chile: Con el propósito de transparentar el trabajo de autoridades y funcionarios públicos, y de reducir el riesgo de conflicto de intereses, en Chile se aprobó una ley que regula las actividades de lobbying. Gracias a esta ley, a partir de ahora todos los funcionarios públicos chilenos deben registrar ante un comisionado independiente un reporte sobre cada reunión que sostengan con un cabilderoIX. 3. Participación ciudadana en el proceso presupuestario en Brasil: A partir de la colaboración entre el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión con organizaciones de la sociedad civil se diseñó una metodología a través de la cual los ciudadanos puedan monitorear y dar seguimiento al ejercicio del gasto público federal, en particular de aquellos proyectos con una duración multianualX. 4. Siguiendo el rastro a la ayuda para enfermedades catastróficas en República Dominicana: El gobierno de este país está desarrollando una aplicación móvil y un sitio web, que permite a los pacientes diagnosticados con alguna en-

fermedad catastrófica, primero, consultar la disponibilidad de sus medicamentos y, segundo, solicitarlos cuando así sea necesarioXI. 5. Registro de detenidos en México: Con el propósito de garantizar la dignidad de las personas en el marco de la estrategia de seguridad nacional, el gobierno mexicano está diseñando un sistema estandarizado de búsqueda y localización de personas detenidas. Por medio de este sistema -que podrá ser consultado en línea, por teléfono o personalmente- los interesados podrán conocer las causas y las circunstancias de las detenciones realizadas por los cuerpos de seguridad nacionalXII. El próximo 20 de septiembre se celebrará el cuarto aniversario de la AGA. Durante este tiempo, la Alianza ha crecido de ocho a 66 países, la mayoría de los cuales han refrendado su participación voluntaria y han trabajado en el cumplimiento de compromisos, reportando sobre el avance colaborado en la co-creación de nuevos Planes de Acción. La plataforma provee de suficiente flexibilidad para poder atender las principales necesidades y demandas nacionales. Durante los siguientes años, el éxito de la Alianza dependerá de su capacidad para facilitar e impulsar que los gobiernos y actores de sociedad civil nacionales puedan detectar y articular estas demandas y convertirlas en compromisos ambiciosos que puedan mejorar la vida de sus ciudadanos.

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Gobierno Abierto

Gobierno

DERECHOS por ANA CRISTINA RUELAS

En los últimos años el término “gobierno abierto” se ha utilizado como sinónimo de un gobierno transparente, de un gobierno electrónico o de uno que publica información manejable o reutilizable en formatos abiertos. Falta que el concepto se expanda hacia la garantía efectiva de derechos humanos, el reconocimiento de mecanismos de participación y control ciudadano para la rendición de cuentas, y la construcción de políticas públicas focalizadas

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abierto y

HUMANOS E

l boom vino con una iniciativa global que acuñó el nombre como un concepto moderno de gobernanza que incluye el uso de tecnologías de información para potenciar el nivel de participación de la sociedad: la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés). La OGP unió tres grandes temas para la agenda internacional, los pilares del gobierno abierto: la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana; y en general plantea una nueva forma de gobernar. Primero, porque proyecta que para la construcción de políticas públicas es necesario pensar en conjunto con la sociedad y segundo, porque esas políticas deben incentivar a las y los ciudadanos a participar activamente para mejorar la gestión

gubernamental. De esta manera, sería fácil pensar que el tema de derechos humanos embone en las prácticas de apertura que, incluso, podrían trascender a la iniciativa de OGP. Sin embargo, para que esto suceda, necesitamos discutir las condiciones en que se encuentran cada uno de los “pilares” en lo individual, con una perspectiva de derechos, y posteriormente en conjunto. Pensar en un “gobierno abierto” es reconocer una forma de gobernar en la que la transparencia y la rendición de cuentas se convierten en un valor de las instituciones; en la que se garanticen los derechos humanos; y en la que existe un marco legal o cuasi legal para que la sociedad participe libremente en los espacios públicos. Entonces encontramos que en México la transparencia tiene un

SOBRE LA AUTORA: Oficial del Programa de Derecho a la Información, ARTICLE 19, México.

MÉXICO SOCIAL Octubre 2015

Gobierno Abierto

No se puede hablar de gobierno abierto cuando existen 88 periodistas asesinados ni cuando existe una clara tendencia por limitar la posibilidad de la sociedad de asociarse y manifestarse permitiendo el uso de la fuerza (leyes antimarchas)

Fotos: Cortesía Excélsior NOTAS Y REFERENCIAS: I. Senador Pablo Escudero Morales (PVEM) y Senadora María Cristina Díaz Salazar (PRI). Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental y se expide la ley federal de transparencia y acceso a la información pública. Disponible en: http://www.senado.gob.mx/ sgsp/gaceta/62/3/2015-07-29-1/assets/ documentos/INIC_LFTAI.pdf II. Animal Político. Archivos vivos o archivos abiertos. Disponible en: http:// www.animalpolitico.com/bloguerosaltoparlante/2015/06/12/archivos-vivoso-archivos-abiertos/ III. Recurso de revisión de Acceso a la Información con número de expediente RDA 2490/15 IV. Amparo Indirecto 11499/15, Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito. V. OGP opera a través de Planes de Acción. En México se han elaborado, entre el gobierno y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil en las que se encuentra ARTICLE 19, dos planes de acción.

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lugar privilegiado frente a los otros dos pilares. Por un lado, porque existe un marco normativo de vanguardia, y por otro, porque contamos con instituciones constitucionalmente autónomas que se encargan de garantizarla y hacerla exigible. Sin embargo, falta un largo camino por recorrer para hablar de la transparencia como un valor, pues a pesar de la ley y de los organismos garantes, la cultura del secreto parece estar en el decálogo de la función pública. Al respecto podemos ver los claros intentos del partido en el poder por reducir los alcances de la Constitución y la Ley General de Transparencia en la iniciativa de Ley FederalI; el reciente cierre de la Galería 1 del Archivo General de la Nación donde se encuentran los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y las constancias de desapariciones forzadas y tortura durante la llamada Guerra SuciaII, como una acción en detrimento del derecho a la verdad y del fomento de la memoria; la clasificación de información estadística de la PGR a pesar de que -desde 2010- se reconocieron como información naturalmente públicaIII; y el

intento de la PRODECON de combatir la definitividad de las resoluciones del INAI, cuando este carácter fue una de las grandes batallas ganadas en la reforma constitucionalIV. De la misma manera, la rendición de cuentas deja mucho que desear. El sistema se encuentra fragmentado, no contamos con un estado responsivo, las sanciones para funcionarios públicos son poco efectivas, existe una impunidad preocupante y aunque podemos hablar de una reforma anticorrupción -que representa el sueño de muchos-, no parece que exista una intención de cambiar las dinámicas corruptas; basta con ver la reciente resolución de la Casa Blanca de la esposa del Presidente y el escape de El Chapo sin el despido de funcionarios de alto nivel. Por último, la participación se ha limitado. En los últimos años se ha acentuado la tendencia por cerrar los espacios públicos, por limitar la libertad de expresión y el libre flujo de información. La participación es el pilar que da vida y vuelve realidad la idea de “co-creación”. Sin embargo, para participar libremente en nuestro

país, las y los ciudadanos tenemos que sentirnos seguros, sin miedo y, para esto, requerimos un Estado que garantice el ejercicio efectivo de nuestros derechos. Entonces ¿podríamos decir que México es un gobierno abierto? La respuesta parece lógica y tiene que ver -más que nada- con la libertad. Por eso, conjugar a los derechos humanos en una forma de gobernar requiere, en primer lugar, el pleno reconocimiento de los mismos. No se puede hablar de gobierno abierto cuando e-xisten 88 periodistas asesinados y estos, junto con los defensores de derechos humanos, son el flanco perfecto

para la criminalidad y la impunidad. Tampoco cuando existe una clara tendencia por limitar la posibilidad de la sociedad de asociarse y manifestarse permitiendo el uso de la fuerza (leyes antimarchas). No, cuando existen legislaciones que criminalizan la búsqueda de información de temas de seguridad (leyes antihalconazo); cuando se limita la consulta libre e informada a la mera difusión de información; o cuando existe la comisión constante de delitos graves contra los derechos humanos como la desaparición forzada, las ejecuciones arbitrarias, extrajudiciales o sumarias y la tortura. No, cuando para conocer y reconocer las violaciones del pasado, tenemos que recurrir al poder judicial.

Para que podamos hablar de apertura en México necesitamos mucho más que formar parte de una iniciativa y del cumplimiento de un Plan de AcciónV: necesitamos que se garanticen los derechos humanos; solo entonces habrá condiciones para participar MÉXICO SOCIAL Octubre 2015

GOBIERNO ABIERTO

La AGA en

Perspectiva

regional por ALEJANDRA NASER / ÁLVARO RAMÍREZ

SOBRE LOS AUTORES: Alejandra Naser

Experta en tecnologías de información, gobierno digital y gobierno abierto en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) en CEPAL, Naciones Unidas. Ingeniero Civil Informático y Máster en Tecnologías de la Información.

Twitter: @AlejandraNaser Alejandra.naser@cepal.org

Álvaro Ramírez

Fundador e investigador principal del Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas (GIGAPP) en Madrid. Es consultor del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) en CEPAL, Naciones Unidas y profesor adjunto en el Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile. Doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Gestión y Políticas Públicas y Administrador Público, Universidad de Chile.

Twitter: @redmatriz alvaro.ramirez@cepal.org

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a Alianza para el Gobierno Abierto (AGA)I es una iniciativa multilateral voluntaria que fue lanzada en septiembre de 2011 para proveer una plataforma internacional para reformadores domésticos comprometidos a que sus gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos (OGP, 2015). Para ser miembros de AGA, los países participantes deben confirmar su acuerdo en cumplir con las cuatro expectativas comunes que le dan sustento a la iniciativa: a) suscribir la Declaración de Principios sobre Gobierno Abierto y aprobarla al más alto nivel; b) asumir compromisos concretos, mediante la elaboración e implementación de un plan de acción nacional que se extiende más allá de las prácticas actuales en desarrollo y que debe ser llevado a cabo a través

de un proceso de consulta con las múltiples partes interesadas y con la participación activa de los ciudadanos y de la sociedad civil; c) comprometerse a un informe de evaluación a cargo de un panel de expertos independientes sobre el progreso del país en el cumplimiento de los compromisos incluidos en el plan de acción; y d) contribuir a la promoción del gobierno abierto en otro países mediante el intercambio de mejores prácticas, conocimientos y asistencia técnica, tecnologías y recursos, entre otros. En este contexto, el eje central y el centro neurálgico de esta iniciativa es la formulación (co-creación) e implementación de un plan nacional de gobierno abierto cuyo elemento esencial es que el proceso de diseño, consulta y posterior monitoreo y evaluación del mismo sea de carácter participativo. Estos planes de acción nacionales

incluyen compromisos para promover la transparencia y rendición de cuentas, empoderar a los ciudadanos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernanza. En tal sentido, desde la Alianza se releva la importancia de la planificación como proceso que permite concretar una hoja de ruta nacional, establecer propósitos claros y realizables, articular esfuerzos y recursos de diversos actores (más allá del sector público) al configurar compromisos en clave participativa, y en definitiva, facilitar un

espacio de trabajo que da cuenta de un nuevo enfoque donde los mismos principios de gobierno abierto van sustentando las prácticas y el proceso de hacerlo posible, generando complicidades y dando viabilidad al desarrollo y cumplimiento de las iniciativas, inclusive más allá del mero ejercicio de co-creación del plan (por el énfasis en que las acciones de monitoreo y evaluación de los resultados de la implementación del plan de acción también se realizan en conjunto con representantes de la sociedad civil).

Por otro lado, la misma Alianza promueve el trabajo en clave colaborativa no solo en lo referente a la creación, desarrollo e implementación de los planes de acción nacionales, sino también a través de sugerir la institucionalización de un mecanismo de diálogo y cooperación permanente entre gobierno y sociedad civil (OGP, 2015). En este sentido, se plantea que una verdadera alianza entre gobierno y sociedad civil a nivel nacional es la piedra angular de la AGA, y es por ello que la participación ciudadana es un elemento

Una breve síntesis del avance que ha tenido la Alianza desde su creación a la fecha (tanto a nivel mundial como en América Latina y el Caribe) se puede elaborar a partir de la información disponible en la base de datos publicada por el equipo responsable del Mecanismo de Reporte Independiente (MRI), donde se destacan la cantidad de compromisos sumando a todos los países miembros (sobre 2,000 en total) y el que en promedio casi un 25% de éstos se relacionen con iniciativas ambiciosas en materia de transparencia, participación y rendición de cuentas La Alianza para el Gobierno Abierto en Perspectiva 2015 TOTAL MUNDIAL

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

(65 países/100 planes de acción publicados e implementados) Cantidad de compromisos Compromisos en actual desarrollo Compromisos que se reconocen por su ambición, relevancia y haber sido finalizados Países que actualmente están trabajando con la sociedad civil para co-crear nuevos planes de acción

Número promedio de compromisos en curso por país

(15 países/24 planes de acción publicados e implementados)

Más de 2,000

Más de 950

24%

18.6

Cantidad de compromisos

Más de 590

Compromisos en actual desarrollo

Más de 200

Compromisos que se reconocen por su ambición, relevancia y haber sido finalizados Países que actualmente están trabajando con la sociedad civil para co-crear nuevos planes de acción

Número promedio de compromisos en curso por país

30%

24.7

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos del MRI (para junio de 2015)

MÉXICO SOCIAL Octubre 2015

GOBIERNO ABIERTO En contraste, y considerando la clasificación de base que sustenta el modelo que promueve la AGA, se presenta un desglose que muestra la distribución de los compromisos para cada país de la región según la adscripción a alguno de los cinco ámbitos de acción de la alianzaII. Es así como la suma total de compromisos contemplados en los primeros 15 planes de acción para la región asciende a 341 compromisosIII, en los cuales se releva un interés especial en los ámbitos de integridad y mejora de servicios públicos. Utilizando la nomenclatura de base que sustenta el modelo de trabajo que la AGA promueve, se observa una tendencia a nivel regional: un 52.19% de las iniciativas dicen relación con el eje/reto estratégico de incremento de la integridad pública (178 compromisos), y un 24.92% con el de mejoramiento de los servicios públicos (85 compromisos). Al mismo tiempo, se observa un leve aumento en el eje/reto de incremento de la responsabilidad corporativa que alcanza el 4.10% derivado de los dos nuevos compromisos que suma al conjunto el plan de acción de Trinidad y TobagoIV Desglose de compromisos de los primeros planes de acción nacionales, por país y eje estratégico (periodo 2011-2014) PAÍS

Mejoramiento Compromisos de los en Plan de servicios Acción públicos

Incremento de la integridad pública

Gestón más efectiva de los Creación de comunidades recursos más seguras públicos

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Panamá

Paraguay

República Dominicana

Uruguay

Total

178

100%

24.92%

52.19%

18.47%

0.29%

4.10%

Trinidad y Tobago

% del total

Fuente: Elaboración propia actualizada sobre la base de Ramírez-Alujas y Dassen (2014).

Incremento de la responsabilidad corporativa

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esencial, tanto en los procesos como en los resultados a impacto de los compromisos suscritos. En términos generales, e incorporando los compromisos del plan de acción de Trinidad y Tobago, el mayor incremento se focaliza en materia de mejoramiento de servicios públicos, ya que 10 de los 13 compromisos se orientan a atender dicho eje/reto en materias tales como: certificar la calidad de servicio de las agencias públicas y generar un índice para medir y evaluar dicho elemento desde la perspectiva de los ciudadanos; desarrollar capacidades estratégicas en materia de recursos humanos en el sector público; mejorar el acceso y la facilitación de trámites; adoptar una política sobre estándares de datos y marcos de clasificación, y aumentar el número de conjuntos de datos gu-

bernamentales de acceso público en formatos abiertos; y crear un portal de gobierno abierto de fácil acceso, con una plataforma / repositorio de datos abiertos, así como una interfaz para permitir la retroalimentación del público. Sobre este detalle general, obtenemos una visión panorámica de carácter agregado acerca de la agenda regional de gobierno abierto, definida a partir de los compromisos presentes en los primeros planes de acción de los 15 países latinoamericanos miembros de la AGA, donde se destacan: 178 compromisos en materia de integridad pública (52.19%); 85 compromisos en el ámbito del mejoramiento de los servicios públicos (24.92%); 63 iniciativas en materia de gestión efectiva de recursos públicos (18.47%); 14 compromisos en lo relati-

vo a incremento de la responsabilidad corporativa (4.10%); y un compromiso en creación de comunidades más seguras (equivalente al 0.29%). Parte de los avances más interesantes y significativos en la región, radican en la promulgación y entrada en vigencia de leyes de acceso a información pública en los últimos cuatro años. Si bien este fenómeno dice relación directa con el resultado de un proceso histórico de trabajo, donde las organizaciones de la sociedad civil, entidades internacionales y otros actores relevantes han sido fundamentales para tal efecto, en los casos de la región la adscripción a la AGA ha resultado ser un eje que ha permitido apalancar y dar mayor fuerza a concretar esta demanda ciudadana. En la región, los casos de Brasil, Colombia, y recientemente Paraguay, son un claro ejemplo de ello.

Desafíos de gobierno abierto y compromisos en la región: Primeros Planes de Acción de Gobierno Abierto en el marco AGA

85 85

Mejoramiento de de los los Mejoramiento servicios públicos servicios públicos

85 85

Incremento de de la Incremento la integridad pública integridad pública

85 85

Gestión más efectiva Gestión más efectiva de los recursos públicos de los recursos públicos

1 1

Creación de comunidades Creación de comunidades más seguras más seguras Incremento de la Incremento de la responsabilidad corporativa responsabilidad corporativa

14 14 0

50 50

100 100

150 150

Fuente: Elaboración propia

MÉXICO SOCIAL Octubre 2015

GOBIERNO ABIERTO Desglose de compromisos de los segundos planes de acción nacionales, por país y eje estratégico (periodo 2013-2015)

EJES ESTRATÉGICOS DE LA AGA Mejoramiento Compromisos de los en Plan de servicios Acción públicos

PAÍS

Incremento de la integridad pública

Gestón más efectiva de los Creación de comunidades recursos más seguras públicos

Incremento de la responsabilidad corporativa

Brasil

Chile

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Paraguay

República Dominicana

Uruguay

Total

232

115

% del total

100%

26.29%

49.56%

15.08%

6.03%

3.01%

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, y considerando aquellos países de la región que ya cuentan con un segundo plan de acción en fase de implementaciónV (nueve en total), podemos realizar una breve mirada que permita contrastar la agenda resultado de los primeros planes de acción con lo que actualmente aparece sobre el tema

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En tal sentido, de un total de 232 nuevos compromisos, se observa que se mantiene la tendencia en la región dado que los compromisos sobre incremento de la integridad pública alcanzan las 115 iniciativas (50% aproximadamente), seguido de los relacionados con mejoramiento de los servicios públicos, con 61 (26%) y gestión más efectiva de los recursos públicos con 35 (15%). Cabe destacar que además aparecen 14 compromisos (6%) vinculados a la creación de comunidades más seguras (muchos más en contraste con la primera fase de planes) y solo siete compromisos en relación con incrementar la responsabilidad corporativa (3%)

Desafíos de gobierno abierto y compromisos en la región: Segundos Planes de Acción de Gobierno Abierto en el marco AGA Mejoramiento Mejoramientode delos los servicios serviciospúblicos públicos

61 61

Incrementode delala Incremento integridadpública pública integridad

115115

Gestiónmás másefectiva efectiva Gestión de los recursos públicos de los recursos públicos

35 35

Creación de

Creación de más comunidades comunidades más seguras seguras

Incremento de la

Incremento de la responsabilidad responsabilidad corporativa corporativa

Fuente: Elaboración propia.

100

120

Avance de compromisos de gobierno abierto por eje estratégico en la región (2011-2015) Mejoramiento de los servicios públicos

Incremento de la integridad pública

Gestión más efectiva de los recursos públicos

Creación de comunidades más seguras

Incremento de la responsabilidad corporativa

Totales

Primer plan

178

341

Segundo plan

115

232

Sumatoria

146

293

573

Porcentaje

24.47%

51.13%

17.10%

2.61%

3.66%

100%

Fuente: Elaboración propia a junio de 2015.

Con estos datos, y en perspectiva comparada, podemos afirmar que se consolidan tres ejes temáticos como foco prioritario en la promoción de políticas de gobierno abierto en la región, considerando la muestra de primeros y segundos planes de acción (sobre un universo total de 573 compromisos a la fecha): los ámbitos de integridad pública (más del 50% del total de compromisos); mejora de servicios (25% del total); y gestión efectiva de recursos (17%) MÉXICO SOCIAL Octubre 2015

GOBIERNO ABIERTO Avance comparado de compromisos por eje estratégico (Primer y Segundo Plan) 178

Primer plan

Segundo plan

115 85 61

63 35 1

Mejoramiento de los servicios públicos

Incremento de la integridad pública

En este contexto, los datos abiertos son un catalizador para las iniciativas presentes en los planes de acción en la región. La “Apertura de Datos” u “Open Data” ha sido una verdadera revolución en materia de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Esta revolución ha generado un nuevo paradigma a través del cual el Estado ya no se encarga de generar todas las aplicaciones necesarias para los ciudadanos, sino que, por el contrario, es la sociedad misma quien las genera para sacar un mayor provecho a los datos que el

Gestión más efectiva de los recursos públicos

Creación de comunidades más seguras

Estado deja a su disposiciónVI. De acuerdo con la organización sin fines de lucro Open Knowledge Foundation (OKFN): “los datos abiertos (open data) son datos que pueden ser libremente utilizados, reusados y redistribuidos por cualquier persona”. Consiste en la publicación y difusión de información en la Internet, compartida en formatos abiertos, en formato electrónico, y que puede ser reutilizada libremente de forma automatizada por la sociedad. La Alianza para el Gobierno Abierto ha hecho un análisis de las cinco

Incremento de la responsabilidad corporativa

Fuente: Elaboración propia a junio de 2015.

áreas más presentes en las cuales se enmarcan los compromisos de los planes de acción de los 65 países de todo el mundo. De los 2,000 compromisos, 242 de ellos corresponden a acciones o actividades orientadas a los datos abiertos, de los cuales 139 corresponden a iniciativas de datos abiertos en los planes de los países de la Región. Un requisito importante para el lanzamiento de una iniciativa de esta naturaleza es, en primer lugar, la voluntad política de disponer de una Ley que permita y regule la reutilización de la información

De acuerdo con la organización sin fines de lucro Open Knowledge Foundation (OKFN): “los datos abiertos (open data) son datos que pueden ser libremente utilizados, reusados y redistribuidos por cualquier persona”. Consiste en la publicación y difusión de información en la Internet, compartida en formatos abiertos, en formato electrónico, y que puede ser reutilizada libremente de forma automatizada por la sociedad. 36

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NOTAS Y REFERENCIAS: I. http://www.opengovpartnership.org/es

Una verdadera alianza entre gobierno y sociedad civil a nivel nacional es la piedra angular de la AGA, y es por ello que la participación ciudadana es un elemento esencial, tanto en los procesos como en los resultados e impacto de los compromisos suscritos

II. Ramírez-Alujas, Álvaro y Nicolás Dassen (2014). “Vientos de cambio: El avance de las políticas de gobierno abierto en América Latina y el Caribe”, Nota Técnica Nº IDB-TN-629, Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Disponible en: http://bit. ly/1e4kYTl III. Los países miembros de la AGA en la región son actualmente: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Uruguay. IV. Particularmente, el primer plan de acción de Trinidad y Tobago (con un total de 13 compromisos) publicado en septiembre de 2014, se desglosa en 10 compromisos

del sector público y, en segundo lugar, contar con una infraestructura tecnológica que permita la interoperabilidad entre las agencias; ello hace más valiosos los datos y más fácil derivar en nuevos usos. Sin embargo, compartir datos requiere en muchos casos del uso de estándares. La inversión en una plataforma de interoperabilidad produce beneficios para la gestión del propio gobierno como lo muestra un estudio de Microsoft; disminuyen los tiempos de transacción haciendo que el gobierno sea más eficiente en entregar servicios a los ciudadanos, lo que, en definitiva, tiene un impacto en el Producto Interno de los países como lo muestra el mencionado estudio. Adicionalmente, hay otros beneficios al hacer interoperables los sistemas de gobierno, por ejemplo, la mejor calidad de los datos, la mayor oportunidad en la entrega de la información al agilizarse el proceso y, finalmente, beneficios no tangibles, como ganar una mayor confianza de los ciudadanos en sus institucionesVII. Hoy en día podemos apreciar portales de datos abiertos que

cuentan con una gran cantidad de conjuntos de datos (datasets) de diferentes áreas e instituciones de gobierno. Asimismo, en estos portales se muestran aplicaciones realizadas con estos datos generando valor público, privado, social y cívico. Países como Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay son ejemplos de los primeros países que desarrollaron portales nacionales de datos abiertos de gobierno. La utilización de los datos abiertos permite motivar a los tomadores de decisión de los gobiernos acerca de los enormes cambios que este nuevo paradigma trae consigo para el ciudadano, y dar a conocer los grandes desafíos que esta nueva ola está comenzando a tener en los países de la región, que rompe con la trayectoria que hasta ahora llevaba la evolución del denominado gobierno electrónico o gobierno digital ampliando su alcance más allá de la mera simplificación de trámites, mejora de servicios y de la mayor transparencia de información para lograr satisfacer las necesidades de una ciudadanía más activa y vigilante.

en el ámbito de mejoramiento de servicios públicos, 1 en incremento de la integridad pública y 2 en materia de fortalecimiento de la responsabilidad corporativa. Dichos compromisos fueron agrupados en 4 áreas temáticas: mejora de la función pública (5 compromisos); acceso a información (4 compromisos); gobernanza (1 compromiso) y gobernanza de los recursos nacionales (3 compromisos). V. Corresponde a los casos de Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. VI. Naser, Alejandra y Álvaro RamírezAlujas (2014). “Plan de gobierno abierto: una hoja de ruta para los gobiernos de la región”, LC/L.3802, Serie Manuales ILPES/ SEPAL Nº 81, 70 pp. Disponible en: http:// bit.ly/1C3Zl6G VII. “Datos abiertos: Un nuevo desafío para los gobiernos de la región”; Serie de Gestión Pública de la CEPAL Nº 74. Marzo 2012.

MÉXICO SOCIAL Octubre 2015

Gobierno Abierto

APERTURA Y

JUSTICIA por CARLOS JIMÉNEZ

as características intrínsecas del ámbito de la justicia -donde la cultura organizacional es especialmente conservadora- presentan una serie de complejidades y barreras que dificultan especialmente la gestión de cualquier tipo de cambio. Lo anterior ha coadyuvado a que, en general, la reforma y modernización de la Administración de justicia y el Poder Judicial haya ido generalmente por detrás de las que se han ido produciendo en otros ámbitos del sector público. A pesar de que lo anterior podría ser un

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lastre, no es menos cierto que podría transformarse en una oportunidad si se aprovecha y gestiona adecuadamente el conocimiento derivado de los avances consolidados que se están produciendo en la modernización de otros ámbitos del sector público. En el caso del Gobierno Abierto, la filosofía del mismo y los principios que lo integran (transparencia, participación y colaboración) posicionan a la ciudadanía como actor clave en su interacción con las instituciones públicas, las cuales, a su vez, deben incorporar nuevos modelos que vali-

Son muchos los desafíos que se presentan a la hora de abordar la apertura en el Poder Judicial y la Justicia Abierta en el contexto de nuestro sistema jurídico. Aunque en este breve artículo no podremos abordarlos todos, intentaremos dar una perspectiva aproximada, hablando inicialmente del contexto y la modernización de la justicia, para pasar a continuación a tratar sucintamente el concepto de la justicia abierta y los principios de colaboración, participación y transparencia en dicho ámbito. Concluimos con una mención especial relacionada con las políticas públicas. Al final del artículo, dejamos algunas referencias para que quien lo desee, pueda estudiar más en profundidad esta temática SOBRE EL AUTOR:

den su desempeño real y óptimo desde dicha perspectiva. Sin embargo, en el caso del Poder Judicial en nuestro contexto, se está percibiendo una cada vez mayor desconexión entre justicia y ciudadanía, a pesar de que por las instituciones se enfatiza cada vez más la necesidad de lograr una verdadera modernización de la justicia y conexión con la ciudadanía. Se habla institucionalmente desde hace tiempo de apertura de la justicia y, sin embargo, no parece que se hayan articulado mecanismos potentes que estén llevando a

los Estados a avanzar de forma eficaz en este camino. Dadas las características intrínsecas del Poder Judicial y la administración de justicia, éstos no se rigen habitualmente por criterios democráticos; sin embargo, inmersos hoy día en la Sociedad de la Información, muchos de sus elementos podrían ser sometidos a revisión también bajo inspiración de criterios y principios contemporáneos, sin dejar de observar la esencia e independencia del Poder Judicial. Lo anterior, además de suponer mayor apertura, acceso a la justicia,

Experto en Open & Smart Government, es Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento e Ingeniero Informático. Lleva cerca de 25 años trabajando en el ámbito de la Administración pública, de los que casi una década la ha dedicado al estudio e implementación de proyectos de e-Administración, entre los que se encuentra el sistema e-Justicia. cat de Cataluña. Sus investigaciones más recientes abordan la modernización a través de la e-Justicia y la Justicia Abierta. Es Orador Distinguido por el IEEE sobre Implicaciones Sociales de la Tecnología.

Twitter: @estratic Página personal: http://about.me/estratic

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Gobierno Abierto transparencia o rendición de cuentas, traería como consecuencia una mayor legitimación, reconocimiento y confianza de la ciudadanía en dicho poder del Estado y su imprescindible independencia. La apertura que se viene produciendo a raíz de la evolución del e-Gobierno al Gobierno Abierto y sus principios, tiene en la actualidad en el ámbito judicial un bajo grado de impacto. Si bien es cierto que si establecemos una analogía con la evolución de la e-Justicia a la Justicia Abierta, la eJusticia se encuentra, en general, en un incipiente estado, no es menos cierto que existen ya casos contrastados tanto en el Derecho Continental como en el Derecho Anglosajón, que dejan constancia de que la apertura en el ámbito de la justicia no solo es posible, sino que además puede redundar en una mejora significativa de éste servicio público y su modernización. Pensando en un marco orientado a un Estado Abierto, es necesario contextualizar la posible aplicación de los principios inspiradores del gobierno abierto y su filosofía de apertura dentro del contexto del Poder Judicial. Así, definimos Justicia Abierta en su concepto más amplio alineado con la apertura del Poder Judicial, como "la extensión de la filosofía y los principios del Gobierno Abierto (especialmente transparencia, participación y colaboración) aplicados al ámbito de la justicia y, por tanto,

adaptados al marco contextual característico de la justicia”. Haciendo breve mención a los principios anteriores en el contexto de la justicia, podemos ver las potencialidades de los mismos.

PARTICIPACIÓN Y JUSTICIA A pesar de que es habitual encontrar cierto escepticismo en cuanto a este binomio, encontramos su presencia ya en elementos especialmente vinculados al contexto de la justicia y el Poder Judicial. Así, en instituciones como el Tribunal del Jurado, el ciudadano participa del propio proceso. Esta perspectiva podríamos extenderla estudiando la posibilidad de innovar también en este ámbito. Un ejemplo podríamos verlo en la figura del indulto, prerrogativa aún vigente en algunos países, sobre la que cabría preguntarse -si es que cabe mantener dicha figura- ¿por qué no podría la propia ciudadanía participar directamente de esta decisión, aprovechando las potencialidades, ubicuidad y acceso que proporcionan las TIC?

COLABORACIÓN Y JUSTICIA Ya sea a través de la colaboración de personas físicas, o de colectivos y jurídicas (incluida la colaboración público-privada) existen ya experiencias

Se está percibiendo una desconexión cada vez mayor entre justicia y ciudadanía, a pesar de que por las instituciones se enfatiza cada vez más la necesidad de lograr una verdadera modernización de la justicia y conexión con la ciudadanía 40

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Foto: cortesía de EXCÉLSIOR

en las que tribunales y comunidad están colaborando para mejorar el sistema de justicia e incrementar la confianza de la ciudadanía en el sistema, a través de compromisos de colaboración que potencian la comunicación y también la participación de la comunidad. En el Common Law, lo anterior se aprecia en tribunales como los “comunitarios” que se encontrarían dentro de lo que se denomina Collaborative Justice Courts. Obviamente, la colaboración en este contexto también implicaría nuevos retos y nuevos requisitos, pero, por otro lado, incrementaría el acceso y la mejora del servicio de la justicia. La cultura del voluntariado supone, sin duda, una oportunidad para impulsar este aspecto en el contexto de los tribunales.

TRANSPARENCIA Y JUSTICIA Sin lugar a dudas, al igual que sucede en el contexto del gobierno abierto, la transparencia es el principio más tratado por la literatura en relación con la apertura de la justicia, especialmente por su vinculación con el concepto original de Open Justice propio del Derecho Anglosajón. Aquí encontraríamos relación con aspectos como el acceso a la información o la apertura de datos. El incremento de la transparencia de forma proactiva es clave para mostrar voluntad en la mejora de aspectos de gestión, eficacia o eficiencia en los tribunales. Un incremento en la transparencia favorecerá además la rendición de cuentas y traerá consigo un incremento en la legitimación del Poder

Judicial ante la sociedad. Sin embargo, también hay aspectos que podrían llegar a generar conflicto de derechos, si no se aborda este tema adecuadamente. Ello podría suceder entre el acceso a la información y la privacidad o -dentro del proceso- el derecho a un juicio justo. Así, por tanto, las TIC pueden ser al mismo tiempo elemento coadyuvante y barrera, dependiendo de los mecanismos de control y equilibrio que se logren.

LA IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL COMPROMISO DE SOCIEDAD Y ESTADO Para un Estado y sus instituciones sería deseable que las iniciativas en este ámbito se alineen con

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Gobierno Abierto

La reforma y la modernización de la administración de justicia y del poder judicial han estado generalmente por debajo de las que se producen en otros ámbitos del sector público

objetivos estratégicos y políticas públicas, y que tengan una línea continuada en diferentes legislaturas, por lo que los pactos de Estado parecen un mecanismo clave en este sentido. En el fondo, estamos hablando de trazar las líneas maestras sobre las que se desarrollarán las futuras iniciativas. Bajo objetivos de proximidad de la justicia, acceso, calidad, eficacia o eficiencia, la modernización de la justicia debería venir dada por cambios estructurales que garanticen una evolución del modelo en beneficio de la ciudadanía. Bajo esta panorámica, una de las claves para el avance hacia la apertura de la justicia no se identifica con iniciativas aisladas, sino con la incorporación de una perspectiva estratégica, a la que las iniciativas de modernización y apertura deberían adaptarse. La innovación es un elemento sobresaliente aquí, pero también una cultura social de transparencia, ética y rendición de cuentas, donde será fundamental tener en cuenta que la propia mentalidad social y cultural de la ciudadanía, requerirá también de una apertura para incorporar cambios en este sentido. En definitiva, una genuina preocupación por lo público, orientada a demostrar a la ciudadanía que las instituciones son dignas de su confianza, donde el ciudadano es lo importante. Ello, por supuesto, requeriría un marco regulatorio capaz de dar sobradas garantías –también con mecanismos adecuados de control-. En definitiva, hablamos de acercamiento entre justicia y ciudadanía. La inteligibilidad por el ciudadano de fundamentos jurídicos y contenidos de resoluciones judiciales y, en general, de textos legales, es una condictio sine qua non para que

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se produzca un acercamiento entre ambos. El propio lenguaje técnico jurídico es la primera gran barrera que el ciudadano se encuentra. La madurez actual de las TIC y la innovación, la colaboración y la participación nos llevaría en la actualidad a conseguir avanzar en esta dirección sin grandes dificultades, aportando además a una mayor transparencia. Es precisa una orientación institucional transversal, de carácter estratégico, para avanzar de forma sostenida en la apertura de la justicia. Revisar e innovar en el modo en que puedan hacerse extensivos los mencionados principios en este ámbito debería suponer un punto de análisis de las estructuras, organización, operadores jurídicos, instituciones, etcétera, para que éstas se modernicen hacia elementos acordes con los tiempos actuales, donde la brecha entre sociedad y justicia acabe reduciéndose en lugar de acrecentarse. Hablamos de una justicia embebida en la Sociedad de la Información y, para ello, la incorporación profunda y armonizada de conocimientos que exceden al propiamente jurídico, pero que estarán cada vez más íntimamente relacionados con el mismo -innovación, tecnológico, socio-político, de gestión, etcéteraserán críticos, como muestra la e-Justicia respecto de las TIC . Podemos afirmar, en definitiva, que también el Poder Judicial y la justicia pueden evolucionar hacia modelos de mayor apertura a la ciudadanía. Será preciso en todo caso un enfoque transversal de Estado para avanzar en dicho ámbito, dadas las implicaciones estructurales que supone dar pasos en esta dirección.

VIOLENCIA DE GÉNERO, UN DELITO: INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES La violencia de género es una ofensa a la dignidad humana y manifiesta las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres

http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/vidasinviolencia/?q=lineasTelefonicas

as agresiones, los golpes, la presión psicológica, el abuso y la explotación sexual contra las mujeres fracturan el tejido social y las posibilidades de convivencia solidaria y pacífica. Cuando una mujer es víctima de violencia doméstica se siente responsable de las conductas del maltratador, y desarrolla sentimientos de culpa y vergüenza; se siente mal por no ser capaz de romper la relación y por las conductas que ella realiza para evitar la violencia: mentir, encubrir al agresor, tener contactos sexuales forzados o“tolerar” el maltrato a los hijos(as). De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, estos círculos de violencia tienen consecuencias negativas en la salud, el desarrollo y la autonomía de las mujeres, y sus efectos son inmediatos, acumulativos, y, en algunos casos, conllevan peligro de muerte.

Si en la relación de pareja hay incomodidad, inseguridad, temor y confusión es posible que sea dañina, y es necesario detectar las señales de alarma y tomar medidas de seguridad -Con información del INMUJERES

Fase III

Luna de miel o reconciliación

Luna de m

Fase II

Episodio Agudo

A gre s i ó n

CONOCE LAS INSTITUCIONES QUE TE PUEDEN APOYAR EN:

Con el paso del tiempo, el maltrato se hace más frecuente y severo, y se desarrollan síntomas depresivos, como la apatía, la indefensión y la desesperanza

· Critica las costumbres y las tradiciones de tu familia · Te ha obligado o presionado para tener relaciones sexuales · Te obliga a tener relaciones sexuales sin protección · Siempre quiere tener la razón · Te ha dado un empujón, un golpe o una bofetada · Te insulta, se burla de ti o te descalifica públicamente · Se enoja, te sientes mal y no puedes decirle nada · Cuando se enoja mucho contigo, piensas que podría pegarte · Cuando discuten, tienes miedo · Cuando no quieres hacer algo que te pide, sientes que no puedes negarte y no sabes cómo decírselo · Cuando has pensado en dejar la relación, piensas que no serás feliz y temes por su reacción

· Quiere controlar con detalle lo que haces en los tiempos que no pasan juntos · Quiere decidir cómo pienses, vistes o cómo te comportes · Te prohibe hacer varias cosas o relacionarte con algunas personas · Se apropia de tus cosas (dinero, objetos) · No respeta tu intimidad · Se enoja súbitamente · Te hace sentir responsable o culpable de todo lo malo que sucede · No reconoce tus cualidades, únicamente tus defectos · Te ha tratado con crueldad · Muestra celos continuamente · Te acusa de infidelidad

CÍRCULO DE LA VIOLENCIA

ió

ERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA CUANDO TU PAREJA...

n Te

Fase I

Acumulación de tensión

¡DENUNCIA! · Habla con alguien de confianza · Oriéntate con personas que conozcan sobre el tema, como las Instancias Estatales de la Mujeres u Organizaciones de la Sociedad Civil · Busca servicios especializados de ayuda · No desistas: si no recibes el apoyo que necesitas al primer intento, búscalo en otro lugar o con otra persona.

GOBIERNO ABIERTO

PARLAMENTO ABIERTO:

Evaluación, ética y

reelección por MARÍA DEL CARMEN NAVA

“Todo lo que no se evalúa, se devalúa”, refirió Miguel Ángel Gonzalo, funcionario de las Cortes Generales de España, al hablar sobre la conveniencia de integrar la participación ciudadana a los debates y decisiones parlamentariasI. Entre los objetivos de abrir los parlamentos está generar rendición de cuentas y empoderamiento ciudadano para conocer, participar y evaluar las decisiones y trabajo de los congresos. Este texto revisa la relación entre parlamento abierto, ética legislativa y reelección en México SOBRE LA AUTORA:

Fundadora y Directora General de Visión Legislativa

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NOTA: I. Gonzalo, Miguel Ángel, “Participación en el Parlamento” en http://sesiondecontrol.com/actualidad/participacion-y-parlamento/ [29 julio 2013].

Evaluar al Poder Legislativo

an pasado tres lustros con mediciones básicas de la actividad legislativa a nivel federal, pero la construcción de parlamentos abiertos –así como la transparencia pública- requiere profesionalismo, especificidad, oportunidad, exhaustividad, accesibilidad, difusión y permanente evaluación del trabajo legislativo. Diputados locales, diputados federales y senadores han dado resultados inadmisibles luego de trece años de ser sujetos obligados de transparencia, de ahí la urgencia de implementar -más allá de declaraciones, discursos y foros- la apertura de los parlamentos, con planes de acción concretos. Aún más, el contexto para implementar el parlamento abierto en México tiene dos elementos del sistema político nacional a considerar: la posibilidad de reelección legislativa y la inexistencia de regulación de

principios de ética legislativa. Una Declaración y diez principios En septiembre de 2015 se cumplieron tres años de la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria impulsada a nivel mundial, a partir de la cual se han empezado a tejer los hilos del parlamento abierto. La Declaración busca cuatro aspectos: 1) promover una cultura de la transparencia; 2) transparentar la información parlamentaria; 3) facilitar el acceso a la información; y 4) permitir el acceso electrónico y el análisis de la información. En la Declaración las organizaciones de monitoreo parlamentario a nivel internacional se comprometen a promover 44 aspectos, entre los que destacan: promover la cultura de la transparencia a través de la supervisión; habilitar el monitoreo parlamentario eficaz; proporcionar información completa y oportuna; brindar información sobre los miembros del parlamento y de la propia administración; publicar informes realizados; dar acceso a la

(Encuesta Latinobarómetro 2013)

LA EMERGENCIA DE IMPULSAR LOS PARLAMENTOS ABIERTOS A PARTIR DE ALGUNOS DATOS SOBRE LA TRANSPARENCIA LEGISLATIVA EN EL PAÍS HABLA POR SÍ MISMA: • México ocupa el 6° lugar (de nueve países) en América Latina con el 37% en transparencia legislativa, según el Índice de Transparencia Legislativa 2014 de la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. • El Congreso de la Unión obtuvo 21% de calificación en transparencia del Presupuesto y Gestión Administrativa. • Las 34 instituciones legislativas en México (cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y 32 cuerpos locales) cumplen con el 38% de los principios básicos de parlamento abierto, señala el Diagnóstico de Parlamento Abierto en México 2015 levantado por doce organizaciones de la sociedad civil. • En ocho de cada diez cuerpos legislativos las páginas web no publican las convocatorias a sesiones de comisiones. • El Senado obtuvo uno de calificación en transparencia de contratos públicos, de acuerdo con Visión Legislativa. MÉXICO SOCIAL Octubre 2015

GOBIERNO ABIERTO

La construcción de parlamentos abiertos requiere profesionalismo, especificidad, exhaustividad, accesibilidad, difusión y permanente evaluación del trabajo legislativo

información histórica; suministrar información en formatos abiertos y estructurados; facilitar la comunicación bidireccional con los ciudadanos. En México, cuatro organizaciones firmaron la Declaración: Fundar Centro de Análisis e Investigación, Visión Legislativa, Borde Político e Impacto Legislativo. Ahora bien, en México se agruparon diez principios de parlamento abierto con base en el contenido de la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria, de acuerdo con el Diagnóstico de Parlamento Abierto en México 2015 construido por organizaciones de la sociedad civil:

1. Derecho a la información 2. Participación ciudadana y rendición de cuentas 3. Información parlamentaria 4. Información presupuestal y administrativa

Foto: Cortesía Excélsior

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5. Información sobre legisladores y servidores públicos 6. Información histórica 7. Datos abiertos y no propietarios 8. Accesibilidad y difusión 9. Conflictos de interés 10. Legislar a favor de gobierno

abierto

Cabe agregar que el principio 3, de información parlamentaria, es el que parcialmente se ha evaluado con mayor frecuencia como parte del monitoreo desarrollado en México. Los nueve principios restantes están referidos por vez primera en el dicho Diagnóstico, y sólo como aproximación de variables básicas, es decir, únicamente como existencia -o ausencia- de las variables de parlamento abierto.

Códigos de ética Dentro del principio 9, sobre conflictos de interés se observa si existen códigos de ética legislativa. Los resultados del Diagnóstico son contundentes: en dos de cada diez congresos existe código de ética para legisladores; ningún cuerpo legislativo publica declaraciones de intereses; y siete de cada diez congresos consideran disposiciones que obligan al legislador de excusarse de participar en procesos parlamentarios en los que tengan potencial conflicto de interés. Merecen leerse estos resultados a la luz de lo que el grupo de trabajo de apertura legislativa de la Alianza por el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) trabaja en la construcción de Principios Éticos Comunes para Legisladores; contemplan disposiciones básicas que se derivan de la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria y del marco para códigos de conducta aplicado a

miembros del parlamento que realizó la Commonwealth Parliamentary Association.

Reelección legislativa En México hay 1,765 legisladores (628 federales y 1,137 locales), de los cuales 1,132 son presidentes de comisiones; el número de comisiones promedio por congreso local es de 30, de acuerdo con datos de Visión Legislativa. Los parlamentos abiertos implican transparencia, información inteligente, participación, ética y rendición de cuentas en todas las áreas que los componen. En este sentido, el sistema de comisiones es por excelencia la estructura especializada que analiza temáticamente los asuntos turnados a las asambleas, revisan las políticas públicas y el desempeño gubernamental. El parlamento abierto debe llegar al trabajo en comisiones, aún más en un contexto de reelección legislativa, en la que los electores potenciales deben contar con infor-

mación para valorar si el trabajo de su representante amerita volverlo o no a elegir. Dentro de las obligaciones legales de los diputados federales en comisiones ordinarias se encuentra elaborar y publicar informes sobre la cuenta pública y fiscalización del uso de recursos públicos; el cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo; el informe de gobierno del Ejecutivo Federal; recomendaciones del presupuesto de egresos de la federación; o de actividades de cada semestre. Por año legislativo el sistema de comisiones de la cámara baja en México debería arrojar, por lo menos, 336 informes públicos que habrían de ser publicados, revisados, difundidos y accesibles a cualquier interesado. No obstante: no se ha levantado una medición periódica de la existencia y suficiencia de estos informes que por ley deben rendir las comisiones. También es necesario exponer la parte oscura. El 38% de los mexica-

ALGUNOS DE LOS PRECEPTOS QUE BUSCAN INCLUIRSE EN LOS PRINCIPIOS ÉTICOS PARA LOS LEGISLADORES SON: • Realizar la implementación efectiva de las normas de democracia internacional y derechos humanos • Contribuir a la gobernabilidad • Cumplir con normas y estándares internacionales de transparencia • Incorporar a sus representados en el proceso legislativo • Difundir las actividades del congreso • Trabajar para implementar la apertura parlamentaria • Rendir cuentas y explicar el uso de recursos presupuestales • Instrumentar y practicar sistemas de integridad y ética

Es indispensable que la LXIII Legislatura (2015-2018) y los 32 congresos locales hagan suyos estos preceptos que a nivel internacional trabajamos la comunidad de parlamento y gobierno abierto. Son temas que no se pueden postergar, menos en un contexto de reelección. MÉXICO SOCIAL Octubre 2015

GOBIERNO ABIERTO La siguiente tabla presenta las entidades federativas que eligieron diputados locales en 2015, el número de diputados que integrarán las nuevas legislaturas, el año de vigencia de la reelección y los años que pueden ser reelectos. CONGRESO

DIPUTADOS ELECTOS 2015

AÑO DE VIGENCIA REELECCIÓN DIPUTADOS LOCALES

AÑOS DE REELECCIÓN LEGISLATIVA

BCS

2015

CAMPECHE

2015

COLIMA

2015

CHIAPAS

2015

2018

GUANAJUATO

2015

GUERRERO

2015

JALISCO

2015

MÉXICO

2015

MICHOACÁN

2015

MORELOS

2015

NVO LEÓN

2015

QUERÉTARO

2015

SLP

2015

SONORA

2018

TABASCO

2015

YUCATÁN

2015

TOTAL

631

Fuente: Visión Legislativa a partir de revisión de constituciones estatales de 31 entidades federativas y Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, febrero 2015.

nos, según la encuesta Latinobarómetro 2013, considera que puede haber democracia sin congreso y únicamente tres de cada diez mexicanos están interesados en la política. Con esta realidad, ¿cuál será la combinación más práctica

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y eficaz para enriquecer la democracia, la representación legislativa y aspirar la apertura de los congresos? ¿Será misión imposible? Ahora bien, de las 17 entidades federativas que renovaron su con-

greso local en 2015, en 15 inició la disposición constitucional para que los diputados locales puedan ser reelectos para el periodo consecutivo inmediato. A nivel federal entrará en vigor a partir de 2018 y los legisladores podrán reelegirse hasta por doce años. Para el caso de los diputados locales de las entidades con comicios en 2015, el plazo de reelección va de los seis a los doce años. Los quince estados que eligieron a 532 legisladores con posibilidad a reelegirse son: Baja California Sur; Campeche; Colima; Chiapas; Guanajuato; Guerrero; Jalisco; México; Michoacán; Morelos; Nuevo León; Querétaro; San Luis Potosí; Tabasco; y Yucatán. Lo deseable sería que estos congresos fueran los primeros y más activos en construir y llevar a cabo planes de acción para implementar el parlamento abierto, para estar en posibilidad de construir cuerpos legislativos que respondan a los ciudadanos. Los legisladores de Colima podrán ser reelectos hasta por seis años, los de Morelos hasta nueve, y el resto de las entidades federativas hasta por doce años. Las dos instituciones legislativas en las que entrará en vigencia la reelección hasta 2018 son el Distrito Federal y Sonora. Hagamos un alto en la realidad: la reelección no es una caja mágica que selecciona por sí misma a los mejores legisladores. Los ciudadanos son agentes elementales y requieren contar con información sobre el desem-

peño de los diputados en el ejercicio completo de sus facultades: legislación; fiscalización; representación; gestión; investigación jurisdiccional; presupuestal; equilibrio de poderes; y revisión de políticas públicas. Justo el paraguas que cobija estas funciones legislativas es el parlamento abierto. Así, con información, el elector podrá tomar una decisión sobre la conveniencia de reelegir o no al legislador en funciones. Sólo como ejemplo histórico de la experiencia en México: la tasa de reelección en la Cámara de Diputados durante el Porfiriato fue del 47%, en el Senado fue del 43%; periodo en que estaba permitida la reelección consecutiva de acuerdo con investigación realizada por los fundadores de Visión Legislativa, Jorge Yáñez López y la que esto escribe. Seguramente las tasas futuras que se observen de reelección, serán por debajo de estas cifras.

Hacia la construcción Bajo el panorama de evaluar el quehacer legislativo más la necesidad de establecer códigos de ética para legisladores y así contar con mayores elementos para sopesar su reelección, es que los principios de parlamento abierto deben ser parte de la agenda inmediata de los cuerpos legislativos. Para ello, se requiere que el ciclo de construcción de parlamento

abierto integre cuatro elementos que, en un escenario ideal, pudieran llevarse a cabo en alianza con las instituciones legislativas, organismos garantes de transparencia y sociedad civil:

1) Adoptar públicamente el discurso de construir un Poder Legislativo transparente y abierto 2) Ca pacitar en parlamento abierto y sus aplicaciones 3) Preparar planes de acción concretos con fechas límite 4) Evaluar periódicamente resultados públicos comprobables De tal forma que el camino hacia un parlamento abierto se compone del círculo Discurso-Capacitación-Acción-Resultado. El estilo, intención y acciones de cada congreso local y las cámaras del Congreso de la Unión de transparentar el ejercicio de su representación abonará al grado de satisfacción ciudadana con el trabajo legislativo, y con ello, a la aprobación que tengan de la democracia. La agenda de parlamento abierto debe permear en los 34 cuerpos legislativos del país a la par que en la cultura política. Para fortalecer la democracia y sus instituciones se requiere caminar en dos vías: políticos que rindan cuentas y ciudadanía de tiempo completo que evalúe, participe, exija y elija.

Diputados locales, diputados federales y senadores han dado resultados inadmisibles luego de trece años de ser sujetos obligados de transparencia, de ahí la urgencia de implementar -más allá de declaraciones, discursos y foros- la apertura de los parlamentos, con planes de acción concretos MÉXICO SOCIAL Octubre 2015

Gobierno Abierto

Gobierno

a las PERSONAS

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Foto: Cortesía Excélsior

abierto por ROBERTA SOLISI

SOBRE LA AUTORA: Asesora en Jefe de Asuntos Internacionales, Oficina de la Contraloría General de la Unión, Brasil

MÉXICO SOCIAL Octubre 2015

Gobierno Abierto

n la última década, el concepto de gobierno abierto ha crecido en su definición e interés. Una rápida búsqueda en línea puede presentar una gran variedad de posibles definiciones para el término de diversas fuentes: el mundo académico, los gobiernos, las organizaciones internacionales, las iniciativas multilaterales y otros actores, como lo demuestra, por ejemplo, la publicación de Justin Longo en 2013 en el blog de GovLabII. Cualquiera que sea la definición que se elija, cuatro elementos deben estar siempre presentes: la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la tecnología.

Transparencia Es la capacidad de cualquier ciudadano para acceder a la información pública. En Brasil, la transparencia se define generalmente como un concepto más amplio que abarca la transparencia activa y pasiva. La primera sería aquella más conocida como la divulgación proactiva de información. En este caso, el gobierno publica los datos, incluso si nadie los ha pedido, o los hace públicos para todos los ciudadanos, después de que una sola persona o un grupo recibió la información en respuesta a una solicitud de información. A su vez, la transparencia pasiva se refiere al acceso a la información o la libertad de información. En este caso, la información se da a conocer sólo a aquellos que lo soliciten. Aquí, uno debe ser consciente del

movimiento de los datos abiertos, que, de acuerdo con cada información, deben darse a conocer en formatos que sean procesables por una máquina, abiertos, accesibles, libres de licencia y reutilizablesIII. Aunque los datos abiertos y gobierno abierto no son sinónimos, son movimientos complementarios. Asimismo, los datos abiertos no se deben considerar como si fueran exactamente lo mismo que el acceso a la información y la transparencia, pero volveremos a esta sutil distinción más tarde.

Rendición de cuentas Es una serie de mecanismos que permite a los gobiernos rendir cuentas ante sus ciudadanos por sus acciones. Incluye, por ejemplo, medidas contra la corrupción; las políticas de conflicto de interés; auditorías de control interno y externo; medidas disciplinarias; y los mecanismos de defensores del pueblo. El punto crucial aquí es que los ciudadanos pueden exigir a los gobiernos saber cómo o por qué las políticas y servicios públicos no han funcionado o no se han realizado de mejor forma, y los gobiernos pueden responder por sus acciones política, administrativa o legalmente.

Participación Se refiere a permitir a los ciudadanos participar en los procesos de toma de decisiones en formas significativas que van más allá del mero derecho a votar y participar en las elecciones. Incluye una amplia gama de posibilidades, desde los mecanismos más tradiciona-

La participación brinda a los ciudadanos la oportunidad de opinar sobre cómo se construyen las políticas, y exigir respuestas en caso de fallas, en lugar de ser solamente los destinatarios de políticas y servicios Visita www.mexicosocial.org

les, desde la iniciativa pública para la legislación, en la que un número predeterminado de los ciudadanos puede apoyar y presentar un proyecto de ley ante el Congreso o ParlamentoIV, hasta la inclusión de representantes ciudadanos en los órganos de toma de decisiones; consultas en línea; los presupuestos participativos; los mecanismos de retroalimentación de la prestación de servicios; etcétera. En cualquier caso, la participación debe significar una vía de doble sentido, un sistema de retroalimentación, una verdadera colaboración entre los ciudadanos y los gobiernos. En este sentido, la participación significaría una transición del simple "e-Government" al "we-Government", a los ciudadanos abriendo la oportunidad de opinar sobre cómo se construyen las políticas y cómo se realizan los servicios, y exigir respuestas en caso de fallas, en lugar de ser solamente los destinatarios de políticas y servicios, incluso si el acceso a ellos se ve facilitado por el uso de sistemas en línea y electrónicos.

Tecnología Aquí obviamente se refiere a las herramientas de la tecnología de información, es decir, en línea y basadas en la web, que están revolucionando el intercambio de información, la participación pública y la colaboración. Como se expresa en la Declaración de Principios de la Alianza por el Gobierno AbiertoV, estas tecnologías deben ser aprovechadas "para hacer pública más información, de manera que les permita a las personas entender lo que sus gobiernos hacen e influir en las decisiones", así como para desarrollar "espacios en línea accesibles y seguros como plataformas para la prestación de servicios, la participación del público y el intercambio de información e ideas". Cualquier definición de gobierno abierto no estará completa sin estos cuatro elementos. Sin embargo, no deben considerarse de forma aislada tampoco. Es

la forma en que se utilizan juntos la que da al gobierno abierto su enorme potencial de transformación, haciendo a los gobiernos más receptivos y eficientes, y fortaleciendo la democracia. A lo largo de todo este proceso, la participación debe ser el pegamento que mantenga a los cuatro elementos juntos, ya que garantiza que los ciudadanos estén al centro de cualquiera de estos esfuerzos. Volviendo al punto anterior sobre los datos abiertos, el acceso a la información y la transparencia, estos dos últimos deben entregar la información en formatos que sean accesibles a todos los ciudadanos, teniendo en cuenta los diversos factores sociales, educativos, económicos y culturales. Esto no quiere decir que los datos abiertos no son una herramienta increíble para la difusión de la información pública. Lo son. Realmente lo son. Pero eso no significa que sean la única manera de hacerlo. A menudo los datos abiertos serán utilizados por una parte de la población que tiene las habilidades y la capacidad de utilizar, reutilizar, extraer y fusionar información en esos formatos, o por una parte de la población que está interesada en trabajar con grandes volúmenes de datos y el análisis de los resultados que estos grandes conjuntos de datos pueden producir. Esto podría conducir a la exclusión, por ejemplo, de los ciudadanos que, incluso teniendo un conocimiento bastante bueno sobre cómo utilizar la tecnología, o un alta nivel de acceso a ella, están más interesados en partes específicas de información, en los datos que se relacionan directamente con sus vidas. También puede llegar a excluir a quienes no tienen los conocimientos necesarios para comprender términos técnicos muy específicos. Además, no debemos pasar por alto que alguien que pueda trabajar con grandes conjuntos de datos tenga también interés en la información específica que afecta directamente en su vida, y podría hacer uso de los mecanismos que permiten buscar de inmediato esa

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Gobierno Abierto información. En consecuencia, los datos abiertos tienen que integrarse en los esfuerzos de acceso a la información y transparencia. Hacer esto realmente será una medida de gobierno abierto, ya que tendrá al ciudadano, o más bien a todos los ciudadanos, en su núcleo. Esto significará que los ciudadanos están empoderados por la información y pueden exigir mejores y más responsables gobiernos; mejores y más eficientes servicios; mayor espacio para la participación y la colaboración; y que los funcionarios públicos sean responsables de sus acciones. Consideremos, por ejemplo, los datos sobre la educación. Más específicamente, los datos sobre las actuaciones de las escuelas públicas en las pruebas estandarizadas nacionales. Si esta información se hace pública en formatos de datos abiertos, a manera de Big Data, habrá transparencia sobre esta información. Existirá la posibilidad de la participación pública, ya que los ciudadanos pueden utilizar esta información para cuestionar por qué algunas escuelas tuvieron un mejor desempeño que otras y sugerir formas de mejorar el rendimiento, y será posible hacer que los funcionarios públicos responsables rindan cuentas sobre los malos resultados en las escuelas. Pero, ¿sería posible para un padre o una madre identificar fácilmente el rendimiento de la escuela de sus hi-

jos en un archivo extenso, con información sobre todas las escuelas del país y varios términos técnicos? ¿O serían capaces de entender por qué, a pesar del buen rendimiento general de la escuela de sus hijos en las pruebas estandarizadas nacionales, sus hijos están fallando en la escuela? Consideremos ahora la transparencia de la información fiscal y presupuestaria. ¿Es suficiente para establecer un proceso de presupuesto participativo simplemente publicar los presupuestos como son, es decir, escrita en términos muy técnicos? ¿O el poner a disposición en formatos abiertos de hojas de cálculo la ejecución y asignación del presupuesto? ¿Ayuda esto a un padre o una madre para consultar a su gobierno local por qué las renovaciones en la escuela de sus hijos no han comenzado todavía, aunque ha pasado más de un año de que una fuerte lluvia

pusiera en peligro el techo de la escuela? ¿Les ayudaría saber que ha pasado también más de un año desde que el gobierno central transfirió los fondos a su gobierno local para que pudieran arreglar el techo de la escuela?

Tal vez en algunos lugares el solo uso de los datos abiertos garantiza que cada ciudadano pueda utilizar la información y estar facultado para participar y colaborar con su gobierno. Sin embargo, esto no podría ser el caso para todos, y, por lo tanto, un gobierno abierto verdadero debe considerar cómo estar abierto a

todos y ser incluyente para todos. Y es por eso que expresé previamente que la participación, centrándonos en cómo esos elementos permitirán a los ciudadanos colaborar con sus gobiernos, es el pegamento que debe mantener juntos los elementos de un gobierno abierto. Partiendo de esto, se concluye que el Poder Ejecutivo juega el papel más importante para asegurar que las medidas de gobierno abierto sean lo más abiertas e incluyentes posible, a fin de lograr su mayor potencial de transformación, impulsar el desarrollo, mejorar las instituciones y acercar a los gobiernos a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. Estando el poder más cerca de la gente y a cargo de entregar la mayor parte de los servicios públicos básicos, debe ser el líder del movimiento, predicando con el ejemplo. Ejemplos de todo el mundo indican que este es realmente el camino a seguir, y voy a usar un par de ejemplos de la experiencia brasileña. En 2004, el gobierno brasileño lanzó su Portal de TransparenciaVI, un sitio web que publica información gratuita sobre la ejecución del presupuesto. Desde entonces, el Portal ha recibido muchas mejoras, incluyendo más conjuntos de datos, más formas de consultar información específica, conjuntos de datos en formato abierto y la actualización diaria de información sobre la ejecución del presupuesto. La herramienta permite a los ciu-

El uso de herramientas de tecnología de la información y la transparencia podrían estar en su lugar, pero no se traducirán en el potencial de un gobierno abierto a menos que sean facilitadores de la participación y la colaboración entre los ciudadanos y sus gobiernos

El Poder Ejecutivo juega el papel más importante para asegurar que las medidas de gobierno abierto sean abiertas e incluyentes, a fin de lograr su mayor potencial de transformación, impulsar el desarrollo, mejorar las instituciones y acercar a los gobiernos a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos

NOTAS Y REFERENCIAS: I. El autor expresa aquí puntos de vista personales, que pueden no representar las de su empleador. II. "Open Government-What’s in a name?", por Justin Long, con contribuciones de Christina Rogawski y Andrew Young, GovLab Blog, 5 de agosto de 2013. http://thegovlab.org/open-government-whats-in-a-name / III. Para más definiciones de datos abiertos y sus principios, revisar, por ejemplo: http://blog.okfn. org/2013/10/03/defining-open-data/; http://opendatacharter.net/charter/; http://opengovdata.org/

dadanos acceder fácilmente a la información sobre las transferencias federales a sus municipios y estados, ya sea en su totalidad o por programas, acciones o beneficiarios. Otras búsquedas posibles incluyen, entre otras, información sobre las cantidades gastadas y los beneficiarios del programa Bolsa Família, los gastos efectuados con tarjetas de crédito corporativas, los pagos a proveedores y las subvenciones a organizaciones de la sociedad civil. En el caso de las tarjetas de crédito corporativas, la transparencia ofrecida por la publicación de las declaraciones mensuales de las tarjetas permitió a la prensa y los ciudadanos identificar varios casos de uso indebido y ayudar al gobierno a mejorar las normas sobre su uso. Las tarjetas fueron adoptadas como una forma de dar mayor transparencia a las compras más pequeñas en el gobierno. El uso para gastos personales llevó a la destitución de un Ministro de Estado y de muchos funcionarios públicos que tiuvieron que reembolsar al gobierno por gastos no autorizadosVII. Cabe señalar, sin embargo, que uno de los ingredientes clave del éxito del Portal ha sido el uso de un lenguaje accesible, es decir, la traducción de los términos técnicos en términos que son más fáciles para todos los ciudadanos

de entender. Por ejemplo, en lugar de utilizar el nombre técnico de "Transferencias Directas de Ingresos a Familias en Condición de Pobreza y Pobreza Extrema VIII", que se encuentran en los documentos presupuestarios, el Portal se dirige el programa con el nombre popular conocido a todos los ciudadanos, es decir, el programa "Bolsa Família". Por otra parte, la oficina de la Contraloría General de la UniónIX, institución a cargo del Portal, ha desarrollado diferentes iniciativas que incentivan y promueven la capacidad de los diferentes actores para hacer uso de los diversos conjuntos de datos publicados en el Portal. Este trabajo se ha centrado particularmente en los actores de los municipios pequeños (ciudadanos, miembros de los consejos locales, maestros, líderes de la comunidad, etcétera), y mostrará cómo los ciudadanos en general tienen que ser capaces de hacer pleno uso de la información que se pone a disposición por parte del gobierno. De lo contrario, el uso de herramientas de tecnología de la información y la transparencia podrían estar en su lugar, pero no se traducirán en el potencial de un gobierno abierto a menos que sean facilitadores de la participación y la colaboración entre los ciudadanos y sus gobiernos.

IV. A modo de ejemplo, el artículo 14, III, de la Constitución brasileña, combinado con el artículo 13 de la Ley n. 9.079 de 1998 establece que el 1% de los votantes nacionales puede presentar un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Para los enlaces a las traducciones de la Constitución brasileña, consulte: http:// www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp? servico=bibliotecaConsultaProdutoBibli otecaGuiaDC&pagina=constituicaobras ileiraoutrosidiomas. V. http://www.opengovpartnership. org/about/open-governmentdeclaration#sthash.ZjuaA1Iv.dpuf. VI. En portugués: "Portal da Transparência" (www.portaldatransparencia.gov.br). VII. Véase, por ejemplo: http:// www1.folha.uol.com.br/ poder/2008/02/368945-matildeentrega-o-cargo-e-admite-usoirregular-do-cartao-corporativo.shtml. VIII. En portugués: "Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza". IX. En portugués: "Controladoria-Geral da União" (www.cgu.gov.br).

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Salud Pública

SOBRE EL AUTOR

Especialista certificado "In tempore" por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana desde 1966. Fue Comisiado de arbitraje médico del estado de Veracruz de 1999 a 2008.

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Infecciones

D E T R A N SM I SIÓ N

SEXUAL

Los esfuerzos actuales para contener la propagación de las ITS y sus consecuencias no han sido suficientes

as Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), anteriormente llamadas “Enfermedades Venéreas o Enfermedades de Transmisión Sexual”, actualmente se conocen como ITS en virtud de que una persona puede tenerla sin manifestar los síntomas comunes de estas infecciones (flujo vaginal, secreción uretral en los hombres, úlceras genitales y dolor abdominal ); por consiguiente, el concepto de ITS es más amplio que el de Enfermedad de Transmisión Sexual. Las ITS han existido desde el principio de la humanidad; para conocer

por MANUEL CAMPA sus antecedentes debemos revisar las culturas de China, India, Medio Oriente y Egipto; en la nuestra se mencionan desde antes de Cristo en la Biblia (Antiguo Testamento en Levítico 15, 2 s.s. Siglo V a.C. Impurezas de orden sexual), el Señor habló a Moisés y Aarón: “digan a los israelitas (…) cuando un hombre padezca la gonorrea, es impuro (…)”, y fueron bien identificadas hasta 1879 por Neisser; la sífilis, conocida como “mal napolitano”, alarmó a Europa en el Siglo XV; y en los últimos 30 años el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) representa un grave

problema de salud universal. Las ITS integran una importante preocupación de salud pública en todo el mundo, afectan a mujeres, hombres y niños por nacer. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que anualmente unos 500 millones de personas contraen una de las cuatro ITS siguientes: clamidiasis, gonorrea, sífilis y tricomoniasis. Más de 530 millones son portadoras del virus que provoca el Herpes Genital tipo 2, y alrededor de 200 millones de mujeres están infectadas por el Virus del Papiloma Humano (VPH). Algunas ITS triplican el riesgo de in-

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Salud Pública En México las ITS ocupan uno de los cinco primeros lugares de demanda de consulta en el primer nivel de atención médica. Teniendo presente que la mayoría son asintomáticas, se debe practicar en todo paciente un interrogatorio y exploración intencionada y, en caso de sospecha, practicar exámenes de laboratorio. Las ITS tienen efectos profundos en la salud sexual y reproductiva en todo el mundo y figuran entre las causas principales por las que los adultos buscan atención médica fección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH-SIDA).

¿Qué son las ITS y cómo se contagian? Las ITS son causadas por más de 30 bacterias, virus y parásitos diferentes y se propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal y oral; otras se pueden contagiar por contacto sexual cutáneo. Los organismos causantes de ITS también se pueden propagar por medios no sexuales, por ejemplo, las transfusiones de productos sanguíneos y los trasplantes de tejidos. Además se pueden transmitir de la madre al niño durante el embarazo y el parto; durante la gestación puede dar lugar a muerte prenatal, muerte neonatal, bajo peso al nacer y prematuridad, septicemia, neumonía, conjuntivitis y deformidades congénitas. Las ITS como la gonorrea y la clamidia son causas principales de Enfermedad Inflamatoria Pélvica, desenlace adverso del embarazo e infertilidad. Anualmente la infección por VPH produce a nivel mundial 530,000 casos de Carcinoma Cérvicouterino y 275,000 defunciones (OMS). Las ITS pueden tener todo tipo de complicaciones, que van desde las gineco-obstétricas, sociales y económicas, hasta la pérdida de la vida. Muchas de ellas son consecuencia de los cambios en los patrones de comportamiento sexual y falta de programas de prevención. Por la gravedad de sus consecuencias y su incremento acelerado se deben conocer para tomar medidas de protección y aprender a evitar su trans-

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misión. Pueden transmitirse más fácilmente del hombre a la mujer por mayor área de exposición: la vagina favorece mayor tiempo a las secreciones y mayor riesgo de trauma durante el coito. Las mujeres y sus hijos tienen mayor riesgo de secuelas que los hombres. El IMSS advirtió que de los más de 22 millones de adolescentes que hay en México, 50% inician su vida sexual a los 14 años, en el caso de hombres, y a los 15 en mujeres, lo que incrementa los índices de ITS que pueden derivar en infertilidad y muerte. La incidencia anual de las ITS y SIDA en el grupo de los 16 a 24 años presenta, en todos los casos, niveles muy superiores a los registrados para la población total. Alrededor de 797 mil adolescentes que alguna vez han tenido relaciones sexuales no utilizan algún método anticonceptivo, de los cuales 48.9% son mujeres y 51.1% hombres –esta es la etapa de mayor riesgo para adquirir una ITS-. El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-SIDA (CENSIDA) reportó que en 2012 hubo 531 casos de mujeres embarazadas SIDA y 61 casos de transmisión perinatal, así como 76 casos de sífilis congénita. En 2014 menciona que las nuevas infecciones de VIH disminuyeron un 38% en los últimos ocho años y la mortalidad por SIDA se redujo un 10% (4.7% a 4.2% de muertes por 100,000 habitantes). La OMS considera que cada año alrededor de 1.4 millones de mujeres en el mundo, viviendo con VIH quedan embarazadas y, si no reci-

ben tratamiento, existe hasta un 45% de posibilidades de transmitir el virus a sus hijos. Recientemente (Excélsior 1-VII-15) esta organización certificó a Cuba como el primer país en eliminar la transmisión de madre a hijo de la sífilis y el VIH. Las ITS se descubren en los Centros de Salud, Consulta General de las Instituciones de Salud, planificación familiar y control prenatal, por lo que es primordial insistir en la aplicación de los Programas de Salud Reproductiva del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR). Las ITS se dividen en curables e incurables y se clasifican de acuerdo con sus manifestaciones y comportamientos clínicos; las producidas por bacterias, hongos y parásitos son curables. De los 30 agentes patógenos que sabemos que se transmiten por

contacto sexual, ocho se han vinculado a la máxima incidencia de enfermedades. De esas, cuatro son actualmente curables: sífilis, gonorrea, candidiasis y tricomoniasis. Aunque la farmacorresistencia, especialmente con la gonorrea, es un obstáculo importante que dificulta la reducción de este problema. Dentro de las que se consideran incurables, Hepatitis B, Herpes Genital, VPH y Sida, disponemos de vacunas efectivas para la Hepatitis B y el VPH, que aplicadas oportunamente previenen estas enfermedades. Nuestra Cartilla Nacional de Vacunación las recomienda en menores de 9 a 12 años y personas de alto riesgo. Para el manejo del VIH-SIDA existen nuevos medicamentos que pueden mitigar o atenuar el problema, reduciendo en forma significati-

797 mil 275 mil 16 a 24 años

va la mortalidad, con el inconveniente del alto costo. Actualmente podemos identificar a los agentes responsables de las ITS, lo que nos permite diagnósticos más exactos y tratamientos oportunos. En los países de altos ingresos se utilizan ampliamente pruebas de diagnóstico de ITS muy confiables; estas pruebas son particularmente útiles para diagnosticar infecciones asintomáticas. En los países de ingresos bajos y medianos -como el nuestro- las pruebas de diagnóstico generalmente no están disponibles, y cuando lo están suelen ser costosas y geográficamente inaccesibles, además, con frecuencia los pacientes tienen que esperar mucho tiempo (o deben regresar) para recibir los resultados. En consecuencia, el seguimiento puede ser difícil y la atención o el tratamiento pueden quedar incompletos. En el control prenatal es

adolescentes que alguna vez han tenido relaciones sexuales no utilizan algún método anticonceptivo, de los cuales 48.9% son mujeres y 51.1% hombres defunciones por Virus de Papiloma Humano se producen a nivel mundial actualmente, así como 530,000 casos de Carcinoma Cervicouterino es el grupo de edad con mayor incidencia anual de Infecciones de Transmisión Sexual, con niveles son muy superiores a los registrados para el total de la población MÉXICO SOCIAL Octubre 2015

Salud Pública recomendable investigar ITS. El concepto de ITS ha evolucionado a través de los siglos; esto nos exige la necesidad de informar en todos los niveles de población sobre estas infecciones y generar el concepto de “Percepción de Riesgo”; para ello debemos impartir educación sexual integral y progresiva -no exclusivamente genitalidad- desde la instrucción primaria (Educación Sexual en Salud Reproductiva. México Social. Mayo, 2014); y la prevención en todos los niveles, especialmente en los jóvenes entre 16 y 24 años que en México registran niveles de ITS muy superiores a los consignados para la población total. Los jóvenes se exponen a las ITS en los actos sexuales sin protección, que no buscan la reproducción y algunas pueden ser transmitidas por otras vías. La prevención incluye el asesoramiento sobre prácticas sexuales más seguras y reducción de riesgos, así como la promoción del uso de los preservativos. CONSIDA en 2014 repartió 173,269,438, reportando su uso en 38% de hombres entre 20 a 49 años y el 78% en adolescentes de 12 a 19 años. Cuando se usan correcta y sistemáticamente, los preservativos son

uno de los métodos de protección más eficaces contra las ITS, incluido el VIH. Los preservativos femeninos son eficaces y seguros, pero en el marco de los programas nacionales no se utilizan tan ampliamente como los preservativos masculinos. Ante la sospecha de una ITS se recomienda acudir de inmediato con el médico de acuerdo con la situación social del paciente y preferentemente con un especialista, a fin de establecer un diagnóstico, tratamiento oportuno y el seguimiento estrecho del paciente y su pareja, para prevenir el impacto psicológico y sexual, así como consecuencias. Esta conducta implica un alto costo económico, lo que impide llevarla a cabo en la mayoría de los mexicanos. Nuestras instituciones de salud en el primer nivel de atención carecen de estos recursos con las consecuencias señaladas anteriormente. Consideramos además, que la educación sexual necesita complementarse con estrategias y recursos para reducir las desigualdades en términos de ingresos y poder adquisitivo, a fin de modificar las diferentes estructuras sociales en algunas áreas del país, como nos está mostrando CEIDAS.

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millones de mujeres en el mundo con VIH quedan embarazadas y, si no reciben tratamiento, existe hasta un 45% de posibilidad de transmitir el virus a sus hijos (OMS)

Seguiremos insistiendo en la importancia de enseñar los Programas de Salud Reproductiva (CNEGSR) en todas las Escuelas de Medicina del país y la aplicación y supervisión de los mismos en el primer nivel de atención médica, junto con la instalación de recursos diagnósticos de laboratorio y medicamentos para las ITS y el incremento de las actividades de prevención dirigidas a grupos de población clave y vulnerables, incluidos adolescentes, trabajadoras sexuales, hombres homosexuales y consumidores de drogas inyectables 60

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